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Nora Cortiñas: "Hacerle una nota a Videla es de un periodismo facista"

2012-02-16T23:58:00.000-08:00

Genocida Videla confirma los crímenes

2012-02-16T00:46:00.000-08:00

Declaraciones del dictador Jorge Rafael Videla, condenado a perpetua, a una revista española. Habla de los crímenes de lesa humanidad, los que no se pueden investigar en España.

La voz del represor que confirma sus crímenes

El máximo responsable de la última dictadura militar habló con la revista española Cambio 16. Dijo que recibió la colaboración de la Iglesia y el empresariado. Justificó el golpe, la represión y se consideró víctima de “la venganza”.

Desde su celda en el penal de Campo de Mayo, Jorge Rafael Videla dio un largo reportaje a la revista española Cambio 16, a la que dijo que durante la dictadura tuvo “una relación excelente” con la Iglesia, que los empresarios “también colaboraron”, que días antes de tomar el poder Ricardo Balbín les preguntaba, ansioso, cuándo se iban a decidir, que los decretos de Italo Argentino Luder les habían dado “licencia para matar”, y que, a fin de cuentas, si hoy en la Argentina hay militares presos por los crímenes cometidos en aquellos años es “un espíritu de absoluta revancha”. Tras su reivindicación de la dictadura, Videla denunció que el problema que tiene hoy el país es que falta República: “Las instituciones están muertas, paralizadas, mucho peor que en la época de María Estela Martínez de Perón”.

El represor está desde octubre de 2008 en la Unidad 34 del Servicio Penitenciario Federal, la antigua cárcel militar ahora a cargo del Ministerio de Justicia y destinada a los procesados y condenados por crímenes de lesa humanidad. En aquella fecha, hace ya más de tres años, Videla perdió el beneficio de la prisión domiciliaria a raíz de un pedido que hizo un grupo de querellantes en la causa por el plan sistemático de robo de bebés. Hasta entonces había logrado cumplir sus detenciones en dependencias militares o en su casa.

En la entrevista publicada por Cambio 16 se ocupó de remarcar que el golpe del 24 de marzo de 1976 tuvo apoyos civiles. “Había ‘vacío de poder, parálisis institucional y riesgo de una anarquía’, y frente a este estado de cosas el clamor ciudadano, con sus dirigentes a la cabeza, pidiendo la intervención de las Fuerzas Armadas”.

El dictador aseguró que mientras fue presidente de facto tuvo una buena relación con el empresariado y la Iglesia Católica. “Los empresarios colaboraron y cooperaron con nosotros. Nuestro ministro de Economía de entonces, Alfredo Martínez de Hoz, era un hombre conocido de la comunidad de empresarios de Argentina y había un buen entendimiento y contacto”, definió. En cuanto a la Iglesia, sostuvo que tuvo una relación “excelente, muy cordial, sincera y abierta”.

“No olvide que incluso teníamos a los capellanes castrenses asistiéndonos y nunca se rompió esta relación de colaboración y amistad. El presidente de la Conferencia Episcopal, cardenal (Raúl) Primatesta, a quien yo había conocido tiempo atrás en Córdoba, tenía fama de progresista, o sea proclive a la izquierda de entonces, pero cuando ocupó su cargo y yo era presidente del país teníamos una relación impecable.”
De Perón a Balbín

A las figuras políticas de la época, Juan Domingo Perón y Ricardo Balbín, les dedicó frases mordaces. Así, definió a Isabelita como “una buena alumna de Perón, ya que desde el punto de vista ideológico se situaba en la extrema derecha del peronismo”. Y de Balbín repitió que fue uno de los que golpearon las puertas de los cuarteles.

En ese contexto, Videla agregó que el terrorismo de Estado no fue una decisión tomada por las Fuerzas Armadas a espaldas de la dirigencia política, sino que tuvo el aval tácito de los radicales y el apoyo explícito del peronismo en el poder, ya que –prosiguió– el entonces presidente provisional Italo Argentino Luder convocó a los jefes de las Fuerzas Armadas (él lo era del Ejército), les pidió un plan a seguir “frente a las acciones terroristas”, aprobó la más dura de sus propuestas y luego firmó el decretos para “aniquilarlas”.

“Los decretos de Luder nos dieron todo el poder y competencias para desarrollar nuestro trabajo e incluso excedían lo que habíamos pedido; Luder, prácticamente, nos había dado una licencia para matar, y se lo digo claramente. La realidad es que los decretos de octubre de 1975 nos dan esa licencia para matar que ya he dicho y casi no hubiera sido necesario dar el golpe de Estado. El golpe de Estado viene dado por otras razones que ya expliqué antes, como el desgobierno y la anarquía.”

El dictador sostuvo que él y otros represores están presos, entonces, por puro “espíritu de venganza”. “Alfonsín cumplió a su manera (...) Menem también, a su forma, cumplió con los indultos. Así llegamos al matrimonio Kirchner, que vuelve a retrotraer todo este asunto a la década de los setenta, y vienen a cobrarse lo que no pudieron cobrarse en esa década”.

“Lo hacen con un espíritu de absoluta revancha, con el complejo, y ésta es una opinión personal, y con el agravante de quien pudiendo hacerlo no lo hizo en su momento. Estos señores eran burócratas que repartían panfletos y no mataron ni una mosca entonces. Y eso les da vergüenza, claro, y quisieron exagerar la nota de persecusión para sacar patente de corso, de malos de una película en la que no estaban.”

La conclusión de Videla, que en un tramo de la entrevista blanqueó que él hubiera querido que “el Proceso dejara su descendencia”, es de antología. “Hoy la República está desaparecida”, declaró el dictador, porque “no tiene Justicia”. “Las instituciones están muertas, paralizadas, mucho peor que en la época de María Estela Martínez de Perón.”

Videla pide la libertad condicional a la Justicia (¿¿??)

2012-02-09T00:02:00.000-08:00

Su abogado, Rodríguez Varela, que fuera Decano de la Facultad de Derecho, impuesto por la dictadura de Lanusse, confeccionaba listas donde fichaba a estudiantes judíos, rojos.... Y concurria armado a la facultad.

Este "letrado" habla de violaciones a los "derechos" de su representado

El ex dictador realizó una presentación para que se le conceda ese beneficio sobre la condena que la Cámara Federal le dictó en 1985 en el "Juicio a los Comandantes". Además, reclamó que se le extienda al resto de sus procesos judiciales

Según la presentación de su abogado, Alberto Rodríguez Varela, el primer presidente del último régimen de facto lleva 20 años de prisión efectiva, que configura un total de más de 32 años de acuerdo a un cálculo que contempla la aplicación de la regla del "dos por uno".

El escrito sostiene que Videla ya fue juzgado por los crímenes de lesa humanidad que se le atribuyen y que los nuevos procesos que se están debatiendo violarían el principio que indica que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito.

Según el cálculo del abogado defensor, Videla lleva preso 32 años y siete meses por la denominada "Causa 13", el juicio a los principales jerarcas de la dictadura, llevado a cabo en 1985.

Descontando los lapsos de libertad tras los indultos dictados por Carlos Menem a principios de los 90 y otros procesos incidentales, Videla habría -según la interpretación de su defensa- transcurrido en prisión el tiempo suficiente para plantear su libertad condicional.

Además, subrayó el abogado Rodríguez Varela, el ex dictador reúne otras condiciones que lo harían pasible del beneficio excarcelatorio.

"No es imaginable que ningún tribunal imparcial deniegue la libertad condicional", ya que se trata de un hombre de 86 años, con "conducta irreprochable" en la cárcel, según la calificación del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Videla está alojado en el Instituto Penal Federal de Campo de Mayo, Unidad 34 del SPF, y su abogado consideró que "no es razonable recurrir a pretextos para demorar la libertad condicional". La decisión deberá ser adoptada en plenario por las dos salas de la Cámara Federal, explicaron fuentes judiciales.

El exdictador permaneció en la comodidad de su casa hasta que en 2005 se derogaron definitivamente las leyes que les habían permitido la impunidad y en 2008 fue trasladado a una cárcel militar, en la que permanece desde entonces

San Juan: Reanudan juicio con 7 represores prófugos

2012-02-07T00:38:00.000-08:00

El Tribunal Oral Federal de San Juan (TOF) reanudará mañana las audiencias del Juicio Oral y Público que se le sigue en San Juan a cinco represores por delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia durante la última dictadura militar, y en el que hay aún siete prófugos.

Durante la primera audiencia del año, se espera que los jueces reciban un informe del secretario de Derechos Humanos de la provincia, Hugo Zalazar, señalando las identificaciones de las 62 personas desaparecidas en San Juan y los más de 10 centros clandestinos de detención que funcionaron.

Oficialmente se supo que sólo Carlos Graffigna y Hugo Zalazar, que ya declararon, harían un reconocimiento fotográfico tanto de víctimas como de militares que actuaron en aquellos años de plomo en la provincia, y que prestaría su declaración el poeta José Casas, autor de un libro escrito en torno a la represión en San Juan, lo que lo transforma en un testigo del contexto en que vivían los sanjuaninos en aquella época.

Pero la mayor expectativa está centrada en que el inicio de la segunda parte del proceso judicial y, prácticamente, el agotamiento de la lista de testigos de contexto, se abre la probabilidad de que los imputados empiecen a declarar para defenderse.

Previamente, sólo el teniente Jorge Olivera realizó una declaración parcial acerca del caso de la modelo franco argentina Marie Anne Erize y el resto de los imputados se mantuvo en silencio hasta ahora, lo que no implica que persistan en esa actitud a lo largo de todo el proceso, ya que les asiste el derecho de defenderse cuando lo consideren necesario, e incluso pueden ampliar sus declaraciones.

Desde el tribunal que integran los jueces Héctor Cortés, Raúl Fourcade y Alejandro Piña se espera que el proceso no termine más allá del mes de abril, y por eso entienden que es probable que antes de que empiecen los testigos de parte, los imputados se hagan escuchar.

El proceso que se reanuda mañana en el edificio del rectorado de la Universidad Nacional de San Juan, involucra a los militares Jorge Olivera, Benito Martel, Antonio Lazo, Daniel Gómez y Horacio Nieto y tiene a siete militares prófugos, que son el teniente Carlos Malatto exiliado en Italia y los oficiales y suboficiales Eduardo Vic, Jorge Paez, Eduardo Cardozo, José Del Torchio y Gustavo De Marchi, así como al ex jefe de la Policía de San Juan, Juan Carlos Coronel.

En el juicio también estaba imputado el general Luciano Benjamín Menéndez, que cumple las penas de prisión perpetua en Córdoba, pero fue apartado del caso, por razones de salud.

Se demora el juicio por el crimen de Ferreyra

2012-02-07T00:06:00.000-08:00

El juicio oral por el asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra y las heridas de bala que recibieron otras tres personas durante una protesta de empleados tercerizados del ex Ferrocarril Roca demorará su comienzo, hasta ayer previsto para el próximo lunes 20. Así lo decidió el Tribunal Oral en lo Criminal 21, que pospuso sin fecha tentativa el inicio del proceso, debido a que a la acusación del gremialista ferroviario José Pedraza y otros nueve detenidos imputados por el crimen se sumó la de siete oficiales de la Policía Federal, señalados por liberar la zona de Barracas donde se produjo el crimen. Como la prueba acusatoria contra los efectivos no está completa, se deberá esperar hasta tanto esa etapa esté resuelta. Según explicaron fuentes judiciales, el asesinato del joven y la actuación de la Policía son partes de “un solo hecho” que debe ser juzgado en un único proceso.

La medida fue dictada por los jueces Diego Barrotaveña, Carlos Bossi y Horacio Dias, quienes ordenaron “imprimir prioridad en su tramitación” a la prueba contra los policías para no demorar demasiado el proceso. Las fuentes vaticinaron que la presentación de evidencia y su análisis por parte de la Fiscalía tardará alrededor de un mes. Luego, el Tribunal decidirá cuáles aceptará, para luego fijar una nueva fecha de inicio. No obstante, los plazos podrían postergarse aún más si las partes objetan la decisión del Tribunal de unir ambas causas.

Los jueces tomaron la determinación luego de que, en diciembre pasado, la jueza Susana Wilma López elevara el segundo tramo de la investigación por la muerte de Ferreyra y las graves heridas de bala que recibieron Elsa Rodríguez, Pablo Pintos y Nelson Aguirre. Esa parte del estudio liderado por López apuntaba a la responsabilidad por las víctimas de siete oficiales de la Policía Federal, acusados de liberar la zona del hecho y no proceder a la detención de los señalados de efectuar los disparos, ni a la búsqueda de pruebas.

Si finalmente las partes aceptan la unificación, Pedraza y otros nueve imputados estarán acompañados de los policías acusados en la segunda etapa de la investigación. Hugo Lompizano, ex comisario y ex titular de la Superintendencia Metropolitana de la Federal; Jorge Raúl Ferreyra, ex comisario de la División Roca; Luis Alberto Echevarría, segundo de Lompizano; Gastón Conti, principal de la Dirección General de Operaciones; Rolando Garay, subcomisario de la comisaría 30ª; Luis Mansilla, comisario inspector jefe del Departamento de Control de Líneas, y David Villalba, agente de la División Exteriores de Video, se encuentran en libertad y se les imputa el delito de abandono de persona agravado seguido de muerte y agravado por daño a la salud, en el que está incluido el incumplimiento de los deberes de funcionario público, que tiene una pena de hasta 15 años de prisión.

Cárcel común a Guglielminetti

2012-02-01T22:43:00.000-08:00

La Cámara Federal porteña confirmó la detención en una cárcel común del ex agente civil de Inteligencia del Batallón 601 condenado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar Raúl Antonio Guglielminetti, rechazando un pedido de arresto domiciliario. La defensa de Guglielminetti había pedido la detención en su domicilio con los argumentos de que tiene más de 70 años –edad que las leyes establecen para reclamar ese beneficio– y que su esposa tiene a cargo la crianza de sus tres nietos menores de edad, ya que su hija y su yerno murieron.

La Cámara confirmó el fallo del juez federal Daniel Rafecas, que había rechazado el planteo de Guglielminetti, detenido en Marcos Paz. “Las concretas condiciones ponderadas demuestran que Raúl Guglielminetti, frente a los eventos cuya comisión se le reprochan y al escenario histórico y formal en el que éstos se enmarcan, de momento no pueda acceder al beneficio cuya concesión ha solicitado”, sostuvieron los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero.

El ex agente de Inteligencia Raúl Guglielminetti fue condenado a veinte años de prisión por los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención conocido como Automotores Orletti durante la dictadura.

Guglielminetti, reconocido por algunas de sus víctimas cuando luego de la dictadura se desempeñó en la custodia del por entonces presidente Raúl Alfonsín, fue condenado por 25 secuestros y 21 de aplicación de torturas.

Automotores Orletti fue el centro clandestino de detención por el que pasaron las víctimas del llamado Plan Cóndor un acuerdo entre las dictaduras del Cono Sur para colaborar en la represión ilegal de la guerrilla en la región.

Negocios compartidos en Colón

El espía de la SIDE durante el proceso militar, Raúl Guglielminetti tenía lucrativos negocios en nuestra ciudad. El testaferro era un colonense perteneciente a la derecha nacionalista. El negocio pasaba por la venta de combustibles. Las venidas del ex agente de inteligencia y Eduardo Ruffo, no eran tan esporádicas.

Raúl Guglielmineti, y Anibal Gordón miembro del SIDE (Ejercito) se conocía dentro y fuera de Colón. Lo producido por sus tropelías como asalto de bancos o secuestros, era invertido en la ciudad.
En un campo alquilado a un colonense en frente a la Escuela Salesiana de Ferré, Gordón sembraba maíz escoba, en tanto Guglielmineti se dedicaba a la venta de gas-oil y naftas. Estas actividades en el orden local era compartida con los delitos de Lesa Humanidad que cometían.
La historia cierra, debido a que a partir de 1975, en la zona hubo miembros de la Triple A y que se encubría a través de trabajadores del Ministerio de Bienestar Social.

Como producían el dinero

En un mediodía templado de invierno, dos jóvenes, bien vestidos, llegan en un auto Torino al Destacamento Policial de la localidad de Arroyo Dulce (cerca de Salto), ubicado sobre la calle Gowland, a menos de una cuadra de los terrenos de la estación del ferrocarril. Logran sorprender y secuestrar al oficial a cargo Juan Carlos Bianchi y se lo llevan como rehén. Son las 13.25, cuando entran al Banco de Crédito Rural. El oficial de custodia atina a usar su arma, pero sabe que es mejor replegarse. Al grito de "esto es un asalto", los atracadores le piden al cajero, Osvaldo Colel, que abra el tesoro
.
Los desconocidos toman el dinero, encierran a empleados, clientes y personal de seguridad en el archivo y salen a la calle. En total suman diez minutos de acción. Con una pistola calibre 45 disparan a las gomas de un Torino, un Falcon y una Fiat multi- carga para evitar que los sigan. Como tomándose un tiempo dentro de la línea de vértigo, detienen el colectivo de la empresa de transporte de pasajeros "El Águila", que hace el trayecto Pergamino-Salto, suben y le quitan la llave de contacto.

Revisan al pasaje, no roban nada: sólo constatan que ninguno lleve armas. Suben a un auto y escapan por caminos de tierra. A unos pocos kilómetros abandonan el vehículo y huyen en avión (el mismo que la banda utilizaba en Colón y el campo de Ferré)

Horas después, en el banco se realiza el arqueo de caja: la suma sustraída apenas supera el millón y medio de pesos viejos, cifra muy inferior a la que se guardaba. Erróneamente, las primeras noticias difundidas por algunos medios de comunicación arriesgan una cantidad cercana a los 10 millones.

La banda de Gordón había asaltado el banco.
En este sentido, la casa de la calle 47 en cercanías de 12, Gordon lo compró con lo producido del robo
No se sabe si en el campo alquilado a un colonense en Ferré y donde llegaban en avión a igual que al Aeroclub de Colón se juntaban con Acosta, Rufo y Guglielminetti.

El despojo de todo que obró la dictadura genocida

2012-01-29T23:05:00.000-08:00

Los hermanos Iaccarino: “Hace 33 años que peleamos por esto”. Ante el inicio de la causa por el secuestro y la apropiación de sus bienes.

El juicio se realizará en La Plata y hay dos represores procesados, Bruno Trevisán y Jorge Rómulo Ferranti, ex jefes del centro clandestino El Infierno, donde los empresarios fueron obligados a transferir acciones de sus compañías, campos y otras propiedades.

Por Gustavo Veiga

Los hermanos Iaccarino comienzan a divisar el final de un largo camino. Alejandro y Carlos reclaman justicia hace más de tres décadas. Lo hacen por ellos, pero también por sus padres y por Rodolfo, el mayor de los tres hijos, todos fallecidos. Su caso es uno de los 604 que registró hasta hoy la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación con empresarios que fueron despojados de sus bienes por la última dictadura. La inminencia del primer juicio –en total son ocho– que los tiene como víctimas del terrorismo de Estado despierta en ellos la expectativa de cierta reparación. Está previsto para febrero o marzo en La Plata y lo llevará adelante el Tribunal Oral Federal Nº 1. Dos represores procesados y detenidos, Bruno Trevisán y Jorge Rómulo Ferranti, ex jefe y ex subjefe de la Brigada de Investigaciones de Lanús, serán juzgados por los delitos de extorsión, privación ilegal de la libertad y aplicación de torturas. Eran los responsables del centro clandestino de detención conocido como El Infierno. Allí, los empresarios lecheros fueron obligados a transferir acciones de sus empresas, campos y un avión ejecutivo a cambio de conservar sus vidas.

“Hace 33 años que venimos peleando para llegar justo a esta instancia. La dictadura militar mató nuestro proyecto de vida, algo irreparable. Por eso sentimos un dolor muy grande, la frustración de hacernos desaparecer, la muerte de nuestro hermano Rodolfo por amenazas, los vejámenes a nuestros padres. Buscamos que nos reparen moral y económicamente. Teníamos siete empresas, ahora tenemos ocho causas en la Justicia”, dice Alejandro con una serenidad pasmosa.

Carlos, el menor de los Iaccarino, está bajo tratamiento médico por una enfermedad complicada. Los hermanos pidieron por esta razón que la causa se ventilara con urgencia y el pedido fue contemplado. De profundas raíces cristianas, sostiene que “no guardamos resentimientos ni odios. Pero sí exigimos justicia de acuerdo a derecho, ya que en la Tierra tendrán su condena y después el inexorable juicio divino”.

De los ocho expedientes abiertos con sus denuncias, el más trascendente es el 6080 que ventilará el TOF Nº 1, presidido por Carlos Rozanski. Está caratulado “Iaccarino, Rodolfo José y otros sobre apropiación de bienes”. Dos más los tiene el mismo tribunal, con incidentes planteados por los fiscales contra la detención domiciliaria de Ferranti y Trevisán. Las cinco causas restantes se encuentran en el Juzgado Federal Nº 3 de La Plata, de Arnaldo Corazza. En ellas se investigan la cesión de un campo de golf en Alta Gracia –entregado en canje a la familia cuando testaferros de la dictadura la despojaron de sus bienes– y las amenazas de muerte que sufrió Rodolfo.

El mayor de los hermanos falleció un mes después de recibirlas, el 12 de julio de 2009. Un infarto masivo acabó con su vida. En cautiverio y bajo tortura habían comenzado sus problemas cardíacos. Por eso tuvo que ser operado tiempo después y le hicieron cuatro bypass. “El caso Julio López será un poroto al lado del caso Iaccarino”, le advirtió con tono intimidatorio un hombre sesentón, bien vestido, en una plaza platense, el 10 de junio de aquel año.

“El hecho de pensar que estaremos frente a los represores no modifica nuestra naturaleza. No obstante, nos trae el recuerdo de las torturas sufridas, amén del dolor que debieron soportar nuestros padres, porque también ellos fueron secuestrados”, recuerda Carlos. Rodolfo Genaro, el jefe de la familia, sufrió un ACV a los tres días de que sus hijos fueran liberados. La madre, Dora Emma Venturino de Iaccarino, permaneció diecisiete días detenida en 1976 durmiendo en el piso de una comisaría, sólo alimentada a mate cocido. Alejandro recuerda ahora que “cuando la llevaron ante el coronel Flores Jouvet, ordenó: ‘Lárguenla, esta mujer está destrozada’”. El 1º de enero de 2008 falleció, a los 90 años.

Veintidós meses estuvieron detenidos desaparecidos los hermanos. Los secuestraron el 4 de noviembre del ’76 y recobraron la libertad el 4 de septiembre del ’78. Para entonces, su padre ya había firmado la cesión de 25 mil hectáreas de producción agropecuaria en Santiago del Estero y de un avión.

Alejandro pasó por catorce centros clandestinos. Sus denuncias no se detienen en los daños que le provocó la dictadura cívico militar. Asegura que en la Justicia de Córdoba “desaparecieron tres carpetas con valiosa documentación enviada por el defensor del pueblo de la Nación, Anselmo Cella”. Eran pruebas que, según el empresario, tenían relación con la usucapión que pretendía tramitar la sociedad civil Alta Gracia Golf Club para tomar el dominio definitivo de los ahora costosos terrenos de la localidad cordobesa. Las 28 hectáreas y unos lotes colindantes al green del exclusivo club poseían un valor mucho menor al actual cuando fueron escriturados por los Iaccarino a cambio de su libertad y todo su patrimonio.

Un documento notarial firmado el 24 de agosto de 1979 y protocolizado por el escribano Adolfo Barceló en Alta Gracia menciona que el ciudadano paraguayo Vicente Antonio García Fernández compareció “como presidente de la Sociedad Anónima Compañía de Tierras y Hoteles de Alta Gracia, con domicilio en calle Maipú 510, 2º piso, de la Capital Federal...” y a solicitud de los Iaccarino señaló que “según boleto de fecha 9 de octubre de 1977, han adquirido de la Compañía de Tierras y Hoteles de Alta Gracia SA, firmando como presidente en esa oportunidad el señor Bruno Chezzi (CI 4.912.755), una fracción de terreno conocida como Cancha de Golf del Sierras Hotel, con una superficie de 28 hectáreas, 1010 metros cuadrados”. Caída la usucapión –derecho que establece que quien poseyó un terreno durante cierto tiempo puede hacerse dueño del mismo–, los hermanos Iaccarino esperan que se materialice la entrega de los bienes que les pertenecen. Se apoyan en la teoría de Theo Van Boven, un reconocido jurista holandés que estableció la teoría de la reparación económica en materia de derechos humanos.

El despojo de empresarios

Los hermanos Iaccarino sostienen que son muchos más los casos de empresarios despojados durante la dictadura que los 604 registrados en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Seis, según ellos, son los que más repercusión han tenido: Graiver (Papel Prensa), Gutheim (textil Sadeco), Paskvan (emprendimiento avícola), Saiegh (Banco Latinoamericano), Cerrutti (industria vitivinícola) y el de su propia familia.

La búsqueda de reparación de la familia Paskvan es la que más avanzó en la Justicia. Daniel, hijo del dueño de dos empresas avícolas de Santa Fe y Buenos Aires, llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, patrocinado por el constitucionalista Daniel Sabsay. Le aceptaron su recurso y está en trámite de resolución. En este caso, las sospechas de apropiación de sus bienes recaen sobre Héctor Francisco Capozzolo y su hijo Enrique Capozzolo, ex suegro y ex marido de Graciela Alfano.

A los Iaccarino se refirió hace unos días el subsecretario de Protección de los Derechos Humanos, Luis Alén: “Estaban construyendo un modelo de explotación láctea en Santiago del Estero con intenciones de conformar un polo productivo en el Noroeste argentino, y habían diseñado un sistema de explotación que no encajaba dentro del modelo concentrado de Martínez de Hoz”.

