domingo, 29 de enero de 2012

El despojo de todo que obró la dictadura genocida

Los hermanos Iaccarino: “Hace 33 años que peleamos por esto”. Ante el inicio de la causa por el secuestro y la apropiación de sus bienes.

El juicio se realizará en La Plata y hay dos represores procesados, Bruno Trevisán y Jorge Rómulo Ferranti, ex jefes del centro clandestino El Infierno, donde los empresarios fueron obligados a transferir acciones de sus compañías, campos y otras propiedades.

 Por Gustavo Veiga

Los hermanos Iaccarino comienzan a divisar el final de un largo camino. Alejandro y Carlos reclaman justicia hace más de tres décadas. Lo hacen por ellos, pero también por sus padres y por Rodolfo, el mayor de los tres hijos, todos fallecidos. Su caso es uno de los 604 que registró hasta hoy la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación con empresarios que fueron despojados de sus bienes por la última dictadura. La inminencia del primer juicio –en total son ocho– que los tiene como víctimas del terrorismo de Estado despierta en ellos la expectativa de cierta reparación. Está previsto para febrero o marzo en La Plata y lo llevará adelante el Tribunal Oral Federal Nº 1. Dos represores procesados y detenidos, Bruno Trevisán y Jorge Rómulo Ferranti, ex jefe y ex subjefe de la Brigada de Investigaciones de Lanús, serán juzgados por los delitos de extorsión, privación ilegal de la libertad y aplicación de torturas. Eran los responsables del centro clandestino de detención conocido como El Infierno. Allí, los empresarios lecheros fueron obligados a transferir acciones de sus empresas, campos y un avión ejecutivo a cambio de conservar sus vidas.

“Hace 33 años que venimos peleando para llegar justo a esta instancia. La dictadura militar mató nuestro proyecto de vida, algo irreparable. Por eso sentimos un dolor muy grande, la frustración de hacernos desaparecer, la muerte de nuestro hermano Rodolfo por amenazas, los vejámenes a nuestros padres. Buscamos que nos reparen moral y económicamente. Teníamos siete empresas, ahora tenemos ocho causas en la Justicia”, dice Alejandro con una serenidad pasmosa.

Carlos, el menor de los Iaccarino, está bajo tratamiento médico por una enfermedad complicada. Los hermanos pidieron por esta razón que la causa se ventilara con urgencia y el pedido fue contemplado. De profundas raíces cristianas, sostiene que “no guardamos resentimientos ni odios. Pero sí exigimos justicia de acuerdo a derecho, ya que en la Tierra tendrán su condena y después el inexorable juicio divino”.

De los ocho expedientes abiertos con sus denuncias, el más trascendente es el 6080 que ventilará el TOF Nº 1, presidido por Carlos Rozanski. Está caratulado “Iaccarino, Rodolfo José y otros sobre apropiación de bienes”. Dos más los tiene el mismo tribunal, con incidentes planteados por los fiscales contra la detención domiciliaria de Ferranti y Trevisán. Las cinco causas restantes se encuentran en el Juzgado Federal Nº 3 de La Plata, de Arnaldo Corazza. En ellas se investigan la cesión de un campo de golf en Alta Gracia –entregado en canje a la familia cuando testaferros de la dictadura la despojaron de sus bienes– y las amenazas de muerte que sufrió Rodolfo.

El mayor de los hermanos falleció un mes después de recibirlas, el 12 de julio de 2009. Un infarto masivo acabó con su vida. En cautiverio y bajo tortura habían comenzado sus problemas cardíacos. Por eso tuvo que ser operado tiempo después y le hicieron cuatro bypass. “El caso Julio López será un poroto al lado del caso Iaccarino”, le advirtió con tono intimidatorio un hombre sesentón, bien vestido, en una plaza platense, el 10 de junio de aquel año.

“El hecho de pensar que estaremos frente a los represores no modifica nuestra naturaleza. No obstante, nos trae el recuerdo de las torturas sufridas, amén del dolor que debieron soportar nuestros padres, porque también ellos fueron secuestrados”, recuerda Carlos. Rodolfo Genaro, el jefe de la familia, sufrió un ACV a los tres días de que sus hijos fueran liberados. La madre, Dora Emma Venturino de Iaccarino, permaneció diecisiete días detenida en 1976 durmiendo en el piso de una comisaría, sólo alimentada a mate cocido. Alejandro recuerda ahora que “cuando la llevaron ante el coronel Flores Jouvet, ordenó: ‘Lárguenla, esta mujer está destrozada’”. El 1º de enero de 2008 falleció, a los 90 años.

Veintidós meses estuvieron detenidos desaparecidos los hermanos. Los secuestraron el 4 de noviembre del ’76 y recobraron la libertad el 4 de septiembre del ’78. Para entonces, su padre ya había firmado la cesión de 25 mil hectáreas de producción agropecuaria en Santiago del Estero y de un avión.

