miércoles, 25 de febrero de 2015

Tucumán : ¡¡ Ya suman 32 los represores liberados o excarcelados !!

Entre los últimos liberados están Jorge Lazarte y Francisco Ledesma. Los reclamos de los ciudadanos y organismos de derechos humanos no se hicieron esperar.

En un artículo escrito por Gerardo Aranguren, para Infonews, se destaca cómo en Tucumán se está dando un proceso de liberación de represores. Hasta el momento suman 32 los condenados por delitos de lesa humanidad de la última dictadura que fueron beneficiados por la Cámara de Casación de esa provincia.

Entre los últimos liberados se encuentran Jorge Lazarte y Francisco Ledesma. Se trata de la Megacausa Jefatura II Arsenales II y en la de Villa Urquiza.  Y podrían sumarse otras ocho liberaciones.

El 22 de diciembre último,  el Tribunal Oral Federal de Tucumán condenó a 18 años de prisión a Jorge Omar Lazarte y a 16, a Francisco Alfredo Ledesma en el juicio por crímenes en el penal de Villa Urquiza. En el mismo fallo, revocó la prisión domiciliaria de Ledesma, un ex agente penitenciario, y ordenó que fuera enviado a prisión al igual que Lazarte.

Sin embargo en plena feria judicial, la Cámara de Casación, integrada por los magistrados Eduardo Riggi, Ana María Figueroa y Ángela Ledesma, ordenó la liberación de los dos condenados hasta que haya una sentencia firme. La presentación también incluía al ex comisario Roberto Albornoz, pero no quedo libre ya que tiene condena firme en una causa anterior.
"Nos parece escandaloso. Creemos que hay razones más que suficientes para sostener que existe el riesgo procesal con estas personas en libertad. Tienen penas altas por delitos muy graves, algunos de ellos mantienen sus vínculos y el riesgo de fuga aumenta exponencialmente después de la sentencia", explicó el fiscal federal Pablo Camuña, que tiene a su cargo la Procuraduría de crímenes de lesa humanidad de Tucumán.

 "Los fallos tienen muchos aspectos que nos llaman la atención y que fueron desatendidos. Lo que parecía ser hasta ahora un criterio restrictivo de la Cámara de Casación, ahora es un criterio universal. Pareciera que no va a haber detenidos condenados por delitos de lesa humanidad hasta que queden firmes los fallos", se lamentó Camuña.

La Asociación de ex Presos Políticos e HIJOS, denunció que la liberación de los condenados "pone en riesgo la integridad física, psíquica y moral de quienes atestiguaron sobre los vejámenes a los que fueron sometidos por quienes hoy deambulan en libertad por la provincia".

Los "beneficiados" por la justicia

En el juicio por la causa Villa Urquiza se juzgaron los delitos cometidos contra 39 presos políticos detenidos ilegalmente. Francisco Ledesma es un ex guardiacárcel del penal de Villa Urquiza. Tras el golpe de Estado, el pabellón E pasó a ser un centro clandestino de detención para presos “subversivos” y comenzó a llamarse ‘pabellón de la muerte’. Fue condenado a 16 años de prisión.

Jorge Lazarte, por su parte, es un coronel retirado. Su rol era de supervisor militar del departamento de inteligencia de la Policía de Tucumán, conocido como D2. Especializado en inteligencia, se desempeñó tanto en Tucumán como en el Batallón 601, en la Ciudad de Buenos Aires. Por un breve tiempo, llegó a ser subjefe de la policía de esa provincia. Fue condenado a 18 años de prisión en el juicio de Villa Urquiza y a 10 años en Arsenales II-Jefatura II.


Ramón Ojeda Fuente es un capitán retirado del Ejército y se desempeñó en el Destacamento de Inteligencia 142 de Tucumán, del que llegó a ser jefe del grupo Situación Subversiva. Fue condenado a 20 años de prisión en el juicio Arsenales II-Jefatura II como autor de 20 homicidios agravados y numerosos casos de secuestros y torturas.


Alberto Montes de Oca fue jefe de guardia de Gendarmería. Ernesto Rivero, también gendarme. Estuvieron destinados en el centro clandestino de detención Arsenales. Ambos fueron condenados a 18 años de prisión en el juicio Arsenales II-Jefatura II por cerca de 50 secuestros y por violación sexual agravada.

