lunes 5 de marzo de 2012

Videla el genocida, se quiere fugar

Textuales de terror

A continuación, los fragmentos de la entrevista a Jorge Videla en los que se refiere a la actualidad argentina, el gobierno de Cristina Kirchner, la oposición y la “oportunidad” perdida de las últimas elecciones.

- La Argentina hoy. “La suerte nuestra, la de los militares detenidos, está en que el país se encamine por otra dirección. Si el país cambia hacia otro rumbo, seguramente no estaríamos presos. Yo digo que estamos en una situación hoy muy negativa, totalmente negativa, hemos perdido una gran oportunidad en las últimas elecciones de sentar puntos de apoyo a una oposición sólida y que actuara responsablemente para cambiar este estado de cosas al que me refería antes. Hablo de un cambio, claro, por la vía democrática, ya no es el tiempo de los golpes de Estado, aunque tampoco habría Fuerzas Armadas para darlo ni vocación para hacerlo. Esta situación de inmediato no va a cambiar, lamentablemente, porque no veo el actor, el líder, y no creo en los iluminados. La política se hace con hombres e ideas y ahora no los hay, ahora Argentina no los tiene. No hay tampoco movimientos de opinión sistemáticos contra este gobierno, todos viven bajo el temor del qué dirán, de que les dejen hacer, en definitiva. Todo es miedo y temor, y vivimos permanentemente bajo ese miedo. Y cuando una sociedad vive bajo el miedo no puede esperar que esté en un actitud de coraje para enfrentar un gobierno que de por sí no tiene reparos y no se detiene ante nada. Un gobierno arbitrario, con espíritu totalitario, y que no se detiene ante nada y ante nadie, que ha perdido la vergüenza y etcétera, etcétera, etcétera. Este es el panorama de la Argentina de hoy y de seguir, que todo parece que seguirá igual, permanecerá en el futuro inmediato. No hay solución en el corto plazo.

Luego está la pretensión permanente de seguir escarbando en el pasado, colocándonos a los militares en la vereda de enfrente como unos indeseables. Hay que comenzar a pensar en el futuro, pero sin concordia no hay futuro. En consecuencia, creo que tiene que haber un diálogo amplio y superador de todos los sectores de la opinión pública para lograr abandonar esos puntos de fricción que están impidiendo en este momento esa concordia. Por ejemplo, hay que encontrar una solución para resolver el famoso problema de los desaparecidos y ofrecérsela a la sociedad argentina. Son una realidad, son un invento, son una especulación política o económica, ¿qué son realmente los desaparecidos? Así sucede con otras cosas más que no han sido cerradas y siguen presentes en nuestra vida. Repito: ese diálogo tiene que blanquear esa situación conflictiva que vivimos hoy, superar a través de la concordia nuestras diferencias y tirar hacia adelante con un proyecto de nación basado en un proyecto de vida en común, algo que le falta a la Argentina de hoy. Lo que decía Ortega y Gasset: un proyecto de nación y de vida en común. ¿Qué político ha dicho lo que quiere para la Argentina de hoy? Nadie. Estamos en el puesto que ganamos sin ansias de cambiar nada. Tenemos que despertar, apagar las pasiones y mirar hacia el futuro con otras miras, pensando en los próximos diez años cuando menos. Y en ese encuentro que debe de buscar un punto en común para el diálogo hay que dejar de lado todas tensiones y rigideces que nos han paralizado. A punto está de que en Argentina estamos sin oposición y un país no puede vivir sin oposición. Los que ejercen el gobierno lo hacen con pretensiones de crear un caudillato sin que nadie los critique y todo el mundo asienta. ¿Se saldrán con la suya?”

