viernes, 30 de septiembre de 2011

No a la judicialización de la protesta

Compañeros y compañeras:

                                           Reproducimos la información que tenemos hasta el momento con respecto a la detención de Rubén Sobrero y otros dos compañeros de la lista Bordo del Ferrocarril Sarmiento.

    El juez de la causa, Juan Manuel Yalje, ha declarado que recién el lunes comenzarían las indagatorias. Mientras tanto el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, ha respaldado con sus declaraciones, una vez más, la persecución de los compañeros.
    Los trabajadores de ese ramal, iniciaron un paro por tiempo indeterminado y la empresa TBA incorporó personal jerárquico para sabotear la medida de fuerza de los compañeros.

Copiamos, más abajo,  la declaración que nos ha llegado de los compañeros del Ferrocarril Sarmiento:

EN HORAS DE ESTA MAÑANA FUE DETENIDO EL COMPAñERO RUBEN “POLLO” SOBRERO, DELEGADODEL FERROCARRIL SARMIENTO, JUNTO A OTROS DOS COMPANEROS DE LA LISTA BORDO.
LOS ACUSAN DE LA QUEMA DE VAGONES EN EL SARMIENTO EL 2 DE MAYO.
LOS TRABAJADORES DEL SARMIENTO PARARON EL SERVICIO EN REPUDIO A SU DETENCION.
DIFUNDAMOS Y ESTEMOS ATENTOS A BRINDAR SOLIDARIDAD CONCRETA CON EL POLLO ANTE CUALQUIER CONVOCATORIA DE LOS COMPANEROS FERROVIARIOS.

LIBERTAD YA A LOS COMPAÑEROS!!
NO A LA JUDICIALIZACION DE LA PROTESTA

miércoles, 28 de septiembre de 2011

Reprogramaron el inicio de un nuevo juicio oral contra Videla

El nuevo juicio oral y público al ex dictador Jorge Rafael Videla, que debía comenzar el 4 de octubre ante el Tribunal Federal de Tucumán, fue reprogramado para el año próximo a pedido de la fiscalía y las defensas.
 
Se trata del debate por el asesinato del militante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) Osvaldo De Benedetti, ocurrida en 1978, por la que también serán juzgados otros represores.

En la resolución, el juez de Cámara Gabriel Casas estableció que el proceso se inicie el jueves 15 de marzo a las 9.30 y que las audiencias se realicen los jueves y viernes de cada semana.

Además de Videla, en el banquillo de los acusados se sentarán Luciano Benjamín Menéndez, Jorge Eduardo Gorleri, Héctor Hugo Lorenzo Chilo, Alberto Carlos Lucena y Jorge González Navarro.

De acuerdo a las constancias del expediente, De Benedetti habría permanecido detenido en la Unidad Penitenciaria 1 de la ciudad de Córdoba a disposición del Juzgado Federal de Tucumán y del Poder Ejecutivo Nacional por decreto N° 1761/74, en carácter de "rehén"  junto a otros presos provenientes de diferentes cárceles del país.

El 3 de julio de 1978 "fue retirado de dicho establecimiento carcelario por orden del Área 311 y trasladado a la Unidad Penitenciaria de Tucumán donde ingresó en la misma fecha".

Según la investigación, luego, "en fecha y hora aún no determinada con exactitud, pero posiblemente el día 21 de julio de 1978, habría sido muerto por personal militar perteneciente al III Cuerpo del Ejército en un simulado intento de fuga".

lunes, 26 de septiembre de 2011

El juez Otilio Romano no será juzgado por huir a Chile

La Justicia argentina decidió hoy que el magistrado Otilio Romano no va a ser juzgado por fugarse a Chile y pedir allí asilo político tras ser citado a declarar por su procesamiento en 103 casos de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar (1976-1983).

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de Argentina así lo estableció al rechazar el pedido de dos integrantes del Consejo de la Magistratura, organismo encargado de la designación y remoción de jueces, para que la huida de Romano fuera tomada como un agravante, según precisaron fuentes judiciales a la agencia estatal Télam.

Romano, juez de la provincia de Mendoza (oeste), huyó a Chile, donde solicitó asilo y ya obtuvo una visa de residencia de ocho meses, el pasado 24 de agosto, un día antes de ser suspendido.

Tras conocerse su salida del país, el juez de Mendoza que lleva el proceso en su contra, Walter Bento, lo citó a declarar por su procesamiento como partícipe en casos de secuestros, torturas, desapariciones de personas y allanamientos ilegales cometidos cuando era fiscal de esa provincia vecina a Chile, pero Romano no se presentó.

Hace diez días Bento ordenó la captura internacional de Romano, pero supeditó su solicitud a que sea destituido como magistrado.

El Consejo de la Magistratura resolvió hace dos semanas dejar sin salario a Romano, un paso intermedio hacia el juicio de destitución, que el organismo planea iniciar antes de fin de año.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, aseguró el pasado jueves que en este delicado caso se "respetará el estado de derecho".

jueves, 22 de septiembre de 2011

Moyano será sometido a juicio oral

Un juzgado criminal ordenó hoy abrir un juicio oral contra Hugo Moyano, secretario general de la mayor central sindical de Argentina, acusado por "calumnias e injurias" por un testigo en una causa que investiga el accionar de un grupo de ultraderecha en la década de 1970.

El expediente fue iniciado por Carlos Petroni luego de que el Sindicato y la Federación de Camioneros, ambas entidades dirigidas por Moyano, difundieran comunicados acusándole de crímenes de lesa humanidad y calificándole de "mitómano", informaron fuentes judiciales.

La fecha de la primera audiencia se fijó para el próximo 11 de noviembre y se espera un trámite expedito, adelantaron las fuentes.

La apertura del juicio oral se ordenó luego de que la Corte Suprema rechazara un recurso presentado por el líder de la Confederación General del Trabajo (CGT) para dilatar el proceso y evitar el debate.

Petroni había denunciado que Moyano "mantenía y mantiene estrechas relaciones políticas, sindicales, personales y económicas con importantes jefes operativos de la (disuelta organización ultraderechista) Triple A", lo que originó la reacción del líder de la CGT.

La causa judicial contra la organización, en la que aparece como principal imputada María Estela Martínez de Perón, viuda del tres veces presidente Juan Perón, se abrió a raíz de una denuncia presentada en 1975, pero se frenó durante la dictadura (1976-1983) y los primeros años de la democracia por las denominadas leyes del perdón.

La misma fue reabierta en 2007, cuando el Gobierno de Néstor Kirchner derogó los indultos concedidos a represores y líderes guerrilleros implicados en crímenes de lesa humanidad.

Según organizaciones de derechos humanos, entre 1973 y 1975 la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) cometió alrededor de un millar de asesinatos amparados supuestamente por el Gobierno de la viuda de Perón.

