lunes, 20 de mayo de 2013

DETENIDO EL ASESINO DE HAROLDO CONTI

Carlos Del Frade CONTINUIDADES

El acusado del asesinato de Haroldo Conti coordinaba la seguridad en la Barrick Gold. Miembros de la asamblea de Derechos Humanos y de las agrupaciones ambientales de la provincia reconocieron al imputado por la desaparición del escritor. Hoy intenta obtener una cátedra en la Universidad Católica de San Juan.

Rubén Osvaldo Bufano, ex integrante del Batallón 601 y acusado de ser uno de los responsables del secuestro y desaparición del escritor Haroldo Conti, coordinó las tareas de la seguridad privada de la Barrick Gold en el yacimiento Veladero, en la provincia de San Juan, a partir de 2006, confirmaron fuentes sindicales y profesionales de aquella capital cuyana. Hoy, el ahora empresario del rubro intenta obtener una cátedra sobre "inteligencia y seguridad" en la Universidad Católica de San Juan, según confiaron militantes de Derechos Humanos.

El reciclaje de Bufano, también acusado de haber participado en la llamada Masacre de Fátima, en Pilar, provincia de Buenos Aires, se inscribe en la lógica de la policía particular de la multinacional minera que, en estos días, volvió a ser denunciada por "perseguir" y "escuchar los llamados telefónicos" de los ambientalistas de la Unión de Asambleas Ciudadanas.

Ramón Gómez Medero, integrante de la Unión de Asambleas Ambientales de San Juan, sostiene que "la cuestión de la policía privada de la Barrick es un secreto que circula. En realidad, la mano de obra barata y sucia que trabaja para la empresa es la mismísima policía provincial. Pero el trabajo del seguimiento, las escuchas y las amenazas contra nosotros proviene de este tipo de expertos." Agrega que, cuando se hacían las movilizaciones en contra de las mineras a cielo abierto, Barrick tenía su oficina en pleno centro sanjuanino. "Desde allí hemos visto personas muy altas y rubias que no eran de acá y que formaban parte de esa seguridad privada. Los informes que nosotros tenemos nos dicen que se trata de hombres que formaron parte de conflictos bélicos internacionales, más precisamente que estuvieron en la guerra de Irak. Parece una película de ciencia ficción pero no lo es", dice Ramón.

Gómez Medero explica que "el llamado D-2 de la policía provincial le sirve a la minera, es decir que la seguridad pública está al servicio de la transnacional, pero este es un esquema que no sólo se da en San Juan, sino también en Catamarca, Chile y Perú donde recientemente se hizo una película al respecto que se llama Operación Diablo".

Para el militante, fundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la capital cuyana, Eloy Camus, también autor del libro Historia de víctimas del terrorismo de Estado. San Juan, Argentina, Bufano llegó a la ciudad de la mano de Jorge Escobar, "el Fujimori de Menem, empresario exitoso que iba a generar un buen gobierno. En ese momento junto a un cabo del Ejército, Obredor, Bufano fundó OVYS y con esta empresa de seguridad empezaron a recibir los beneficios del gobierno de Escobar, que le daba a proteger las empresas del Estado, las privatizadas y de algunos sanatorios, como ADOS, entre otros establecimientos. Bufano está apañado por ese poder menemista que existe todavía en San Juan". Y agrega que Bufano "camina libremente por las calles de San Juan como si fuera un señorón a pesar de que muchos sabemos de su pasado. Por eso es fundamental seguir profundizando la democracia para perder el miedo y recuperar nuestra dignidad. No es casualidad que se reciclen represores para reciclar aparatos represivos. Es vital seguir adelante con la reconstrucción de la memoria y también es necesario poner en cuestionamiento al poder judicial que se hace el bobo ante estas situaciones impunidad".

La presencia de Bufano en los planteles de seguridad privada de la Barrick reactualiza la historia de La Forestal, otra transnacional dedicada a la explotación de los recursos naturales, que durante los años veinte del siglo pasado armó a su propia policía, la "gendarmería volante", también llamada "Los Cardenales", con el apoyo del gobierno de Santa Fe.

La Barrick tiene el nombre comercial de Minera Argentina Gold. En 2009 facturó 2200 millones de pesos, a razón de $ 4243 por minuto, colocándose en el puesto 71 entre las 1000 empresas que más venden en el país.

EL SECUESTRO DE CONTI
En el informe Nunca Más, de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, se lee parte del legajo 77 que refiere a la detención de Haroldo Pedro Conti, autor de Sudeste, En vida, Alrededor de la jaula y la célebre Mascaró. El 4 de mayo de 1976 "fue aprehendido cuando retornaba a su domicilio de Capital Federal a medianoche, junto a su compañera Marta Beatriz Scavac Bonavetti y el bebé de ambos.

