miércoles, 16 de abril de 2014

Un prófugo encontrado: arrestaron al represor Gerardo Jorge Arraez

Tenía orden de captura desde hace dos años. Cuando lo detuvieron, tenía un documento de identidad falso. Fue miembro de las patotas del Banco y el Olimpo, donde era conocido por el apodo de Nito.

 Por Adriana Meyer

A sus sesenta años, Gerardo Jorge Arráez, imputado por crímenes de lesa humanidad, tuvo la energía y los recursos suficientes para permanecer dos años prófugo de la Justicia. Sin embargo, el lunes mientras caminaba cerca de su casa fue detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que le secuestró un DNI con una identidad falsa. Ayer este ex oficial de la Policía Federal y represor del centro clandestino Olimpo fue indagado por el juez federal Daniel Rafecas, quien investiga los delitos cometidos por represores del Primer Cuerpo de Ejército. Arráez, alias Nito, está acusado como coautor de secuestros y torturas de 285 víctimas que permanecieron cautivas en los centros Banco y Olimpo, y su participación necesaria en el homicidio de 19 personas que el 6 de agosto de 1978 fueron “trasladadas” desde el Olimpo, para su seguro e inmediato homicidio. Durante la indagatoria fue asistido por su defensor, el ex juez Francisco Trovato, condenado en 1999 por cohecho agravado, en el sonado escándalo del placard, e inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos, pero no así la profesión de abogado.

Arráez, de 64 años, fue hallado por personal de la PSA, tras haberse fugado en 2012. El Ministerio de Justicia había ofrecido una recompensa de 100 mil pesos para quien colaborara con datos para su detención. Fuentes del caso aseguraron a Página/12 que no ofreció ningún tipo de resistencia. Al momento de ser aprehendido, el represor tenía en su poder un documento de identidad falso, con una foto suya, pero a nombre de Jorge Alberto Rodríguez, clase 1953. Por este hecho, el juez Rafecas ordenó que se investigue el delito de falsificación de documento público destinado a acreditar la identidad de las personas.

Hasta su detención, Arráez ejercía la profesión de abogado, pero a fines de los años ’70 ostentaba el cargo de oficial inspector de la Policía Federal, con destino en el Departamento Situación Subversiva de Coordinación Federal. En los campos de exterminio Banco y Olimpo habría utilizado el apodo Nito, según una de las testigos sobrevivientes que declaró en la causa. Arráez sacaba fotos a las detenidas luego de la tortura y esas imágenes reflejaban los episodios aberrantes que sufrían las víctimas. Los testimonios también relatan que exhibía un exagerado apego al culto católico, a tal punto que las víctimas recordaron que el tal Nito fue quien se encargó de montar una suerte de capilla en el interior del centro clandestino, donde colocó la imagen de una Virgen y cerca de ella un cartel que decía “Olimpo, el lugar de los dioses”.

Una vez que culminó la declaración indagatoria, el represor fue derivado a la cárcel de Marcos Paz y en diez días el juez Rafecas deberá resolver su situación procesal.

Los delitos cometidos en el denominado circuito represivo ABO, que incluye los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo, ya cuentan con 25 represores condenados y otros diez cuyos casos están a punto de ser elevados a juicio oral. En cambio, la causa de Arráez recién comienza, a pesar de haber estado imputado desde el inicio, porque pudo mantenerse en la clandestinidad hasta ahora.

lunes, 10 de febrero de 2014

Caso Milani: Familiares de Plutarco Schaller denuncian que Milani sabía de las torturas en La Rioja

