domingo, 14 de julio de 2019

Tribunal italiano condena a cadena perpetua a militares uruguayos por el Plan Cóndor

MONTEVIDEO  — Un tribunal en Roma condenó en segunda instancia a militares uruguayos por su responsabilidad en el Plan Cóndor, la coordinación represiva de las últimas dictaduras del Cono Sur de América, informó la exdirectora de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de Uruguay, Mirtha Guianze.

"Histórico; tribunal en Roma condenó en segunda instancia a 14 militares uruguayos, absueltos en primera instancia, entre ellos [Jorge Nestor] Troccoli, cadena perpetua; los fundamentos se leerán en 90 días", publicó Guianze en la red social Twitter.

El Plan Cóndor fue el mecanismo de coordinación de varias dictaduras sudamericanas en los años 70 y 80 para capturar, detener y asesinar a opositores.

El Tribunal de Apelación de Roma condenó este 8 de julio a prisión perpetua a un total de 24 militares y autoridades de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay por la desaparición y muerte de una veintena de italianos en el marco del Plan Cóndor.

Entre los sentenciados se encuentran 14 uruguayos, entre ellos Jorge Nestor Tróccoli, Ricardo Eliseo Chávez, Pedro Mato Narbondo, José Ricardo Arab, José 'Nino' Gavazzo y Juan Carlos Larcebeau.

Tróccoli es el único presente en el proceso, ya que se encuentra en Italia desde 2007.
El tribunal cambió así la sentencia en primera instancia de 2017, en la que se dictaron ocho cadenas perpetuas y 19 imputados fueron absueltos por prescripción de los delitos.

El 18 de marzo pasado, la Fiscalía de Roma pidió volver a evaluar las sentencias en primera instancia y condenar a cadena perpetua a los 24 acusados.

El proceso en el tribunal romano llevaba 20 años. 

viernes, 5 de julio de 2019

"Mi padre fue el obstetra de la maternidad clandestina de Campo de Mayo y no lo perdono"

ERIKA LEDERER

"Mi padre fue el obstetra de la maternidad clandestina de Campo de Mayo y no lo perdono"
Desde un grupo de Facebook convoca a los hijos de represores a juntarse: "La consigna es reunirnos para aportar datos, contar historias que a otros les sirvan. Reunirnos para sanar porque no hay noción de los daños que aún se siguen produciendo".

Por Guillermo Lipis

Erika Lederer, la hija del segundo jefe de la maternidad clandestina de Campo de Mayo, nunca se reconcilió con su padre y luego de la marcha del 2x1 contra la acordada de la Corte Suprema de Justicia, se propuso "reunir a los hijos de los genocidas que jamás avalamos sus delitos, a los que gritamos en sus caras la palabra asesino y Memoria, Verdad y Justicia".

El nombre de Ricardo Lederer surgió en los casos de apropiación de bebés en la maternidad clandestina de Campo de Mayo, juzgados bajo la caratula "Riveros, Santiago Omar y otros por privación ilegal de la libertad, tormentos, homicidio, etc.", en la que se determinó que "en ese centro clandestino también fueron detenidas-desaparecidas decenas de mujeres embarazadas".

En el contexto de esta causa, la enfermera Lorena Josefa Tasca informó que le tocó "intervenir en tres casos de mujeres no registradas: uno en epidemiología, otro en la cárcel de Campo de Mayo, y otro fue un parto" y señaló al doctor (capitán) Ricardo Lederer como "el segundo jefe militar de Obstetricia". Pero Erika recordó que "también estuvo involucrado en los vuelos de la muerte" cuando tiraban detenidos-desaparecidos al Río de la Plata, y se sumó a los 'carapintadas'.

A pesar de estos hechos, el capitán Lederer vivió en libertad hasta que el pasado le cobró la factura: Se suicidó de un tiro en la boca a pocas horas de haberse difundido la restitución de identidad del nieto recuperado 106, Pablo Javier Gaona Miranda -en agosto de 2012- cuando se supo que con su firma avaló la identidad falsa con la que fue entregado a sus apropiadores, con un mes de vida, luego de un operativo en el que secuestraron a sus padres biológicos, María Rosa Miranda y Ricardo Gaona Paiva.

