miércoles, 31 de agosto de 2011

JUJUY: Rechazo a letrado propuesto como juez por afinidad con la dictadura

Se trata Juan Carlos Nacul,  ex defensor técnico de Mario Oscar "Malevo" Ferreyra
Rechazo a letrado propuesto como juez

Esto fue expresado por los organismos de Ddhh locales, en la comisión de Acuerdos del Senado presentarán pruebas.

La designación del letrado de Tucumán, Juan Carlos Nacul como juez federal de nuestra provincia, fue cuestionada y argumentada por organismos de Ddhh.

En este sentido familiares de detenidos desaparecidas durante la última dictadura militar, repudiaron y expresaron su preocupación por la posible designación del penalista Juan Carlos Nacul como titular del Juzgado Federal Nº 2 de Jujuy, en remplazo del polémico Carlos Olivera Pastor.


La misiva, firmada por diferentes organizaciones de Ddhh de la provincia, fue enviada a la comisión de Acuerdos del Senado de la Nación, mediante la cual manifestaron su profunda preocupación “ante la posible designación de Nacul, como candidato a juez federal del Juzgado Federal Nº 2 de la provincia de Jujuy”.


Por intermedio de esta solicitud, los denunciantes solicitaron a los senadores:“la impugnación de esta designación” que a su vez “se encuentra fundamentada en los peligrosos antecedentes profesionales de esta persona, como así también en su afinidad con la política terrorista que queda demostrada en las funciones que desempeñó”.


Si bien los argumentos podrían parecer descabellados para alguien que no conoce el tema, debemos decir que el pasado del jurista tucumano Juan Carlos Nacul indica que el letrado fue defensor técnico a ultranza del extinto policía tucumano y represor, Mario Oscar “Malevo” Ferreyra.


Lo cierto es que Nacul no solo fue defensor de Ferreyra, sino que en medio de este patrocinio legal el conocido letrado tucumano incurrió en un abanico de faltas éticas hacia su profesión, que rozaron con la ilegalidad y el delito.


Por eso es que Madres y Familiares de Desaparecidos, Línea Histórica exigieron a los senadores que “rechace este pliego de designación en nombre de la historia y la memoria de los 127 desaparecidos jujeños que esperan justicia digna”


Nacul, además de ser defensor de Ferreyra, al momento de su proceso, actuó como su “vocero”, “agente de prensa” e “intermediario”, donde varios periodistas, en diferentes testimonios, expresaron que el futuro juez federal les pedía dinero a cambio de una nota con Ferreyra. También se registran testimonios de ex clientes, que describen al conocido penalista como un “ocultador de pruebas” y “autor de escritos judiciales con firmas apócrifas”.


Una prueba tangible de esto surge del libro “El sheriff. Vida y leyenda del Malevo Ferreyra”, donde su autora, Sibila Camps, cuenta sobre una entrevista que había mantenido con Nacul, alrededor del triple crimen de La Laguna de los Robles (Tucumán) por el que Ferreyra estaba acusado.


La autora del libro preguntó a Nacul por qué su cliente había cometido los asesinatos. La respuesta no se hizo esperar y el letrado le dijo "¿por qué nadie pregunta por el prontuario de los tres tipos que ejecutó Ferreyra?". La Cámara Penal tucumana en 1993 lo condenó a cadena perpetua por el triple crimen de Laguna de los Robles. El Malevo, logro escabullirse de los tribunales, fugándose al monte tucumano. Nacul, veloz de reflejos se declaró como ideólogo de la fuga.


Posterior a esto, bajo el gobierno del general, represor y criminal Antonio Bussi (1998), Nacul logró, increíblemente, que la perpetua a Ferreyra se transformara en solo 20 años de prisión. Gracias a su “cintura” política, logró que el “Malevo” saliera en libertad a los cuatro años y medio de haber sido condenado a "cadena perpetua”.

sábado, 27 de agosto de 2011

...Justicia lenta suele no ser justicia

En Derechos Humanos, avances notorios y demoras preocupantes
Argentina ostenta un historial en derechos humanos reconocido en el mundo. Hubo y hay muchos juicios a los responsables del terrorismo de Estado. Sin embargo, justicia lenta suele no ser justicia.
Emilio Marin

Como en tantos otros temas, la nota depende de los valores propios del país, pero también de la comparación con la experiencia de otros. Así hay que evaluar la marcha de Argentina en derechos humanos: por sus méritos, teniendo en cuenta sus límites, y en cotejo con lo actuado en la región.
Hay que recordar que en Chile prácticamente todos los crímenes cometidos por el pinochetismo quedaron impunes por la negociación con los políticos de la Concertación y los socios civiles de Renovación Nacional y la UDI, la derecha del actual mandatario. Hubo algunas excepciones como las condenas al general Contreras y en otras causas.
 
En Uruguay fracasó recientemente el proyecto de ley para anular la ley de Caducidad y poder juzgar violaciones a los derechos humanos. Tampoco los charrúas han podido demoler el muro de impunidad, aunque abrieron brechas.
Lo más triste ocurre en Brasil, donde ni Lula ni Dilma Rousseff después tuvieron el coraje de enfrentarse con los altos mandos de las Fuerzas Armadas y crear al menos una Comisión de la Verdad. Nada. Brasil ganó cinco campeonatos mundiales de Fútbol, pero en DD HH se fue al descenso.

