jueves, 28 de enero de 2016

Movilización por la libertad de Milagros Sala


Marcha contra la criminalización de la protesta.por la liberacion de Milagro Sala, Enrique "Cachito" Fukman y Carlos "El Sueco" Lordkipanidse del Encuentro Memoria Verdad y Justicia.
Posted by Roberto Bernard on miércoles, 27 de enero de 2016
Marcha contra la criminalización de la protesta.por la liberacion de Milagro Sala, Enrique "Cachito" Fukman y Carlos "El Sueco" Lordkipanidse del Encuentro Memoria Verdad y Justicia.
Posted by Roberto Bernard on miércoles, 27 de enero de 2016









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lunes, 30 de noviembre de 2015

Cambio de clima : abogados de represores empiezan a pedir postergaciones

Otros que no esperan ni un día

Defensores de procesados por crímenes cometidos en la dictadura ya empezaron a pedir postergaciones en los juicios con el argumento de que la asunción del nuevo gobierno “exige analizar cómo se continúa”. El caso mendocino de los ex jueces Luis Miret y Otilio Romano.

 Por Alejandra Dandan

Tampoco ellos esperaron un sólo día. Durante la primera audiencia posterior a las elecciones del domingo 22 de noviembre, el abogado de los ex jueces juzgados en Mendoza pidió diez días de postergación de las audiencias porque “el cambio de signo exige que se analice cómo continuar”. Ese martes 24 de noviembre debían empezar los ya demorados alegatos en un juicio que lleva 22 meses de debate marcado por una abrumadora presencia documental de pruebas de más de 200 expedientes que está mostrando que los integrantes del sistema judicial no movieron un sólo papel para buscar a los desaparecidos y que –dicen las querellas– “fueron la garantía del funcionamiento del aparato represivo porque cualquier operativo terminaba llegando a manos de ellos a través de esos expedientes que se archivaban en cuestión de días”. Los primeros en alegar iban a ser los representantes del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), pero el pedido del abogado Juan Day logró postergarlo. El Tribunal Oral Federal se dio tiempo hasta hoy, lunes 30 de noviembre, a las 9.30, para contestar el insólito pedido.

Los querellantes creen que el objetivo no es sólo dilatar, sino dejar fuera de la escena de alegatos a las querellas de las secretarías de Derechos Humanos de Nación y de Provincia, cuyas presencias se extiende –de momento– sólo hasta fin de mes.

El juicio que comenzó en febrero de 2014 es uno de los de lesa humanidad de características históricas. Entre los 38 acusados hay integrantes del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Policía, pero cuatro de ellos son ex integrantes del sistema judicial de la dictadura: entre ellos, Luis Miret y Otilio Romano, juez y fiscal federal de la etapa represiva por los que pasaron decenas de expedientes que se analizan como parte de las pruebas de este juicio. Y premiados con una carrera judicial en ascenso que los llevó a integrar hasta hace muy poco la Cámara Federal de Mendoza, máxima autoridad de la Justicia Federal de la provincia. Una de las áreas más sensibles a las responsabilidades de los crímenes de lesa humanidad, que continúan en investigación pese al lobby constante desde usinas como los editoriales del diario La Nación, que hace una semana clamó especialmente por los magistrados.

Durante la dictadura, las familias de los detenidos desaparecidos de Mendoza presentaron hábeas corpus ante la Justicia Federal para averiguar el paradero de sus seres queridos, pero también denunciaron sistemáticamente esos secuestros ante las comisarías de sus barrios. Esta modalidad permitió una producción de numerosos sumarios policiales que hoy son uno de los datos centrales de esta causa. Bajo análisis hay más de 200 expedientes judiciales que nacieron del paso de esos sumarios desde la Policía de la Provincia a la Justicia Federal. La serie muestra dos puntos claves. Que a contramano de lo que dicen los acusados, la Justicia Federal era competente en estas causas. Y que los expedientes se terminaban en cuestión de días sin ordenar una sola medida de prueba y con “sobreseimientos provisorios”, que en la práctica eran el archivo de la causa. Los números apabullantes de documentos están relevando para querellas y fiscalía que ni un integrante del sistema de Justicia movió un solo papel para investigar decenas de crímenes de las fuerzas de seguridad. “Esta multiplicación de expedientes archivados era lo que garantizaba la mecánica de impunidad”, dice el abogado Pablo Salinas, querellante del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos.

En ese sistema de justicia, Miret y Romano eran parte central de las poleas. Uno estaba en la fiscalía y otro en el juzgado. Uno recibía los sumarios de la Policía, los abría, sugería el sobreseimiento y el otro confirmaba ese sobreseimiento días después.

En la audiencia del martes 24, el abogado Juan Day, a cargo de la representación formal de Miret, invocó dos tipos de cuestiones para pedir el aplazamiento de los alegatos. Una, más técnica, vinculada a la necesidad de revisar la producción de prueba, herramienta usual entre los defensores para extender estos juicios donde la celeridad es vital. Y la otra, mas insólita, al introducir el resultado de las elecciones. “La verdad es que el ánimo de los defensores parece ser sostenerse en este triunfo del macrismo para avanzar con el mismo tipo de pedidos que realizan desde hace meses”, señala a Página/12 la abogada Viviana Beigel, también del MEDH. “En este caso el planteo de Day incluyó una cuestión política diciendo que el cambio de signo exigía que se analizara cómo se continúa”.