- El Gobierno. “Si algo tiene Argentina es su riqueza agropecuaria, somos o éramos el granero del mundo, y el agro ha sido borrado de la estructura nacional. Este gobierno ha asociado el campo con la oligarquía y como enemigo de ese socialismo que ellos pregonan, no podemos esperar de esta gente una solución, la única vía es sacarlos del gobierno y no a través de un golpe de Estado, sino a través de los cauces democráticos. Yo, en las últimas elecciones habidas en el país, esperaba a que apareciera un líder o un movimiento para hacer frente a lo que vivimos, que todos los dirigentes de la oposición se unieran para combatir esta lacra y salir hacia adelante, pero bueno, no apareció y no fue así. Quisiera ser optimista, pero no puedo, aunque siga peleando desde la cárcel, desde aquí. Quiero dar a conocer al mundo lo que pasa. La consigna del prisionero de guerra es la evasión, mientras que para el preso político la lucha es otra, que es el campo de la política y que es antipático quizá para los militares. Hoy hay que ganar la guerra política a través de los mensajes y los medios de comunicación, y ésa es nuestra función: no quedarnos de brazos cruzados.”

–Desde que está en prisión, ¿le visitan sus antiguos aliados y amigos o lo han olvidado desde entonces?

–Algunos, algunos, pero no pasan de cinco. Nuestra sociedad, que la componen también mis amigos, la argentina, fue la protagonista de la tremenda guerra que vivimos, porque era un combate contra la sociedad argentina y cambiarla a través del modelo marxista que preconizaban esos grupos alzados en armas. Ese proyecto estaba en plena expansión en América latina y la sociedad argentina fue objeto y sujeto de ese proyecto totalitario. Esa sociedad se defendió a través de su brazo armado de esa agresión que sufría de unos grupos armados bien conocidos. Luego está la figura del chivo expiatorio, que han sido los militares, y la sociedad argentina actuó de una forma cobarde y dejando abandonado a su Ejército, que fue el principal actor en ese conflicto defendiendo a su país de esa verdadera agresión.

–¿Cómo se explica ese proceso de destrucción de las Fuerzas Armadas y de indefensión de la Argentina que denuncian algunos militares?

–Porque es la revancha de los derrotados, de los “jóvenes idealistas” de Perón, que no lograron sus objetivos, que pasaban por tomar el poder. Con Cámpora lo habían conseguido, en parte. Como ese proyecto revolucionario que tenían de hacerse con el poder se vio frustrado por las Fuerzas Armadas (que, cumpliendo órdenes de un gobierno constitucional, salieron a reprimirlos y a enfrentarlos), fuimos los ejecutores de parar ese proyecto. Nos preguntaron qué hacer ante la amenaza armada que tenía el Estado y dimos la respuesta que había que dar, que era que nos sacaran a nosotros a hacer frente a esa amenaza. No queda otra vía, claro. Y los derrotamos con las armas en la mano, claramente, y eso los actuales gobernantes, que son herederos de aquellos grupos subversivos, no nos lo perdonan.

–¿Por qué, en definitiva, en ninguna parte de América latina se da esta situación de más de un millar de militares detenidos, procesados y condenados?

–Es cierto, esta situación no se da en otras partes del continente. Así es, como usted dice. La explicación es el espíritu de revancha y venganza que anima a este gobierno.

–¿Cómo es posible entender actitudes como la del general Martín Balza sobre las fuerzas armadas, e incluso las tareas en las que él participó entonces?

–La sensación es que es un canalla, un hombre que se vendió al enemigo para escalar posiciones. Pregunto: ¿cuántos años lleva de embajador? Siete u ocho años. Un trepador vendido por poder y dinero. El me envió tres cartas en el pasado y muestra su subordinación, afecto y aprecio hacia mí. No eran unas cartas burocráticas, sino escritas sinceramente y algunas incluso a mano deseando mi libertad, solidarizándose conmigo y esperando un “nuevo amanecer”. Ahora se vende por ansias de poder y denigra a sus antiguos compañeros, ¡qué miserable!

domingo 4 de marzo de 2012

Represores con médico propio

Llamativos fallos de miembros del cuerpo médico forense.

Jueces y fiscales ya están consultando a peritos de hospitales nacionales o de universidades porque desconfían de la facilidad con que represores condenados consiguen diagnósticos de incapacidad y prisiones domiciliarias.

