domingo, 20 de febrero de 2011

PRESENTACIÓN DE “VOCES DEL POUM”


Miércoles 23 de febrero - 19 hs.

Librería La Marabunta
C/ Torrecilla del Leal, 32 (Lavapiés)

Este libro de la escritora italiana Isabella Lorusso, editado por MeuBook y la Fundación Andreu Nin, recoge una serie de entrevistas realizadas por su autora en 1995 mientras disfrutaba de una beca Erasmus en Barcelona y que ya vio la luz en Italia ese mismo año bajo el título de Spagna '36. Voci dal POUM. Traducido y revisado por Francisco Carvajal Gómez, y prologado por Pelai Pages, los y las militantes del POUM entrevistados son Ignacio Iglesias, María Manonelles, Pilar Santiago, Manuel Alberich, Wilebaldo Solano, Elvira Godàs, Víctor Alba (Pere Pages), Antonia Adroher, Carmel Rosa. También incluye una entrevista con el anarquista Diego Camacho (Abel Paz).

Con la intervención de:

Andrea Benites-Dumont – Francisco Carvajal Gómez- Jaime Pastor-
Isabella Lorusso (la autora)


sábado, 19 de febrero de 2011

La tercera declaración de inconstitucionalidad golpea a la ley de Caducidad uruguaya

Montevideo, 11 feb
- La ley de Caducidad que impide los juicios contra militares y policías acusados de violaciones de los derechos humanos durante la dictadura uruguaya (1973-1985) sufrió un nuevo golpe al ser declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para el caso de cinco guerrilleros asesinados.

En virtud de este fallo, del que se informó hoy, la justicia podrá investigar las muertes de Héctor Brum, María de los Ángeles Corbo, Graciela Estefanell, Floreal García y Mirtha Hernández, lo que hasta ahora impedía la llamada "Ley de Caducidad".

El fallo supone que la ley de Caducidad "será inaplicable para el caso concreto" y por ende "queda sin efecto la protección que da esa ley a quienes en principio violaron los derechos humanos durante el período de la dictadura",  señaló el abogado Raúl Oxandabarat, portavoz de la Suprema Corte de Justicia.

Mientras los ministros de la Corte analizaron el caso "el trámite judicial estuvo suspendido" pero ahora el juez de primera instancia que lo investiga "podrá retomar las actuaciones que considere oportunas", agregó.

En un operativo coordinado entre represores argentinos y uruguayos, Brum y Corbo, que eran pareja y ella estaba embarazada de más de seis meses, García y Hernández, también pareja y padres de un niño de corta edad, así como Graciela Estefanell fueron trasladados clandestinamente en noviembre de 1974 desde Argentina, donde residían, hasta Uruguay.

Los cinco fueron llevados a un centro de detención clandestino y fusilados cerca de la localidad de Soca, al parecer en represalia por el atentado que costó la vida en París al coronel Ramón Trabal, ex director de Inteligencia del Ejército y entonces agregado militar de la Embajada uruguaya en Francia.

"Es una buena noticia, positiva y que nos refuerza en la lucha, pero sería mucho mejor si la ley no existiera", afirmó hoy a Efe, Efrain Olivera, fundador del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) y ex coordinador del grupo.

"Se sigue avanzando, lentamente, pero avanzando al fin en la búsqueda de verdad y justicia para aclarar lo ocurrido en los años negros de la dictadura", agregó.

El caso, el tercero en que se declara inconstitucional en menos de año y medio la ley que dejó impunes los crímenes de Estado durante la dictadura, es conocido como los "fusilados de Soca", porque ocurrió en la localidad de ese nombre, en el departamento de Canelones.

El fallo de la CSJ sobre los "fusilados de Soca" puede facilitar además la investigación de otros casos como la desaparición de niños durante la dictadura.

Así sucedió por ejemplo con Amaral García, hijo de dos de los fusilados, Floreal García y Mirtha Hernández, denunciante en este caso, que fue secuestrado poco antes de la muerte de sus padres y entregado a la familia de un policía argentino.

Años después García fue localizado por la organización argentina "Abuelas de Plaza de Mayo", actualmente reside en Montevideo y es un activo militante de las causa de defensa de los derechos humanos.

La ley de Caducidad, que puso fin antes de su inicio formal a los juicios contra militares y policías involucrados en violaciones de los derechos humanos durante la dictadura, fue aprobada por el Parlamento uruguayo en 1986, tras el retorno a la democracia, y refrendada por dos plebiscitos en 1989 y 2009.

El año pasado la gobernante coalición de izquierda Frente Amplio envió un proyecto de ley al Parlamento para dejarla sin efecto, lo que generó una fuerte polémica.

Pese a que el partido gobernante tiene mayoría en ambas cámaras, la ley solamente pudo ser aprobada en Diputados pues varios senadores del Frente Amplio se negaron a apoyarla con el argumento de que el pueblo ya había dado su veredicto en las urnas y por dos veces sobre la validez de la norma.