Por eso hay que valorar aún más la cosecha argentina, que se incrementó a partir de agosto de 2003, cuando -bajo la presidencia de Néstor Kirchner- el Congreso anuló las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, de 1986 y 1987.
Esa decisión política, madurada por el gobierno pero impulsada desde muchos años atrás por los organismos humanitarios y movimientos populares, significó un punto de inflexión. Se retomaba lo bueno que había aportado el regreso de la democracia y el primer tiempo de Raúl Alfonsín, con el informe de la Conadep y el juicio a las tres primeras Juntas Militares.
Hasta ahora se han celebrado numerosos juicios orales y públicos, con todas las garantías de defensa para los imputados por crímenes de lesa humanidad. Y hubo muchas condenas, aunque también algunos sobreseimientos y libertades (que por supuesto los defensores de la represión ilegal ocultan, en tanto inflan las cifras de las condenas).
A estar por la información proporcionada por la Procuración General de la Nación, por medio de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos, hoy se sustancian juicios en Capital, Paraná, Mar del Plata, Rosario, Bahía Blanca y San Juan. De aquí a octubre próximo está previsto que se inicien otros en Tucumán y Mendoza, que tienen como procesado al general Luciano B. Menéndez. Este ostenta el dudoso récord de seis condenas a perpetua en otros tantos juicios de Córdoba y Tucumán.

Los apoyos de la dictadura.
En aquellos procesos, hubo unos cuantos condenados, además del mencionado militar que supo liderar las violaciones a los derechos humanos en el Tercer Cuerpo de Ejército, con jurisdicción en diez provincias.
El total de condenados según la página de la Procuración alcanza a 187, pero la estadística del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), actualizada a julio de este año, lo eleva a 231. Es una cifra importante y se engrosará cuando concluyan las audiencias de los ocho juicios que restan hasta fin de año. No hay otro país que pueda ofrecer una currícula similar.
El diario vocero de la Sociedad Rural y la Bolsa de Comercio, defensor de la dictadura militar-cívica, en su editorial del domingo 21 de agosto ha criticado esta política de derechos humanos. Afirmó: "de esta forma, se ha llevado a prisión a más de 1000 miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, mientras esta misma justicia no ha alcanzado a los terroristas que estas fuerzas combatieron".

Dejando de lado su continua campaña a favor de considerar lo sucedido como obra de "dos demonios" a los que habría que tratar como tales -o sea a Rodolfo Walsh igual que al almirante Emilio Massera-, cabe acotar que la cifra mencionada es inexacta. En este como en tantos temas, "Gaceta Ganadera" multiplica o divide, suma o resta, según le convenga.
La información de la Procuración y el CELS coinciden en que los procesados con prisión preventiva son 427 y los que no tienen prisión preventiva, son 344. Si se suman los efectivamente detenidos, 427, más los 231 condenados tras los juicios, la cifra de presos es de 658. Ojalá fueran 1.000, por ahora son 658.
Que sobre 771 procesados, haya 344 en libertad, o sea sin prisión preventiva, ilustra que varios tribunales son demasiado flexibles con quienes han atentado contra la vida y la dignidad humana. No son procesados por robar una gallina...
La mayoría de la sociedad está de acuerdo con la idea de Memoria, Verdad y Justicia, más concretamente con seguir adelante con los juicios contra el terrorismo de Estado. ¿Pruebas? Una es la cantidad mayor de gente que acude a cada marcha del 24 de marzo a repudiar el golpe y el genocidio, a defender la democracia.

Otra prueba es que el Congreso de la Nación aprobó por unanimidad una resolución declarando que los mencionados juicios son una política de Estado. Obviamente que los legisladores de Mauricio Macri, Eduardo Duhalde y otras bancadas minoritarias estarán buscando la forma de que eso se pueda derogar, como la ley de medios y otras buenas medidas del gobierno de CFK.
En cambio el pasquín rural insiste en que hay que cortarla con los juicios y la condena histórica al bando genocida. En su mencionado editorial, buscando salvar al único demonio, reclamó: "la reconciliación y la pacificación interior son una condición esencial, para lo cual es menester que en el poder político se abra un período de serena reflexión". La videlista Cecilia Pando no lo hubiera expresado mejor. Quizás el cardenal Bergoglio sí.

Límites de la lentitud.

Los apologistas del terrorismo de Estado, ahora con la piel de cordero de la "reconciliación", difunden la idea de que los juicios están todos amañados para que se condene a inocentes. En los tribunales de Avenida Comodoro Py correría sangre a raudales.
No es así. Hubo 15 absueltos, se beneficiaron con falta de mérito otros 105, fueron sobreseídos 46 y otros 18 represores zafaron de los juicios por la declaración de "incapacidad", entre ellos Massera. Esto indica que a los procesados no les cayó un huracán revanchista que los privara del derecho a la defensa. Hubo debates, debida valoración de la prueba, testigos, argumentación jurídica, etc, y las condenas o sobreseimientos que correspondieron.
Las audiencias no se hicieron en un santiamén. Por caso, el juicio por los delitos cometidos en El Vesubio duró desde febrero de 2010 hasta julio de 2011, un año y medio. Esto sin contar el tiempo que le insumió al juez Daniel Rafecas la instrucción de la causa.
En realidad, mal que le pese a la "tribuna de doctrina" del Proceso, la crítica que podría hacerse a estos juicios es que llegan demasiado tarde; en el caso del Vesubio entre 33 y 34 años de demora pues algunos delitos datan de 1977 y otros del año siguiente.

La morosidad tuvo muchísimo que ver con el largo período en que las investigaciones judiciales se paralizaron con las leyes del perdón y los indultos. También con las chicanas de los defensores de los represores, que subieron y bajaron toda la escalera judicial más de una vez. Por supuesto que para esa obstrucción contaron con la participación activa de magistrados como Alfredo Bisordi, presidente hasta 2007 de la Cámara de Casación Penal; de fiscales como Juan M. Romero Victorica, que recientemente se acogió a un oportunísimo retiro bien remunerado luego de la denuncia de la nieta recuperada Victoria Montenegro; y de jueces y camaristas como los mendocinos Luis Miret y Otilio Romano, suspendidos por el Consejo de la Magistratura. En esas trabas puestas a la justicia también debe mensurarse lo actuado por los medios de (desin) información, que en los últimos tiempos trataron de desnaturalizar el reclamo de Abuelas por el caso Noble y silenciar la apropiación de Papel Prensa usufructuando el secuestro y la tortura.
 