Benito Palomo fue condenado a 18 años de prisión. Fue Segundo Comandante de Gendarmería en Tucumán y llegó a ser Comandante hasta su retiro en 2003. Fue encontrado culpable por una veintena de secuestros.

Juicio Villa Urquiza

Los represores beneficiados con la liberación debido a que sus condenas no se encuentran firmes y pese al temor de fuga que tienen las víctimas:

LIBERADOS

Jorge Lazarte (18 años)

Francisco Ledesma (16 años)

Arsenales II - Jefatura II

La lista de los represores –ex policías y militares– que fueron beneficiados con la liberación hasta que queden firmes las sentencias contra ellos o con la prisión domiciliaria:



LIBRES
Ramón Jodar (4 años)
María Acosta (10 años)
Miguel Chuchuy Linares (14 años)
Hugo Figueroa (16 años)
Pedro Pateris (10 años)
Guillermo Ugarte (15 años)
Antonio Vercellone (16 años)
Oscar Gómez (16 años)
Félix Insaurralde (16 años)
Benito Palomo (18 años)
Fernando Torres (16 años)
Ramón Ojeda Fuente (20 años)
Hugo Soto (15 años)
Alberto Montes de Oca (18 años)
Ernesto Rivero (18 años)
José Sowinski (17 años)

DOMICILIARIA

Luis De Cándido (perpetua)
Ángel Moreno (16 años)
Ramón Cooke (16 años)
Juan Abraham (16 años)
Ricardo Sánchez (perpetua)
Rolando Reyes Quintana (16 años)
Luis Ocaranza (10 años)
Mario D'Ursi (12 años)
Augusto Neme (18 años)
Luis Varela (perpetua)
Adolfo Moore (20 años)
Tomás Güemes (18 años)

Además, Gerardo Aranguren subrayó que se están dando casos sospechosamente similares en Salta donde quince condenados en la Megacausa Salta, la mitad de ellos a cadena perpetua, fueron liberados por la misma Sala III de Casación, integrada por los jueces Eduardo Riggi y Liliana Catucci, con la disidencia de Ana María Figueroa.

viernes, 20 de febrero de 2015

Las condenas a represores de Junín: "por su complicidad en el genocidio perpetrado durante la dictadura cívico-militar"

Dos de los acusados fueron condenados a cadena perpetua; otros dos a 25 años de prisión; dos más, a 18 años; y un último caso, a 15 años de cárcel. La sentencia fue anunciada ayer por el juez Carlos Rozanski y hubo emoción entre las víctimas y familiares.

La Plata, 19 Feb .- El Tribunal Oral en lo Criminal Oral Nº 1 de La Plata, presidido por el juez Carlos Rozanski, dio a conocer ayer sentencias a siete represores en el marco de la última jornada del juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Junín.

Después de tres meses de juicio y 12 extensas audiencias –con la declaración de 70 testigos–, el veredicto condenó a dos de los acusados a cadena perpetua; otros dos a 25 años de prisión; dos más, a 18 años; y un último caso, a 15 años de cárcel.

Hubo emoción entre las víctimas y familiares que habían esperado casi 38 años para que se juzgaran los terribles hechos cometidos durante la última dictadura cívico militar en esa ciudad banaerense. 
 
La condena dada a conocer ayer tendrá su correlato en la fundamentación de las condenas, que será publicada el 26 de febrero de 2015. Este fallo no quedó firme y la defensa ya adelantó que recurrirá al tribunal de Casación para apelar esta decisión.

No obstante, tanto familiares y víctimas como referentes de los organismos de derechos humanos, confían en que hay muy pocas posibilidades que esa apelación prospere.

El fallo

En primera instancia, el Tribunal condenó a prisión perpetua e inhabilitación absoluta a Ángel José Gómez Pola, “por su complicidad en el genocidio perpetrado en la última dictadura cívico militar” y por encontrarlo coautor del delito de homicidio doblemente calificado en los casos de los ex detenidos desaparecidos juninenses Hugo Torretta, Adrián Romié y Gilberto “Beto” Mesa. Asimismo, fue condenado por “intervenir en la lesión grave en la integridad física o mental del grupo” y por los delitos de “privación ilegal agravada” y “aplicación de tormentos agravada”.