Numerosos represores sin imputar y sin saber dónde están

Pero 26 son buscados y se ofrece recompensa por facilitar datos

Con la detención del represor Francisco Armando Di Paola, que integró el grupo de tareas de la ESMA bajo el seudónimo de Chino, son 26 los prófugos acusados por delitos de lesa humanidad por los cuales el gobierno nacional ofrece recompensas que van desde 100.000 hasta 300.000 pesos para quien aporte datos para detenerlos.

El 25 de julio el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos incluyó en el listado de buscados a Juan Pedro Asaro, Fernando Alberto Otero y Raúl Arturo Viglizzo, por quienes ofrece, en cada caso, 300.000 pesos.

El juez Rodolfo Pradas, a cargo del Juzgado Federal 3 de Mar del Plata, dispuso el procesamiento de los tres acusados a fines de 2010, sobre los cuales pesa el pedido de captura nacional y solicitó el ofrecimiento de una recompensa para dar con su paradero.

Por otra parte, uno de los más buscados, y por quien se ofrecen 100.000 pesos es el ex marino Jorge Raúl Vildoza, alias Gastón, quien actuó en la ESMA, en el marco de las causas "ESMA s/delito de acción pública" y "Acosta, Jorge Eduardo y otros s/privación ilegal de la libertad".

También es buscada su compañera, la rosarina de 75 años Ana María Grimaldos, por quien se ofrecen 100.000 pesos en la causa Vildoza, Jorge Raúl y otros s/ supresión del estado civil de un menor El primer pedido de captura fue en 1986, cuando se detectó que junto a Vildoza se habían apropiado y sustituido la identidad de uno de los niños nacidos en la ESMA.

Con la investigación iniciada viajaron con el pequeño a Suiza y les perdió el rastro, pero en 1998, navegando por la Web, el joven descubrió que sus padres eran buscados en la Argentina y envió una carta a la jueza María Servini de Cubría para pedirle la realización de un análisis de ADN para aclarar su situación.

Con la excusa de visitar a un hermano, el joven viajó a la Argentina y se realizó el examen que determinó con un 99,9% de certeza que en era hijo de Cecilia Viñas.

En tanto, siguen siendo buscados, y se ofrece una recompensa de 100.000 pesos, en cada caso, los represores César Heriberto Peralta, Antonio Tuttolomundo y a los hermanos Rodolfo Daniel y Carlos Gabriel Isach, todos ellos investigados en causas que tramita el juzgado federal 4 de Rosario, a cargo del juez Marcelo Bailaque.

Peralta, de 56 años y prófugo desde el 28 de agosto de 2006, es un ex oficial de la policía de Santa Fe que reportó en la División Informaciones durante la última dictadura y está acusado de al menos 23 casos de tormentos y apremios ilegales.

Tuttolomundo, de 53 años y prófugo desde el 5 de mayo del 2008, está acusado de delitos de privación ilegítima de la libertad, violencia, amenazas, torturas y homicidio en el caso de Conrado Galdame, ocurrido en diciembre de 1978, y que formó parte del llamado Juicio a las Juntas.

Los hermanos Isach, de 57 y 63 años, respectivamente, están acusados en el marco del juicio oral que el año pasado condenó a prisión perpetua a Oscar Guerrieri, Jorge Fariña, Daniel Amelong, y a los civiles Walter Pagano y Eduardo Costanzo por los crímenes ocurridos en los centros clandestinos de detención Quinta de Funes, La Calamita, La Intermedia, Escuela Magnasco y Ex Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu.

Por otra parte, se ofrece una recompensa de 200.000 pesos por datos que permitan detener a Eduardo Salvador Ullua, ex miembro de la agrupación de ultraderecha Concentración Nacional Universitaria que actuó en Mar del Plata y que después del golpe de Estado se integró al Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601 del Ejército.

En tanto, se ofrece una recompensa de 100.000 pesos, en cada caso, para dar con el paradero de Miguel Ángel Amigo, Ricardo Luis Von Kyaw y Teodoro Aníbal Gauto en la causa 16.419 Arias Duval, Alejandro Agustín; Di Pasquale, Jorge Héctor; Romero Pavón, Carlos María y otros s/ homicidio, privación ilegal de la libertad, tormentos y sustracción de menores.

También se ofrece una recompensa de 100.000 pesos para detener a Horacio Rafael Domato en la causa Carrillo, Fausto Augusto y otros s/ desaparición forzada de personas.

Otros 100.000 pesos se ofrecen para capturar a Faustino Sergio Escande Lobos, en la causa Santillán, Carlos Benjamín; Santillán, Benjamín; Lanzillotto, María Cristina; San Martín, Pedro José sus privaciones ilegales de la libertad, torturas y desaparición forzada de personas.

También se ofrecen 100.000 para ubicar a Ricardo Joaquín Molina en la causa "Investigación de Delitos de Lesa Humanidad (Armada Argentina)".

Cien mil pesos se ofrecen también para detener a José Darío Mazzaferri en la causa "Román César Manuel s/Denuncia" e "Incidente de Solicitud de José Darío Mazzaferri - Actuaciones Complementarias".

También se ofrece la msima cantidad para ubicar a Pedro Osvaldo Salvia y Roberto Oscar González, en la causa "Acosta, Jorge Eduardo..." Damnificado: Walsh, Rodolfo Jorge (testimonios "C").

También se busca a Gonzalo Sánchez y Juan Carlos Linarez, con una recompensa de 100.000 pesos en casa caso, en la causa "ESMA s/delito de acción pública" y "Acosta, Jorge Eduardo y otros s/privación ilegal de la libertad".

La justicia pidió también la captura y se ofrece una recompensa similar por Juan Carlos Vázquez Sarmiento, en la causa "Juan Carlos, Vazquez Sarmiento y otros s/ sustracción de menores".

También se ofrecen 100.000 pesos por datos que den con el paradero de Fernando Federico Delgado, en la causa "Delgado Fernando-Cafarello Nicolás s/presunta infracción al Derecho de Gentes".

También es buscado y se ofrecen 100.000 pesos por datos sobre Luis Enrique Baraldini en la causa "Suárez Mason, Carlos Guillermo y otro s/ privación ilegal de la libertad (Primer Cuerpo del Ejército)".

El represor Héctor Mario Schwab también es buscado por la justicia y se ofrecen una recompensa igual, en la causa "Menéndez, Luciano, Bussi, Antonio y otro s/ Privación ilegítima de la libertad y otros delitos en perjuicio de Carlos Alberto Rocha".

También se ofrecen 100.000 pesos por datos de Aldo Mario Alvarez en la causa "investigación de delitos de lesa humanidad cometidos bajo control operacional de Comando VI. Cuerpo del Ejército".

miércoles, 21 de septiembre de 2011

Pascarelli: paseando como Pancho por "su casa"




Pascarelli hace trampas

No conforme con cumplir la condena en su casa, el coronel Hugo Pascarelli salió en el auto de su hijo sin pedir autorización al Tribunal Oral Federal Nº 4, que lo condenó a prisión perpetua como jefe del área militar donde funcionó el centro clandestino Vesubio. 
 