Pero que la justicia es lenta, es lenta. Un dato lo corrobora sin lugar a dudas. Como ya se dijo, los represores condenados son hasta hoy 231, pero resulta que por otro lado hubo 276 procesados que murieron de viejos y otros 4 antes de condena, a los que deben sumarse 39 prófugos. Quiere decir que hay 319 ya acusados de terrorismo de Estado que por una u otra vía zafaron de su cita con la justicia y las respectivas condenas. 

Murieron los represores y murieron muchos de los familiares y sobrevivientes del genocidio que pedían justicia. Así no va.

viernes, 26 de agosto de 2011

Chile, un estudiante de 14 años asesinado y otro de 18 está herido grave por impactos de bala

Decenas de miles de personas tomaron las calles para marchar por Santiago y otras tantas regiones en la segunda jornada del paro nacional. La huelga convocada para dos días por  la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y apoyada por unas 80 organizaciones gremiales, sociales, estudiantiles y políticas, tuvo un final negro en el que los protagonistas fueron los disturbios y la muerte de un adolescente de 14 años.

Bajo una heterodoxa plataforma de reivindicaciones y protestas por las desigualdades sociales, las manifestaciones partieron desde cuatro puntos distintos del centro de la capital chilena, autorizados por la Intendencia (Gobernación), y confluyendo en un punto de la Alameda Bernardo O'Higgins, la principal arteria de la ciudad.

Los estudiantes secundarios y universitarios, movilizados desde hace tres meses para exigir mejoras en la educación pública, fueron los principales protagonistas de la multitudinaria manifestación, que aunque en un principio se desarrolló sin incidentes y en un ambiente festivo, terminó con 27 heridos — 26 agentes de Carabineros y un civil — y 210 detenidos —140 en Santiago y 70 en el resto del país —,  según el balance divulgado hoy por el Gobierno de Chile.

Pero el suceso más trágico, según informa "El Mercurio" de Santiago, vino con la muerte de Manuel Gutiérrez, de 14 años, quien recibió un impacto de bala en el pecho en Macul. Según testigos, uno de ellos un hermano de la víctima, se escucharon tres disparos mientras una patrulla de Carabineros se encontraba en el sector.

Otro joven, Mario Parraguez Pinto, de 18 años, está herido de gravedad tras ser alcanzado por un disparo en un ojo en la sección de La Pincoya.

Ante estos daros, el subsecretario de Interior, Rodrigo Ubillas, ha reconocido que se han producido algunos disturbios, como quemas de iglesias y saqueos de bancos y tiendas. "Se ha vuelto costumbre que encapuchados se aprovechen", ha lamentado, pero es esta ocasión, han sido los propios manifestantes los que han impedido que los encapuchados se enfrentaran a los carabineros como pasó en la primera jornada de huelga.

A los estudiantes, se sumaron trabajadores de distintos gremios, que reclaman una mejora del código laboral y reformas sociales.
Los manifestantes tiñeron de color las calles de Santiago con pancartas por la educación pública

Valparaíso, Concepción, La Serena, Talca y Copiapó también acogieron las manifestaciones y movilizaciones convocadas en todo el país. En Santiago, los manifestantes tiñeron de color las calles con pancartas de mensajes contra el Gobierno y a favor de la educación pública, mientras que pequeñas bandas musicales amenizaban con batucadas el ambiente de la manifestación, custodiada en todo momento por un fuerte dispositivo policial.

"Las calles de Santiago están llenas. Tenemos un pueblo que está diciendo algo, que hay que escuchar", dijo el líder de la CUT, Arturo Martínez, que ha afirmado que participaron en las manifestaciones 600.000 personas. Por su parte, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), Camila Vallejo, cifró en 300.000 las personas que han discurrido por la capital, aunque el Gobierno estima que fueron 175.000  dentro de las 51 manifestaciones autorizadas para el miércoles y el jueves en todo el país. Cifra a la que habría que sumar los asistentes a las marchas no autorizadas.
"Paro sin éxito"

El secretario general del Gobierno, Andrés Chadwick, ha considerado que la huelga general "no ha tenido éxito", ya que a pesar de las manifestaciones los chilenos han continuado yendo a sus puestos de trabajo.

"Cuando se convoca a un paro, lo que se pretende es que las personas no concurran a sus trabajos, que exista absentismo laboral, y durante estos dos días, esto no ha sucedido. Por lo tanto, el paro no cumplió su objetivo", ha dicho el portavoz, en declaraciones recogidas por la edición digital del diario 'El Mercurio'.

La ministra de Trabajo, Evelyn Matthei, ha cuantificado en un 9,1% la adhesión de los empleados públicos a la segunda jornada del paro. Además, la ministra ha manifestado su "alegría" por el hecho de que los trabajadores de los sectores del transporte y la salud "estén cumpliendo con su responsabilidad de forma impecable". Sin embargo, ha calificado de "sumamente lamentables" los disturbios que se registraron esta madrugada en Santiago y otras ciudades.
Heridos y detenidos

La primera jornada del paro nacional se saldó con seis carabineros heridos de bala y 108 personas detenidas, según fuentes oficiales. Sólo en Santiago, las reivindicaciones sociales que se unieron a las de los estudiantes acabaron con 71 personas detenidas, tal y como ha precisado el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla.