El ex ministro de Economía de la dictadura será sometido a juicio por delitos de lesa humanidad semejantes a los que sufrió la familia platense. La Secretaría de Derechos Humanos se presentará como querellante en uno donde está imputado el socio civil más conocido de la dictadura: el despojo del Banco Latinoamericano al empresario Eduardo Saiegh.

Muere el represor Carlos Barbot: La justica demorada es injusticia e impunidad

2012-01-23T21:58:00.000-08:00

Ex oficial del Ejército acusado en Chubut

Murió sin condena el represor Carlos Alberto Barbot, procesado en causas por delitos de lesa humanidad que esperan juicio oral y público para este año. El ex jefe del área 536 e interventor de la policía de Chubut falleció ayer por la madrugada en Trelew, a los 78 años. “El mayor” Barbot, como se lo conocía en tiempos de terrorismo de Estado, fue un cuadro clave del gobierno militar en la jurisdicción nordeste de Chubut. Barbot había pasado a retiro como teniente coronel del Ejército, luego de dirigir el área represiva de la zona desde el Distrito Militar de Trelew.

Barbot estaba procesado, junto al dictador y ex presidente de facto Jorge Rafael Videla, por la muerte del ex presidente del Concejo Deliberante de Bahía Blanca Jorge Valemberg, quien murió en la cárcel local, en una causa que se caratuló “Valemberg, Jorge sobre presuntas severidades, vejaciones, apremios ilegales o torturas seguida de muerte”. Ambos –Videla y Barbot– estaban también imputados por la desaparición de Angel Bell, quien fue secuestrado el 5 de noviembre de 1976.

Además, Barbot se encontraba imputado, procesado y esperando la fecha del juicio en la que intervendrá el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia en la causa “Solari Yrigoyen, Eduardo s/presunto secuestro, severas vejaciones, apremios ilegales que resultó víctima” tramitada bajo el número 622, folio 206 del año 1976.

Barbot se encontraba también comprometido por la causa del fallecimiento del dirigente radical Mario Abel Amaya, ocurrida el 19 de octubre de 1976. Amaya murió tras las torturas físicas a las que fue sometido en la cárcel de Rawson, donde el represor tenía jurisdicción y donde concurría frecuentemente en busca de información, según quedó acreditado en la investigación.

“Ahora habrá que pedir la extinción de la causa por fallecimiento”, manifestó el fiscal federal Fernando Gelves. Por las dos últimas causas mencionadas quedó como único procesado Osvaldo Jorge Fano, quien era entonces el jefe de la Penitenciaría en Rawson.

Búsqueda de desaparecidos en el Cabra Corral

2012-01-18T10:08:00.000-08:00

Piden expertos para rastrillar el Cabra Corral

La búsqueda debe realizarse en el murallón, a 90 metros de profundidad. Los buzos de la Policía local no pueden hacerlo.

Ya son dos los testigos que aseguraron que en el embalse se arrojaron cadáveres durante la última dictadura militar.

Organizaciones de derechos humanos de Salta pedirán a la Fiscalía Federal que un equipo de buceo especializado en aguas profundas realice la inspección subacuática en el dique Cabra Corral, para determinar la presencia de restos de personas desaparecidas durante la última dictadura militar.

Efectuarán ese planteo por considerar que la Policía de Salta no cuenta con el personal necesario para esta tarea, que requiere -opinan- de un alto nivel de capacitación para lograr el resultado que se busca.

Tania Kiriaco, abogada de la Asociación “Lucrecia Barquet”, planteó la necesidad de que el rastrillaje en el embalse esté a cargo de un equipo neutral sin vinculaciones con la Policía, debido a que exmiembros de la fuerza de seguridad local están sospechados, imputados y condenados por su participación en el secuestro y desaparición de personas en aquellos años aciagos de la dictadura militar que asoló en el país entre la década del 70 y parte del 80.

En este caso, la abogada puso como ejemplo las condenas a perpetua dictadas a Miguel Gentil y Joaquín Guil por el magnicidio del exgobernador Miguel Ragone. Debido a que ambos estaban al frente de la institución, en el juicio realizado el año pasado, la Justicia federal los consideró “autores mediatos” del crimen, junto al exjefe de la Guarnición Ejército Salta, Carlos Alberto Mulhall.

“Habría que solicitar la colaboración del Ministerio de Defensa de la Nación para que envíe un equipo especializado en la materia”, dijo Kiriaco. Y agregó que “el Gobierno nacional es el principal interesado en que estos delitos se esclarezcan y desde ese punto de vista no habrá inconvenientes para que dé una respuesta concreta al requerimiento de la Justicia”.

A su juicio, “la inspección prevista tiene que realizarse con un alto nivel de efectividad ante la magnitud de la investigación que apunta a determinar si a ese dique fueron arrojadas muchas de las víctimas de la represión, como se sospecha”.

La letrada le atribuyó importancia a los testimonios brindados a la prensa por un comisario retirado de la Policía y por un pescador. El fiscal interino, Ricardo Toranzos, solicitó días pasados la colaboración de la Secretaría de Seguridad de la Provincia para efectuar la inspección subacuática en la zona del murallón, donde se sospecha fueron fondeadas muchas víctimas del terrorismo de Estado.

Se calcula que en ese lugar hay 90 metros de profundidad, por lo que se requiere de un equipo especializado para la tarea, que consistirá en verificar se existen resto óseos de personas. Las actuaciones quedaron a partir del lunes pasado en manos del fiscal Eduardo Villalba, quien deberá resolver los pasos a seguir

Kiriaco anunció que las organizaciones de derechos humanos se presentarán como querellantes en esta nueva instancia de las causas por delitos de lesa humanidad que se ventilan en la justicia salteña.

“Los familiares de los desaparecidos son los más interesados en que esta investigación se lleve adelante”, señaló la abogada. Por ese motivo insistió en que el rastrillaje en las profundidades del dique Cabra Corral, ubicado en la localidad de Coronel Moldes, lo realice un equipo de expertos.

“Yo vi cuando un helicóptero del Ejército tiraba cuerpos al dique”

2012-01-17T23:22:00.000-08:00

Un pescador asegura haber visto cuando tiraban cuerpos al dique
Un hombre de 67 años dijo: “Yo vi cuando un helicóptero del Ejército tiraba cuerpos al dique”

Se llama Andrés Reyes, tiene 67 años y hace 40 que concurre a pescar al Cabra Corral junto su hermano, Mauro. El hombre le contó a Informatesalta lo que vio aquella noche mientras estaba pescando a la altura de la Casa de Piedra. “Cuando sentimos el ruido del motor del helicóptero apagamos las lámparas y nos quedamos quietos en medio los árboles donde estábamos pescando en la orilla”, dijo. En ese lugar, hace “unos 25 años más o menos”, vio aquella tétrica escena que le quedó grabada a fuego en su memoria. Un testimonio conmovedor.

Los hermanos Reyes, Andrés y Mauro, hace 40 años que van todos los fines de semana al dique Cabra Corral. “No faltamos casi nunca”, se regodean, mientras miran fijamente la bolla que flota metros abajo, en el espejo de agua verdosa del embalse. Los dos están pescando desde el puente, cerca de la orilla norte, alejados del ruido de la gente que a cerca de las 11 del día sábado ya comenzaba a poblar la estructura de cemento para sacarse una foto, saltar desde la plataforma atados de los pies o simplemente para contemplar desde allí la majestuosidad del dique.

“Nosotros venimos aquí desde antes de que esto se transforme en dique. Por aquí pasaba el río Guachipas y nosotros veníamos a pescar bagres”, le cuenta a Informatesalta Mauro, quien con 65 años es el menor de los dos. “Siempre nos gustó la pesca, y casi siempre salimos juntos, desde hace años”, comentan.

- La pregunta obligada es si lo vieron alguna vez a “cabralito…”

- No, esas son mentiras. Nunca vimos nada raro en este dique, recién ahora la gente comenta algo con respecto a ese bicho, pero nosotros nunca vimos nada. (Mauro)

- ¿Y cuándo estaban los militares en el poder, se podía pasear en este lugar sin problemas o había algún tipo de restricciones?

- Se podía andar sin problemas, no pasaba nada.

- La pregunta viene porque, dicen, en este lugar hay cuerpos que tiraban en la época de la dictadura…

- De que hay cuerpos, hay cuerpos, eso es seguro.

- ¿Y usted cómo sabe eso?, ¿sospecha algo o sabe algo?

- No, lo que pasa es que yo vi cosas. Vi cuando un helicóptero del Ejército tiraba cuerpos al dique.

- ¿Hace cuántos años pasó esto que usted cuenta?

- Unos 25 años más o menos.

- ¿Y estaban los dos juntos pescando?

- No, estaba yo con un grupo de amigos (dice Andrés) porque mi hermano esa noche no pudo venir.

- ¿Se acuerda más o menos la hora?

- Era un sábado, como a las tres de la mañana más o menos.

- ¿En qué lugar vio eso?

- Estábamos pescando a la altura de la “Casa de Piedra”, cuando de golpe sentimos el ruido del helicóptero. Apagamos las lámparas y nos quedamos quietitos, sin hacer ruido, porque teníamos miedo de que, si nos descubrían, nos podían hacer algo a nosotros.

- ¿Qué fue lo que vio exactamente?

- El helicóptero vino y se posó a unos metros del agua, entonces tiraron una cosa pesada, como un envoltorio grande.

- ¿Cuántos ruidos de cosas que cayeron escuchó?

- Uno solo escuchamos, y luego el helicóptero se fue.

- ¿Y qué hicieron ustedes luego?

- Nos quedamos calladitos, nadie habló, nadie dijo nada. No queríamos ni prender la linterna siquiera. Tampoco comentamos nada en ninguna parte, ni en el barrio, en ningún lado.

- ¿Y por qué cuenta esto ahora?

- Por que ya pasó mucho tiempo, para evitar problemas no hablé nunca este tema, pero ahora el tiempo pasó, por eso le conté lo que vi aquella noche.

Este fue el diálogo, textual, que Informatesalta llevó a cabo con Andrés Reyes, el primer civil que realiza una denuncia de este tipo en Salta. Al final de la charla, y al momento de la despedida, le advertimos: “Don Andrés, de ahora en más lo van a llamar de varios lados, incluso de la Justicia para que amplíe lo que dijo en esta nota”. Una sonrisa nerviosa obtuvimos como única respuesta.

Ayer y hoy de un agente de servicio de inteligencia

2012-01-15T10:19:00.000-08:00

El revuelvo mediático se armó a partir de que la hija denuncio al padre, que a su vez era un ex agente de la SIDE, pero que ya tenía abierta una causa por proxeneta en 1997. Raúl Martins un ejemplo de la impunidad de ayer y hoy, más alla de la Argentina

Lorena Cristina Martins, de 35 años, fue quien llevó ante la Justicia documentos y todo tipo de pruebas en contra de su padre, Raúl Martins, ex agente de la SIDE durante 13 años (del 74 al 87), a quien acusa de administrador una gran cantidad de prostíbulos en Buenos Aires y México al tiempo que "quebraría" chicas para trabajar en condiciones de trata.

La denuncia fue revelada a inicios de mes, y se detalla que el ex espía mantiene en Capital un "emporio de 7 locales y domina también la noche de Cancún". Lorena afirmó que "se pagan coimas en 11 dependencias de la Policía Federal por un total de 35 mil pesos mensuales, y que jefes e inspectores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cobran para evitar las inspecciones y clausuras".

Lorena describió además que su padre es dueño de varios locales pero están a nombres de testaferros. Algunos de estos son: Rouge, The One, New Manhattan, Hot Area, Top Secret, Oba Oba, Swinger Club Anchorena. Según la hija de Martins, allí se ejerce la prostitución encubierta. Los establecimientos contarían con "puertas ocultas" para el rápido escape de menores y mujeres extranjeras sin documentación.

En tanto, Raúl Martins ya había sido denunciado ante el fiscal José María Campagnoli por el delito de promoción y facilitación de la prostitución, señala el matutino. Ahora, el expediente quedó abierto en la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos (Ufase), encabezada por el fiscal Marcelo Colombo, que atiende los casos de trata de personas.

Colombo giró el expediente a la Cámara Federal y ésta sorteó la causa, quedando a cargo el juez Norberto Oyarbide y el fiscal Gerardo Pollicita. Página/12 señala que como Oyarbide y Martins se conocen mutuamente, en parte por otros casos judiciales previos, "es posible que se aparte del expediente".

El pormenorizado relato de Lorena a disposición de la Justicia, logrado a través de una ardua infiltración en la organización delictiva, cuenta sobre: el pasado de su padre, los problemas legales en México, la facilidad con que Martins otorgaba visas para las chicas argentinas que viajaban engañadas con promesas de trabajo, los aprietes telefónicos, los "matones" enviados a la puerta de la familia de Lorena en donde sufrió una "tentativa de homicidio", y los vínculos con el poder político.

Por su parte, en el libro Esclavas del poder publicado este año por la periodista mexicana Lydia Cacho a través de la editorial Debate, ya se denunciaba la trata sexual de mujeres y niñas. En las crónicas, se incluía el nombre de Raúl Martins como uno de los zares de la prostitución en ambos países.

Raúl Martins vive actualmente en Cancún, pero Migraciones de ese país resolvió expulsarlo justamente por las acusaciones por trata de personas. Lorena declaró a la Justicia que su padre mantiene un estrecho vínculo con Los Zetas, un temible cártel de narcotraficantes. Y en las denuncias aparecidas en aquel país, políticos de distinto signo se acusaban entre sí por darle protección. Lo cierto es que Martins logró parar la expulsión presentando numerosas apelaciones a la Justicia y, según el diario Reforma, todavía rige una de esas apelaciones. Por esa razón, Martins no puede dejar México: en caso de hacerlo no podría reingresar.

Lorena decidió acercarse a la organización que lidera su padre y desde marzo pasado recabó datos sobre la forma de funcionamiento y ahora los presentó a la Justicia. Su abogado, el ex secretario del juez Juan José Galeano, Claudio Lifschitz, entregó un primer escrito a la Ufase y luego Lorena estuvo declarando durante varias horas. La decisión del fiscal Colombo fue enviar el expediente a la Cámara Federal, que procedió al sorteo de rigor y la causa quedó en manos de Oyarbide, quien conoció a Martins en 1999, hace ya 13 años.
Habrá que ver si el magistrado da un paso al costado o si decide investigar él mismo. Ya Colombo ordenó que Lorena sea custodiada porque fue víctima de una tentativa de homicidio a fines de octubre.

En su primera declaración, a Lorena Martins no le pidieron ni dio detalles de los arreglos que los hombres de su padre en la Argentina mantienen con distintos comisarías y dependencias de la Policía Federal. Es que la Ufase se concentra en la investigación de trata de personas y no en el cohecho. Lo cierto es que Lorena dice que está dispuesta a aportar los nombres de los comisarios a los que se les pagaría, quién entrega el dinero y quién lo recibe. Asegura incluso que conoce los nombres de los jefes policiales que se negaron a entrar en el juego. No bien el fiscal Pollicita requiera la instrucción del expediente, la joven se presentará con esos datos y pruebas escritas.

¿Quién es quién?
Durante 13 años (entre 1974 y 1987) fue agente de la SIDE y usó un nombre falso: Aristóbulo Manghi. En los noventa, ya con su verdadera identidad, Raúl Luis Martins se hizo conocido por investigaciones judiciales que lo señalaban como uno de los dueños del sexo vip de Buenos Aires.

Durante el 2004 los periódicos de Cancún, una de las playas más importantes de México, lo señalan como el hombre clave en un affaire de sexo, prostitución, traiciones, coimas y videos extorsivos.

El diario local Por Esto! hizo un seguimiento de las sociedades comerciales de Martins, y de una de ellas en especial: "Turística Swing", creada en setiembre de 2003, que el empresario comparte con su pareja, Estela Percival. A través de "Turística", Martins habría comenzado su propio negocio en la noche de Cancún, a espaldas de sus socios de Tijuana, con los que había hecho pie en la ciudad años antes.

Los medios mexicanos lo relacionan con tráfico de drogas y mujeres. Y hasta el presidente del ayuntamiento de Cancún (cargo que equivale al de intendente) debió salir a dar una conferencia de prensa, el 10 de mayo del 2004, para calmar los ánimos.

Durante el 2004, los problemas de Martins en México se centraron en el funcionamiento de una disco ubicada en plena zona hotelera, en la plaza Party Center, en el Boulevard Kukulcan. "Existe una denuncia sobre el pago de un soborno de 65.000 dólares del señor Martins a un regidor (concejal) para abrir su local, en febrero pasado, y no ser molestado. Se inició una investigación en la Contraloría Municipal", le dijo a Clarín David Sosa, subdirector de Comunicación Social del ayuntamiento, por aquellos años.

El local estaba sospechado de funcionar como prostíbulo ("giro negro" le dicen en México) y se llama The One. "Yo no sé de qué me habla, no sé nada de México", aseguró Martins cuando Clarín lo consultó acerca de lo que se publicó sobre él en Cancún.

En la Argentina el ex SIDE tiene un pedido de elevación a juicio en un expediente donde se lo acusa de regentear prostíbulos. Uno de ellos está en Chacabuco al 100 y se llama Tributo. Sin embargo, casualidad o no, cuando se inició la causa, en 1997, su nombre era otro: The One.

Nada de lo que ahora se ventila es nuevo para Martins. En Buenos Aires, además del expediente (Nº 103.933/97) en el que se lo procesó por "proxeneta", también se lo investigó —en el marco de la causa Oyarbide— por pagar supuestas coimas a ese juez federal a cambio de protección para sus boliches.

Y aún no fue aclarado el destino que iba a tener un video que el entonces fiscal José María Campagnoli encontró en marzo de 2001 al allanar cuatro cajas de seguridad de Martins en la casa central del BankBoston. En la cinta se ve a un camarista penal con una prostituta sentada en sus rodillas.

Se dispuso una inspección subacuática en el dique Cabra Corral (Salta)

2012-01-14T11:33:00.000-08:00

Buzos especializados de la policia deberan auscultar las profundidades del embalse

La medida fue dispuesta para determinar si en ese espejo de agua hay restos óseos de víctimas de la represión ilegal. Los rastrillajes se realizarán en la zona del murallón, que es la parte más profunda del extenso dique salteño.

El fiscal federal Ricardo Toranzos se hizo eco del pedido de distintos sectores de la comunidad, entre ellos el Gobierno de la Provincia, y dispuso que se haga una inspección subacuática con buzos especializados en el Cabra Corral para detectar la posible presencia de restos óseos de personas que habrían sido arrojadas en el dique durante la última dictadura militar. Con tal motivo libró un oficio al secretario de Seguridad, Eduardo Sylvester, para que habilite los medios necesarios y se efectúe un rastrillaje en la zona del murallón donde se encuentran las turbinas de la central termoeléctrica, con capacidad de 34.000 KW de potencia, cada una con sus respectivos generadores. Se trata de la parte más profunda del espejo de agua, estimada en unos 90 metros.

Según Toranzos, el objetivo de la inspección es establecer si en esa zona se pueden observar restos humanos a partir de los datos aportados por un comisario retirado de la Policía de la Provincia, quien en declaraciones realizadas a El Tribuno aseguró haber asistido al rescate de un hombre que presentaba impactos de balas y que había sido fondeado en el dique.

En el escrito elevado a Sylvester, el fiscal pide que el personal destacado para esta misión precise si la acumulación de sedimento podría haber enterrado algún cadáver, lo que deberá ser informado de inmediato a los efectos de solicitar la correspondiente orden judicial para su secuestro. También solicitó que -en lo posible- el relevamiento sea respaldado con una filmación. “Es necesario conocer las variaciones que tuvo el dique en los últimos 30 años para determinar el cuadro de situación”, dijo Toranzos.

Explicó que en la primera etapa el rastrillaje lo hará un equipo especializado de la Policía y que su trabajo se limitará a inspeccionar las profundidades del complejo; en caso de lograr algún avistamiento que haga suponer la presencia de restos óseos se dará intervención al juez en turno. “Las facultades de la fiscalía llegan hasta allí y en caso que la inspección tenga resultado positivo será necesario tomar los recaudos para preservar la zona”, señaló Toranzos.

No está determinada la fecha en que comenzarán los operativos en el sector dispuesto para el buceo, lo que está supeditado a los preparativos del personal que hará el relevamiento del área. “Estimamos que en diez días podríamos tener novedades”, dijo el fiscal

Con estas medidas, el funcionario dejará allanado el camino para que el fiscal titular de la causa, Eduardo Villalba, continué con las próximas diligencias a partir del lunes cuando retome sus funciones.

Las actuaciones se iniciaron el 29 de diciembre pasado a partir de la información que publicó El Tribuno: el comisario (r) Roberto Medina declaró haber sido testigo de la aparición de cadáveres fondeados en el Cabra Corral. Toranzos tomó como “notitia criminis” la publicación bajo la carátula “Averiguación s/publicación diario El Tribuno de Salta, expediente 34/11”. A requerimiento del fiscal prestaron declaración testimonial Medina, dos periodistas de este medio y otras personas. Hoy lo harán dos reporteros gráficos, además de otro comisario retirado, de apellido Luna, quien en la época en que aparecieron los cuerpos se desempeñada junto a Medina en la División Criminalística de la Policía local. Para los próximos días están previstos nuevos testimoniales.

El caso alcanzó amplia repercusión y movilizó a la Justicia Federal, ya que es la primera vez que un oficial que desempeñó tareas en la época del proceso habló de la aparición de cadáveres en un lugar donde los salteños -desde siempre- dicen que fue usado para la eliminación de las víctimas de la represión ilegal. Según esta teoría, el cadáver del ex gobernador Miguel Ragone estaría oculto en esas profundidades desde aquel 11 de marzo de 1976, cuando un grupo de tarea lo secuestró cerca de su domicilio.

El misterio del murallón

La inspección en la zona del murallón del dique Cabra Corral fue dispuesta porque, según los expertos, era el lugar adecuado para arrojar cadáveres, por ser el sector más profundo del complejo y porque allí se encuentran las turbinas de la central termoeléctrica. Según el comisario retirado Roberto Medina en ese lugar apareció el cadáver de la persona que él fue a identificar entre fines de 1979 y comienzos de 1980, el que presentaba impactos de balas y con signos evidentes de que había sido fondeado. Esto guarda relación con el comentario de muchos salteños que coinciden que ese es el sitio que ocultaría el misterio de los más de cien desaparecidos en la provincia de Salta entre 1974 y 1983.

La decisión adoptada por el fiscal Ricardo Toranzos es calificada casi como “un clamor popular”, por lo que la expectativa estará centrada a partir de hoy en la tarea que realizarán los buzos en los próximos días.

El representante del Ministerio Público considera que no será una tarea fácil la que se emprenderá. El tiempo transcurrido y la cantidad de sedimento acumulado en la zona pueden ser factores que impidan lograr el objetivo que se busca. No obstante, tanto la Justicia como los familiares de las personas que integran la extensa nómina de desaparecidos confían en que esta sean la punta del iceberg para develar el misterio.

Lo que se sabe es que la fiscalía federal no solo tiene previsto inspeccionar la zona del murallón, sino otros sectores del embalse de agua que se destacan por su profundidad. La zona del puente de los pescadores, de casi 400 metros de largo y 80 de alto, también es observada como un sitio donde pudieron haberse arrojado u ocultados los cuerpos de personas asesinadas en aquellos años aciagos. Algunos sostienen que en medio de esa imponente estructura de cemento y hierro podría ocultarse otra parte del misterio de las víctimas del terrorismo de Estado. Hay quienes aseveran que donde la gente sospechó que había desaparecidos se encontraron desaparecidos, por lo que el dique Cabra Corral no podría ser la excepción.

Un dictamen ratificó la destitución del ex camarista mendocino Luis Miret

2012-01-10T05:11:00.000-08:00

La Procuración General de la Nación resolvió que debe confirmarse su despido por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar.

El ex camarista federal mendocino Luis Francisco Miret sufrió un nuevo revés en la justicia, luego del dictamen de la Procuración General de la Nación que resolvió que debe confirmarse su destitución por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar, indicaron esta mañana fuentes judiciales.

La Procuradora Laura Monti recomendó a la Corte Suprema de Justicia el rechazo de un recurso de "queja" presentado por el ex magistrado destituído por un "jury de enjuiciamiento" en marzo de 2011 al constatarse su "mal desempeño" frente a denuncias por torturas y vejaciones a personas detenidas en 1975.

Miret argumentaba que el jury "carecía de jurisdicción al momento de dictar su fallo" ya que "había presentado su renuncia" ante el Poder Ejecutivo, pero no había sido aceptada, lo que, a su entender, "debía interpretarse como una aceptación tácita de aquella".

Sin embargo, la Procuradora Monti replicó que "si se considerara que el Poder Ejecutivo Nacional puede aceptar tácitamente la renuncia de un juez sometido a enjuiciamiento, se violaría la división de poderes y se causaría un daño a la comunidad", por lo que dictaminó a favor del rechazo del recurso del ex magistrado.

En marzo del 2011, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación removió de su cargo al entonces camarista mendocino "como fin de un proceso que se originó en la denuncia de una serie de personas y organizaciones de derechos humanos con fundamento en cargos vinculados con su actuación como magistrado en diversos juicios".

El destituído camarista también afirmaba que "no conoció en plenitud los hechos que aquí se le endilgan", pero Monti sostuvo que "la falta de demostración en forma clara, inequívoca y concluyente de lesión a las reglas estructurales del debido proceso en el trámite del juicio político, deriva en que no haya materia federal para la intervención de la Corte por la vía que se intenta".

Para Piñera no hubo “dictadura” chilena

2012-01-04T22:39:00.000-08:00

El Ministerio de Educación cambió el término dictadura por "gobierno militar" en los manuales

La noticia sobre cómo se contará la historia desde ahora en las aulas llegó justo cuando Harald Beyer debutaba como ministro de Educación. El diputado comunista Hugo Gutiérrez dijo que este cambio forma parte de una ofensiva mayor de la derecha.

