jueves, 28 de junio de 2018

Defendamos el Hospital El Cruce - Alerta a pesar de las declaraciones de dar marcha en los recortes

DEFENDAMOS EL HOSPITAL EL CRUCE - SI TOCAN A UNO TOCAN A TODOS
(Imagen : Abrazo a El Cruce)

La junta interna de ATE del Hospital GARRAHAN se solidariza con los trabajadores del hospital EL CRUCE porque el mismo corre peligro de cierre ya que su presupuesto ha sido reducido el 40% y se pretende despedir a cientos de trabajadores y abandonar a miles de pacientes. Los gobiernos de Macri y Vidal siguen las órdenes del FMI, y para bajar el déficit fiscal pretenden cerrar escuelas y hospitales, despedir maestros y trabajadores de la salud. No lo vamos a permitir. Nos ponemos a disposición de los compañeros del Cruce, su lucha es nuestra lucha, y les proponemos coordinar la pelea en defensa del hospital público. El 28 estaremos allí, en el abrazo al hospital.

“Unidad, de los trabajadores. Y al que no le gusta, se jode, se jode”.
Nación y Provincia dieron marcha atrás con el recorte en el Hospital El Cruce, de Florencio Varela
Por ahora y por declaraciones, todo indica que es una batalla ganada en contra del ajuste. Pero no es posible bajar los brazos con los gobiernos nacional y provincial, que han hecho de la poda la política de recortes para ofrecer en bandeja al FMI los servicios públicos destartalados para facilitar la privatización de los mismos, con la consiguiente tergiversación de transformar en "clientes" a los "pacientes". 

El hospital, un centro de excelencia, iba a perder casi el 43 por ciento del presupuesto. A la mañana hubo un multitudinario abrazo al que se sumaron vecinos y pacientes. Por la tarde, los ministros de Salud de Nación y Provincia anunciaron que no habrá poda.

martes, 12 de junio de 2018

Gobierno y justicia responsables salud Facundo Jones Huala

HACEMOS RESPONSABLES A LA JUSTICIA FEDERAL Y AL GOBIERNO NACIONAL

POR LA SALUD DEL LONKO FACUNDO JONES HUALA

Desde el día 4 de Junio el Lonko Facundo Jones Huala inició una huelga de hambre reclamando por la vulneración de sus derechos y ante la posible detención de su hermano Fausto Jones y de Lautaro González.

La extrema medida tomada por el Lonko, a pesar de la gravedad que implica y el importante deterioro de su salud, es silenciada y ocultada por los grandes medios afines al gobierno nacional y a su política genocida hacia el pueblo mapuche.

A casi 10 meses de ocurrida la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, en circunstancias en que la Gendarmería bajo órdenes directas de la ministra Patricia Bullrich, reprimía ilegalmente a los integrantes del Loft en Resistencia de Cushamen cuando pedían por la libertad del Lonko Jones Huala y a casi 6 de que la Prefectura Naval Argentina, también por órdenes directas de la Ministra, asesinaba de un balazo por la espalda a Rafael Nahuel no hay un solo preso por ninguna de las dos causas. Sin embargo, lejos de esclarecer nada, el gobierno nacional y la justicia se encaminan a encarcelar a los jóvenes que bajaron de la montaña el cuerpo de Rafita.

Facundo se encuentra detenido en Esquel esperando que la Corte Suprema se expida sobre su extradición a Chile, desde el penal pidió un permiso de salida para participar de la ceremonia tradicional mapuche por la llegada del Solsticio de Invierno que le fue negada. lo que implica el desconocimiento a la autoridad como Lonko para su pueblo.

Exigimos:

*LIBERTAD Y NO EXTRADICIÓN AL LONKO FACUNDO JONES HUALA

*JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS RESPONSABLES POLÍTICOS Y MATERIALES DE LOS ASESINATOS A SANTIAGO MALDONADO Y RAFAEL NAHUEL.