Anteriormente, en noviembre de 2010 la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la ley de Caducidad para un caso en el que se acusa al expresidente devenido en dictador Juan María Bordaberry de 20 asesinatos.

En 1973 Bordaberry, presidente constitucional, dio un "auto-golpe" y disolvió el Parlamento, pero tres años después, en 1976, fue derrocado por los militares.

Hace un año fue condenado a 30 años de prisión por atentado a la Constitución.

En octubre de 2009, la CSJ declaró por primera vez inconstitucional la ley de Caducidad para aplicarse en el caso del asesinato en 1974 de la militante comunista Nibia Sabalsagaray.

En 1988, con otros integrantes, la SCJ se pronunció a favor de la polémica ley.

Jorge Figueroa

martes, 15 de febrero de 2011

La Corte Suprema desestimó planteos de los hermanos Marcela y Felipe Noble Herrera

El Máximo Tribunal nacional decidió no pronunciarse sobre tres recursos. Planteaban la suspensión de medidas probatorias, la declaración de inconstitucionalidad de las normas que crearon el Banco Nacional de Datos Genéticos y un hábeas corpus preventivo

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó este martes tres recursos (por el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) interpuestos por Marcela y Felipe Noble Herrera, que planteaban la inconstitucionalidad de las leyes que crearon el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), un hábeas corpus preventivo y el rechazo al entrecruzamiento con todos los datos existentes en el BNDG.

Las decisiones adoptadas por la Corte no interfieren respecto de las nuevas medidas probatorias ordenadas por la jueza Sandra Arroyo Salgado en diciembre de 2010, las cuales han sido objeto de impugnación por los hermanos Noble Herrera.

En el caso del pedido de inconstitucionalidad de las leyes 26.548 y 26.549 ("Noble  Herrera, Marcela y otros s/causa n° 12.895"), que dieron origen a la referida base de datos genéticos, los apoderados Roxana Piña y Alejandro Carrió argumentaron falta de imparcialidad y la afectación de la garantía del debido proceso, entre otros agravios vertidos respecto del organismo creado por dichas leyes.

Respecto de la medida probatoria dispuesta oportunamente por el Juzgado N° 2 de San Isidro, los abogados mencionados habían solicitado en el expediente ("Herrera de Noble, Ernestina Laura s/recurso de casación") la suspensión del proceso frente a un presunto daño irreversible que causaría su ejecución.

Por último, los letrados habían interpuesto un recurso de hábeas corpus (causa "Noble Herrera, Marcela y Noble Herrera Felipe s/causa n° 12.873") con el objeto de que se impida la realización de nuevos procedimientos compulsivos en contra de Marcela y Felipe Noble Herrera.

lunes, 7 de febrero de 2011

Detienen a Gustavo Demarchi, ex fiscal, acusado de crímenes durante la dictadura y refugiado por Uribe

Detuvieron en Colombia a un abogado requerido en Argentina por delitos de lesa humanidad

Un abogado acusado de delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura militar en Argentina fue detenido el miércoles 2 de febrero por la noche en la ciudad colombiana de Bogotá por pedido de la justicia federal de Mar del Plata.

El abogado, identificado como Gustavo Demarchi, fue arrestado en el marco de una causa en la que se investiga el accionar de la CNU (Concentración Nacional Universitaria), una agrupación de ultraderecha con epicentro en Mar del Plata.

Según numerosos testimonios, la CNU tenía nexos con la Triple A y después del golpe de Estado de 1976 cooperó con la campaña de represión de las fuerzas armadas.

De Marchi está acusado de los asesinatos de Enrique Elizagaray, Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla Yanzi, Jorge Lisandro Videla y Bernardo Goldenberg, ocurridos el 21 de marzo de 1975 en esa ciudad balnearia.

Tras su detención, el imputado fue alojado en dependencias de Interpol al aguardo del proceso de extradición, informaron fuentes judiciales.

Las mismas fuentes dijeron a la prensa que De Marchi "habría interpuesto el pedido de condición de refugiado ante el gobierno colombiano (¿?), lo que debería ser resuelto en primera instancia antes de ser deportado a la Argentina".

Agregaron que "el gobierno colombiano debería resolver, si existiera, la solicitud de asilo político, de acuerdo al convenio binacional existente desde 1956, para después habilitar o no el pedido de extradición de la justicia Argentina".

Demarchi era buscado desde noviembre último, cuando el juez federal Rodolfo Pradas libró órdenes de detención contra siete personas.

La causa involucra además a los prófugos Patricio Fernández Rivero, Mario Durquet, Piero Asaro, Fernando Otero, Raúl Viglizzo, Raúl Moleón. Asimismo, Ernesto Ullua y Fernando Delgado

sábado, 5 de febrero de 2011

El represor Norberto Cozzani en libertad

OTRA JOYITA DEL VERANO 2011

Comunicado de HIJOS La Plata.