Por Christian Palma. Desde Santiago

Fue una bomba que estalló y sus esquirlas de molestia e ironía se diseminaron –temprano y rápido– por las redes sociales. La bola que corría citaba al periódico digital El Dínamo y hablaba de una resolución tomada entre cuatro paredes, a principios de diciembre pasado, en la que el Ministerio de Educación chileno, el mismo que ha estado en el ojo del huracán desde que comenzó el movimiento estudiantil, había decidido cambiar el término “dictadura” por “gobierno militar” en los libros de historia. Esto como parte de las modificaciones de las bases curriculares de formación para los chicos de la primaria.

Y aunque las modificaciones fueron aprobadas conforme a la ley por el Consejo Nacional de Educación chileno, la propuesta oficial del gobierno de Piñera causó una sorpresa mayúscula. Particularmente por este argumento: “Comparar diferentes visiones sobre el quiebre de la democracia en Chile, el régimen militar y el proceso de recuperación de la democracia a fines del siglo XX, considerando los distintos actores, experiencias y puntos de vista, y el consenso actual con respecto al valor de la democracia”, advierte la resolución.

El eufemismo, muy propio de la idiosincrasia chilena, le reventó en la cara al flamante nuevo ministro de Educación chileno, Harald Beyer, un tecnócrata que el presidente chileno puso en el cargo, luego de la renuncia de Felipe Bulnes, convirtiéndose en el tercer ministro que ocupa la cartera más complicada del gabinete en apenas medio año, tras las movilizaciones estudiantiles que caracterizaron el escenario político chileno el año que pasado.

La noticia sobre cómo se contará la historia desde ahora en las aulas llegó justo cuando Beyer debutaba en un actividad oficial con Piñera en el propio Palacio de La Moneda. Juntos, ministro y gobernante, recibían a los jóvenes egresados de secundaria que obtuvieron los máximos puntajes en el cuestionado y resistido examen de ingreso a la educación superior en Chile conocido como la PSU (Prueba de Selección Universitaria).

Peor le fue a Beyer a la hora de enfrentar a la prensa, justificando la decisión de hacer los cambios en los textos escolares porque de ese modo se aplica un concepto “más general” de la historia reciente de Chile.

Además, no tuvo reparos en reconocer, en el mismo lugar donde murió Salvador Allende, que él no tenía problemas en decirle dictadura como se escribía en los textos hasta el polémico cambio. “Yo reconozco que fue un gobierno dictatorial, así que no tengo problemas”, sostuvo sin más.

A esa hora las redes sociales eran un río de dimes y diretes, cargados de molestia, estupor, mofa e ironía. Aunque también hubo quienes salieron en defensa de la medida. Mientras en su “ecuánime” estilo el cientista político Patricio Navia ironizó diciendo en su cuenta de Twitter: “Piñera y Camila Vallejo concuerdan en que a las dictaduras de Pinochet y Cuba hay que llamarlas de otra forma. Gobierno Militar o Revolución”, el otrora máximo dirigente de los estudiantes de la Universidad Católica de Chile y también rostro de las movilizaciones estudiantiles, Giorgio Jackson, destacaba: “Beyer podría haber criticado, echarle la culpa a alguien más, eligió justificar. ¡Partió mal!”.

El cibernauta ex senador Nelson Avila se burló diciendo: “Nuevo cambio a los textos de historia. Ahora, en vez de ‘régimen militar’ que sonaba muy duro, se leerá ‘gobierno de orden’”. “Completamente en desacuerdo con cambios del Mineduc. Para avanzar debemos reconocer lo errado. No debe haber duda de que en Chile hubo dictadura”, escribió la diputada de derecha Marcela Sabat, hija del alcalde Pedro Sabat, un derechista duro.

El debate traspasó el mundo virtual y se trasladó pronto a los pasillos del Congreso. Allí, la derecha que sostiene el gobierno de Piñera se mostró dividida entre los más acérrimos partidarios y ex colaboradores de Pinochet y los que desde hace un tiempo han venido desmarcándose de la figura del fallecido dictador chileno. Reconocido seguidor y defensor de la “obra” de Pinochet, el diputado de la ultraderechista Unión Demócrata Independiente (UDI), Iván Moreira, defendió a priori la decisión del gobierno, porque es un acto de justicia. “Es lo más justo. Es importante que la historia se cuente objetivamente, lo que no se ha hecho en Chile. Que se hable de dictadura es una forma de estigmatizar a un gobierno que entregó democráticamente el poder”, dijo en su estilo. Mientras la diputada de la derecha más liberal Karla Rubilar se apuraba en afirmar que “las dictaduras son dictaduras en cualquier lugar del mundo y la historia debe conocerse como corresponde”.

La voz de los perseguidos por los militares la puso el diputado del Partido Comunista, el abogado Hugo Gutiérrez, quien hizo ver que esta modificación a los textos de enseñanza forma parte de una ofensiva mayor, en la que se pretende, incluso, decirles “excesos” a los crímenes cometidos durante los 17 años en que Chile fue “gobernado” por una dictadura.

Caso Mariano Ferreyra: el Tribunal no habilitará la "feria judicial" para la pericia balística

2012-01-04T07:10:00.000-08:00

La pericia en la bala que se extrajo este martes de un herido en los hechos que culminaron con la muerte del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, en octubre de 2010, se realizará tras la "feria" judicial que finaliza el 31 de enero.

El tribunal oral 21, que tiene previsto iniciar el 22 de febrero el juicio oral por el homicidio de Ferreyra, rechazó "habilitar la feria" para realizar la pericia balística sobre un proyectil recuperado del cuerpo de un herido.

Las abogadas querellantes María del Carmen Verdú y Claudia Ferrero habían solicitado que se habilite la "feria" para peritar el proyectil, pero los integrantes del Tribunal 21 pospusieron esa diligencia para luego de la reanudación de la actividad habitual en los tribunales.

En esa ocasión, los expertos analizarán la bala extraída el martes en una operación de la articulación rotuliana de una pierna Nelson Aguirre, quien resultó herido junto con Elsa Rodríguez el 20 de octubre de 2010 en el barrio de Barracas, cuando fue asesinado Ferreyra.

Los camaristas Carlos Bossi, Horacio Dias y Diego Barroetaveña entendieron que no estaban justificados los motivos de la urgencia argumentada para realizar la pericia por lo que dispusieron que los estudios se realicen a partir de la reanudación de las tareas tras el receso estival.

En el juicio los banquillos de los acusados los ocuparán, entre otros, el secretario general de la Unión Ferroviaria (UF), José Pedraza, el presunto barrabrava Cristian Favale, el empleado Gabriel Sánchez y los delegados sindicales Pablo Díaz y Claudio Alcorcel.

Amenaza en Río Tercero

2011-12-31T00:13:00.000-08:00

El martes a la mañana, al salir al jardín de su casa de Río Tercero, la esposa de Fernando Martinelli encontró un obsequio que desconocidos le dejaron a su compañero, miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de esa ciudad cordobesa. Era una cruz metálica, oxidada, antigua, de 1,4 metro de altura, que detrás tenía una foto de Martinelli y una leyenda armada con letras recortadas. El mensaje: “Te vas a ir con tu hermano”, en referencia a Roberto “Tito” Martinelli, desaparecido en 1975 por el terrorismo de Estado. Martinelli, ingeniero agrónomo y productor agropecuario, presentó una denuncia penal para que se investigue el hecho, que la APDH repudió y calificó como “accionar faccioso”.

El organismo arriesgó que “por el contenido ideológico, retrógrado y amenazante” el mensaje debió ser obra “de alguna organización o individuos por suerte minoritarios y residuales del período marcado por el terrorismo de Estado”. “Hechos como el hoy denunciado, muy lejos de amedrentarnos, nos impulsan a seguir adelante para vencer estos obstáculos a la democracia que intentan poner pequeños grupos o individuos totalitarios, antidemocráticos y fascistas”, advirtió la APDH.

Denuncian que la Secretaría de Cultura de la Nación contrató a una empresa dirigida por un represor

2011-12-23T11:11:00.000-08:00

"Represores a Cultura" es el título de un informe del sitio web plazademayo.com, que asegura que la cartera dirigida por Jorge Coscia contrató a la firma "Organización Anselmi" para vigilar varias dependencias. Esa empresa de seguridad es comandada por Rolando Oscar Nerone, acusado de delitos de lesa humanidad.

La Secretaría de Cultura, dirigida por Jorge Coscia, contrató a la empresa de seguridad Organización Anselmi para vigilar el patrimonio de varias dependencias. La empresa está dirigida por un represor acusado de delitos de lesa humanidad. El ofrecimiento de tareas de inteligencia de la compañía y su posible participación en la desparición de Julio López fueron ignorados por la institución gubernamental a la hora del contrato.

Luego de pasar a retiro, muchos represores de la última dictadura encontraron en el negocio de la seguridad privada una buena forma de camuflarse en la sociedad civil y pasar desapercibidos, aunque sin abandonar sus viejas prácticas, para las cuales se creen infalibles expertos. Uno de ellos, Rolando Oscar Nerone, encontró resguardo en la empresa de seguridad a cargo de la vigilancia de la Secretaría de Cultura de la Nación, dirigida por Jorge Coscia, y varias de sus dependencias.

La causa judicial que investiga el accionar de la Triple A –banda de choque paraestatal impulsada por el gobierno de Juan Domingo Perón, en particular, por su ministro de Acción Social José López Rega– da cuenta de que Rodolfo Walsh fue el primero en advertir a una célula paramilitar ligada a la Policía Federal encargada de investigar, identificar y secuestrar a exiliados políticos latinoamericanos. Un antecedente directo del Plan Cóndor de represión coordinada en Latinoamérica. El responsable de inteligencia de ese grupo, según pudo comprobar Walsh, era un comisario hasta entonces ignoto: Rolando Oscar Nerone.

Nerone se especializó en este área y formó parte de las acciones represivas de la dictadura, según consta en su legajo policial, al que tuvo acceso plazademayo.com. Sin embargo, quizás el accionar de este represor no quede impune, ya que su caso llegó a la justicia.

A mediados de este año, el juez federal Daniel Rafecas procesó a Nerone por la desaparición de la argentino-uruguaya Victoria Lucía Grisonas, ocurrida el 26 de septiembre de 1976 en la casa en la que vivía con su marido uruguayo Roger Julien y sus dos hijos, Anatole, de cuatro años, y Victoria, de casi 1 año y medio. Ambos eran militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) y la Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales (OPR 33) de Uruguay.

En la tarde de ese 26 de septiembre, fuerzas del ejército argentino y el uruguayo, la Policía Federal y la Side irrumpieron en la casa de los Julien Grisonas. Roger Julien intentó defenderse con una pistola, y uno de los disparos hirió a Nerone en su pierna izquierda. Esto se encuentra asentado en legajo personal del inspector donde se detallan las "lesiones sufridas el 26.9.1976, al resultar herido por delincuentes subversivos cuando realizaba un allanamiento".

La pareja intentó huir con sus dos hijos al hombro, pero fueron detenidos. Según la confesión del represor Eduardo Ruffo, que formó parte del operativo, ante la inminente detención Julien se tomó una cápsula de cianuro y murió en la calle a los pocos segundos, aunque su cuerpo nunca fue encontrado.

Victoria y sus hijos fueron trasladados al centro clandestino de detención Automotores Orletti, aunque los niños fueron abandonados en 1979 en una plaza de Valparaíso, en la república de Chile, lo cual permite sostener que su destino fue decidido en el marco del Plan Cóndor de represión coordinada entre las dictaduras latinoamericanas. Los niños se transformaron, en 1983, en los primeros dos nietos recuperados por Abuelas de Plaza de Mayo.

Hasta su procesamiento, Rolando Nerone, de 64 años, se mantuvo en el anonimato. En el último tiempo se desempeñó como Director Técnico de la empresa de seguridad privada Organización Anselmi SRL, según el registro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, actualizado el 25 de noviembre de 2011.

Un listado en la página web de la compañía indica que esta empresa trabaja actualmente para la Secretaría de Cultura de la Nación, y se encarga de custodiar al menos nueve edificios que dependen se su órbita, entre los que se destacan el Palacio Nacional de las Artes (Palais de Glace), la Manzana de las Luces, el Museo Mitre, el Museo del Cabildo y el Instituto Nacional Sanmartiniano.

Según pudo comprobar plazademayo.com, el Palais de Glace, en Posadas 1725, y el InstitutoNacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, en Montevideo 671, cuentan actualmente con los servicios del personal de Anselmi SRL, cuyo uniforme consiste en una camisa gris, pantalón negro y zapatos al tono. En el caso del Palais, son al menos 8 personas las encargadas de custodiar el edificio.

Plazademayo.com intentó comunicarse en reiteradas oportunidades con el secretario de Cultura Jorge Coscia para consultarlo acerca de la contratación de esta agencia de seguridad signada por los antecedentes de su directo técnico. Coscia se negó a responder personalmente. Finalmente, el departamento de prensa de esa entidad señaló a este sitio que "el vocero Manuel Sosias explica que la contratación se realizó con el dueño de la empresa y que no se conocían los antecedentes ni accionar de Nerone".

Cabe preguntarse si no corresponde una investigación exhaustiva de las agencias de seguridad a ser contratadas por organismos del Estado, ya que ha sido comprobado una y otra vez que la mano de obra desocupada de la dictadura encontró en ellas un refugio laboral contemporáneo.

"Muchos de los exonerados de las fuerzas armadas y de las policías provinciales por delitos de lesa humanidad supieron ´reciclarse´ como directivos técnicos de estas empresas, ya que se presentan como ´expertos de la seguridad´", explica Martín Medina, autor del libro Quién custodia a los custodios.

Por otro lado, la Organización Anselmi, cuyo director es el represor Nerone, ofrece entre sus servicios la realización de tareas de inteligencia entre las que incluye el espionaje sobre "perturbadores profesionales", la investigación de "sabotajes", "huelgas", "conflictos" y "faltas intencionales". También ofrece investigar "antecedentes ambientales de trabajo" y "políticos". Estos servicios, que llenarían de orgullo a cualquier fuerza de represión ilegal, se exhiben de manera explícita en su página web.

No sólo eso. En 2007, la secretaría de Derechos Humanos, con el objetivo de intentar dar con el paradero de Jorge Julio López, entregó a la justicia federal un listado de empresas que podrían estar vinculadas a represores de la última dictadura. Entre ellas figura Organización Anselmi.

Todos estos antecedentes a los que se puede acceder con la mayor facilidad fueron ignorados por la dependencia gubernamental de la que dependen los quehaceres de la cultura nacional a la hora de entregarle la seguridad de sitios que resguardan nuestro patrimonio. Un error que Coscia debería enmendar de inmediato, a la vez que dar explicaciones.
Fuente: Escrito por Camilo Pupt para plazademayo.com

Suspensión de profesor de la UBA, denunciado por delitos de lesa humanidad

2011-12-19T23:29:00.000-08:00

La UBA suspendió a Mario Casalla, denunciado por delitos de lesa humanidad en los 70 en Salta
El profesor Mario Carlos Casalla fue suspendido de sus cargos en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, UBA, denunciado por su participación en delitos de lesa humanidad. La denuncia contra el profesor, presentada por el delegado en Salta de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Martín Avila, resurgió en la causa por la desaparición de Miguel Ragone, ex gobernador de esta provincia.
Avila solicitó a la Justicia indagar a Casalla como "autor mediato de la privación ilegal de la libertad de Miguel Angel Arra", docente de la Universidad Nacional de Salta (UNSA), secuestrado en 1975 y desaparecido desde entonces.

En palabras del querellante Martín Avila: "Casalla `marcaba` y elegía las víctimas que luego eran desaparecidas. Es al menos responsable de la privación ilegal de la libertad sufrida por Miguel Angel Arra".

Casalla se desempeñaba hasta la semana pasada en la Facultad de Psicología como profesor regular, a cargo de la cátedra Problemas Filosóficos y como adjunto en Historia de la Psicología.

Una nota

“Durante los años ’74 al ’76 procedí a depurar ideológicamente el departamento más conflictivo e infiltrado subversivamente de la universidad (Humanidades), di de baja a docentes directamente ligados a la subversión”, escribió Casalla, según consta en la denuncia, en una nota dirigida al destacamento de Inteligencia 143 del Ejército en octubre de 1978. Casalla negó haber participado en la desaparición de Arra.

Licenciado en Filosofía, Mario Casalla se desempeñó como secretario académico de la UNSA entre 1975 y 1976, año en el que las autoridades militares lo cesantearon por considerarlo “marxista”. De acuerdo con un expediente elaborado por la SIDE y ahora presentado por Avila ante la Justicia, Casalla envió en 1978 una carta a autoridades militares salteñas para que se reconsiderara su situación.

Revocada la excención de prisión a genocida

2011-12-16T00:11:00.000-08:00

La Mesa de la Memoria por la Justicia de San Nicolás, comunica que recientemente la Cámara de Casación confirmó la revocación de la excención de prisión otorgada por el Juez Federal de San Nicolás Villafuerte Ruzo al máximo responsable del genocidio en nuestra localidad y ciudades vecinas. Estamos hablando del ex–Coronel Manuel Fernando Saint Amant, Jefe del Área Militar 132 entre noviembre de 1975 y 1977.

Ya en los fundamentos de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario uno de los jueces sustentaba: “en tal sentido, debe tenerse en cuenta que la provisional valoración de las características de las transgresiones atribuidas al imputado Manuel Fernando Saint Amant indica que se trata de la imputación de la presunta comisión de hechos constitutivos de delitos graves y de naturaleza violenta, concretamente crímenes de lesa humanidad”

Con la confirmación de la instancia superior, como es la Cámara de Casación, está ahora en manos del Juez Federal Villafuerte Ruzo hacer efectiva la detención de este genocida, de modo que cuando se inicie el primer Juicio Oral a fines de febrero de 2012 en el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario por varios casos ocurridos en nuestra ciudad entre noviembre de 1976 y mayo de 1977 el ex–Coronel Saint Amant este esperando esta instancia en prisión común y efectiva.

Esperamos también que el Juzgado Federal de San Nicolás entienda nuestro anhelo de Memoria, Verdad y Justicia y actúe en consecuencia.

Mesa de la Memoria por la Justicia de San Nicolás
Martes 13 de Diciembre de 2011
A la Memoria de los caídos en la Masacre de Margarita Belén

Las víctimas de Bussi : Fosa con restos de desaparecidos

2011-12-14T23:02:00.000-08:00

Las víctimas de Bussi

En Tucumán, ayer se encontró una fosa con restos de al menos quince desaparecidos. En otro lugar de la provincia fueron identificados los restos del senador justicialista.

Los esqueletos estaban quemados, con las manos atadas. Fueron encontrados en una fosa común en el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga, en Tucumán, donde funcionó el centro clandestino de detención en el que el dictador Antonio Domingo Bussi, recién fallecido, solía presentarse para fusilar a los secuestrados, disparando él mismo un tiro en la nuca del primero de la fila. La confirmación del hallazgo coincidió con una segunda noticia: también en Tucumán, pero en una fosa ubicada en otro lugar, el Pozo de Vargas, fueron identificados los restos de Guillermo Vargas Aignasse, senador provincial justicialista desaparecido en 1976.

Según el juzgado federal a cargo de Daniel Bejas, que dio a conocer la información sobre los esqueletos encontrados en el ex Arsenal, los cuerpos corresponden a por lo menos 15 personas. En el lugar está trabajando el Equipo Argentino de Antropología Forense, con colaboración del Grupo Interdisciplinario de Arqueología y Antropología de Tucumán.

Los primeros hallazgos en el predio se habían hecho el 31 de marzo pasado, cuando se descubrieron restos óseos humanos y la presencia de paredes quemadas. A partir de eso, un trabajo de meses de los antropólogos permitió encontrar, según detalló el juzgado, “una fosa común con esqueletos completos en diferentes posiciones, varios de ellos atados en las extremidades superiores, algunos con presencia de proyectiles de arma de fuego y vainas asociados directamente”.

Se informó que los cuerpos “se encontraban ubicados como cayeron” en una fosa “que habría sido de quema”, ya que se encontraron restos de neumáticos y rastros de combustión en los cuerpos. Los investigadores estiman que se trató de un lugar de ejecución.

Desde 1975, en el Arsenal funcionó el mayor campo de concentración de Tucumán, con una doble alambrada perimetral y torres de vigilancia. Hasta allí solía ir Bussi para encabezar ejecuciones de prisioneros con los ojos vendados y las manos atadas a la espalda. Un gendarme arrepentido confió que el entonces gobernador de facto mató así a la adolescente Ana María Corral, de 16 años.

Al mismo tiempo que se conocía el hallazgo de los esqueletos en el predio del Arsenal, los familiares del senador Vargas Aignasse confirmaban que habían logrado ser recuperados los restos del dirigente. La identificación se realizó mediante un cotejo del ADN de tres de sus hijos, María Marta, Gerónimo y Mariana. “Fue un momento de mucha conmoción, porque terminamos un proceso de búsqueda que parecía imposible”, señaló Gerónimo Vargas Aignasse. “Uno siempre tiene la esperanza de que va a encontrar a quien está desaparecido. Esa condición es el limbo del horror, no se puede terminar de resolver el duelo.”

El Equipo de Antropología Forense lleva recuperados varios cientos de trozos de ropa, calzados y huesos sacados del Pozo de Vargas, una vieja construcción de mediados del siglo XIX realizada originalmente para extraer agua. Los restos están entremezclados con cal y otros componentes químicos, lo que dificulta la identificación de las víctimas. En este caso, el cotejo genético dio una certeza del 99,9 por ciento.

Hasta ahora se extrajeron muestras del Pozo de hasta unos 50 metros de profundidad, pero quedarían todavía unos 30 metros más para llegar al fondo, donde se presume que estaría la mayor concentración de pruebas.

Por el asesinato de Vargas Aignasse, Bussi fue llevado a juicio oral y condenado a cadena perpetua junto al ex jefe del tercer cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez.

Identifican los restos de Guillermo Vargas Aignasse en el Pozo de Vargas

2011-12-13T23:20:00.000-08:00

Sus restos fueron identificados en la fosa común conocida como el "Pozo de Vargas" en San Miguel de Tucumán según fuentes judiciales. Guillermo Vargas Aignasse fue hasta el día de hoy un desaparecido por el genocidio encabezado por Antonio Bussi en la provincia. El genocida recientemente fallecido, fue juzgado por éste crimen en 2008 y condenado a cadena perpetua por ser considerado responsable del secuestro, tortura y posterior desaparición del ex legislador peronista en 1976.

El fiscal Alfredo Terraf dijo en ese juicio que “está acreditado que lo que le ocurrió al ex legislador (Vargas Aignasse) no fue un hecho aislado. Fue consecuencia de un plan tenebrosamente planificado, un plan que quería instaurar una tiranía y una dictadura por todos los tiempos”. Una pata fundamental para cerrar el círculo de impunidad, tanto para la familia como para la memoria histórica de Tucumán y el país.

Denegada libertad a represor procesado por crimenes de lesa humanidad

2011-12-09T01:18:00.000-08:00

Lesa humanidad: el Máximo Tribunal rechazó el planteo de un acusado por el secuestro de dos sacerdotes
Se trata de Domingo Benito Vera. La Corte desestimó el pedido para que se deje sin efecto su procesamiento y prisión preventiva. Está imputado por privación ilegítima de la libertad y tormentos en perjuicio de Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió desestimar la queja interpuesta por la defensa de Domingo Benito Vera contra el pronunciamiento de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, que había confirmado el auto de procesamiento y prisión preventiva que le fuera impuesto por los delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos (en ambos casos dos hechos), todos en concurso real, en perjuicio de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville.

Los hechos se registraron en El Chamical, provincia de La Rioja, en el marco de la denominada “lucha contra la subversión” desarrollada por las fuerzas armadas dentro de la jurisdicción del III Cuerpo de Ejército, donde Vera estaba a cargo de la comisaría de esa localidad.

Escapó un preso detenido por crímenes de lesa humanidad

2011-12-09T00:45:00.000-08:00

El primer civil imputado por crímenes de lesa humanidad en Tucumán se fugó de un instituto privado donde permanecía alojado a raíz de un intento de suicidio, confirmaron fuentes judiciale

Juan Carlos Benedicto fue procesado en la causa por el centro clandestino de detención que funcionó en el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga y hasta anoche permanecía alojado con custodia en un hospital neuropsiquiátrico.

El detenido estaba allí desde hacía casi un mes tras un intento de suicidio en el penal de Villa Urquiza, donde cumplía la prisión preventiva.

El juez federal Daniel Bejas confirmó lo sucedido, luego de regresar desde Uruguay donde estaba ofreciendo charlas.

"Fui informado esta mañana vía telefónica", señaló Bejas y destacó que "se siguen varias líneas investigativas y fueron advertidas ya las fuerzas de seguridad nacional".

El magistrado recordó que "al momento de ordenar su detención también ordené la prohibición para que abandone el país, la que aún está vigente".

Bejas explicó que Benedicto se encontraba imputado en la causa Arsenales ya que, según las declaraciones de dos testigos que están en el expediente, "formaba parte de un grupo denominado La Patota, que colaboraba con los militares".

Según la investigación, Benedicto habría matado a golpes a una mujer en el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga, que funcionaba como centro de detención y exterminio.

"En esta megacausa hay más de 20 procesados y 80 víctimas", explicó Bejas.

El ahora prófugo estaba detenido en el pabellón de máxima seguridad del penal de Villa Urquiza y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en una de sus rodillas.

"Como en la cárcel no podía recibir el tratamiento para la recuperación indicada por los médicos, estaba con arresto domiciliario y allí intentó suicidarse con pastillas unos 25 días atrás", comentó Bejas.

El magistrado federal indicó que los médicos forenses confirmaron un serio riesgo en cuanto a repetir el intento de suicidio, por lo que fue derivado al instituto psiquiátrico Manuel Corbalán, desde donde se fugó anoche.