Day también pidió la prisión domiciliaria de Otilio Romano. De acuerdo a la información de la querella, el TOF, sin embargo, aún no aceptó el pedido. Evitó el comienzo del alegato pero convocó a una audiencia para hoy en la que se espera que respondan el reclamo.

Otro de los elementos en juego es el futuro de los apoderados de las secretarías de derechos humanos de Nación y de la Provincia. Por Mendoza, está Sergio Bonsague, subsecretario de Justicia, y por Nación, el abogado Fernando Peñaloza. Estaba previsto que ellos comenzaran con los alegatos después del MEDH, pero en este nuevo contexto serán ellos quienes irán en primer turno.

La producción de las pruebas

La producción de pruebas en juicio fue tan abrumadora que los acusadores entienden que están mostrando un mecanismo destinado a garantizar la impunidad desde el aparato de Justicia. “Una vez que las familias hacían la denuncia en las comisarías provinciales, las comisarías enviaban el material con todo el relato a la Justicia Federal –agrega Pablo Salinas–. En ese momento, la fiscalía federal abría un expediente con una declaración de ‘competencia’ que aparece repetida hasta con un sello que estampaban en la primera página y ahí nomás lo elevaban al Juzgado Federal con la recomendación del ‘sobreseimiento provisorio’, que significa el archivo. El juzgado aceptaba ese sobreseimiento y todo terminaba ahí. Eso se repetía todo el tiempo.”

Los más de 200 expedientes siguieron ese camino. Uno de los más emblemáticos es el de Virginia Adela Suárez, una joven de 22 años, estudiante de periodismo, militante del PRT, secuestrada el 13 de mayo de 1976. El día del secuestro, en la casa estaba su madre, Haydeé Moreno, y su hermano. La patota no encontró armas, dice la denuncia original del MEDH, “sin embargo se llevaron la máquina de escribir, un proyector de diapositivas y todos los artículos de oro que encontraron”. Haydeé radicó una denuncia en la Comisaría 7 de Mendoza y en el Comando de la Octava Brigada de Infantería de Montaña. Después presentó dos hábeas corpus ante el juez del Primer Juzgado Federal de Mendoza. Los hábeas corpus fueron rechazados. Pero entre los documentos de la causa, un expediente muestra el derrotero que siguió esa paradigmática denuncia policial (ver imagen):

- El 27 de mayo de 1976 ya estaba en el Juzgado a disposición de Miret y de Romano.

- El 28 de mayo, Romano asumió la competencia por el artículo 48 y tres líneas más tarde, entiende que atento a las características de las causas debe hacerse lugar al “sobreseimiento provisorio”.

- El 8 de junio, Miret confirmó el sobreseimiento provisorio.

Entre uno y otro momento, habían pasado 12 días. Virginia Adela Suárez continúa desaparecida.

Con el paso de las audiencias, esos documentos se fueron leyendo como parte de las pruebas más importantes sobre el rol de los jueces. La lógica que ya había sido visualizada durante la instrucción planteó una novedosa forma de entender el rol de la Justicia durante la dictadura, donde la supuesta “inacción” alegada por algunos jueces en realidad fue efectivamente una “acción” destinada a obturar el camino de la justicia.

“Por supuesto, que (los ex jueces) estuvieron en los centros clandestinos –dice Salinas–. Miret dijo que había ido a ver a uno de los detenidos en la Compañía de Comunicaciones, y cuando yo le pregunté si había visto cómo estaban los prisioneros, me dijo: ¿qué podía hacer yo contra las fuerzas militares? Hay testigos que hablan de la presencia en los D2. Pero todo eso –agrega–, no es tan relevante como esta cantidad de prueba documental que indica que ellos fueron la garantía del funcionamiento del aparato represivo porque cualquier operativo terminaba llegando a manos de ellos a través de ese camino y ellos lo iban a archivar. Esto garantizaba que no hubiera ninguna responsabilidad para ninguno de los que actuara en estos secuestros porque inexorablemente lo cerraban.”

“Cuando le pregunté a Miret por qué se declaraba competente, cuando otros se declaraban incompetentes, me dijo que era porque quería quedarse con los expedientes, quería guardarlos –agrega el abogado–. Yo interpreto que no quería que cayeran en manos de alguien que sí pudiera hacer algo distinto. Esto fortaleció en los hechos la carrera judicial de ellos. Le fue tan bien con todo esto, fueron tan aplicados, que a Miret lo nombró Videla y llegó hasta 2010.”

Durante el debate, los ex jueces efectivamente intentaron defenderse. Dijeron que cerraban los sumarios porque ignoraban quiénes eran los autores, pero en realidad en las denuncias había datos que identificaban por lo general a algún sector responsable. También dijeron que la información de la época era confusa. Pero querellas y fiscales se preguntan si también era confuso cuando una familia llegó a dar cuenta hasta del modelo y patente de un auto en el que se llevaron a un hijo y los expedientes no tienen atisbo de investigación. Quienes siguen el juicio a diario están convencidos de que recién cuando se vieron cercados por los expedientes, los ex jueces comenzaron a buscar otros argumentos. Entre ellos, empezaron a plantear el problema de competencia. Dijeron que no eran competentes en aquel momento. Pero la postura se cae a poco de leer un expediente que comienza con un sello en el que ellos mismos admiten competencia, como dice Salinas. “O cuando al seguir el recorrido de un sumario desde una comisaría al juzgado federal, lo que se lee es que la policía entendía que sí tenían competencia.”