Alejandro pasó por catorce centros clandestinos. Sus denuncias no se detienen en los daños que le provocó la dictadura cívico militar. Asegura que en la Justicia de Córdoba “desaparecieron tres carpetas con valiosa documentación enviada por el defensor del pueblo de la Nación, Anselmo Cella”. Eran pruebas que, según el empresario, tenían relación con la usucapión que pretendía tramitar la sociedad civil Alta Gracia Golf Club para tomar el dominio definitivo de los ahora costosos terrenos de la localidad cordobesa. Las 28 hectáreas y unos lotes colindantes al green del exclusivo club poseían un valor mucho menor al actual cuando fueron escriturados por los Iaccarino a cambio de su libertad y todo su patrimonio.

Un documento notarial firmado el 24 de agosto de 1979 y protocolizado por el escribano Adolfo Barceló en Alta Gracia menciona que el ciudadano paraguayo Vicente Antonio García Fernández compareció “como presidente de la Sociedad Anónima Compañía de Tierras y Hoteles de Alta Gracia, con domicilio en calle Maipú 510, 2º piso, de la Capital Federal...” y a solicitud de los Iaccarino señaló que “según boleto de fecha 9 de octubre de 1977, han adquirido de la Compañía de Tierras y Hoteles de Alta Gracia SA, firmando como presidente en esa oportunidad el señor Bruno Chezzi (CI 4.912.755), una fracción de terreno conocida como Cancha de Golf del Sierras Hotel, con una superficie de 28 hectáreas, 1010 metros cuadrados”. Caída la usucapión –derecho que establece que quien poseyó un terreno durante cierto tiempo puede hacerse dueño del mismo–, los hermanos Iaccarino esperan que se materialice la entrega de los bienes que les pertenecen. Se apoyan en la teoría de Theo Van Boven, un reconocido jurista holandés que estableció la teoría de la reparación económica en materia de derechos humanos.

El despojo de empresarios

Los hermanos Iaccarino sostienen que son muchos más los casos de empresarios despojados durante la dictadura que los 604 registrados en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Seis, según ellos, son los que más repercusión han tenido: Graiver (Papel Prensa), Gutheim (textil Sadeco), Paskvan (emprendimiento avícola), Saiegh (Banco Latinoamericano), Cerrutti (industria vitivinícola) y el de su propia familia.

La búsqueda de reparación de la familia Paskvan es la que más avanzó en la Justicia. Daniel, hijo del dueño de dos empresas avícolas de Santa Fe y Buenos Aires, llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, patrocinado por el constitucionalista Daniel Sabsay. Le aceptaron su recurso y está en trámite de resolución. En este caso, las sospechas de apropiación de sus bienes recaen sobre Héctor Francisco Capozzolo y su hijo Enrique Capozzolo, ex suegro y ex marido de Graciela Alfano.

A los Iaccarino se refirió hace unos días el subsecretario de Protección de los Derechos Humanos, Luis Alén: “Estaban construyendo un modelo de explotación láctea en Santiago del Estero con intenciones de conformar un polo productivo en el Noroeste argentino, y habían diseñado un sistema de explotación que no encajaba dentro del modelo concentrado de Martínez de Hoz”.

El ex ministro de Economía de la dictadura será sometido a juicio por delitos de lesa humanidad semejantes a los que sufrió la familia platense. La Secretaría de Derechos Humanos se presentará como querellante en uno donde está imputado el socio civil más conocido de la dictadura: el despojo del Banco Latinoamericano al empresario Eduardo Saiegh.

lunes, 23 de enero de 2012

Muere el represor Carlos Barbot: La justica demorada es injusticia e impunidad

Ex oficial del Ejército acusado en Chubut

Murió sin condena el represor Carlos Alberto Barbot, procesado en causas por delitos de lesa humanidad que esperan juicio oral y público para este año. El ex jefe del área 536 e interventor de la policía de Chubut falleció ayer por la madrugada en Trelew, a los 78 años. “El mayor” Barbot, como se lo conocía en tiempos de terrorismo de Estado, fue un cuadro clave del gobierno militar en la jurisdicción nordeste de Chubut. Barbot había pasado a retiro como teniente coronel del Ejército, luego de dirigir el área represiva de la zona desde el Distrito Militar de Trelew.

Barbot estaba procesado, junto al dictador y ex presidente de facto Jorge Rafael Videla, por la muerte del ex presidente del Concejo Deliberante de Bahía Blanca Jorge Valemberg, quien murió en la cárcel local, en una causa que se caratuló “Valemberg, Jorge sobre presuntas severidades, vejaciones, apremios ilegales o torturas seguida de muerte”. Ambos –Videla y Barbot– estaban también imputados por la desaparición de Angel Bell, quien fue secuestrado el 5 de noviembre de 1976.

Además, Barbot se encontraba imputado, procesado y esperando la fecha del juicio en la que intervendrá el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia en la causa “Solari Yrigoyen, Eduardo s/presunto secuestro, severas vejaciones, apremios ilegales que resultó víctima” tramitada bajo el número 622, folio 206 del año 1976.

Barbot se encontraba también comprometido por la causa del fallecimiento del dirigente radical Mario Abel Amaya, ocurrida el 19 de octubre de 1976. Amaya murió tras las torturas físicas a las que fue sometido en la cárcel de Rawson, donde el represor tenía jurisdicción y donde concurría frecuentemente en busca de información, según quedó acreditado en la investigación.