Por Alejandra Dandan

Los acusados de lesa humanidad se enfrentan a procesos con todas las garantías jurídicas. Sin embargo, desde hace tiempo sus defensores apelan a distintas estrategias para demorar y dilatar las causas. Así como en un momento usaron los pedidos de nulidades y recursos de todo tipo en colaboración con la todavía “bisordiana” Cámara de Casación, ahora parecen contar con la ayuda de los informes de los peritos del Cuerpo Médico Forense (CMF) o de médicos y especialistas en salud mental convocados como representantes oficiales. Un diagnóstico todavía informal de un organismo público que empezó una investigación sugiere que existe un “descontrol” en las convocatorias para cumplir esas funciones. Hay casos en los que peritos del muy cuestionado CMF dictan resoluciones más benévolas que los médicos de los represores. O casos en los que actúan como “médicos oficiales” quienes antes fueron peritos de parte, como sucede en Rosario con quien fue perito de Luis Patti.

Algunos jueces creen que, llevados al extremo, los dictámenes pretenden salvaguardar a los acusados dejándolos en sus casas. El estado de situación todavía no está mensurado, pero parece tan consolidado que hay jueces y fiscales que desarrollaron una suerte de estructura paralela de peritos para controlar los informes del CMF: convencidos de antemano de que los informes pueden no estar bien, salieron a buscar a encumbrados profesionales de hospitales públicos como el Ramos Mejía o el Posadas, o de universidades como la de Buenos Aires, para confirmalos o rebatirlos. Este es uno de los indicadores más claros del problema: el momento en el que la sospecha empieza a institucionalizar una organización alternativa.
Viudos y NN

Uno de los frentes más complicados está abierto en Rosario. Allí la querella representada por la abogada Ana Oberlín acompañó la impugnación de una pericia que presentó la fiscal Mabel Colalongo ante el Tribunal Oral N°1 de Rosario. “Estamos olvidando que todo esto es una carga a favor de la impunidad –dice la fiscal a Página/12–; esto es el centro del problema. Esta corporación judicial garantizó la impunidad con sus fallos durante años. Sorteamos esos problemas, hubo nombramientos de jueces, sorteamos el tema de las nulidades de a poco ¿y ahora nos enfrentamos a esto? Nuevamente estamos haciendo transcurrir el tiempo y recargar pasto a la impunidad, porque además estos señores llegaron a los 80 años sin ser condenados y fue precisamente por eso. Tenemos que ser mucho más exigentes cuando decimos que una persona puede ser inimputable porque se le murió la señora, por ejemplo, como sucedió acá, estas son las cosas que ofenden a quienes trabajamos en esto genuinamente.”

No es fácil evaluar la dimensión del problema. Las quejas sobre la actuación del CMF llegan de algunos fiscales federales, de las querellas y en alguna medida de algún juez de los Tribunales Orales. Es decir, la mayor parte de los actores menciona deficiencias en el mejor de los casos, o complicidad de un organismo que pese a los anuncios que hicieron años atrás para cambiarlo, mantiene una estructura que incluso fue funcional a la dictadura. Como recuerda uno de los jueces, los peritos de la Corte fueron quienes en los años negros de la dictadura hicieron informes de cuerpos NN que aparecían en los supuestos enfrentamientos, algunos de los cuales permanecieron y permanecen como desaparecidos.

Antes de analizar los casos más paradigmáticos, conviene entender en términos generales cómo es el problema. La mayor parte de los acusados cuando dice que no puede ser sometido a juicio, lo dice a través de un médico de parte. Los médicos o especialistas en salud mental explican que están insanos mentalmente o con problemas de salud que los vuelven vulnerables en un juicio. En ese caso, el CMF debería actuar para corroborar o refutar los exámenes. Según se desprende de los datos de las fuentes consultadas, lo que sucede en un número por lo menos llamativo de casos es que los peritos dictaminan a favor de los imputados con informes más fuertes que los suyos. Otro problema estructural es que los jueces sólo notifican a los fiscales y a las querellas cuando el diagnóstico ya está arriba de la mesa y ya tomaron una decisión. La convocatoria temprana a una junta médica, por ejemplo, que evite un único diagnóstico, es una de las soluciones posibles.