Los jueces también dicen que el sobreseimiento no significaba cerrar una causa. O que se quedaban con el expediente para sumar eventual nueva prueba. Pero también eso parece caerse. El código viejo no contemplaba la figura del “archivo” de una causa, sino el sobreseimiento provisorio, señalan los acusadores. Y además, el cúmulo de documentos demuestra que las causas jamás se movieron.

La contundencia de los papeles es tan alta –dicen querellas y fiscales– que uno de los jueces acusados inquietó a la sala durante el debate con un comentario. “Cómo será que no fuimos cómplices, que no hicimos desaparecer los expedientes”, señaló en este caso Guillermo Petra Recabarren, palabras más, palabras menos, el tercero de los “jueces” juzgados. Pero también acá, la acusación tiene otra postura: no hicieron “desaparecer” expedientes –señalan– porque nunca pensaron que se iba a juzgar su intervención en el terrorismo de Estado.

lunes, 2 de noviembre de 2015

Todos los bloques legislativos firmarán un compromiso para continuar con los juicios a los represores

Para que la Memoria sea política de Estado

Por impulso del Frente para la Victoria, representantes de los bloques legislativos reafirmarán “el compromiso con la continuidad del proceso de Verdad y de Justicia”. Se espera que por el PRO esté Federico Pinedo, pero también se pide una definición clara de Macri.

 Por Alejandra Dandan


Un proyecto de declaración firmado por todos los bloques de la Cámara de Diputados “reafirma el compromiso con la continuidad del proceso de Verdad y de Justicia como política de Estado de carácter irrenunciable”. El proyecto, que será tratado hoy a las 15 en la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara baja, lleva la firma del presidente de esa comisión, el diputado Remo Carlotto, del Frente para la Victoria, y entre otros, de Federico Pinedo, presidente del PRO; Felipe Solá, del Frente Renovador; Ricardo Alfonsín, de la UCR, y Myriam Bregman, del PTS. La iniciativa tuvo un antecedente en 2010 y ahora intenta ser renovada en esta nueva transición política. “Nos parece que es muy auspicioso que todos los bloques de la Cámara de Diputados de la Nación hayan acompañado este pronunciamiento”, señala a Página/12 el diputado Remo Carlotto sobre los consensos de partida. “La iniciativa intenta frenar las miradas que están planteando cierto cierre de una etapa” y en el corto plazo abre un espacio que busca que Mauricio Macri “también plantee cuáles son sus propuestas en materia de crímenes de lesa humanidad, porque esto es parte de una preocupación para el movimiento de derechos humanos”.

El texto consensuado por los todos bloques hoy será revisado en la Comisión de Derechos Humanos en busca del último acuerdo. Además de los integrantes de la comisión, estarán presentes representantes de los organismos de derechos humanos y de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. La declaración reimpulsada estos días empezó a escribirse en agosto, tras la reunión de la Comisión Interpoderes convocada por la Corte Suprema. Los representantes de la Interpoderes señalaron en esa ocasión que el desarrollo de los juicios era una política de Estado. El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, los definió como parte de “un proceso indetenible” y una decisión constitucional. “Tras ese encuentro –dice ahora Carlotto–, nos pareció importante que otro de los poderes del Estado tuviera un pronunciamiento que afirme que los juicios por crímenes de lesa humanidad son una política de Estado. Y a nosotros nos parece importante que dos poderes del Estado se pronuncien con mucha claridad en esto.”

El documento señala: “La Cámara de Diputados de la Nación declara: su repudio hacia las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por la última dictadura cívico-militar y reafirma su compromiso con la continuidad del proceso de Verdad y Justicia como política de Estado de carácter irrenunciable”. Y agrega la declaración de: “Reafirmar la obligación del Estado de continuar con los juicios por delitos de lesa humanidad para conocer la verdad de los hechos y condenar a todos los responsables civiles y militares. Reafirmar el deber del Estado de mantener vivas las políticas de Memoria, Verdad y Justicia como garantía de no repetición en nuestra sociedad”.

El texto reconoce como antecedente el proyecto presentado por el CELS en Diputados en el marco de las celebraciones del Bicentenario. En mayo de 2010, la Cámara baja declaró por unanimidad a los juicios de lesa humanidad “como política de Estado”. En ese texto, el CELS celebraba la reapertura del proceso de justicia y tendía puentes al marcar líneas de continuidad con el trabajo de la Conadep y el Juicio a las Juntas. “El trabajo de la Conadep y el Juicio a las Juntas –señalaba el texto– no se limitaron sólo a la creación de evidencias, el conocimiento de lo sucedido y el juzgamiento de los máximos responsables, sino que contribuyó a la consolidación de los derechos humanos como pilares políticos de la restitución del Estado de derecho y como sustento ético del entramado social.”

En esa misma línea, puede leerse una continuidad con la búsqueda de estos nuevos consensos. Los diputados dicen haber partido de aquel texto con todas sus marcas.

Pero en este nuevo tramo agregaron el acuerdo de caracterizar a la dictadura como “cívico-militar”, lo que es parte de la agenda pendiente en materia de juzgamiento a los empresarios y miembros del Poder Judicial que fueron responsables de crímenes de lesa humanidad.

Para el bloque del FpV, esto fue un “avance” muy importante. “Es muy importante este eje porque es parte de la lucha que estamos llevando adelante –señala el diputado–. Los juicios a los militares no son sólo a integrantes de las Fuerzas Armadas o de Seguridad, sino también a los beneficiarios económicos y que tuvieron participación en esos crímenes. En Diputados ya hemos dado media sanción a la Comisión Bicameral destinada a investigar la complicidad empresaria y financiera. Creemos que esas responsabilidades tienen que ser plenamente discutidas y sancionadas por la Justicia argentina. Así es que consideramos un avance esta definición.”