El fiscal federal Félix Crous, tras la advertencia del Patronato de Liberados, le solicitó al tribunal que revoque el arresto domiciliario y traslade al represor a una cárcel. Crous ya se había opuesto a la concesión del beneficio argumentando que el militar se encuentra en condiciones de cumplir la pena en una unidad carcelaria con un servicio médico adecuado. Pascarelli fue condenado el 14 de julio como coautor mediato de tres homicidios calificados y una docena de privaciones ilegales de la libertad y torturas agravadas. Fue detenido el día de la condena, pero el 19 de agosto el TOF le concedió el arresto domiciliario, que violó siete días después.

lunes, 19 de septiembre de 2011

El ex gobernador de Santa Fé a juicio por delitos de lesa humanidad

Se trata del coronel José María González, primer interventor militar de la provincia, entre el 24 de marzo y el 19 de abril de 1976.

El juicio se llevará a cabo a partir del 27 de octubre próximo y estará a cargo del Tribunal Oral Federal de Santa Fe.
Juliano Salierno

El ex Interventor Militar de Santa Fe durante el primer mes del gobierno de facto -24 de marzo al 19 de abril de 1976-, será juzgado a partir del próximo 27 de octubre por la detención ilegal del matrimonio de Ana María Cavadini y Mario Alberto Marini, este último desaparecido desde la fecha posterior a su secuestro, el 9 de diciembre de 1975.

Se trata del ex coronel José María González, de 84 años, a quien se le atribuyen delitos de lesa humanidad en el marco de su actuación como jefe del Comando de Artillería 121, jefe de Guarnición de Ejército Santa Fe y jefe del Área 212 de la Sub Zona 21 del Ejército Argentino, con asiento en la ciudad de Santa Fe.

De acuerdo con la función que ocupaba en esa fecha, González llega a juicio procesado por hechos acontecidos a partir del 9 de diciembre de 1975, y que comienzan con la “privación ilegítimamente de la libertad” del matrimonio Cavadini-Marini.

Detención y secuestro

Ambos fueron secuestrados de su casa de calle Jujuy al 3600, donde se encontraban junto a su hijo que tenía entonces apenas un año de vida.

La mujer fue alojada de manera ilegal en una celda de la Comisaría Primera, donde permaneció hasta el día 31 de diciembre de ese año. En el caso del hombre, fue violentamente reducido por sus captores quienes se valieron del empleo de armas de fuego.

Pero si bien el relato indica que habría logrado escapar de sus captores, la Justicia responsabilizó de su muerte a las fuerzas pertenecientes al Área 212 del Ejército, tanto por acción u omisión en la desaparición.

También lo acusan a González por la irrupción violenta en el domicilio de las víctimas “sin exhibir la correspondiente orden de allanamiento ni haber dado cumplimiento a las formalidades prescriptas por la ley”, indican los cargos.

Audiencias

El Tribunal Oral Federal que estará encargado de impartir justicia, lo componen José María Escobar Cello -presidente- y las vocales María Ivón Vella y Lilia Carnero.

Serán fiscales en esta causa Martín Suárez Faisal y Patricio Octavio Longo; mientras que la querella que representa a Cavadini estará compuesta por los abogados Lucila Puyol y Guillermo Munné. La defensa técnica del imputado estará a cargo del abogado Carlos Triolo, de Buenos Aires.

Las audiencias, que comenzarán el 27 de octubre con la requisitoria de elevación a juicio de la fiscalía y los querellantes, continuará el viernes 28, y los jueves y viernes sucesivos hasta el 17 de noviembre, según el cronograma preliminar, que está sujeto a variantes.

A partir del primer día de juicio y durante las tres audiencias subsiguientes, se espera que pasen los 24 testigos, oportunamente notificados por el juzgado, entre los que se encuentran familiares de la víctima, como Ana María Cavadini y su hijo Germán, quienes también fueron víctimas de la época.

Al banquillo

El ex coronel José María González, de 84 años, se encuentra en prisión domiciliaria en Capital Federal, por violación a los derechos humanos durante el ejercicio de sus funciones castrenses. El 24 de marzo de 1976 González, que era jefe de la Guarnición Militar de Santa Fe y director del Liceo Militar General Belgrano, quedó al mando de la administración provincial una vez ordenada la intervención militar, desplazando de su cargo al gobernador democrático Dr. Carlos Sylvestre Begnis. Además del juicio de octubre, está imputado en la llamada Megacausa 16/08, que está a cargo del juez Federal Nº 1, Reinaldo Rodríguez, donde se le atribuyen la responsabilidad mediata por una veintena de homicidios.

Represor fue detenido en el puente cuando pretendía huir a Paraguay

Escraches. En Bahía Blanca aparecieron afiches con su nombre.

Se trata de Félix Alejandro Alais, quien fue descubierto en un control de Migraciones. Hace una semana, un juez federal de Bahía Blanca había dictado su orden de captura por delitos de lesa humanidad. Está vinculado a la Triple A.

Quería escabullirse y perderse en Paraguay. Pero un control de Migraciones lo detuvo antes de cruzar el puente. Hacía apenas una semana que la Justicia había dictado el pedido de captura y prohibición de salida del país de Félix Alejandro Alais, ex comisario de la Federal, vinculado a la Triple A ya en 1974 por el periodista Rodolfo Walsh y partícipe de la Masacre de Catriel en Bahía Blanca. Ayer por la mañana fue detenido en el puente rumbo a Encarnación, acompañado por su esposa, que quedó en libertad.

El represor quedó detenido en el juzgado Federal de Posadas hasta que se determine cómo será su traslado a Bahía Blanca, donde lo esperan para ser juzgado en la causa del Quinto Cuerpo del Ejército, en la que está imputado por delitos de lesa humanidad, según confirmó a Misiones On Line el juez federal de esa ciudad bonaerense, Alcindo Álvarez Canale.

Alais es uno más de los represores que eludieron a la Justicia gracias a la Ley de Punto Final. Está sindicado como integrante de los aparatos represivos que persiguieron, secuestraron, torturaron y asesinaron durante la dictadura militar iniciada el 24 de marzo de 1976, ocupándose especialmente de la persecución ideológica de la comunidad universitaria de la Universidad Nacional del Sur” (UNS).

Alais es conocido en Bahía Blanca. Se sabe que fue torturador incluso antes de la última dictadura, como miembro de la Triple A y se lo vincula con el asesinato del diputado nacional Rodolfo Ortega Peña en 1974, aunque no aparece mencionado en la causa que maneja el juez Norberto Oyarbide.

Pero de acuerdo al testimonio del inspector Rodolfo Peregrino Fernández, habría participado en el asesinato.