* BASTA DE ASESINAR Y PERSEGUIR A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

*FUERA PATRICIA BULLRICH

ASOCIACION DE EX DETENIDOS DESAPARECIDOS

Contra la represión y el montaje militar : Solidaridad con Garganta Poderosa

La AEDD junto a otros organismos de Derechos Humanos venimos denunciando desde hace años la criminalización de la pobreza, la tortura a los pibes de todas las barriadas populares, y la impunidad del gatillo fácil
Hoy repudiamos enérgicamente la operación mediática que el día 7 de junio realizó el Ministerio de Seguridad contra la Garganta Poderosa.
En todas las barriadas crece la pobreza, y la muerte de los pibes por gatillo fácil. La Garganta Poderosa es una organización de resistencia a estas formas de disciplinamiento y terror social, que deja al descubierto la realidad. En respuesta a que los compañeros lograron llevar a juicio a seis prefectos que sometieron a torturas a Iván Navarro y Ezequiel Villanueva en la villa 21-24 la prefectura, el 26 de mayo, tomó por asalto la casa del fotógrafo de La Garganta, abusaron de su novia y balearon la casa de Ivan Navarro. Gracias a la movilización y la denuncia estos hechos fueron denunciados, repudiados y el lunes las fuerzas de seguridad tuvieron que liberar a los compañeros que apresaron.
Pero el Gobierno Nacional no está dispuesto a retroceder ni en su represión, ni en su campaña fascista contra todas las organizaciones que se oponen a su programa de miseria y hambre, por eso por intermedio de su nefasta Ministra Bullrich el último jueves, montó una conferencia de prensa intentando desacreditar a los compañeros y a varios periodistas presentes, usando un video recortado que daría vergüenza ajena si no fuera por la intenciones fascistas que lo acompañan . Esa Conferencia de Prensa no ha sido otra cosa que un intento de intimidación a todas las organizaciones populares y a todos aquellos que levantan su voz para denunciar las violaciones del poder.
Por todo esto:
Exigimos el retiro inmediato de la Prefectura del lugar. La fuerza que ha sido denunciada por torturar a dos jóvenes no puede permanecer en ese lugar sus efectivos sólo buscan intimidar a los posibles testigos en el juicio por torturas a Iván y Ezequiel y tomar revancha contra quienes denunciaron su accionar.
Nos solidarizamos con los compañeros de La Garganta.
Ni un pibe pobre más torturado y perseguido por las fuerzas de seguridad!!!!!
Fuera Bulrich!!!
ASOCIACION DE EX DETENIDOS DESAPARECIDOS

lunes, 4 de junio de 2018

Uruguay : Eduardo Ferro, coronel (r) prófugo en España

La Asociación de Madres y Familiares adhiere en su totalidad al comunicado emitido por IELSUR referente al aplazamiento de  la entrega del Cnel. (r) Eduardo Ferro “ya que “no fue ubicado encontrándose actualmente en busca y con captura a nivel nacional” en España circunstancia que fue comunicada a la Justicia Uruguaya”, según informa el referido comunicado, que adjuntamos.

El Cnel (r) Eduardo Ferro, uno de los más relevantes representantes del Terrorismo de Estado en nuestro país, se fuga a España para no enfrentar las acusaciones de la Justicia uruguaya sobre la desaparición de Oscar Tassino, y sobre varios secuestros. Ante el pedido de extradición librado por la justicia, es detenido en setiembre de 2017 en ese país, y en mayo de este año, España resuelve su extradición a Uruguay.

Interpol no pudo cumplir con esa orden, porque “no lo encuentra” ni en la cárcel ni en ningún lado.

Repudiamos indignados este gravísimo hecho, que obviamente no pudo ejecutar solo, y exigimos a las autoridades competentes de nuestro país actuar con la premura y firmeza que este lamentable hecho requiere. Asimismo, exigir al Reino de España la investigación rápida y profunda de los mismos, ubicar al prófugo Eduardo Ferro y que se concrete su extradición.

¡Basta ya de impunidad!
Verdad, Memoria, Justicia y Nunca Más Terrorismo de Estado.

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
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IELSUR a la opinión pública.

Nuestra institución ha tomado conocimiento que Interpol España informó a su par en Uruguay que debía aplazarse la entrega del Cnel. (r) Ferro ya que “no fue ubicado encontrándose actualmente en busca y con captura a nivel nacional” en España circunstancia que fue comunicada a la Justicia Uruguaya.