    Desde la agrupación HIJOS La Plata repudiamos la decisión del Juez Arnaldo Corazza, titular del Juzgado Federal Nº 3 de nuestra ciudad, quien el viernes 28 de Enero pasado puso en libertad al represor Norberto Cozzani, uno de los pocos genocidas integrantes de las patotas del Circuito Camps que estaban detenidos para ser juzgados en próximos juicios. Consideramos esta decisión como una consecuencia más de la lentitud, producto de una de una tibia decisión política, con que el Estado ha encarado el proceso de reapertura de las causas contra los genocidas de la última dictadura desde hace más de 7 años.

    El represor Norberto Cozzani, hoy de 59 años, ingresó a la policía bonaerense en plena dictadura, tras un breve paso por el Ministerio de Acción Social de la provincia durante el gobierno de Victorio Calabró, donde realizó tareas investigativas al amparo del jefe del 1er Cuerpo del Ejército Alberto Cáceres. Comenzó a actuar como custodio de Etchecolatz en la Dirección General de Investigaciones, mientras se comenzaba a ejecutar el plan represivo en la zona sur de la provincia.

    Figura central en la persecución del “grupo Graiver” y en la investigación de los negocios del empresario periodístico Jacobo Timmerman, Cozzani participó personalmente en marzo del ’77 en los operativos de secuestro de los empleados del grupo y sus familiares, así como en las torturas e interrogatorios que éstos sufrieron en el Centro Clandestino de Detención llamado Puesto Vasco, que funcionó entre 1976 y 1978 en la Subcomisaría de la localidad de Don Bosco, por donde pasaron cerca de 70 compañeros y logró identificar a casi 30 represores que actuaron en el lugar.

    Detenido desde abril de 1986 como parte del Juicio a las juntas, en la Causa 44 que juzgó a los jefes de la represión de la bonaerense de Ramón Camps, fue imputado de 80 hechos entre secuestros y torturas, y se lo condenó a la irrisoria cifra de 4 años de prisión sólo por los casos de Isidoro y Juan Graiver, Lidia Papaleo y Silvia Fanjul. Cumplió una mínima parte de esa condena en el penal de Magdalena, al ser beneficiado con la nefasta ley de Obediencia Debida.

    Gozando de la impunidad pactada, Cozzani se refugió en la actividad comercial como gerente del conocido frigorífico platense “Gorina S.A.”, fundó una empresa de venta de carne enlatada llamada “Meat Center” y finalmente, gracias a sus contactos militares, fue designado en tiempos menemistas como director de la Cámara de Comercio del Mercosur con sede en la ciudad brasilera de San Pablo.

    Tras la reapertura de los procesos contra los genocidas fue nuevamente detenido en septiembre de 2004, por orden del mismo juez Corazza que acaba de liberarlo, y tras la insistencia de los organismos de DDHH de La Plata en el cumplimiento del resto de su condena y en la necesidad de avanzar en las investigaciones del resto de los hechos en los que está implicado.

    Alojado en el penal de Marcos Paz, Cozzani descubrió sus dotes literarias y comenzó a redactar un libro, publicado en 2006 bajo el desafiante título “Yo asumo – Conciliemos. Desde la prisión del Dr. Kirchner”. Allí, entre eclécticas citas de San Martín, Mahatma Gandhi y León Bloy, el represor repasa su pasado como ladero de Etchecolatz, se despacha sobre su condición de “preso político” y destila efluvios tanto sobre la gestión kirchnerista como sobre algunos de los represores de la dictadura que, afirma, lo ha traicionado. Mientras tanto trafica la teoría de la reconciliación y justifica los crímenes del Terrorismo de Estado en frases como:

    - “los denominados ‘centros clandestinos’ tenían nombre, mástil, bandera y escudo, y todos los vecinos tenían conocimiento de que eran dependencias oficiales”.

    - “Que hubo errores y excesos, ¡Claro que es cierto! Pero cada argentino debiera preguntarse no sólo quienes son los culpables, sino también, quién esta exento de culpas???”.

    Cozzani fue nuevamente procesado en los pocos avances de la causa sobre el CCD Puesto Vasco, junto a siete represores más en la causa nº 3, denominada “Causa Raffo”. El expediente llevó 4 años de instrucción, (¡¡!!) y su requerimiento de elevación a juicio se completó entre 2005 y 2008. Si bien los fundamentos de Corazza para liberar a este represor no fueron dados a conocer periodísticamente, el agotamiento de una prisión preventiva acorde al plazo legal de 2 años es injustificada cuando hablamos de un represor que fue probadamente condenado, y sobre el cuya responsabilidad en el terror de Estado surgieron nuevos testimonios en estos años.

