lunes, 19 de junio de 2017

ONU insta a Argentina a revisar fallo que liberaría a genocidas

“La liberación anticipada de una persona condenada por crímenes de lesa humanidad con fundamentos contrarios a estándares internacionales constituye un agravio a las víctimas”, destaca un comunicado de la ONU.

Un grupo de expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en derechos humanos pidió este viernes a la Corte Suprema de Justicia de Argentina reconocer la gravedad extrema de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar de 1976 a 1983 y la necesidad de que los responsables cumplan las condenas adecuadas por sus acciones.


Un grupo de expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en derechos humanos pidió este viernes a la Corte Suprema de Justicia de Argentina reconocer la gravedad extrema de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar de 1976 a 1983 y la necesidad de que los responsables cumplan las condenas adecuadas por sus acciones.

La exhortación se produce cuando la Corte Suprema considera un nuevo fallo en torno al beneficio de una ley conocida como 2x1, que otorgaba la posibilidad de que los sentenciados por atrocidades accedan a un código más benigno de cómputo de años en prisión que les permitiría una liberación anticipada. 

“La liberación anticipada de una persona condenada por crímenes de lesa humanidad con fundamentos contrarios a estándares internacionales constituye un agravio a las víctimas”, sostiene la misiva.  

Los expertos aseveraron que reducir la severidad de las penas impuestas viola los principios que exigen la proporcionalidad de las sanciones y podría generar una situación de impunidad de hecho. 

“No sólo porque estos delitos son particularmente graves, sino también porque esta decisión ocurre en un contexto donde la lucha contra la impunidad ha sido larga y difícil, y que no sólo en Argentina sino globalmente, está lejos de ser ganada”, concluyeron los expertos. 

En datos aportados por la Argentina a la ONU en marzo de 2017, eran 2780 las personas imputadas por crímenes de lesa humanidad, de las cuales 750 estaban condenadas, 794 procesadas (inculpadas), 45 prófugos, y 467 fallecidos. De los 1044 que permanecían detenidas, 518 han pasado al régimen de “prisión domiciliaria” por razones de salud o por haber cumplido 70 años, como habilita la ley 26.472, mientras que solo 187 de los 750 condenados tienen condena firme.

lunes, 5 de junio de 2017

Italia, un santuario para los torturadores de la dictadura argentina

Varios represores viven tranquilamente en ese país europeo. Uno de ellos es un religioso que presenció sesiones de tortura y que hoy ofrece misas en una parroquia de Parma. Además, un teniente coronel involucrado en varios crímenes reside en un pueblo de Sicilia. Organismos de derechos humanos reclaman que sean extraditados.
Foto del teniente coronel Malatto, publicada en el diario italiano Corriere Della Sera.

BILBAO - DANILO ALBIN @danialri

Antes de perder la vida, Marie Ane Erize perdió las gafas y uno de sus zapatos. Ocurrió una maldita mañana de octubre de 1976 en Buenos Aires, cuando unos hombres vestidos de civil la obligaron a subir a un Ford Falcon de color claro. Si juntas Buenos Aires, 1976 y Ford Falcon, sólo puede dar un resultado: desaparición. O infierno. O tortura, dolor y asesinato. Todo eso le pasó a Marie Ane, una modelo argentina hija de franceses. Ahora mismo, uno de sus asesinos podría estar leyendo este artículo en Sicilia, Italia. Lo hará tranquilo, sin temor a ser encarcelado.

Italia, uno de los países que más emigrantes vio partir hacia Argentina, es hoy un santuario para tipos como Carlos Luis Malatto, un teniente coronel del ejército que lideraba Jorge Rafael Videla. Al otro lado del charco, este militar de 67 años está imputado en varias causas de crímenes de lesa humanidad cometidas durante la última dictadura cívico-militar que asoló Argentina (1976-1983). Uno de esos casos es, precisamente, el que lleva el nombre de Marie Ane Erize, cuyos restos aún siguen sin aparecer.