También aparece entre los represores imputados en el juicio de Madrid por delitos de genocidio y terrorismo de Estado y por pertenecer a la Alianza Anticomunista Argentina.  Era subcomisario de la Policía Federal, en 1976, en Bahía Blanca cuando comandó un plan de persecución ideológica en la Universidad Nacional del Sur.

El doctor Carlos Mario Aggio declaró en el juicio que se desarrolla en la Universidad Nacional del Sur que fue Alais quien lo interrogó en la delegación local de la Policía Federal, tras ser secuestrado. Aggio reveló en la audiencia que el ex jefe policial amenazó con matarlo si no declaraba. Alais figuró hasta 2004 como socio de la cooperativa de trabajo Fast, que ese año ganó una licitación para brindar seguridad privada en la Universidad de Buenos Aires, revocada cuando se conocieron sus antecedentes.

Reciclado
Ya en democracia, se recicló como dueño de la empresa de seguridad FAST que prestó servicios en organismos estatales como el CONICET y la Facultad de Agronomía de la UNS.

Era el cuñado del general Carlos Guillermo Suárez Mason, entonces comandante del Primer Cuerpo de Ejército y había sido denunciado en 1974 por Rodolfo Walsh como un conspicuo miembro de los escuadrones asesinos de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA) o “Triple A”.

También es el hermano de Ernesto, un general que se hizo famoso en enero de 1988 por su extrema lentitud para desplazarse a Monte Caseros, donde se había sublevado Aldo Rico.

Debía reprimir el segundo alzamiento carapintada liderado por Rico, quien se había hecho fuerte en el Regimiento de Infantería 29 de esa localidad correntina.

Las tropas comandadas por Ernesto Alais jamás llegaron. El ex general también fue juzgado por delitos de lesa humanidad.

El ex federal detenido ayer en Posadas fue quien comunicó un “enfrentamiento” en el que murieron Pablo Francisco Fornasari, Juan Carlos Castillo, Zulma Matzkin y Mario Manuel Tartchitzky.

Fue el propio subcomisario Alais quien puso en circulación la falsa noticia de que en la calle Catriel los militares habían sido recibidos con fuego de armas automáticas, y que tras repeler la agresión durante media hora “resultaron muertas cuatro personas, tres masculinas y una femenina, y el secuestro de armas de guerra y explosivos”.

La pericia del médico forense Mariano Castex determinó que las víctimas fueron acribilladas estando tendidas boca arriba en el piso. Nada que ver con un enfrentamiento como había informado el por entonces subcomisario.

viernes, 16 de septiembre de 2011

Acto en Madrid : cinco años de la desaparición forzada de Jorge Julio López en Argentina


 
Viernes 16 de septiembre, 19.30hs.
 
ACTO PÚBLICO:
 -       Proyección de la película: ESMA. Memoria de la resistencia

-       Debate: La voz de los sobrevivientes en los juicios a genocidas en Argentina
  
Lugar: Librería La Malatesta. c/Jesús y María, 24. Metro Tirso de Molina o Lavapiés

Organiza: Asociación Ex Detenidos Desaparecidos (Argentina)- Casapueblos- Campaña de apoyo a juicios a genocidas en Argentina

sábado, 10 de septiembre de 2011

Archivos de la dictadura encontrados por casualidad

 El gremio que reúne a los trabajadores del Estado argentino entregó hoy al Gobierno documentación que demuestra la vinculación de sectores sindicales con la dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983, informaron fuentes oficiales.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) entregó al Archivo Nacional de la Memoria un viejo libro de actas de 1976 rotulado con la leyenda "secreto", hallado en una caja fuerte en un galpón portuario de Buenos Aires, precisó un comunicado de la Secretaría argentina de Derechos Humanos.

El libro contiene numerosas actas, algunas de ellas firmadas por oficiales superiores de la Armada, con informes de inteligencia o recomendaciones de interventores militares para detener, prescindir o averiguar antecedentes de trabajadores del sector portuario.

"La documentación aportada es una prueba fundamental para la sustanciación de juicios por delitos de lesa humanidad, como así también, para la reconstrucción de la lucha del movimiento sindical, cuya desarticulación fue uno de los objetivos centrales de la represión estatal", señala la nota oficial.

Actualmente, el ANM cuenta con unos 4 millones de registros digitalizados donde se incluye gran parte de la documentación y el desarrollo de los juicios por delitos de lesa humanidad que se instruyen en diferentes tribunales del país.

La entrega de esta documentación "es un llamado para todos los trabajadores, e incluso a los miembros de la Fuerzas Armadas para que busquen, vean lo que puede haber a veces escondido o perdido, que pueda ser valioso para la investigación de lo que aconteció en la última dictadura", señaló el titular del Archivo, Ramón Torres Molina.

La represión ilegal desatada por el régimen militar dejó un saldo de 30.000 desaparecidos, según coinciden el Gobierno y organismos humanitarios.

La AEDD, Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, estuvo presente en el acto, e hizo un llamado a todos los gremios, como a las distintas instancias gubernamentales, para que se desarrollen estas búsquedas

viernes, 9 de septiembre de 2011

Gremial de Abogados inicia de querellas contra la Tres A y la CNU

Varios familiares de compañeras y compañeros asesinados antes y después del Golpe del 76 por las bandas facistas Tres A y CNU nos han mandatado para que iniciemos las acciones de querellas en La Plata y Mar del Plata
La mayoría de los muertos pertenecían a la izquierda peronista o a las agrupaciones ligadas a Montoneros.-
Entendemos que este estilo y modelo de querella es mas abarcativo de las responsabilidades políticas, incluso a nivel internacional por la expresa participación de los personeros del Imperialismo en la elaboración de los planes de exterminio.-
Obviamente se trata de un tema tabú puesto que gran parte de los ejecutores de estas matanzas eran conspicuos miembros del peronismo y muchos de los dirigentes actuales tenían o tuvieron responsabilidad directa por haber sido miembros de CNU o estar ligados a estas bandas.-
Veamos algunos ejemplos: el actual ministro de Justicia del Gobierno Nacional Julio Alak, fue uno de los que estuvo ligado en su militancia juvenil de La Plata a la CNU.-
El actual Gobernador de Córdoba De La Sota tuvo activa participación en el Navarrazo (el sangriento golpe policial - militar que destituyó a Obregón Cano y Atilio Lopez -este último asesinado luego por las Tres A- en 1974) y hoy es uno de los que ha interferido ante el Juez de La Plata para que uno de los detenidos CNU "el Indio" CAstillo pueda ir a cumplir su arresto a Córdoba.-
Otro de los detenidos en La Plata el "Pipi" Pomares es un activo actual dirigente del PJ y ya aparecieron pintadas y volanteadas en la Legislatura platense donde trabajaba pidiendo su libertad "preso por peronista".-
Otro tanto ocurre en Mar del Plata.-
De la lectura de la querella que presentamos se desprende que no nos basta con la responsabilidad de los mercenarios o simples asesinos de las Tres A, sino que queremos determinar expresamente las responsabilidades de los mas altos funcionarios de los gobiernos nacionales y provinciales (Isabel, López Rega, Calabró, etc) y de los dirigentes norteamericanos que tuvieron responsabilidad política directa como Kissinger, John Negroponte o el embajador Robert Hill.-
Y como es de esperar, también la actitud de los jueces ha sido diferente: en el caso de los jueces marplantenses ha habido una innecesaria y negligente apatía, en La Plata, directamente bastante complicidad con los grupos facistas procesados y en Capital (Oyarbide) estamos ante un juez que ha respondido durante años a las viejas estructuras de la Policía Federal.-
A pesar de esto, intentaremos avanzar de todos modos en meternos en esta etapa durísima de la vida politica argentina, la mas sucia, la menos grata, y sobre todo la que todos han intentado evitar ya que es mas simpático o vendible querellar militares que dirigentes facistas, sean estos políticos o sindicales del propio Peronismo, y mas aún cuando algunos lo siguen siendo actualmente.-
Asumimos el compromiso de hacerlo