De esos 71 detenidos, "17 fueron sorprendidos saqueando locales comerciales y otros diez cometiendo robos", ha informado un funcionario a los periodistas, añadiendo que 285 autobuses de transporte público resultaron dañados por grupos de encapuchados que durante toda la jornada mantuvieron escaramuzas con los carabineros.

Una de las sedes de las organizaciones convocantes fue atacada en Santiago

A los detenidos esta madrugada se suman los 348 arrestados durante las primeras horas del paro convocado por la CUT, el principal grupo sindical del país. Según los Carabineros, 42 de sus agentes resultaron heridos en los incidentes, incluyendo los seis alcanzados por disparos, mientras que Ubilla aseguró carecer de información acerca de civiles lesionados.

Algunos de los incidentes más graves ocurrieron en la población de La Pincoya, en el área norte de Santiago, donde dos oficiales de carabineros fueron alcanzados por disparos durante un ataque contra la comisaría del sector. En San Bernardo, al sur de la ciudad, al menos tres supermercados fueron saqueados, mientras en el centro de Santiago una gasolinera fue atacada por una turba de 200 personas y desconocidos incendiaron con cócteles Molotov una caseta de seguridad municipal.

También la sede del Colegio de Profesores, una de las organizaciones convocantes del paro, fue atacada por entre 20 y 30 personas que apedrearon el lugar e intentaron quemar el inmueble, situado en el centro de Santiago. En este sentido, Claudina Núñez, alcaldesa comunista del municipio de Pedro Aguirre Cerda, en el sector suroeste de Santiago, denunció que carabineros de civil trataron de allanar su domicilio, situado en la misma sede municipal, durante la madrugada.

Esta mañana la policía aún intentaba dispersar a los grupos que levantaron barricadas en diversos puntos de la capital chilena, varios de ellos en el sector céntrico de la ciudad.

miércoles, 24 de agosto de 2011

Extraditarán a un ex gendarme acusado por delitos de lesa humanidad

Lo informó el Juzgado Federal de La Rioja, y se trata de Eduardo Abelardo Britos, quien será trasladado desde Paraguay al país en las próximas semanas. En tanto, otro imputado se encuentra prófugo

"El día 23 de agosto de 2011 se conoció que el Juez Penal de Garantías N° 10, Abog. Rubén Gustavo Ayala Brun, en cumplimiento de lo resuelto por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República del Paraguay, resolvió efectivizar el traslado del ex Gendarme Eduardo Abelardo Britos, requerido por el Juzgado Federal de la provincia de La Rioja.

Vale recordar que en el mes de mayo de 2009 se había librado la captura internacional de Eduardo Abelardo Britos por la supuesta comisión de delitos de lesa humanidad.

Britos se desempeñaba en el Escuadrón 24 de la Gendarmería, habiendo tenido a su cargo el centro de detenidos políticos en la ciudad de La Rioja durante el último proceso militar. La detención de Britos se había concretado en la localidad de San Lorenzo, próxima a la ciudad de Asunción del Paraguay, lugar donde residía; encontrándose detenido desde el 26 de agosto de 2009.

Durante la tramitación de la extradición internacional de Britos, que transitó por distintas instancias judicial del vecino país, hasta el pronunciamiento del máximo tribunal paraguayo, freconoce como su más inmediato precedente la extradición desde el vecino país del ex militar Norberto Atilio Bianco, quien está acusado por crímenes durante la última dictadura militar y fue extraditado a Buenos Aires por decisión de la Justicia de Paraguay.

El traslado del detenido Britos a la ciudad de La Rioja, se concretará en las próximas semanas, luego de cumplidas diligencias administrativas, lugar donde se resolverá en definitiva la situación procesal del mismo en la causa N° 5684/07, caratulados: “ANGEL, ANDRES ABELARDO Y OTROS DENUNCIA PRIVACIONES ILEGITIMAS DE LA LIBERTAD”.

De esta forma, con la extradición de Eduardo Abelardo Britos, se suma otro detenido por delitos de lesa humanidad, entre los que se encuentran Luciano Benjamín Menéndez, Juan Carlos Romero (alias "Bruja"), Heriberto Miguel Goenaga, Hugo Norberto Maggi, Eulogio Vilte, Pedro Jesús Ledesma, Nicolás Antonio Granillo, Enrique Félix  “Quito” Moreno.

PROFUGO CON PEDIDO DE CAPTURA INTERNACIONAL

En tanto en la causa N° 1828/2000, caratulados: “MENENDEZ, LUCIANO BENJAMÍN Y OTROS P.SS.AA. HOMICIDIO, PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LA LIBERTAD, TORMENTOS, VIOLACIÓN DE DOMICILIO”, el Juez Federal de La Rioja, Dr. Daniel Herrera Piedrabuena, dispuso, que por intermedio de la Unidad Especial de Búsqueda de Personas, dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, se recabe información tendiente a la detención del imputado MIGUEL ANGEL CHIARELLO, quien se encuentra imputado por la supuesta autoría de los delitos de lesa humanidad, como asociación ilícita (conforme art. 210, ley 20.642); privación ilegítima de la libertad (art. 144 bis, 142, inc. 1 del C.P.) y tormentos (art. 144 ter. del C.P. -según ley 14.616-) dieciséis hechos, concursados entre si (art. 55 del C.P.), como autor directo.