Allí tenía que aguardarlos un amigo. Al arribar a la vivienda, el amigo se encontraba ya maniatado, había un grupo de individuos vestidos de civil, quienes golpearon brutalmente a la pareja y la encerraron allí mismo, mientras se peleaban por el reparto del botín: los sueldos de ambos, percibidos esa mañana, efectos patrimoniales de toda naturaleza, dejando escasamente los muebles de gran tamaño. Robaron los originales de todas las obras de Conti y documentación personal", sostiene el documento.

Más adelante, el informe expresa que "los diarios de fecha 13 de noviembre de 1982 dieron cuenta de la detención, en la ciudad de Ginebra, Suiza, de tres argentinos, quienes declararon pertenecer a grupos secretos de represión política, autores de secuestros extorsivos cuyos rescates cobrarían en aquel país donde resultaron aprehendidos y que manifestaron estar en condiciones de proveer información sobre el destino de Conti". En base a las fotografías "difundidas en su momento de los individuos detenidos en Suiza (Bufano, Martínez y otros), la señora Scavac reconoció que el "amigo" que se hallaba en el domicilio antes de que llegaran las fuerzas que capturaron a Conti y que decía llamarse Juan Carlos Fabiani (quien había concurrido a casa de Conti una semana antes del secuestro solicitando asilo por sentirse perseguido por la policía a causa de su militancia política), era el detenido Rubén Osvaldo Bufano -perteneciente, según sus declaraciones, al Batallón 601 del Ejército-. Los hijos de Conti -Marcelo Haroldo y Alejandra- del primer matrimonio, también reconocieron dichas fotografías, ya en sede judicial, como pertenecientes al R16;amigoR17; a quien veían en la casa de su padre cuando le efectuaba visitasR30;" "En seguridad y en inteligencia, a mí el Ejército argentino me formó muy bien. Yo le debo todo lo que sé, le debo toda mi vida. Renegar de ese pasado sería renegar de mi vida", dijo Rubén Osvaldo Bufano al Diario de Cuyo, el jueves 22 de agosto de 1996.

Aquella declaración fue consecuencia de la denuncia que hiciera el entonces diputado nacional por el socialismo, Alfredo Bravo, sobre la actividad del represor en democracia a través de su empresa Oeste, Vigilancia y Seguridad (OVYS) que prestaba sus servicios a la Asociación de Obras Sociales (ADOS) y a Edessa, la firma que se había quedado con la privatización del suministro de electricidad en la provincia de San Juan en tiempos del gobierno de Jorge Escobar.

"Bufano fue la cara visible de la empresa OVYS en los R17;90. Esa firma custodió el sanatorio Almirante Brown el día que la psicóloga María Rosa Pacheco de Balamaceda fue vista por última vez. Ella desapareció el 2 de junio de 1996", escribió el periodista Daniel Tejada en el Diario de Cuyo. Dos meses después, llegó el repudio público de Bravo a la presencia de Bufano.

El 24 de junio de 2004, la cara del secuestrador volvió a aparecer en el diario. Se pedía su captura como presunto partícipe de la llamada Masacre de Fátima, producida el 20 de agosto de 1976, cuando 30 personas alojadas en la Superintendencia de Seguridad Social de la Policía Federal fueron trasladadas en camiones y en un punto de la Ruta 8, a la altura del kilómetro 62, en un paraje conocido como Fátima, en el partido bonaerense de Pilar, las fusilaron. El caso estaba siendo investigado por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral. En junio de 2004, entonces, ordenó la detención del agente del 601. Pero la causa tampoco prosperó.

EL PRESENTE DORADO
Por vericuetos judiciales, Bufano gambeteó la causa, siguió en libertad y de regreso a San Juan encontró un buen puesto laboral: se convirtió, a través de la empresa Custo, en uno de los responsables de la seguridad privada de la Barrick Gold, que en octubre de 2005 había iniciado la explotación del yacimiento de oro, plata y cobre de Veladero, a 4000 metros de altura. El dato fue confirmado por dirigentes de la Asociación Obrera Minera de la Argentina, delegación San Juan y por profesionales de la ciudad y la región del noroeste argentino.

Tres empresas de seguridad privada son las que prestaron sus servicios a la poderosa Barrick: Custo, Prosegur y la actual El Guardián, a cargo del ex policía provincial Raúl Morán.
"Custo era una empresa que decía venir de Suiza. Allí, una de las personas que manejaba todo era Bufano. Lo conozco muy bien", dijo un dirigente de la Asociación Obrera Minera de San Juan a este cronista. Para cerciorarse del dato llamó a otro ex integrante de una fuerza de seguridad, también vinculado a la seguridad privada de la minera canadiense. Y es curioso, porque Bufano estaba en Suiza cuando fue detenido en 1982 y donde otros sobrevivientes de la dictadura también lo reconocieron como un infiltrado en distintas organizaciones políticas que trabajan desde el exilio.