-T (Télam): ¿Odia a su padre?
-EL (Erika Lederer): No lo perdono, no sé si lo odio. También me preguntaron si lo quería, pero no me hago esa pregunta… No tuve odio, tuve tristeza porque quise que cambiara…

Dos días después de la marcha contra la decisión de la Corte, en la convocatoria contra el 2 x1, Erika escribió en su Facebook: "Pienso en voz alta: Los hijos de genocidas que no avalamos jamás sus delitos, esos que gritamos en sus caras la palabra asesino y Memoria, Verdad y Justicia, por pocos que seamos, podríamos juntarnos, para aportar datos que hagan a la construcción de la memoria colectiva".

"Aún con la panza revuelta por los recuerdos y los ojos con ganas de seguir llorando, se me cruzó esa idea por la cabeza y el corazón. Juntarnos para hilvanar la historia, para producir dato, dejar testimonio y ayudar a que se sepa. Me ofrecí a gestarlo y a darle forma casi como una necesidad".

-T: ¿Qué eco está teniendo su propuesta?
-EL: La expectativa es que se vaya sumando gente para generar relatos de estas historias que dejaron huella. Y para eso hay una página de Facebook en la que vamos encontrándonos. Se llama Historias Desobedientes y con Faltas de Ortografía ).
Nos va a servir para reconstruir nuestros relatos, rellenar algunas lagunas y lograr historias habitables. Nos vamos juntando de a poco. Es muy loco no haber tenido conexión antes. Lo primero que dije es que no voy a perder un minuto en discusiones que ya no doy porque la queja no sirve de nada. La consigna es reunirnos para aportar datos, contar historias que a otros les sirvan. Reunirnos para sanar porque no hay noción de los daños que aún se siguen produciendo.
También destaco que no nos ponemos en pie de igualdad con los hijos de desaparecidos. En todo caso estamos al servicio, pero no nos sentimos con voz.

"Por pocos que seamos, podemos juntarnos para aportar datos que hagan a la construcción de la memoria colectiva", afirmó Erika a Télam -en esta entrevista exclusiva- y ratificó su propuesta que comenzó a tomar forma luego de la marcha del 10 de mayo y la publicación de la entrevista que la revista Anfibia le hiciera a la hija del genocida Miguel Etchecolatz.

-T: ¿Reconoce algún punto de inflexión en el que perdió la esperanza de entenderte con él?
-EL: ¿Cuándo perdí la esperanza de que se arrepienta…? Puedo indicar tres momentos diferentes. El primero fue cuando me di cuenta que los militares eran impiadosos a la hora de generar violencia sobre los cuerpos: En una oportunidad mi viejo le puso una pistola en la cabeza a mi mamá delante mío cuando yo tenía 15 años. Ahí entendí que era capaz de hacer cualquier cosa. El segundo fue a mis 24 años, cuando realizó una requisa de mi habitación. Yo no estaba en casa y entró a revisar mi pieza y tiró todo. Revolvió hasta encontrar unos periódicos que había dejado escondidos en la biblioteca. A los pocos días decidí irme de mi casa. Y otro, por ejemplo, fue cuando vino a ver a mis hijos antes de suicidarse. Poco antes le había mandado un mensaje de texto y le escribí 'Memoria, Verdad y Justicia'. Cuando llegó le pregunté si pensaba arrepentirse y me dijo que no. Creo que cuando visitó a los chicos ya le rondaba la idea del suicidio porque luego me llamó para decirme que me quería, no hablábamos muy seguido.

Le había mandado un mensaje de texto y le escribí 'Memoria, Verdad y Justicia'. Cuando llegó le pregunté si pensaba arrepentirse y me dijo que no”

-T: ¿Qué recuerdos tiene del vínculo con tu padre?
-EL: Uff… que estaba loco, de hecho le decían 'El loco'. Mi viejo era bipolar y muy violento, sobre todo conmigo porque siempre lo interpelé, era la oveja negra de la familia. Su violencia dependía del día a día y yo lo detectaba mirándolo a los ojos. Podía ser extremadamente feroz y de golpe muy cariñoso. Vivíamos en un campo minado todo el tiempo.