Cabe mencionar que Miguel Angel Chiarello, cumplía funciones en el Escuadrón 24 “CHILECITO” de Gendarmería Nacional, habiendo cumplido funciones en el centro de detenidos políticos (ex “Instituto de Rehabilitación Social”) en la ciudad de La Rioja durante el último proceso militar, y se encuentra prófugo de la justicia desde principios del año 2010, habiéndose dispuesto su detención nacional como internacional.-

En dicha causa, la justicia federal riojana, dispuso el procesamiento con prisión preventiva del ex militar Luciano Benjamín Menéndez, junto a otros ex militares y ex policías, por cuarenta y cinco hechos de privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos y allanamiento ilegal, cometidos durante el gobierno de facto de la última dictadura, encontrándose dicha causa en tramite de apelación ante la Cámara Federal de Córdoba; habiéndose ampliado la imputación por los delitos de lesa humanidad investigados en contra de Jorge Rafael Videla y Eduardo Albano Harguindeguy.

Cualquier información útil que permita la detención del prófugo MIGUEL ANGEL CHIARELLO (a) “Pantera Rosa”, comunicarse con la Unidad Especial para la búsqueda de personas ordenada por la Justicia, (011) 5300- 4020  o a la Secretaría Penal del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Provincia de La Rioja al teléfono N° 03822 - 464918."


En este marco, adjudicaron a Zaccaría, "haber prestado colaboración y participación directa en los hechos", ya que ordenó anotar a los bebés como NN y no como hijos de la detenida Raquel Negro.

Por otra parte, a todos los imputados –que se eoncontraban en su totialidad en la sala– se los acusó de autoría mediata de los delitos indicados.

Pasadas las 12.30 se dio lectura ala reuisitoria de las querellas. Los representantes del querellante Sebastián Álvarez hicieron una descripción del funcionamiento del Servicio de Inteligencia del Ejército, puntualmente del Destacamento de Inteligencia 121 que integraban los imputados. La descripción fue coincidente, en términos generales, con la realizada por la Fiscalía.

Se señaló que los represores fueron “coautores mediatos de los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de menores de 10 años, y suspresión y alteración del estado civil de menores de 10 años. Y destacaron que, “en el caso del mellizo, el delito continúa desarrollándose de modo permanente”. Finalmente trazaron la intervención de cada uno de los imputados en los delitos que se investigan.

En medio de la audiencia el imputado Jorge Alberto Fariña se retiró de la sala por una indisposición. Por su parte, el médico Zaccaría, quien había argumentado problemas de salud para no comparecer ante el Tribunal, se mostró en óptimas condiciones, y ubicado en espacio y tiempo.

Poco antes de las 14 se pasó a un nuevo cuarto intermedio. Fuera del Tribunal Federal ubicado en calle 25 de Mayo de la capital entrerriana, se encuentran reunidos militantes de Derechos Humanos DD.HH, familiares de desaparecidos y artistas.

El caso

Los represores están acusados de robar los hijos de los detenidos-desaparecidos Raquel Negro y Tulio Valenzuela. Uno de ellos, Sabrina Gullino, restituyó su identidad en diciembre de 2008, mientras que su hermano mellizo sigue siendo buscado.

Sabrina nació en marzo de 1978 en el hospital Militar de Paraná, donde se encontraba internada su madre –traída desde el centro clandestino de detención La Intermedia, de las afueras de Rosario– a la espera del parto. Luego del alumbramiento, ella y su hermano mellizo varón pasaron a la sala de Terapia Intensiva y luego fueron derivados al Instituto Privado de Pediatría (IPP). Desde allí fueron retirados ambos el mismo día, según consta en los registros de la clínica. A ella los represores la dejaron en la puerta del Hogar del Huérfano de Rosario y días después fue adoptada legalmente, mientras que el otro bebé –con presuntos problemas respiratorios– continúa desaparecido desde entonces.

Una gran cantidad de público se acercó al recinto de calle 25 de Mayo. Se hicieron presentes organizaciones de derechos humanos, la propia Sabrina Gullino y su hermano Sebastián, y autoridades provinciales, entre ellos el ministro de Gobierno Adán Bahl, la secretaria de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Lucila Haudar; la senadora nacional Blanca Osuna y el director de Industrias y Pymes, Aldo Bachetti.

A 103 años de explotación, contaminación e impunidad. Ing. Ledesma mata

Ingeniero Ledesma Mata.

 
A 103 años de explotación, contaminación e impunidad.
Los cómplices de la dictadura, sean civiles o militares, también son genocidas.

EXIGIMOS:

Juicio y castigo y cárcel común a los culpables militares y civiles del terrorismo de Estado.
Basta de contaminar.
Basta de represión a los luchadores sociales.

APARICIÓN CON VIDA DE JORGE JULIO LOPEZ Y DE LUCIANO ARRUGA, DESAPARECIDOS EN DEMOCRACIA Y EL ESCLARECIMIENTO DEL ASESINATO DE SILVIA SUPPO.

Juicio y castido a los responsables materiales y políticos de los asesinatos de MAXIMILIANO KOSTEKI, DARIO SANTILLAN, CARLOS FUENTEALBA Y MARIANO FERREIRA.
Repudio al desalojo violent de las tierras en Libertador.
Que las 6 muertes en Linertador no queden impunes.
JUSTICIA  TIERRA Y TRABAJO PARA TODOS.

NO PERDONAMOS, NO OLVIDAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS.
30 MIL COMPAÑEROS DETENIDOS-DESAPARECIOS PRESENTES.

Ing LEDESMA MATA.
 