En conferencia de prensa en la sede de la AMP, donde estuvo el Secretario de DDHH de CTERA Rogelio De Lonardi, Madre de plaza de mayo de la Rioja, Marcela de Ledo y Alfredo Olivera; la hija de Plutarco Schaller, Gabriela, reveló ante la prensa que tanto su padre como su hermano, reconocieron a Cesar Milani en la Rioja cuando estaba en el regimiento 15 de infanteria, datos que ya se aportaron ante Fiscalia Federal, pero que todavia no observaron ninguan acción. Sostiene que habria elementos de sobra para procesar al Cesar Milani pero no entienden porque razón la causa esta paralizada, ademas que el militar esta propuesto para que asuma la máxima jerarquía en el Ejercito. Asimismo, Gabriela, relato que su hermano con 18 años fue "torturado" y quien estaba a cargo en ese momento del Regimiento 15 de la Rioja era Cesar Milani.




domingo, 15 de diciembre de 2013

La Secretaria de inteligencia, (SIDE) admite tener archivos de personas desaparecidas.

Por primera vez la Secretaría de Inteligencia admite poseer archivos de personas desaparecidas. Detalles de una revelación que puede dar un vuelco en la búsqueda de verdad, memoria y justicia.

Historia. Las revistas de Editorial Atlántida usaron a Alejandrina para propagandizar la dictadura. Ella, ahora, reclama justicia.

Dónde están los desaparecidos, qué fue de los niños apropiados por el terrorismo de Estado o quiénes ejecutaron los vuelos de la muerte son algunas de las incógnitas que podrían develarse si se abrieran todos los archivos “secretos” de la última dictadura militar. El 6 de noviembre se encendió una luz de esperanza en este sentido cuando, en una revelación inédita, la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) reconoció que posee archivos sobre las víctimas de la represión. La central de espionaje estatal, reticente a brindar información referida al período ’76/’83, lo reconoció a través de un escrito que le envió al juez federal Sergio Torres en respuesta a una querella presentada en la causa ESMA por Alejandrina Barry, hija de desaparecidos, quien pretende reconstruir qué sucedió con sus padres Susana Mata y Juan Alejandro Barry, y se juzgue a los responsables.

El 15 de diciembre de 1977, Susana –quien estaba con Alejandrina, de apenas 3 años– perdió la vida en un operativo que las fuerzas armadas argentinas y uruguayas desplegaron en la ciudad balnearia de Lagomar –en las afueras de Montevideo–. Allí, además, fueron detenidas varias personas que fueron trasladadas a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde recibieron torturas e interrogatorios por parte de patotas de marinos. Entre las víctimas se encontraba el pianista Miguel Ángel Estrella. Alejandro murió el mismo día que su esposa, en el aeropuerto de Carrasco, tras ser “embestido por automóviles pertenecientes a las Fuerzas Armadas Argentinas”, según detalla el expediente judicial. En el mismo operativo fue secuestrado Jaime Dri, trasladado luego a la ESMA.

En pos de profundizar la investigación sobre los homicidios de sus padres, el 30 de agosto de 2012 Alejandrina solicitó al juez que “se libre oficio al Poder Ejecutivo Nacional a los fines de que remita toda la información obrante en la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) relacionada con los operativos realizados en la República Oriental del Uruguay durante los meses de noviembre y diciembre de 1977, así como toda documentación relacionada con Juan Alejandro Barry, Susana Mata o Alejandrina Barry. Solicitamos se incluya expresamente toda documental que pueda haber sido catalogada como ‘secreta’”. Y repitió el pedido “al Ministerio de Defensa, y por su intermedio al actual jefe de la Armada Argentina”.

Torres hizo lugar a la solicitud e interpeló a la ex SIDE. Pero en principio no obtuvo respuestas. Reiteró el interés en dos ocasiones. El 6 de noviembre pasado la secretaría, finalmente, se dirigió al magistrado: “Se hace saber que realizada una amplia búsqueda en las distintas áreas de este Organismo con posible incumbencia en aquello que resulta objeto de requerimiento, la misma ha arrojado como resultado en una de ellas, información que podría resultar de interés para la investigación y que a todo evento igualmente se acompaña a título de colaboración en sobre cerrado en un total de tres (3) fojas, desconociéndose los motivos y/o las circunstancias en las que fue cargada en su momento”.