En ese contexto, el hecho de salir a buscar médicos propios parece estar institucionalizando por lo menos la idea de la abrumadora desconfianza, tal como lo mencionaron varias fuentes. Uno de quienes buscaron médicos para chequear los informes de los peritos de la Corte fue el fiscal Javier de Luca, en la causa por el Hospital Posadas. Pero también lo está haciendo en este momento el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, por mencionar un ejemplo. En el juicio por el Circuito Camps, el tribunal integrado por Carlos Rozanski, Roberto Falcone y Mario Portela consiguió la colaboración de un equipo médico del Hospital Ramos Mejía a cargo de la doctora Silvia Kochen, directora del área de Neurología. Aunque colaboran para sortear distintas dudas sobre el estado de los acusados, intervinieron expresamente en el caso del ex gobernador Manuel Saint Jean, de quien los peritos de la Corte dijeron que no estaba en condiciones de ser imputado en el juicio. Pese a que el incidente aún no está resuelto, el informe del CFM cayó en descrédito cuando los jueces lo escucharon responder con toda conciencia de tiempo y lugar las preguntas del comienzo del juicio.

El Tribunal en realidad ya estaba prevenido: si hubiesen seguido las recomendaciones del CMF nunca habrían podido juzgar y condenar, como finalmente lo hicieron en 2010, a Omar Alonso, el apropiador de María Natalia Suárez Nelson que tan bien resultó estar durante el juicio que hasta confesó haber inscripto a la niña con su nombre y reconoció el nombre del represor que se la entregó.
Los casos

En Salta y Rosario hay dos frentes que en este momento son conflictivos. En Salta, el cardiólogo del Cuerpo Médico Forense emitió un dictamen para otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria al comisario general retirado Joaquín Guil, que tiene dos condenas: por el asesinato de Miguel Ragone y la masacre de Palomitas. Los integrantes de los organismos de derechos humanos que querellan en las causas se quedaron pasmados cuando leyeron el informe: después de leerlo y leerlo no entendían cómo el cardiólogo Cristian Rando fue más benévolo con Guil que su propio médico de parte.

Para quienes están mirando de cerca el tema, este es uno de los casos paradigmáticos porque revela un problema de fondo: Guil estuvo en prisión, en el verano lo trasladaron por problemas renales y de presión a una clínica privada, y luego del alta su defensor pidió el traslado a su casa. El juez Leonardo Bavio pidió en ese momento un informe del CMF para constrastarlo; el perito Rando dictaminó a favor de Guil y el juez concedió la domiciliaria. Lo que se le cuestiona a Bavio ahora no es tanto haber convocado a Rando, pese a que es conocido entre los fiscales porque sus dictámenes favorecieron entre otros al represor Domingo Bussi, que en una ocasión quedó liberado de un juicio y al otro día salió del hospital para ir a su casa en un country. Se le cuestiona más bien que haya tomado la decisión sin haber notificado antes al fiscal Domingo Batule y a la querella, y que no haya convocado a una junta médica para evitar justamente una única perspectiva sobre un asunto del que finalmente no entienden los jueces sino los médicos.

Tania Kiriaco es una de las querellantes de la causa. “Lo que queremos es que de una u otra manera Guil cumpla la prisión en un establecimiento carcelario, como lo ordenó en su momento el juez federal”, dijo. “Guil cuenta en su haber con dos condenas a perpetua por delitos de lesa humanidad y no es justo que ahora quiera ocultarse en una clínica o en su casa para evitar ir a la cárcel.”

