lunes, 31 de enero de 2011

“La causa de Luciano es una lucha simbólica”

Entrevista a Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga, desaparecido en democracia.

Sostiene que la Justicia ampara a la Bonaerense, que nunca se avanzó un paso. Los testigos están amenazados y no son protegidos por el gobierno bonaerense. El relato de Vanesa a dos años de la desaparición de su hermano.
Por Adriana Meyer

Si Luciano Arruga se transformó en bandera del reclamo contra la represión policial e institucional, su hermana Vanesa Orieta es, sin duda, su abanderada. Dos años pasaron desde que apareció en la redacción de Página/12 con la denuncia desesperada de la desaparición de este joven de 16 años, que había sido visto por última vez moribundo en el destacamento policial de Lomas del Mirador. Vanesa lleva ahora el pelo muy corto y ya no viste el trajecito-uniforme de la empresa en la que trabajaba. Por estas horas su teléfono no para de sonar, protagoniza entrevistas, homenajes y actos varios por Luciano, donde habla del gatillo fácil y del reclutamiento policial de menores para delinquir. Sigue estudiando sociología y espera recibirse, aunque dice sentirse “desencantada y agotada del discurso armado de la universidad”. En diálogo con este diario afirmó que los testigos clave del caso están amenazados y que los policías implicados están libres, sin imputación. Y describió cómo transformó el dolor en acción, la solidaridad que recibe, el trabajo barrial que armaron en la casa donde vivía Arruga para proteger a los pibes de la policía y las permanentes amenazas a su entorno.
–¿Nunca apareció el cuerpo de Luciano? ¿Ni siquiera rastros?

–Hubo peritajes con perros que dieron positivo. Hay dos testigos que lo vieron en la comisaría octava, el día que desaparece, que cuentan cómo fue golpeado toda la noche. Dejó huellas y por eso seguimos el camino de la sospecha que involucra a la policía del destacamento de Lomas del Mirador. No estábamos errados, la Justicia sigue la misma línea, pero aun así no encontró el cuerpo de Lu y continúa como un desaparecido en democracia.
–En el segundo aniversario de su desaparición, el caso de su hermano parece haberse transformado en un símbolo.

–Hay una problemática, un chico de un barrio pobre muere víctima del gatillo fácil, no es algo aislado, un policía loco, una manzana podrida. Nos acercamos a quienes también sufrieron desidia social, política y judicial, lo que nos ubica como grupo social. Somos personas pobres que tenemos que pelearla todos los días, y vamos perdiendo a nuestros familiares de las formas más violentas. Nos unimos desde el dolor para transformar eso en esperanza y seguir luchando. La actividad del 29 (recitales y actos en Lomas del Mirador) fue un espacio donde diferentes expresiones artísticas denunciaron lo mismo que nosotros, con referentes de derechos humanos, de partidos de izquierda, de familiares. Cuando no hay respuesta del poder político o judicial tenés que ganar la calle.
–¿Qué los une?

–Somos víctimas de la represión policial e institucional. Hoy la imagen de Luciano está en muchos lugares de denuncia y de lucha. El caso de Luciano tiene el agravante de que se trata de una desaparición forzada, pero lo que le pasó a mi hermano les pasa a un montón de jóvenes pobres de la villa, discriminados y criminalizados por dónde viven, cómo visten y su color de piel, que terminan siendo víctimas de la violencia policial. Con Luciano la policía perfeccionó su método: mató dentro de una comisaría a un chico de 16 años a los golpes y ocultó su cuerpo. Y la Justicia ampara esto, la causa estuvo paralizada los primeros 45 días, se perdieron pruebas que quizá nos hubieran permitido encontrar su cuerpo.
–¿En la causa no hay ningún resultado?

–No logramos que sean procesados los ocho policías implicados, siguen en funciones y están como testigos en la causa, que aún sigue caratulada como averiguación de paradero. Es grosero lo que ocurre, la Justicia busca apagarte, que no tengas fuerzas. Y esto sólo va a cambiar con la movilización. La sociedad sólo mira y los familiares quedan desamparados, enfermos y tristes peleando contra algo enorme como el aparato judicial.
–¿Así quedó su familia?