“Respecto de la documentación que se remite, se hace saber que la búsqueda solicitada se realizó por nombre y apellido y viceversa”, se describe en el escrito que lleva la firma del director de Asuntos Institucionales, informaron fuentes judiciales. Si bien los datos que se proveyeron no son novedosos respecto del contenido, sí lo son en lo referente a la documentación que, evidentemente, aún conserva la secretaría sobre el período 1976-1983.

Sobre Susana, la SIDE, además de brindar datos de filiación, informa que el 30 de enero de 1975 “se encuentra detenida y puesta a disposición del PEN”. Luego anoticia que el 3 de mayo de 1979 “cesa su detención”. Ocurre que Susana fue privada de la libertad de forma clandestina junto a su pareja a fines de 1974 cuando estaba embarazada y fue recluida en el centro clandestino “Pozo de Banfield”, aproximadamente, entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre de 1974. Luego fue legalizada, tal como confirma la SIDE, y trasladada a la cárcel de Olmos donde nació Alejandrina, el 19 de marzo del 1975, quien también permaneció presa en sus primeros meses de vida (estos hechos se investigan en la causa “Pozo de Banfield”).

La Secretaría de Inteligencia también detalla datos filiares de Juan Alejandro (los nombres de sus padres y su domicilio) e indica que estuvo detenido a disposición del PEN a partir del 4 de diciembre de 1974. En este caso se anexa un apartado con “antecedentes”. Allí se especifica que Juan Alejandro es hermano de “Barri, Enrique Rodolfo (NG) ‘Pingüino’” y responde al alias “Jaime”. De acuerdo a la documentación, al 9 de noviembre de 1976, “el causante integrante de la OPM ‘Montoneros’, justamente con su hermano Enrique Rodolfo (NG) ‘Pingüino’, actúa en el Partido de Alte. Brown, siendo responsable del Consejo de Agrupaciones de la JP”. La SI remite el origen de la información al Batallón de Inteligencia 601.

Enrique, tío de Alejandrina, continúa desaparecido, al igual que su mujer Susana Papik. Alejandro y Susana fueron asesinados en Uruguay 36 años atrás, como se describió anteriormente. La odisea de Alejandrina no concluyó con la muerte de sus padres: pocos días después de aquel trágico hecho, la niña fue “secuestrada” y utilizada para una campaña de desprestigio de las organizaciones guerrilleras que fue ejecutada desde tres revistas de la editorial Atlántida: Gente, Somos y Para Ti. En el 2009, Barry (38), quien integra el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), denunció ante el juzgado de Torres a los directivos de la editorial y a los responsables periodísticos de los medios que utilizaron su imagen para manipular lo que había sucedido con su familia. La presentación se realizó por “conexidad” con la causa de Thelma Jara de Cabezas –la madre de un desaparecido que estaba secuestrada en la ESMA y fue “entrevistada” por la revista Para Ti para declarar en contra de los “subversivos” mientras la CIDH visitaba la Argentina–, caso que se investiga en el mismo Juzgado Federal Nº 12 por su vinculación a la causa ESMA.

“Los datos que brindó la SIDE demuestran que la institución tiene los archivos de aquella época y contienen valiosa información. Seguiremos exigiendo su apertura. La documentación que allí se pueda encontrar puede contribuir al hallazgo de los niños apropiados”, aseguró Myriam Bregman, abogada del CeProDH, a Veintitrés.

Desde la asonada militar del 24 de marzo de 1976, la ex SIDE mantuvo estrechos vínculos con el Ejército. Por tal motivo, no sorprende que en su respuesta a Torres explicara que el organismo que originó la información fuera el “B.ICIA.601”, es decir, el Batallón de Inteligencia 601. Un ejemplo de aquella mancomunión es el agente de inteligencia Raúl Guglielminetti, quien se desempeñó en ambas dependencias durante la dictadura.

La secretaría también tuvo injerencia en la ejecución del Plan Cóndor (la operación coordinada de las dictaduras del Cono Sur) y se estima que operó como una “inteligencia de la inteligencia” por sus vínculos con el Batallón. Los investigadores consideran que “la casa de los espías” podría tener un archivo superior incluso al que elaboró la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dipba). Por caso, bajo el gobierno de facto la SI habría distribuido información sobre personas a diferentes fuerzas de seguridad del país.

