martes, 15 de noviembre de 2016

El sobrino de Von Wernich es el director de DDHH del Servicio Penitenciario Bonaerense

Guillermo Von Wernich, sobrino del ex capellán de la Bonaerense condenado por haber colaborado con la dictadura, ocupa un cargo jerárquico en la estructura penitenciaria.

Un área del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) está presidida por un familiar de un represor de la última dictadura cívico-militar. Se trata de la Dirección de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, que está a cargo de Guillermo Von Wernich, sobrino del ex capellán de la Bonaerense que fue condenado por su participación en crímenes de lesa humanidad.

El sobrino del represor fue designado por Fernando Díaz, el ex jefe del organismo que semanas atrás fue desplazado por el gobierno de María Eugenia Vidal en medio de cuestionamientos de entidades de derechos humanos por las condiciones de tortura y hacinamiento en las cárceles y por su imputación en una causa por corrupción.

Christian Von Wernich, tío de Guillermo es sacerdote y ex capellán de la Policía provincial que en 2007 fue condenado a reclusión perpetua por su participación en casos de privación ilegítima de la libertad, torturas y homicidios en los centros clandestinos de detención del "Circuito Camps", que dependía del ex jefe policial Ramón Camps

martes, 8 de noviembre de 2016

Denuncian al Fiscal General de Mar del Plata por haber espiado a Madres en dictadura

La Comisión Provincial por la Memoria acusó a Fernández Garello por delitos de lesa humanidad. Lo señalaron como espía de la Policía Bonaerense y pidieron su juicio político.

En plena dictadura, quien ahora es el fiscal General de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, se infiltró en reuniones de Madres de Plaza de Mayo y la Conferencia Episcopal en su rol de espía policial de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense (DIPPBA). Así lo denunció la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) que aportó documentos hallados en el archivo de la dirección de espionaje policial en dos causas por delitos de lesa humanidad que tramitan en los juzgados federales de San Martín y San Isidro. El organismo provincial de DDHH también pidió el juicio político para el funcionario.

La CPM aportó documentos que involucran a Fernández Garello, entre otros agentes de la DIPPBA, en la causa que investiga los apremios ilegales contra un militante del Partido Comunista en 1982 y de la detención de tres militantes del Partido Comunista, el 23 de Julio de 1981. Entonces era oficial subinspector de la repartición policial de espionaje y participó tanto del operativo conjunto, coordinado con la Brigada de Investigaciones de San Martín y personal militar del Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo, como de los “interrogatorios” a los que fueron sometidos las víctimas.

Por otra parte, también envió documentación ampliatoria en la causa por la desaparición de Ana María Martínez, en el marco de los delitos de lesa humanidad cometidos en la Zona Militar IV. La delegación DIPPBA San Martín, donde actuaba Fernández Garello, era parte de esa zona militar a cargo del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo.

Además de la denuncia en los juzgados federales, el organismo provincial denunció a Fernández Garella ante la Suprema Corte de Justicia y la Procuración bonaerense: “ante la gravedad institucional del caso, la CPM solicita su juicio político y el urgente apartamiento de sus funciones”, dijo en un comunicado la comisión presidida por el Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.

De espía de la dictadura a fiscal.

Durante la dictadura cívico-militar, el ahora fiscal general de Mar del Plata, Fabián Uriel Fernández Garello, se desempeñó primero como oficial ayudante y luego como oficial subinspector en la delegación de San Martín de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). Sólo entre 1978 y 1982, participó en 17 intervenciones de actos de inteligencia en el marco de las acciones persecutorias y represivas que fueron constitutivas del terrorismo de Estado.

Todas esas acciones quedaron registradas en el archivo de la DIPPBA, que está bajo control de la CPM. Según esos documentos, en su rol de policía Fernández Garella realizaba espionaje político y gremial: operó en conflictos laborales y gremiales en Textil Patagónico, Fiat Concord y Deutz Argentina, entre otros. También hizo registro de murales y panfletos pertenecientes a distintos partidos y agrupaciones políticas.