La investigación en la que fue implicado Benedicto gira en torno de la existencia de un circuito de exterminio dentro del plan sistemático de aniquilamiento de opositores políticos a la dictadura militar.

Se calcula que por ese sitio donde funcionó la guarnición militar pasaron alrededor de 1.500 detenidos-desaparecidos y se estima que el caso llegue a juicio en el segundo semestre de 2012.

Una resistencia que cumplió 31 vueltas

2011-12-08T00:32:00.000-08:00

Madres, Abuelas, Familiares, Hijos, AEDD.... realizaron la tradicional marcha en Plaza de Mayo

La consigna central fue “Toda la verdad, toda la justicia”. Hubo un reconocimiento a los juicios y también distintos reclamos, como la investigación de los cómplices civiles y la libertad de Karina Germano.

Por Diego Martínez

Con la exigencia de “toda la verdad, toda la justicia” como consigna central, el reconocimiento por los 264 represores condenados y más de 800 procesados, pero también con reclamos históricos como el juicio a los cómplices civiles del terrorismo de Estado más un amplio abanico de cuentas pendientes de distintas épocas, desde la “aparición con vida de Jorge Julio López” o la exigencia de que las cárceles “dejen de ser centros de tortura y muerte” hasta los recientes asesinatos de militantes campesinos en el norte del país, organismos de derechos humanos realizaron ayer en Plaza de Mayo su histórica Marcha de la Resistencia.

La 31ª edición de la caminata en torno de la Pirámide que Madres y Abuelas realizan cada diciembre desde 1981 fue convocada este año por ambas agrupaciones (en el caso de Madres por la Línea Fundadora, ya que la asociación de Hebe de Bonafini tomó distancia en 2006 al considerar que “ya no tenemos un enemigo en la Casa Rosada”), más Hijos, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, y Hermanos de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia.

A la imagen de los organismos de derechos humanos portando su bandera con rostros de víctimas de la dictadura se agregaron postales menos imponentes, pero no menos significativas: fotos de los tres hombres jujeños asesinados en julio durante el desalojo del predio del Ingenio Ledesma, de Nora Cortiñas recordando que “Ledesma mata” desde la leyenda de un barbijo, imágenes del pibe Luciano Arruga, “desaparecido en democracia” en manos de la Policía Bonaerense, carteles de reclamos de justicia por los asesinatos de Cristian Ferreyra, militante del Mocase-Vía Campesina de Santiago del Estero, y también por las muertes de Mario y Roberto López, “hermanos Qom asesinados por los sicarios de Insfrán”, en referencia al gobernador formoseño Gildo Insfrán.

A las seis de la tarde, mientras un turista desconcertado indagaba el motivo del encuentro y desde el escenario sonaban los “tambores en lucha” de La Chilinga, habitués de las convocatorias de los organismos, en torno de la pirámide eran escasos los familiares caminando con las fotos en blanco y negro de sus seres queridos, y numerosas las banderas de pibes de La Cámpora, Nuevo Encuentro y la CTA, entre otras agrupaciones.

Una consigna distintiva este fue año fue el pedido de “libertad de Karina Germano”, militante de Hijos en sus comienzos, quien cumple desde 2006 en la Argentina una condena por un secuestro en Brasil. La Galle Germano, en el penal de Ezeiza, recordó desde una grabación que fue extraditada con la ayuda del ex presidente Néstor Kirchner, que fue “víctima de fiscales y jueces cómplices de la dictadura, quienes por mi condición de Hija me quitaron todos los derechos”, y que desde hace cinco años pide sin suerte acceder a salidas transitorias. “El pedido se encuentra en manos de la Corte Suprema de Justicia”, recordó.

“La marcha significa hoy seguir reclamando toda la verdad y toda la justicia”, enfatizó Martín Fraga, de Hijos. “Se logró mucho, pero también faltan muchos juicios, falta juzgar a empresarios cómplices como los Blaquier o los de Mercedes Benz, a la Triple A y a la CNU; falta abrir los archivos de la Secretaría de Inteligencia, de la Policía Federal y de las policías provinciales, falta encontrar a 400 nietos y también trabajar para que no haya más muertes como las de Ferreyra, del Mocase santiagueño, y también el del Partido Obrero”, destacó.

Mientras en el escenario los pibes de Jahmila dedicaban el Bella Ciao de los partisanos italianos “a la resistencia de los pueblos indígenas”, militantes que se distanciaron de los organismos de derechos humanos más cercanos al kirchnerismo enumeraban reclamos que quisieran escuchar con más fuerza. “Hace cinco o diez años pedíamos para que no reprimieran a los pueblos originarios y no corrieran a los campesinos de sus tierras. Algunos quieren creer hoy que eso ya no existe”, lamentan. “La marcha sigue teniendo el mismo significado que hace 30 años: resistir contra la impunidad. Claro que hubo cambios, pero la impunidad pasa hoy por tener más de cuatro mil procesados por protestas sociales mientras los represores procesados apenas pasan de 800”, apunta Nora López Pomé, presidenta de la Asociación de ex Detenidos-Desaparecidos.

Los organismos celebraron en el documento consensuado el avance de las causas contra “la corporación judicial”, reclamaron celeridad y cárcel común a los represores, pero también “consolidar un proyecto social de inclusión en todos los niveles”. “No podemos seguir permitiendo que los empresarios y sus cómplices en los distintos poderes avancen sobre las tierras y los pobladores originarios”, advirtieron.

Procesan a ex juez por delitos de lesa humanidad

2011-12-06T13:49:00.000-08:00

Manlio Torcuato Martínez encubrió y omitió investigar abusos

Por Gerardo Aranguren

El ex juez tucumano Manlio Torcuato Martínez fue procesado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura en el marco de la segunda etapa de la causa “Romero Niklison”, en la que ya fueron condenados Luciano Benjamín Menéndez y Roberto “Tuerto” Albornoz a prisión perpetua.
El juez federal de Tucumán Daniel Bejas confirmó con su fallo el pedido del fiscal federal Pablo Camuña, al procesar al ex magistrado por incumplimiento de sus funciones y encubrimiento de los asesinatos de cinco militantes montoneros: María Niklison, Fernando Lamas, Juan Carlos Meneses, Atilio Brandsen y Eduardo Paz, y por los delitos de abuso de autoridad, prevaricato y privación ilegítima de la libertad en perjuicio de Miguel Romano.
Para la fiscalía, existen pruebas concluyentes para procesar a Martínez por haber omitido investigar y encubierto el fusilamiento de los cinco militantes. “El juez federal se apersonó en el inmueble luego de ocurridos los hechos y no adoptó ninguna medida tendiente a determinar las circunstancias en que habían ocurrido los hechos”, señaló Camuña en su escrito.
El fiscal acusó además a Martínez como partícipe de la violación de domicilio y de los homicidios. El juez Bejas no lo entendió así y dictó la falta de mérito sobre esos delitos. Martínez no sólo no investigó y encubrió los asesinatos, sino que comenzó a investigar al propietario de la casa donde se realizó el sangriento operativo, Miguel Romano, a quien detuvo durante más de un año en la Jefatura de Policía de Tucumán, que funcionaba como centro clandestino de detención.
Manlio Martínez ascendió como juez durante el Operativo Independencia, cuando el fallecido general Acdel Vilas lo nombró para remplazar al juez anterior, cuyo accionar era excesivamente “legal” y entorpecía las tareas represivas. “Los responsables del aparato represivo en Tucumán podían contar con la anuencia de Manlio Martínez para organizar la actividad del aparato represivo con riesgos jurídicos minimizados”, señaló Camuña.
Además de estos delitos, por los que quedó procesado, numerosos testimonios ubicaron al ex juez tucumano en los centros clandestinos de detención más importantes de la provincia, en los que tomaba declaraciones a los detenidos-desparecidos.

Que no asuma un consejero escolar en Lomas que fue policia con la dictadura

2011-12-03T00:42:00.000-08:00

Reclamo contra un ex comisario

Por Adriana Meyer

Organizaciones de derechos humanos y sindicales, entre ellas ATE y CTA, lanzaron una campaña para impedir la asunción de Raúl Magallanes, quien el 10 de diciembre debería asumir como consejero escolar de Lomas de Zamora por haber sido electo en las listas del Frente para la Victoria. Trabajadores de la educación y la comunidad educativa, legisladores y personalidades del campo sindical, social y político acusan a Magallanes de que “durante toda la última dictadura ha formado parte de la Policía Bonaerense dirigida por los genocidas (Ramón) Camps y (Miguel) Etchecolatz”.

Entre las adhesiones a la campaña se cuentan el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y varias Madres de Plaza de Mayo. Los impulsores de la impugnación difundieron que Magallanes acaba de cursar a varios dirigentes de ATE Sur cartas documento y que en 2006 el vicegobernador electo Gabriel Mariotto calificó a Magallanes como “el López Rega de (el ex intendente Jorge) Rossi”. Además señalan que “en 2004 Magallanes, como jefe de seguridad del intendente Rossi, puso en funciones como custodios del Palacio Municipal a por lo menos cuatro policías retirados denunciados ante la ex Conadep como represores de la dictadura: Gerónimo Balmaceda, Juan Rivadeneira, Jorge Alberto Verdún y Manuel Moreno, a quienes propuso para integrar un nuevo “cuerpo de seguridad municipal”.

En 2006, “en un confuso hecho policial ocurrido en el Palacio Municipal bajo su custodia, una persona entró por la ventana al despacho de una concejala y se la dejó ir sin registrar identidad ni domicilio, por lo cual Magallanes fue acusado de relativizar la denuncia y fichar a los denunciantes por Mariotto, quien lo responsabilizó de los aprietes que puedan recibir los concejales y militantes del Frente para la Victoria lomense”.

Piden que se investigue la presunta complicidad del directorio de Dalmine Siderca con la dictadura

2011-11-27T23:45:00.000-08:00

El cuaderno con la lista de militantes políticos

El reclamo lo realizan sobrevivientes y familiares de las víctimas que se desempeñaban en la compañía del Grupo Techint. Un ex trabajador cuenta cómo supo que existía una lista negra.

Por Gustavo Veiga

En Campana, Dálmine será siempre Dálmine, a lo sumo Dálmine Siderca. No importa que el inmenso tanque de agua –su símbolo más visible observado desde la ruta 12– diga Tenaris, el nombre que adoptó el 17 de diciembre de 2001 cuando se amplió ese complejo industrial con sede fiscal en Luxemburgo. En 1976, la empresa siderúrgica se encontraba bajo jurisdicción del ejército en la llamada Area 400, donde decenas de sus trabajadores desaparecieron. En una sola jornada de septiembre, que después se conoció como “La noche de los tubos”, fueron secuestrados cuatro: Alberto Bedia, Manuel Martínez, Raúl Aroldo Moreno y Armando Culzoni. La planta industrial se militarizó, agentes de inteligencia se infiltraron y cualquier obrero que vistiera el clásico mameluco azul resultaba sospechoso de actividades subversivas.

Eduardo Pitter, un ex coordinador de mantenimiento electrónico y mecánico, recuerda hoy cómo su compañero Bedia le reveló un secreto que lo expuso a la desaparición: “Un día me paró donde estaban los molinetes de la entrada, a la derecha de la oficina de Personal, en la que trabajaba él. Me dijo: ‘Hay que tener cuidado. ¿Viste cómo viene la mano? Capaz que uno mañana no está más acá. Se maneja un cuaderno de tapas negras, ahí está la lista de militantes políticos que le molestan a la empresa. Lo traen a la oficina mía y después lo guardan en la caja de seguridad de la gerencia’”. Pitter, quien además era delegado del gremio de supervisores metalúrgicos (Asimra), ubica el diálogo en septiembre del ’76. Está seguro porque el 12 de ese mes cumple años y en la madrugada del 23 se llevaron a Bedia de la casa de sus padres, en el barrio Dálmine. El suyo es uno de los diecinueve casos denunciados por delitos de lesa humanidad en la zona de Zárate-Campana, donde hubo 169 desapariciones. Familiares y sobrevivientes piden investigar “la responsabilidad penal de los integrantes del directorio, de los gerentes de personal y jefes de seguridad de Dálmine Siderca (Grupo Techint)”. El cuaderno que describe Pitter es apenas uno de los indicios de complicidad con el régimen militar que se le atribuye a la siderúrgica. Valentín Ibáñez tiene 70 años, vive en una humilde casa de Zárate y recibe a Página/12 en un local contiguo donde conviven estanterías polvorientas con un afiche de Eduardo Duhalde y la Liga Federal. Sostiene que fue delegado durante 18 años en el sector de mantenimiento. Integraba la lista Celeste y Blanca en la UOM local y adhería a Lorenzo Miguel. En febrero de 1977 lo secuestraron a la salida de la Mutual 2 de Abril junto a sus compañeros Roberto García y Félix Martínez. Un grupo de tareas lo llevó al centro clandestino de detención la Casa de Piedra, en Lavalle 636, a pocas cuadras de la calle más comercial y transitada, Justa Lima de Atucha. Las torturas que sufrió no se prolongaron más de tres días porque “un tal Paolino, un informante, me reconoció. Eramos compañeros de la Escuela Naval, donde yo estuve un año y no quedé porque me faltaba aptitud militar”.

Ibáñez también cuenta que en la Casa de Piedra lo interrogó un tal Zapata. “Alto, delgado, de tez blanca y muy instruido en su forma de hablar”, describe al militar. Este dato cobra relevancia cuando se lo relaciona con su presencia en el interior de la planta. Los ex obreros de Dálmine Siderca Carlos Theis y Orlando Gómez (ver aparte), más el supervisor Pitter, coinciden en que Zapata era una pieza clave en el aparato represivo que operaba en la fábrica. “Andaba en ropa de fajina. Un día en una asamblea entró con soldados, dio la orden de rodilla en tierra y cuando cargaron las armas, en dos segundos ya estábamos todos adentro de los galpones.” En lo que no se ponen de acuerdo es en su grado militar: coronel o mayor.

José Costela, como muchos trabajadores de la empresa en sus comienzos, ingresó cuando era apenas un adolescente. “Nací en 1941 y entré a Cometarsa (Construcciones Metálicas Argentinas) del Grupo Techint, el 24 de marzo de 1956. Me retiré el 18 de septiembre del ’91.” Mientras comparte unos mates con su amigo Alberto Calvo, un sobreviviente de los centros clandestinos del Area 400, aporta otro dato que nadie había mencionado: “Durante la dictadura, los tarjeteros del personal en la entrada a Siderca aparecían vacíos. Sabíamos que era una señal de que los militares estaban infiltrados adentro”. Rodolfo y José Ramón Amarilla se desempeñaban en la compañía. Los detuvieron con violencia el 6 de octubre del ’76, hasta que los separaron en la comisaría de Campana. Ahora, el primero intenta hacer justicia por su hermano desaparecido. “En nuestro secuestro tuvo que ver personal jerárquico o de seguridad de la empresa Dálmine Siderca”, sospecha.

Uno de los principales imputados por estos operativos era Roberto Paulino Nicolini, ya fallecido. Jefe de vigilancia de Cometarsa y militar retirado de la Fuerza Aérea, Costela lo describe como “un loco de la guerra, de armas llevar. Cuando era delegado yo tuve varias agarradas con él, incluso antes de la última dictadura”. Nicolini y Zapata son apenas un par de represores mencionados en la querella que avanza con ciertas dificultades de nombramientos en el Juzgado Federal Nº 2 de San Martín que subroga Juan Manuel Yalj.

El circuito de centros clandestinos que funcionó en la zona donde se levanta el emporio siderúrgico más grande del país tenía su epicentro en la ex Fábrica Militar de Tolueno Sintético. La base naval de Zárate, las principales comisarías, la Casa de Piedra y hasta el buque patrullero Murature sirvieron como mazmorras de la dictadura. La compañía también aportó su infraestructura, como han denunciado sobrevivientes que pasaron por las instalaciones de su apéndice deportivo, club Ciudad de Campana (se llama así desde 1999). En los ‘70 era más conocido como Villa Dálmine, un equipo de fútbol que hoy disputa el torneo de Primera C de la AFA y que en 1976 estuvo cerca de subir a Primera División. Las piletas y vestuarios de la institución sirvieron para alojar prisioneros secuestrados. Así lo aseguran varios detenidos, como el ex intendente peronista de Zárate Francisco Bugatto y su hijo José Alberto, quienes fueron conducidos allí el 24 de marzo del ‘76. En igual sentido declaró Lidia China Biscarte, ex directora de Derechos Humanos de aquel municipio hasta 2007.

Los militares también se enseñorearon en el Tiro Federal, otro predio improvisado como centro clandestino. Una inspección judicial en 2004 comprobó que mantenía pruebas intactas. Agujas de tejer con cinta aisladora en los extremos que se usaban para picanear y restos de ropa manchada con sangre fueron algunos de los hallazgos. Está ubicado al lado de Trefila, la sección donde se trefilan en frío los tubos sin costura de Techint. “La única persona en el lugar era el casero de la institución, Hugo Ciafardini, a quien le vaciaron el dormitorio, le quemaron los muebles y lo amenazaron”, escribió el historiador local Miguel Di Fino, en Recordando el olvido.

Meses antes del golpe, acaso desde fines de 1975 y anticipándose a lo que vendría, los uniformados se habían instalado en el hotel Dálmine (alojaba al personal jerárquico de la empresa) para diagramar en detalle la sangrienta represión en el Area 400. Junto a sindicalistas y empresarios afines fueron detectados en ese lugar donde hoy funciona la Tenaris University, la escuela de capacitación de los futuros cuadros profesionales del grupo siderúrgico.

Por la libertad de los presos

2011-11-25T23:23:00.000-08:00

Unas 10 mil personas participaron el día miércoles 25/11 de la marcha “contra la criminalización de la protesta social, por la libertad de los presos por luchar y el desprocesamiento, cierre de causas y anulación de las condenas para cinco mil luchadores obreros y populares”, además de reclamar “basta de patotas sindicales y paraestatales contra los que luchan”.

Los principales dirigentes de izquierda, junto a sindicatos y comisiones internas de base, organizaciones de derechos humanos, estudiantiles y partidarias marcharon desde Congreso hasta Plaza de Mayo para exigir la libertad de Carlos Olivera, un albañil de Lomas de Zamora, y de Víctor Oñate, petrolero de Santa Cruz, “que están presos por desafiar al sindicalismo oficial y defender a la clase obrera”, como explicaron en la manifestación, así como también del remisero Mario Tapia y del joven Aldo Claros, que permanecen detenidos tras la represión en El Triángulo, predio de los Blaquier en Jujuy, y del más conocido caso de Karina Germano, la Galle, presa en Ezeiza. “Es un escándalo que todos los delegados combativos, como los de la comisión interna de Kraft, los trabajadores de Zanon y otros tantos estén perseguidos por defender los derechos de los obreros, mientras no hay ningún imputado por los asesinatos en el Indoamericano o en Jujuy”, dijo Christian Castillo, del PTS. Por su parte, Néstor Pitrola, del Partido Obrero, que está procesado por solidarizarse con una protesta de Kraft, dijo: “Estamos defendiendo los derechos de todo el movimiento obrero argentino, en un momento crucial en el que hay que preparar los sindicatos y asambleas generales para enfrentar el tarifazo y todo lo que se viene”.

Si se abrieran los archivos de la dictadura....

2011-11-22T01:05:00.000-08:00

Habría más de 50 funcionarios judiciales involucrados en causas por delitos de lesa humanidad
Es en el país. En Córdoba continúa la investigación contra los ex fiscales Ali Fuad Alí y Antonio Cornejo y el ex juez Puga.

La Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado reveló que "hay al menos 55 implicados en causas por delitos de lesa humanidad en la última dictadura".

Según la nota publicada hoy por el diario Tiempo Argentino sobre el informe elaborado por la Unidad Fiscal, en los últimos años "las denuncias sobre la complicidad de funcionarios judiciales con el terrorismo de Estado comenzaron a aflorar de manera espontánea en los juicios contra los represores".

Al respecto, el coordinador de la Unidad Fiscal, Pablo Parenti, señaló al matutino que "el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad se trata de un proceso que avanza hacia el juzgamiento de las conductas de quienes ocupaban puestos en la Justicia".

Pero el funcionario advirtió que "este proceso pone en evidencia las falencias de la Justicia para investigar en la actualidad los delitos de lesa humanidad".

"Hay funcionarios que si bien no están implicados con aquella época, por desidia o por ideología, no están a la altura de las circunstancias y no actúan correctamente", agregó.

"Venimos del relato de los `80 en el cual la Justicia había sido impotente sobre lo que pasaba en la dictadura, hoy en día se empieza a poner en crisis ese relato y en muchos lugares se ve claramente la participación o complicidad de funcionarios judiciales", explicó.

El proceso de enjuiciamiento a funcionarios del Poder Judicial comenzó con testimonios muy concretos como en el caso del ex juez Víctor Brusa, quien fue condenado en 2009 a 21 años de prisión por apremios ilegales contra ocho detenidos cuando era secretario del juzgado Federal de Santa Fe.

En el informe del matutino se detalla que, en la actualidad, en la provincia de Mendoza, los camaristas Otilio Romano y Luis Miret se encuentran procesados por privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos cuando eran fiscal y juez federal respectivamente.

En la misma provincia, su ex compañero en la Cámara, Carlos Martín Pereyra González, aún sin imputación formal, renunció a su cargo luego de que fuera denunciado por encubrir delitos de lesa humanidad cuando era secretario de un juzgado federal de San Luis.

También otro camarista, Julio Petra, presentó recientemente su renuncia, luego de quedar procesado por encubrir a Romano.

Asimismo, hay dos ex jueces procesados por delitos similares, Rolando Carrizo Elst y Guillermo Max Petra Recabarren; también está imputado el ex juez Gabriel Fernando Guzzo, quien presentó un parte médico por incapacidad psicológica, y los ex fiscales Ernesto Peñaloza, Carlos Ernesto Fuego y Edgardo Díaz Araujo.

Sobre el desempeño de la Justicia mendocina en las causas por delitos de lesa humanidad, el fiscal que tiene a cargo dicha Unidad Fiscal, Jorge Auat, manifestó a Tiempo Argentino que "eran jueces de sus propios pleitos" y aseveró: "Se sacó el cepo para investigar".

En La Plata, en el juicio oral por delitos en la Unidad Penal N| 9, el tribunal presidido por Carlos Rozanski ordenó que se investigue a 13 jueces y un ex fiscal a partir de testimonios de sobrevivientes que los recordaron como asiduos concurrentes al penal.

Además, Leopoldo Schiffrin, integrante de la Sala II de la Cámara Federal de La Plata, pidió investigar a los ex jueces platenses Eduardo Hortel, Eduardo Sanucci y Horacio Piombo.

En Córdoba. Sólo continúa la investigación contra los ex fiscales Ali Fuad Alí y Antonio Cornejo y el ex juez Miguel Ángel Puga.

Los ex fiscales de Chaco Roberto Mazzoni y el ya fallecido Carlos Flores Leyes renunciaron a sus cargos cuando comenzaron a amontonarse las denuncias por haber participado de interrogatorios bajo tortura cuando eran secretarios del juzgado de Resistencia.

En Bahía Blanca, el actual fiscal federal Abel Córdoba consideró que "había un pacto delictivo entre el ex juez federal fallecido de Bahía Blanca, Guillermo Madueño, los secretarios judiciales Hugo Sierra y Gloria Girotti con las fuerzas militares que aseguraba la realización de los hechos".

Ante la acusación, Sierra fue recientemente detenido y suspendido en su cargo docente en la Universidad Nacional del Sur.

En Salta, ya se elevó a juicio la causa contra el ex juez federal Ricardo Lona, acusado de encubrimiento y omisión en la investigación judicial del secuestro y desaparición del gobernador Miguel Ragone, secuestrado el 11 de marzo de 1977.

En tanto, en La Rioja, el ex juez federal Roberto Catalán se encuentra procesado con prisión domiciliaria acusado de torturas a ex presos políticos, tras la denuncia del escritor Leopoldo Juan González.

Por su parte, el juez penal de Mar del Plata Pedro Hoot fue citado a declaración indagatoria por su actuación en secuestros, tormentos y homicidios. En su haber cuentan el rechazo de una veintena de habeas corpus, entre ellos por el secuestro de once abogados laboristas en 1977.

Comienza el juicio contra Mercedes Benz por delitos de lesa humanidad

2011-11-12T04:43:00.000-08:00

La automotriz Mercedes Benz deberá afrontar el juicio que se realiza en los Estados Unidos por delitos de lesa humanidad cometidos en la Argentina, después del fallo de la Corte de Apelaciones de San Francisco que rechazó la apelación de la empresa multinacional.

La demanda civil contra Mercedes Benz en ese país, iniciada por familiares de catorce trabajadores desaparecidos y tres sobrevivientes, permitirá una reparación económica a los damnificados que, anticiparon, percibirán el tope establecido por la ley, y el resto será donado para la construcción de un hospital en la localidad de González Catán, donde funcionó la planta.

Los familiares querellantes recurrieron en 2004 a la corte estadounidense bajo la figura de la Ley de Reclamación por Agravios contra Extranjeros (Alien Tort Claims Act), que establece la posibilidad de demandar en territorio de los Estados Unidos a personas o corporaciones que hayan violado leyes federales allí o en países con los que tiene tratados celebrados, como la Argentina.

En aproximadamente un mes, el caso se presentará en los tribunales de San Francisco, después de las dos primeras sentencias (de 2004 y 2009) que negaron la competencia geográfica de los tribunales de California porque -supuestamente- hay un "foro alternativo" (Argentina y/o Alemania).

Esa sentencia fue anulada en mayo de 2010 por la Corte de Apelaciones para el Circuito Nueve de los Estados Unidos, que consignaba que "Mercedes Benz colaboró con la dictadura militar y las fuerzas policiales y que esta colaboración terminaría en el secuestro, tortura, detención y asesinato de los trabajadores".