Italia rechazó la extradición de Malatto  y  Reverberi por considerar que en Buenos Aires no estaba garantizada la imparcialidad del sistema judicial
En 2011, cuando estaba a punto de ser detenido, el torturador escapó hacia Chile. Allí cogió un avión que lo llevó hasta Italia. Tres años más tarde, la Corte Suprema de ese país rechazó el pedido de extradición que había formulado el juez argentino Leopoldo Rago Gallo, bajo el argumento de que en Buenos Aires –donde se impulsaron una gran cantidad de juicios contra represores de la dictadura- no estaba garantizada la “imparcialidad” del sistema judicial. Hoy vive plácidamente en el número 2 de la calle Santa Clara de Calascibetta, una localidad situada en el corazón de Sicilia.

Esta misma semana, representantes de las agrupaciones de Derechos Humanos Asociación 24 Marzo –impulsada por argentinos que residen en Italia- y Proyecto de Derechos de Roma anunciaron en una visita a Buenos Aires que van a hacer todo lo posible para que Malatto sea juzgado por sus crímenes. “En su día, la Corte de Casación italiana rechazó su extradición alegando que el delito de torturas no está contemplado en el Código Penal local”, explicó Jorge Ithurburu, portavoz de 24 Marzo, durante su estadía en la capital argentina.

Cartel de 'Buscado' del teniente coronel Malatto, hoy residente en Italia, en Argentina.
Cartel de "Buscado" del teniente coronel Malatto, hoy residente en Italia, en Argentina.
En efecto, la tortura como tal no es perseguida en Italia. Sin embargo, Ithurburu aclaró que las denuncias contra Malatto se refieren a cuatro homicidios con alevosía, “un delito imprescriptible” en aquel país. Además del caso de Marie Ane Erize, el teniente coronel también está involucrado en los asesinatos del primer rector de la Universidad Provincial Domingo Faustino Sarmiento, Juan Carlos Cámpora; del estudiante Jorge Alberto Bonil y de Ángel José Alberto Carvajal, un militante del Partido Comunista en la provincia de San Juan. Todos ellos siguen desaparecidos.

La “impunidad a la italiana” también permite que el sacerdote Franco Reverberi siga ofreciendo misas en la parroquia de Ezano di Sorbolo, un pequeño pueblo de 300 habitantes ubicado en la provincia de Parma. Según señalaron distintos sobrevivientes, este religioso ítalo-argentino presenció varias sesiones de tortura en “Casa Departamento”, un centro clandestino de detención que funcionó en la ciudad mendocina de San Rafael, a unos mil kilómetros de Buenos Aires.

La tortura, como tal, no es perseguida en Italia
“He visto a aquel cura cuatro veces. Recuerdo que una tarde fuimos sometidos a una paliza muy violenta. El piso del cuarto de las torturas era rojo de sangre. El Padre Reverberi ordenó que limpiaran nuestros cuerpos, arrastrándonos en el piso, empapados de agua y de sangre. Era invierno, y la temperatura era de diez grados bajo cero”, declaró Mario Bracamonte en un informe elaborado por la justicia argentina.

Siguiendo los pasos de Malatto, el cura Reverberi aprovechó su nacionalidad italiana –nació en ese país y vivió allí hasta los once años- para escapar hacia Europa en cuanto se enteró que un juez lo quería meter en la cárcel. En octubre de 2013, la Corte de Apelaciones de Bologna rechazó su extradición a Argentina. Al igual que en el caso del teniente coronel, el sistema judicial italiano alegó que la tortura no se considera delito en ese país.

Las alas del Cóndor
Las historias de Malatto y Reverberi no son episodios aislados. A día de hoy, la Asociación 24 Marzo y Proyecto de Derechos de Roma trabajan también para conseguir un cambio de rumbo en la causa seguida en los tribunales italianos por el denominado Plan Cóndor, la coordinación represiva que emplearon las dictaduras latinoamericanas para perseguir y asesinar a un amplio número de personas.