La DIPPBA era una suerte de policía política del Terrorismo de Estado que tenía por objetivo la búsqueda de “delincuentes terroristas”, como definían la persecución del comunismo como identificación de toda oposición política a la dictadura. Sus espías se infiltraban en organizaciones sociales y políticas, y Fernández Garello interviene en el informe que implicó para su desarrollo la infiltración en una reunión mantenida entre autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina y las Madres de Plaza de Mayo. También se infiltró en cooperadoras escolares e incluso de una agencia de turismo que promovía como destino al Kremlin.

“La permanencia de Fernández Garello como fiscal general es inadmisible en democracia porque se trata de una persona que, por sus acciones en la DIPPBA, fue parte del esquema represivo desplegado por el terrorismo de Estado”, denunció la CPM.

Por la relevancia de las funciones que cumple en el marco de las instituciones democráticas hace que sea incompatible su continuidad en el cargo. Entre sus funciones, por ejemplo, está la puesta en marcha de la policía judicial en el departamento de Mar del Plata. La policía judicial es una reforma que apunta a la renovación del sistema judicial y aporta a la modificación del paradigma de investigación, basado en la delegación fiscal en la policía bonaerense. De ninguna manera, entonces, puede quedar bajo las órdenes de una persona que fue agente de inteligencia y perpetró delitos de lesa humanidad.

viernes, 4 de noviembre de 2016

La impunidad continúa : El juez Bejas se excusó y no citará a indagatoria a César Milani

La Cámara Federal de Casación Penal había confirmado que el ex jefe del Ejército debía ser citado a indagatoria en los tribunales tucumanos por la desaparición del soldado Ledo.

Luego de que la Cámara Federal de Casación Penal confirmara que el ex jefe del Ejército, César Milani, debe ser citado a indagatoria por la desaparición del conscripto Alberto Agapito Ledo durante el Operativo Independencia, el juez federal N°1, Daniel Bejas, se excusó de seguir interviniendo en la causa. A principios de 2015, el magistrado no había hecho lugar al pedido para que el entonces titular de las Fuerzas Armadas fuera llamado a declarar. Milani ocupó el cargo durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

Bejas tomó la determinación luego de dos presentaciones efectuadas por el fiscal general Gustavo Gómez (subroga al fiscal federal N°1 Carlos Brito).

Por un lado, Gómez había presentado una solicitud de pronto despacho, argumentando que Bejas llevaba 106 días sin resolver la citación. El juez la rechazó y sostuvo que el trámite procesal se desarrolló de manera "regular, normal y permanente” en relación a los tiempos de resolución de otras causas que investigan delitos de lesa humanidad. Deslizó críticas a Gómez por el tenor del escrito y el "nivel de exposición mediática que emprendió el fiscal”. "Resulta sorpresivo que quien no registra intervención en ninguna causa de lesa humanidad y quien sólo interviene en este caso de manera esporádica y circunstancial efectúe una presentación que a todas luces no refleja la realidad procesal de la causa, poniendo al descubierto la carencia en dicho funcionario, de un conocimiento real y exhaustivo de la causa”, cuestionó. Bejas señaló que no hubo dilaciones y rechazó el requerimiento.

Violencia moral

Por el otro, Gómez había pedido que se cite efectivamente al ex titular del Ejército. Bejas consideró que en los argumentos, Casación resolvió sin indicar los lineamientos a seguir por él para dictar un nuevo pronunciamiento y que, pese a ello, se le ordenó una nueva definición. "Dicho temperamento me coloca en una situación de violencia moral para una nueva de decisión. Afirmo ello, ya que al no haberse rebatido y analizado mis argumentos, me encuentro impedido de reanalizar la cuestión debatida con iguales fundamentos y adoptar posición distinta a la ya sustentada en el decisorio cuestionado”, afirmó. Adujo entonces la imposibilidad de abocarse a la misma cuestión con idénticas evidencias, que ya rechazó, y sin orientación del tribunal de alzada, y se excusó. Recordó que él había cuestionado la investigación y añadió que la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán recomendó profundizar la pesquisa.

Los expedientes estuvieron tres años en sus manos. Ahora el juez federal N°2, Fernando Poviña, deberá analizar si acepta el caso, que ya cuenta con 15 cuerpos. La querella de la familia Ledo, encabezada por los abogados Adriana Mercado Luna y Bernardo Lobo Bugeau, expresó que espera que la causa avance en el marco del debido proceso. Adelantó que no ejercerá recurso alguno y consentirá la intervención del nuevo juez.