En este contexto, y a días de conmemorarse tres décadas de democracia ininterrumpida, ¿no es tiempo de que se difundan aquellos documentos históricos?

domingo, 8 de diciembre de 2013

La madre del soldado Ledo, desaparecido en Tucumán, denunció que la amenazaron

"Dejá de joder con Milani. Los militares ganaron la guerra", escuchó, por teléfono, Marcela de Ledo.
LA RIOJA.- La familia del soldado desaparecido en Tucumán durante la última dictadura Agapito Ledo, denunció esta noche aquí que recibió amenazas, a través de una voz que le ordenó: "Dejá de joder con los militares, dejá de joder con (César) Milani. Los militares ganaron la guerra".

La amenaza fue recibida por Marcela Brizuela de Ledo, la madre del soldado, quien era, según testimonios, ayudante del actual jefe del Ejército durante la dictadura.

Otra advertencia similar fue recibida por una nieta de Marcela, según informaron esta noche integrantes de la familia a FM América.

La familia Ledo quiere que se investigue la actuación de Milani en la desaparición de su hijo, y mañana realizará la denuncia ante la Justicia, según adelantó.

Marcela de Ledo es integrante de las Madres de Plaza de Mayo, filial La Rioja. (DYN)

jueves, 21 de noviembre de 2013

Acusan a dos agentes del Ejército - Batallón 601- por el secuestro de un estudiante

Uno se llama Carlos Enrique Bernadou, y tiene 60 años; el otro, Juan Manuel Bernasconi, y acaba de cumplir 61. El primero mereció cierta mala prensa a finales de los '90 al ser procesado –sin consecuencias condenatorias– en la llamada "causa de los ñoquis" del Concejo Deliberante, del cual él era funcionario. Semejante contratiempo no lo privó de ocupar en 2010 la vicepresidencia del Comité Capital del radicalismo, ni de ejercer en la actualidad un alto cargo en la Secretaría de Planificación del Consejo de la Magistratura porteño. Bernasconi, en cambio, posee una trayectoria menos pública; vive en Quilmes, es padre de un ex candidato a edil por el massismo y sus quehaceres actuales son de índole comercial. Entre ellos, sin embargo, hay un denominador común: ambos integraron durante la última dictadura las filas del temible Batallón 601 de Inteligencia. Y, además, se los relaciona con la desaparición del estudiante Ricardo Emilio Riobó. Esto último se desprende de una querella que acaba de presentar el abogado Pablo Enrique Barbuto, en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ante el juez federal Ariel Lijo. Se trata de una denuncia que, entre otras aristas, pone al descubierto una trama que merece ser reconstruida: la ofensiva del terrorismo de Estado contra alumnos y docentes de la Universidad del Salvador.
 