“Ahora habrá que pedir la extinción de la causa por fallecimiento”, manifestó el fiscal federal Fernando Gelves. Por las dos últimas causas mencionadas quedó como único procesado Osvaldo Jorge Fano, quien era entonces el jefe de la Penitenciaría en Rawson.

miércoles, 18 de enero de 2012

Búsqueda de desaparecidos en el Cabra Corral

Piden expertos para rastrillar el Cabra Corral

La búsqueda debe realizarse en el murallón, a 90 metros de profundidad. Los buzos de la Policía local no pueden hacerlo.

Ya son dos los testigos que aseguraron que en el embalse se arrojaron cadáveres durante la última dictadura militar.

Organizaciones de derechos humanos de Salta pedirán a la Fiscalía Federal que un equipo de buceo especializado en aguas profundas realice la inspección subacuática en el dique Cabra Corral, para determinar la presencia de restos de personas desaparecidas durante la última dictadura militar.

Efectuarán ese planteo por considerar que la Policía de Salta no cuenta con el personal necesario para esta tarea, que requiere -opinan- de un alto nivel de capacitación para lograr el resultado que se busca.

Tania Kiriaco, abogada de la Asociación “Lucrecia Barquet”, planteó la necesidad de que el rastrillaje en el embalse esté a cargo de un equipo neutral sin vinculaciones con la Policía, debido a que exmiembros de la fuerza de seguridad local están sospechados, imputados y condenados por su participación en el secuestro y desaparición de personas en aquellos años aciagos de la dictadura militar que asoló en el país entre la década del 70 y parte del 80.

En este caso, la abogada puso como ejemplo las condenas a perpetua dictadas a Miguel Gentil y Joaquín Guil por el magnicidio del exgobernador Miguel Ragone. Debido a que ambos estaban al frente de la institución, en el juicio realizado el año pasado, la Justicia federal los consideró “autores mediatos” del crimen, junto al exjefe de la Guarnición Ejército Salta, Carlos Alberto Mulhall.

“Habría que solicitar la colaboración del Ministerio de Defensa de la Nación para que envíe un equipo especializado en la materia”, dijo Kiriaco. Y agregó que “el Gobierno nacional es el principal interesado en que estos delitos se esclarezcan y desde ese punto de vista no habrá inconvenientes para que dé una respuesta concreta al requerimiento de la Justicia”.

A su juicio, “la inspección prevista tiene que realizarse con un alto nivel de efectividad ante la magnitud de la investigación que apunta a determinar si a ese dique fueron arrojadas muchas de las víctimas de la represión, como se sospecha”.

La letrada le atribuyó importancia a los testimonios brindados a la prensa por un comisario retirado de la Policía y por un pescador. El fiscal interino, Ricardo Toranzos, solicitó días pasados la colaboración de la Secretaría de Seguridad de la Provincia para efectuar la inspección subacuática en la zona del murallón, donde se sospecha fueron fondeadas muchas víctimas del terrorismo de Estado.

Se calcula que en ese lugar hay 90 metros de profundidad, por lo que se requiere de un equipo especializado para la tarea, que consistirá en verificar se existen resto óseos de personas. Las actuaciones quedaron a partir del lunes pasado en manos del fiscal Eduardo Villalba, quien deberá resolver los pasos a seguir

Kiriaco anunció que las organizaciones de derechos humanos se presentarán como querellantes en esta nueva instancia de las causas por delitos de lesa humanidad que se ventilan en la justicia salteña.

“Los familiares de los desaparecidos son los más interesados en que esta investigación se lleve adelante”, señaló la abogada. Por ese motivo insistió en que el rastrillaje en las profundidades del dique Cabra Corral, ubicado en la localidad de Coronel Moldes, lo realice un equipo de expertos.

martes, 17 de enero de 2012

“Yo vi cuando un helicóptero del Ejército tiraba cuerpos al dique”

Un pescador asegura haber visto cuando tiraban cuerpos al dique
Un hombre de 67 años dijo: “Yo vi cuando un helicóptero del Ejército tiraba cuerpos al dique”

Se llama Andrés Reyes, tiene 67 años y hace 40 que concurre a pescar al Cabra Corral junto su hermano, Mauro. El hombre le contó a Informatesalta lo que vio aquella noche mientras estaba pescando a la altura de la Casa de Piedra. “Cuando sentimos el ruido del motor del helicóptero apagamos las lámparas y nos quedamos quietos en medio los árboles donde estábamos pescando en la orilla”, dijo. En ese lugar, hace “unos 25 años más o menos”, vio aquella tétrica escena que le quedó grabada a fuego en su memoria. Un testimonio conmovedor.

Los hermanos Reyes, Andrés y Mauro, hace 40 años que van todos los fines de semana al dique Cabra Corral. “No faltamos casi nunca”, se regodean, mientras miran fijamente la bolla que flota metros abajo, en el espejo de agua verdosa del embalse. Los dos están pescando desde el puente, cerca de la orilla norte, alejados del ruido de la gente que a cerca de las 11 del día sábado ya comenzaba a poblar la estructura de cemento para sacarse una foto, saltar desde la plataforma atados de los pies o simplemente para contemplar desde allí la majestuosidad del dique.