Ante tal situación IELSUR expresa su más enérgico repudio e indignación y exige a las autoridades competentes en nuestro país que reclamen al Reino de España la más seria investigación de los hechos por los cuales Ferro no es “encontrado” y que sea detenido a efectos de ser extraditado.

En mérito a lo anterior reclama el más pronto y eficiente cumplimiento de la entrega que fuera ordenada por el Consejo de Ministros de España el día 11 de mayo del corriente año.

La trascendencia y gravedad de tal situación ha quedado de manifiesto y se han decretado por parte del Juzgado Penal de 27° Turno de Montevideo medidas urgentes tendientes a ubicar al prófugo y que España cumpla con la entrega.

El proceso de extradición debe culminar a efectos de que Ferro sea juzgado por los crímenes que cometió por los tribunales de la República Oriental del Uruguay.

Es investigado entre otras causas por la desaparición de Oscar Tassino, secuestro y torturas de Lilian Celiberti y Universindo Rodríguez. Estos hechos no hacen más que confirmar su culpabilidad en los crímenes de lesa humanidad por los que se lo investiga.

jueves, 17 de mayo de 2018

La familia de Santiago Maldonado pide la Recusación de la Fiscal

16 de mayo de 2018. En el día de la fecha se presentó el pedido de Recusación de la Fiscal Ávila y de Rafaela Ricono (esposa del Juez Guido Otranto) al mismo tiempo que solicitamos que se informe en detalle sobre la destrucción de las escuchas solicitadas por el Dr. Lleral.

La violencia desplegada por la señora Silvia Avila contra el señor Sergio Maldonado y su señora Andrea Antico desde los primeros días de la desaparición de su hermano Santiago fue de una magnitud solo igualable a la desplegada por el Dr. Otranto. Entre otras actitudes, por ejemplo, se verificó cuando públicamente justificó su negativa a atenderlos en su público despacho alegando de que “eran violentos”. Ahora sabemos que cuando finalmente los atendió era porque había solicitado la intervención telefónica del teléfono personal de Sergio. La representante del Ministerio Fiscal que debía encabezar la búsqueda de Santiago y determinar los responsables de su desaparición, escuchaba las conversaciones de su hermano.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos sostuvo al momento de recusar a la señora Avila, que era dudoso de cuál era su interés: garantizar las condiciones para que declaren los testigos que estuvieron y/o conocieron los hechos protagonizados por Gendarmería Nacional en los que desapareció Santiago el 1 de agosto de 2017, o, por el contrario, imputar y condenar a éstos en defensa de Gendarmería proceso en la que ella es fiscal en causa 8144/2017. Ahora no quedan dudas que cuál ha sido y es su interés: defender a Gendarmería Nacional utilizando, incluso, el proceso de habeas corpus a favor de Santiago para investigar y perseguir a los testigos y al propio Sergio Maldonado.

La falta de ética de la señora fiscal Dra. Avila se plasma además, en contar como su secretaria a la esposa del Dr. Guido Otranto, es decir, el juez federal a cargo del juzgado en el que ella debe ejercer su función de controlar la legalidad de las actuaciones. La señora Rafaela Ricono, secretaria de la Fiscalía Federal de Esquel, intervino activamente en estas actuaciones y también en la causa 8144/2017, que continúa a cargo del Dr. Otranto

martes, 5 de diciembre de 2017

El gobierno impulsa dar domiciliarias a 110 genocidas

la retaguardia




No hay descanso para la lucha por Memoria Verdad y Justicia. Apenas terminada la lectura del veredicto en el juicio más grande de la historia judicial y política del país, el tercer tramo de ESMA, La Retaguardia accedió a un listado de 110 genocidas mayores de 70 años que el Servicio Penitenciario Federal sugiere enviar a sus casas con tobilleras electrónicas. Entre ellos están el Tigre Acosta (chacal de la ESMA), Miguel Etchecolatz (sospechado de la segunda desaparición de Jorge Julio López), Héctor Vergez (asesino serial en La Perla, Córdoba) y el cura Christian Von Wernich (genocida que oficia misas en Marcos Paz), entre otros condenados en todo el país. Ahora deberá resolver cada juzgado. (Por Fernando Tebele para La Retaguardia)