En diálogo con Télam, la periodista que investigó el caso, Gaby Weber, consideró que la decisión de la Corte "muestra que es posible juzgar a los responsables económicos de delitos atroces" y advirtió que "no se reparan sólo con dinero, sino que tienen que decir qué pasó, con verdad y justicia, y reconocer lo que hicieron".

La automotriz, perteneciente a la multinacional Daimler, fue acusada de complicidad con el terrorismo de Estado implementado en la Argentina desde 1975, y por secuestros y torturas a 17 trabajadores -14 continúan desaparecidos-, incluyendo la comisión interna de la planta ubicada en González Catán.

También se la acusa por la apropiación de tres niños y la sustitución de identidad de Paula Logares, nieta recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo.

Para el abogado Eduardo Fachal, que fue integrante y sobreviviente de la comisión interna desaparecida, el fallo dado por la Corte estadounidense "es muy importante porque permite hacer conocer internacionalmente el genocidio y la persecusión que sufrieron los trabajadores durante el terrorismo de Estado".

El letrado que impulsa la causa penal en la Argentina sostuvo que "es necesario una reparación integral, no sólo en lo económico, por la complicidad de las empresas con el genocidio implementado en la Argentina".

"Tocar las ganancias de la empresa es una forma de que nunca más se repitan estos hechos en el mundo", afirmó.

Por su parte, el abogado de las víctimas, Terry Collingwort, dijo en Washington, acerca del fallo, que "llegó la hora de que responda la empresa alemana en los EE.UU por los crímenes que pasaron en su fábrica".

En Alemania también se inició un proceso judicial contra la firma, que fue desestimado bajo el argumento similar al utilizado por el dictador Jorge Rafael Videla, en cuanto a la inexistencia de delito por no encontrarse los cuerpos de los desaparecidos.

En la Argentina las desapariciones de trabajadores de Mercedes Benz se comenzaron a investigar durante los juicios por la verdad, en los que el tribunal no tenía facultad de condenar.

Luego, con la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, la causa recayó en el Juzgado Federal 2 de San Martín sin que se hayan registrado avances en los últimos tiempos.

Las ratas abandonan: Renuncia camarista colaborador de represores

2011-11-09T23:53:00.000-08:00

Renunció el camarista Julio Petra, denunciado por favorecer a represores
Pasó la escoba por la Cámara mendocina

Se fue después de haber sido procesado. Estaba acusado de favorecer a jueces y represores. Todavía resta definir si le aceptan la renuncia o se mantiene el proceso de juicio político. Es el tercer juez mendocino que deja su cargo por el mismo motivo.

Por Irina Hauser

Julio Demetrio Petra, integrante de la Cámara Federal de Mendoza, prefirió renunciar antes de que lo echen. Fue después de que le notificaran su procesamiento por incumplimiento de los deberes de funcionario y prevaricato al haber intentado favorecer a su colega fugitivo Otilio Romano en una causa en la que se le imputa un centenar de crímenes de lesa humanidad. Petra ya tenía denuncias en el Consejo de la Magistratura por beneficiar a represores. Es el tercer juez de la Cámara provincial que queda en la cuerda floja, al aparecer comprometido en una red de complicidades con el terrorismo de Estado. El primero, Luis Miret, fue destituido el año pasado. El segundo, Romano, se fugó a Chile en busca de asilo un día antes de que lo suspendieran en el cargo y su juicio político empieza el lunes, en ausencia.

Petra presentó ayer la renuncia ante el Poder Ejecutivo, aunque en ella no hace ninguna alusión a su situación en la Justicia ni en el Consejo. Alega, en cambio, que obtuvo la jubilación y problemas de salud que le traen “significativas limitaciones” para “cumplir adecuadamente” con la “función de juez”. La presidenta Cristina Fernández no aceptó la renuncia de Miret ni la de Romano en su momento, pero no necesariamente ocurre lo mismo en todos los casos.

Hace unos años, los organismos de derechos humanos de Mendoza –con especial impulso del Movimiento Ecuménico (MEDH)– trataban de entender por qué las causas por los crímenes de la dictadura no avanzaban allí. Le dieron vueltas y vueltas al tema, hasta que notaron que la barrera estaba casi siempre en el mismo lugar: la Cámara Federal. El asunto era mucho más complejo de lo que pensaban. Estaban los jueces que habían trabajado en la Justicia en dictadura y que seguían en funciones, y estaban los que, en democracia, habrían tendido diversas maniobras para resguardar no sólo a represores sino a sus propios colegas, sobre quienes se iban descubriendo conductas colaboracionistas con el régimen dictatorial. En el primer grupo entrarían Miret y Romano. Petra, en el segundo.

Petra fue denunciado penalmente por los organismos de derechos humanos después de que firmara un fallo que ordenaba el apartamiento del juez federal Walter Bento, quien había citado a indagatoria a Romano y a Miret por su posible participación (o al menos no investigar aunque estaban al tanto) en secuestros, torturas y desapariciones ya desde 1975. Señalaban la amistad entre los jueces, a punto tal que después del desplazamiento de Bento fueron fotografiados en un restaurante céntrico cenando con champagne. Esta semana, el juez de San Rafael Eduardo Puigdéngolas lo procesó por incumplimiento y por prevaricato (fallar deliberadamente contra derecho). Tuvo especialmente en cuenta la orden de un tribunal superior que Petra habría desacatado, que le impedía intervenir en causas de derechos humanos. El hecho de no haberse inhibido, razonó el juez, más las denuncias que acumulaba en el Consejo de la Magistratura, sumaban elementos “razonables para generar dudas sobre su imparcialidad”.

Son nueve las presentaciones contra Petra en el Consejo, por las que aún podría ser citado. En ellas se basaron días atrás otros colegas suyos para apartarlo de la presidencia de la Cámara. En uno de los expedientes se investiga la liberación en masa de represores de Mendoza, San Luis y San Juan. Otro apunta a una resolución por la cual extendió la falta de mérito del teniente coronel Luis Stuhldreher (intendente de facto en 1976) a 18 desapariciones que no habían llegado a su tribunal. En otra de las presentaciones por las que está bajo la lupa, la jueza de San Juan Margarita Camus lo responsabiliza por dejar en libertad a su torturador a pesar de que ella lo había reconocido. En el caso de su colega Romano, además de firmar el apartamiento del juez que lo investigaba, Petra fue denunciado por jueces subrogantes de la propia Cámara por sustraer (para prolongar sus efectos) la medida cautelar que evitaba que avanzara el juicio político en su contra. La semana pasada también lo denunció la Universidad Nacional de Cuyo por presunta parcialidad en una disputa por terrenos universitarios a favor de un grupo empresario.

Junin : se ratifica procesamiento ex jefes de policia por delitos de lesa humanidad

2011-11-01T01:07:00.000-07:00

Están acusados por secuestros e imposición de tormentos, hechos ocurridos en dos centros clandestinos de detención en la ciudad de Junín. También alcanza a un ex coronel del Ejército. Es en el marco de la megacausa Primer Cuerpo de Ejército

La Sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal confirmó los procesamientos de cinco ex altos jefes policiales y un ex coronel, quienes están acusados de privación ilegal de la libertad y tormentos en el marco de la megacausa del “Primer Cuerpo del Ejército”, que instruye el juez federal Daniel Rafecas. Todos actuaron durante el último gobierno de facto en la ciudad de Junín y sus zonas de influencia.

Se trata de los ex comisarios inspectores Edgardo Antonio Mastrandrea y Miguel Angel Almirón; los ex comisarios Abel Oscar Bracken y Julio Angel Esterlich; el ex médico policial Aldo Antonio Chiacchietta; y el coronel retirado Angel José Gómez Pola.

Los procesados están acusados por hechos que habrían cometido durante el último gobierno de facto, en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la comisaría 1ª de Junín y en la entonces Unidad Penitenciaria 13 del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Justicia francesa condena a catorce represores de la dictadura chilena

2011-10-30T08:24:00.000-07:00

Después de doce años de procedimiento en Francia, la justicia de ese país sentó un nuevo precedente. Para organizaciones de derechos humanos, el juicio francés que condenó a 14 represores chilenos, tiene un valor histórico: “este proceso ha sido la ocasión de establecer, e incluso sancionar, el funcionamiento del sistema represivo creado por la dictadura de Pinochet” que se extendió desde 1973 a 1990.

Las condenas en Francia contra catorce represores de la dictadura militar chilena incluyen cargos como complicidad en detención, secuestro o arresto arbitrario con tortura o acto de barbarie.

Todo este proceso comenzó en los días siguientes de que Augusto Pinochet fuera detenido en Londres en 1998. En ese entonces, las familias de nueve ciudadanos franceses, desaparecidos o ejecutados en Chile o Argentina (por hechos imputables a autoridades chilenas) entre 1973 y 1977, interpusieron una querella en Francia.

Las demandas con constitución de parte civil de las familias de Alfonso Chanfreau, de Jean-Yves Claudet, de Georges Klein y de Etienne Pesle son las únicas declaradas admisibles por la justicia francesa porque ha aceptado el carácter de continuo del delito de desaparición forzada, ya que los cuerpos de estas víctimas nunca fueron encontrados.

Después de varios años y con la suma de apoyo desde diversas organizaciones de derechos humanos, finalmente el proceso se desarrolló entre el 8 y 17 de diciembre de 2010 ante la Corte Criminal de París.

Este juicio fue “simbólico”. Después de escuchar diversos testimonios y recibir medios de prueba se condenó a prisión perpetua a los jefes de la DINA, Manuel Contreras y Pedro Espinoza, y a altas penas de cárcel para otros doce ex represores. Entre ellos, Marcelo Luis Moren Brito a 30 años de reclusión, Miguel Krasnoff Martchenko a 30 años y Enrique Lautaro Arancibia Clavel a 25 años.

La delegación de juristas de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), que patrocinó las querellas, estuvo en una Misión Oficial en nuestro país. En esa oportunidad solicitaron a las autoridades chilenas cumplir con las órdenes de detención emitidas por Francia. Uno de los encuentros fue con el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica. También visitaron el Penal Cordillera para notificar a los presos de este fallo condenatorio.

Karine Bonneau, responsable de la Oficina de Justicia Internacional de la FIDH, explicó que no se deben perder las expectativas ante las solicitudes de extradición.

“Milton Juica nos recibió porque la Corte Suprema va a tener que examinar la petición de extradición de los condenados a Paris. Nos contó un poco el proceso general que es más complicado para las personas que están siendo procesadas, pero tampoco es imposible y eso es algo que se tendrá que alegar frente al tribunal”, dijo.

Magdalena Garcés, abogada de derechos humanos, aseguró que lo sucedido en Francia da una lección al sistema judicial chileno.

“Es muy importante el tema de las condenas porque tiene que ver con la gran falencia que tiene la justicia chilena que ha sido la falta de proporcionalidad y lo inadecuado de las sanciones en relación a los graves delitos cometidos. Hay algunos agentes de la cúpula de la DINA que tienen una cantidad de juicios y condenas donde es muy difícil que salgan en libertad como Manuel Contreras Sepúlveda. Sin embargo, hay otros agentes igual de importantes que no han sido juzgados o que han sido condenados con penas remitidas una y otra vez”.

Los acusados, notificados del juicio, se negaron a comparecer a los tribunales franceses y a ser representados. Fueron juzgados en rebeldía, de acuerdo con el procedimiento penal francés.

Según datos rescatados por la Federación y la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, (CODEPU) en la actualidad hay 307 personas con condenas por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura. De éstas sólo 70 están, hoy en día, cumpliendo sus condenas en un centro de detención.

Por Diana Porras

Uruguay: Apenas una ley que evita la prescripción de los crimenes de lesa humanidad

2011-10-25T22:30:00.000-07:00

Una a favor de frenar la impunidad en Uruguay

El proyecto, que fue votado por el Frente Amplio en solitario, declara que los delitos de la dictadura son imprescriptibles de conformidad a los tratados internacionales. Hoy el debate sigue en Diputados.

El Senado uruguayo dio ayer media sanción a un proyecto de ley para evitar la prescripción el 1º de noviembre de los crímenes de la dictadura (1973-1985), considerados “comunes” por la Justicia. La iniciativa, presentada por el Frente Amplio (FA), coalición de centroizquierda en el gobierno, fue aprobada con los 16 votos oficialistas (de un total de 31) ante la negativa de los partidos opositores Nacional y Colorado.

El proyecto, que será hoy debatido en Diputados, no anula formalmente la Ley de Caducidad (sancionada en 1986 y ratificada en dos plebiscitos), aunque convierte en “letra muerta” su esencia que, salvo excepciones, impide juzgar las violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar. El texto “restablece la pretensión punitiva del Estado para todos los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985”, al tiempo que a los efectos de la prescripción no computa el período entre el 22 de diciembre de 1986, en que se sancionó la Ley de Caducidad, y la vigencia de la nueva ley.

Por otra parte, declara que los delitos de la dictadura “son crímenes contra la humanidad de conformidad a los tratados internacionales de los que la República es parte”. El pasado 24 de marzo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó a Uruguay de la supresión de identidad de Macarena Gelman, nieta del poeta argentino Juan Gelman e hija de desaparecidos, por lo que instó al país a tomar las medidas necesarias para que la Ley de Caducidad “deje de representar un obstáculo para la investigación” de la causa.

El apremio por la sanción de la ley se debe a que el 1º de noviembre prescribirán los crímenes de la dictadura de acuerdo con un fallo de la Corte Suprema que los considera ilícitos comunes. El senador Rafael Michelini fue el encargado por el oficialismo de presentar la propuesta con carácter de urgente. Comenzó su alocución recordando una conversación que mantuvo con el nacionalista Luis Alberto Heber. Heber resolvió votar en contra del proyecto para acompañar la resolución de su partido, pese a que el proyecto permitiría que se siga investigando el asesinato de su madre, Cecilia Fontana de Heber, muerta tras ingerir un vino envenenado a finales de los ’70. Michelini exhortó a la oposición a acompañar el plan, a fin de no ir en contra de los tratados internacionales. “El Parlamento tiene que tomar una decisión para el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana. No van a prescribir los delitos porque son de lesa humanidad”, dijo, explicando que el Frente Amplio se pone del lado de las víctimas.

A su turno el senador nacionalista Jorge Saravia, que estando en el oficialismo votó en contra de la anulación de la Ley de Caducidad en mayo pasado, calificó la intención de la bancada frenteamplista como “un golpe de Estado”, afirmando que “siempre nos va a encontrar enfrente”. Aquel voto de Saravia hizo fracasar el proyecto de dejar sin efecto la Ley de Caducidad, un compromiso que asumió el Frente Amplio en su congreso partidario.

El debate propició un fuerte cruce entre el senador comunista Eduardo Lorier y el nacionalista –y ex candidato presidencial– Luis Alberto Lacalle, iniciado tras la exposición del primero. “Quienes defienden la impunidad defienden a los asesinos, torturadores, violadores y desaparecedores de seres humanos”, dijo Lorier. Y planteó que “decían que no había niños desaparecidos y ahí están Mariana, Simón y Macarena”. El dirigente comunista se refería a Mariana Zaffaroni, Simón Riquelo y Macarena Gelman.

Sus palabras generaron el inmediato malestar de Lacalle, quien pidió una interrupción para responder al legislador frenteamplista: “Lorier ha agraviado a todos los senadores que no votan como él y no le vamos a permitir venir a insultar de esa forma”. El argumento de los legisladores colorados y nacionalistas fue uno mismo repetido por distintos oradores: que el proyecto es inconstitucional porque el pueblo ya se expidió en los dos plebiscitos sobre la caducidad, uno en el año 1989, el último en el 2009.

Sea como fuere el tenor del debate, ayer el Frente Amplio en solitario dio un pasito en contra de la impunidad.

Procesaron al ex general Riveros

2011-10-20T22:53:00.000-07:00

El general Santiago Omar Riveros, jefe de Campo de Mayo en 1975, fue procesado por el secuestro y desaparición de Roberto Quieto, ocurridos en diciembre de aquel año en una playa de la localidad de Martínez. La decisión la adoptó el juez federal de San Martín, Juan Manuel Yalj, quien también procesó al comisario Roberto Antonio Rosa, que era jefe de Inteligencia de la Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal y comandó el operativo. Quieto fue visto en la guarnición que comandaba Riveros como titular del Comando de Institutos Militares.

“Norberto Tozzo secuestró y torturó a mi hermano Fernando”

2011-10-14T23:43:00.000-07:00

Gustavo Piérola, familiar de víctimas de la Masacre

Piérola valoró la llegada del represor al país para su posterior juzgamiento en la segunda parte del juicio por la Masacre de Margarita Belén. Recordó que el militar retirado fue uno de los que participó en el secuestro, tortura y asesinato de su hermano

El familiar de una de las víctimas de la Masacre de Margarita Belén, Gustavo Piérola, valoró la llegada del represor Norberto Tozzo al país para su posterior juzgamiento. Recordó que el militar retirado fue uno de los que participó en el secuestro, tortura y posterior fusilamiento clandestino de su hermano, Fernando, cuyos restos hasta hoy se encuentran desaparecidos.

“Es un tema muy esperado por los chaqueños y los familiares que seguimos en esta lucha buscando la verdad de todo lo que ocurrió con la represión en el suelo chaqueño”, remarcó Piérola en declaraciones a RADIO CIUDAD. En relación al represor extraditado, explicó que se trata de uno de los integrantes de la temible patota que pertenecía al Destacamento de Inteligencia 124 del Ejército, con asiento en Resistencia. “No sólo participó en Margarita sino en todos los secuestros y represión en el Chaco”, aseveró.

Vale recordar que para conceder la extradición de Tozzo, la Justicia brasileña marcó ciertas condiciones. En primer lugar que, de encontrarlo culpable, no se lo condene a más de 30 años de prisión. Además, que no se lo juzgue por los 11 asesinatos que forman parte de la causa porque para las leyes del Brasil son delitos ya prescriptos. Y en tercer lugar, se solicitó que evalúen su responsabilidad penal sólo por la desaparición forzada de Roberto Yedro, Reynaldo Zapata Soñéz, Fernando Piérola y Julio Pereyra. Esto en virtud de equipara a estos hechos con secuestros continuados.

Piérola lamentó este tipo de restricciones. “Desgraciadamente nos tenemos que valer por las leyes de extradición de la justicia brasilera donde se lo va a juzgar solamente por las cuatro desapariciones”, señaló. “Hay cuatro muchachos que todavía están desaparecidos que son mi hermano Fernando, Yedro, Zapata Soñéz y el Bocha Pereyra. Por eso se los puede juzgar. Los asesinatos ya prescribieron para ellos, que no tienen lesa humanidad como tenemos acá en Argentina.

FERNANDO
Fernando Piérola fue detenido en Misiones a mediados de noviembre de 1976, junto a su esposa, María Julia Morresi. Sufrieron torturas de todo tipo, las cuales fueron ejecutadas por Tozzo y por el fallecido exagente de Inteligencia del Ejército, Alberto Valussi.

“Tozzo fue uno de los que secuestró a mi hermano Fernando en Misiones”, recordó Gustavo. “Lo tortura en ‘la casita de Misiones’. Lo tortura en el Regimiento 9 de Corrientes y después lo trasladan a la alcaidía (de Resistencia) para finalmente fusilarlo con todos los compañeros en Margarita Belén. Tozzo es uno de los principales responsables”, enfatizó.

La tarde del 12 de diciembre lo llevan a la Alcaidía, donde lo incorporan al convoy que parte a Margarita Belén. Varios compañeros lo vieron allí esa noche. En comunicados oficiales figura como uno de los “prófugos”. Sin embargo, en 1978, en una comunicación oficial su esposa recibe el trato de “viuda de Piérola”. Su cuerpo nunca fue entregado a su familia.

“Tozzo tiene unos campos muy cerquita de Paraná, donde yo vivo”, recordó Gustavo Piérola, mostrando la proximidad que tuvo durante años con uno de los resposables del asesinato de su hermano. “Tiene también un videocable en María Grande. Durante muchos años lo tuvimos cerca y no se lo pudo tocar. Ahora la justicia llega, esperemos que quede detenido como los demás y ojalá que nos diga algo para saber donde están los restos”, pidió. Piérola reiteró su pedido para que la sociedad aporte datos que puedan dar con los cuerpos de los desaparecidos.

Cabe recordar que el gobierno provincial habilitó el año pasado una línea telefónica gratuita destinada a todas las personas que puedan aportar datos sobre los restos de los desaparecidos de la Masacre de Margarita Belén. A través del número 0810-888-6366, los ciudadanos podrán aportar informaciones, teniendo además garantizado el anonimato y el resguardo de sus identidades.

El represor Norberto Tozzo llega a Argentina extraditado de Brasil

2011-10-13T22:09:00.000-07:00

El represor Norberto Tozzo, acusado de participar en los fusilamientos de al menos 22 presos políticos durante la dictadura en la "Masacre de Margarita Belén", en el Chaco, llegará al país 20 minutos después de la próxima medianoche extraditado desde Brasil, confirmaron fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Tozzo, que llega acompañado por Interpol Brasil, en presencia del subsecretario de Delitos complejos y lucha contra la criminalidad organizada del Ministerio de Seguridad, Miguel Robles, será dejado en el aeropuerto de Ezeiza en manos de la Policía Federal Argentina que lo trasladará a la provincia de Chaco donde será juzgado.

El juez federal de Resistencia, Carlos Skidelsky, ordenó el operativo y al llegar a destino el represor estará en condiciones de ser juzgado en la segunda parte del juicio por la Masacre de Margarita Belén, donde en mayo de este año se condenó a ocho ex militares a cadena perpetua, mientras que el ex policía Alfredo Chas fue absuelto.

Tozzo estuvo detenido desde 2008 en la prisión federal brasileña de Ary Franco, en Río de Janeiro.

El represor había sido detenido en junio del 2003, pero en julio de ese año fue liberado por la Cámara Federal de Apelaciones y permaneció prófugo por cinco años hasta que fue encontrado por Interpol

Identificados restos de cinco desaparecidos

2011-10-13T07:53:00.000-07:00

Se trata de Miguel Ángel Mastrogiovanni, Ismael Antonio Monzón, Ana María Liendo, Juan Benítez y Alberto Eduardo Delfino, cuyos restos fueron exhumados en el Cementerio Municipal de Avellaneda en 2006.

A través de un comunicado firmado por Antonio Pacilio, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, y mediante las resoluciones del registro S.U. con fecha 29/09/11 y 3/10/11, se formalizó la identificación de cinco personas que se encontraban desaparecidas por la dictadura.

Miguel Ángel Mastrogiovanni, Ismael Antonio Monzón, Ana María Liendo, Juan Benítez y Alberto Eduardo Delfino, fueron identificados entre los restos exhumados en el Cementerio Municipal de Avellaneda en el año 2006, por orden del Tribunal.

Según el comunicado publicado por la Agencia de Noticias del Poder Judicial, dicha exhumación corresponde al sector donde se encontraban sepultadas las víctimas de los sucesos ocurridos el 23 de diciembre de 1975 en el Batallón de Arsenales “Domingo Viejobueno” de Monte Chingolo, Provincia de Buenos Aires.

Las resoluciones dictadas por el Tribunal han sido remitidas a la Unidad Fiscal Federal y al Juzgado Federal N° 1 de La Plata, en el cual tramita la causa n° 82.090 “Barbate Daniel Roberto y otros s/ Inf. Ley 20.840, etc. en Batallón de Arsenales 'Domingo Viejobueno' de Bernal”.

Efectuada la exhumación por el Equipo Argentino de Antropología Forense, concluyó que “el plano labrado al momento de la inhumación de los cuerpos (año 1975), agregado en la causa penal, no correspondía con la disposición en la que finalmente fueron inhumados y hallados en la excavación, así como tampoco se encontraban los esqueletos completos, esto debido a movimientos de tierra por posteriores construcciones e inhumaciones pese a lo cual persiste la ardua tarea de lograr la identificación de los restos”.

De acuerdo a lo detallado en el comunicado, “la investigación continúa así como la remisión de muestras óseas para su análisis genético, tanto de restos exhumados en el Cementerio Municipal de Avellaneda, como en los Cementerios de La Plata, Ezpeleta, Verónica, Punta Indio y Magdalena”.

Con estos resultados, las tareas emprendidas por el Tribunal, en el marco de la “búsqueda de la verdad”, permitieron hasta la fecha lograr un total de 36 identificaciones, con entrega de restos en 24 casos.

Abusos sexuales y terrorismo de Estado

2011-10-12T05:04:00.000-07:00

Documento acerca del juzgamiento de los delitos sexuales como crímenes de lesa humanidad

La Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas contra los represores explicó las razones por las que las violaciones y otros hechos de violencia de género deben ser visibilizados y juzgados como delitos de lesa humanidad.

Por Victoria Ginzberg

“Los abusos sexuales cometidos en el marco del terrorismo de Estado aún no reciben el tratamiento jurídico adecuado. Esta faceta criminal aún no se ve reflejada en toda su dimensión en el proceso de juzgamiento de los crímenes contra la humanidad cometidos en nuestro país”, señalaron Jorge Auat y Pablo Parenti, de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado. En un documento que pretende servir como guía y aportar elementos para la labor de jueces y fiscales, la Unidad Fiscal dejó en claro que su criterio es que los abusos sexuales perpetrados como parte del plan criminal de la última dictadura deben ser considerados delitos contra la humanidad y no deben quedar subsumidos bajo la figura de “tormentos” porque esto “impide reflejar la especificidad de la agresión sufrida por la víctima”.

Hasta el momento sólo hay una condena por delitos de índole sexual durante el terrorismo de Estado. El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata consideró culpable al ex suboficial de la Fuerza Aérea Gregorio Rafael Molina por violaciones reiteradas en el centro clandestino La Cueva, a las que consideró crímenes de lesa humanidad. Además, hay unos pocos represores imputados por este tipo de hechos. El juez federal de Tucumán Daniel Bejas procesó a los jerarcas militares Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez como “partícipes necesarios” (no ya autores directos) de la violencia de género cometida contra todas las mujeres que estuvieron detenidas en el penal de Villa Urquiza. El juez Sergio Torres procesó al represor Jorge Acosta por una violación, pero la Cámara Federal señaló que el hecho debía ser calificado como imposición de tormentos. Luego, el magistrado decidió reabrir un expediente específico para investigar los delitos sexuales –hay dieciocho casos documentados– que se cometieron en el centro clandestino de detención que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada.