Mandar adhesiones a CAPOMA: grupoaccionddhh@yahoo.com.ar

martes, 23 de agosto de 2011

En 2011... impulso para acelerar los juicios a represores

La comision interpoderes exhortará a la justicia a priorizar las causas por derechos humanos
A partir del reconocimiento del incremento de los procesos por delitos de lesa humanidad, funcionarios, legisladores, jueces y fiscales reclamarán por las demoras en algunas provincias, como Jujuy, y por la reiteración de citaciones a testigos.
Por Irina Hauser

La Comisión Interpoderes, creada para evaluar y agilizar la marcha de los juicios por crímenes de la última dictadura –integrada por fiscales, jueces, secretarios, diputados, senadores y funcionarios del Ministerio de Justicia–, resolvió exhortar a los magistrados y tribunales de todo el país a dar la máxima celeridad al trámite de esos expedientes y los procesos orales correspondientes. La decisión del grupo de trabajo responde a que si bien ha habido avances generales importantes en el juzgamiento de los represores, persisten problemas operativos. En ciertas provincias aún no se ha llegado a hacer ni un juicio oral, como en Jujuy, y priman criterios que fragmentan las investigaciones, lo que no sólo genera demoras, sino problemas como la exposición de los testigos a tener que declarar varias veces sobre lo mismo, y ante los acusados. A eso se suman problemas burocráticos que llevan a que una vez que se llega a los juicios orales, las audiencias se prolonguen por más de un año, como el de los crímenes cometidos en la ESMA.

El texto que aprobó la comisión en su reunión del miércoles último por unanimidad se difundirá en los próximos días. Será su primera manifestación de este tenor desde que comenzó a funcionar en 2008, cuando una acordada de la Corte Suprema planteó la “preocupación por la demora” en las causas pendientes sobre violaciones a los derechos humanos durante le terrorismo de Estado, y convocó a todos los poderes a “extremar los recaudos” para resolverlas. El borrador, sujeto a retoques menores, al que tuvo acceso Página/12, advierte que es “imprescindible que los magistrados a cargo de los juicios de lesa humanidad encuentren aquellas soluciones que permitan agilizar las investigaciones en curso y el inicio de los juicios orales y públicos que aún no tienen fecha de debate, procurando incluir en ellos la mayor cantidad de casos posibles a los efectos de evitar su atomización, el desgaste de las partes, de los testigos y el inútil dispendio jurisdiccional en los órganos que tienen a su cargo la administración de Justicia”.

La comisión está integrada por el secretario general de la Corte, Alfredo Kraut; los fiscales Pablo Parenti y Jorge Auat, de la Unidad de la Procuración General que monitorea las causas por violación a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado; el camarista Mario Fera, presidente del Consejo de la Magistratura, y el secretario de derechos humanos de ese organismo, Pablo Vassel; la presidenta de la Cámara de Casación Penal, Angela Ledesma, y el secretario de ese tribunal, Javier Carbajo; el juez federal Daniel Rafecas; la senadora Blanca Osuna; el diputado Luis Cigogna; el secretario de Justicia, Julián Alvarez; y el subsecretario de Política Criminal, Juan Martín Mena.

El grupo se reúne por lo general cada tres semanas y además de plantear políticas generales intenta resolver problemas puntuales, desde conseguir salas de audiencia hasta lograr la integración de tribunales donde los jueces han sido recusados o se han excusado de intervenir, algo frecuente en el interior del país. A la última reunión, donde se votó el texto que pronto se pondría en circulación –posiblemente desde la Corte– estuvieron invitados representantes de H.I.J.O.S.

La exhortación dirigida a los jueces para que impulsen “con la mayor celeridad posible el trámite de los juicios” por crímenes de lesa humanidad plantea la existencia de algunas dificultades prácticas u operativas que dificultan el desarrollo de los juicios en un plazo razonable, lo que desvirtúa –sugiere– los objetivos que la propia Corte planteó como una política de Estado y frente a los cuales el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, más de una vez ha dicho que “no hay marcha atrás” sino todo lo contrario. En esa línea, la comisión advertirá sobre “la excesiva prolongación y retraso que se ha relevado en cuanto a las horas de debate en algunas causas” y pediría a los jueces de los tribunales orales que comparten salas de audiencia que “coordinen de mejor modo la ocupación de dichas salas” para “optimizar su empleo” y “avanzar más rápidamente con las agendas de los debates programados”.

Puertas adentro de las reuniones de la Comisión Interpoderes el juicio por los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), a cargo del Tribunal Oral Federal N° 5 (TOF5), ha sido blanco de múltiples reproches. De por sí, la investigación llegó a la etapa de juicio oral fragmentada en más de cuatro tramos. Desde el 10 de diciembre de 2009 se está juzgando el primero de ellos, referido a 85 hechos y en el que hay 18 imputados en el banquillo, entre ellos los represores de la Marina Alfredo Astiz y Jorge “Tigre” Acosta. En los pasillos de tribunales es frecuente escuchar a las partes quejarse porque los jueces llegan una o dos horas después del horario que ponen como inicio y hacen cuartos intermedios de tres horas. Además, suelen citar a todos los testigos a la misma hora, con lo cual es frecuente que algunos de ellos pasen el día entero esperando en el edificio de Comodoro Py 2002. Se estima que recién a mediados de octubre se conocerá la sentencia. Y luego vendrá el próximo juicio sobre la ESMA, donde se juzgarán 150 casos y también habrá unos 18 imputados.

Más allá de ese caso “problemático” paradigmático porteño, una situación que con frecuencia preocupa en la comisión, porque suele obstaculizar los juicios en algunas provincias –y esto se ha visto en especial en las del Noroeste–, es la división de las causas a tal punto que en algunas se investiga un único caso y un único imputado. Teniendo en cuenta que los imputados suelen ser decenas y los hechos cientos, se vislumbra como casi imposible la tarea de terminar juzgamiento alguno con esa técnica.