–No, encontramos mucho apoyo y gente solidaria, estamos rodeados de amigos y de hermanos. Y para transformar el dolor armamos una actividad en el barrio, en la casa de mi mamá empezamos a dar apoyo escolar, un espacio de contención para que los chicos vayan a pintar, a escuchar música, a aprender algo que les cueste en la escuela. Es en homenaje a Luciano y para el barrio 12 de Octubre, para que no vuelvan a aparecer grupos de policías cooptando pibes para mandarlos a robar, para que la gente empiece a participar, por eso vamos casa por casa para decirles que hay que hacer algo para que lo que le pasó a Luciano no les pase a sus hijos. Los chicos me cargan de otra energía, son muy alegres. Es solidaridad mutua, ellos nos hacen sentir menos tristes y nosotros les entregamos lo que podemos. Mucha gente se acercó conmovida y se desprendió de cosas. Una banda de rock de nuestra zona nos ayudó a transformar la casilla de mi mamá de una casa de material, con el baño que no tenía.
–¿Hubo testigos amenazados?

–Las amenazas son constantes. Una amiga sufrió la más grave, se la llevaron detenida mientras estaba volanteando con info de Luciano. Tocó mi puerta de madrugada, a mediados del año pasado, con un ataque de nervios, las muñecas lastimadas y golpes en el cuerpo. Quisieron obligarla a sacarse la ropa con varios policías alrededor, le pidieron plata para dejarla ir, le ofrecieron seguridad a cambio de estar con uno de ellos. Se denunció, pero es perder el tiempo ver un fiscal. A nosotros nos siguen en forma constante, un día quisieron entrar a casa de mi mamá y mis hermanos estaban sosteniendo la puerta. No entraron pero quieren generar miedo. Pretenden sacarte de tu eje, su odio es que seguimos en pie y denunciando.
–¿Y los testigos clave?

–Eran presos que siguen detenidos, han sufrido amenazas y la están pasando muy mal porque no tienen protección. Si realmente al ministro de Justicia y de Seguridad le interesara el caso los habrían protegido.
–¿Policías habían intentado reclutar a Luciano para cometer delitos?

–Nos contó que un grupo de policías que cometía delitos con jóvenes en el barrio intentó sumarlo diciéndole que iba a poder llevar plata a su casa. Luciano dijo que no y comenzaron a pararlo, le decían “vas a terminar en un zanjón” o “negro de mierda, tenés los días contados”. Lo detuvieron varias veces cuando estaba con su carrito de cartones o con los amigos. Las tres comisarías de la zona tuvieron roces con mi hermano. Ese 31 de enero lo empezamos a buscar y la sospecha surgió de inmediato. Luciano no tenía adicciones ni problemas con la familia. Las primeras palabras de los vecinos fueron “vimos cómo la policía paraba a un chico parecido a tu hermano cerca de la plaza”, a dos cuadras de la casa de mi mamá. Cuando fuimos al destacamento con cara de nada nos dijeron que no estaba ahí.
–¿Cuándo tuvieron la información contraria?

–A los 45 días se acercó una persona del barrio y me dijo que a Luciano lo habían detenido y golpeado, y que esta persona por la que él hablaba lo había visto casi muerto en el destacamento. Recién ahí se empezó a investigar a la policía, pero los implicados nunca estuvieron procesados.
–A veces las víctimas son ensuciadas. Se dijo que Luciano vendía droga para el padre o con él. ¿Quiere responder algo?

–Luciano fue abandonado desde muy chiquito por el padre, que vive en Córdoba y nunca se hizo cargo. Lu ni vendía ni tomaba droga. Pero el que dice eso avala que a un chico se lo haga desaparecer por vender droga en un barrio. Es muy grave.
–¿En estos dos años fueron recibidos por las autoridades?

–Me encantaría que nos reciba la Presidenta, y lo pedimos. Pero antes queremos que nos reciba el gobernador, que nos hizo esperar tres horas y luego nos derivó al ministro (Ricardo) Casal y a (el ex ministro de Seguridad Carlos) Stornelli. Y encima tuvimos que soportar que Stornelli nos gritara porque se sentía muy ofendido de que nosotros dijéramos que la policía manda a robar a los chicos del conurbano, que no iba a soportar esas mentiras. La reunión se tuvo que levantar, le gritó también a uno de nuestros abogados. Casal trató de relajar, pero todo fue patético. No están interesados en resolver esta problemática, los ves pidiendo más policía o bajar la edad de imputabilidad. La gente tiene sus derechos básicos violentados desde que nace, y encima la persigue la policía.
–El caso de Luciano visibilizó el reclutamiento de menores por parte de la policía para delinquir. ¿Hubo algún cambio?

–No, porque hay un profundo temor a meterse con la Bonaerense, nadie quiere tocarla, es una mafia con poder propio. Nos podemos cansar de enumerar delitos en los que participa la policía y todo eso se fue naturalizando. Nos reímos al decir que el gordo de la poli le pide plata al de la pizzería, y eso no es ni liviano ni simpático, así empezó todo. Acá no hay loquitos sueltos que cometen errores, son grupos organizados al servicio del delito, y un poder político que mira para otro lado.
–En lo personal, ¿cómo la cambió todo esto?