El escrito firmado por Auat y Parenti es producto de un estudio que se extendió durante dos años. “La necesidad de abordar el tema surgió, por un lado, a partir de que advertimos que muchos delitos sexuales eran relatados por primera vez recién al momento del juicio oral y por lo tanto no venían imputados desde la etapa de la instrucción. En otros casos, lo que nos llamó la atención era que los abusos sexuales no se calificaran como delitos sexuales propiamente dichos, sino simplemente como parte integrante de los tormentos. También fue importante una demanda externa por parte de organizaciones dedicadas al tema que se acercaron para plantear sus puntos de vista”, explicó Parenti a Página/12.

Así, la Unidad Fiscal destaca, por ejemplo, que no es necesario que los abusos sexuales hayan sido generalizados o sistemáticos para que sean considerados crímenes contra la humanidad y que tampoco hace falta que existan órdenes explícitas para responsabilizar a los superiores de los perpetradores directos como coautores o autores mediatos del delito. “Debe decirse de todos modos –señala el escrito– que cada vez hay más evidencia de que los delitos sexuales tuvieron una enorme extensión durante el terrorismo de Estado.”

En el documento se critica el hecho de que en algunos fallos judiciales los abusos sexuales quedan englobados dentro de la categoría genérica de “tormentos”: “El modo de expresar la especificidad de la afectación a la libertad sexual sufrida por la víctima es aplicar efectivamente los tipos penales previstos por la ley”.

Una cuestión jurídica a resolver respecto de este tema es que los delitos sexuales son de “acción privada”, es decir, que deben ser impulsados por la persona que los sufrió y, si ésta no lo hace, el Estado no puede abrir una causa de oficio. ¿Qué ocurriría con los desaparecidos o asesinados durante el terrorismo de Estado o quienes sobrevivieron pero murieron antes de tener la posibilidad de hacer una denuncia judicial? Para Auat y Parenti, en estos casos, es posible y deseable que se realice la investigación, pero también debe ser atendible el derecho de aquellos que no deseen abrir una causa por estos hechos. Reclaman, además, que cualquiera sea el caso, es importante “crear las condiciones adecuadas para que la víctima pueda denunciar el hecho evitando la revictimización a la que pueda quedar expuesta”.

Declara Chicha Mariani en el juicio contra 26 genocidas del Circuito Camps

2011-10-11T06:46:00.000-07:00

El próximo miércoles 12 de octubre, al día siguiente de la exhibición de las declaraciones de nuestros compañeros Jorge Julio López y Adriana Calvo, brindará testimonio nuevamente ante un tribunal María Isabel “Chicha” Chorobik de Mariani. Esta vez lo hará en el marco de la causa que se le sigue a 26 represores que formaron parte del Circuito Camps.

Chicha se presentará en esta oportunidad para abrir el caso del operativo represivo que realizaron las fuerzas conjuntas el 24 de noviembre de 1976 en la casa de calle 30 entre 55 y 56, donde fue asesinada su nuera, Diana Esmeralda Teruggi junto a otros compañeros de militancia (Daniel Mendiburu Eliçabe, Roberto César Porfidio, Juan Carlos Peiris, y Alberto Bossio), y secuestrada su nieta, Clara Anahí Mariani, de tres meses de edad.

También ofrecerá su testimonio sobre las pruebas que logró reunir en torno al asesinato de su hijo, Daniel Enrique Mariani, en la calle 132 y 35 el 1º de agosto de 1977 y desaparición del cuerpo y reconstruirá una vez más ante el Tribunal Oral Federal Nº1 presidido por el juez Carlos Rozanski estos 35 años de lucha incansable y recabación persistente de pistas e indicios sobre el paradero de su nieta apropiada tras haber sido sacada con vida de la casa de sus padres.

En el brutal operativo del 24 de noviembre de 1976 en calle 30 entre 55 y 56, fuerzas policiales y militares atacaron la casa de Diana, que vivía con su esposo Daniel Mariani y su hija de tres meses, Clara Anahí. En el ataque, fueron asesinados Diana y al menos otras tres personas, y fue secuestrada la bebé, quien aún permanece desaparecida. En el procedimiento, participaron varios jerarcas de la represión ilegal: entre otros, el jefe de la Policía provincial Ramón Camps; el Director de Investigaciones de la fuerza, Miguel Etchecolatz, y su chofer, Hugo Guallama; el titular de la comisaría 5º, Osvaldo Sertorio; el jefe del Regimiento 7 de La Plata , Roque Presti; el jefe del Primer Cuerpo de Ejército, Carlos Guillermo Suárez Mason.
Chicha Mariani, de 87 años, se presentará una vez más para exigir que su búsqueda siga sembrando de verdad y justicia nuestro país pero también, y particularmente, que el tribunal indague y recave toda la información necesaria para dar con el paradero de Clara Anahí. La búsqueda que Chicha ha llevado adelante desde noviembre de 1976 la condujo a despachos de comisarios, militares, jueces y obispos, donde era recibida solo con el silencio y la mentira que la impunidad garantizan; pero también la llevó a fundar Abuelas de Plaza de Mayo y posteriormente la Asociación Anahí , a ser una referente internacional de la lucha por los derechos humanos y pieza indispensable por su tenacidad en la recuperación de la identidad de más de 60 chicos apropiados.

Recién ahora puede ser juzgado integralmente el caso de la Calle 30, tras la fragmentación que había implicado el juicio oral a Miguel Osvaldo Etchecolatz durante 2006, donde al elevarse solo algunos hechos aislados, sin abarcar el funcionamiento integrado de la represión ilegal durante la dictadura, se lo juzgó por el homicidio de Diana Teruggi, pero no por la sustracción de identidad de Clara Anahí ni por el homicidio de los compañeros de Daniel y Diana que fueron asesinados en esa casa.
Por todo esto, y más teniendo en cuenta el cinismo con el que Miguel Osvaldo Etchecolatz tras 35 años de silencio planteó durante su indagatoria el pasado lunes 3 de octubre contar con pruebas sobre el paradero de Clara Anahí pero sin haber ofrecido ningún tipo de información concreta, consideramos necesario denunciar la maniobra que una vez más se busca someter por medio del dolor a Chicha, y reafirmamos nuestra admiración, nuestro respeto y compromiso con la lucha que ella sostiene minuto a minuto.

Convocamos por todos los medios a acompañarla en su declaración y solicitamos una vez más a toda la sociedad que en este como en todos los casos de apropiaciones, es fundamental que se acerque cualquier dato que conozcan para dar con el paradero de los niños, hoy jóvenes, a quienes se les robó su identidad, y sigamos exigiendo al estado que de manera urgente ponga a disposición de la justicia todos los archivos de inteligencia e investigaciones de las fuerzas armadas y de seguridad.

APARICIÓN CON VIDA YA! DE JORGE JULIO LÓPEZ.
30 MIL COMPAÑEROS DETENIDOS-DESAPARECIDOS: ¡PRESENTES!

Justicia Ya! La Plata.
11 de Octubre de 2011

Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos; Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU); Centro por los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza; Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH); Colectivo de Abogados Populares, La Ciega ; Comité de Acción Jurídica (CAJ); CTA-La Plata y Ensenada; HIJOS La Plata ; Insurrectos-Trabajo Social, UNLP; Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH); Unión por los Derechos Humanos. Integrantes de Justicia Ya! La Plata.

A la espera del veredicto por el secuestro y asesinato de Miguel Ragone

2011-10-10T00:01:00.000-07:00

"Ni sus enemigos pudieron mancharlo”

Mañana se conocerá el veredicto en el juicio por el secuestro y el asesinato del ex gobernador de Salta. Su nieto habla del rol de la policía y la complicidad judicial. “Todavía no encontramos el cuerpo, que es lo que estamos buscando”, dice.

Por Alejandra Dandan

Un cura que ahora es capellán del Ejército de Salta fue vicepresidente del club de gallos de riña cuando Miguel Ragone era presidente. Su declaración en el juicio oral por el secuestro y asesinato del ex gobernador de la provincia abrió una grieta a partir de la cual ahora piden su destitución. El papel de la Justicia federal y los policías a los que Ragone desplazó de la fuerza y luego volvieron a matarlo, o las nuevas hipótesis sobre el lugar donde puede estar su cuerpo aún desaparecido, son algunos elementos que deja el histórico juicio oral que mañana tendrá su veredicto. “Todavía no encontramos el cuerpo, que es lo que estamos buscando”, dice su nieto y querellante de la causa, Fernando Pequeño Ragone. “Pero ahí está la esposa de él, de 91 años, que fue dos veces al juicio y siente que se va a morir viendo que se hizo algo.”

Mañana, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta dará a conocer el veredicto en la ciudad judicial donde se lleva a cabo el debate desde comienzos de abril. Hijos Salta y los organismos de derechos humanos convocaron a las 9 a esperar la sentencia de algunos jefes de la represión entre los que están Carlos Mulhall, jefe de la guarnición militar local; Miguel Gentil, jefe de la policía; y Joaquín Guill, uno de los hombres más simbólicos, jefe de Seguridad de la policía y responsable de los operativos clandestinos (ver aparte). El juicio deja efectos a largo plazo. No sólo sobre las nuevas pistas del cuerpo o de un pedido de imputación para el ex juez federal Ricardo Lona, como parte de la estructura represiva, sino también efectos simbólicos: el juicio funcionó como una pequeña Conadep y empezó a poner palabras ante un silencio de más 35 años.

“El martes es el veredicto después de una semana en la que los acusados tuvieron derecho a decir las últimas palabras”, dice Pequeño Ragone. “Ese es otro de los datos de estos juicios: sentir la cantidad de garantías procesales que tienen cuando mi abuelo no tuvo ninguna, a veces da bronca, pero si las garantías permiten que la democracia se consolide y que podamos avanzar con los juicios, está bueno. Muchos acusados nunca dieron la cara, pero hay cosas que me llenan de orgullo como algún defensor que reivindicó la figura de mi abuelo, o sea que ni siquiera sus enemigos pudieron mancharlo.”

–¿Cómo fue para el resto de la gente?

–La gente no acompañó en la sala, en los juicios hubo 15 o 20 personas, pero sí lo siguieron por los medios. En los diarios, en televisión, no llamaban a los programas porque en ese sentido hay todavía un gran silencio, pero nos lo decían a nosotros: por mail, por chat, venían a vernos. Cuando la gente vea que hay sentencia, que estos tipos van presos, se van a abrir muchísimas puertas. Hay mucha gente que se acerca, pero todavía hay mucho miedo y descreimiento.

–¿Qué nuevos datos le aportó el juicio?

–A mí me quedó claro que hubo dos proyectos de peronismo. Uno, que encarnaba mi abuelo, que fue derrotado, y otro que después se transformó en otra cosa y está ligado a la Triple A. Pero el juicio abrió las puertas para una investigación profunda sobre la policía y la responsabilidad del ex juez Lona. Y sobre el cuerpo de Ragone. Hay dos o tres hipótesis importantes y una testigo que trajo un dato que si bien no fue preciso se puede investigar: su marido estuvo en la caravana que mató a Ragone y le dijo que fue asesinado por la misma policía. Ella dijo que, esa noche, su marido cayó drogado a su casa, muy alterado, que él no sabía a quién estaban matando y que se puso muy mal cuando se enteró. Dijo que habían tirado el cuerpo en el camino a San Lorenzo, una villa veraniega a 6 kilómetros del centro de la ciudad. También hubo un testigo que dice haber estado en la caravana como policía, un famoso arrepentido al que el juez (Miguel) Medina que llevaba la causa lo quiso neutralizar y lo declaró inimputable. En el juicio declaró el psiquiatra que lo revisó y se echó atrás con la declaración. Ahora estamos pidiendo que se tenga en cuenta aquel relato que dice que en un momento Guill se subió a un auto con un silenciador y le pegó un tiro. Que después lo subieron a otro auto y fueron al dique.

–¿El Equipo Argentino de Antropología Forense revisó esos lugares?

–El EAAF exhumó doce cadáveres del cementerio de la ciudad, pero no encontró nada. Estuvieron dos veces en el juicio porque exhumaron el cuerpo de Arredes (Santiago Arredes, que cayó asesinado en el mismo operativo) para ver si la bala que lo mató tenía orificio de salida, pero lo que encontraron fue que no le hicieron autopsia, lo cual involucra más al ex juez Lona porque tendría que haberlo pedido.

–¿Usted vinculó a Lona con el actual capellán del Ejército?

–El cura era vicepresidente del club de gallos de riña, del que mi abuelo era presidente. Una de las cosas que no entendí de mi abuelo fue que siendo tan humanista tuviera esta cuestión. Me acuerdo de haberlo acompañado, yo tenía 8 años cuando lo mataron, así que calculo que entre los 5 y los 6 iba con él. El cura llamado Escobar Saravia le dijo al principal testigo del juicio, Daniel Mendoza: “Mañana lo van a matar”. Pero cuando declaró en el juicio lo negó, dijo: “Yo no me acuerdo”. Y dijo que no conoció a mi abuelo. Para mí, él forma parte de los civiles que actuaron en complicidad con el ex juez Lona, el único juez federal de esos años. Ahora es capellán del Ejército. Lo que yo quiero es que lo saquen porque quizá no tenga condena porque no hay pruebas, pero la condena social es necesaria.

–¿Cómo fue el trabajo con la policía de su abuelo?

–Mi abuelo trató de desandar lo que hizo la policía en los 18 años de proscripción del peronismo, que fueron los años en los que se estructuró la cúpula que lo mató después. El, su ministro de Gobierno y su jefe de policía –que fue asesinado por la policía– pidieron juicio político a 20 policías. Los desplazaron, a algunos los mandaron a sitios lejanos y a otros les pidieron la destitución. La Cámara Penal Oral de Tucumán ordenó la restitución de los policías cuando mi abuelo ya había sido destituido por Isabel Martínez; entonces quedó desamparado con todos los policías de vuelta adentro, una sentencia a muerte.

Los nombres de los acusados

El fiscal Horacio Azzolin y las querellas pidieron reclusión perpetua para Carlos Mulhall, Miguel Gentil y Joaquín Guill y perpetua como autor directo para el policía Andree del Valle Soraire. Todos están acusados, además, del homicidio de Santiago Arredes, testigo del secuestro de Ragone, y del intento de homicidio de Margarita Martínez de Leal, otra testigo. Los pedidos alcanzaron a los policías Pedro Javier Herrera y Raúl Nelson Herrera por encubrimiento. Pidieron 10 años de prisión por coacción agravada para Jorge Héctor Zanetto, un ex pistolero de la UOM. Para el ex juez Ricardo Lona, hasta ahora imputado por encubrimiento en otro tramo, pidieron que sea juzgado como parte de la organización represiva.

Denuncia al interventor de la Caja de Ahorro y Seguros durante la dictadura

2011-10-06T23:54:00.000-07:00

Los desaparecidos de la Caja

La agrupación HIJOS pidió que se investigue a Héctor Walter por su responsabilidad en el secuestro de veintiséis empleados de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro. Es el padre del candidato del PRO Pablo Walter, que proviene del bussismo.

Por Victoria Ginzberg

Adrián Horacio García Pagliaro era empleado de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro. Fue secuestrado el 28 de marzo de 1977, cuando se retiraba de su trabajo. Los policías y el personal de vigilancia que estaban en el lugar cerraron las puertas para impedir que García Pagliaro se refugiara dentro. Sigue desaparecido. El 2 de junio, en la puerta de la misma institución, fue secuestrada Carmen Graciela Floriani, que fue llevada al centro clandestino Mansión Seré y luego liberada. La agrupación HIJOS (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) denunció ayer ante el juez federal Daniel Rafecas a quien fuera interventor de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, el coronel retirado Héctor Walter, que es padre del candidato a diputado por el PRO Pablo Walter.

La denuncia realizada por HIJOS vincula a Walter con secuestros, desapariciones y posibles homicidios de 26 empleados de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro. Según se menciona en la presentación judicial, Walter nació en Tucumán el 29 de abril de 1926, ingresó en el Colegio Militar el 12 de marzo de 1945 y egresó en 1947. Fue compañero de promoción de los jerarcas de la dictadura ahora condenados por delitos de lesa humanidad Antonio Domingo Bussi, Reynaldo Benito Bignone, Cristino Nicolaides, Llamil Reston, Adolfo Sigwald y Juan Bautista Sasiaiñ, entre otros. Walter se retiró del Ejército en 1974, pero el 24 de marzo de 1976 fue nombrado interventor de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro.

En la denuncia que hizo ante la Conadep, la madre de Adrián García Pagliaro relató que su hijo “se desempeñaba desde 1972 en la Caja como ayudante, siendo delegado de oficina en la institución, y que el 28 de marzo de 1977 a las 17.15, cuando se retiraba de su empleo, fue secuestrado e intimidado por disparos de armas de fuego por seis personas vestidas de civil, de sexo masculino, que no se identificaron como pertenecientes a ninguna arma y que luego de golpearlo en reiteradas oportunidades, ante las miradas atónitas de sus compañeros y personas que transitaban, lo introdujeron en un Peugeot amarillo que era seguido por un Ford Taunus blanco con techo negro”. La mujer destacó que “ambos vehículos y sus ocupantes estaban estacionados previamente en la playa reservada para la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL), cuyo ingreso sólo estaba permitido a vehículos oficiales” y que “el procedimiento fue reservado por el personal de vigilancia y por un agente de la Policía Federal que estaba de custodia en la puerta de la institución que no sólo no intervinieron, sino que al intentar mi hijo reingresar a la institución, cerraron las puertas impidiéndole resguardarse y dejando encerrados dentro al resto del personal que se retiraba”. Isabel García Pagliaro responsabilizó al interventor y a los jefes de seguridad del lugar. Y reveló que cuando le preguntó a Walter por lo que le había sucedido a su hijo, éste le contestó que “había sido secuestrado por elementos subversivos que habían ingresado a la playa del CAL con documentos falsos”.

Carmen García Floriani contó que fue secuestrada y llevada a la Mansión Seré, donde fue torturada. Allí le dijeron que tenían a García Pagliaro.

Trasladaron al represor Duret desde Mendoza

2011-10-06T23:45:00.000-07:00

Duret ya está preso en Marcos Paz

El coronel retirado Alejandro Duret fue trasladado ayer desde Mendoza al penal de Marcos Paz, donde deberá cumplir la condena de quince años de prisión por el secuestro y la desaparición de Carlos Alberto Labolita- El represor se había ido a Chile un día antes de que la Cámara de Casación revocara su absolución. Tras la decisión de la Justicia, el gobierno chileno lo expulsó, la policía lo detuvo en Santiago de Chile y lo entregó en el cruce fronterizo del Cristo Redentor a la Gendarmería argentina.

Duret pasó las primeras horas de su detención en la Unidad Penitenciaria 52 de Mendoza. Una comisión de la Gendarmería lo trasladó en la noche del jueves a la provincia de Buenos Aires. Llegó al penal de Marcos Paz a las dos y media de la mañana del viernes, donde el juez federal Carlos Rozanski había pedido que le destinaran una plaza en el pabellón de condenados por delitos de lesa humanidad.

Al represor no se le abrirá una causa judicial por su salida del país, ya que ésta ocurrió antes del fallo de Casación. La condena por el secuestro y desaparición de Labolita no está firme, pero el episodio de su salida a Chile le cerrará cualquier intento de pedir la excarcelación, ya que quedará como un antecedente de que existe peligro de fuga.

Labolita, militante de la Juventud Peronista; fue secuestrado junto a su compañera, Gladis, y llevado al Regimiento de Azul, donde estaba el entonces joven oficial Duret. Gladis, que sobrevivió, y la madre de Labolita identificaron a Duret como uno de los militares que actuaron en el operativo.

El represor había logrado inicialmente resultar absuelto por el crimen, pero la Cámara de Casación revocó su absolución, ordenando el cumplimiento de la condena.

Casación Penal condenó a dos acusados por la desaparición de Carlos Labolita

2011-10-04T00:22:00.000-07:00

La Sala IV del Máximo Tribunal penal confirmó la sentencia a prisión perpetua de Pedro Mansilla y revocó la absolución de Alejandro Duret, condenándolo a 15 años de prisión. Carlos Labolita había sido secuestrado en 1976, en la localidad bonaerense de Las Flores

La Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal confirmó la condena a prisión perpetua de Pedro Mansilla por la desaparición de Carlos Labolita, hecho ocurrido durante el último gobierno militar, y revocó la absolución de Alejandro Duret, condenándolo a 15 años de prisión por el mismo hecho.

La resolución fue firmada por los jueces Gustavo Hornos y Augusto M. Diez Ojeda, quienes resolvieron casar parcialmente la decisión del Tribunal Oral en lo Federal de Mar del Plata, cuyo veredicto había sido dado a conocer el 3 de julio de 2009 y su fundamentación, el 7 de agosto de 2009.

Aprueban el reclamo judicial por un desaparecido

2011-10-03T01:16:00.000-07:00

Era defensor oficial y su hijo solicitó sueldos no gozados desde el '76 hasta noviembre del '78. El mendocino Ostropolsky, se opuso.
Eduardo Ayassa - eayassa@losandes.com.ar

En su último plenario y por mayoría (con tres votos en contra, uno de ellos del mendocino Daniel Ostropolsky) el Consejo de la Magistratura aprobó finalmente, el reconocimiento del reclamo de 1996 realizado por Martín Díaz Lestrem, hijo de Nelly Esther Ortiz y de Guillermo Díaz Lestrem, desaparecida y asesinado, respectivamente, durante la última dictadura.

Entre los muchos temas puestos sobre la mesa se trató el reclamo de Díaz Lestrem, cuyos padres fueron víctimas de la represión ilegal y por lo que se reclamaba el pago de haberes no abonados.

Guillermo Díaz Lestrem, conocido como "El chino", se desempeñaba como defensor oficial y fue secuestrado dos veces durante la última dictadura militar. La segunda de ellas mortal, ya que su cadáver apareció en los bosques de Palermo. Otro tanto ocurrió con su esposa, Nelly Esther Ortiz, desaparecida en noviembre de 1976, y que fue declarada judicialmente ausente con presunción de fallecimiento.

Ahora, el dictamen proponía reconocer el reclamo de su hijo Martín "en cuanto heredero de Nelly Esther Ortiz" y ordenó a la Administración General del Consejo a que pague el beneficio "que va desde noviembre de 1976 a mayo de 1978, incluidos los aguinaldos y aumentos correspondientes".

Fundamentos

Sin embargo, al momento de decidir sobre el dictamen Mario Cimadevilla, representante legislativo, expresó que este "chocaría con cuestiones legales" puesto que, para el senador, "no tenemos nosotros ninguna facultad". En el mismo sentido se expresó el consejero diputado Oscar Aguad, quien argumentó que "no se puede pagar lo que está prescripto".

En sentido contrario opinó el consejero representante de los magistrados Ricardo Recondo, al explicar que "el dictamen jurídico es el fundamento de la decisión administrativa", algo que fue resuelto por un dictamen de Asuntos Legales, al señalar que "debe aplicarse la dispensa" al heredero.

Al haber diversas expresiones, y a pedido del consejero representante del Poder Ejecutivo y que elaboró el dictamen que reconoce el beneficio, Hernán Ordiales, se pasó a votar nominalmente.

Votación

Así fue que uno a uno los consejeros debieron levantar la mano y mostrar la decisión de votar a favor o en contra. Hernán Ordiales, Ricardo Recondo, Manuel Urriza, Marcelo Fuentes, Ada Iturrez, Stella Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes y Carlos Moreno, se mostraron a favor de aprobar el dictamen. En tanto que el voto en contra estuvo dado por Mario Cimadevilla, Oscar Aguad y Daniel Ostropolsky.

No a la judicialización de la protesta

2011-09-30T23:25:00.000-07:00

Compañeros y compañeras:

                                           Reproducimos la información que tenemos hasta el momento con respecto a la detención de Rubén Sobrero y otros dos compañeros de la lista Bordo del Ferrocarril Sarmiento.

    El juez de la causa, Juan Manuel Yalje, ha declarado que recién el lunes comenzarían las indagatorias. Mientras tanto el Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, ha respaldado con sus declaraciones, una vez más, la persecución de los compañeros.
    Los trabajadores de ese ramal, iniciaron un paro por tiempo indeterminado y la empresa TBA incorporó personal jerárquico para sabotear la medida de fuerza de los compañeros.

Copiamos, más abajo, la declaración que nos ha llegado de los compañeros del Ferrocarril Sarmiento:

EN HORAS DE ESTA MAÑANA FUE DETENIDO EL COMPAñERO RUBEN “POLLO” SOBRERO, DELEGADODEL FERROCARRIL SARMIENTO, JUNTO A OTROS DOS COMPANEROS DE LA LISTA BORDO.
LOS ACUSAN DE LA QUEMA DE VAGONES EN EL SARMIENTO EL 2 DE MAYO.
LOS TRABAJADORES DEL SARMIENTO PARARON EL SERVICIO EN REPUDIO A SU DETENCION.
DIFUNDAMOS Y ESTEMOS ATENTOS A BRINDAR SOLIDARIDAD CONCRETA CON EL POLLO ANTE CUALQUIER CONVOCATORIA DE LOS COMPANEROS FERROVIARIOS.

LIBERTAD YA A LOS COMPAÑEROS!!
NO A LA JUDICIALIZACION DE LA PROTESTA

Reprogramaron el inicio de un nuevo juicio oral contra Videla

2011-09-28T00:15:00.000-07:00

El nuevo juicio oral y público al ex dictador Jorge Rafael Videla, que debía comenzar el 4 de octubre ante el Tribunal Federal de Tucumán, fue reprogramado para el año próximo a pedido de la fiscalía y las defensas.