En enero pasado, la III Corte Penal del Tribunal de Roma condenó a cadena perpetua a ocho militares, policías y civiles sudamericanos –entre los que se encontraba los dictadores Francisco Morales Bermúdez (Perú) y Luis García Meza (Bolivia), así como el ex canciller uruguayo Juan Carlos Blanco-, al tiempo que absolvió a otros 19 imputados, para quienes la Fiscalía había solicitado idénticas penas.

El excapitán de navío uruguayo Jorge Néstor Tróccoli también vive actualmente Italia
Aquel fallo no conformó a las víctimas del Plan Cóndor. Tampoco al gobierno uruguayo, que seguía esta causa en representación de los compatriotas que habían sido asesinados en el marco de aquella operación internacional. En ese marco, los abogados italianos Arturo Salerni y Mario Angelelli aprovecharon su viaje de esta semana a América del Sur para hacer nuevos contactos en Buenos Aires, Montevideo y La Paz, donde fueron recibidos por el presidente boliviano, Evo Morales.

Siguiendo los plazos que marcan los tribunales italianos, las organizaciones que luchan contra la impunidad pondrán todos los medios a su alcance para intentar que los jueces revisen las absoluciones de los torturadores sudamericanos. Entre ellos está el excapitán de navío uruguayo Jorge Néstor Tróccoli, quien vive actualmente Italia. Su caso es una muestra más de la protección que ese país brinda a los autores de salvajes crímenes.

En cualquier caso, los que luchan por la verdad se niegan a resignarse. “No es que no tengamos confianza en la justicia Italiana, porque trabajamos con algunos fiscales”, aclaró Ithurburu en la casa de las Abuelas de Plaza de Mayo. En ese contexto, la fiscal Tiziana Cugini y el fiscal Jefe Adjunto Francesco Caporale presentaron ante la Corte Penal de Roma un recurso de apelación contra la sentencia del Plan Cóndor. Será un proceso largo. De momento, los militares impunes seguirán, valga la redundancia, en la más absoluta impunidad. 

lunes, 22 de mayo de 2017

JUSTICIA POR ELSA SOSA

Desde el  Encuentro Memoria Verdad y  Justicia  compartimos  el  dolor  y la preocupación por  el asesinato  de la  compañera Elsa Marta  Sosa  de Faguetti, testigo y  querellante  en la  causa contra  los  genocidas   de  San Rafael, Mendoza, por  la desaparición de su esposo, Aldo  Fagetti el  25  de  febrero  de  1975, en  dicha ciudad.  

El juicio  de  San  Rafael a 27  genocidas imputados  por  la desaparición  de  72 compañeros  desaparecidos  ha  entrado en la  etapa  de  alegatos.

Elsa Sosa era  médica  y  vivía en Córdoba, donde se produjo  el crimen.

 En un contexto donde más de la mitad de los genocidas procesados gozan del beneficio de excarcelación, a pesar de ser autores de los crímenes más aberrantes, es imposible no relacionar este crimen con la impunidad de los genocidas.

Su  asesinato se  produjo a pocos  días que   el pueblo argentino expresara multitudinariamente  en las  calles  y plazas de todo el país su repudio a la impunidad y a  la reconciliación con los represores, promovida desde el gobierno de Macri, la cúpula de la iglesia y el poder judicial, fogoneada por una intensa campaña mediática.

Con la memoria y las heridas  abiertas por el  secuestro y  desaparición de  nuestro compañero  Jorge Julio López y por  el  asesinato  de Silvia  Suppo, crímenes impunes por lo que hemos exigido justicia día tras día,  exigimos  la   inmediata  investigación y  el  castigo  a los responsables  del   asesinato  de  Elsa Sosa. Repetimos: no hay seguridad para los testigos con los genocidas libres.

No olvidamos ¡No perdonamos! No nos  reconciliamos!

Son 30.000, fue genocidio.

Cárcel ya a todos los genocidas.

Justicia  por  Elsa Sosa!