Gremial de Abogados
Buenos Aires, Argentina  setiembre 2011

El padre de la princesa Máxima de Holanda, Acusado por una desaparición

Una denuncia en el reino

El ex funcionario de la dictadura Jorge Zorreguieta fue denunciado penalmente ante la Justicia de los Países Bajos por los familiares del médico Samuel Leonardo Slutzky, secuestrado y desaparecido en 1977.
   
El pasado de su papá parece volver a complicar a la argentina Máxima Zorreguieta, princesa de Holanda. El ex presidente de la Sociedad Rural y ex presidente de la Cámara de la Industria Azucarera Jorge Zorreguieta, de 83 años, fue denunciado penalmente en la Justicia de los Países Bajos por el secuestro y la desaparición de un médico sanitarista en 1977, cuando se desempeñaba como un alto funcionario de la dictadura. La querella fue presentada por los familiares de la víctima en ese país porque Zorreguieta se encuentra regularmente allí. En la Argentina está acusado por otro caso, pero el expediente judicial no tuvo avances.

El vocero de la fiscalía holandesa, Ernst Koelman, confirmó que “fue presentada una demanda contra Jorge Zorreguieta y estamos examinándola”, a la vez que anticipó que “el examen de la demanda durará varias semanas”. Quienes decidieron acusar al ex funcionario de la dictadura y padre de la princesa Máxima son los familiares del médico Samuel Leonardo Slutzky, quien fue coordinador de las Unidades Sanitarias de la Municipalidad de La Plata, secuestrado en su casa la noche del 21 de junio de 1977 por una “patota” de quince personas vestidas de civil. Tenía 41 años, estaba casado y tenía dos hijos. Trabajó en leprosarios y militó en el peronismo revolucionario durante los ’60. En 1968 participó como auxilio sanitario del foco de guerrilla peronista Taco Ralo, en la provincia de Tucumán, por lo cual estuvo preso entre 1968 y 1973.

En 1977, la revista Somos divulgó su nombre en un artículo sobre “Taco Ralo” y poco días después fue secuestrado, aunque en ese momento no tenía militancia política y sólo se dedicaba a su tarea profesional, según relatan los familiares y organismos de derechos humanos. Los sobrevivientes del campo de concentración La Cacha Silvia Bucci y Héctor Javier Quintero sostuvieron que Slutzky estuvo prisionero en ese centro clandestino y que no sobrevivió a los tormentos a los que fue sometido por los torturadores identificados por los apodos de “el Oso” –era un agente penitenciario– y “el Pelado”.

El abogado holandés Goran Sluiter, representante de la familia Slutzky, declaró que Zorreguieta “estaba al tanto de todos esos crímenes, pero pese a ello siguió aportando una contribución política al régimen” y, agregó, “tampoco abrió ninguna investigación en su ministerio”. Lo mismo piensa Jan Thielen, el periodista holandés que logró entrevistar a Zorreguieta en 2001. “El propio Zorreguieta cuenta casos concretos de familiares que acudieron a él y él sabía dónde encontrar exactamente a los desaparecidos”, afirmó Thielen en una nota publicada por Página/12 en enero de 2002, en momentos en que la boda de Máxima provocaba una invasión de merchandising en las calles de Amsterdam.

Ya hace once años la Justicia holandesa había rechazado encausar a Zorreguieta por los mismos hechos, cuando se declaró incompetente para juzgarlos, pero según Sluiter una reciente modificación de la ley penal haría posible tal proceso judicial. “Para crímenes graves como los señalados aquí, el lugar donde fueron cometidos o la nacionalidad del autor no tienen importancia: si el autor se encuentra en el territorio de un país, ese país puede juzgarlo”, sostuvo el letrado. “Según nuestras informaciones (Jorge Zorreguieta) se encuentra regularmente en Holanda”, agregó. Según pudo saber este diario, la nueva denuncia es impulsada también por un grupo holandés que se opone a la monarquía.

La complicidad de civiles como Zorreguieta en los crímenes de la dictadura era un tema conocido en Holanda cuando, en 2002, se preparaba la boda de Máxima con el príncipe heredero Guillermo de Orange. Fue así que la Casa Real de Holanda se hizo eco de la opinión mayoritaria de la clase política del país y le impidió asistir a la ceremonia.

En 2005, en Argentina, Zorreguieta fue denunciado por el secuestro y desaparición de la bióloga Marta Sierra, una empleada del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que dependía de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, conducida durante la dictadura por el padre de la ahora princesa. Pero no llegó a ser imputado porque la Justicia federal consideró que no tuvo responsabilidad en ese hecho, que se produjo el 30 de marzo de 1976, cuando él aún no había asumido como funcionario. Ricardo Monner Sans, quien fue abogado del caso, recordó que “a pesar de los esfuerzos que hicimos no daban las fechas”; de todos modos, destacó que “cuando asumió no promovió ninguna investigación para determinar qué había sucedido con una de sus empleadas”.

jueves, 8 de septiembre de 2011

Otro año más sin olvidar a López


ACTIVIDADES PARA RECORDAR AL TESTIGO DESAPARECIDO

 Por Adriana Meyer

“Cinco años de impunidad, acá falta López”, es la consigna que eligió la CTA La Plata-Ensenada para convocar a todas las organizaciones que quieran sumarse a la campaña por los cinco años del secuestro y la desaparición de Jorge Julio López. Por su parte, la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos dedicó su revista Tantas voces... tantas vidas a la memoria del testigo que contribuyó a la condena del genocida Miguel Etchecolatz, y de quien nada más se supo luego de aquella mañana del 18 de septiembre de 2006, cuando tenía que asistir a los alegatos de aquel proceso. El domingo 18 habrá marchas en La Plata y en Capital y algunos partidos de izquierda comenzaron su propia campaña sobre el tema.