Una de las situaciones denunciadas por Auat y Parenti en abril de este año es la de los juicios en Jujuy. La “cronicidad” de los trámites judiciales en esa provincia, advirtieron los fiscales, “resulta absolutamente inadmisible”. “La existencia de una única causa elevada a juicio oral, cuyo objeto es la participación de un solo imputado (Luciano Benjamín Menéndez) respecto de una sola víctima, y la escasa cantidad de procesados (diez), cuando existen desde hace años requerimientos fiscales con relación a la participación de, al menos, 70 imputados (sin incluir los aproximadamente 20 que ya han fallecido) en los casos de 158 víctimas, revela claramente la irritante inacción del juzgado a cargo”, en este caso es del juez Carlos Olivera Pastor. Advirtieron sobre una “deliberada obstrucción al avance de los procesos” basada en la “continua desmembración” de “las causas”, “pese a los reiterados planteos de acumulación efectuados desde la fiscalía” con el fin de “implementar estrategias de investigación razonables y funcionales al principio básico de celeridad procesal”.

La situación de los testigos y víctimas, que a veces se ven obligados a relatar y revivir el horror más de una vez y frente a los represores, es un tema de inquietud permanente en la comisión. Al igual que el modo en que son tratados por los tribunales y la protección que reciben. También preocupan que el paso del tiempo haga que los imputados vayan falleciendo o recuperando la libertad porque algún tribunal, como la Cámara de Casación, considera que pasó demasiado tiempo sin que llegara a juicio oral. Y eso que la Casación todavía sigue funcionando como embudo en ciertos casos: desde febrero de 2009, por ejemplo, tienen la causa del Regimiento 9 de Corrientes. Se señalan demoras en La Rioja y Catamarca, donde no hubo juicios –explican–, en algunos casos en Salta, en Córdoba y en Santiago del Estero.

domingo, 7 de agosto de 2011

Repudio a la represión estudiantil en Chile

Buenos Aires, Argentina


5 de agosto de 2011
 
COMUNICADO DE PRENSA

Manifestamos nuestro más enérgico repudio a la represión sufrida en el día de ayer por miles de estudiantes chilenos, organizados y en lucha por un derecho básico como lo es la educación pública, libre y gratuita, derecho que ha sido sistemáticamente negado al pueblo chileno desde hace décadas, primero por la dictadura genocida de Pinochet, y luego por los sucesivos gobiernos mal llamados "democráticos". El actual gobierno derechista de Sebastián Piñera quiere callar con gases y palos el potente reclamo de estatización y gratuidad del sistema educativo que vienen sosteniendo cada vez más amplios sectores del pueblo chileno.

¡Todo nuestro apoyo a la lucha de los estudiantes!
¡Por una educación verdaderamente democrática y para el pueblo!
¡Basta de reprimir a los que luchan!
Adelante, con todas las fuerzas de la historia...

Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos
Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA)
Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad
Instituto de Relaciones Ecuménicas (IRE)
Comité de Acción Jurídica (CAJ)
Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial (EATIP)
Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU)
Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (CADeP)
Asociación de Profesionales en Lucha (APEL)

miércoles, 3 de agosto de 2011

La Justicia uruguaya parece que recupera la memoria

Por primera vez un fallo tipifica como desaparición forzada a crímenes de la dictadura.
Carlos Calcagno fue procesado como coautor de dos delitos de desaparición forzada en reiteración real.

 Por Adrián Pérez

En un fallo sin precedentes, la Justicia de Uruguay utilizó la figura de desaparición forzada para tipificar los delitos cometidos por un ex militar durante la dictadura. El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Primer Turno ratificó la semana pasada la pena de prisión dictada por la jueza Mariana Mota Cutinella contra Carlos Calcagno, procesado como coautor de dos delitos de desaparición forzada en reiteración real. El ex coronel está acusado por el secuestro y la desaparición de dos integrantes del Partido por la Victoria del Pueblo detenidos en Paraguay en el marco del Plan Cóndor. Se trata de los uruguayos Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana, militantes del PVP que el 28 de marzo de 1977 fueron secuestrados en Asunción.

Desde 1975, Santana e Inzaurralde desarrollaron una intensa actividad opositora en Uruguay como miembros fundacionales del PVP. Con la llegada del golpe de Estado, en 1976, y según declaró Inzaurralde ante las fuerzas paraguayas, se produjo la desintegración de ese grupo en Argentina. Fue entonces cuando ambos militantes decidieron abandonar el país con la intención de llegar hasta Brasil, donde esperaban conseguir visas en una oficina de la ONU para viajar a Europa como exiliados políticos. Ese objetivo los llevó a ingresar clandestinamente en Paraguay, en marzo de 1977, donde fueron detenidos por la policía paraguaya en una pensión de Asunción.

Los dos militantes fueron interrogados y torturados en el Departamento de Investigaciones paraguayo. Calcagno, que comandaba la Compañía de Contrainformación uruguaya desde 1976, viajó expresamente a Asunción en misión de inteligencia. Un documento rescatado de los Archivos del Terror confeccionado por autoridades paraguayas lo ubican como miembro de un grupo de tareas encargado de los interrogatorios a los integrantes del PVP. El 16 de mayo de ese año, los dos uruguayos fueron trasladados en un avión militar argentino rumbo a Buenos Aires.

Un parte del comisario paraguayo Alberto B. Cantero elevado a Pastor M. Coronel, jefe del III Departamento de Investigaciones, detallaba las funciones de un “equipo de trabajo” que interrogó a Inzaurralde y Santana entre el 5 y el 7 de abril de 1977. Según ese documento, el “equipo” lo integraban el coronel Benito Guanes, el teniente coronel Galo Escobar, el teniente primero Angel Spada y el sargento Juan Carlos Camicha, de Paraguay; los agentes José Montenegro y Alejandro Strada del SIDE argentino; y el mayor Carlos Calcagno, de Uruguay.