El 3 de noviembre publicamos una nota acerca del informe de la Procuraduría de crímenes contra la humanidad que dirige Jorge Auat. Allí queda expuesto que del total de 1064 personas presas por delitos de lesa humanidad, más de la mitad, 533, ya estaban en prisión domiciliaria a fines de octubre. Todo indica que, en silencio y a cuentagotas, la idea de que los genocidas no estuvieran en cárceles comunes se fue llevando adelante. Ahora parece que la intención es abrir la canilla.
La Retaguardia accedió a varios listados en los que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) sugiere a juzgados de todo el país que incluyan en un plan de acceso a libertad morigerada con el uso de tobilleras electrónicas a 1499 personas, entre ellas 110 genocidas.
La excusa es garantista, esa palabra que tan poco les gusta. El año pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (¿o habrá que decir, en este caso, de La Nación?) dictó, el 27 de diciembre de 2016, la acordada Nº43.Citamos un tramo: "Requerir del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que tenga bien implementar medidas concretas en el marco de sus competencias para dar solución Ia situación de las unidades carcelarias, lo que tiene directo impacto en el Centro de Detención Judicial". Traducimos al lenguaje cotidiano: es la respuesta de la Corte a un reclamo, realizado entre otros por la Procuvin (Procuraduría contra la Violencia Institucional), para mejorar las condiciones de detención en la Unidad 28 (Centro de Detención Judicial, ubicada dentro del palacio de justicia), donde la Procuvin constató el 2 de septiembre de 2013 "las condiciones infrahumanas" en las que se encuentran las personas detenidas allí. Incluso su titular en aquel momento, Abel Córdoba, dijo que lo que vio le recordaba a los testimonios que había escuchado de personas secuestradas durante el genocidio, ya que fue fiscal en causas de lesa humanidad en Bahía Blanca. El SPF respondió que esa situación de detenciones prolongadas en un lugar que debería ser de tránsito hasta que los presos declaren, tiene que ver con el hacinamiento en las unidades penitenciarias. Entonces recomienda utilizar el recurso de las indagatorias vía videoconferencia para evitar los traslados, y aprovecha para reforzar la idea del uso de la tobillera electrónica, como manera de descomprimir la grave situación de hacinamiento de los presos comunes.
En la acordada citada, la CSJN intima al (SPF) a resolver el problema de la Unidad 28. En una nota enviada a cada tribunal, el SPF recomienda una solución súper progresista: "Por lo que, en respuesta al requerimiento efectuado, esta instancia cumple en informar que de acuerdo con las disposiciones del 'Protocolo para la asignación prioritaria del dispositivo electrónico de control (tobillera eleótrónica)' desde esta Instancia se le hizo saber mediante atenta Nota de estilo a los jueces naturales, sobre los internos que reunirían las condiciones requeridas para su incorporación al citado protocolo". Es decir, sugiere liberar de las penosas condiciones de detención a casi 1500 personas. Hasta aquí, maravilloso; solo cabría preguntar por qué tardaron tanto. Pero al recorrer las listas, todo toma otra dimensión.
En los listados hay 7 mujeres embarazadas, 25 internas alojadas con sus hijas/os, 357 mujeres con hijos/as de hasta 10 años, 82 internos con discapacidades, 2 con patologías terminales, 3 con pronóstico reservado, 974 internos que cumplieron el requisito temporal para acceder a la libertad condicional, 49 internos comunes mayores de 70 años y los 110 internos de lesa humanidad mayores de 70 años, cuya lista publicamos. Es una decisión acertada, un avance enorme para el resto de los presos y presas comunes, pero no para genocidas multivioladores y asesinos seriales.