-T: ¿Cuándo se dio cuenta a qué se dedicaba en verdad?
-EL: Alrededor de tercer grado, 8 años, recuerdo que apareció una nota en Página/12 en la que mi papá defendió a Camps, de quien era íntimo amigo e iba a visitar a la cárcel hasta que se murió. En ese momento empezaron a decirme que no hablara de esas cosas en el colegio y no entendía por qué. Esto me sembró una duda de las buenas y me dio mucha vergüenza. Recuerdo que al mismo tiempo dejé de creer en Papá Noel. Pero mi viejo, que tenía un sadismo especial, ya había trabajado como forense de la Policía Bonaerense. Recuerdo que comíamos con fotos de muertos sobre la mesa.

-T: ¿Reconoce algún aspecto suyo en su propia forma de actuar o su personalidad?
-EL: Me considero temeraria, no tengo miedo (como él), y eso me ayudó a enfrentarlo. Fui educada con valores de mierda, pero uno de ellos me fue muy útil: la gallardía. Lo peor que se puede hacer para defender una idea es no tener coraje.

-T: ¿Pensó en cambiarse el apellido como la hija de Etchecolatz?
-EL: No. Mi apellido no es tan conocido, pero además decidí hacerme cargo de la mierda que me tocó. En una época me daba vergüenza decirlo, nos constituimos a partir de la subjetividad; y desde ahí podemos construir otra cosa. Por eso es que me consideran una traidora, un hecho que hasta hoy tiene efectos en mi vida. Familias como la mía tuvieron que vivir disociadas entre los afectos y la razón porque había que seguir conviviendo y mirarse a los ojos. Pero cuando se rompió el pacto de silencio se destrozaron los vínculos y las sanciones del clan fueron encarnizadas. En mi caso, por ejemplo, mi hermano no me da pelota, y con mi madre me llevo muy mal porque creo que tuvo una ignorancia dolosa; sabía lo que pasaba pero se hizo la boluda.

viernes, 31 de mayo de 2019

La causa Contraofensiva y los vuelos de la muerte

“4000 fueron tirados vivos al mar”

El ex cabo Nelson González dio detalles sobre la represión a los militantes montoneros en Campo de Mayo. El fusilamiento de Frías y Zucker.

Se desarrolla el jucio oral de la causa conocida como Contraofensiva.


En el marco de la llamada causa Contraofensiva, que investiga delitos de lesa humanidad cometidos por la última dictadura cívico-militar en los años 1979 y 1980, el último martes el ex militar Nelson Ramón González declaró como testigo y aportó información clave sobre los vuelos de la muerte y el mecanismo de secuestros, torturas y desapariciones puesto en marcha por el Ejército desde su accionar en Campo de Mayo. Además, brindó detalles sobre el fusilamiento de Federico Frías, de Marcos “Pato” Zucker –hijo del actor Marcos Zucker– y de otras dos personas que aún no fueron identificadas. “El testimonio de González es muy importante, porque pone en la escena judicial algo que no había sido judicializado hasta el momento y, al mismo tiempo, contribuye a entender el nervio central de la represión en toda la Argentina”, consideró Pablo Llonto, abogado querellante en el juicio.

Por videoconferencia desde Neuquén, González declaró ante el Tribunal Oral Federal 4 de San Martín, integrado por los jueces Esteban Rodríguez Eggers, Alejandro De Korvez y Matías Alejandro Mancini. Durante el primer tramo de su relato, confirmó que tuvo como destino Campo de Mayo para el momento de la Contraofensiva, el nombre con el que se llamó al regreso de un grupo de militantes montoneros al país entre 1979 y 1980. En seguida, contó que los fusilamientos de los militantes secuestrados Zucker y Frías sucedieron en la zona del polígono de tiro del predio, y que de ellos participaron algunos jefes del Ejército. Consultado sobre qué habían hecho los militares tras los fusilamientos, González soltó: “Con todo respeto por los familiares, los quemaron ahí con cubiertas. Lo reconoció Taborda, que era el encargado de sección”. 

Además, el ex cabo de Caballería agregó que por Campo de Mayo “pasaron unas cuatro mil personas que luego fueron arrojadas vivas al mar”. Según precisó González, los vuelos de la muerte salían de la Compañía de Aviación: “Era sabido en todo Campo de Mayo. Ahí estaban los aviones Fiat y los vuelos salían de ahí. En todos lados se comentaba”, completó.