También se condenó a prisión perpetua e inhabilitación absoluta a Abel Oscar Bracken, “por su complicidad en el genocidio perpetrado durante la última dictadura cívico militar”. Asimismo, fue condenado por haber sido “coautor del delito de homicidio doblemente calificado”, por el caso Torretta. Además, fue condenado por “intervenir en la lesión grave en la integridad física o mental del grupo” y por los delitos de “privación ilegal agravada” y “aplicación de tormentos agravada”.

Francisco Silvio Manzanares fue condenado a 25 años de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena “por su complicidad en el genocidio perpetrado durante la última dictadura cívico militar”, por “intervenir en la lesión grave en la integridad física o mental del grupo”, y como “coautor de privación ilegítima de la libertad agravada” y “aplicación de tomentos agravada”.

También fue condenado a 25 años de prisión Aldo Antonio Chiacchietta “por su complicidad en el genocidio perpetrado durante la última dictadura cívico militar”, por “intervenir en la lesión grave en la integridad física o mental del grupo”, y como “coautor de privación ilegítima de la libertad agravada” y “aplicación de tormentos agravada”.

Bajo los mismos argumentos, Miguel Ángel Almirón y Julio Ángel Esterlich fueron condenados a 18 años de prisión y Edgardo Mastrandrea, a 15. Asimismo, se revocó la detención domiciliaria de Chia-cchieta, Almirón y Bracken.

martes, 17 de febrero de 2015

Junín-lesa humanidad: piden perpetuas y 25 años de prisión

Las penas fueron solicitadas para un exmilitar y seis expolicías bonaerenses que ejercieron el terrorismo de Estado en esa ciudad. Entre los acusados están el excoronel Gómez Pola y los excomisarios Bracken y Mastandrea.

El expolicía Edgardo Mastandrea podría ser condenado a 23 años de prisión.

Los fiscales de la Unidad que interviene en casos de terrorismo de Estado en La Plata, Hernán Schapiro y Juan Martín Nogueira, pidieron penas de prisión perpetua para el ex coronel Ángel José Gómez Pola y el ex comisario de la seccional 1era de Junín, Abel Oscar Bracken, por delitos de lesa humanidad cometidos contra 24 víctimas del circuito represivo que funcionó en esa ciudad bonaerense durante la última dictadura cívico militar.

También solicitaron entre 19 y 25 años de prisión para otros cinco policías involucrados.

"Las fuerzas militares y policiales tuvieron un funcionamiento armónico y coordinado en la zona, dándose una unidad de acción muy marcada", destacaron los fiscales en el juicio que se celebra desde noviembre pasado en la Universidad Nacional del Noroeste.

Para el ex oficial subinspector y médico policial Aldo Antonio Chiachietta y el ex oficial inspector de la delegación regional de la Dirección de Inteligencia policial (DIPBA), Francisco Silvio Manzanares, los fiscales solicitaron 25 años de prisión.

En tanto, para el ex oficial subinspector Miguel Ángel Almirón y el ex oficial inspector Edgardo Antonio Mastandrea pidieron 23 años; y 19, para el ex oficial subinspector Julio Ángel Esterlich.

Las condenas solicitadas se basan la ampliación que formularon en el juicio por los delitos de homicidio, en los casos de tres víctimas desaparecidas; y por la aplicación de tormentos, ya que los acusados habían llegado a juicio imputados solamente de privación ilegal de la libertad.

En su alegato, Schapiro y Nogueira también requirieron al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata que, al momento de dictar sentencia, decida la remisión a la Fiscalía Federal de Junín de las constancias del debate en las que se imputaron a otras personas con el fin de que sean investigadas.

Además, los fiscales solicitaron que se ponga el fallo en conocimiento del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires y que "se adopten las medidas necesarias para que se establezcan como sitios de 'Memoria' los centros clandestinos de detención que han sido objeto del juicio".

El circuito represivo que funcionó en Junín estuvo comandado por el área militar 131, con sede en el Grupo de Artillería 101, en donde Gómez Pola ejerció como jefe.

Los lugares del sistema represivo local funcionaron en la comisaría 1ª de Junín, la Unidad N°13 del Servicio Penitenciario Provincial, que en aquella época estaba en construcción; el Destacamento o Puesto de Vigilancia de la localidad de Morse, que dependía de la comisaría 1ª de Junín, y la Unidad Regional VIII de la Policía bonaerense, que era la jefatura de las comisarías de la zona.