–Me aferro menos a las cosas materiales, quiero que la educación llegue adonde no está. Tengo ganas de dar vuelta todo, me siento con mucha fuerza. Estoy acompañada por gente que siente esta misma locura. Antes iba si había una causa justa pero no militaba. Hoy me convoca la causa de mi hermano y la de todos los chicos de los barrios que sufren la violencia de la policía. La causa de Luciano tiene que convertirse en una lucha simbólica.

A dos años de la desaparición de Luciano Arruga

Organizaciones de derechos humanos alzaron su voz para reclamar al Gobierno que tome medidas urgentes a fin de evitar que continúe en aumento la nómina de desaparecidos en democracia, al cumplirse dos años el próximo lunes de la última vez que Luciano Arruga fuera visto con vida en una comisaría del Conurbano bonaerense.

Las ONG también coincidieron en la necesidad de que el Estado avance "a fondo" con políticas que tiendan a reformar las fuerzas de seguridad para terminar con prácticas que se mantienen vigentes desde la última dictadura militar, como las "sesiones de torturas seguidas de muerte dentro de las comisarías".

Asimismo, exhortaron a la Justicia a dejar de "mirar hacia el costado" y trabajar con seriedad y determinación para castigar a los responsables, quienes "cometen esta clase de aberraciones porque se sienten impunes".

"Todavía hay muchos desaparecedores sueltos", advirtió Inés Izaguirre, covicepresidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), una entidad que prestó su colaboración a la familia de Arruga por intermedio de abogados de La Matanza, el partido de residencia del joven.

Dieciséis años tenía Luciano el 31 de enero de 2009 cuando, según la palabra de testigos que prestaron declaración ante la Justicia, fue detenido por policías del destacamento de Lomas del Mirador y torturado dentro de la comisaría.

"Luciano fue golpeado y lo mataron a golpes", aseguró Vanesa Orieta, hermana del joven desaparecido, y en declaraciones a Noticias Argentinas agregó que los ocho policías sospechosos del caso continúan en funciones.

También dijo que ni el Estado ni la Justicia tienen "interés en querer resolver" lo que sucedió con Arruga, mientras la causa judicial está caratulada como "averiguación de paradero" y a los efectivos involucrados sólo se los menciona como "testigos".

"Nosotros nunca tuvimos sospechas de lo que pudo haber pasado ni nos manejamos con hipótesis, a mi hermano le pidieron que robara para la Policía, lo empezaron a perseguir porque él dijo que no. Lo mataron por eso", sostuvo Orieta.

"Fue sometido a una tremenda violencia psicológica y física. Lo que le pasó a mi hermano le pasa a un montón de chicos que están hoy en la misma situación en la que estaba él", alertó Vanesa, que subrayó que Luciano fue "secuestrado, torturado y desaparecido" por efectivos de la Provincia hace dos años en el oeste del Gran Buenos Aires.

Arruga, sin embargo, es apenas uno de los más de 100 casos que tiene registrados la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) de personas víctimas de "gatillo fácil", de secuestros o torturas seguidas de muerte en manos de fuerzas de seguridad en el país desde el regreso de la democracia, en 1983, a la fecha.

"Probablemente haya muchos más", dijo María del Carmen Verdú, abogada y referente de la CORREPI, también en diálogo telefónico con la agencia NA.

Para Verdú, "la desaparición funciona como forma de encubrir otra modalidad de homicidio policial" e indicó que "en la mayoría de los casos de ´gatillo fácil´ o de sesiones de tortura seguidas de muerte están involucrados pibes que se niegan a ser reclutados como mano de obra de la brigada de calle".

Consultada sobre por qué estos episodios seguían aconteciendo después de 27 años de vida institucional en Argentina, Verdú respondió con un lacónico, "¿por qué no habrían de ocurrir?", y agregó: "Es la forma que adoptan las políticas represivas del Estado en democracia para imponer el amedrentamiento entre los más pobres".

Según la referente de CORREPI, el "gatillo fácil" y las sesiones de tortura son "herramientas" que utilizan las fuerzas de seguridad para dejar en claro "quién es el que manda" en el barrio y "hasta dónde llega su autoridad".

"Los pibes desde chicos saben bien qué les puede llegar a pasar si miran torcido a un policía", subrayó Verdú, que indicó que el país se registra una muerte por día en incidentes vinculados con la "represión preventiva" de fuerzas de seguridad. .

El "legado" de la dictadura.