“Nosotros venimos aquí desde antes de que esto se transforme en dique. Por aquí pasaba el río Guachipas y nosotros veníamos a pescar bagres”, le cuenta a Informatesalta Mauro, quien con 65 años es el menor de los dos. “Siempre nos gustó la pesca, y casi siempre salimos juntos, desde hace años”, comentan.

- La pregunta obligada es si lo vieron alguna vez a “cabralito…”

- No, esas son mentiras. Nunca vimos nada raro en este dique, recién ahora la gente comenta algo con respecto a ese bicho, pero nosotros nunca vimos nada. (Mauro)

- ¿Y cuándo estaban los militares en el poder, se podía pasear en este lugar sin problemas o había algún tipo de restricciones?

- Se podía andar sin problemas, no pasaba nada.

- La pregunta viene porque, dicen, en este lugar hay cuerpos que tiraban en la época de la dictadura…

- De que hay cuerpos, hay cuerpos, eso es seguro.

- ¿Y usted cómo sabe eso?, ¿sospecha algo o sabe algo?

- No, lo que pasa es que yo vi cosas. Vi cuando un helicóptero del Ejército tiraba cuerpos al dique.

- ¿Hace cuántos años pasó esto que usted cuenta?

- Unos 25 años más o menos.

- ¿Y estaban los dos juntos pescando?

- No, estaba yo con un grupo de amigos (dice Andrés) porque mi hermano esa noche no pudo venir.

- ¿Se acuerda más o menos la hora?

- Era un sábado, como a las tres de la mañana más o menos.

- ¿En qué lugar vio eso?

- Estábamos pescando a la altura de la “Casa de Piedra”, cuando de golpe sentimos el ruido del helicóptero. Apagamos las lámparas y nos quedamos quietitos, sin hacer ruido, porque teníamos miedo de que, si nos descubrían, nos podían hacer algo a nosotros.

- ¿Qué fue lo que vio exactamente?

- El helicóptero vino y se posó a unos metros del agua, entonces tiraron una cosa pesada, como un envoltorio grande.

- ¿Cuántos ruidos de cosas que cayeron escuchó?

- Uno solo escuchamos, y luego el helicóptero se fue.

- ¿Y qué hicieron ustedes luego?

- Nos quedamos calladitos, nadie habló, nadie dijo nada. No queríamos ni prender la linterna siquiera. Tampoco comentamos nada en ninguna parte, ni en el barrio, en ningún lado.

- ¿Y por qué cuenta esto ahora?

- Por que ya pasó mucho tiempo, para evitar problemas no hablé nunca este tema, pero ahora el tiempo pasó, por eso le conté lo que vi aquella noche.

Este fue el diálogo, textual, que Informatesalta llevó a cabo con Andrés Reyes, el primer civil que realiza una denuncia de este tipo en Salta. Al final de la charla, y al momento de la despedida, le advertimos: “Don Andrés, de ahora en más lo van a llamar de varios lados, incluso de la Justicia para que amplíe lo que dijo en esta nota”. Una sonrisa nerviosa obtuvimos como única respuesta.

domingo, 15 de enero de 2012

Ayer y hoy de un agente de servicio de inteligencia

El revuelvo mediático se armó a partir de que la hija denuncio al padre, que a su vez era un ex agente de la SIDE, pero que ya tenía abierta una causa por proxeneta en 1997. Raúl Martins un ejemplo de la impunidad de ayer y hoy, más alla de la Argentina

Lorena Cristina Martins, de 35 años, fue quien llevó ante la Justicia documentos y todo tipo de pruebas en contra de su padre, Raúl Martins, ex agente de la SIDE durante 13 años (del 74 al 87), a quien acusa de administrador una gran cantidad de prostíbulos en Buenos Aires y México al tiempo que "quebraría" chicas para trabajar en condiciones de trata.

La denuncia fue revelada a inicios de mes, y se detalla que el ex espía mantiene en Capital un "emporio de 7 locales y domina también la noche de Cancún". Lorena afirmó que "se pagan coimas en 11 dependencias de la Policía Federal por un total de 35 mil pesos mensuales, y que jefes e inspectores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cobran para evitar las inspecciones y clausuras".

Lorena describió además que su padre es dueño de varios locales pero están a nombres de testaferros. Algunos de estos son: Rouge, The One, New Manhattan, Hot Area, Top Secret, Oba Oba, Swinger Club Anchorena. Según la hija de Martins, allí se ejerce la prostitución encubierta. Los establecimientos contarían con "puertas ocultas" para el rápido escape de menores y mujeres extranjeras sin documentación.

En tanto, Raúl Martins ya había sido denunciado ante el fiscal José María Campagnoli por el delito de promoción y facilitación de la prostitución, señala el matutino. Ahora, el expediente quedó abierto en la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos (Ufase), encabezada por el fiscal Marcelo Colombo, que atiende los casos de trata de personas.

Colombo giró el expediente a la Cámara Federal y ésta sorteó la causa, quedando a cargo el juez Norberto Oyarbide y el fiscal Gerardo Pollicita. Página/12 señala que como Oyarbide y Martins se conocen mutuamente, en parte por otros casos judiciales previos, "es posible que se aparte del expediente".