LAS AULAS DE JESÚS. A principios de la década del '70, la Universidad del Salvador supo ser una suerte de refugio para estudiantes que, por su militancia, no tenían cabida en la UBA en virtud de la intervención dispuesta por la dictadura del general Lanusse. Tanto es así que, ya en el período previo a la primavera camporista, se desarrollaba en sus aulas un profuso activismo, a través de diversas agrupaciones que se disputaban el control de los Centros de Estudiantes de las distintas facultades.
En la de Ciencias Jurídicas, la Juventud Universitaria Peronista (JUP) –bajo el sello de Bases Peronistas del Salvador (BAPS) y la Juventud Radical (JR) –bajo el sello de la Juventud Universitaria Radical del Salvador (JURS)– se alternaban en la conducción política del alumnado. Los comicios de 1972 habían favorecido a la agrupación peronista y las elecciones de 1974 fueron para los radicales, hasta 1975, cuando la JUP, en alianza con otros grupos, volvió a ganarle a la JR. En aquella ocasión, Riobó –al que sus compañeros llamaban "Manolito"– resultó electo como delegado ante el Consejo Superior de la Universidad. Por su parte, en la lista derrotada resaltaba la figura de un entusiasta dirigente, cuyo apodo era "Pecos". A los 23 años, este presumía ser un sólido cuadro político; era amplio y razonable en sus criterios, ejercía un gran liderazgo entre sus correligionarios y solía confraternizar con militantes de otras corrientes, entre los que estaba Riobó, con quien cultivó una amistad.
En 1974, la Universidad del Salvador protagonizaría un giro institucional, cuando el jefe máximo de los jesuitas, Pedro Arrupe, le ordenó al joven y promisorio consultor provincial de la Compañía, el padre Jorge Bergoglio, transferir aquella casa de estudios a manos laicas. A tal efecto, el actual Papa Francisco depositó su confianza en dos hombres que pertenecían a la organización peronista de derecha Guardia de Hierro: Francisco Piñón, (a) "Cacho", quien pasó a ser rector, y Walter Romero, que fungió desde entonces como un operador de la Universidad en la sombra. Tres años después, esas autoridades académicas le concedieron el doctorado Honoris Causa al almirante Emilio Massera.
Por entonces, pese a los niveles represivos de la dictadura, aún existía cierto activismo en sus aulas, al punto de que radicales y peronistas continuaban en pugna por el manejo del Centro de Estudiantes. Sin embargo, el terrorismo de Estado no se privaría de dar allí una serie de golpes planificados a la perfección. Como si sus hacedores contaran con valiosa información obtenida por fuera de los gabinetes de tortura. En resumidas cuentas, unos 20 alumnos y profesores de la Universidad del Salvador caerían en el agujero negro del exterminio (ver recuadro). En la facultad de Ciencias Jurídicas integran esa nómina el docente Daniel Antokoletz, además de los estudiantes José Luis Casariego, Cristina Turbay y Ricardo Emilio Riobó.
Este último fue secuestrado durante la madrugada del 23 de mayo de 1978 en la casa de sus padres –situada en la calle San Benito 973, de la localidad de Turdera, partido de Lomas de Zamora– por una patota que se identificó como personal policial. El militante de la JUP fue llevado descalzo y con una capucha en la cabeza. Los represores se robaron muebles, electrodomésticos y ropa. Incluso, la de "Chaco"; tal era el apodo del mejor amigo de la víctima, quien solía pernoctar allí.
Chaco y Ricardo se conocían de niños. Ambos habían cursado los estudios secundarios en el colegio San Jorge, de Turdera. En la adolescencia habían sido inseparables y, en el hogar de los Riobó, ese muchacho era como de la familia. En 1977, Chaco trabajaba de chofer en el sindicato junto con su padre. Y dos días antes del secuestro de Ricardo, él había dormido en la casa de su amigo. Desde entonces, nadie en el barrio supo más de él.
El tal Chaco no era otro que Juan Manuel Bernasconi.
Y "Pecos" era Carlos Enrique Bernadou.
 