“González habló, según dijo, porque le pesa en la conciencia haber formado parte de un Ejército en el que él no quería estar. Su testimonio fue muy valiente, muy transparente y muy veraz”, observó Llonto, en diálogo con PáginaI12. El abogado destacó la importancia del relato de González, quien “explicó claramente que había un grupo de ocho oficiales permanentes, con un sistema de rotación por el cual se nutría de otra gente que provenía de distintos lugares de Campo de Mayo”, principalmente, de los centros clandestinos de detención que funcionaron allí, conocidos como La Escuelita y Los Tordos. Además, el testigo señaló que funcionaban “con comisiones rotativas de dos meses, bajo el comando de la patota y de los grupos de inteligencia, sobre todo del Batallón de Inteligencia 601”.

El juicio de la Contraofensiva fue suspendido dos veces y comenzó, finalmente, el 12 de abril pasado. En él serán juzgados nueve represores por 94 acusaciones por delitos de lesa humanidad y contará con el testimonio de más de 250 testigos. La particularidad de esta causa es que el eje estará puesto, no en los crímenes de lesa humanidad cometidos en centros clandestinos, sino en la estructura de inteligencia que montó el Ejército desde sus operaciones en Campo de Mayo para llevar a cabo un plan ilegal de secuestros a militantes montoneros que vivían en el exilio. “El objetivo, en primer lugar, es apuntarle a la gran estructura, es decir, a la Jefatura II del Estado Mayor del Ejército, al Batallón de Inteligencia 601 y al Destacamento 201 que funcionaba en Campo de Mayo”, explicó Llonto. “Sabemos que la nómina de imputados es bastante pequeña, pero esta causa va a mostrar gran parte del organigrama para entender que la inteligencia no era solo obtener información bajo tortura, sino también hacer contrainteligencia, generar noticias simuladas y hacerlas circular en los medios de comunicación y hacer tareas de infiltración, entre otras”, dijo.

La lista de imputados la integran Raúl Guillermo Pascual Muñoz, ex jefe del departamento de personal del Estado Mayor, y los miembros del Destacamento de Inteligencia 201, Carlos Blas Casuccio, Jorge Eligio Bano, Eduardo Ascheri, Marcelo Cinto Courteaux y Alberto Daniel Sotomayor. Además, incluye a Roberto Dambrossi y Luis Angel Firpo, del Batallón 601, y al ex jefe de la división de Inteligencia Subversiva Terrorista del Departamento Interior de la Jefatura II de Inteligencia del Estado Mayor General del Ejército, Jorge Norberto Apa.

Por último, el abogado destacó que el juicio servirá “para tirar abajo todas las historias malas que tiene la contraofensiva y comenzar a pensarla como una acción muchísimo más amplia que tuvo que ver con la resistencia a la dictadura”. “Esta telaraña gigante de desinformación que cubrió al país durante tanto tiempo se está empezando a descubrir”, aseveró.

Informe: Sibila Gálvez Sánchez.

viernes, 24 de mayo de 2019

Extradición de un ex policía de la junta (Le Parisien)

 
LE PARISIEN : 
Extradición de un ex policía de la junta: "Mario Sandoval debe ser juzgado en Argentina"
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Flora Genoux, corresponsal en Buenos Aires (Argentina).
24 de mayo de 2019, 8:17 am

De izquierda a derecha, Laura y Beatriz Abriata y Mónica Dittmar, respectivamente la hermana, madre y esposa de Hernán, exigen la extradición de Mario Sandoval por su presunta participación en su desaparición. LP
La familia de Hernán Abriata, quien murió bajo la dictadura argentina, espera con la esperanza de que Mario Sandoval, el oficial de policía que lo arrestó, sea extraditado de Francia para ser juzgado.
Es una luz pálida de otoño que cae en la sala de estar de Beatriz Abriata, 92, en Buenos Aires. Pero cuando menciona la posible extradición del policía sospechoso de estar en el origen de la desaparición de su hijo Hernán, sus ojos se incendian: "¡Si es necesario, lo esperaré en el aeropuerto! El regreso al territorio argentino de Mario Sandoval, ex oficial de policía de la dictadura militar (1976-1983) abriría la posibilidad de un juicio y el epílogo de una lucha de más de cuarenta años.