El proyecto recogió hasta ahora las firmas mencionadas y, entre otras, las de Antonio Riestra, de Unidad Popular de Santa Fe; Juan Carlos Zabalza, del Partido Socialista; Fabián Peralta, de Gen; Adela Segarra, Horacio Pietragalla, Leonardo Grosso y Josefina González, del FpV.

La firma del presidente del bloque del PRO parece ser un aliento por estas horas, pero al mismo tiempo muestra una encrucijada, porque Pinedo integra un espacio político cuyo referente no se muestra convencido de esa continuidad. Macri describió como “un curro” las políticas de derechos humanos. El domingo de las elecciones convocó a “dejar el pasado atrás”, como recuerda el propio Carlotto. Y la política de derechos humanos en la Ciudad de Buenos Aires “ha sido desmantelada y reducida a su mínima expresión”, agrega el diputado. Además, el PRO no acompañó la creación de la comisión para investigar las responsabilidades económicas de la última dictadura ni el proyecto que señalaba que no era posible volver a amnistiar a los represores condenados.

–¿Consideran una garantía que Pinedo firme esta declaración, cuando Macri ya hizo otros planteos? –le preguntó Página/12 a Carlotto.

–Por un lado, nosotros vemos una definición del presidente del bloque del PRO, que es Federico Pinedo, que acompaña el proyecto. Y por otro lado, vemos a Macri, que hace una definición despectiva de los derechos humanos. Lo que queremos es que Macri dé explicaciones y clarifique ante el electorado cuál es su posición respecto del juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad y de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, porque hasta ahora lo que estamos viendo es un desaliento a la continuidad de esas políticas. Por eso es importante que haya definiciones claras. Bregamos y luchamos para que ésta sea una política de Estado que debe continuar hasta que el último de los responsables rinda cuentas.

Además de este proyecto, la comisión abordará otro texto. En este caso, una declaración que señala una preocupación por la situación de malos tratos hacia las víctimas registrados en juicios de lesa humanidad. El proyecto también lleva la firma de todos los bloques. Declara “preocupación por las repetidas situaciones de malos tratos y revictimización que han sufrido testigos y víctimas en el desarrollo de los juicios de lesa humanidad de todo el país. Y expresa que vería con agrado que los Tribunales Orales Federales de todo el país aseguren el cumplimiento tanto de la Acordada 1/2012 ‘Reglas Prácticas’ de la Cámara Federal de Casación Penal como de las declaraciones internacionales sobre protección de testigos”.

El tema también fue discutido en la Comisión Interpoderes. Preocupa a abogados querellantes de las causas de lesa humanidad y aparece entre los relevamientos de la Procuración y el Ministerio de Justicia. Hay situaciones preocupantes, por ejemplo, en el juicio oral al ex fiscal Gustavo Demarchi y a otros diez integrantes de la Concertación Nacional Universitaria (CNU), juzgados en Mar del Plata. Parte de los incidentes se registraron porque el TOF 1 permitió a Demarchi interrogar a testigos. También hay desatención y desaliento entre testigos por los juicios que se realizan con audiencias de un solo un día a la semana, como La Rioja, Salta y Jujuy.

Un represor arrestado

El represor sanjuanino Gustavo Adolfo La Fuente, a quien el Tribunal Oral Federal 2 de San Juan condenó por delitos de lesa humanidad y estaba prófugo desde 2013, fue capturado el viernes pasado en la localidad turística de Villa Pehuenia, en Neuquén. La Fuente fue apresado el viernes por efectivos de la División Operaciones de la Dirección General de Seguridad Interior en el complejo de cabañas Solar de Mahuida, ubicado en la localidad neuquina de Bahía Radal, Villa Pehuenia, Aluminé. La detención fue solicitada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 2 de San Juan, a cargo de Leopoldo Rago Gallo, en el marco de la causa caratulada “C/Castro Angel y otros s/privación ilegal de la libertad personal”. 

El ex militar permanecía prófugo desde 2013, cuando el Tribunal Oral Federal 2 de San Juan lo condenó, junto a siete represores, por delitos de lesa humanidad y pidió que se investigara a varios militares por otros hechos. Desde ese momento, La Fuente también pasó a estar comprometido en el expediente que lleva adelante el juez federal Rago Gallo, por su responsabilidad en delitos cometidos en el Regimiento de Infantería de Montaña 22, ubicado en el departamento sanjuanino de Rivadavia. 

La Fuente está acusado de elaborar los sumarios de las personas que eran detenidas en esa dependencia. Según explicó el fiscal Mateo Bermejo, cuando se blanqueaba a un detenido, es decir que se lo ponía a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, el ya fallecido coronel Juan Bautista Menvielle, jefe del RIM 22, ordenaba que se hiciera un sumario militar que, al igual que en un sumario policial, registraba las primeras investigaciones logradas sobre la persona.

jueves, 22 de octubre de 2015

La Sentencia en el Juicio a la Fuerza de Tareas 5 UN AVANCE EN EL RECONOCIMIENTO DEL GENOCIDIO

Para Ricardo Alberto Nuez, y continuando su lucha.

Desde HIJOS La Plata recibimos con satisfacción varios contenidos del fallo del Tribunal Oral federal N°1 de nuestra ciudad en la causa que juzgó parte de los delitos cometidos por la Armada y la Prefectura en el cordón industrial de Ensenada y Berisso en dictadura.
 Foto de HIJOS La Plata.
 