Encuentro  Memoria Verdad y  Justicia

jueves, 23 de marzo de 2017

¿Cuáles son las secuelas de la dictadura cívico-militar en el 2017? - (La Primera Piedra)

 Nota de  Giuliana Sordo publicada en La Primera Piedra,

 
Asociación Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD)
Margarita Cruz, integrante

“Los efectos sociales y políticos que dejó el genocidio fueron de largo alcance en el transcurso de los años. Una de las cuestiones tiene que ver con la fractura que ha hecho la dictadura debido a la ausencia de la transmisión histórica por la falta de los 30 mil compañeros detenidos-desaparecidos. Los sobrevivientes, en el caso nuestro, hemos mantenido en alto la lucha y la historia de los compañeros desaparecidos, hablando de la identidad y de las organizaciones en las que participaban. Pero ante la existencia de un gobierno con estas características, me parece que los efectos por los cuales ésta gente está en el poder es que no hubo una sociedad pensante en relación a quiénes eran”

“Esto demuestra una consecuencia concreta de que a nosotros no nos alcanzó el tiempo en la lucha contra la impunidad para poder decir realmente, y llevar a juicio, a todos los empresarios, los grupos económicos que financiaron no solamente a la dictadura militar sino al genocidio en nuestro país. Eso es un efecto, porque están en este momento en el poder político. Han llegado por el voto popular pero, en parte, ha sido porque hubo una una fragmentación de ese correlato histórico que se expresa en que hay muchas personas, muchos sectores de nuestro pueblo, que todavía no han tomado dimensión de lo que significó el genocidio”.

    No nos alcanzó el tiempo en la lucha contra la impunidad para poder decir realmente, y llevar a juicio, a todos los empresarios, los grupos económicos que financiaron no solamente a la dictadura militar sino al genocidio en nuestro país. Eso es un efecto, porque están en este momento en el poder político.

“El genocidio no es solamente la desaparición de nuestros compañeros, sino que es haber cambiado una forma de relación social y política, produciendo ese quiebre en el cuerpo social. Lleva muchos años la recomposición. Evidentemente hay efectos negativos de lo que fue el genocidio, que fue el quebrantamiento del lazo social, lo que cuesta recomponer la memoria histórica de los luchadores, la ausencia material de los 30 mil compañeros que eran dirigentes y eran personas realmente capaces que quizás estarían en lugares claves de la sociedad para dar dignidad a nuestro pueblo“.

“Los 30 mil no solo son personas sino que son formas de relaciones, maneras de actuar, familias completas desarmadas, barrios enteros desarticulados, comisiones internas sin sus delegados. Pero somos una sociedad que va reconstruyendo, de a poco, ese tejido social. Aunque de repente nos encuentra acá, porque claro que no está la dirigencia que quisiéramos tener: desaparecieron a una generación de lucha. Los grupos económicos, que son quienes desaparecen a las personas, siguen actuando sobre la vida de nuestros pueblos. Por otro lado, que hoy se enfrente a un grupo determinado, como lo son los sectores populares o los maestros, desde el planteamiento y el uso de un discurso contra la otredad, eso también es un efecto de la dictadura.”

“Pero, los efectos negativos producen otros, que es haber recobrado una memoria de resistencia y de lucha que enfrentó a la dictadura. Las consecuencias no solamente son de aplastamiento del cuerpo social sino que también son efectos de la memoria y de la resistencia de cómo se pueden enfrentar políticas de exterminio: me refiero a exterminio que puede ser también a la educación pública, a una cultura, a entregar tierras. Los organismos de Derechos Humanos avanzaron en la lucha contra la impunidad, por la memoria, la verdad y la justicia. Ante el discurso totalitario del gobierno actual, esas consecuencias quedan todas enfrentadas como un espejo y ahí lo que sucede es que uno se confronta a esa memoria, los pueblos tienen una transmisión histórica de lucha y eso también es un efecto de resistencia en este momento.”

miércoles, 22 de marzo de 2017

Paso de los Libres: El Intendente Tarabini, ordenó destruir trabajos escolares sobre el terrorismo de Estado

El intendente de Paso de los Libres, Raúl Tarabini, ordenó destruir trabajos que realizaron chicos de 6 a 17 años sobre el terrorismo de Estado