El pormenorizado relato de Lorena a disposición de la Justicia, logrado a través de una ardua infiltración en la organización delictiva, cuenta sobre: el pasado de su padre, los problemas legales en México, la facilidad con que Martins otorgaba visas para las chicas argentinas que viajaban engañadas con promesas de trabajo, los aprietes telefónicos, los "matones" enviados a la puerta de la familia de Lorena en donde sufrió una "tentativa de homicidio", y los vínculos con el poder político.

Por su parte, en el libro Esclavas del poder publicado este año por la periodista mexicana Lydia Cacho a través de la editorial Debate, ya se denunciaba la trata sexual de mujeres y niñas. En las crónicas, se incluía el nombre de Raúl Martins como uno de los zares de la prostitución en ambos países.
 
Raúl Martins vive actualmente en Cancún, pero Migraciones de ese país resolvió expulsarlo justamente por las acusaciones por trata de personas. Lorena declaró a la Justicia que su padre mantiene un estrecho vínculo con Los Zetas, un temible cártel de narcotraficantes. Y en las denuncias aparecidas en aquel país, políticos de distinto signo se acusaban entre sí por darle protección. Lo cierto es que Martins logró parar la expulsión presentando numerosas apelaciones a la Justicia y, según el diario Reforma, todavía rige una de esas apelaciones. Por esa razón, Martins no puede dejar México: en caso de hacerlo no podría reingresar.

Lorena decidió acercarse a la organización que lidera su padre y desde marzo pasado recabó datos sobre la forma de funcionamiento y ahora los presentó a la Justicia. Su abogado, el ex secretario del juez Juan José Galeano, Claudio Lifschitz, entregó un primer escrito a la Ufase y luego Lorena estuvo declarando durante varias horas. La decisión del fiscal Colombo fue enviar el expediente a la Cámara Federal, que procedió al sorteo de rigor y la causa quedó en manos de Oyarbide, quien conoció a Martins en 1999, hace ya 13 años.
Habrá que ver si el magistrado da un paso al costado o si decide investigar él mismo. Ya  Colombo ordenó que Lorena sea custodiada porque fue víctima de una tentativa de homicidio a fines de octubre.

En su primera declaración, a Lorena Martins no le pidieron ni dio detalles de los arreglos que los hombres de su padre en la Argentina mantienen con distintos comisarías y dependencias de la Policía Federal. Es que la Ufase se concentra en la investigación de trata de personas y no en el cohecho. Lo cierto es que Lorena dice que está dispuesta a aportar los nombres de los comisarios a los que se les pagaría, quién entrega el dinero y quién lo recibe. Asegura incluso que conoce los nombres de los jefes policiales que se negaron a entrar en el juego. No bien el fiscal Pollicita requiera la instrucción del expediente, la joven se presentará con esos datos y pruebas escritas.

¿Quién es quién?
Durante 13 años (entre 1974 y 1987) fue agente de la SIDE y usó un nombre falso: Aristóbulo Manghi. En los noventa, ya con su verdadera identidad, Raúl Luis Martins  se hizo conocido por investigaciones judiciales que lo señalaban como uno de los dueños del sexo vip de Buenos Aires.

Durante el 2004 los periódicos de Cancún, una de las playas más importantes de México, lo señalan como el hombre clave en un affaire de sexo, prostitución, traiciones, coimas y videos extorsivos.

El diario local Por Esto! hizo un seguimiento de las sociedades comerciales de Martins, y de una de ellas en especial: "Turística Swing", creada en setiembre de 2003, que el empresario comparte con su pareja, Estela Percival. A través de "Turística", Martins habría comenzado su propio negocio en la noche de Cancún, a espaldas de sus socios de Tijuana, con los que había hecho pie en la ciudad años antes.

Los medios mexicanos lo relacionan con tráfico de drogas y mujeres. Y hasta el presidente del ayuntamiento de Cancún (cargo que equivale al de intendente) debió salir a dar una conferencia de prensa, el 10 de mayo del 2004, para calmar los ánimos.

Durante el 2004, los problemas de Martins en México se centraron en el funcionamiento de una disco ubicada en plena zona hotelera, en la plaza Party Center, en el Boulevard Kukulcan. "Existe una denuncia sobre el pago de un soborno de 65.000 dólares del señor Martins a un regidor (concejal) para abrir su local, en febrero pasado, y no ser molestado. Se inició una investigación en la Contraloría Municipal", le dijo a Clarín David Sosa, subdirector de Comunicación Social del ayuntamiento, por aquellos años.

El local estaba sospechado de funcionar como prostíbulo ("giro negro" le dicen en México) y se llama The One. "Yo no sé de qué me habla, no sé nada de México", aseguró Martins cuando Clarín lo consultó acerca de lo que se publicó sobre él en Cancún.

En la Argentina el ex SIDE tiene un pedido de elevación a juicio en un expediente donde se lo acusa de regentear prostíbulos. Uno de ellos está en Chacabuco al 100 y se llama Tributo. Sin embargo, casualidad o no, cuando se inició la causa, en 1997, su nombre era otro: The One.

Nada de lo que ahora se ventila es nuevo para Martins. En Buenos Aires, además del expediente (Nº 103.933/97) en el que se lo procesó por "proxeneta", también se lo investigó —en el marco de la causa Oyarbide— por pagar supuestas coimas a ese juez federal a cambio de protección para sus boliches.