El otro caso es de Rosario. Muestra un problema distinto, el de los efectos que genera la falta de una base de datos única que permita cruzar los nombres de los médicos que actuaron como peritos de parte, para evitar, por ejemplo, que luego aparezcan convocados como médicos oficiales o con una figura similar. El dictamen que está impugnando Mabel Colalongo es sobre el ex coronel Manuel Fernando Saint Amant, que fue jefe de la represión en San Nicolás, un cordón industrial devastado por la dictadura. La causa está dividida en dos Tribunales. Primero intervino el Tribunal N° 2 y un perito de la CMF declaró al ex coronel inimputable, dictamen luego revertido por el informe de una junta médica. Cuando otro tramo de la causa llegó al Tribunal N° 1, la fiscal pidió lo que parecía más razonable: que tomaran en cuenta ese informe final. Por pedido de la defensa, los jueces decidieron convocar a una nueva junta médica. El caso se convirtió casi en kafkiano porque la Junta tuvo votos divididos: por un lado, votaron el perito de parte, Mariano Castex; la médica del CMF, Ana María Arias, el perito de la Asociación Médica Argentina, Néstor Ricardo Stingo. Ellos dijeron que era inimputable, entre otras cosas porque padecía una depresión producto de la muerte de su mujer y de su suegra.

Una psicóloga de la UBA dijo lo mismo, pero con otros fundamentos. Y por otro lado, un médico de salud mental de la UBA falló en disidencia: dijo que Saint Amant sí era imputable y –como lo había hecho la primera junta médica– encuadró el diagnóstico al decir que “durante la entrevista pericial sobreactuó intencionalmente un cuadro demencial que por groseras contradicciones fue descartado por el perito”.

Con esos datos, la fiscal y la querella de Oberlín impugnaron el informe en general y en particular a Arias y a Stingo, que debían actuar como supuestos peritos neutrales. De Stingo recordaron que curiosamente ya había actuado como perito de parte en el caso de Patti, entre otros represores conocidos, como Emilio Massera. La fiscal explica que su dictamen se cayó porque el ex subcomisario fue sometido a juicio y condenado. Los jueces, hay que decirlo, no se basaron en un informe del CMF que en otro dictamen dejó las puertas abiertas para esa misma posibilidad, sino de los peritos de las querellas que consideraron que Patti sobreactuaba acerca de su estado de salud.

“Para esta parte –dice Colalongo–, los dos antecedentes expuestos, entre otros, coincidentes con la conclusión a la que arriba en el caso de interés resultan elocuentes a la hora de establecer la seriedad del desempeño del profesional en cuestión.”

sábado 3 de marzo de 2012

Santiago del Estero: Movilización contra la impunidad

Movilización al Tribunal Federal.

En el día de ayer, miércoles 29 de febrero, organismos de DDHH y organizaciones políticas y sociales se reunieron nuevamente en el Tribunal  Federal de Santiago del Estero para exigir justicia.
No convocamos para reclamar la detención de todos los imputados habida cuenta que existe riesgo real de fuga como ya quedo demostrado con los represores Roberto Díaz que lleva 231 días prófugo, Ramón Warfi Herrera, ex jefe de policía hoy con arresto domiciliario en Santa Fe pero que estuvo 2 años prófugo y el misterioso suicidio de Ramírez que también permanecía prófugo antes de su deceso.

También nos movilizamos por  las nefastas declaraciones del abogado defensor  de represores Juan José Saín con claras intenciones dilatorias. (La publicad que tuvo este abogado en uno de los medios más masivos de nuestra provincia nos preocupa ya que ese mismo medio pocas veces a dado a conocer las múltiples actividades que desarrollamos las organizaciones)

Ayer nos movilizamos para apoyar el inicio del juicio más grande de nuestra provincia con el que intentamos se repare parte del dolor causado y se descubra la verdad sobre los hechos ocurridos en nuestra provincia.

jueves 1 de marzo de 2012

Dicen que van a acelerar los juicios y suspenden juicio por delitos de lesa humanidad en La Rioja

Se trata del caso que investiga el asesinato de los religiosos Carlos Murias y Gabriel Longueville durante la última dictadura militar. La medida la tomó la Justicia Federal local, desde donde se informó que “se suspende sin fecha fija”, debido a la falta de magistrados para tomar la causa. El inicio del juicio estaba previsto para marzo.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja decidió “suspender sin fecha fija” la audiencia oral y pública prevista para el próximo 15 de Marzo, que debía investigar delitos de Lesa Humanidad y esclarecer el asesinato de los sacerdotes Carlos Murias y Gabriel Longueville, cometidos durante la última dictadura militar.