Así como Verdú responsabilizó al Estado por los atropellos cometidos en las barriadas humildes del país, Paula Litvachky, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y su colega abogado Martín Alderete, de la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (CADeP), advirtieron que la nómina de desaparecidos en democracia podría continuar en aumento a menos que el Gobierno tome la decisión política de avanzar "a fondo" con una reforma de las fuerzas policiales.

"Es necesario que el Estado se involucre y ponga estos casos en la agenda de derechos humanos con la misma fuerza que tienen los juicios a los responsables de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura", sostuvo Litvachky.

La directora del programa Justicia Democrática del CELS (entidad que se presentó como querellante en la causa judicial por la desaparición de Arruga) opinó que existe una "falta de voluntad política para trabajar sobre estas cuestiones policiales y también de parte de la Justicia para investigar los casos de abusos" de las fuerzas de seguridad.

Esta combinación se traduce en "impunidad" para quienes cometen delitos, aseguró.

"Estamos hablando de la desaparición forzada de personas, uno de los hechos más graves que pueden suceder en democracia; deberían estar acompañados por decisiones enérgicas. Si la prioridad no está en investigarlos, ¿cuál es el objetivo de la política de derechos humanos?", remarcó la abogada.

"No puede ser que no se investiguen las desapariciones en democracia. Estos casos no van a dejar de existir si se mantiene una estructura de impunidad importante", alertó Litvachky, que al igual que su colega Alderete, expresó su preocupación por la "falta de control" con la que suele moverse la Policía bonaerense.

El abogado de CADeP afirmó que "la metodología de las fuerzas de seguridad no varió sustancialmente después de la dictadura", ya que embisten contra "los sectores más vulnerables" como una "forma de control social", al considerar como "enemigos potenciales" a los hombres jóvenes de barriadas pobres.

Alderete, quien logró mandar a la cárcel a los cabecillas de un escuadrón de la muerte que azolaba el norte del Gran Buenos Aires a comienzos de la década pasada, también fustigó al Estado por mostrarse "complaciente con este tipo de prácticas", pero dobló la apuesta de sus colegas y embistió contra el Gobierno kirchnerista.

"Desde 2003 a la fecha no ha habido una decisión política concreta de poner límites a los excesos policiales. No me sorprende; las fuerzas de seguridad dependen del Gobierno, pero también son funcionales al Gobierno. En realidad, me preocupa, porque estos casos se cuentan en vidas humanas", manifestó.

"Existe una enorme contradicción entre el discurso y la práctica del Gobierno nacional, porque a los genocidas de la dictadura sí los llevamos a juicio, pero seguimos garantizando la impunidad de hoy, para que casos de ´gatillo fácil´ y tortura sigan ocurriendo. Si continúan sucediendo es porque el Estado lo permite", consideró.

Si bien algunos casos pudieron ser esclarecidos, incluso con condenas a culpables (como la muerte de Andrés Núñez en 1990 en La Plata), y en otros se encontraron al menos los restos de las personas que se estaban buscando, en tres episodios emblemáticos de desaparecidos en democracia aún se desconoce el paradero de las víctimas.

Se trata del mencionado Arruga, de Miguel Bru (estudiante de periodismo que fue visto por última vez en una comisaría de La Plata en 1993) y del albañil Jorge Julio López, testigo clave en un juicio contra el represor Miguel Etchecolatz por delitos contra la humanidad cometidos en la última dictadura.

López desapareció el 18 de septiembre de 2006, después de que fuera condenado Etchecolatz.

"Estás cosas siguen pasando en democracia porque hay mucho desaparecedores sueltos", remarcó Izaguirre, de la APDH, y agregó: "En el caso de López no se tomaron las precauciones suficientes en la prisión donde está Etchecolatz. Muchos funcionarios ni siquiera creen que los otros siguen teniendo el poder que tienen".

"Es un grave error", opinó.

Izaguirre, docente universitaria, investigadora del Conicet y especialista en la "guerra civil y genocida en la Argentina", sostuvo que el país "ha avanzado mucho en materia de derechos humanos", pero aún queda un largo camino por recorrer, sobre todo en la provincia de Buenos Aires.

"Etchecolatz sigue teniendo poder aun desde la cárcel y no se vigila eso. El Estado tiene que intervenir", reclamó, y opinó que la Policía bonaerense es una "organización construida por el propio Etchecolatz y eso no se limpió lo suficiente" en todos estos años de democracia.

"Uno de los criterios de su supervivencia es su complicidad, es el encubrimiento y el silencio", enfatizó.