Por Oscar Castelnovo

APL) Esta Agencia puede afirmar de acuerdo a fuentes inobjetables que mantendrá en reserva, que el intendente Tarabini envió a empleados del municipio a destruir y tirar a la basura

Indignación
Al comienzo de la misiva, los compañeros le dicen a Tarabini: “Nos dirigimos a usted para manifestar nuestra profunda indignación ante la violenta situación vivida ayer en horas de la tarde. Después de tener una entrevista con usted y de organizar en forma conjunta la programación por la “Semana de la Memoria” y que nunca se manifestara que la muestra “molestaría” a otras actividades como ser las patronales a desarrollarse el 20 de marzo. Al ingresar al salón nos encontramos con todos los trabajos seleccionados, realizados por más de 100 alumnos de distintas instituciones de la localidad, por niños de 6 a 12 años que trabajaron en sus aulas con cuentos prohibidos por la dictadura y jóvenes de 13 a 17 años que trabajaron con letras de temas musicales prohibidas por la dictadura, en su gran mayoría fueron arruinados y rotos, además de ser tirados como basura”.

Más adelante, la Comisión expresa en el escrito: “Es una forma de ultrajar el trabajo comprometido de niños y jóvenes que estudian los principios fundamentales de la democracia. Empleados municipales manifestaron que fueron retirados en forma violenta porque los mismos “molestaban” a los militares que concurrieron al desayuno de las fiestas patronales de San José, no podemos entender que hombres, que ocupan altos cargos públicos en la sociedad de Paso de los Libres no comulguen con los principios democráticos que tan ejemplarmente representaron nuestros alumnos”.

Repudio
Finalmente, la Comisión indica a Tarabini: “Ante tan grave situación institucional adjuntamos fotografías de los destrozos y notificamos que la misma será suspendida y retirada. Informaremos de la situación a las escuelas que con tanto compromiso trabajaron, pidiendo profundas y vergonzosas disculpas. Como explicar que los trabajos de los niños molestan a militares de la democracia? Estamos enseñando a nuestros niños y jóvenes los principales valores de respeto a los valores democráticos y sus trabajos son tirados a la basura. Profunda contradicción que no queremos permitir y que repudiamos enérgicamente”.

A la vez, a esta Agencia le fue revelado que quien puso en marcha el valiente “Operativo destrucción de trabajos infantiles” fue el secretario privado de Tarabini, Omar Miranda quien cumplió tareas de espionaje desde la SIDE, durante la última dictadura cívico- militar.
los trabajos de una muestra organizada conjuntamente con la Comisión por la Memoria Histórica de Paso de los Libres. La razón fue que miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad concurrieron a un desayuno de honor a San José, patrono de la ciudad, realizado ayer en el mismo salón donde estaba la muestra y se vieron ofuscados con tanta verdad. Las producciones de los chicos y adolescentes están basadas en textos prohibidos durante la dictadura cívico-militar cuyos autores fueron perseguidos..A la vez, a esta Agencia le fue revelado que quien puso en marcha el valiente “Operativo destrucción de trabajos infantiles” fue el secretario privado de Tarabini, Omar Miranda,quien cumplió tareas de espionaje en la SIDE, durante la última Tiranía. Por su parte, la Comisión envió una carta la titular de Ejecutivo municipal que reproducimos más abajo Contacto: Alejandra Mumbach 3772528495.

domingo, 5 de febrero de 2017

Otra perla de Macri: postula a la CIDH a un defensor de un represor

Una joyita.

De acuerdo a la información, el letrado en cuestión es Carlos Horacio de Casas, un abogado de Mendoza;  miembro del Opus Dei, defensor de represores, banqueros corruptos, políticos golpeadores, agentes de inteligencia y abusadores sexuales. 