El Tribunal decidió mediante un decreto “suspender sin fecha fija” la audiencia oral y pública por el delito de Lesa Humanidad ya que a la fecha éste “no se encuentra conformado debido a la recusación interpuesta por el Defensor Público Oficial Carlos Caceres, defensor de Benjamín Menendez, respecto del mismo”.

Otro de los motivos de la suspensión de la audiencia es que tampoco fueron resueltos “los planteos de nulidad interpuestos por el defensor del ex Vicecomodoro Luis Estrella y el ex comisario Domingo Vera Enrique Leiva y Sebastián Chiavassa respectivamente en contra del decreto que fijaba la fecha de audiencia para el próximo 15 de marzo del corriente año”.

Las recusaciones se encuentran a la espera de su resolución en la Cámara Nacional de Casación Penal.

El tribunal actualmente está integrado únicamente por el Juez de Cámara José Camilo Quiroga Uriburu (Presidente) debido a la jubilación de su par Sergio Grimaux y la renuncia de Alberto Aragone para desempeñarse como Defensor Oficial en el Tribunal Oral de la provincia de Salta.

La causa es la número 361-E-2.009 caratulada como “Estrella, Luis Fernando y otros Homicidio Calificado Reiterado, Privación Ilegítima de la Libertad seguida de muerte y Tormentos” y tenía como subrogantes a los jueces Carlos Lascano y Jaime Diaz Gavier del Tribunal Oral Federal 1 y 2 de Córdoba respectivamente.

Los hechos ocurrieron el 18 de julio de 1976 cuando un grupo de hombres, supuestamente pertenecientes a la policia provincial, buscaron a los sacerdotes quienes pertenecían a la orden sacerdotal del ex obispo provincial Enrique Angelelli, en el lugar de residencia y posteriormente en las afueras de la ciudad de Chamical los asesinaron de varios disparos tras haberlos atados de manos y tapados los ojos.

La causa consta actualmente de 26 cuerpos principales y 25 incidentes y estban citados más de cien testigos ya que algunos fallecieron y a otros no se los pudo localizar debido a que no viven mas en los domicilios denunciados en esa época.

Entre los testigos se encuentran el Secretario de Derechos Humanos de la Nación Eduardo Luis Duhalde, la actual senadora nacional Teresita Luna, el padre de ésta Balbino Luna (ex policia), el ex Jefe de la Policia provincial Felix Portugal, el ex Intendente de Chamical Elias Hemmes, el diputado provincial y ex sacerdote de Chamical Delfor Brizuela, el actual Fiscal General de la provincia Hugo Montivero, Carlos Ruckauf, Juan Bautista Jofre, entre otros.

Las partes actuantes son el Fiscal General Subrogante Dario Illanes, la querella por parte de la hermana de Carlos Murias a cargo de las letradas Viviana y Maria Reinoso, Adriana Mercado Luna y Graciela Herrera y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia en tanto que los abogados defensores son Enrique Leiva (Estrella), Sebastian Chiavassa (Vera) y el Defensor Público Oficial Carlos Cáceres (Menendez).

Los integrantes del Tribunal, fueron recusados por el Defensor Público Oficial Carlos Cáceres con la adhesión del abogado Sebastián Chiavassa, para lo cual se conformó un nuevo tribunal integrado por los magistrados Carlos Ochoa y Vicente Muscará del Tribunal 1 y Jose María Perez Villalobo Tribunal Oral 2 quien se xcusó de actuar siendo reemplazado por Abel Sanchez Torres perteneciente a la Cámara Apelaciones, todos de la ciudad de Córdoba.

Posteriormente, Chiavassa recusó a Sanchez Torres y tras hacérsele lugar se designó por parte de la Cámara de Casación Penal al juez Luis Martinez de la Cámara deApelaciones de Cordoba quien también fué recusado al igual que su reemplazante Ignacio Velez Funes del Tribunal Oral 1 de Córdoba interponiendo finalmente un reurso de Casación que aún no fué resuelto por la Cámara.