    Tras 7 años y medio de caídas las leyes de impunidad gracias a la lucha popular, el Estado argentino sólo efectivizó 41 juicios orales con sentencia en todo el país. Según datos del Centro de Estudios Legales y Sociales, de un total de 1.656 imputados, en unos 200 procesos, sólo el 10 % pudo ser condenado. Y si bien hay otros 389 genocidas detenidos en espera de juicio, la mayoría de los imputados, 807, se encuentra en libertad; además de haber 37 represores prófugos de la justicia y 258 que murieron impunes antes de llegar a una sentencia.

    Desde una vista superficial de este desempeño juzgador del Estado, y analizando números en el vacío, no es nada desdeñable que más de un centenar y medio de represores, sobre todo figuras emblemáticas del Terror de Estado, pasen el final de su vida purgando las culpas de su campaña desaparecedora. Pero una visión más detallada de la magnitud de los hechos ocurridos en la represión, del horizonte de juzgamiento que el Estado se está proponiendo, y de la agudización de las variables que urgen más condenas en menos tiempo, nos presenta una situación más crítica.

    En los procesos que se dieron a la fecha, reconocidos represores como Videla, Menéndez, Bussi, Nicolaides, el “Turco Julián”, Etchecolatz y Von Wernich fueron juzgados en causas fraccionadas, separados de los otros muchos autores de los mismos delitos de lesa humanidad y por un reducido número de víctimas. El desguace de las causas contra los autores del genocidio no hace más que reproducir la impunidad de los delitos que conformaron el plan de exterminio de la lucha de todo un pueblo.

    La falta de celeridad en la ejecución de los juicios es patente en la jurisdicción de La Plata, más si se tiene en cuenta la dimensión que allí alcanzó el terror de Estado. En La Plata funcionaron durante la dictadura unos 12 Centros Clandestinos de Detención, coordinados por miles de efectivos de la Policía bonaerense y de las Fuerzas Armadas. De esos miles de represores, sólo 19 (Bergés, Etchecolatz, Von Wernich, Alonso, Herzberg y 14 genocidas que actuaron en la Unidad 9) fueron condenados en la capital bonaerense desde la reapertura de las causas, en juicios parciales, algunos con condenas mínimas, aunque otros con fallos ejemplares que incluyeron en la sentencia la valoración política de la figura de Genocidio. Pero así planteados, estos procesos continúan reproduciendo la situación de impunidad, porque sólo serán juzgados una serie de casos emblemáticos, altos mandos y reputados represores, mientras el conjunto de miembros de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y de Inteligencia que planificaron y ejecutaron el genocidio quedará relegado a juzgarse en futuros inciertos debates o, si la tendencia actual se consolida, completamente libre.

    Frente a la situación de impunidad SEGUIMOS EXIGIENDO:

    - JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS POR TODOS LOS COMPAÑEROS. JUICIOS POR CENTRO CLANDESTINO DE DETENCIÓN.
    - Basta de demoras en los procesos.
    - JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE la desparición forzada de JORGE JULIO LOPEZ, LUCIANO ARRUGA Y DEMÁS DESAPARECIDOS EN DEMOCRACIA.
    - BASTA DE AMENAZAS A LOS TESTIGOS En LOS JUICIOS A LOS GENOCIDAS.
    - BASTA DE REPRESIÓN AL PUEBLO. FUERA LA POLICÍA Y LA GENDARMERÍA DE los barrios.
    - CESE DE LA PERSECUCIÓN A LOS QUE LUCHAN. DESPROCESAMIENTO O AMNISTÍA DE LOS PRESOS POR LUCHAR.

    HIJOS La Plata

viernes, 4 de febrero de 2011

Murió Alejandro Mayol, ex cura miembro del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo

Cerca del pueblo a través de la música
MARIO WAINFELD
Por él hay que cantar Aleluya

Alejandro Mayol había nacido en el ’32, lo recuerdo hoy porque acaba de morir. Integró el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo (MSTM), fue amigo y compañero de viajes de Carlos Mugica. Como Mugica, fue popular en su época (los ’60 y los ’70) pero llegó por otros caminos. El MSTM era una revolución que abría ventanas, se proponía airear la Iglesia Católica con los vientos de apertura del Concilio Vaticano II. Curas de todo el mundo, muchos y vitales en la Argentina (aunque siempre minoría) bardearon por doquier para transmitir su mensaje religioso y político.

Alejandro eligió, en aquel tramo, tocar la viola, componer canciones sencillas pero no pavas ni inocentes de sentido, acercarse al pueblo a través de la música. “El padre Alejandro” salía por la prehistórica tevé de entonces, con varios hits de su cuño. “La Creación”, también citada en la columna de Fortunato Mallimaci, fue seguramente el más sonado, con su estribillo “por eso hay que cantar Aleluya”. Cantaba para divertir más que para entretener, para comunicar alegrando. Se hacía oír sin sermonear ni levantar el dedito.