TOPOS AL DESNUDO. Los nombres de ambos, junto a los números de sus documentos y la categoría bajo la cual prestaban servicios en el Batallón 601 salieron a la luz a principios de 2009, luego de que el Archivo Nacional de la Memoria desclasificara la lista completa de todos los agentes civiles que prestaron servicios en dicho organismo entre 1976 y 1983.
A su vez, sus legajos –a los cuales Tiempo Argentino tuvo acceso– son, por demás elocuentes.
"Carlos Enrique Bernadou, DNI 10.703.784, designado el 1º de agosto de 1977 en 'carácter condicional' (por nota del 29 de julio de 1977), con apodo "Claudio Ernesto Bebilacua", quien fuera confirmado en sus funciones de Agente de Seguridad (subcuadro C2, grado IN14) el 31 de agosto de 1978 y realizó asimismo el Curso DGJE 260/78, recibiendo el título de Agente Especial de Contra Inteligencia. Sus avales para ingresar al Batallón 601 fueron el Ministro del Interior de la dictadura Cívico Militar, Albano Harguindeguy, y el ministro de Gobierno de la misma dictadura en Misiones, Luis Alberto Sarmiento, ambos imputados de crímenes de lesa humanidad. Bernadou-Bebilacua desempeñó funciones hasta el 8 de agosto de 1979."
"Juan Manuel Bernasconi, DNI 10.077.548, quien revistó con la especialidad 'Redactor Dactilógrafo' desde el 16 de abril de 1978 (en carácter condicional) designado por resolución firmada por el General de Brigada Alberto Alfredo Valín, a la sazón Jefe II Inteligencia, siendo luego confirmado con fecha 16 de abril de1979 en el Cuadro 'A', Subcuadro A-2, en la Central de Reunión del Batallón de Inteligencia 601 como 'In 16' por resolución firmada por el entonces Subjefe II Inteligencia Coronel Alfredo Sotera. Bernasconi perteneció al Batallón 601 hasta el 1º de marzo de 1998. Su aval ideológico fue el Coronel Médico Emilio García Pérez, quien indicó que tenían una relación de amistad desde el año 1973."
Este diario mantuvo un diálogo telefónico con Bernadou. Al ser preguntado si perteneció al Batallón 601, dijo: "Puede ser."
–¿Confirma, entonces, su pertenencia a ese organismo?
–No lo confirmo ni lo desmiento.
Luego aseguró: entré al Batallón en 1977. Estuve ahí hasta 1979. Yo tenía apenas 24 años. Estaba en vigilancia. O sea, custodiábamos casas de milicos. En la facultad yo no estaba infiltrado. Yo iba a estudiar; además, militaba en el Centro de Estudiantes. Yo estaba en la Juventud Radical…
–¿Cómo convivía esa militancia con su carácter de integrante de una fuerza represiva?
–Mire, nosotros no sabíamos las cosas que realmente pasaban. Estábamos en pelotas.
–¿De qué modo consiguió que el ministro Harguindeguy fuera su aval para ingresar al Batallón 601?
–Por un vecino, el coronel Brand, cuya esposa era hermana de Harguindeguy.
Luego insistió con que su trabajo de inteligencia nada tuvo que ver con su condición de estudiante en la Universidad del Salvador. Para robustecer dicha afirmación, apeló a su presunta amistad con un alumno desaparecido. Este era nada menos que Riobó. "Fui muy amigo de él. Era un pibe macanudo", fueron sus palabras al respecto.
Luego, se interesó en la querella presentada contra él por la Secretaría de Derechos Humanos. Se le dijo, entonces, que esa denuncia giraba en torno de estudiantes desaparecidos.
–¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus nombres? –quiso saber.
–Ricardo Emilio Riobó es uno de ellos.
En ese instante, apenas musitó:
–¡Pucha! ¡Es el que yo conozco!
Luego se oyó el click que dio por finalizada la llamada.  «
 