Profesionales que hoy trabajan en la capital sanjuanina y en el noroeste argentino reconocieron al imputado de haber participado en el secuestro de Haroldo Conti como uno de los principales coordinadores de la seguridad privada de la Barrick en el yacimiento de Veladero.

Según el ex legislador provincial Diego Seguí, "cuando cualquiera quiere ir por el camino minero, o la llamada servidumbre minera, no lo puede hacer, porque la empresa de seguridad privada de la Barrick impide el paso. Viene una requisa minuciosa y sólo se puede pasar si la autorización proviene de la empresa cuya sede no está en el cerro sino en la ciudad capital a casi 150 kilómetros de distancia. Ese es un camino provincial pero el control lo tiene la empresa."

Agrega que durante 2009 se llevó adelante una causa judicial que investigaba el origen de camionetas 4x4 que se vendían en Mendoza a precios extraños. "En realidad se trataba de vehículos robados, reducidos y que luego se rearmaban para ser vendidos en la provincia vecina. La investigación determinó que el origen de este material era el yacimiento de Veladero. Pero la justicia no llegó a nada, porque cuando la jueza que llevaba adelante la investigación quiso acceder al establecimiento, la seguridad privada de la firma no la dejó entrar. Es decir, un poder por encima de la propia justicia provincial. Fue un escándalo, pero no pasó más nada", agregó Seguí.

El periodista del diario Huarpe, Ernesto Simón, dice que no se sorprendería si reaparece Bufano como jefe de seguridad de la Barrick. "Recuerdo que Bufano era propietario de dos estaciones de servicio Raza, en pleno centro sanjuanino. También es conocida su participación en los sucesos relacionados con la desaparición de la psicóloga Pacheco. El problema es que Bufano actúa detrás de alguna otra persona, porque sabe que su pasado se conoce. Debe andar bien camuflado", apunta.

La jueza de ejecución penal de la provincia, Margarita Camus, integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales, señala: "Hace más de cuatro años que pedí informes sobre las causas judiciales que lo involucran a Bufano y para mi sorpresa saltó que la orden de detención que se había librado en su contra estaba sin efecto". Dice que el reciclaje de Bufano se dio a través de la agencia de seguridad OVYS, la protección de los sanatorios y clínicas como ADOS y que su nombre volvió a estar sobre el tapete con la desaparición de la psicóloga Pacheco. "Una mujer que trabaja con chicos que sabían del negocio del narcotráfico acá en San Juan. Bufano fue investigado, la causa quedó en nada y realmente tuvo ribetes escandalosos. Lo que tiene que quedar claro es que toda esta gente siguió haciendo lo que hacía antes. Ninguno de ellos se puso un comedorR30;", ironiza Camus.

Mientras la minera factura más de 4200 pesos por minuto, Bufano, experto en seguridad e inteligencia, camina con tranquilidad por las calles céntricas de San Juan. Sabe que la multinacional está custodiada por expertos muy parecidos a él mismo.

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Carlos Del Frade: Escritor, periodista y docente. Nació en Rosario en 1963. Autor, entre una treintena de trabajos, de "Postales del ex-cordón industrial del Gran Rosario"; "La iglesia y la construcción de la impunidad"; "Desaparecidos desocupados"; "El Rosario de Galtieri y Feced"; "Santa Fue, una provincia robada"; "Matar para robar"; "Ciudad blanca, crónica negra"; "Central Ñuls, la ciudad goleada" y "Perón, la Triple A y los Estados". Es director periodístico de Radiohistorias (Radio Universidad Rosario, lunes a viernes, 23:00 hs) y La Voz del Grillo" (Televisión Regional de San Lorenzo, miércoles, 21:00 hs); y del portal de noticias Postales del Sur. Es redactor de la Agencia de Noticias Pelota de Trapo y de las revistas El Vecino y El Eslabón (Rosario) y Postales (Alcorta). Entre otros premios, obtuvo en varias oportunidades el Martín Fierro por su labor en radio; y en el 2005 recibió el Premio Nacional Arturo Jauretche por su labor en los medios de comunicación.

jueves, 16 de mayo de 2013

Procesan a policías de Pinochet, por el asesinato del periodista y militante del MIR, Augusto Carmona

Un juez chileno ha dictado una orden de procesamiento contra ocho exagentes de la dictadura de Augusto Pinochet acusados del asesinato del periodista Augusto Carmona, ocurrido en diciembre de 1977, informaron fuentes judiciales. Los imputados son el general Odlanier Mena, exdirector de la CNI; el exbrigadier Miguel Krasnoff y Basclay Zapata, en la actualidad recluidos en una cárcel por otras violaciones a los derechos humanos. El resto de procesados son Enrique Sandoval, Manuel Provis, José Fuentes, Luis Torres y Teresa Osorio.