Tobilleras para todos y todas (sobre todo para genocidas)

Más allá de que seguramente alguien está haciendo un gran negocio proveyendo las tobilleras electrónicas, no es tendencioso pensar que el objetivo central de la movida sea meter a los genocidas en el paquete garantista. Tomemos para el caso unas declaraciones del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, realizadas a partir de la filtración de un video en el que Elisa Carrió dice que habría que revisar los juicios. El 30 de octubre, 11 días antes de que el SPF remita las sugerencias a los juzgados, en diálogo con Ernesto Tenenbaum y Gustavo Grabia en Radio Con Vos, Garavano dijo: "Desmiento que haya un proyecto de alcance general para revisar los juicios. Sí tenemos un problema de personas muy mayores en cárceles donde nosotros creemos que podría funcionar con una prisión domiciliaria. La prisión domiciliaria está funcionando muy bien con dispositivos electrónicos que van en los tobillos de las personas. Acá se está usando muy poco este dispositivo que en otros países funciona muy bien. (...) Ya le presentamos esto a la Corte y a una comisión que dirige el juez Gustavo Hornos". El camarista Hornos dirige una comisión de cárceles. Allí aparece al desnudo la estrategia oficial. La preocupación no son los presos comunes sino los genocidas, que no están en situaciones de hacinamiento porque tienen pabellones especiales. Todas las fuentes judiciales que consultó La Retaguardia para esta nota, han coincidido en ese punto central: los genocidas no están hacinados en las cárceles; la población común, sí. Por lo tanto no habría razón alguna para que los manden a sus casas con tobilleras bajo ese pretexto. En todo caso, y de paso vale que lo aclaremos, es una noticia más que positiva para las otras personas, ya que la idea de la tobillera electrónica parece ser un gran recurso para garantizar lo que el Patronato de Liberados, a cargo de monitorear las prisiones morigeradas, en general ha hecho mal. Pero la necesidad urgente de Garavano expresa una razón, más que humana o de derecho, política: el gobierno niega que quiera terminar los juicios, pero aun si fuera cierto que no pretende colocarles un punto final, quiere a los genocidas fuera de la cárcel, en sus casas, como bien explicó el ministro.



La excusa de ser justos

En la misma entrevista le preguntaron si que sean delitos de lesa humanidad anula el acceso al benficio. Garavano respondió con contundencia: "No, para nada. es un beneficio del régimen penitenciario que establece el código penal. En Argentina, por lesa humanidad, se agregó una doctrina judicial al código penal que en caso de lesa humanidad se agregó el tema de salud como requisito como si fueran dos requisitos juntos. El año pasado se extendió el beneficio de domiciliaria a todo el país. Hasta acá se aplicaba en Buenos Aires y era un tratamiento VIP, tipo Jinkis", dijo, en alusión a la familia de empresarios incluidos en el FIFAgate. Le sugieren que para la sociedad no es lo mismo un delincuente común que Etchecolatz y él responde: "Permítanme. Yo no tengo ninguna simpatía (se supone que por Etchecolatz) y resuelve cada juez, pero es muy complicado que el derecho penal se aplique por nombres. No importa que hayan cometido los delitos más aberrantes". Todo indica que el gobierno quiere aplicar un plan para descomprimir el problema de las cárceles para poder meter a los genocidas en el combo. El ministro tira una explicación que hasta parece justa: no puede aplicarse el código penal por nombres. Más allá de que parecería ser precisamente lo que está haciendo la justicia ahora (focalizar en causas contra funcionarios/as del gobierno anterior), por sentido común, sí deberían aplicarse (o no) algunos derechos del codigo penal según la gravedad del delito. No es lo mismo una mujer embarazada, incluso si hubiera matado a una persona, que el Tigre Jorge Eduardo Acosta, que comandó la ESMA, el Auschwitz argentino, por el que pasaron cerca de 5000 personas. La domiciliaria es un beneficio al que se puede acceder, pero no es una obligación de los juzgados concederlo. Y eso queda más que claro porque en algunos casos se aplicó y en otros se rechazó, según la mirada de cada juez/a.
Al cierre de esta nota, las querellas de la megacausa ESMA se estarían notificando de que todas las personas que recibieron penas bajas en el veredicto de la semana pasada, se irían a sus casas con sus tobilleras puestas.
Es probable que el gobierno no haga nada para obstaculizar la continuidad de los juicios, pero si avala que un genocida como Acosta, que acaba de recibir la semana pasada su segunda condena a prisión perpetua, se vaya a su casa, les estará quitando una parte importante de su valor simbólico y real. Hasta el mismo SPF diferencia a los genocidas mayores de 70 años de los presos comunes. Lo pone en esos términos: presos comunes y de lesa humanidad. Son dos listados diferentes. No son lo mismo. Para nadie. Para el gobierno tampoco. Quizá justamente por eso algunos funcionarios los quieren en sus casas.