Saludamos a todas las organizaciones que acompañaron la querella del espacio Justicia Ya La Plata y redoblamos la apuesta para seguir trabajando por el Juicio y Castigos de todos los Genocidas por todos lo compañeros.

En primer lugar el fallo rechazó toda la batería de planteos exculpatorios realizados durante toda la jornada del lunes 19/10 por las defensas de los genocidas, tanto en lo referente a la excepción por falta de acción por prescripción, como de inconstitucionalidad de la nulidad de las leyes de impunidad, de extinción de la acción penal por amnistía, de insubsistencia de la acción penal por afectación al plazo razonable, de nulidad de los alegatos y de participación de algunas querellas, e incluida la nulidad de la ampliación de la acusación que realizó nuestra querella del espacio Justicia Ya.
Y entrando en el terreno de las condenas, hay que decir que todas las condenas fueron resueltas por mayoría de los jueces Carlos Rozansky y César Alvarez, y en constante disidencia de Germán Castelli. Mencionamos esto porque en la mayoría de los futuros juicios a realizarse en La Plata, donde se ha excusado el Dr Rozansky en todas las causas que involucran a Miguel Etchecolatz, estará por verse hacia qué lugares se orienta la sana crítica y la duda razonable del futuro Tribunal Oral Federal N°1, a resolverse en su próxima composición.
Cabe recordar que el pedido de la fiscalía y las querellas fue muy dispar en cuanto al monto de las penas, pero principalmente en lo que refiere a la concepción de los delitos que se estaban juzgando.
En principio la fiscalía, representada por Hernán Schapiro y Juan Martín Nogueira, había desarrollado su concepto de concurrencia de los delitos de Lesa Humanidad con el de Genocidio, y en un análisis sesgado de la significancia de estos juicios para las víctimas y sus familiares, no acompañó el pedido de ampliación de la acusación en la mayoría de los casos en que lo pidió nuestra querella. Además, la fiscalía pidió 6 años de prisión para Antonio Vañek y Juan Carlos Herzberg como autores mediatos por 1 caso de privación ilegal de la libertad, sin tener en cuenta el poder de mando que estos represores tenían y como si se tratara de cualquier hijo de vecino que comete un secuestro.
Sin embargo, a la primera cuestión y al aceptar el pedido de ampliación, el propio Tribunal, en voto del Dr Rozansky, había destacado que “la argumentación de la Fiscalía, carece de razón, toda vez que el planteo de los querellantes, debe ser leído en el contexto de la definición de Foucault de responsabilidad del derecho como productor de verdad. Porque, si en nombre de supuestas garantías, se les niega a las víctimas el derecho a esa verdad – y es obvio que reenviar los planteos a la instancia anterior, donde dormirán el sueño de los justos, es profundamente 'injusto'-, esos derechos invocados por el Ministerio Público Fiscal no producen verdad y por esa razón el proceso no termina siendo justo para el conjunto de las víctimas”.
Abandonando los tecnicismos y receptando el profundo valor de nuestro planteo político de la cuestión, el Dr Rozansky dijo en la oportunidad: “Ninguna verdad puede producir aquel derecho que llega tarde y sobre todo, si se realizan 'reenvíos' a la instancia de instrucción, lo cual en términos tanto biológicos como ético-jurídicos, prácticamente asegura en casos como los presentes, que los hechos investigados quedarán impunes”.
Este fue un importante antecedente sobre la posibilidad de las querellas de avanzar en el debate oral con sus justos planteos cuando los tribunales de instrucción y el Ministerio Público son reticentes a aceptar que la justicia que llega tarde y fragmentada no es justicia.
Pero además, desde nuestra querella dedicamos especial atención a desarrollar en nuestro alegato nuestra concepción de la naturaleza, las motivaciones, las consecuencias y los alcances del delito de Genocidio. Y señalamos que nuestro país es firmante de Tratados Internacionales que rigen la condena de ese delito desde 1956, aunque no haya sido regulado internamente. Por eso dijimos que su no incorporación al código penal no implica que el delito no haya sido receptado dentro del plexo jurídico argentino, y que al momento de dictar sentencias, el Poder Judicial no puede omitir las obligaciones que contrae el Estado, y mucho menos por una falta de acción de otro de los poderes del mismo. Por ello pedimos el cambio de calificación de los delitos juzgados, encuadrándolos en el art. 2 inciso A, B y C de la Convención para la Prevención y Sanción de este tipo de crimen de Estado.
Señalamos también que calificar como genocidio los hechos aquí investigados pone a las víctimas en su lugar pertinente, al arrancarlas del rol de “inocencia abstracta” al que las arroja el concepto de crímenes contra la humanidad, en tanto “población civil indiscriminada”, y entenderlas como un “grupo discriminado” por los perpetradores. Y agregamos que que el genocidio es el más grave delito contra la humanidad, el crimen de crímenes, en cuanto no sólo produce múltiples y variados delitos contra los seres humanos sino que, además, busca erradicar grupos humanos en todo o en parte, produciendo profundas consecuencias sociales sobre el conjunto. Y precisamente, si el Genocidio exige su dolo específico, mostramos claramente que aquí se evidencia: el ataque “discriminado” contra activistas y adversarios del régimen de facto y de los planes que este quería imponer.
Entendiendo todo ello, solicitamos condenas para todos los imputados como coautores del delito internacional de genocidio, que fue receptado por mayoría por tribunal. Las penas de 25 años de prisión a Antonio Vañek, Juan Carlos Herzberg, Carlos Schaller, Luis Rocca y Eduardo Meza; y de prisión perpetua a Jorge Errecaborde, José Casimiro fernández Carró y Eduardo Guitián, además de receptar nuestro planteo de co-autoría del delito de Genocidio, reconociéndolo de manera plena y no como en otras ocasiones “en el marco del genocidio”, son un avance en nuestra batalla para que los crímenes del Terrorismo de estado sean reconocidos como lo que fueron, un Genocidio.