Y aún no fue aclarado el destino que iba a tener un video que el entonces fiscal José María Campagnoli encontró en marzo de 2001 al allanar cuatro cajas de seguridad de Martins en la casa central del BankBoston. En la cinta se ve a un camarista penal con una prostituta sentada en sus rodillas.

sábado, 14 de enero de 2012

Se dispuso una inspección subacuática en el dique Cabra Corral (Salta)

Buzos especializados de la policia deberan auscultar las profundidades del embalse

La medida fue dispuesta para determinar si en ese espejo de agua hay restos óseos de víctimas de la represión ilegal. Los rastrillajes se realizarán en la zona del murallón, que es la parte más profunda del extenso dique salteño.
 
El fiscal federal Ricardo Toranzos se hizo eco del pedido de distintos sectores de la comunidad, entre ellos el Gobierno de la Provincia, y dispuso que se haga una inspección subacuática con buzos especializados en el Cabra Corral para detectar la posible presencia de restos óseos de personas que habrían sido arrojadas en el dique durante la última dictadura militar. Con tal motivo libró un oficio al secretario de Seguridad, Eduardo Sylvester, para que habilite los medios necesarios y se efectúe un rastrillaje en la zona del murallón donde se encuentran las turbinas de la central termoeléctrica, con capacidad de 34.000 KW de potencia, cada una con sus respectivos generadores. Se trata de la parte más profunda del espejo de agua, estimada en unos 90 metros.

Según Toranzos, el objetivo de la inspección es establecer si en esa zona se pueden observar restos humanos a partir de los datos aportados por un comisario retirado de la Policía de la Provincia, quien en declaraciones realizadas a El Tribuno aseguró haber asistido al rescate de un hombre que presentaba impactos de balas y que había sido fondeado en el dique.

En el escrito elevado a Sylvester, el fiscal pide que el personal destacado para esta misión precise si la acumulación de sedimento podría haber enterrado algún cadáver, lo que deberá ser informado de inmediato a los efectos de solicitar la correspondiente orden judicial para su secuestro. También solicitó que -en lo posible- el relevamiento sea respaldado con una filmación. “Es necesario conocer las variaciones que tuvo el dique en los últimos 30 años para determinar el cuadro de situación”, dijo Toranzos.

Explicó que en la primera etapa el rastrillaje lo hará un equipo especializado de la Policía y que su trabajo se limitará a inspeccionar las profundidades del complejo; en caso de lograr algún avistamiento que haga suponer la presencia de restos óseos se dará intervención al juez en turno. “Las facultades de la fiscalía llegan hasta allí y en caso que la inspección tenga resultado positivo será necesario tomar los recaudos para preservar la zona”, señaló Toranzos.

No está determinada la fecha en que comenzarán los operativos en el sector dispuesto para el buceo, lo que está supeditado a los preparativos del personal que hará el relevamiento del área. “Estimamos que en diez días podríamos tener novedades”, dijo el fiscal

Con estas medidas, el funcionario dejará allanado el camino para que el fiscal titular de la causa, Eduardo Villalba, continué con las próximas diligencias a partir del lunes cuando retome sus funciones.

Las actuaciones se iniciaron el 29 de diciembre pasado a partir de la información que publicó El Tribuno: el comisario (r) Roberto Medina declaró haber sido testigo de la aparición de cadáveres fondeados en el Cabra Corral. Toranzos tomó como “notitia criminis” la publicación bajo la carátula “Averiguación s/publicación diario El Tribuno de Salta, expediente 34/11”. A requerimiento del fiscal prestaron declaración testimonial Medina, dos periodistas de este medio y otras personas. Hoy lo harán dos reporteros gráficos, además de otro comisario retirado, de apellido Luna, quien en la época en que aparecieron los cuerpos se desempeñada junto a Medina en la División Criminalística de la Policía local. Para los próximos días están previstos nuevos testimoniales.

El caso alcanzó amplia repercusión y movilizó a la Justicia Federal, ya que es la primera vez que un oficial que desempeñó tareas en la época del proceso habló de la aparición de cadáveres en un lugar donde los salteños -desde siempre- dicen que fue usado para la eliminación de las víctimas de la represión ilegal. Según esta teoría, el cadáver del ex gobernador Miguel Ragone estaría oculto en esas profundidades desde aquel 11 de marzo de 1976, cuando un grupo de tarea lo secuestró cerca de su domicilio.

El misterio del murallón

 La inspección en la zona del murallón del dique Cabra Corral fue dispuesta porque, según los expertos, era el lugar adecuado para arrojar cadáveres, por ser el sector más profundo del complejo y porque allí se encuentran las turbinas de la central termoeléctrica. Según el comisario retirado Roberto Medina en ese lugar apareció el cadáver de la persona que él fue a identificar entre fines de 1979 y comienzos de 1980, el que presentaba impactos de balas y con signos evidentes de que había sido fondeado. Esto guarda relación con el comentario de muchos salteños que coinciden que ese es el sitio que ocultaría el misterio de los más de cien desaparecidos en la provincia de Salta entre 1974 y 1983.