Por último, Litvachky llamó a la sociedad a comprometerse y reclamar también que los gobiernos nacionales y provinciales arbitren las medidas necesarias para evitar que se registren nuevos Adolfo Garrido (desparecido en Mendoza en 1990), Raúl Baigorria (Mendoza, 1990), Paulo Guardati (Mendoza, 1992), Héctor Gómez (Entre Ríos, 1994), Martín Basualdo (Entre Ríos, 1994), Iván Torres (Chubut, 2003), Elías Gorosito (Entre Ríos, 2008), Luciano González (Chubut, 2009), o tantos otros casos menos difundidos.

viernes, 28 de enero de 2011

Se investigará la muerte de Salvador Allende

El presidente que resistió el golpe

Una fiscal judicial presentó 726 querellas por delitos de violación a los derechos humanos durante la dictadura, entre los que se cuenta la muerte del ex presidente Salvador Allende el día del golpe en La Moneda.
Por Christian Palma

Desde Santiago

“Es una responsabilidad tremenda.” Con esa frase, el juez Mario Carroza sintetizó la tarea de investigar la muerte del ex presidente de Chile Salvador Allende, ocurrida el 11 de septiembre de 1973, cuando las fuerzas armadas, comandadas por Augusto Pinochet, perpetraron un golpe de Estado, bombardeando el Palacio La Moneda, entre otras atrocidades. Históricamente, el fallecimiento del ex mandatario se ha atribuido a un suicidio; sin embargo, la presentación por parte de la fiscal judicial, Beatriz Pedrals, de 726 querellas por casos de violación de los derechos humanos cometidos desde septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 1990 –entre los que se encuentra la muerte de Allende– reabrió la investigación que busca determinar si hubo suicidio –como señala el informe tanatológico oficial– o si murió producto de la metralla que atacó La Moneda, aquel día que partió en dos la historia de Chile.

“Pienso que es una labor más que importante, es una responsabilidad tremenda. Soy parte del Poder Judicial, que es el que tiene la responsabilidad en estos casos, y espero hacer mi labor y mi trabajo”, sostuvo Carroza.

En el marco de las investigaciones, el magistrado advirtió que solicitará al Servicio Médico Legal los resultados de la autopsia realizada al ex mandatario fallecido al poco tiempo del atentado a La Moneda.

“Todo elemento, testigo, documento o antecedente al que sea necesario recurrir obviamente lo haré, por lo tanto, si hay alguna persona que pueda declarar va a ser importante.”

También pedirá antecedentes a la Vicaría de la Solidaridad (entidad de la Iglesia Católica chilena cuya función era prestar asistencia a las víctimas de la dictadura militar) y el expediente de quienes fueron detenidos en La Moneda.

La próxima tarea de Carroza será dictar las órdenes correspondientes de indagar a la Policía de Investigaciones (PDI) para comenzar con las diligencias de los más de 700 procesos que se reabrieron con la presentación masiva de las querellas mencionadas. El magistrado Carroza ya tiene en su poder más de 1500 querellas presentadas por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP).

Desde España, la senadora socialista Isabel Allende, hija del ex mandatario, recordó que el 11 de septiembre de 1973 “hubo un ataque premeditado de las fuerzas armadas. Ellos conspiraron para derrocar al presidente constitucionalmente elegido, al atacar bombardeando la casa de gobierno, en el instante que se encontraban numerosas personas, incluyendo al presidente Allende, su familia y varios de sus asesores. Ese acto buscaba, además, doblegar la voluntad del presidente, humillarlo y finalmente eliminarlo físicamente. Así se ha evidenciado en los registros de las conversaciones de Pinochet con el resto de los conspiradores”.

La parlamentaria agregó que “ese atroz atentado constituye una deuda pendiente de la Justicia que es reconocer los numerosos delitos cometidos e identificando a quienes participaron, estableciendo sus responsabilidades penales y conocer toda la verdad de ese día”.

Para Isabel Allende, “la familia no tiene dudas respecto a la decisión del presidente de defender con su vida la democracia, pero es importante establecer la verdad. Apoyaré a la Justicia con todos los antecedentes que sean requeridos para facilitar su trabajo efectivo”, dijo y pidió al Estado chileno que colabore al máximo con la Justicia.

Por su parte, Alicia Lira, presidenta de la AFEP, reiteró anoche que la muerte del ex presidente Salvador Allende se trató de “un magnicidio”. “Al momento del golpe de Estado, Allende no tenía ninguna salida y ninguna seguridad, por lo tanto aquí también (los responsables) tienen que responder por su crimen.”

En tanto, el timonel del Partido Socialista, el diputado Osvaldo Andrade, sostuvo que “todavía hay un déficit de justicia y verdad en Chile”.

Desde el gobierno, la ministra vocera, Ena von Baer, aseguró que la administración de centroderecha, liderada por Sebastián Piñera, respeta lo que determine la Justicia.