Unas sospechas que no se disipan

La declaración de los gendarmes involucrados en la represión que terminó con la muerte de Maldonado
La investigación judicial por la muerte de Santiago Maldonado suma fojas. Una de las gendarmes confirmó la presencia del funcionario Noceti el día de los hechos. Un mapuche reveló otro rastro detectado por uno de los perros.

Por Adriana Meyer

El informe final de la autopsia de Santiago Maldonado aún no fue entregado a las querellas.
El informe final de la autopsia de Santiago Maldonado aún no fue entregado a las querellas. 

La investigación judicial por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado suma fojas y avanza, no con el ritmo ni en el sentido que desearían los familiares del joven mochilero pero tampoco se disiparon, como pretende el Gobierno, las sospechas sobre la Gendarmería y los propios funcionarios de Cambiemos. De hecho, la semana pasada, durante la ronda de declaraciones testimoniales, la gendarme Romina Gisel Voelkli admitió que el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad Pablo Noceti estuvo en el lugar de los hechos. Además, uno de los mapuches que participó del rastrillaje del río Chubut cuando fue encontrado el cuerpo de Santiago afirmó que minuto antes uno de los perros que participaban del operativo detectó un rastro humano en la orilla de enfrente. En tanto, la justicia se dispone a volver al lugar del hallazgo donde quedaron pendientes varias medidas de prueba tales como la toma de muestras de agua y peritajes de agrimensura. 

Recusaron a un camarista

Interrogada en el juzgado federal de Esquel, la gendarme Voelkli dijo que llegó a la Lof en Resistencia de Cushamen en 31 de julio cerca de las 16, que pasó la noche allí “como voluntaria en el cruce de la ruta 15 y la 40 porque estaban con el tema de tirar piedras, problema de los mapuches con los gendarmes”. Miembro del escuadrón 35 de El Bolsón, la testigo participó de la detención sobre la ruta, ya durante la mañana del 1 de agosto, de Soraya Maicoño, Neri Garay y Nicolás Hernández cuando salían del territorio recuperado para informar sobre la represión pero no pudieron hacerlo porque quedaron seis horas allí incomunicados con sus celulares secuestrados. “Se encontró un par de folletos que se reparten en las protestas, como golpes de Estado diría yo, en contra del gobierno por decirlo así”, expresó la gendarme. Preguntada por la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, si mientras hizo ese procedimiento vio al señor Pablo Noceti, respondió que sí. “En un momento sí, no sabía quién era, supuse que era importante porque venía en un vehículo oficial y pasó hacia el otro procedimiento que estaba en la parte de la tranquera, después volvió, bajó del auto y les preguntó si estaban bien y en qué situación estaban los ocupantes del auto (de los mapuches detenido allí sobre la ruta)”, respondió. Agregó que “se enteró de quién era luego por el noticiero donde mostraron su imagen”. 

El gobierno en principio había negado la presencia del funcionario de Patricia Bullrich, luego lo admitió pero dijo que sólo pasó a saludar, hasta que PáginaI12 detectó que estuvo en el lugar cerca del mediodía del 1 de agosto, y volvió a pasar cerca de las seis de la tarde. Los peritajes del celular de Noceti solicitados en la causa hace meses por la Procuración de Violencia Institucional para que sus llamadas sean cruzadas con las de los gendarmes y con las del ex juez del caso, Guido Otranto, son de las tantas medidas que siguen pendientes. Noceti habría dicho en su despacho a los gritos que antes de entregar su teléfono a la justicia prefería romperlo, según publicó el periodista Ricardo Ragendorfer.

Entre las otras tres gendarmes que declararon estuvo Yanina Saldaño, encargada de la toma de imágenes, quien dijo no haber hecho nunca un curso de fotografía, y que la cámara oficial estuvo también en manos del sargento Orlando Yucra, quien sacó fotos al gendarme herido Emmanuel Echazú. “En un momento, cuando una piedra pasa cerca de mi cabeza y por no tener indumentaria de protección dejé de filmar porque me asusté”, fue la explicación de Saldaño sobre las incompletas filmaciones de la Gendarmería. Luego relató que ella también fotografió a Echazú, “que estaba cerca del río”. En coincidencia con los relatos mapuches, Saldaño dijo que el camión Eurocargo estuvo todo el tiempo en el predio, junto a una camioneta blanca, y otra camioneta que ingresaba y salía.