La decisión adoptada por el fiscal Ricardo Toranzos es calificada casi como “un clamor popular”, por lo que la expectativa estará centrada a partir de hoy en la tarea que realizarán los buzos en los próximos días.

El representante del Ministerio Público considera que no será una tarea fácil la que se emprenderá. El tiempo transcurrido y la cantidad de sedimento acumulado en la zona pueden ser factores que impidan lograr el objetivo que se busca. No obstante, tanto la Justicia como los familiares de las personas que integran la extensa nómina de desaparecidos confían en que esta sean la punta del iceberg para develar el misterio.

Lo que se sabe es que la fiscalía federal no solo tiene previsto inspeccionar la zona del murallón, sino otros sectores del embalse de agua que se destacan por su profundidad. La zona del puente de los pescadores, de casi 400 metros de largo y 80 de alto, también es observada como un sitio donde pudieron haberse arrojado u ocultados los cuerpos de personas asesinadas en aquellos años aciagos. Algunos sostienen que en medio de esa imponente estructura de cemento y hierro podría ocultarse otra parte del misterio de las víctimas del terrorismo de Estado. Hay quienes aseveran que donde la gente sospechó que había desaparecidos se encontraron desaparecidos, por lo que el dique Cabra Corral no podría ser la excepción.

martes, 10 de enero de 2012

Un dictamen ratificó la destitución del ex camarista mendocino Luis Miret

La Procuración General de la Nación resolvió que debe confirmarse su despido por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar.

El ex camarista federal mendocino Luis Francisco Miret sufrió un nuevo revés en la justicia, luego del dictamen de la Procuración General de la Nación que resolvió que debe confirmarse su destitución por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar, indicaron esta mañana fuentes judiciales.

La Procuradora Laura Monti recomendó a la Corte Suprema de Justicia el rechazo de un recurso de "queja" presentado por el ex magistrado destituído por un "jury de enjuiciamiento" en marzo de 2011 al constatarse su "mal desempeño" frente a denuncias por torturas y vejaciones a personas detenidas en 1975.

Miret argumentaba que el jury "carecía de jurisdicción al momento de dictar su fallo" ya que "había presentado su renuncia" ante el Poder Ejecutivo, pero no había sido aceptada, lo que, a su entender, "debía interpretarse como una aceptación tácita de aquella".

Sin embargo, la Procuradora Monti replicó que "si se considerara que el Poder Ejecutivo Nacional puede aceptar tácitamente la renuncia de un juez sometido a enjuiciamiento, se violaría la división de poderes y se causaría un daño a la comunidad", por lo que dictaminó a favor del rechazo del recurso del ex magistrado.

En marzo del 2011, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación removió de su cargo al entonces camarista mendocino "como fin de un proceso que se originó en la denuncia de una serie de personas y organizaciones de derechos humanos con fundamento en cargos vinculados con su actuación como magistrado en diversos juicios".

El destituído camarista también afirmaba que "no conoció en plenitud los hechos que aquí se le endilgan", pero Monti sostuvo que "la falta de demostración en forma clara, inequívoca y concluyente de lesión a las reglas estructurales del debido proceso en el trámite del juicio político, deriva en que no haya materia federal para la intervención de la Corte por la vía que se intenta".

miércoles, 4 de enero de 2012

Para Piñera no hubo “dictadura” chilena

El Ministerio de Educación cambió el término dictadura por "gobierno militar"  en los manuales

La noticia sobre cómo se contará la historia desde ahora en las aulas llegó justo cuando Harald Beyer debutaba como ministro de Educación. El diputado comunista Hugo Gutiérrez dijo que este cambio forma parte de una ofensiva mayor de la derecha.

 Por Christian Palma. Desde Santiago

Fue una bomba que estalló y sus esquirlas de molestia e ironía se diseminaron –temprano y rápido– por las redes sociales. La bola que corría citaba al periódico digital El Dínamo y hablaba de una resolución tomada entre cuatro paredes, a principios de diciembre pasado, en la que el Ministerio de Educación chileno, el mismo que ha estado en el ojo del huracán desde que comenzó el movimiento estudiantil, había decidido cambiar el término “dictadura” por “gobierno militar” en los libros de historia. Esto como parte de las modificaciones de las bases curriculares de formación para los chicos de la primaria.

Y aunque las modificaciones fueron aprobadas conforme a la ley por el Consejo Nacional de Educación chileno, la propuesta oficial del gobierno de Piñera causó una sorpresa mayúscula. Particularmente por este argumento: “Comparar diferentes visiones sobre el quiebre de la democracia en Chile, el régimen militar y el proceso de recuperación de la democracia a fines del siglo XX, considerando los distintos actores, experiencias y puntos de vista, y el consenso actual con respecto al valor de la democracia”, advierte la resolución.

El eufemismo, muy propio de la idiosincrasia chilena, le reventó en la cara al flamante nuevo ministro de Educación chileno, Harald Beyer, un tecnócrata que el presidente chileno puso en el cargo, luego de la renuncia de Felipe Bulnes, convirtiéndose en el tercer ministro que ocupa la cartera más complicada del gabinete en apenas medio año, tras las movilizaciones estudiantiles que caracterizaron el escenario político chileno el año que pasado.