“Respetamos todas las decisiones de los tribunales y como gobierno creemos que todas las situaciones que tengan que ser investigadas se investiguen”, manifestó.

Finalmente, Beatriz Pedrals precisó que “queremos judicializar todo lo ocurrido, de modo que en diez años más no se diga que quedó esta causa pendiente y ahora vamos a investigarla. Se va a investigar todo”.

domingo, 23 de enero de 2011

El cuarto juicio por delitos de lesa humanidad en Misiones se realizará en el primer semestre

El cuarto juicio oral en la provincia de Misiones por delitos de lesa humanidad está previsto para el primer semestre de 2011 y en el proceso serán juzgados un ex coronel del Ejército, un ex comisario de la policía misionera y un médico de esa fuerza, responsables de tormentos cometidos en instalaciones de la Jefatura de Policía durante la dictadura.

Dos de los implicados, el ex coronel Carlos Omar Herrero y el ex comisario de la policía local Felipe Nicolás Giménez, serán juzgados por privaciones ilegítimas de la libertad agravada y aplicación de tormentos agravados en 42 hechos.

Ambos estaban a cargo de la Jefatura de la Policía y del Departamento de Informaciones de la Policía de Misiones, respectivamente.

El tercer juzgado será Guillermo Roque Mendoza, médico de la Policía en esa época, acusado de privaciones ilegítimas de la libertad agravada y de aplicación de tormentos en tres hechos.

El Tribunal estará presidido por Carlos Adolfo Sodá e integrado por los camaristas Manuel Alberto Jesús Moreira y Norma Lampugnani de Arce Mielnik.

Una vez terminado este cuarto juicio oral, una nueva causa quedaría pendiente para cerca de fin de año, la que sacará a la luz lo ocurrido dentro de las instalaciones del Regimiento 30 de la ciudad de Apóstoles, a unos 60 kilómetros de Posadas.

En 2008 se realizó el primer juicio por delitos de lesa humanidad en Misiones, y en ese marco fue condenado el coronel retirado y ex jefe del Area 232 de la provincia Carlos Humberto Caggiano Tedesco, quien recibió una pena de 25 años de prisión por la desaparición seguida de muerte del ingeniero correntino Alfredo González.

Según los fundamentos de la sentencia, Caggiano Tedesco fue considerado “autor mediato” de la desaparición y posterior asesinato del ex decano de la facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Misiones, hecho ocurrido el 4 de marzo de 1978.

En julio de 2009, en el marco del segundo juicio que se realizó en esta provincia, el Tribunal Penal Federal en Misiones condenó a dos décadas de prisión a dos guardiacárceles que torturaron a presos políticos durante la última dictadura militar en el Centro Carcelario La Candelaria.

Rubén "Lobo" Gómez recibió 23 años por cometer 18 tormentos agravados y José María Cuenca, considerado autor de otros 11 tormentos agravados, 20 años de reclusión.

En el tercer juicio por delitos de lesa humanidad en Misiones, el 16 de octubre de 2009, el Tribunal Oral Federal de Posadas condenó a la pena de reclusión perpetua a los coroneles retirados Juan Carlos Beltramelli y Carlos Humberto Caggiano Tedesco.

Beltramelli derrocó el 24 de marzo de 1976 al gobernador Miguel Angel Alterach, fue interventor de la provincia durante cuarenta días y jefe del área militar 232 hasta enero de 1977, y Caggiano Tedesco asumió ambos cargos en 1977.

El tribunal condenó en la oportunidad a Beltrametti como autor mediato de cuarenta privaciones ilegales de la libertad y dos torturas seguidas de muerte, y a Caggiano Tedesco por 47 secuestros, tres torturas seguidas de muerte y un robo.

martes, 18 de enero de 2011

Represores no gratos en la playa

Declaración del Concejo Deliberante de Gral. Pueyrredón
  
Cuatro represores que tenían intenciones de pasar sus vacaciones en la ciudad de Mar del Plata fueron declarados “personas no gratas” por el Concejo Deliberante de General Pueyrredón, cabecera distrital de la ciudad balnearia. Los capitanes de navío Oscar Castro, Hernán Lorenzo Payba, Hugo Mac Gaul y el coronel Carlos Andrés Stricker, cuyas excarcelaciones fueron revocadas a principios de enero por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca, habían sido autorizados para veranear en esas playas. Sólo Payba regresó a prisión, mientras que Castro y Mac Gaul solicitaron a través de sus abogados gozar del beneficio de la prisión domiciliaria hasta tanto se lleve a cabo el juicio oral –aún sin fecha– por los delitos de lesa humanidad cometidos en el V Cuerpo del Ejército y en las bases navales de Baterías y Puerto Belgrano.