Mayol y sus compañeros creían, soñaban e impulsaban en una peculiar versión del cristianismo que contaré a mi modo hereje, con mis propias palabras. No cantaba, si se me permite la transposición a otro poeta, “a ese Jesús del madero sino al que anduvo en la mar”. No lo conmovían los purpurados sino el Cristo irredento y rebelde. No se prosternaba ante jerarquías facciosas e intolerantes, amaba al pueblo cristiano. Su imaginario hecho canción se tornaba rápidamente trinitario: ese pueblo cristiano era pueblo a secas y, en su versión local, pueblo peronista. El pueblo se entroncaba a la fiesta, a la alegría compartida, a la música. “Cuando se canta a coro se comulga”, me explicó una vez (o creo que me explicó o pudo explicarme, tanto da) y le creí para siempre. En tal sentido comulgué a menudo.

Era versado y lector, de libros religiosos y de los otros. A veces explicaba sus afanes metiéndose con San Agustín en un debate que se podía comprender hasta un punto. Con las canciones o los espectáculos que armó todo era más manejable. Compuso, cantó, armó una (¿cómo llamarla?) operita criolla llamada La patriada que recorría en distintos géneros musicales argentinos nuestra historia.

Reunirse con Alejandro era una experiencia embriagadora. Podía serlo, eventualmente, en sentido estricto pero hablo en sentido figurado. Se sucedían las risas, las conversaciones a los gritos, las imitaciones de personajes famosos, se cantaba, inexorablemente y sin tapujos.

Dejó los hábitos, se casó, armó un familión. Se permitía casar gente de vez en cuando en el campo, alegaba con erudición que eso le estaba permitido. Si Dios existiera y fuera el buen Dios en el que Alejandro tenía fe, piensa este agnóstico, seguro que se lo hubiera habilitado.

Recuerdo cuando fuimos juntos a General Madariaga a ver la representación de una versión teatral-musical de La Pasión según San Juan (supongo...) que había escrito y compuesto. Los actores-intérpretes eran no profesionales, habitantes de la ciudad, más centenas que decenas. La obra conmovía, ponía la piel de gallina. Al volver, bien entrada la noche, Alejandro manejaba y nos explicaba a Beatriz (su esposa), a mi compañera y a mí el sentido litúrgico que tenía esa Pasión encarnada en gente de pueblo. Se ensimismaba tanto que producía el pequeño milagro de no encontrar la (amigable) salida del pueblo a la ruta. Dábamos vuelta como un trompo, él no se percataba de esos detalles.

Fue un creyente fervoroso y sincero. Su inteligencia se embellecía con un acelerado sentido del humor. Era optimista y alegre, contagiosamente. Un artista, un hombre de ideas, un militante nacional-popular, un tipo dulce y entrañable. Desconocedor (y suspicaz) acerca de otra existencia después de la vida, me duele su adiós. Sólo canto Aleluya por su mensaje, por su ejemplo, por la rebosante dicha de haberlo conocido.

FORTUNATO MALLIMACI *
Nos dejó por un tiempo

Alejandro nos ha dejado por un tiempo. El que hacía chistes sobre la muerte, hoy nos acompaña desde otros lugares.

Tuve la suerte de intimarlo más los últimos años en múltiples encuentros. De niño lo escuche cantar en Punta Alta, de joven lo visité cuando era asesor de la Juventud Universitaria Católica con Carlos Mugica en la Universidad de Buenos Aires y luego –cuando hacía mi investigación– lo leí detenidamente desde la revista Tierra Nueva y en el libro sobre los católicos postconciliares que escribió con Norberto Habegger y Arturo Armada. Allí muestra un profundo análisis de la génesis del cristianismo liberacionista en Argentina y las complicidades de otros sectores cristianos con el poder económico y militar.

Cristiano comprometido con el mundo de los pobres hasta la médula, lo vivió y experimentó en “cuerpo y alma” desde diversos lugares. Fue sacerdote, esposo, padre, militante partidario de causas populares y un sensible y profundo artista que pudo combinar todas esas fidelidades. Decía hace un tiempo en una entrevista: “Decidí dejar el sacerdocio. Yo en ese momento dije: quiero al sacerdocio y la quiero a Beatriz. No optaba, es lo que sentía, no me hubiera ido si no me obligaban a optar”.

Hay que recordarlo y mucho. Es una memoria peligrosa y testimonial de un cristianismo libertario, apasionado de la justicia, que vivió sufrimientos y esperanzas, que priorizó el amor, la entrega y la misericordia a todo dogma, norma y doctrina. Además creador continuo de símbolos y espacios que vincularon creencias católicas con experiencias populares liberadoras. La Misa Criolla, sus óperas cancheras y sus múltiples canciones son un testimonio de esa entrega a “su pueblo y su religión”.