La noticia sobre cómo se contará la historia desde ahora en las aulas llegó justo cuando Beyer debutaba en un actividad oficial con Piñera en el propio Palacio de La Moneda. Juntos, ministro y gobernante, recibían a los jóvenes egresados de secundaria que obtuvieron los máximos puntajes en el cuestionado y resistido examen de ingreso a la educación superior en Chile conocido como la PSU (Prueba de Selección Universitaria).

Peor le fue a Beyer a la hora de enfrentar a la prensa, justificando la decisión de hacer los cambios en los textos escolares porque de ese modo se aplica un concepto “más general” de la historia reciente de Chile.

Además, no tuvo reparos en reconocer, en el mismo lugar donde murió Salvador Allende, que él no tenía problemas en decirle dictadura como se escribía en los textos hasta el polémico cambio. “Yo reconozco que fue un gobierno dictatorial, así que no tengo problemas”, sostuvo sin más.

A esa hora las redes sociales eran un río de dimes y diretes, cargados de molestia, estupor, mofa e ironía. Aunque también hubo quienes salieron en defensa de la medida. Mientras en su “ecuánime” estilo el cientista político Patricio Navia ironizó diciendo en su cuenta de Twitter: “Piñera y Camila Vallejo concuerdan en que a las dictaduras de Pinochet y Cuba hay que llamarlas de otra forma. Gobierno Militar o Revolución”, el otrora máximo dirigente de los estudiantes de la Universidad Católica de Chile y también rostro de las movilizaciones estudiantiles, Giorgio Jackson, destacaba: “Beyer podría haber criticado, echarle la culpa a alguien más, eligió justificar. ¡Partió mal!”.

El cibernauta ex senador Nelson Avila se burló diciendo: “Nuevo cambio a los textos de historia. Ahora, en vez de ‘régimen militar’ que sonaba muy duro, se leerá ‘gobierno de orden’”. “Completamente en desacuerdo con cambios del Mineduc. Para avanzar debemos reconocer lo errado. No debe haber duda de que en Chile hubo dictadura”, escribió la diputada de derecha Marcela Sabat, hija del alcalde Pedro Sabat, un derechista duro.

El debate traspasó el mundo virtual y se trasladó pronto a los pasillos del Congreso. Allí, la derecha que sostiene el gobierno de Piñera se mostró dividida entre los más acérrimos partidarios y ex colaboradores de Pinochet y los que desde hace un tiempo han venido desmarcándose de la figura del fallecido dictador chileno. Reconocido seguidor y defensor de la “obra” de Pinochet, el diputado de la ultraderechista Unión Demócrata Independiente (UDI), Iván Moreira, defendió a priori la decisión del gobierno, porque es un acto de justicia. “Es lo más justo. Es importante que la historia se cuente objetivamente, lo que no se ha hecho en Chile. Que se hable de dictadura es una forma de estigmatizar a un gobierno que entregó democráticamente el poder”, dijo en su estilo. Mientras la diputada de la derecha más liberal Karla Rubilar se apuraba en afirmar que “las dictaduras son dictaduras en cualquier lugar del mundo y la historia debe conocerse como corresponde”.

La voz de los perseguidos por los militares la puso el diputado del Partido Comunista, el abogado Hugo Gutiérrez, quien hizo ver que esta modificación a los textos de enseñanza forma parte de una ofensiva mayor, en la que se pretende, incluso, decirles “excesos” a los crímenes cometidos durante los 17 años en que Chile fue “gobernado” por una dictadura.

Caso Mariano Ferreyra: el Tribunal no habilitará la "feria judicial" para la pericia balística

La pericia en la bala que se extrajo este martes de un herido en los hechos que culminaron con la muerte del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, en octubre de 2010, se realizará tras la "feria" judicial que finaliza el 31 de enero.

El tribunal oral 21, que tiene previsto iniciar el 22 de febrero el juicio oral por el homicidio de Ferreyra, rechazó "habilitar la feria" para realizar la pericia balística sobre un proyectil recuperado del cuerpo de un herido.

Las abogadas querellantes María del Carmen Verdú y Claudia Ferrero habían solicitado que se habilite la "feria" para peritar el proyectil, pero los integrantes del Tribunal 21 pospusieron esa diligencia para luego de la reanudación de la actividad habitual en los tribunales.

En esa ocasión, los expertos analizarán la bala extraída el martes en una operación de la articulación rotuliana de una pierna Nelson Aguirre, quien resultó herido junto con Elsa Rodríguez el 20 de octubre de 2010 en el barrio de Barracas, cuando fue asesinado Ferreyra.

Los camaristas Carlos Bossi, Horacio Dias y Diego Barroetaveña entendieron que no estaban justificados los motivos de la urgencia argumentada para realizar la pericia por lo que dispusieron que los estudios se realicen a partir de la reanudación de las tareas tras el receso estival.

En el juicio los banquillos de los acusados los ocuparán, entre otros, el secretario general de la Unión Ferroviaria (UF), José Pedraza, el presunto barrabrava Cristian Favale, el empleado Gabriel Sánchez y los delegados sindicales Pablo Díaz y Claudio Alcorcel.