El 20 de octubre, la sala I de Casación rechazó dos recursos de queja presentados por la defensa del imputado en contra de dos resoluciones de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. Los camaristas Ana María Figueroa, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos desestimaron dos recursos: uno era contra la resolución que no hizo lugar al pedido de apartamiento del fiscal Brito y el otro, contra la determinación de dejar sin efecto el pronunciamiento de Bejas sobre la citación. El 2 de junio, la Cámara Federal de Tucumán resolvió que Milani sea llamado a indagatoria y dispuso que Bejas resuelva la situación procesal del ex militar. Asimismo, el Tribunal resolvió que el magistrado siga al frente de la investigación y convalidó la elevación a juicio en lo que respecta a la acusación sobre el ex capitán Esteban Sanguinetti, implicado en los hechos.

Deserción o desaparición

Ledo era un estudiante riojano de 20 años. Cursaba la carrera de Historia en la UNT. En 1976, cuando desapareció, cumplía el servicio militar en el Batallón de Ingenieros de Construcciones 141 de La Rioja. En mayo de 1976, un grupo de esa dependencia se trasladó a Monteros presuntamente bajo las órdenes de Milani y de Sanguinetti. Entre los que llegaron a la provincia estaba Ledo. Habría sido secuestrado del sitio en el que se encontraban afincados, el predio de una escuela. El Ejército, sin embargo, sostuvo que desertó. Disfrazar la desaparición forzada de conscriptos bajo la figura de "deserciones” fue una mecánica habitual durante el terrorismo de Estado, de acuerdo con las investigaciones desarrolladas por la justicia federal. Según el ex capitán José Luis D’Andrea Mohr, 129 jóvenes soldados desaparecieron entre 1975 y 1983. Al menos 12 fueron vistos por última vez en Tucumán.

Según el fiscal Brito, Milani habría encubierto los crímenes de lesa humanidad perpetrados contra el soldado Ledo y falsificado el sumario de deserción. En julio de 2013, cuando se presentó espontáneamente en los tribunales federales locales, Milani había explicado que entre el 75 y el 76 estuvo 40 días en la provincia, en dos oportunidades, con la unidad de ingenieros de construcciones, a la que pertenecía. En ese entonces tenía 21 años y era subteniente, según dijo. "Estuvimos en una escuela en Monteros y reparábamos y limpiábamos caminos. No tuvimos que ver con la parte de inteligencia, de operativa ni con nada”, había explicado.

"Trató de favorecerlo siempre"

Graciela Ledo vio por televisión cómo César Milani se presentó el miércoles en Tribunales para declarar ante el juez Daniel Rafecas por la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. La hermana de Alberto Agapito Ledo, por cuyo secuestro y desaparición está denunciado Milani, está convencida de que la imagen del ex jefe del Ejército durante la última etapa del kirchnerismo pasando frente a un juez se repetirá próximamente.

Ledo cuestionó duramente al juez federal N°1, Daniel Bejas, y su desempeño durante los tres años que tuvo el caso. "Todo este tiempo nos negó a las víctimas el derecho a la verdad. Es una causa que tiene pruebas y testimonios que involucran a Milani”, expresó.

Afirmó que había pensado en denunciar a Bejas ante el Consejo de la Magistratura porque consideraba que no su actuación no se ajustaba a derecho.

"Tuvo una pésima actuación. Trató de favorecer a Milani con las dilaciones y al no indagarlo. También sabemos que hay tirantez entre él y el fiscal. Por otro lado, el personaje (por Milani) es fuerte y poderoso. Son muchos factores los que pesaron y no deberían haber pesado en la Justicia”, reflexionó.

En relación a Milani, consideró que pretende "limpiar su imagen” afirmando que es perseguido por haber sido una figura relacionada con el kirchnerismo. "Quiere hacerse pasar por víctima, pero los hechos son de hace más de 30 años. Tiene cuatro causas en La Rioja, además de la de Tucumán”, consignó. Aseguró que esperan que desde ahora el proceso se encauce: "es una causa casi terminada, falta citar a indagatoria a uno de los imputados y profundizar a otros responsables. Estamos seguros de que hay más gente que sabe lo que sucedió con él”, concluyó.