Alejandro se nos fue y al mismo tiempo sigue presente allí –como él hacía– donde hay lucha y compromiso con los humillados y desheredados de la tierra; allí donde se proclama, anuncia y denuncia desde el Reino de Dios y su libertad y donde la creación artística se hace sensible con el corazón y la pasión de cada hombre y cada mujer. Cuando se avanza en derechos, se elimina una injusticia, una oración se eleve al Dios Padre y Madre y se recuerde que “Al crear la vaca, Dios hizo la leche, hizo el dulce ’e leche, todo lo hizo bien” allí estará Alejandro con su guitarra, su voz y sus sonrisas mostrando las ganas y la alegría de vivir porque amó e hizo lo que quiso.

* Sociólogo, militante cristiano.

miércoles, 2 de febrero de 2011

Los dos soldados que fueron víctimas de la represión militar en Mendoza

Uno era de Buenos Aires y el otro de Salta. En uno de los casos estuvo involucrado un ex funcionario de Gabrielli que fue escrachado en el 2004.
DANIEL CALIVARES daniel.calivares@elsoldiario.com.ar

    Los hubo militantes de organizaciones sociales, miembros de sindicatos, estudiantes, sacerdotes y maestros. Durante la última dictadura militar, miembros de las Fuerzas Armadas y gran parte de las policías provinciales y de la Federal formaron parte del aparato de represión, torturando y asesinando personas y, en muchos casos, llegando a hacer desaparecer los cuerpos. Sin embargo, existe la otra parte dentro de las fuerzas de seguridad.

    En el juicio por delitos de lesa humanidad que se está llevando adelante en Mendoza, una de las causas es la desaparición de un policía de San Luis que fue salvajemente torturado por su condición de policía y su ideología, que lo acercaba más a los montoneros que a la dictadura. Pero hay otros casos, que si bien no forman parte del debate que se está llevando adelante, tienen como protagonistas a miembros de las Fuerzas Armadas que también desaparecieron, soldados que recién tomaban las armas y que estaban cumpliendo el servicio militar obligatorio. Algunos de esos casos ocurrieron en Mendoza y aún hoy no se han esclarecido.

HECHOS.

    En Argentina existen 129 soldados que fueron secuestrados por la dictadura militar. La mayoría de ellos de Córdoba y Buenos Aires, aunque también los hay de otras provincias. En Mendoza, fueron dos los conscriptos que desaparecieron, ninguno era ciudadano mendocino pero les tocó hacer el servicio en esta provincia, y de acá se los llevaron. Paulo Laffitte nació el 6 de marzo de 1955 y comenzó el servicio militar el 5 de febrero de 1976.

    Faltaba un mes para que cumpliera 21 y un poco más para que la Junta Militar comandada por Jorge Rafael Videla tomara el poder tras derrocar y encarcelar a María Estela Martínez de Perón. Una vez que entró, Laffitte, quien era de Buenos Aires, fue destinado a la Compañía de Esquiadores de Alta Montaña, que se encuentra en Puente del Inca. Allí, casi sin problemas, el soldado cumplía con su servicio, mientras se encontraba bajo el mando del mayor José Barrault y del segundo jefe Mario Godoy, según explica el capitán José Luis D’Andrea Mohr en su libro El escuadrón perdido.

    Sin embargo, los conflictos para Laffitte no tardaron en aparecer. Una carta  fechada el 22 de setiembre de 1976, que fue enviada por el conscripto a su madre, dice: “He recibido tu carta y a la vez que me causó mucha alegría, sentí angustia por lo que en ella escribes. Sé que tengo que comunicarme más seguido con ustedes pero es difícil para mí sentarme a escribir y hablar de cómo me van las cosas, o si estoy bien o mal, casí siempre me encuentro deprimido, de mal humor o con algún problema, como en este caso”.

    El problema para el soldado no era menor y él mismo lo entendía así: “Más ahora que me encuentro metido en un problema bastante serio y peligroso; me han complicado con un tipo que se droga. A esto se suma la creencia de que yo soy marxista, todo por culpa del segundo jefe de compañía, él me fabricó como guerrillero, es un obsesionado. La cuestión es que el caso llegó al Comando de la Brigada y allí decidieron que debían castigarme, todavía no sé en qué consiste el castigo pero sé que no será blando”.

    Finalmente, Laffitte pedía en la misiva a su madre que esta lo ayudara a viajar a Buenos Aires, adonde podía ir sólo con permiso de su jefe. Esa no sería la última carta del joven soldado a su madre. El 15 de noviembre otra epístola llegaba a la casa de su progenitora: “Mami: como siempre, deseo que estés bien de salud y de espíritu, al margen de los problemas económicos que seguramente tendrás. Como ya sabés, estuve en el Hospital Militar de Mendoza bajo observación médica, y pasé 16 días panza arriba, lo cual me vino muy bien, dormí lo suficiente como para calmar los nervios y sentirme mucho mejor. Muy pronto estaré en Buenos Aires, ya de baja, por eso necesito que me mandes zapatos y una camisa”.