Este abogado penalista, en su curriculum  no incluye un sólo ítem vinculado con los Derechos Humanos, en verdad su principaly único antecedente en la materia fue como abogado defensor de un alto jefe de inteligencia del Ejército, que integraba la VIII Brigada de Infantería de Montaña, Enrique Blas Gómez Saa, quién intervino en todas las torturas, persecuciones, saqueos, bombas, asesinatos y desapariciones que se produjeron durante su gestión, en practicamente todos los años de la dictadura. 
Carlos Horacio de Casas, intentó obstaculizar el procedimiento judicial con todo tipo de maniobras, demoras y excusas, desde viajes internacionales al "síndrome confusional" que sufría su defendido. Finalmente Gómez Saa fue condenado a 38 años de prisión por la comisión de crímenes de lesa humanidad.

Por último, señalar que este comisionado de Macri, ha manifestado que ree que el derecho no dimana del hombre (y menos de la mujer) sino de Dios y rechaza el aborto, la eutanasia, el matrimonio gay y la libertad de prensa sin límites

martes, 31 de enero de 2017

El represor fugado, Jorge Olivera escondido en en un baúl, fue detenido


El represor que se había fugado en 2013

El represor Jorge Olivera, condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad, fue hallado escondido en un auto en la casa de su familia. Se había escapado del Hospital Militar junto a Gustavo De Marchi, detenido el año pasado.

El prontuario del mayor retirado Olivera incluye crímenes y estafas.

El represor Jorge Olivera, quien se había fugado del Hospital Militar el 25 de julio de 2013, fue detenido por la tarde escondido en el baúl de un auto en la casa de su familia, en San Isidro. Condenado a prisión perpetua en San Juan, acusado por sesenta secuestros y desapariciones, Olivera fue localizado por el equipo del fiscal Franco Picardi. Mediante cruces de llamadas telefónicas, los investigadores dedujeron el código que usaba para comunicarse y concluyeron que iría a encontrarse con su mujer.

El año pasado había sido apresado en el barrio porteño de Almagro Gustavo De Marchi, el otro represor que se había fugado junto con Olivera. La fiscalía obtuvo la orden de allanamiento para ingresar al domicilio de Olivera y encontró la cama matrimonial destendida de los dos lados y ropa del militar. Lo apresaron tratando de ocultarse en un auto. Si bien la causa por la fuga está en manos del juez Claudio Bonadio, por cuestiones de jurisdicción la orden la libró la jueza de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado.

El caso Olivera adquirió ribetes internacionales en el 2000, cuando en la Argentina estaban vigentes las leyes de impunidad y fue detenido en Italia acusado del secuestro y tortura de la modelo franco-argentina Mari-Anne Erize, por pedido de la justicia francesa. La perversión del personaje quedó en evidencia cuando se comprobó que su defensa presentó un certificado de defunción falso para obtener la libertad del militar que como abogado llegó a representar a Guillermo Suárez Mason y al nazi Erich Priebke, encontrado en Bariloche y extraditado a Italia.

En ese momento, apenas llegó al país el mayor retirado enfrentó a la prensa para decir que durante la última dictadura “no hubo represión” y que no conocía “a esa chica”, por Erize. Disfrutó durante años de impunidad y llegó a regodearse en los sets de televisión en la defensa de la dictadura hasta que la reapertura de los procesos judiciales a partir de la anulación de las leyes de Punto Final, Obediencia Debida y de los indultos permitieron comprobar su culpabilidad.

Sus andanzas combinaron violaciones a los derechos humanos con el entramado de corrupción con el que se beneficiaron gran parte de los represores. Olivera apareció como titular de un fideicomiso millonario junto con su entonces socio Jorge Humberto Appiani, que fue detectado en 2013 por la Unidad de Información Financiera que lideraba José Sbatella. Juntos habían patrocinado juicios de sus camaradas por las sumas no remunerativas de los sueldos militares y la UIF concluyó que jueces venales les habían regulado honorarios millonarios. Parte de esos fondos serían el sustento para financiar la vida de los prófugos.

Olivera ahora quedó en manos del Servicio Penitenciario Federal y de la Justicia de San Juan, que comprobó su participación en secuestros, torturas y desapariciones, incluido el caso que tuvo a Erize como víctima.