En cuanto a las siempre presentes absoluciones, por mayoría de los jueces Alvarez y Castelli se absolvió a Schaller y Meza por los casos de Córdoba y los hermanos Juan y Miguel Aguirre. Ambos jueces también impusieron mayoría para absolver a Rocca por el caso de Luis Bloga.
Con esto, y pese a haber aceptado el Dr Alvarez la ampliación de la acusación por los 12 casos que planteó nuestra querella, con el argumento de no haberse probado su paso por la sede de Prefectura, los casos Córdoba, de dos de los hermanos Aguirre y de Bloga no recibieron condena.
Cabe preguntarse qué prueba falta a la justicia para reconocer que los hermanos Aguirre y Córdoba (en este último caso presente junto a los jueces y los fiscales en el reconocimiento ocular en el Liceo Naval) estuvieron secuestrados por la FT5 en marzo del '76; y que Bloga afirmó haber sido pasado de la sede de Infantería de la Bonaerense a una dependencia de Prefectura, para ser devuelto a 1 y 60 y ser blanqueado en la Unidad 9. En estos últimos dos caso se dispone la percepción de haberes como víctimas del Terrorismo de Estado, pero no se condena a sus victimarios.

El fallo también realiza un aporte respecto a la verdad histórica y a la reparación laboral o jubilatoria, ya que dispone que el Astillero Río Santiago “mantenga la dispensa de funciones con percepción de haberes” otorgada a 15 trabajadores de la empresa en edad de obtener un beneficio previsional, hasta que estén en condiciones de acceder de manera efectiva a la jubilación, en base a la categoría máxima y abarcando a los familiares con derecho a pensión. A su vez, respecto a los trabajadores víctimas, reincorporados y activos en la actualidad, 11 casos, se dispone extender la medida anterior cuando lleguen a la edad de jubilación.
Por último se insta a los Estados Nacional y Provincial “para que regulen e implementen los mecanismos necesarios para que se les otorgue un beneficio previsional que tenga como base la máxima jerarquía o categoría a la que se vieron privados de acceder por los años de servicios no prestados por su condición de víctimas, debiendo hacerse cargo el Estado de la integración de los aportes no ingresados desde la interrupción arbitraria de su prestación laboral hasta su reincorporación”.
Y se ordena la reparación de los legajos de los trabajadores de Astillero, Propulsora, YPF y Swift víctimas de la causa para dejar constancia de los verdaderos motivos del cese de la relación laboral, tanto en los casos de detenidos desaparecidos, asesinados y sobrevivientes.

En cuanto a las domiciliarias, de las que gozaban 7 de los 8 imputados, se revocaron en su totalidad por mayoría, siempre con la disidencia de Castelli. Reiteramos la gravedad de los sucedido en este juicio respecto de Herzberg, a quien se le encontró un arsenal en la casa, pese a tener 2 condenas anteriores de este tribunal, y cuyo caso pone en duda el efectivo control de los beneficios de la domiciliaria en todos los casos. Con el fallo se avanza en el criterio de que el Estado debe primero garantizar la atención médica a los imputados y condenados que la requieran, pero siempre en sede penitenciaria, y nunca suplir su propia incompetencia en esa cobertura con el otorgamiento masivo de domiciliarias que además no controlará.
También se incluye en el fallo el pedido al Poder Ejecutivo Nacional de nuestra querella del espacio de Justicia Ya de que se desclasifiquen los archivos de la Armada y la Prefectura, así como a que se dé inicio al proceso de baja por exoneración de los condenados, y a la suspensión del goce de toda jubilación, pensión o retiro.

Respecto a aquellos elementos surgidos en el juicio y que no fueron parte de la acusación, se remitirá toda la información al Juzgado de instrucción N°3 de nuestra ciudad, para que se investigue el resto de los crímenes de la Armada y Prefectura, en particular la actividad del Servicio de Inteligencia Naval, y “la posible responsabilidad de las empresas, sus directores y jefes (Astillero Río Santiago, YPF, Frigorífico Swift y Propulsora Siderúrgica)”. No habiendo dado por probada la existencia de un CCD de Prefectura al fondo de la calle Río de Janeiro en Berisso, y habiendo apartado a Bloga como víctima, se remite a instrucción su testimonio y el de Raúl Pastor.