    La carta sirvió para dejar a la mujer más tranquila, pero no por mucho tiempo, ya que unos días más tarde, el 24 de noviembre, dos hermanas del soldado serían detenidas por casi una semana en Buenos Aires en un acto intimidatorio. Frente a la posible baja de su hijo, la mujer, el 21 de diciembre de 1976, envió una carta a la Compañía de Esquiadores y el encargado de responderle fue Barrault, quien le señaló que su hijo no formaba parte de la compañía desde el 18 de noviembre, cuando se le dio de baja, luego de que la Junta Médica del Hospital Militar lo considerara “inútil para todo servicio por personalidad psicopática”.

    Ante esa noticia, y con el dolor de no saber dónde estaba su hijo, la mujer viajó a Mendoza y fue recibida por Barrault, quien le repitió lo mismo que decía la carta, igual respuesta a la que le dieron en el Hospital Militar. Incluso, el mayor le lanzó una hipótesis: “Dada su edad, es probable que ande por allí con una mujer”. Finalmente, la mujer volvió a Buenos Aires a seguir intentando averiguar algo y, en medio de esa tarea, le aconsejaron desistir para no poner e n peligro la vida de sus dos hijas .

    Paulo Laffitte jamás apareció, y algunos testigos afirman haberlo visto en un centro clandestino de La Plata. En tanto, Godoy, el “segundo jefe de la compañía”, señalado por el joven conscripto en su carta, fue escrachado en su casa en el 2004 por organismos de derechos humanos, pero antes, cuando Rodolfo Gabrielli era gobernador, fue el encargado de administrar la asistencia desde la Dirección de Emergencia Social y también fue jefe de Policía. En el 2007, cuando Julio Cobos era gobernador, volvió a aparecer en escena, cuando el entonces ministro de Seguridad, Alfredo Cornejo, convocó a distintas agencias de vigilancia privada para combatir la inseguridad, y Godoy fue uno de los que estuvo presente en el anuncio.

EL SEGUNDO CASO.

    Según consta en expedientes judiciales y en el libro de D’Andrea Mohr, en Mendoza hubo un segundo soldado que desapareció. Se trata de Néstor Alberto Oliva. El joven tenía 26 años y era salteño. De acuerdo con una declaración hecha ante la Justicia por un familiar de él, el joven estudiaba Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Salta y trabajaba en la obra social del centro de estudios, como así también participaba en un centro de estudiantes antes del golpe de Estado.

    Una vez que este se produjo, Oliva, que tenía hasta ese momento acordada una prórroga del servicio por estudios, se presentó a mediados de 1976 para cumplir con la convocatoria. Las primeras semanas iba a dormir al Distrito Militar dos o tres veces por semana, y luego tenía permiso de salida , hasta que en julio o agosto de ese año avisó que iba a ser trasladado a Mendoza y que estaba preocupado, porque habían desaparecido varios conscriptos.

    Después de ese aviso, ningún familiar volvió a verlo ni a hablar con él, hasta que en diciembre de 1976 su familia recibió un comunicado del Comando del Ejército de la VIII Brigada de Montaña de Mendoza en el que aseguraban que Oliva había salido en uso de licencia el 13 de octubre de 1976 por 17 días y que no había regresado al cuartel, por eso, se lo declaraba desertor, en una modalidad muy repetida cuando el secuestrado era un conscripto. Oliva, igual que Laffitte, no volvió a aparecer jamás.

Historias del debate: los estudiantes de periodismo desaparecidos en 1976

Raquel Moretti y Aldo Casadidio eran compañeros de facultad y se los llevó el Ejército. Tenían 27 y 31 años, respectivamente

DANIEL CALIVARES daniel.calivares@elsoldiario.com.ar

    Raquel Moretti y Aldo Casadidio eran amigos. Estudiaban juntos en la Escuela de Periodismo e igual que muchos alumnos de ese lugar fueron secuestrados y desaparecidos durante la última dictadura militar. Las desapariciones de ambos forman parte de las 18 causas que se analizan en el juicio por delitos de lesa humanidad que se está llevando adelante en Mendoza. Sus casos tienen como único imputado a Tamer Yapur, luego de que se separara del debate a Luciano Benjamín Menéndez y de que falleciera el año paso Orlando Oscar Dopazo.