“Interrogados minuciosamente cada uno de los detenidos, no aportaron mayormente datos nuevos a los ya conocidos y que en su oportunidad esa jefatura ya elevara a la superioridad”, concluyó el informe, que calificó como “anodino” el resultado de la indagatoria. Ese documento, además, adjuntaba antecedentes históricos sobre los movimientos de la Federación Anarquista del Uruguay (FAU), la Resistencia Obrera Estudiantil (ROE) y la Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales (OPR 33), sobre Inzaurralde y Santana. También acerca de las acciones del PVP antes de mayo de 1976 y después de esa fecha. El fallo menciona que la prueba documental elaborada por las autoridades paraguayas, que involucra a Calcagno, fue rescatada de archivos llevados por la dictadura de Alfredo Stroesner.

“Esta es una medida esperanzadora porque da la impresión de que nuestra jurisprudencia comienza a abrirse a la legislación internacional”, le dijo a Página/12 Mirtha Guianze, fiscal nacional en lo Penal de Segundo Turno. También sostuvo que el criterio de desaparición forzada citado por el TAP uruguayo remite a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre un caso de lesa humanidad en Uruguay. En este sentido, Diego García–Sayán, presidente de la CIDH, afirmó en una entrevista publicada el 8 de julio en el diario Brecha: “La aplicación de la figura de la desaparición forzada bajo ninguna circunstancia se interpreta como una aplicación retroactiva de la ley penal, sino como aplicación inmediata en base a un delito que todavía se prolonga. Por ello, de aplicarse la figura de desaparición forzada, la discusión de si se trata o no de crímenes de lesa humanidad –y por tanto imprescriptibles– pasa a un segundo plano, porque el delito debe sancionarse al estar cometiéndose ahora mismo”.

Esta es la primera vez que un tribunal de segunda instancia reconoce la figura de desaparición forzada para crímenes cometidos durante la dictadura militar en Uruguay. “De aquí en adelante tenemos que dar batalla para que las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura no prescriban –alertó Guianze–, porque en caso de que no sean considerados como delitos de lesa humanidad pueden prescribir en noviembre.”

martes, 2 de agosto de 2011

Masiva marcha para repudiar la represión en Jujuy


Organizaciones sociales convocadas por el Encuentro por Memoria, Verdad y Justicia marcharon esta hacia Plaza de Mayo, en rechazo a los incidentes en Jujuy que terminaron con cuatro muertos.
Raúl Baelo

Cientos de personas se manifestaron este martes en repudio a los desalojos violentos acontecidos el pasado jueves en Jujuy. La movilización fue convocada por el Ecuentro por Memoria, Verdad y Justicia, que anoche denunció a las autoridades políticas por el ya mencionado incidente, en el que murieron asesinados Félix Reyes, Ariel Farfán y Juan Velásquez, que pertenecían a la Corriente Clasista y Combativa (CCC), además de un policía.

A la marcha asistieron representantes de la CCC y del Frente de Izquierda entre otras organizaciones y fuerzas políticas, allí reclamaron que "la brutal represión a las familias que ocupaban un predio de 40 hectáreas en el Ingenio Ledesma en la Provincia de Jujuy, llevada adelante por la policía de la Provincia y dos guardias privados de la familia Blacquier, provocó el asesinato de tres compañeros de la CCC, más de 60 heridos y 22 compañeros detenidos. Hacemos responsables de estos hechos al gobierno de la Provincia de Jujuy junto con la familia Blacquier, y al bobierno nacional que los protge y que es responsable político por el asesinato de 13 luchadores populares en el último año".
Además de ésto, exigieron al gobierno la erradicación inmediata de todo tipo de represión o agresión popular, libertad inmediata para todos los detenidos y castigo para los responsables políticos y materiales de los mencionados asesinatos. Además pidieron "tierra, vivienda, trabajo y salarios dignos", refiriéndose a la globalidad de los trabajadores y la expropiación inmediata de sus tierras a los Blaquier, otorgándoselas a las familias que las ocupan.

Además, se rindió un emotivo homenaje a los muertos de Libertador San Martín, encabezada por La Red de Organizaciones Sociales, respaldada por diferentes organismos de derechos humanos, gremios y partidos políticos. Antes de finalizar éste, se invitó a participar en una nueva marcha nacional el 10 de agosto en Buenos Aires, pues creen conveniente que estas desgarradoras acciónes no queden sin condena alguna.

Entretanto, miles de manifestantantes colapsaban las calles de Jujuy exigiendo "justicia", y recordando a las autoridades locales que no pararán hasta conseguirla.  

Suprema Corte de Justicia de Uruguay confirma condenas a represores

Montevideo 
 La Suprema Corte de Justicia de Uruguay desestimó dos recursos interpuestos por militares condenados por crímenes cometidos durante la dictadura militar.

La máxima instancia judicial resolvió rechazar "por unanimidad" el recurso de casación interpuesto por la defensa de los encausados, los militares retirados Jorge 'Pajarito' Silveira, Ernesto Ramas, Gilberto Vázquez Bisio, Luis Maurente y José Sande.

Los ex militares deberán cumplir la condena por su responsabilidad en la muerte de 28 personas en el marco del Plan Cóndor.

La defensa pretendía anular las sentencias, alegando, entre otras cosas, que las desapariciones de las 28 personas "por cuyos homicidios se los condenó, ya habían sido juzgadas por la justicia argentina" y la uruguaya, y que esas causas ya han prescripto "en aplicación de la Ley de Caducidad de Pretensión Punitiva del Estado".

La ley de Caducidad, aprobada en 1986, evitó juicios por violaciones de derechos humanos durante la dictadura.

    Palacio Piria, sede de la Suprema Corte de Justicia.