La muerte pasó por la universidad del salvador
El 14 de mayo de 1976 desaparecían Mónica Mignone y María Marta Vázquez Ocampo, ambas egresadas de la carrera de Psicopedagogía. El 9 de junio de 1976 era secuestrada Edith Mujica, egresada de Ciencias Sociales. El 12 de junio de 1976 fue asesinada Esperanza Cacabelos de Salcedo, de la Facultad de Historia. El 12 de julio de 1976 fue secuestrado Carlos Raúl Pargas Fleitas, estudiante de Medicina. El 4 de agosto de 1976 desaparecieron José Luis Casariego y Cristina Turbay, ambos ex integrantes de la JUP; el 29 de agosto de 1976, desapareció la ex alumna de Ciencias Sociales María del Carmen Sabino Vidal. El 12 de septiembre de 1976 desapareció otra ex estudiante de Psicopedagogía, Nélida Alicia Calzetta Cattoni; el 24 de septiembre de 1976, la estudiante de Letras Laura Susana Di Doménico. El 28 de febrero de 1977 desapareció Graciela Marina González Marelli de Duarte. El 21 de marzo de 1977 desapareció el alumno de Ciencias Sociales Gustavo Enrique Gaona Arambarri. El 14 de marzo de 1978 desapareció el egresado de Derecho Basilio Pablo Surraco, y el 4 de abril de 1978 su hermano, también estudiante de Derecho, Carlos Adolfo Surraco.
El 23 de mayo de 1978 desapareció Ricardo Emilio Riobó. El 8 de agosto de 1978 desapareció la egresada de Psicología Beatriz Leonor Perosio; el 23 de noviembre de 1978, el alumno de Ciencias Sociales Adolfo Nelson Fontanella; y el 12 de agosto de 1979, el también alumno de Ciencias Sociales Juan Carlos Anzorena. Entre los docentes desaperecidos figura Daniel Víctor Antokoletz, desaparecido el 10 de noviembre de 1976, y Ricardo Néstor Tajes García, secuestrado en diciembre de 1978.
por: Ricardo Ragendorfer

jueves, 14 de noviembre de 2013

El rostro actual del represor Alejandro Lawless, que se escapara desde la puerta de Tribunales (¡¿!?)


La orden fue dictada por el juez Norberto Oyarbide, quien ya la comunicó a Interpol. El magistrado está en contacto con el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca para analizar dónde quedará radicado el legajo de búsqueda. "Esta fuga vuelve a mostrar que estos imputados tienen gente que les da el sustento", dijo el fiscal José Nebbia.

El juez federal Norberto Oyarbide ordenó hoy la captura internacional del militar Alejandro Lawless (66 años), procesado por crímenes de lesa humanidad, quien se profugó ayer en el centro porteño cuando era trasladado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria a la Alcaidía de Tribunales.

En esa causa interviene la Fiscalía Federal N°11, a cargo de Gerardo Pollicita.

Según pudo averiguar Fiscales, el juez Oyarbide y sus pares del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca ya tomaron contacto para coordinar quién continuará con la investigación de la evasión, dado que Lawless se encontraba detenido a disposición de los jueces bahienses que se aprestaban a juzgarlo en los próximos meses.

Lawless, que durante la última dictadura revistó en el Batallón de Comunicaciones 181 del V Cuerpo del Ejército, está procesado en dos causas radicadas en el Tribunal Oral, luego de que fueran elevadas a juicio el 24 de abril y el 23 de julio del año pasado, según se desprende de los registros de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

En la primera de ellas se juzgarán las responsabilidades por los crímenes cometidos en el ámbito de la Armada Argentina. Lawless está imputado por seis casis de secuestros y torturas. En tanto que la segunda está dirigida a establecer las responsabilidades de distintos imputados en el marco del V Cuerpo del Ejército, y Lawless está acusado por 30 casos de de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos y por tres homicidios.

Según informó la Unidad Fiscal de Bahía Blanca, durante 1976 y 1977 Lawless fue parte de la plana mayor del Batallón de Comunicaciones 181 y ocupó sucesivamente las jefaturas de la Compañía de Comunicaciones y Comando y de la Sección Arsenales, dependencias que conformaban aquella unidad militar.

Pese a las graves imputaciones en su contra, la oposición de los fiscales bahienses y los antecedentes evasivos, Lawlees estuvo hasta ayer excarcelado. Aunque su detención había sido ordenada a fines de 2009, recién se pudo dar con él diez meses después, en agosto de 2010, cuando se presentó voluntariamente ante el juez federal de esa ciudad, Santiago Martínez. A los pocos días, sin embargo, el magistrado lo benefició con la excarcelación, de la que gozó hasta ayer durante más de tres años.

Lawless fue detenido ayer por la PSA cuando se presentó a una comisaría de la Policía Federal a la que, por disposición judicial, debía acudir regularmente. La decisión de detenerlo fue adoptada el 5 de noviembre por el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca en la causa por los crímenes de la Armada, luego de que la Cámara de Casación le anulara la decisión de mantener la excarcelación en la causa relativa al V Cuerpo del Ejército. La Cámara de Casación le ordenó al TOCF dictar una nueva resolución debidamente fundada (ver documentos adjuntos).