Y sobre la complicidad de la burocracia sindical, en base a los relatos de 13 testigos, tanto sobrevivientes como familiares, se sugiere investigar en instrucción en la causa residual 17/2012 “a todos los funcionarios de los sindicatos que tenían representación de los trabajadores al momento de los hechos, por la posible comisión de delitos de acción pública”. Es significativo que habiendo surgido claramente la responsabilidad del secretario general de ATE Ensenada en dictadura, Juan Carlos Marín, así como de los jerarcas de La UOM, el SUPE y el Sindicato de la Carne, en el fallo no se mencionen sus nombres entre los cómplices consignados a modo general.
En lo que respecta a los ex Centros Clandestinos de Detención, la sentencia exhorta a Nación y Provincia a que “se erijan en sitios de memoria con su correspondiente señalización los edificios en los que funcionaron, según se probó en este juicio, centros clandestinos de detención, dándose participación a las víctimas en la tarea”. Hace lo propio con las autoridades de las entonces Propulsora Siderúrgica, Destilería de YPF y Polígono Industrial de Berisso para erigir un monumento recordatorio de las víctimas en sus instalaciones, y al Directorio de Astillero para que se señalice el lugar donde ya se encuentra el recordatorio de las víctimas realizado por exclusiva voluntad de los trabajadores. Y se pone en conocimiento de la sentencia al Ministerio de Defensa, y autoriades educativas de la Provincia, de Berisso, ensenada y de la UNLP, especialmente a los decanos de Humanidades y Derecho (aclaramos, debería ser Psicología), para que “evalúen la
inclusión de este pronunciamiento en los planes de estudios de los distintos estamentos educativos a su cargo”.

Desde HIJOS venimos rechazando el concepto de “resignificación” de los ex CCD que realiza el Estado, y ya denunciamos la apropiación del predio del Batallón de Infantería de Marina N°3 por parte de la Universidad Nacional de La Plata. Así como la situación de abandono total del edificio del Liceo Naval que funcionó como chupadero. En este último caso se encuentra aún en manos de la Armada, plagado de basura, sin custodia ni preservación alguna, habiendo sufrido construcciones recientes y tapiados sus cerramientos frontales con placas de fenólico.
Seguimos denunciando la contradicción para el Estado que significa emplazar una Universidad Nacional en un CCD como ocurrió con el BIM3. Seguimos sosteniendo que es un deber del Estado la preservación de esos lugares como prueba judicial y luego como elemento de enseñanza de la historia de lucha de nuestro pueblo. Y aún con este fallo, no nos alcanzan los museos, ni las placas, ni los monumentos para contener el profundo compromiso de toda una generación de luchadores populares que dejaron su vida por la causa del Socialismo. Sólo nos queda continuar su lucha.
Como dijimos antes de conocer este fallo, seguimos sosteniendo que en este juicio no estuvieron todos los genocidas y sus cómplices, ni todos los compañeros víctimas de la Fuerza de Tareas 5.
Por la justeza de ese planteo seguiremos trabajando por:

JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS POR TODOS LOS COMPAÑEROS.
JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES CIVILES (EMPRESARIOS, JUECES, CURAS Y BURÓCRATAS SINDICALES).
RESTITUCIÓN DE NUESTROS HERMANOS APROPIADOS.
BASTA DE BANALIZAR LOS CENTROS CLANDESTINOS DE DETENCIÓN.


HIJOS La Plata
Octubre de 2015

lunes, 12 de octubre de 2015

Los genocidas detenidos en la Cárcel de Mujeres Madres deben volver a Marcos Paz

Genocidas a Marcos Paz

(APL) La Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata hizo lugar al hábeas corpus colectivo y dejó sin efecto una fallo judicial que avaló la decisión del Servicio Penitenciario Federal a trasladar a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad al un complejo albergado por mujeres. Cómo se recordará, esta Agencia denunció en diversas ocasiones de qué modo la presencia de 100 genocidas había afectado las condiciones de encierro de mujeres y niños de la U-31 y provocó el “reboleo” a regímenes más duros de 30 detenidas. Con este fallo a favor del habeas, presentado por los abogados de la PPN Ariel Cejas Meliare y Verónica Blanco, en nombre de “la totalidad de las mujeres detenidas”, los ex tiranos deberán volver Marcos Paz y los espacios que fueron reformados en beneficio de los genocidas y en perjuicio de las mujeres, deberán a reconstruirse como los talleres, aulas y lugares de recreación. El Tribunal ordenó que en el plazo de 20 días se proceda a desalojar a los internos hombres y se reintegre a sus antiguos alojamientos a las internas desplazadas.

La Cámara, al hacer lugar a un hábeas corpus por indebida modificación de las condiciones de detención, dejó sin efecto la resolución 557/14 del director del Servicio Penitenciario Federal, por la que dicho funcionario dispuso el traslado y alojamiento de internos hombres afectados a causas por delitos de lesa humanidad alojados en el penal de Marcos Paz, a la Unidad 31 de Ezeiza diseñado para albergar mujeres –incluso embarazadas- acompañadas de sus niños de hasta 4 años.

Los jueces Antonio Pacilio y Carlos Alberto Nogueira ponderaron lo dispuesto por el art. 176 de la ley 24.660, en cuenta prescribe que los establecimientos de detención deben ser organizados separadamente para los hombres y para las mujeres, como así también los antecedentes históricos y la Convenciones Internacionales aplicables sobre la materia.
Asimismo, consideraron que dicho plexo legislativo y convencional no admite ser soslayado con medidas impeditivas de contacto como las adoptadas por las autoridades carcelarias.
Los magistrados cuestionaron el carácter transitorio del traslado no solo por el tiempo transcurrido desde su efectivización (más de un año) y la indefinición temporal acerca de la construcción y puesta en funcionamiento de una nueva cárcel destinada al colectivo masculino, sino también por la existencia de determinadas acciones que otorgan a la resolución administrativa una condición de permanencia.