El juez especial de la Corte de Apelaciones de Santiago, Leopoldo Llanos, decidió someter a proceso judicial a ocho antiguos represores de la Central Nacional de Informaciones (CNI), el organismo que en 1977 sustituyó a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), la policía secreta de Pinochet.

El juez los acusa de ser los autores del homicidio de Augusto Carmona, un reconocido periodista y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), asesinado el 7 de diciembre de 1977 en la puerta de su domicilio, en el sur de la capital chilena.

De acuerdo a la investigación judicial, tres militantes del MIR fueron detenidos y torturados en Villa Grimaldi para que facilitaran la dirección del domicilio de Carmona, que entonces tenía 38 años. Una vez obtenida la dirección, un amplio contingente de agentes de la policía secreta allanó el inmueble, pero el periodista no se encontraba en el lugar. Carmona llegó cerca de la medianoche a su domicilio. Al abrir la puerta recibió varios disparos desde el interior de la casa, donde permanecían los agentes que unas horas antes habían realizado el allanamiento.
Causa sobreseída por la fiscalía militar

En la época, el crimen fue presentado como un enfrentamiento armado entre el periodista y las fuerzas de seguridad. Alejandra Arriaza, abogada de la familia del periodista, expresó su satisfacción por la imputación en esta causa, que en 1993 fue sobreseída por la fiscalía militar.

"Valoramos que la investigación califique el crimen como de lesa humanidad e incluya al máximo responsable de la CNI, Odlanier Mena, como autor del delito, junto a los miembros de la Brigada Azul, encargada de la represión al MIR", dijo la letrada en un comunicado.

Augusto Carmona era un reconocido periodista que trabajó en el Canal 9 de televisión, dependiente de la Universidad de Chile, hasta el golpe de Estado de Pinochet, el 11 de septiembre de 1973. Escribía también en la revista Punto Final, para la que cubrió la muerte del guerrillero Ernesto Che Guevara, en octubre de 1967 en Bolivia.

lunes, 13 de mayo de 2013

Condena para un represor uruguayo : es el primer General en ser procesado estando en actividad

Miguel Dalmao fue condenado a 28 años de prisión por la muerte de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, ocurrida en junio de 1974 en un establecimiento militar donde estaba detenida. Es el primer general activo en Uruguay juzgado por crímenes cometidos durante la dictadura y pudo ser procesado por una decisión de la Suprema Corte de Justicia que declaró inconstitucional la Ley de Caducidad para este caso puntual.

Dalmao había sido procesado el 8 de noviembre del 2010 cuando era jefe de la División de Ejército IV, que tiene su base en la ciudad de Minas, a 120 kilómetros de Montevideo. Fue el primer general ascendido tras la llegada al poder en Uruguay del Frente Amplio en el año 2005. A comienzos del 2011 empezó a tener problemas cardíacos y fue internado en el hospital militar, donde recibió la visita del presidente del país, José Mujica. Desde entonces Dalmao está bajo tratamiento médico y actualmente está internado en el mismo hospital militar de la capital uruguaya.

Nibia Salbasagaray era una profesora de literatura, de 25 años, que militaba en el Partido Comunista en la clandestinidad, cuando fue detenida el 29 de junio por la mañana, y llevada al entonces Batallón de Transmisiones del Ejército. Esa unidad era dirigida por José Chialanza, actualmente coronel retirado y también procesado por el mismo caso. Sobre el mediodía de ese mismo día, Sabalsagaray fue encontrada ahorcada en la celda.
La versión oficial de la época señalaba que la joven Sabalasagaray se ahorcó en el calabozo donde estaba detenida a las pocas horas de haber sido detenida, pero de las pericias forenses adjuntadas al expediente judicial se desprende que fue víctima de torturas. Dalmao fue encontrado responsable por "homicidio muy especialmente agravado" ya que cuando sucedieron los hechos era el segundo responsable de la unidad donde fue detenida.

La investigación de la muerte de Sabalsagaray fue posible después de que la Suprema Corte de Justicia de Uruguay declarara en octubre de 2009 inconstitucional la Ley de Caducidad, que impedía juzgar los crímenes cometidos por uniformados durante la dictadura, para este caso concreto.