"Desde el arresto de mi esposo Hernán, no hemos dejado de pedir justicia y la verdad", dijo Mónica Dittmar, quien recuerda que la policía irrumpió en su casa en medio de la noche. noche. La joven pareja había estado casada durante ocho meses y su esposo tenía 25 años. "Mario Sandoval me presentó sus documentos diciendo que era un procedimiento de rutina simple y que sabríamos más al día siguiente", recuerda la joven novia que se ha vuelto sexagenaria desde entonces. La joven pareja abrazó fervientemente los ideales de un joven militante de izquierda en la universidad. "Ambos decidimos estudiar arquitectura para construir un mundo con viviendas dignas y más justicia social. "

"Había un ambiente de miedo"
Deportista, curioso amante de la música y guitarrista, Hernán acude a barrios marginales para ayudar a construir hábitats saludables. "El resto del tiempo, éramos como los jóvenes de nuestra época, escuchábamos rock y los Beatles", sonrió Mónica suavemente. El golpe militar y la persecución de activistas políticos obligan a la joven pareja a vivir en guardia. "Había una atmósfera de miedo, vimos autos militares que giraban en la calle y arrestaban a la gente", recuerda Mónica.

Pero sus precauciones no fueron suficientes: "¿Por qué? Por qué ? ¿Qué hizo mi hijo? ¡Era inocente! ¡Me pone enfermo! "Beatriz que, desde el arresto de Hernán se unió a la ronda de madres en la Place de Mai que aún hoy reclaman la verdad sobre los 30.000 desaparecidos de la dictadura.

Con el regreso a la democracia, en 1983, la familia espera el regreso de Hernán, en vano. "Los cadáveres de desaparecidos aparecieron en las playas, empezamos a comprender", suspira Mónica, quien durante años saltó y corrió tan pronto como vio una nuca de pelo rizado en la calle para descubrir, siempre, una cara que no era. No la de su amada.

Ante la ausencia de cuerpo y justicia, Laura, la hermana menor de los desaparecidos, evoca un luto imposible. "He estado viviendo con una daga en mi corazón por más de 40 años. Hernán está constantemente presente, en mi vida, todos los días en casa paso por delante de su foto y lo saludo. Mónica abunda: "La desaparición de Hernán nos ha destruido a todos, todos hemos sufrido. La extradición de Mario Sandoval sería solo un primer paso, entonces queremos que sea juzgado aquí en Argentina. "

domingo, 17 de marzo de 2019

La Tablada : Día 15 del juicio por los desaparecidos de La Tablada

Día 15 Juicio por los desaparecidos de La Tablada



En una nueva audiencia del juicio que busca saber qué pasó con José Díaz, uno de los cuatro desaparecidos de La Tablada, le tocó el turno de hablar al responsable de tanta barbarie. El ex General Arrillaga amplió su declaración, envuelto en la férrea voluntad de negar lo innegable y sostener la impunidad que lo acompañó 30 años. Antes de comenzar, el tribunal le consultó si podíamos registrar su testimonio en formato audiovisual, en vivo, a lo que Arrillaga se negó. (Por El Diario del Juicio*)'..........

domingo, 11 de noviembre de 2018

Nueva domiciliaria (no efectiva) de Etchecolatz

CRITERIOS ENCONTRADOS

Un fallo del TOF 1 de La Plata convalidó la domiciliaria (no efectiva) que el genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz había obtenido en la causa por el CCD “El Infierno”. La opinión del tribunal platense se contradice con el criterio de Casación y de la Corte Suprema en el tema. Lo que en verdad está en juego es  la transformación de los procesos por crímenes gravísimos e imprescriptibles en una mera formalidad.

Por HIJOS La Plata
https://es-la.facebook.com/HIJOS.LaPlata/

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Con idas y vueltas de matriz novelesca la discusión jurídica por el otorgamiento del beneficio de la prisión domiciliaria al genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz está llegando a lugares insospechados.

El 26 de octubre Etchecolatz recibió su cuarta condena a perpetua, esta vez en la causa por los CCD “Puente 12-Brigada Güemes- Comisaría de Monte Grande”. Cuatro días después la Corte Suprema de Justicia convalidó un planteo del Fiscal General ante Casación que había  apelado el otorgamiento de la domiciliaria en la causa llamada “Circuito Camps”, juzgada en 2012. Pero una semana después todo pareció volver atrás. El 7 de noviembre el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, integrado por los jueces Germán Castelli, Alejandro Esmoris y Pablo Vega, hizo lugar a la prisión domiciliaria del genocida en la causa por el CCD de la Brigada de Investigaciones de Lanús con asiento en Avellaneda, conocido como “El Infierno”. En verdad el fallo convalida una decisión ya tomada en el mismo sentido por el tribunal en agosto de 2016, que fue revocada por Casación, pero que los jueces platenses volvieron a revalidar en julio de 2017 tras realizarle obligadamente estudios al genocida a través del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema.