El perro Milo 
El cuerpo de Santiago Maldonado fue encontrado por un buzo de la Prefectura Naval, con la intervención de perros entrenados en la detección de restos cadavéricos que reaccionan ante la presencia de dióxido de carbono en el agua. Mientras los bomberos voluntarios que los acompañaban en aquel rastrillaje se adjudicaron el logro, fuentes de la causa afirmaron que el mérito fue del suboficial Rodolfo Altamirano. Lo que no se sabía, y quedó revelado en la causa es, que poco antes del hallazgo uno de los perros marcó un rastro humano a unos 300 metros de ese lugar. Así lo relató en su declaración testimonial Fernando Jones Huala, una de las personas que acompañó al equipo de 22 prefectos y policías durante el operativo del 17 de octubre en la comunidad mapuche en Resistencia de Cushamen. “Fuimos caminando río abajo y transcurridos 400 0 500 metros aproximadamente, (el bombero Alfredo) Roncoroni se me acercó y me dijo: ‘Fernando, los perros están marcando rastros’”, sostuvo uno de los seis hermanos Jones Huala.

La fiscal María Guadalupe Gómez, que reemplaza a Silvina Avila, le preguntó si sabía qué tipo de rastros seguía el perro. “Al principio, cuando Roncoroni nos explicó cómo íbamos a trabajar, nos dijo que buscaba rastros de personas muertas. Pero en el momento en que me dice que el perro (Milo) estaba marcando un rastro de personas, me dijo que depende de lo que encuentre tiene una forma de marcar qué tipo de olor encuentra. Gómez quiso saber por qué no siguieron el rastro, a lo que Jones Huala respondió: “No sé, el que dirigía el trabajo era Roncoroni”. El lugar de esa marcación fue a unos 300 metros del sitio donde poco después fue encontrado el cuerpo de Maldonado. Tras la declaración de Jones Huala, en un grupo de los investigadores quedó la sospecha de que los perros captaron el olor de Santiago porque su cuerpo pasó por esa zona, lo que habilitaría la posibilidad de que haya sido arrojado río arriba el mismo día que desapareció. 

Según la reconstrucción realizada por Agencia Cadena del Sur, los gendarmes que llegaron al río no hicieron mención de Echazú, y tuvieron varias contradicciones entre lo que declararon ante Daniel Barberis, director de Violencia Institucional del Ministerio de Seguridad, y sus dichos en la justicia. No está claro aún cuántas veces disparó al río Darío Zoilán, a quién arrojó las piedras Neri Robledo, por qué hubo dos gendarmes que quisieron meterse al río y recibieron la orden de no hacerlo y qué papel jugó Pablo Escola, segundo jefe del Escuadrón 36 de Esquel, que observaba todo desde la pendiente.

Santiago y Rafael
La semana pasada también declaró el docente Eduardo Pastorini, quien acudió el 1º a solidarizarse por la represión pero negó haber estado el 31. “Salieron dos artículos en el diario Clarín con noticias absolutamente falsas, me indicaban a mí diciendo que era una de las personas que estaba ahí, pero es falso, el 31 fue lunes y estaba cursando en el profesorado”, declaró. 

De las testimoniales sigue participando el abogado Lionel Castro, que en teoría representa a Echazú, pero este gendarme no está formalmente imputado sino que logró ser tomado como parte mediante una presentación espontánea que hizo cuando trascendió que la justicia pretendía establecer el origen de las heridas que recibió aquel día. 

A cuatro meses de la desaparición de Santiago, aunque fue confirmado por los peritos de partes que murió por asfixia por sumersión en el río, por hipotermia, y que su cuerpo no habría salido durante casi 80 días del agua, el informe final de la autopsia aún no fue firmado ni entregado a las querellas. La familia requirió el peritaje de los elementos encontrados en los bolsillos de su pantalón, el juez hizo lugar pero aún no hay resultados.