“Cristina K, dónde está Jorge Julio López”, reza el afiche callejero con el que el Nuevo MAS anuncia la movilización que desde las 15.30 irá de Congreso a Plaza de Mayo, organizada como todos los años por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. También están listos los carteles de esa agrupación de organizaciones, en los que puede leerse “5 años sin López, basta de silencio y encubrimiento oficial, exigimos al gobierno aparición con vida de Julio López, castigo a los responsables y el cese de la represión y asesinatos a los luchadores populares”. A su vez, el EMVyJ organiza para este fin de semana las jornadas culturales, desde las 11, en la Casa José Martí, Senillosa 2092, que serán preparatorias de la marcha.

Desde la A. E. D.-D. anunciaron la presentación del número especial de su publicación –martes 13 a las 19 en Chacabuco 955, en Capital, y viernes 16 a las 19 en la Facultad de Bellas Artes de La Plata, y afirmaron que “son cinco años de complicidades políticas que refuerzan la impunidad de la que gozan los responsables”. Por su parte, la CTA La Plata-Ensenada puso a disposición de las organizaciones una propuesta gráfica para la realización de calcomanías, stencils, banderas, afiches y reproducción en Internet. Hoy en La Plata instalarán en plaza Moreno un inflable gigante con esa gráfica, y esa misma bandera llevarán Estudiantes y Gimnasia y Esgrima La Plata el sábado 10 y el lunes 12, respectivamente. El domingo 11 habrá una actividad cultural en 66 y 148, a pocas cuadras de donde vivía López, y el sábado 17 una radio abierta y la proyección del testimonio de López, en pantalla gigante frente a la Municipalidad. Más allá del aniversario, el viernes 23 en el Pasaje Dardo Rocha se presentará Desaparecido en Democracia, un libro de fotografías de Gerardo Dell’Oro que reúne cinco años de intervenciones urbanas por López.

miércoles, 7 de septiembre de 2011

Aníbal Hnatiuk: “No se investigó a quienes tenían algún interés en que López desapareciera”

Escucha aqui la entrevista       REALPOLITIK| 6 de septiembre de 2011

Por JUAN FACUNDO QUIROGA

Así lo manifestó el referente de Surcos y abogado querellante de la causa de Julio López, en diálogo con REALPOLITIK. Durante la charla, Aníbal Hnatiuk detalló las actividades que se realizarán en el marco de quinto aniversario de la desaparición de un testigo clave en la causa que investiga a Etchecolatz por delitos de lesa humanidad.

A continuación, la entrevista completa.

RP.- ¿Quién es Julio López para la sociedad argentina?
 
Me parece que López es un ejemplo de todos esos aspectos que nos llevan a decir que los que tienen el ánimo y la valentía de testificar contra los genocidas, son muy valientes. El testimonio que dio fue muy amplio, dando nombres, describiendo situaciones y, además, reivindicando a sus compañeros.

Él no plantea que no sabían nada, dice que sí se hace cargo, que militó con compañeros que luego fueron asesinados. Es un testimonio como para escuchar dentro de cincuenta o cien años, porque da cuenta de que, habiendo sido víctima del terrorismo de Estado, treinta años después se animó a hacerse cargo del camino de lucha que había iniciado en los años setenta.

RP.- Desde su espacio han impulsado las actividades de reflexión y pedido de justicia unos días antes.

Decidimos empezar unas semanas antes de que comenzara el quinto aniversario de la desaparición de Jorge Julio López. Vamos a iniciar una campaña en la calle con lo que siempre estuvimos haciendo, que es reclamar justicia.

Son muchas las actividades que se están organizando, nosotros estamos en el marco de algunas de ellas. Porque una de las particularidades que tuvo la intervención urbana exigiendo justicia por López fue que hubo una multiplicidad de actores y organizaciones. Entonces, a esa particularidad queremos agruparlas, de alguna manera, en una de las actividades para que la gente pueda enterarse y puedan ir organizándose desde antes. Además de hacer calcomanías, folletería y otros elementos que sirvan para que la calle esté nuevamente con la cara de López reclamando justicia, por decirlo de alguna manera.

 Se harán actividades en las canchas de Estudiantes y de Gimnasia. Se acordó con las autoridades para que los jugadores salgan a la cancha reclamando por la aparición de Julio López que ya lleva cinco años.

Además las acciones contemplan la instalación de un inflable gigante, la proyección del testimonio del desaparecido en pantalla gigante, radios abiertas, presentaciones de libros y otras actividades culturales.

RP.- ¿En qué situación se encuentra la investigación de Julio López?

 A este quinto año llegamos haciendo los mismos cuestionamientos a la Justicia y a las fuerzas de seguridad, a las cuales se les delegan algunas partes de la investigación. básicamente, por la falta de resultados.

Hace rato que le venimos denunciando a la Justicia que hay una falta de interés en serio y concreto por resolver el tema. Un delito de este tipo debe ser resuelto en las primeras horas y días.

En su momento se denunció que las medidas investigativas no tuvieron que ver, para nada, con un delito de este tipo. No se investigó a quienes tenían algún interés en que López desapareciera; concretamente, sobre los grupos de los represores o sobre los represores aislados y organizados. Ellos son quienes no querían que López declarara en los juicios que seguían y en el de Etchecolatz.

Hay un montón de dificultades en cuanto a investigar delitos complejos o al crimen organizado que tienen o han tenido impunidad. Jorge Julio López estuvo desaparecido en varios centros de detención, en Arana, en la comisaría quinta y en la octava, y fue dos años preso en la unidad 9. Por eso tenemos que entender que hay muchos represores que pudieron haber tenido intención de que no declarara más

martes, 6 de septiembre de 2011

Juicios a represores en Catamarca, "quizás" se inicie en noviembre

El abogado del foro local e integrante de Abogados por la Justicia Social (AJUS), Guillermo Díaz Martínez, anticipó que los juicios a los represores de la Masacre Capilla del Rosario, se llevarán a cabo en los meses de noviembre o diciembre del presente año. El abogado aseguró que el expediente de la causa se encuentra en Tucumán por todas las apelaciones que presentaron los represores, quienes "niegan todos los hechos que se les imputan".

"Estoy seguro que no se le va a dar lugar a los imputados por que las pruebas son contundentes y fehacientes y no hay duda que cometieron un fusilamiento de lesa humanidad en Catamarca, comentó.

En declaraciones a la prensa, dijo que el juicio se estaría llevando a cabo en noviembre o diciembre próximos, teniendo en cuenta que "la recolección de las pruebas que imputan a los ex-militares está terminada".

El abogado expresó que "Catamarca entró en la historia Oficial", con el hecho producido en Piedra Blanca, a unos 20 kilómetros al norte de la capital, entre el 12 y 16 de agosto de 1974.