De las cuarenta y cuatro excarcelaciones revocadas a militares, marinos, prefectos, policías y penitenciarios que tuvieron actuaciones en Bahía Blanca y en Punta Alta durante la última dictadura, cuatro alcanzaron a represores cuyo destino turístico era La Feliz. La declaración de los concejales que expresaron el “más enérgico repudio” a su presencia en la ciudad, argumentando “el carácter aberrante de los crímenes que se les imputan”, que “ofenden a la humanidad”, llegó tarde para al menos dos de ellos. Castro, que entre 1975 y 1978 revistó en el Comando de Operación Naval con asiento en Puerto Belgrano, estuvo alojado desde el 12 al 17 de diciembre en el Hotel Antártida. Mac Gaul pasó fin de año en Mar del Plata y tenía previsto quedarse allí hasta fines de febrero, pero su familia dio aviso de que “por el nerviosismo y el stress” que le provocó enterarse de que debía volver a prisión, sufrió una descompensación, por lo que decidió viajar a Buenos Aires para realizarse exámenes médicos. Ambos pidieron que se les otorgue el privilegio de la prisión domiciliaria.

El capitán Payba –acusado entre otros delitos de ocho homicidios– estaba autorizado a pasar la última semana del 2010 en la playa, pero recién abandonó la ciudad el 5 de enero. Hoy está en prisión. De Stricker, la información sobre su paradero aún no fue notificada a la fiscalía bahiense a cargo de Abel Córdoba. El represor procesado en las causas “05/07” y “04/07” tenía previsto alojarse en un departamento sobre la calle Belgrano desde el 10 de enero hasta entrado marzo. “Los pedidos de eximición son un indicio de que no se van a presentar espontáneamente”, señaló Córdoba, que agregó que la medida de revocar las excarcelaciones “ha sido el reclamo constante de la fiscalía, ya que los imputados cuentan con medios y ya se han mostrado reticentes a cumplir con la Justicia”.

domingo, 16 de enero de 2011

Identifican restos de Antonio Juan Molina, desaparecido por la dictadura

Peritos argentinos identificaron los restos de uno de los cadáveres hallados recientemente en una fosa común que asocian a la represión durante la dictadura de 1976-1983.

Según anunció el equipo argentino de Antropología Forense, la osamenta corresponde a Antonio Juan Molina, desaparecido en la provincia de Mendoza, durante el régimen castrense.

En el mismo sitio, unos mil 90 kilómetros al oeste de Buenos Aires, aparecieron otros cuerpos presuntamente víctimas de los militares.

El hallazgo, fruto de las excavaciones realizadas durante el año precedente, tiene lugar en el contexto de varios procesos judiciales iniciados a varios represores por delitos de lesa humanidad.

Un tribunal federal inició el pasado 13 de enero el juicio contra cerca de una veintena de ex militares, quienes fueron jefes u oficiales de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, el mayor centro clandestino de detenciones durante la dictadura.

En el transcurso de 2010 recibieron sentencia 110 represores, pero menos de la mitad cumple prisión actualmente, refirió un análisis judicial difundido esta semana.

Del total de culpables juzgados el año anterior, 41 permanecen encarcelados, mientras los otros 155 continúan en sus casas tras apelar el fallo ante la Cámara Nacional de Casación o la Corte Suprema de Justicia, indicó el texto.

lunes, 10 de enero de 2011

Audiencias en el mes de enero

En los tres juicios orales que se realizan en Capital Federal por delitos de lesa humanidad se realizarán audiencias durante la feria judicial de enero. Asimismo, en el debate que se desarrolla en Mendoza también se llevarán adelante audiencias durante el receso.
Las fechas, causa  y  lugar de las audiencias:

- Capital Federal: el Tribunal Oral Federal N° 5, que encabeza el debate en el que se investiga al ex integrante de la Marina Alfredo Astiz y a otros ex oficiales, por delitos cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), realizará audiencias los días 13 y 27 de enero.

- Capital Federal: el 20 de enero, el Tribunal Oral Federal Nº 1, que lleva adelante el juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención “Automotores Orletti” realizará una audiencia.

- Capital Federal: el Tribunal Oral Federal Nº 4, que juzga a ocho ex militares por delitos cometidos en el centro clandestino de detención “El Vesubio”, realizará audiencias los días 3, 4, 5, 10, 11 y 12 de enero.