Se trata del debate por el asesinato del militante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) Osvaldo De Benedetti, ocurrida en 1978, por la que también serán juzgados otros represores.

En la resolución, el juez de Cámara Gabriel Casas estableció que el proceso se inicie el jueves 15 de marzo a las 9.30 y que las audiencias se realicen los jueves y viernes de cada semana.

Además de Videla, en el banquillo de los acusados se sentarán Luciano Benjamín Menéndez, Jorge Eduardo Gorleri, Héctor Hugo Lorenzo Chilo, Alberto Carlos Lucena y Jorge González Navarro.

De acuerdo a las constancias del expediente, De Benedetti habría permanecido detenido en la Unidad Penitenciaria 1 de la ciudad de Córdoba a disposición del Juzgado Federal de Tucumán y del Poder Ejecutivo Nacional por decreto N° 1761/74, en carácter de "rehén" junto a otros presos provenientes de diferentes cárceles del país.

El 3 de julio de 1978 "fue retirado de dicho establecimiento carcelario por orden del Área 311 y trasladado a la Unidad Penitenciaria de Tucumán donde ingresó en la misma fecha".

Según la investigación, luego, "en fecha y hora aún no determinada con exactitud, pero posiblemente el día 21 de julio de 1978, habría sido muerto por personal militar perteneciente al III Cuerpo del Ejército en un simulado intento de fuga".

El juez Otilio Romano no será juzgado por huir a Chile

2011-09-26T22:01:00.000-07:00

La Justicia argentina decidió hoy que el magistrado Otilio Romano no va a ser juzgado por fugarse a Chile y pedir allí asilo político tras ser citado a declarar por su procesamiento en 103 casos de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar (1976-1983).

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de Argentina así lo estableció al rechazar el pedido de dos integrantes del Consejo de la Magistratura, organismo encargado de la designación y remoción de jueces, para que la huida de Romano fuera tomada como un agravante, según precisaron fuentes judiciales a la agencia estatal Télam.

Romano, juez de la provincia de Mendoza (oeste), huyó a Chile, donde solicitó asilo y ya obtuvo una visa de residencia de ocho meses, el pasado 24 de agosto, un día antes de ser suspendido.

Tras conocerse su salida del país, el juez de Mendoza que lleva el proceso en su contra, Walter Bento, lo citó a declarar por su procesamiento como partícipe en casos de secuestros, torturas, desapariciones de personas y allanamientos ilegales cometidos cuando era fiscal de esa provincia vecina a Chile, pero Romano no se presentó.

Hace diez días Bento ordenó la captura internacional de Romano, pero supeditó su solicitud a que sea destituido como magistrado.

El Consejo de la Magistratura resolvió hace dos semanas dejar sin salario a Romano, un paso intermedio hacia el juicio de destitución, que el organismo planea iniciar antes de fin de año.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, aseguró el pasado jueves que en este delicado caso se "respetará el estado de derecho".

Moyano será sometido a juicio oral

2011-09-22T23:29:00.000-07:00

Un juzgado criminal ordenó hoy abrir un juicio oral contra Hugo Moyano, secretario general de la mayor central sindical de Argentina, acusado por "calumnias e injurias" por un testigo en una causa que investiga el accionar de un grupo de ultraderecha en la década de 1970.

El expediente fue iniciado por Carlos Petroni luego de que el Sindicato y la Federación de Camioneros, ambas entidades dirigidas por Moyano, difundieran comunicados acusándole de crímenes de lesa humanidad y calificándole de "mitómano", informaron fuentes judiciales.

La fecha de la primera audiencia se fijó para el próximo 11 de noviembre y se espera un trámite expedito, adelantaron las fuentes.

La apertura del juicio oral se ordenó luego de que la Corte Suprema rechazara un recurso presentado por el líder de la Confederación General del Trabajo (CGT) para dilatar el proceso y evitar el debate.

Petroni había denunciado que Moyano "mantenía y mantiene estrechas relaciones políticas, sindicales, personales y económicas con importantes jefes operativos de la (disuelta organización ultraderechista) Triple A", lo que originó la reacción del líder de la CGT.

La causa judicial contra la organización, en la que aparece como principal imputada María Estela Martínez de Perón, viuda del tres veces presidente Juan Perón, se abrió a raíz de una denuncia presentada en 1975, pero se frenó durante la dictadura (1976-1983) y los primeros años de la democracia por las denominadas leyes del perdón.

La misma fue reabierta en 2007, cuando el Gobierno de Néstor Kirchner derogó los indultos concedidos a represores y líderes guerrilleros implicados en crímenes de lesa humanidad.

Según organizaciones de derechos humanos, entre 1973 y 1975 la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) cometió alrededor de un millar de asesinatos amparados supuestamente por el Gobierno de la viuda de Perón.

Numerosos represores sin imputar y sin saber dónde están

2011-09-22T23:12:00.000-07:00

Pero 26 son buscados y se ofrece recompensa por facilitar datos

Con la detención del represor Francisco Armando Di Paola, que integró el grupo de tareas de la ESMA bajo el seudónimo de Chino, son 26 los prófugos acusados por delitos de lesa humanidad por los cuales el gobierno nacional ofrece recompensas que van desde 100.000 hasta 300.000 pesos para quien aporte datos para detenerlos.

El 25 de julio el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos incluyó en el listado de buscados a Juan Pedro Asaro, Fernando Alberto Otero y Raúl Arturo Viglizzo, por quienes ofrece, en cada caso, 300.000 pesos.

El juez Rodolfo Pradas, a cargo del Juzgado Federal 3 de Mar del Plata, dispuso el procesamiento de los tres acusados a fines de 2010, sobre los cuales pesa el pedido de captura nacional y solicitó el ofrecimiento de una recompensa para dar con su paradero.

Por otra parte, uno de los más buscados, y por quien se ofrecen 100.000 pesos es el ex marino Jorge Raúl Vildoza, alias Gastón, quien actuó en la ESMA, en el marco de las causas "ESMA s/delito de acción pública" y "Acosta, Jorge Eduardo y otros s/privación ilegal de la libertad".

También es buscada su compañera, la rosarina de 75 años Ana María Grimaldos, por quien se ofrecen 100.000 pesos en la causa Vildoza, Jorge Raúl y otros s/ supresión del estado civil de un menor El primer pedido de captura fue en 1986, cuando se detectó que junto a Vildoza se habían apropiado y sustituido la identidad de uno de los niños nacidos en la ESMA.

Con la investigación iniciada viajaron con el pequeño a Suiza y les perdió el rastro, pero en 1998, navegando por la Web, el joven descubrió que sus padres eran buscados en la Argentina y envió una carta a la jueza María Servini de Cubría para pedirle la realización de un análisis de ADN para aclarar su situación.

Con la excusa de visitar a un hermano, el joven viajó a la Argentina y se realizó el examen que determinó con un 99,9% de certeza que en era hijo de Cecilia Viñas.

En tanto, siguen siendo buscados, y se ofrece una recompensa de 100.000 pesos, en cada caso, los represores César Heriberto Peralta, Antonio Tuttolomundo y a los hermanos Rodolfo Daniel y Carlos Gabriel Isach, todos ellos investigados en causas que tramita el juzgado federal 4 de Rosario, a cargo del juez Marcelo Bailaque.

Peralta, de 56 años y prófugo desde el 28 de agosto de 2006, es un ex oficial de la policía de Santa Fe que reportó en la División Informaciones durante la última dictadura y está acusado de al menos 23 casos de tormentos y apremios ilegales.

Tuttolomundo, de 53 años y prófugo desde el 5 de mayo del 2008, está acusado de delitos de privación ilegítima de la libertad, violencia, amenazas, torturas y homicidio en el caso de Conrado Galdame, ocurrido en diciembre de 1978, y que formó parte del llamado Juicio a las Juntas.

Los hermanos Isach, de 57 y 63 años, respectivamente, están acusados en el marco del juicio oral que el año pasado condenó a prisión perpetua a Oscar Guerrieri, Jorge Fariña, Daniel Amelong, y a los civiles Walter Pagano y Eduardo Costanzo por los crímenes ocurridos en los centros clandestinos de detención Quinta de Funes, La Calamita, La Intermedia, Escuela Magnasco y Ex Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu.

Por otra parte, se ofrece una recompensa de 200.000 pesos por datos que permitan detener a Eduardo Salvador Ullua, ex miembro de la agrupación de ultraderecha Concentración Nacional Universitaria que actuó en Mar del Plata y que después del golpe de Estado se integró al Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601 del Ejército.

En tanto, se ofrece una recompensa de 100.000 pesos, en cada caso, para dar con el paradero de Miguel Ángel Amigo, Ricardo Luis Von Kyaw y Teodoro Aníbal Gauto en la causa 16.419 Arias Duval, Alejandro Agustín; Di Pasquale, Jorge Héctor; Romero Pavón, Carlos María y otros s/ homicidio, privación ilegal de la libertad, tormentos y sustracción de menores.

También se ofrece una recompensa de 100.000 pesos para detener a Horacio Rafael Domato en la causa Carrillo, Fausto Augusto y otros s/ desaparición forzada de personas.

Otros 100.000 pesos se ofrecen para capturar a Faustino Sergio Escande Lobos, en la causa Santillán, Carlos Benjamín; Santillán, Benjamín; Lanzillotto, María Cristina; San Martín, Pedro José sus privaciones ilegales de la libertad, torturas y desaparición forzada de personas.

También se ofrecen 100.000 para ubicar a Ricardo Joaquín Molina en la causa "Investigación de Delitos de Lesa Humanidad (Armada Argentina)".

Cien mil pesos se ofrecen también para detener a José Darío Mazzaferri en la causa "Román César Manuel s/Denuncia" e "Incidente de Solicitud de José Darío Mazzaferri - Actuaciones Complementarias".

También se ofrece la msima cantidad para ubicar a Pedro Osvaldo Salvia y Roberto Oscar González, en la causa "Acosta, Jorge Eduardo..." Damnificado: Walsh, Rodolfo Jorge (testimonios "C").

También se busca a Gonzalo Sánchez y Juan Carlos Linarez, con una recompensa de 100.000 pesos en casa caso, en la causa "ESMA s/delito de acción pública" y "Acosta, Jorge Eduardo y otros s/privación ilegal de la libertad".

La justicia pidió también la captura y se ofrece una recompensa similar por Juan Carlos Vázquez Sarmiento, en la causa "Juan Carlos, Vazquez Sarmiento y otros s/ sustracción de menores".

También se ofrecen 100.000 pesos por datos que den con el paradero de Fernando Federico Delgado, en la causa "Delgado Fernando-Cafarello Nicolás s/presunta infracción al Derecho de Gentes".

También es buscado y se ofrecen 100.000 pesos por datos sobre Luis Enrique Baraldini en la causa "Suárez Mason, Carlos Guillermo y otro s/ privación ilegal de la libertad (Primer Cuerpo del Ejército)".

El represor Héctor Mario Schwab también es buscado por la justicia y se ofrecen una recompensa igual, en la causa "Menéndez, Luciano, Bussi, Antonio y otro s/ Privación ilegítima de la libertad y otros delitos en perjuicio de Carlos Alberto Rocha".

También se ofrecen 100.000 pesos por datos de Aldo Mario Alvarez en la causa "investigación de delitos de lesa humanidad cometidos bajo control operacional de Comando VI. Cuerpo del Ejército".

Pascarelli: paseando como Pancho por "su casa"

2011-09-21T00:18:00.000-07:00

Pascarelli hace trampas

No conforme con cumplir la condena en su casa, el coronel Hugo Pascarelli salió en el auto de su hijo sin pedir autorización al Tribunal Oral Federal Nº 4, que lo condenó a prisión perpetua como jefe del área militar donde funcionó el centro clandestino Vesubio.

El fiscal federal Félix Crous, tras la advertencia del Patronato de Liberados, le solicitó al tribunal que revoque el arresto domiciliario y traslade al represor a una cárcel. Crous ya se había opuesto a la concesión del beneficio argumentando que el militar se encuentra en condiciones de cumplir la pena en una unidad carcelaria con un servicio médico adecuado. Pascarelli fue condenado el 14 de julio como coautor mediato de tres homicidios calificados y una docena de privaciones ilegales de la libertad y torturas agravadas. Fue detenido el día de la condena, pero el 19 de agosto el TOF le concedió el arresto domiciliario, que violó siete días después.

El ex gobernador de Santa Fé a juicio por delitos de lesa humanidad

2011-09-19T23:45:00.000-07:00

Se trata del coronel José María González, primer interventor militar de la provincia, entre el 24 de marzo y el 19 de abril de 1976.

El juicio se llevará a cabo a partir del 27 de octubre próximo y estará a cargo del Tribunal Oral Federal de Santa Fe.
Juliano Salierno

El ex Interventor Militar de Santa Fe durante el primer mes del gobierno de facto -24 de marzo al 19 de abril de 1976-, será juzgado a partir del próximo 27 de octubre por la detención ilegal del matrimonio de Ana María Cavadini y Mario Alberto Marini, este último desaparecido desde la fecha posterior a su secuestro, el 9 de diciembre de 1975.

Se trata del ex coronel José María González, de 84 años, a quien se le atribuyen delitos de lesa humanidad en el marco de su actuación como jefe del Comando de Artillería 121, jefe de Guarnición de Ejército Santa Fe y jefe del Área 212 de la Sub Zona 21 del Ejército Argentino, con asiento en la ciudad de Santa Fe.

De acuerdo con la función que ocupaba en esa fecha, González llega a juicio procesado por hechos acontecidos a partir del 9 de diciembre de 1975, y que comienzan con la “privación ilegítimamente de la libertad” del matrimonio Cavadini-Marini.

Detención y secuestro

Ambos fueron secuestrados de su casa de calle Jujuy al 3600, donde se encontraban junto a su hijo que tenía entonces apenas un año de vida.

La mujer fue alojada de manera ilegal en una celda de la Comisaría Primera, donde permaneció hasta el día 31 de diciembre de ese año. En el caso del hombre, fue violentamente reducido por sus captores quienes se valieron del empleo de armas de fuego.

Pero si bien el relato indica que habría logrado escapar de sus captores, la Justicia responsabilizó de su muerte a las fuerzas pertenecientes al Área 212 del Ejército, tanto por acción u omisión en la desaparición.

También lo acusan a González por la irrupción violenta en el domicilio de las víctimas “sin exhibir la correspondiente orden de allanamiento ni haber dado cumplimiento a las formalidades prescriptas por la ley”, indican los cargos.

Audiencias

El Tribunal Oral Federal que estará encargado de impartir justicia, lo componen José María Escobar Cello -presidente- y las vocales María Ivón Vella y Lilia Carnero.

Serán fiscales en esta causa Martín Suárez Faisal y Patricio Octavio Longo; mientras que la querella que representa a Cavadini estará compuesta por los abogados Lucila Puyol y Guillermo Munné. La defensa técnica del imputado estará a cargo del abogado Carlos Triolo, de Buenos Aires.

Las audiencias, que comenzarán el 27 de octubre con la requisitoria de elevación a juicio de la fiscalía y los querellantes, continuará el viernes 28, y los jueves y viernes sucesivos hasta el 17 de noviembre, según el cronograma preliminar, que está sujeto a variantes.

A partir del primer día de juicio y durante las tres audiencias subsiguientes, se espera que pasen los 24 testigos, oportunamente notificados por el juzgado, entre los que se encuentran familiares de la víctima, como Ana María Cavadini y su hijo Germán, quienes también fueron víctimas de la época.

Al banquillo

El ex coronel José María González, de 84 años, se encuentra en prisión domiciliaria en Capital Federal, por violación a los derechos humanos durante el ejercicio de sus funciones castrenses. El 24 de marzo de 1976 González, que era jefe de la Guarnición Militar de Santa Fe y director del Liceo Militar General Belgrano, quedó al mando de la administración provincial una vez ordenada la intervención militar, desplazando de su cargo al gobernador democrático Dr. Carlos Sylvestre Begnis. Además del juicio de octubre, está imputado en la llamada Megacausa 16/08, que está a cargo del juez Federal Nº 1, Reinaldo Rodríguez, donde se le atribuyen la responsabilidad mediata por una veintena de homicidios.

Represor fue detenido en el puente cuando pretendía huir a Paraguay

2011-09-19T23:33:00.000-07:00

Escraches. En Bahía Blanca aparecieron afiches con su nombre.

Se trata de Félix Alejandro Alais, quien fue descubierto en un control de Migraciones. Hace una semana, un juez federal de Bahía Blanca había dictado su orden de captura por delitos de lesa humanidad. Está vinculado a la Triple A.

Quería escabullirse y perderse en Paraguay. Pero un control de Migraciones lo detuvo antes de cruzar el puente. Hacía apenas una semana que la Justicia había dictado el pedido de captura y prohibición de salida del país de Félix Alejandro Alais, ex comisario de la Federal, vinculado a la Triple A ya en 1974 por el periodista Rodolfo Walsh y partícipe de la Masacre de Catriel en Bahía Blanca. Ayer por la mañana fue detenido en el puente rumbo a Encarnación, acompañado por su esposa, que quedó en libertad.

El represor quedó detenido en el juzgado Federal de Posadas hasta que se determine cómo será su traslado a Bahía Blanca, donde lo esperan para ser juzgado en la causa del Quinto Cuerpo del Ejército, en la que está imputado por delitos de lesa humanidad, según confirmó a Misiones On Line el juez federal de esa ciudad bonaerense, Alcindo Álvarez Canale.

Alais es uno más de los represores que eludieron a la Justicia gracias a la Ley de Punto Final. Está sindicado como integrante de los aparatos represivos que persiguieron, secuestraron, torturaron y asesinaron durante la dictadura militar iniciada el 24 de marzo de 1976, ocupándose especialmente de la persecución ideológica de la comunidad universitaria de la Universidad Nacional del Sur” (UNS).

Alais es conocido en Bahía Blanca. Se sabe que fue torturador incluso antes de la última dictadura, como miembro de la Triple A y se lo vincula con el asesinato del diputado nacional Rodolfo Ortega Peña en 1974, aunque no aparece mencionado en la causa que maneja el juez Norberto Oyarbide.

Pero de acuerdo al testimonio del inspector Rodolfo Peregrino Fernández, habría participado en el asesinato.

También aparece entre los represores imputados en el juicio de Madrid por delitos de genocidio y terrorismo de Estado y por pertenecer a la Alianza Anticomunista Argentina. Era subcomisario de la Policía Federal, en 1976, en Bahía Blanca cuando comandó un plan de persecución ideológica en la Universidad Nacional del Sur.

El doctor Carlos Mario Aggio declaró en el juicio que se desarrolla en la Universidad Nacional del Sur que fue Alais quien lo interrogó en la delegación local de la Policía Federal, tras ser secuestrado. Aggio reveló en la audiencia que el ex jefe policial amenazó con matarlo si no declaraba. Alais figuró hasta 2004 como socio de la cooperativa de trabajo Fast, que ese año ganó una licitación para brindar seguridad privada en la Universidad de Buenos Aires, revocada cuando se conocieron sus antecedentes.

Reciclado
Ya en democracia, se recicló como dueño de la empresa de seguridad FAST que prestó servicios en organismos estatales como el CONICET y la Facultad de Agronomía de la UNS.

Era el cuñado del general Carlos Guillermo Suárez Mason, entonces comandante del Primer Cuerpo de Ejército y había sido denunciado en 1974 por Rodolfo Walsh como un conspicuo miembro de los escuadrones asesinos de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA) o “Triple A”.

También es el hermano de Ernesto, un general que se hizo famoso en enero de 1988 por su extrema lentitud para desplazarse a Monte Caseros, donde se había sublevado Aldo Rico.

Debía reprimir el segundo alzamiento carapintada liderado por Rico, quien se había hecho fuerte en el Regimiento de Infantería 29 de esa localidad correntina.

Las tropas comandadas por Ernesto Alais jamás llegaron. El ex general también fue juzgado por delitos de lesa humanidad.

El ex federal detenido ayer en Posadas fue quien comunicó un “enfrentamiento” en el que murieron Pablo Francisco Fornasari, Juan Carlos Castillo, Zulma Matzkin y Mario Manuel Tartchitzky.

Fue el propio subcomisario Alais quien puso en circulación la falsa noticia de que en la calle Catriel los militares habían sido recibidos con fuego de armas automáticas, y que tras repeler la agresión durante media hora “resultaron muertas cuatro personas, tres masculinas y una femenina, y el secuestro de armas de guerra y explosivos”.

La pericia del médico forense Mariano Castex determinó que las víctimas fueron acribilladas estando tendidas boca arriba en el piso. Nada que ver con un enfrentamiento como había informado el por entonces subcomisario.

Acto en Madrid : cinco años de la desaparición forzada de Jorge Julio López en Argentina

2011-09-16T00:16:00.000-07:00

Viernes 16 de septiembre, 19.30hs.

ACTO PÚBLICO:

- Proyección de la película: ESMA. Memoria de la resistencia

- Debate: La voz de los sobrevivientes en los juicios a genocidas en Argentina

Lugar: Librería La Malatesta. c/Jesús y María, 24. Metro Tirso de Molina o Lavapiés

Organiza: Asociación Ex Detenidos Desaparecidos (Argentina)- Casapueblos- Campaña de apoyo a juicios a genocidas en Argentina

Archivos de la dictadura encontrados por casualidad

2011-09-10T07:19:00.000-07:00

El gremio que reúne a los trabajadores del Estado argentino entregó hoy al Gobierno documentación que demuestra la vinculación de sectores sindicales con la dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983, informaron fuentes oficiales.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) entregó al Archivo Nacional de la Memoria un viejo libro de actas de 1976 rotulado con la leyenda "secreto", hallado en una caja fuerte en un galpón portuario de Buenos Aires, precisó un comunicado de la Secretaría argentina de Derechos Humanos.

El libro contiene numerosas actas, algunas de ellas firmadas por oficiales superiores de la Armada, con informes de inteligencia o recomendaciones de interventores militares para detener, prescindir o averiguar antecedentes de trabajadores del sector portuario.

"La documentación aportada es una prueba fundamental para la sustanciación de juicios por delitos de lesa humanidad, como así también, para la reconstrucción de la lucha del movimiento sindical, cuya desarticulación fue uno de los objetivos centrales de la represión estatal", señala la nota oficial.

Actualmente, el ANM cuenta con unos 4 millones de registros digitalizados donde se incluye gran parte de la documentación y el desarrollo de los juicios por delitos de lesa humanidad que se instruyen en diferentes tribunales del país.

La entrega de esta documentación "es un llamado para todos los trabajadores, e incluso a los miembros de la Fuerzas Armadas para que busquen, vean lo que puede haber a veces escondido o perdido, que pueda ser valioso para la investigación de lo que aconteció en la última dictadura", señaló el titular del Archivo, Ramón Torres Molina.

La represión ilegal desatada por el régimen militar dejó un saldo de 30.000 desaparecidos, según coinciden el Gobierno y organismos humanitarios.
La AEDD, Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, estuvo presente en el acto, e hizo un llamado a todos los gremios, como a las distintas instancias gubernamentales, para que se desarrollen estas búsquedas

Gremial de Abogados inicia de querellas contra la Tres A y la CNU

2011-09-09T11:38:00.000-07:00

Varios familiares de compañeras y compañeros asesinados antes y después del Golpe del 76 por las bandas facistas Tres A y CNU nos han mandatado para que iniciemos las acciones de querellas en La Plata y Mar del Plata
La mayoría de los muertos pertenecían a la izquierda peronista o a las agrupaciones ligadas a Montoneros.-
Entendemos que este estilo y modelo de querella es mas abarcativo de las responsabilidades políticas, incluso a nivel internacional por la expresa participación de los personeros del Imperialismo en la elaboración de los planes de exterminio.-
Obviamente se trata de un tema tabú puesto que gran parte de los ejecutores de estas matanzas eran conspicuos miembros del peronismo y muchos de los dirigentes actuales tenían o tuvieron responsabilidad directa por haber sido miembros de CNU o estar ligados a estas bandas.-
Veamos algunos ejemplos: el actual ministro de Justicia del Gobierno Nacional Julio Alak, fue uno de los que estuvo ligado en su militancia juvenil de La Plata a la CNU.-
El actual Gobernador de Córdoba De La Sota tuvo activa participación en el Navarrazo (el sangriento golpe policial - militar que destituyó a Obregón Cano y Atilio Lopez -este último asesinado luego por las Tres A- en 1974) y hoy es uno de los que ha interferido ante el Juez de La Plata para que uno de los detenidos CNU "el Indio" CAstillo pueda ir a cumplir su arresto a Córdoba.-
Otro de los detenidos en La Plata el "Pipi" Pomares es un activo actual dirigente del PJ y ya aparecieron pintadas y volanteadas en la Legislatura platense donde trabajaba pidiendo su libertad "preso por peronista".-
Otro tanto ocurre en Mar del Plata.-
De la lectura de la querella que presentamos se desprende que no nos basta con la responsabilidad de los mercenarios o simples asesinos de las Tres A, sino que queremos determinar expresamente las responsabilidades de los mas altos funcionarios de los gobiernos nacionales y provinciales (Isabel, López Rega, Calabró, etc) y de los dirigentes norteamericanos que tuvieron responsabilidad política directa como Kissinger, John Negroponte o el embajador Robert Hill.-
Y como es de esperar, también la actitud de los jueces ha sido diferente: en el caso de los jueces marplantenses ha habido una innecesaria y negligente apatía, en La Plata, directamente bastante complicidad con los grupos facistas procesados y en Capital (Oyarbide) estamos ante un juez que ha respondido durante años a las viejas estructuras de la Policía Federal.-
A pesar de esto, intentaremos avanzar de todos modos en meternos en esta etapa durísima de la vida politica argentina, la mas sucia, la menos grata, y sobre todo la que todos han intentado evitar ya que es mas simpático o vendible querellar militares que dirigentes facistas, sean estos políticos o sindicales del propio Peronismo, y mas aún cuando algunos lo siguen siendo actualmente.-
Asumimos el compromiso de hacerlo

Gremial de Abogados
Buenos Aires, Argentina setiembre 2011

El padre de la princesa Máxima de Holanda, Acusado por una desaparición

2011-09-09T07:21:00.000-07:00

Una denuncia en el reino

El ex funcionario de la dictadura Jorge Zorreguieta fue denunciado penalmente ante la Justicia de los Países Bajos por los familiares del médico Samuel Leonardo Slutzky, secuestrado y desaparecido en 1977.