Recordó que a partir del año 2004, se abre la causa por el presunto fusilamiento de 16 personas, militantes del Ejército Revoluconario del Pueblo (ERP), quienes previamente habían intentado copar el ex-Regimiento Aerotransportado 17, con asiento en esta capital.

La causa se inició con la ubicación de los cuerpos de cinco de las víctimas quienes estaban enterrados como NN en una fosa común del cementerio municipal Fray Mamerto Esquiú de la capital.

El Equipo Argentino de Antropología Forense exhumó los cuerpos de las cinco víctimas y logró identificar a uno de ellos, Dardo Rutilio Betancour Roth.

Su cuerpo fue repatriado a Uruguay, ya que era de esa nacionalidad, mientras que los restantes cuerpos pertenecerían a Hugo Cacciavillani también uruguayo-, Alberto Rosales Sánchez o Cresencio Molina Ibañez y Francisco Scocimarro.

El abogado Guillermo Díaz Martínez comentó que la causa tuvo un cambio rotundo con la declaración de Mario Marca, un abogado tucumano que ejercía la profesión en Catamarca, quién brindó un testimonio revelador.

Enterado de que un grupo del ERP había sido acorralado en las lomadas adyacentes a la Capilla del Rosario, intuyó que se iba a producir una masacre y corrió hasta el despacho del ministro Alberto Toro, para ofrecerse como mediador para evitar un seguro baño de sangre.

Toro me aconseja que no me meta, aunque insisto en que trate de hacer algo, se pone en contacto con el coronel Eduardo Cubas, Jefe del Regimiento 17, y lo pone al tanto de lo que yo pedía", dijo Marca.

Entonces Cubas le responde que era imposible cualquier arreglo o mediación, porque el general Antonio Vaquero, segundo Jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, ya había dado la orden de aniquilar y así ocurrieron los hechos, porque "fueron, los rodearon y los mataron, denunció Marca años después.

Dijo que el juez federal de Catamarca, Ricardo Antonio Moreno confirmó la prisión preventiva para Jorge Acosta, Mario Nakagama y Carlos Eduardo Carrizo Salvadores acusados por el fusilamiento de 16 integrantes del PRT-ERP (Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo), aunque ese fallo fue apelado y se espera la resolución final.

La decisión fue firmada por el juez luego de que los represores fueran indagados, acusados del delito de "homicidio doblemente calificado por alevosía y por ser cometido como integrante de una fuerza de seguridad".

Se abre causa por delitos sexuales en casos de lesa humanidad en Argentina

Un juez abre causa por delitos sexuales en casos de lesa humanidad en Argentina

Por Oscar Laski

Un juez abrió por primera vez una causa específica por delitos sexuales cometidos contra 20 prisioneras de la ESMA, uno de los mayores centros de exterminio de la dictadura argentina (1976-83), al margen del proceso por otros delitos de lesa humanidad en ese lugar.

"Los sometimientos sexuales no fueron casos aislados, sino que se trataba de prácticas sistemáticas llevadas a cabo dentro del plan clandestino de represión y exterminio por el Estado", dijo el juez federal Sergio Torres al ordenar una investigación autónoma de esos hechos, en paralelo a la causa por violaciones a los derechos humanos cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

En la mayoría de los juicios en marcha por crímenes contra la humanidad durante la última dictadura en Argentina, los abusos sexuales eran incluidos como parte de los tormentos, pero Torres decidió investigarlos en esta ocasión en forma autónoma y los considera delitos imprescriptibles, basándose en jurisprudencia local e internacional.

domingo, 4 de septiembre de 2011

Romano, Juez partícipe necesario en la dictadura, se fue de Argentina

El juez, como rata por tirante

Está procesado como partícipe necesario en más de un centenar de secuestros y torturas de la dictadura. Se pedirá al juez de la causa que si el imputado no está ubicable, ordene su captura internacional.  

Hasta hace nueve días, a pesar de cargar con un procesamiento firme como partícipe en delitos de lesa humanidad, Otilio Roque Irineo Romano integró la Cámara Federal de Mendoza. El jueves 25 de agosto, luego de dilatar con éxito durante un año y medio el proceso de destitución en su contra, el Consejo de la Magistratura de la Nación lo suspendió y aprobó la apertura del juicio político por haber sido “funcional” al terrorismo de Estado. La decisión unánime de los consejeros dejó a Romano sin fueros y habilitó al juez federal mendocino Walter Bento a ordenar su detención. La novedad es que el magistrado no sólo está dispuesto a luchar por burlar a la Justicia con argucias legales: el miércoles 24, ante el inminente comienzo del fin de su impunidad, el imputado se tomó un avión que lo trasladó hasta Chile, donde se le perdió el rastro. Peor aún, cuando fueron a notificarle la suspensión, el portero del edificio céntrico donde vivía aseguró que el magistrado ya no reside allí. Pablo Salinas, abogado del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza, le pedirá mañana al juez Bento que verifique si Romano continúa “sujeto a proceso”, léase ubicable, y caso contrario solicitará que se ordene su captura internacional.

Romano tiene procesamiento firme como partícipe necesario en más de un centenar de secuestros, torturas, allanamientos ilegales, robo de bienes y desapariciones durante la dictadura, pero sobrevivió en funciones hasta la semana pasada gracias a la interposición de medidas cautelares y otras argucias legales para dilatar el jury en el Consejo de la Magistratura. El jueves 25 al mediodía, con el recinto del Consejo repleto de familiares de víctimas, sobrevivientes, abogados querellantes y hasta funcionarios del gobierno de Mendoza, los consejeros anunciaron uno a uno su voto y se ganaron un aplauso ante el anuncio de la suspensión y la acusación para iniciar el juicio político. La decisión fue respaldada por integrantes de todos los sectores y fuerzas políticas representados en el Consejo, que le adjudicaron haber tenido una conducta “funcional” al terrorismo de Estado al haber “omitido en forma reiterada y prolongada en el tiempo” la investigación de “delitos de lesa humanidad de los que habría tomado conocimiento en su condición de fiscal federal y de juez federal subrogante” entre 1975 y 1983.

La primera novedad posterior sobre el caso Romano la aportó el viernes el diario El Sol, de Mendoza: informó que el flamante ex magistrado despegó desde el aeropuerto de la capital cuyana el jueves 24 de agosto a las 10.41 con destino a Chile y que “a partir de ese momento se le perdió su rastro”. Un segundo dato que publicó el diario online mendocino sugiere que Romano no tiene en los planes volver por su cuenta: cuando fueron a notificarle la suspensión y la apertura del proceso (viajó en persona el secretario letrado del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Marcelo Bová), el portero del edificio donde residía aseguró que el ex camarista federal no vivía más allí. La fecha del viaje no parece casual: la suspensión dejaba a Romano sin fueros, con lo cual el juez Bento podía ordenar su detención de inmediato, o cuanto menos prohibir su salida del país.