- Mendoza: el Tribunal Oral Federal Nº 1 de esa ciudad, que encabeza el juicio oral que  acumula 17 causas por crímenes contra los derechos humanos en perjuicio de 24 víctimas, reanudará el debate el 10 de enero y las audiencias se realizarán los días lunes, martes y miércoles hasta fin de mes.

lunes, 3 de enero de 2011

Represores excarcelados disfrutan vacaciones en el exterior



Esperan el juicio relajados
 
 A pesar de que la Unidad Fiscal Especial solicitó sin éxito al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca que habilite la feria judicial para adelantar el trámite de la causa por delitos de lesa humanidad cometidos por el V Cuerpo del Ejército y la Armada, las vacaciones fueron también para los represores. Sin fecha cierta aún para el inicio del juicio, que debió haber sido fijada por el Tribunal antes de fin de año, trascendió que una docena de procesados por crímenes durante la última dictadura militar fueron autorizados a viajar, incluso al exterior del país. Aunque se trata de un privilegio lícito porque se encuentran en libertad, la medida pone de manifiesto la polémica por la que algunos imputados gozan de la excarcelación mientras esperan el juicio oral, tras haber estado prófugos cuando se dictó su captura.

Mientras los organismos de derechos humanos estaban a la expectativa de que el Tribunal bahiense fijara fecha de inicio del juicio por las causas denominadas “04/07” y “05/07”, antes del 30 de diciembre, la Unidad Fiscal recibió la negativa a su solicitud para trabajar durante enero. En ese marco se conoció además el pedido de un grupo de represores del Ejército y de la Armada, excarcelados, los cuales fueron autorizados a trasladarse a diversos puntos del país, en plan de turismo. 
Tal es el caso de quien fuera segundo jefe del Batallón de Comunicaciones 181 de Bahía Blanca, Alejandro Osvaldo Marjanov, que pidió permiso para ausentarse de la ciudad en un periplo que incluyó visitas a Santiago del Estero (desde el 26 al 27 de octubre del año pasado); la ciudad de Córdoba (hasta el 30 de ese mes), para terminar en Buenos Aires, el 9 de noviembre. Con un procesamiento confirmado por “privación ilegal de la libertad, tormentos, homicidios y participación en apropiación de menores”, Marjanov se ausentó de su domicilio con el permiso del juzgado, a pesar de haber estado prófugo. 
Lo mismo se le permitió a quien fuera su antecesor en la jefatura del Batallón 181, Carlos Stricker, que tiene previsto iniciar su descanso el 10 de este mes en Mar del Plata, y prolongarlo hasta entrado marzo. El otro integrante del Comando del V Cuerpo del Ejército, Ricardo Gandolfo, visitó Mar de las Pampas en septiembre y pasó la última semana de noviembre en el Centro Adventista de Vida Sana, ubicado en Libertador General San Martín. 
El caso de Alejandro Lawless, que tuvo como destino de fin de año la ciudad balnearia de Villa Gesell, es uno de los más polémicos ya que permaneció casi un año prófugo desde que se dictó su orden de captura y se realizaron diversos allanamientos sin lograr dar con su paradero hasta que decidió él mismo presentarse ante la Justicia. Los jueces entendieron que esto representó un cambio de actitud, y decidieron que no esté detenido. “

El problema en Bahía Blanca son las excarcelaciones inexplicables”, dijo  el coordinador de la Unidad Fiscal de Seguimiento para las causas por violación a los derechos humanos, Pablo Parenti. “Esto está siendo cuestionado y recurrido por la fiscalía y además esperamos que la jurisprudencia que sentó la Corte Suprema, revocando excarcelaciones en las últimas semanas, termine teniendo impacto en lo que suceda de aquí en más”, confió el funcionario, luego de los recursos a los que hizo lugar el Máximo Tribunal que cambiaron la situación procesal de varios represores. 

La nómina de los que no se privaron de su descanso estival continúa con Carlos Alberto Arroyo, que pasó unos días en El Calafate, mientras que el ex capitán de navío Hugo Mac Gaul empezó el Año Nuevo en Mar del Plata y se quedará en La Feliz hasta que termine febrero. En tanto, Teodoro Carrizo eligió Puerto Madryn y el contraalmirante Angel Lionel Martín visitó el exclusivo balneario de Cariló. Algunos de los acusados, como Oscar Castro y Hernán Lorenzo Payba, optaron también por Mar del Plata, a la vez que el ex capitán Carlos Alberto Padula ya reservó su estadía en Miramar desde los primeros días de febrero hasta los primeros de marzo. La excepción corre por cuenta del ex capitán de navío y ex jefe de contrainteligencia en Puerto Belgrano, Enrique de León, quien fuera autorizado a trasponer las fronteras del país con destino a Panamá entre el 30 de noviembre de 2010 y el 16 de diciembre de ese año.