Razón Humanitaria

En su fallo el TOF 1 elude las recomendaciones de Casación, que dijo que la edad no justifica la concesión automática del beneficio y que el reo puede continuar en cárcel común y con la atención médica adecuada. El juez Castelli dramatiza al extremo en su voto al exponer que el genocida de “casi 90 años y graves patologías, crónicas, evolutivas y sin cura, que, a entender, por ejemplo, de los médicos de la unidad podrían dar lugar a un intempestivo desenlace mortal (…) reflejan, de manera descarnada, las muy altas probabilidades de que Etchecolatz fallezca en la cárcel. O, en otras palabras, purgue pena hasta la muerte”. Recordemos que Castelli fue en fallos anteriores el mentor de la “razón humanitaria” para mandar al genocida a su casa.

El voto de Alejandro Esmoris, que intentó aplicar el 2x1 a dos represores de nuestra jurisdicción (pero antes lo había efectivizado en Mar Del Plata), no podía quedarse atrás. Esmoris relativiza prioridades e invierte argumentos para ponderar que no por estar con domiciliaria “el Estado Argentino cae en inobservancia de normativa internacional respecto de la obligación de perseguir, juzgar y castigar adecuadamente toda violación a los derechos humanos”. Luego avanza afirmando que “las particulares condiciones de salud permiten aseverar que su mantención en un establecimiento penitenciario compromete su estado físico”, cuando el informe del Cuerpo Médico Forense dice que está “clínica y hemodinámicamente compensado en su estado de salud física con la medicación instituida”. Finalmente Esmoris sobrevalora un punto del informe que dice que el genocida es “es autoválido parcialmente” y necesita “ayuda de terceras personas para cambios de decúbito y para trasladarse, ya sea en silla de ruedas y/o con la asistencia de un bastón”, con lo cual define sin más que “se trata de una persona minusválida”.

Con diferente criterio, pero sin perder el sentido común, el juez Vega afirmó en su voto en disidencia que “parece más que discutible sostener que (…) el interno en cuestión se encuentre más resguardado y contenido al cuidado de su mujer de 68 años, que en un centro hospitalario que le viene garantizando, incluso, llegar a los 90 años sin mayores complicaciones que las propia de la edad”. El verano pasado Vega visitó al genocida en su domiciliaria de Mar Del Plata y confirmó en persona que no tiene enfermera más que su esposa. Con ello sostuvo el planteo de que “el Estado Argentino no incurre en responsabilidad internacional si mantiene la situación de detención” en cárcel común de Etchecolatz, y que “muy por el contrario, ello más bien le garantiza el derecho a la vida y a la integridad personal, en los términos en que lo exige la jurisprudencia de la Corte IDH”. Si el criterio de liberar a los presos enfermos porque el Estado no les puede garantizar el cuidado médico se generalizara, las cárceles federales estarían vacías. En septiembre pasado un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación reveló la existencia, sólo en el año 2017, de más de 5.320 casos de torturas y malos tratos en las cárceles argentinas, básicamente agresiones físicas, aislamiento, malas condiciones de detención y falta o deficiente asistencia de alimentación y salud. De allí el carácter privilegiado de las decisiones de muchos jueces sobre la situación de los genocidas.