El pasado de su papá parece volver a complicar a la argentina Máxima Zorreguieta, princesa de Holanda. El ex presidente de la Sociedad Rural y ex presidente de la Cámara de la Industria Azucarera Jorge Zorreguieta, de 83 años, fue denunciado penalmente en la Justicia de los Países Bajos por el secuestro y la desaparición de un médico sanitarista en 1977, cuando se desempeñaba como un alto funcionario de la dictadura. La querella fue presentada por los familiares de la víctima en ese país porque Zorreguieta se encuentra regularmente allí. En la Argentina está acusado por otro caso, pero el expediente judicial no tuvo avances.

El vocero de la fiscalía holandesa, Ernst Koelman, confirmó que “fue presentada una demanda contra Jorge Zorreguieta y estamos examinándola”, a la vez que anticipó que “el examen de la demanda durará varias semanas”. Quienes decidieron acusar al ex funcionario de la dictadura y padre de la princesa Máxima son los familiares del médico Samuel Leonardo Slutzky, quien fue coordinador de las Unidades Sanitarias de la Municipalidad de La Plata, secuestrado en su casa la noche del 21 de junio de 1977 por una “patota” de quince personas vestidas de civil. Tenía 41 años, estaba casado y tenía dos hijos. Trabajó en leprosarios y militó en el peronismo revolucionario durante los ’60. En 1968 participó como auxilio sanitario del foco de guerrilla peronista Taco Ralo, en la provincia de Tucumán, por lo cual estuvo preso entre 1968 y 1973.

En 1977, la revista Somos divulgó su nombre en un artículo sobre “Taco Ralo” y poco días después fue secuestrado, aunque en ese momento no tenía militancia política y sólo se dedicaba a su tarea profesional, según relatan los familiares y organismos de derechos humanos. Los sobrevivientes del campo de concentración La Cacha Silvia Bucci y Héctor Javier Quintero sostuvieron que Slutzky estuvo prisionero en ese centro clandestino y que no sobrevivió a los tormentos a los que fue sometido por los torturadores identificados por los apodos de “el Oso” –era un agente penitenciario– y “el Pelado”.

El abogado holandés Goran Sluiter, representante de la familia Slutzky, declaró que Zorreguieta “estaba al tanto de todos esos crímenes, pero pese a ello siguió aportando una contribución política al régimen” y, agregó, “tampoco abrió ninguna investigación en su ministerio”. Lo mismo piensa Jan Thielen, el periodista holandés que logró entrevistar a Zorreguieta en 2001. “El propio Zorreguieta cuenta casos concretos de familiares que acudieron a él y él sabía dónde encontrar exactamente a los desaparecidos”, afirmó Thielen en una nota publicada por Página/12 en enero de 2002, en momentos en que la boda de Máxima provocaba una invasión de merchandising en las calles de Amsterdam.

Ya hace once años la Justicia holandesa había rechazado encausar a Zorreguieta por los mismos hechos, cuando se declaró incompetente para juzgarlos, pero según Sluiter una reciente modificación de la ley penal haría posible tal proceso judicial. “Para crímenes graves como los señalados aquí, el lugar donde fueron cometidos o la nacionalidad del autor no tienen importancia: si el autor se encuentra en el territorio de un país, ese país puede juzgarlo”, sostuvo el letrado. “Según nuestras informaciones (Jorge Zorreguieta) se encuentra regularmente en Holanda”, agregó. Según pudo saber este diario, la nueva denuncia es impulsada también por un grupo holandés que se opone a la monarquía.

La complicidad de civiles como Zorreguieta en los crímenes de la dictadura era un tema conocido en Holanda cuando, en 2002, se preparaba la boda de Máxima con el príncipe heredero Guillermo de Orange. Fue así que la Casa Real de Holanda se hizo eco de la opinión mayoritaria de la clase política del país y le impidió asistir a la ceremonia.

En 2005, en Argentina, Zorreguieta fue denunciado por el secuestro y desaparición de la bióloga Marta Sierra, una empleada del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que dependía de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, conducida durante la dictadura por el padre de la ahora princesa. Pero no llegó a ser imputado porque la Justicia federal consideró que no tuvo responsabilidad en ese hecho, que se produjo el 30 de marzo de 1976, cuando él aún no había asumido como funcionario. Ricardo Monner Sans, quien fue abogado del caso, recordó que “a pesar de los esfuerzos que hicimos no daban las fechas”; de todos modos, destacó que “cuando asumió no promovió ninguna investigación para determinar qué había sucedido con una de sus empleadas”.

Otro año más sin olvidar a López

2011-09-08T03:52:00.000-07:00

ACTIVIDADES PARA RECORDAR AL TESTIGO DESAPARECIDO

Por Adriana Meyer

“Cinco años de impunidad, acá falta López”, es la consigna que eligió la CTA La Plata-Ensenada para convocar a todas las organizaciones que quieran sumarse a la campaña por los cinco años del secuestro y la desaparición de Jorge Julio López. Por su parte, la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos dedicó su revista Tantas voces... tantas vidas a la memoria del testigo que contribuyó a la condena del genocida Miguel Etchecolatz, y de quien nada más se supo luego de aquella mañana del 18 de septiembre de 2006, cuando tenía que asistir a los alegatos de aquel proceso. El domingo 18 habrá marchas en La Plata y en Capital y algunos partidos de izquierda comenzaron su propia campaña sobre el tema.

“Cristina K, dónde está Jorge Julio López”, reza el afiche callejero con el que el Nuevo MAS anuncia la movilización que desde las 15.30 irá de Congreso a Plaza de Mayo, organizada como todos los años por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. También están listos los carteles de esa agrupación de organizaciones, en los que puede leerse “5 años sin López, basta de silencio y encubrimiento oficial, exigimos al gobierno aparición con vida de Julio López, castigo a los responsables y el cese de la represión y asesinatos a los luchadores populares”. A su vez, el EMVyJ organiza para este fin de semana las jornadas culturales, desde las 11, en la Casa José Martí, Senillosa 2092, que serán preparatorias de la marcha.

Desde la A. E. D.-D. anunciaron la presentación del número especial de su publicación –martes 13 a las 19 en Chacabuco 955, en Capital, y viernes 16 a las 19 en la Facultad de Bellas Artes de La Plata, y afirmaron que “son cinco años de complicidades políticas que refuerzan la impunidad de la que gozan los responsables”. Por su parte, la CTA La Plata-Ensenada puso a disposición de las organizaciones una propuesta gráfica para la realización de calcomanías, stencils, banderas, afiches y reproducción en Internet. Hoy en La Plata instalarán en plaza Moreno un inflable gigante con esa gráfica, y esa misma bandera llevarán Estudiantes y Gimnasia y Esgrima La Plata el sábado 10 y el lunes 12, respectivamente. El domingo 11 habrá una actividad cultural en 66 y 148, a pocas cuadras de donde vivía López, y el sábado 17 una radio abierta y la proyección del testimonio de López, en pantalla gigante frente a la Municipalidad. Más allá del aniversario, el viernes 23 en el Pasaje Dardo Rocha se presentará Desaparecido en Democracia, un libro de fotografías de Gerardo Dell’Oro que reúne cinco años de intervenciones urbanas por López.

Aníbal Hnatiuk: “No se investigó a quienes tenían algún interés en que López desapareciera”

2011-09-07T05:44:00.000-07:00

Escucha aqui la entrevista REALPOLITIK| 6 de septiembre de 2011

Por JUAN FACUNDO QUIROGA

Así lo manifestó el referente de Surcos y abogado querellante de la causa de Julio López, en diálogo con REALPOLITIK. Durante la charla, Aníbal Hnatiuk detalló las actividades que se realizarán en el marco de quinto aniversario de la desaparición de un testigo clave en la causa que investiga a Etchecolatz por delitos de lesa humanidad.

A continuación, la entrevista completa.

RP.- ¿Quién es Julio López para la sociedad argentina?

Me parece que López es un ejemplo de todos esos aspectos que nos llevan a decir que los que tienen el ánimo y la valentía de testificar contra los genocidas, son muy valientes. El testimonio que dio fue muy amplio, dando nombres, describiendo situaciones y, además, reivindicando a sus compañeros.

Él no plantea que no sabían nada, dice que sí se hace cargo, que militó con compañeros que luego fueron asesinados. Es un testimonio como para escuchar dentro de cincuenta o cien años, porque da cuenta de que, habiendo sido víctima del terrorismo de Estado, treinta años después se animó a hacerse cargo del camino de lucha que había iniciado en los años setenta.

RP.- Desde su espacio han impulsado las actividades de reflexión y pedido de justicia unos días antes.

Decidimos empezar unas semanas antes de que comenzara el quinto aniversario de la desaparición de Jorge Julio López. Vamos a iniciar una campaña en la calle con lo que siempre estuvimos haciendo, que es reclamar justicia.

Son muchas las actividades que se están organizando, nosotros estamos en el marco de algunas de ellas. Porque una de las particularidades que tuvo la intervención urbana exigiendo justicia por López fue que hubo una multiplicidad de actores y organizaciones. Entonces, a esa particularidad queremos agruparlas, de alguna manera, en una de las actividades para que la gente pueda enterarse y puedan ir organizándose desde antes. Además de hacer calcomanías, folletería y otros elementos que sirvan para que la calle esté nuevamente con la cara de López reclamando justicia, por decirlo de alguna manera.

Se harán actividades en las canchas de Estudiantes y de Gimnasia. Se acordó con las autoridades para que los jugadores salgan a la cancha reclamando por la aparición de Julio López que ya lleva cinco años.

Además las acciones contemplan la instalación de un inflable gigante, la proyección del testimonio del desaparecido en pantalla gigante, radios abiertas, presentaciones de libros y otras actividades culturales.

RP.- ¿En qué situación se encuentra la investigación de Julio López?

A este quinto año llegamos haciendo los mismos cuestionamientos a la Justicia y a las fuerzas de seguridad, a las cuales se les delegan algunas partes de la investigación. básicamente, por la falta de resultados.

Hace rato que le venimos denunciando a la Justicia que hay una falta de interés en serio y concreto por resolver el tema. Un delito de este tipo debe ser resuelto en las primeras horas y días.

En su momento se denunció que las medidas investigativas no tuvieron que ver, para nada, con un delito de este tipo. No se investigó a quienes tenían algún interés en que López desapareciera; concretamente, sobre los grupos de los represores o sobre los represores aislados y organizados. Ellos son quienes no querían que López declarara en los juicios que seguían y en el de Etchecolatz.

Hay un montón de dificultades en cuanto a investigar delitos complejos o al crimen organizado que tienen o han tenido impunidad. Jorge Julio López estuvo desaparecido en varios centros de detención, en Arana, en la comisaría quinta y en la octava, y fue dos años preso en la unidad 9. Por eso tenemos que entender que hay muchos represores que pudieron haber tenido intención de que no declarara más

Juicios a represores en Catamarca, "quizás" se inicie en noviembre

2011-09-06T03:18:00.000-07:00

El abogado del foro local e integrante de Abogados por la Justicia Social (AJUS), Guillermo Díaz Martínez, anticipó que los juicios a los represores de la Masacre Capilla del Rosario, se llevarán a cabo en los meses de noviembre o diciembre del presente año. El abogado aseguró que el expediente de la causa se encuentra en Tucumán por todas las apelaciones que presentaron los represores, quienes "niegan todos los hechos que se les imputan".

"Estoy seguro que no se le va a dar lugar a los imputados por que las pruebas son contundentes y fehacientes y no hay duda que cometieron un fusilamiento de lesa humanidad en Catamarca, comentó.

En declaraciones a la prensa, dijo que el juicio se estaría llevando a cabo en noviembre o diciembre próximos, teniendo en cuenta que "la recolección de las pruebas que imputan a los ex-militares está terminada".

El abogado expresó que "Catamarca entró en la historia Oficial", con el hecho producido en Piedra Blanca, a unos 20 kilómetros al norte de la capital, entre el 12 y 16 de agosto de 1974.

Recordó que a partir del año 2004, se abre la causa por el presunto fusilamiento de 16 personas, militantes del Ejército Revoluconario del Pueblo (ERP), quienes previamente habían intentado copar el ex-Regimiento Aerotransportado 17, con asiento en esta capital.

La causa se inició con la ubicación de los cuerpos de cinco de las víctimas quienes estaban enterrados como NN en una fosa común del cementerio municipal Fray Mamerto Esquiú de la capital.

El Equipo Argentino de Antropología Forense exhumó los cuerpos de las cinco víctimas y logró identificar a uno de ellos, Dardo Rutilio Betancour Roth.

Su cuerpo fue repatriado a Uruguay, ya que era de esa nacionalidad, mientras que los restantes cuerpos pertenecerían a Hugo Cacciavillani también uruguayo-, Alberto Rosales Sánchez o Cresencio Molina Ibañez y Francisco Scocimarro.

El abogado Guillermo Díaz Martínez comentó que la causa tuvo un cambio rotundo con la declaración de Mario Marca, un abogado tucumano que ejercía la profesión en Catamarca, quién brindó un testimonio revelador.

Enterado de que un grupo del ERP había sido acorralado en las lomadas adyacentes a la Capilla del Rosario, intuyó que se iba a producir una masacre y corrió hasta el despacho del ministro Alberto Toro, para ofrecerse como mediador para evitar un seguro baño de sangre.

Toro me aconseja que no me meta, aunque insisto en que trate de hacer algo, se pone en contacto con el coronel Eduardo Cubas, Jefe del Regimiento 17, y lo pone al tanto de lo que yo pedía", dijo Marca.

Entonces Cubas le responde que era imposible cualquier arreglo o mediación, porque el general Antonio Vaquero, segundo Jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, ya había dado la orden de aniquilar y así ocurrieron los hechos, porque "fueron, los rodearon y los mataron, denunció Marca años después.

Dijo que el juez federal de Catamarca, Ricardo Antonio Moreno confirmó la prisión preventiva para Jorge Acosta, Mario Nakagama y Carlos Eduardo Carrizo Salvadores acusados por el fusilamiento de 16 integrantes del PRT-ERP (Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo), aunque ese fallo fue apelado y se espera la resolución final.

La decisión fue firmada por el juez luego de que los represores fueran indagados, acusados del delito de "homicidio doblemente calificado por alevosía y por ser cometido como integrante de una fuerza de seguridad".

Se abre causa por delitos sexuales en casos de lesa humanidad en Argentina

2011-09-06T02:58:00.000-07:00

Un juez abre causa por delitos sexuales en casos de lesa humanidad en Argentina

Por Oscar Laski

Un juez abrió por primera vez una causa específica por delitos sexuales cometidos contra 20 prisioneras de la ESMA, uno de los mayores centros de exterminio de la dictadura argentina (1976-83), al margen del proceso por otros delitos de lesa humanidad en ese lugar.

"Los sometimientos sexuales no fueron casos aislados, sino que se trataba de prácticas sistemáticas llevadas a cabo dentro del plan clandestino de represión y exterminio por el Estado", dijo el juez federal Sergio Torres al ordenar una investigación autónoma de esos hechos, en paralelo a la causa por violaciones a los derechos humanos cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

En la mayoría de los juicios en marcha por crímenes contra la humanidad durante la última dictadura en Argentina, los abusos sexuales eran incluidos como parte de los tormentos, pero Torres decidió investigarlos en esta ocasión en forma autónoma y los considera delitos imprescriptibles, basándose en jurisprudencia local e internacional.

Romano, Juez partícipe necesario en la dictadura, se fue de Argentina

2011-09-04T06:05:00.000-07:00

El juez, como rata por tirante

Está procesado como partícipe necesario en más de un centenar de secuestros y torturas de la dictadura. Se pedirá al juez de la causa que si el imputado no está ubicable, ordene su captura internacional.

Hasta hace nueve días, a pesar de cargar con un procesamiento firme como partícipe en delitos de lesa humanidad, Otilio Roque Irineo Romano integró la Cámara Federal de Mendoza. El jueves 25 de agosto, luego de dilatar con éxito durante un año y medio el proceso de destitución en su contra, el Consejo de la Magistratura de la Nación lo suspendió y aprobó la apertura del juicio político por haber sido “funcional” al terrorismo de Estado. La decisión unánime de los consejeros dejó a Romano sin fueros y habilitó al juez federal mendocino Walter Bento a ordenar su detención. La novedad es que el magistrado no sólo está dispuesto a luchar por burlar a la Justicia con argucias legales: el miércoles 24, ante el inminente comienzo del fin de su impunidad, el imputado se tomó un avión que lo trasladó hasta Chile, donde se le perdió el rastro. Peor aún, cuando fueron a notificarle la suspensión, el portero del edificio céntrico donde vivía aseguró que el magistrado ya no reside allí. Pablo Salinas, abogado del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza, le pedirá mañana al juez Bento que verifique si Romano continúa “sujeto a proceso”, léase ubicable, y caso contrario solicitará que se ordene su captura internacional.

Romano tiene procesamiento firme como partícipe necesario en más de un centenar de secuestros, torturas, allanamientos ilegales, robo de bienes y desapariciones durante la dictadura, pero sobrevivió en funciones hasta la semana pasada gracias a la interposición de medidas cautelares y otras argucias legales para dilatar el jury en el Consejo de la Magistratura. El jueves 25 al mediodía, con el recinto del Consejo repleto de familiares de víctimas, sobrevivientes, abogados querellantes y hasta funcionarios del gobierno de Mendoza, los consejeros anunciaron uno a uno su voto y se ganaron un aplauso ante el anuncio de la suspensión y la acusación para iniciar el juicio político. La decisión fue respaldada por integrantes de todos los sectores y fuerzas políticas representados en el Consejo, que le adjudicaron haber tenido una conducta “funcional” al terrorismo de Estado al haber “omitido en forma reiterada y prolongada en el tiempo” la investigación de “delitos de lesa humanidad de los que habría tomado conocimiento en su condición de fiscal federal y de juez federal subrogante” entre 1975 y 1983.

La primera novedad posterior sobre el caso Romano la aportó el viernes el diario El Sol, de Mendoza: informó que el flamante ex magistrado despegó desde el aeropuerto de la capital cuyana el jueves 24 de agosto a las 10.41 con destino a Chile y que “a partir de ese momento se le perdió su rastro”. Un segundo dato que publicó el diario online mendocino sugiere que Romano no tiene en los planes volver por su cuenta: cuando fueron a notificarle la suspensión y la apertura del proceso (viajó en persona el secretario letrado del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Marcelo Bová), el portero del edificio donde residía aseguró que el ex camarista federal no vivía más allí. La fecha del viaje no parece casual: la suspensión dejaba a Romano sin fueros, con lo cual el juez Bento podía ordenar su detención de inmediato, o cuanto menos prohibir su salida del país.

–¿Tenía obligación Romano, por estar procesado, de informar a la Justicia que salía del país? –le preguntó Página/12 a Salinas, abogado del MEDH.

–Todo imputado en la Justicia federal tiene obligación de informar al juzgado si cambia de domicilio. Romano no es sólo imputado, también procesado y requerido a juicio, porque tanto el Ministerio Público como los querellantes ya solicitamos la elevación de la causa al Tribunal Oral. Si es cierto que no vive más en su domicilio entonces puede considerarse que está técnicamente prófugo.

Salinas anticipó que mañana le pedirá al juez Bento “que atento a la información periodística verifique si Romero está sujeto a proceso, es decir si todavía lo puede citar en su domicilio, y en caso de que no comparezca vamos a solicitar que ordene su captura internacional, ya que a esta altura puede estar en cualquier otro país”.

El diario Mendoza On Line publicó ayer otra noticia que involucra a un ex juez procesado por delitos de lesa humanidad. Luis Miret, destituido en marzo, obtuvo una medida cautelar para seguir cobrando su jubilación extraordinaria, un beneficio vetado a los magistrados destituidos. El privilegio se lo otorgó el conjuez Carlos Parellada, el mismo que había dictado la cautelar que suspendió el proceso contra Romano en el Consejo.

“Se ha hecho justicia en el Consejo de la Magistratura con la suspensión unánime de Romano, estamos muy cerca del juicio a los jueces de la dictadura, y si no se presenta demostrará lo que ellos han sido y lo que representan: hombres muy valientes para actuar bajo el amparo del terrorismo de Estado pero con una actitud muy distinta en caso de tener que responder ante los jueces de la democracia”, reflexionó Salinas.

El juicio a quienes consintieron secuestros y torturas durante el terrorismo de Estado en Mendoza incluye por el momento a cuatro imputados. Además de Romano y Miret, se sentarán en el banquillo Rolando Evaristo Carrizo, ex titular del juzgado federal, imputado por omitir investigar delitos contra 19 víctimas, y Guillermo Max Petra Recabarren, por idéntica omisión en perjuicio de 22 personas en carácter de juez subrogante. El caso del ex juez Gabriel Guzzo, gracias a una serie de certificados médicos, todavía no fue elevado. “Vamos a tener un proceso a los jueces como los nazis”, concluyó Salinas. “Pudimos enfrentar a la corporación judicial como en ninguna otra provincia. Fue posible por el trabajo de los querellantes, fiscales, del juez y los camaristas, que también se la jugaron.”

El fiscal que ayudó a apropiador, salió huyendo del juicio

2011-09-02T04:40:00.000-07:00

El Procurador aceptó la renuncia del fiscal Juan Martin Romero Victorica

Debía enfrentar un jury por haber ayudado al apropiador de la nieta recuperada Victoria Montenegro. “Lo positivo es que estos personajes no estén más en la Justicia”, dijo la joven. Seguirá siendo investigado por el mismo tema en una causa penal.

“El procurador general de la Nación resuelve aceptar la renuncia presentada por el doctor Juan Martín Romero Victorica, L.E. Nº 4.605.425, al cargo de fiscal general Nº 1 ante la Cámara Nacional de Casación Penal, a partir del día de la fecha.” El texto, firmado por el procurador Esteban Righi, corresponde a la resolución con la que el fiscal acusado de haber colaborado con el apropiador de la joven Victoria Montenegro, el coronel de Inteligencia del Ejército Herman Tetzlaff, quedó fuera de los tribunales. Righi había iniciado a principios de julio el proceso para separar a Romero Victorica de su cargo a través de un juicio político. Para evitarse el mal trago de ser destituido, el ahora ex fiscal decidió irse por las suyas. La Procuración decidió admitir la dimisión, porque “la apertura de la instancia de enjuiciamiento tiene por único objetivo la remoción del magistrado”.

Si bien el proceso de juicio político queda interrumpido con la renuncia, el ahora ex fiscal sigue siendo investigado en el marco de la causa en la que se investiga su vinculación con Tetzlaff y su presunto encubrimiento en la apropiación de Montenegro, que está a cargo del juez Norberto Oyarbide.

La renuncia en este momento implica que el ex fiscal podrá recuperar, al menos en parte, la jubilación. En cambio, si el juicio político hubiera seguido su curso y hubiese sido destituido, la perdería. Por esa razón, los argumentos con los que intentó justificar la dimisión fueron: “Cumplí un ciclo y tengo la jubilación otorgada hace seis años” y “el 26 de julio, día del aniversario del fallecimiento de Evita, cumplí 50 años en la Justicia”.

A pesar de que Romero Victorica no será destituido, Montenegro consideró la renuncia como un hecho favorable: “Lo positivo es que estos personajes no estén más en la Justicia”, dijo, consultada por la decisión del ex fiscal. “Vivimos en un país donde uno siente que denuncia y que realmente se hace algo, que hay una política de Estado seria”, agregó.

La denuncia penal por la que se investiga a Romero Victorica se inició a raíz del testimonio que dio Montenegro el 25 de abril, en la causa conocida por el plan sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos durante la última dictadura. Montenegro dijo allí por primera vez que el fiscal Romero Victorica era identificado por Tetzlaff –cuando comenzó a ser investigado por el entonces juez de San Isidro, Roberto Marquevich– como su “amigo en Comodoro Py”.

Uno de los gestos de colaboración que la joven denunció fue la recomendación a Tetzlaff, por parte de Romero Victorica, de los abogados que lo defendieron en la causa por apropiación: “Le puso a sus amigos abogados que le debían un favor”, dijo Montenegro ese día. Uno de los abogados que el ex fiscal le recomendó al apropiador era su sobrino, Manuel Romero Victorica, y el otro Martín Anzoátegui, juez federal durante la última dictadura. La joven también señaló que su apropiador le confesó que había matado a sus padres y que “Romero Victorica lo sabía”.

La resolución de la Procuración reconoce como antecedente el caso del fiscal Roberto Mazzoni, acusado por participar de interrogatorios ilegales ligados a la Masacre de Margarita Belén, quien también renunció antes del jury de enjuiciamiento para recibir los beneficios de la jubilación. Además, según consignan en la resolución, el criterio de aceptar la renuncia de un magistrado investigado por mal desempeño, grave negligencia o cualquier delito doloso coincide con otros tres casos similares: el del fiscal rosarino Francisco Sosa, quien renunció en 2007 para evitar un jury de enjuiciamiento por negligencia y mal desempeño; el del defensor neuquino Oscar Alberto Tamis, quien presentó su renuncia también en 2007 cuando corría el riesgo de destitución, luego de una acusación de acoso por parte de sus defendidos; y el del chaqueño Martín Pujol, quien renunció el mismo año, investigado por administración fraudulenta.