El Tribunal ordenó que en el plazo de 20 días se proceda a desalojar a los internos hombres y se reintegre a sus antiguos alojamientos a las internas desplazadas.

lunes, 5 de octubre de 2015

Uruguay : Ubican archivos ocultos de la dictadura robados por ex jefe de Inteligencia militar

Ubican archivos ocultos de la dictadura robados por ex jefe de Inteligencia militar
Justicia allanó la casa del ex director de Inteligencia del Estado, Elmar Castiglioni, y se incautó de decenas de cajas con documentación secreta, según confirmó Sudestada

El coronel retirado Elmar Castiglioni (derecha) durante la reunión de represores en Buenos Aires en agosto de 2014. Foto: Sudestada

En un procedimiento que duró al menos 8 horas, la jueza Beatriz Larrieu y el fiscal Carlos Negro –secundados por un grupo de policías de confianza–lograron verificar que el material documental encontrado refiere a diversos hechos sucedidos durante el período de Terrorismo de Estado.

El material contiene documentación catalogada de secreta y reservada por las Fuerzas Armadas durante los años en que usurparon el poder de gobierno.

Aunque la verificación no pudo ser exhaustiva, en esas horas se logró acopiar todo lo que se creyó relevante para la investigación y se lo guardó en cajas. El volumen del material es tal que la camioneta al servicio del Poder Judicial fue llenada hasta el tope. Luego partió custodiada por vehículos policiales rumbo a un depósito reservado sobre el que se mantiene vigilancia estricta.

El allanamiento se produjo en la mañana del viernes 2, en una casa de Luis Alberto de Herrera y Thompson, donde hasta hace algunas semanas vivía el coronel retirado Elmar Castiglioni, que falleció a los 62 años.

Este militar fue subdirector del Centro de Altos Estudios Nacionales y jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado, quien en su momento tildó de “insignificantes” las cifras de muertos a manos del Estado durante la dictadura uruguaya. Era sobrino de uno de los más grandes homicidas de las décadas de 1960 y 1970, el jefe de Inteligencia policial, Víctor Castiglioni, también fallecido.

Elmar Castiglioni robó parte de los archivos de Inteligencia del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) y del Servicio de Información de Defensa (SID) y lo guardó en su casa, de acuerdo a una investigación de contrainteligencia realizada en 2007 por orden de la ex ministra de Defensa, Azucena Berruti.

El proceso político interno en el Ministerio de Defensa que derivó de aquella acción de contrainteligencia, una vez que la ministra dejara el cargo el 3 de marzo de 2008, fue narrado por el periodista Samuel Blixen en un artículo del semanario Brecha.

El expediente quedó sobre el escritorio del ministro sucesor, José Bayardi, que en un año y medio de gestión –se fue el 31 de agosto de 2009– no activó los mecanismos que Berruti preveía poner en práctica para recuperar los archivos y procurar que se hiciera justicia, según los datos reunidos por Blixen.

"En la concepción de Berrutti la inteligencia militar era un objetivo prioritario en una especie de descentralización, que permitiera a militares y civiles realizar la tarea de inteligencia por fuera de la cadena de mando. El objetivo se alcanzó plenamente en el último tramo de 2007 cuando se puso en ejecución una delicada tarea de contrainteligencia para ubicar el archivo completo del Sid y del Ocoa, cuya versión parcial –y depurada– había incautado la ministra en 2006. Dos coroneles fueron responsables de la investigación que implicaba, naturalmente, investigar a colegas. Finalmente, cuando la búsqueda arrojó resultados, fue directamente informado el comandante del arma, el general Jorge Rosales", escribió Blixen en Brecha

Y añadió: "El trabajo de contrainteligencia había detectado que un coronel de inteligencia en actividad había sustraído un archivo militar (decenas y decenas de miles de fojas, carpetas, fotografías y microfilmaciones) y que lo había ocultado en su domicilio particular. La contrainteligencia estaba, en enero de 2008, en condiciones de allanar la casa del coronel –ya en situación de retiro– cuando se produjo una situación política que obligó a la ministra Berru­tti a elevar su renuncia al presidente Vázquez. Explicada la renuncia por razones de salud, la misma demoró en concretarse por pedido de Vázquez. El subsecretario Bayardi quedó a cargo del ministerio y fue confirmado en el puesto el 3 de marzo de 2008. A la ministra Berrutti y a sus asesores les preocupaba el expediente de contrainteligencia, en tanto los oficiales a cargo aguardaban una orden para actuar, que el ministro interino demoraba. Como resultó imposible coordinar, la doctora Berrutti solicitó una entrevista con Vázquez. Concurrió con sus asesores, y ante el presidente y el secretario Fernández detalló la delicada y peligrosa situación. Vázquez se lamentó de la inacción de Bayardi, pero, que se sepa, el episodio no avanzó, ni con Bayardi ni con su sucesor Fernández Huidobro".

Por Defensa también pasaron los ministros Gonzalo Fernández (2009-2010), Luis Rosadilla (2010-2011) y Eleuterio Fernández Huidobro, que se mantiene hasta el presente.

El allanamiento de la justicia se produce en el marco de una investigación que se encontraba archivada pero que se reabre por la nueva información que llegó al juzgado, y que propició la orden de allanamiento. Se trata del caso de homicidio del militante comunista, Fernando Miranda, secuestrado y desaparecido en 1975, cuyos restos fueron encontrados en 2006, enterrados en el Batallón 13.

Las fuentes se mantienen reservadas en el proceso, pero la prueba fundamental para que la justicia irrumpiera en la casa de Castiglioni fue aquel informe de contrainteligencia ordenado por Berruti.

Las fuentes de la investigación consultadas por Sudestada,  dijeron que se presume que entre los cientos de documentos confiscados se encuentra el llamado archivo “Víctor Castiglioni”, del que supuestamente no se conocía el paradero en la vieja Dirección Nacional de Información e Inteligencia.