–¿Tenía obligación Romano, por estar procesado, de informar a la Justicia que salía del país? –le preguntó Página/12 a Salinas, abogado del MEDH.

–Todo imputado en la Justicia federal tiene obligación de informar al juzgado si cambia de domicilio. Romano no es sólo imputado, también procesado y requerido a juicio, porque tanto el Ministerio Público como los querellantes ya solicitamos la elevación de la causa al Tribunal Oral. Si es cierto que no vive más en su domicilio entonces puede considerarse que está técnicamente prófugo.

Salinas anticipó que mañana le pedirá al juez Bento “que atento a la información periodística verifique si Romero está sujeto a proceso, es decir si todavía lo puede citar en su domicilio, y en caso de que no comparezca vamos a solicitar que ordene su captura internacional, ya que a esta altura puede estar en cualquier otro país”.

El diario Mendoza On Line publicó ayer otra noticia que involucra a un ex juez procesado por delitos de lesa humanidad. Luis Miret, destituido en marzo, obtuvo una medida cautelar para seguir cobrando su jubilación extraordinaria, un beneficio vetado a los magistrados destituidos. El privilegio se lo otorgó el conjuez Carlos Parellada, el mismo que había dictado la cautelar que suspendió el proceso contra Romano en el Consejo.

“Se ha hecho justicia en el Consejo de la Magistratura con la suspensión unánime de Romano, estamos muy cerca del juicio a los jueces de la dictadura, y si no se presenta demostrará lo que ellos han sido y lo que representan: hombres muy valientes para actuar bajo el amparo del terrorismo de Estado pero con una actitud muy distinta en caso de tener que responder ante los jueces de la democracia”, reflexionó Salinas.

El juicio a quienes consintieron secuestros y torturas durante el terrorismo de Estado en Mendoza incluye por el momento a cuatro imputados. Además de Romano y Miret, se sentarán en el banquillo Rolando Evaristo Carrizo, ex titular del juzgado federal, imputado por omitir investigar delitos contra 19 víctimas, y Guillermo Max Petra Recabarren, por idéntica omisión en perjuicio de 22 personas en carácter de juez subrogante. El caso del ex juez Gabriel Guzzo, gracias a una serie de certificados médicos, todavía no fue elevado. “Vamos a tener un proceso a los jueces como los nazis”, concluyó Salinas. “Pudimos enfrentar a la corporación judicial como en ninguna otra provincia. Fue posible por el trabajo de los querellantes, fiscales, del juez y los camaristas, que también se la jugaron.”

viernes, 2 de septiembre de 2011

El fiscal que ayudó a apropiador, salió huyendo del juicio

 El Procurador aceptó la renuncia del fiscal Juan Martin Romero Victorica
 
Debía enfrentar un jury por haber ayudado al apropiador de la nieta recuperada Victoria Montenegro. “Lo positivo es que estos personajes no estén más en la Justicia”, dijo la joven. Seguirá siendo investigado por el mismo tema en una causa penal.

  “El procurador general de la Nación resuelve aceptar la renuncia presentada por el doctor Juan Martín Romero Victorica, L.E. Nº 4.605.425, al cargo de fiscal general Nº 1 ante la Cámara Nacional de Casación Penal, a partir del día de la fecha.” El texto, firmado por el procurador Esteban Righi, corresponde a la resolución con la que el fiscal acusado de haber colaborado con el apropiador de la joven Victoria Montenegro, el coronel de Inteligencia del Ejército Herman Tetzlaff, quedó fuera de los tribunales. Righi había iniciado a principios de julio el proceso para separar a Romero Victorica de su cargo a través de un juicio político. Para evitarse el mal trago de ser destituido, el ahora ex fiscal decidió irse por las suyas. La Procuración decidió admitir la dimisión, porque “la apertura de la instancia de enjuiciamiento tiene por único objetivo la remoción del magistrado”.

Si bien el proceso de juicio político queda interrumpido con la renuncia, el ahora ex fiscal sigue siendo investigado en el marco de la causa en la que se investiga su vinculación con Tetzlaff y su presunto encubrimiento en la apropiación de Montenegro, que está a cargo del juez Norberto Oyarbide.

La renuncia en este momento implica que el ex fiscal podrá recuperar, al menos en parte, la jubilación. En cambio, si el juicio político hubiera seguido su curso y hubiese sido destituido, la perdería. Por esa razón, los argumentos con los que intentó justificar la dimisión fueron: “Cumplí un ciclo y tengo la jubilación otorgada hace seis años” y “el 26 de julio, día del aniversario del fallecimiento de Evita, cumplí 50 años en la Justicia”.

A pesar de que Romero Victorica no será destituido, Montenegro consideró la renuncia como un hecho favorable: “Lo positivo es que estos personajes no estén más en la Justicia”, dijo, consultada por la decisión del ex fiscal. “Vivimos en un país donde uno siente que denuncia y que realmente se hace algo, que hay una política de Estado seria”, agregó.

La denuncia penal por la que se investiga a Romero Victorica se inició a raíz del testimonio que dio Montenegro el 25 de abril, en la causa conocida por el plan sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos durante la última dictadura. Montenegro dijo allí por primera vez que el fiscal Romero Victorica era identificado por Tetzlaff –cuando comenzó a ser investigado por el entonces juez de San Isidro, Roberto Marquevich– como su “amigo en Comodoro Py”.

Uno de los gestos de colaboración que la joven denunció fue la recomendación a Tetzlaff, por parte de Romero Victorica, de los abogados que lo defendieron en la causa por apropiación: “Le puso a sus amigos abogados que le debían un favor”, dijo Montenegro ese día. Uno de los abogados que el ex fiscal le recomendó al apropiador era su sobrino, Manuel Romero Victorica, y el otro Martín Anzoátegui, juez federal durante la última dictadura. La joven también señaló que su apropiador le confesó que había matado a sus padres y que “Romero Victorica lo sabía”.

La resolución de la Procuración reconoce como antecedente el caso del fiscal Roberto Mazzoni, acusado por participar de interrogatorios ilegales ligados a la Masacre de Margarita Belén, quien también renunció antes del jury de enjuiciamiento para recibir los beneficios de la jubilación. Además, según consignan en la resolución, el criterio de aceptar la renuncia de un magistrado investigado por mal desempeño, grave negligencia o cualquier delito doloso coincide con otros tres casos similares: el del fiscal rosarino Francisco Sosa, quien renunció en 2007 para evitar un jury de enjuiciamiento por negligencia y mal desempeño; el del defensor neuquino Oscar Alberto Tamis, quien presentó su renuncia también en 2007 cuando corría el riesgo de destitución, luego de una acusación de acoso por parte de sus defendidos; y el del chaqueño Martín Pujol, quien renunció el mismo año, investigado por administración fraudulenta.