PERIODISTAS. El periodismo fue un actor conflictivo para la dictadura militar. Hubo muchos trabajadores de prensa que sirvieron para hacer propaganda a la dictadura, y algunos que, incluso, actuaron como informantes. Los hubo del otro lado también, aquellos que, por ejercer su tarea, fueron detenidos, torturados y, en algunos casos, desaparecidos. En Mendoza, los militares no sólo cumplieron con esas dos características respecto del periodismo, sino que también fueron sobre aquellos que estudiaban para convertirse en periodistas y así fue como desaparecieron algunos estudiantes en 1976 y otros en 1978, en vísperas del Mundial que consagraría a Argentina como campeona del mundo por primera vez, tras un torneo lleno de sospechas.

     Son justamente los casos de 1976 los que forman parte del debate. Se trata de las desapariciones de Raquel Moretti y Aldo Casadidio, de 27 y 31 años, respectivamente. Según consta en el expediente judicial, Moretti había trabajado en el Ministerio de Economía antes del golpe de Estado, sin embargo, en los primeros meses de 1976, tras haber renunciado, huyó a San Juan, ya que debido a su militancia montonera se sabía perseguida. Incluso, una orden de captura se había labrado contra ella. En la provincia vecina vivía con tres amigas y se comunicaba cada tanto con su familia, pero ellos con ella no, porque la joven prefirió no exponer a sus cercanos. Durante el tiempo que ella permaneció en la vecina provincia, un grupo de personas del Ejército se presentó en la casa de sus padres para saber de ella y al decirle sus padres que no se encontraba, el grupo de tareas decidió llevarse una foto de la joven y una máquina de escribir que había en la vivienda. En abril del 76, uniformados –quizás los mismos– se presentaron en la casa del hermano de Raquel, Horacio. Revisaron la vivienda, decidieron hacer una vigilancia y, tras pasar una hora y media, se fueron. EL REGRESO. Raquel no duró mucho en San Juan, a fines de 1976 la joven regresó en muy mal estado a Mendoza, sin documentos y solamente con lo puesto, ya que habían intentado secuestrarla en la vecina provincia.

EL FINAL. Una vez en Mendoza, la joven se alojó primero en la casa de un familiar cerca de la Terminal de Ómnibus, pero, a los pocos días, apareció Aldo Casadidio y le ofreció, a través del padre, alojamiento en su casa. La oferta fue difícil de rechazar, el lugar donde vivía Casadidio, en la calle Lugones de Ciudad, era tranquilo, y el padre de Raquel y ella misma consideraron conveniente aceptar el ofrecimiento del joven. No obstante, antes, el padre de Moretti le ofreció a su hija irse del país, pero esta rechazó esa posibilidad. Una vez alojada en lo de Casadidio, quien vivía solo, la joven pudo pasar varios días en una aparente tranquilidad. Según consta en el expediente, el 4 de diciembre, Casadidio y Horacio Moretti se reunieron para que este último le entregara dinero y ropa para Raquel. En esa cita programaron otro encuentro para los días posteriores. Entonces, ninguno de los dos suponía que jamás se concretaría, pero en la segunda cita solamente Moretti se presentó en el lugar donde habían quedado.

    Al principio hubo temor de parte de los Moretti, pero no pensaron en un secuestro, sino en que, por precaución, Aldo Casadidio y Raquel se habían trasladado de lugar. No obstante, la preocupación se les notaba y tanto el padre como el hermano de Raquel comenzaron a pasar continuamente en auto por la puerta de la casa de Casadidio, aunque siempre la encontraban cerrada. Al poco tiempo, una tía de la chica fue hasta el domicilio y, al preguntarles a los vecinos, estos le comentaron que unos días antes había existido un operativo del Ejército en el domicilio de Aldo, que habían cerrado la calle y que, extrañamente, después de ese día, la casa había empezado a lucir desocupada. A partir de ese momento, los familiares de Raquel comenzaron a llamar diariamente por teléfono a la casa de Aldo, hasta que en una oportunidad el teléfono por fin fue atendido.

     Del otro lado del aparato se encontraba Nilda, la hermana de Aldo, quien les contó lo poco que había averiguado por comentarios. La noche del 7 de diciembre, un grupo de personas encapuchadas entró a la casa del joven. Al otro día, un vecino llamó para avisarles que la puerta de la vivienda se encontraba abierta y, al llegar el marido de Nilda a la casa, encontraron todo desordenado y el documento de Aldo en el piso. Nunca más se supo de ellos. Incluso, la tía de Raquel intentó hacer averiguaciones y recibió en varias oportunidades amenazas telefónicas en las que le decían que dejara de buscar a su sobrina, porque podía correr la misma suerte.
Los buscados por la dictadura

    Casadidio, quien trabajaba en la revista Claves, y Moretti, no fueron los únicos estudiantes de periodismo en desaparecer. También entre las víctimas de la dictadura se encuentran Virginia Adela Suárez, Daniel Moyano, Billy Lee Hunt, Raúl Reta y Amadeo Sánchez. Además, hubo periodistas que desaparecieron, como Santiago Illa, y otros fueron secuestrados, como Rafael Morán y Antonio Di Benedetto.