Según informaron desde la Unidad Fiscal de Bahía Blanca, la fuga del militar ocurrió en la vereda de los tribunales, cuando uno de los dos policías se bajó para realizar un trámite, mientras que Lawless, que no estaba esposado y había quedado con otro custodio y con la puerta abierta del móvil que lo trasladaba, salió corriendo por la calle Lavalle y tomó Talcahuano con dirección hacia Corrientes. Según la versión bajo investigación, los dos policías lo siguieron, pero lo perdieron de vista en la Avenida 9 de Julio.

"Pensemos en lo que sienten en estos casos los familiares y los sobrevivientes. Esta fuga vuelve a mostrar que estos imputados tienen apoyo, gente que les da el sustento. Éste es el sexto prófugo en Bahía. Y el resto, lleva mucho tiempo profugado. Hay que tener plata y logística para ser prófugo. Evidentemente, hay sectores de poder que los apañan", reflexionó el fiscal de Bahía Blanca, José Nebbia.

miércoles, 13 de noviembre de 2013

A 11 años de la Masacre : victoria colectiva , estación ex Avellaneda : Desde hoy: “Darío Santillán y Maximiliano Kosteki”.


11 años después del 26 de junio de 2002, del despliegue represivo de cuatro fuerzas de seguridad en conjunto ordenado por el gobierno de Eduardo Duhalde conocido como la Masacre de Avellaneda, el Congreso aprobó el cambio de nombre de la estación ferroviaria Avellaneda, donde fueron asesinados nuestros compañeros, por el de “Darío Santillán y Maximiliano Kosteki”.
Los familiares de Darío, sus amigos y sus compañeros de militancia agrupados en el Frente Popular Darío Santillán expresamos nuestra alegría porque esta iniciativa parlamentaria que impulsamos desde el 2006 tenga sus frutos. Consideramos que de esta manera  la memoria popular, la dignidad, los valores de la juventud militante que dio la vida por mejores condiciones para nuestro pueblo, son reconocidas de alguna manera.

Consideramos que el cambio de nombre de Avellaneda por “Darío Santillán y Maximiliano Kosteki” es un hecho histórico, ya que la estación donde murieron nuestros compañeros lleva el nombre de los valores que tenemos que tener siempre presentes, llevará el nombre de dos luchadores populares que fueron asesinados en el lugar en una movilización masiva que fue reprimida brutalmente por el gobierno de Duhalde. Darío y Maxi son ejemplo de la juventud comprometida, que con su lucha y su entrega marcaron a miles de hombres y mujeres jóvenes y adultos de nuestro pueblo.

Con la designación oficial del nombre de la Estación como “Darío Santillán y Maximiliano Kosteki” se ratifica lo que hace once años los movimientos populares venimos expresando como pueblo.

El pueblo ya decidió que la estación Avellaneda se llame Darío y Maxi, lo ratifica todos los días y puede verse en el lugar con la diversidad de expresiones allí presentes que hacen alusión a estos dos luchadores. Hoy el Congreso Nacional ratifica lo que ya decidió el pueblo.

Darío y Maxi viven en cada persona que sigue luchando por sus derechos, que se organiza para luchar y transformar la sociedad en la que vive, pensando en el provecho de 40 millones que habitamos este país. Viven en la bloquera donde trabaja su hermano y en el Polo Textil construido por sus compañeros de militancia en la estación donde fueron asesinados, y que ahora llevará sus nombres.

A 11 años de la Masacre de Avellaneda:

¡Darío y Maxi viven en cada lucha cotidiana, de los trabajadorxs y de todo el pueblo, contra las injusticias!

¡Seguimos exigiendo juicio y castigo a los responsables!
MULTIPLICAMOS SU EJEMPLO

CONTINUAMOS SU LUCHA