Lo que está en juego

El caso de Etchecolatz es paradigmático en varios sentidos, ya que se encuentra condenado por la apropiación de Carmen Gallo Sanz, en el proceso de 2006, en la causa “Circuito Camps”,  en los homicidios de Marcelo Bettini y Luis Bearzi, en la causa “Favero-Álvarez”, y en la cusa por el CCD “Puente 12 – Güemes-Monte Grande”. Pero además está en juicio en la causa “Brigada de San Justo”, y a la espera del debate en las causas “Pozo de Quilmes”, “Pozo de Banfield”, residual de “Pozo de Arana” y por el secuestro y las torturas al ex diputado provincial del Frejuli Mario Medina. Completan su prontuario la causa que lo tiene imputado en el expediente 7421 en instrucción en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de Lomas de Zamora.
El año pasado el genocida había conseguido el beneficio en la mayoría de las causas en las que está involucrado. Lo hizo tras utilizar una huelga de hambre que empeoró su estado de salud para presionar a los jueces sobre la decisión a tomar. Así en un total de 13 causas obtuvo la domiciliaria en 4 y el cese de prisión preventiva en 6. En el verano de 2018 hizo efectiva la domiciliaria y pasó algunos días en su chalet del Bosque Peralta Ramos, pero tuvo que volver a prisión por acción de la movilización popular, de su propia faena violatoria de las condiciones del beneficio y por el fallo de la Sala 4 de Casación que en marzo de este año revocó la medida diciendo que su estado de salud no le impide permanecer alojado en un establecimiento penitenciario recibiendo la atención y los controles médicos adecuados.

Recordemos que en diciembre pasado el TOF 1 platense le denegó el pedido de libertad condicional a Etchecolatz en la causa que lo condenó a perpetua en 2006, donde según el criterio de sus defensores podía objetivamente acceder a la libertad condicional desde el 28 de noviembre de 2017. En aquella oportunidad el juez Castelli había opinado que ninguna pena que se imponga en el futuro al genocida en causas en las que se encuentra con prisión preventiva podrá ser más grave que la impuesta en esa causa de 2006 a prisión perpetua, lo cual relativiza el sentido de reinserción en la sociedad que conlleva la figura de la libertad condicional. El magistrado había añadido que llegada la condena en otras causas la cuestión debería ser analizada caso por caso “por los tribunales respectivos en el marco de su jurisdicción y competencia”.  Es muy significativo que el mismo tribunal platense que le otorgó los beneficios de domiciliaria y cese de preventiva, y que luego le negó la libertad condicional por acción de causas ajenas a su fuero, ahora insista con la “razón humanitaria” desligándose de la responsabilidad de custodia que tiene sobre los genocidas.

Lo realmente preocupante es el razonamiento del juez Castelli, que el último fallo dice que “Etchecolatz se encuentra cercano a cumplir 21 años en detención y le resta poco más de 4 años para agotar su pena y el presente proceso no añadirá otros tiempos de detención. A esta altura, debemos preguntarnos qué interés puede tener el nombrado en eludir la justicia, frente a dicho favorable panorama penal y, en último caso, constitucional. El suscripto no aprecia ninguno y ello coadyuva a la concesión de la prisión domiciliaria”. ¡21 años de detención! ¡Y a cuatro de agotar su pena! A rigor de verdad, el genocida cumplió 4 años de condena por la sentencia de 23 años del juicio de la Causa 44 de 1986 y fue indultado en 1990. Luego fue detenido en abril de 2001 por la causa Gallo-Sanz y, tras recibir más procesos y condenas, nunca recuperó la libertad total. Ahora pensar que lo de Castelli es sólo un dislate matemático que ni siquiera cierra tomando la fecha inicial de detención de 2001, ya que los 21 años se cumplirían en 2022, nos impide pensar que aquí lo que se juega es el sentido amplio de los procesos contra los genocidas de la última dictadura. Desde HIJOS venimos señalando el otorgamiento masivo de domiciliarias, la decisión de hacer cesar las prisiones preventivas por efecto de la tardanza de la misma justicia, el comienzo de los otorgamientos de libertad condicional por las penas bajas dictadas a algunos represores, y en definitiva, como lo muestra el caso Etchecolatz, la relativización general de la pretensión punitiva que tienen estos procesos.

Etchecolatz fue condenado en el primer juicio iniciado tras la anulación de las leyes de impunidad, donde fue desaparecido por segunda vez Jorge Julio López y donde todas las sospechas apuntan al propio Etchecolatz. Esa ambigüedad de justicia a medias con más impunidad atraviesa todo el proceso de los juicios a los genocidas en el país. Por eso decimos que esta situación debería hacer reflexionar sobre el peligro real que enfrenta la ejecución de condena en este tipo de procesos por crímenes gravísimos e imprescriptibles: ser una mera formalidad. Por ahora el símbolo de la represión de la Policía bonaerense en dictadura seguirá preso, pero no está dicha la última palabra.