Este será el segundo juicio por delitos de Lesa Humanidad que se desarrollará en la provincia ya que el primero se realizó en Agosto de 2010 donde se condenó al ex sargento José Rodriguez a veinte años de prisión por el homicidio del soldado Roberto Villafañe.

miércoles 29 de febrero de 2012

El vecino que nadie defiende

Ahora, la intendenta de Funesm se suma al repudio a Warfi Herrera. 
Mónica Tomei manifestó su preocupación por la prisión domiciliaria que cumple el ex jefe de la policía de Santiago del Estero. "Una persona involucrada en delitos de lesa humanidad debe permanecer en cárcel común", dijo la mandataria.

La catarata de repudios por la presencia del ex jefe de la policía de Santiago del Estero durante la última dictadura militar, Ramón Warfi Herrera, en la ciudad de Funes, no se detiene. La propia intendenta Mónica Tomei manifestó su preocupación por el estatus del represor, quien cumple arresto domiciliario en Monteagudo 2186 del barrio Villa del Sol, en el norte de la vecina localidad. "Nos parece que una persona involucrada en delitos de lesa humanidad debe cumplir su pena en una cárcel común", afirmó la mandataria, quien adelantó que hoy mismo ingresarán en el Concejo Deliberante un proyecto para declarar persona no grata a Warfi Herrera. La Intendencia solicitará al Tribunal que entiende en la causa "la detención en cárcel común además del traslado al territorio de su competencia".

Al mismo tiempo, el secretario de Gobierno de Funes, Gonzalo Miranda Aguiar, se comunicó ayer con el fiscal federal de Santiago del Estero, Gustavo Gimena, que se opuso al beneficio otorgado a Warfi Herrera. El funcionario municipal lo llamó para profundizar sobre la información que causó conmoción en Funes. Anteayer, la vecinal de la zona 5, a la que pertenece el barrio Villa del Sol, y el concejal del Frente para la Victoria Mauro Míguez hicieron público su repudio a la presencia del represor. Ayer fue la propia intendenta quien manifestó su rechazo a la presencia del represor.

Warfi Herrera fue jefe de la policía de Santiago del Estero entre 1977 y 1979, y fue uno de los máximos responsables del terrorismo de estado en aquella provincia. Durante dos años estuvo prófugo, ya que informó un domicilio falso a la justicia, pero el 16 de diciembre pasado fue detenido en su casa de Funes. A los pocos días lo trasladaron a Santiago del Estero, donde fue indagado por el juez Guillermo Molinari, que el 29 de diciembre lo procesó por privación ilegítima de la libertad, tormentos y desaparición forzada de persona en catorce casos. No llegó a estar dos meses detenido en la provincia del norte, ya que el 17 de febrero un tribunal integrado por Pedro Ibáñez, Gabriel Casas y Carlos Jiménez Montilla (el último votó en disidencia) le otorgó la prisión domiciliaria en su domicilio --donde se mantuvo prófugo--, por problemas de salud que arguyó la defensa del represor. Después del carnaval, Warfi Herrera volvió a su casa, que tiene parque y piscina. El repudio de los organismos de derechos humanos de Santiago del Estero no se hizo esperar. La presidenta de la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia, Cristina Torres, apeló a la "solidaridad" del pueblo santafesino para impedir que el represor vuelva a eludir la acción judicial.

"El fiscal nos comunicó su preocupación, porque no existen antecedentes de una decisión de dar arresto domiciliario fuera de la jurisdicción del proceso penal. Por eso nos hemos puesto a su disposición", afirmó Miranda Aguiar, quien relató que ayer fueron al domicilio del represor para constatar que se cumpla el arresto domiciliario, y confirmaron la presencia de un móvil de la Policía Federal, con un agente de civil para garantizar que Warfi Herrera no se mueva de su casa. Al mismo tiempo, el Ejecutivo municipal enviará hoy un mensaje al Concejo, que sesionará a partir del próximo 7, para declarar al represor como persona no grata. "Vamos a remitir toda esta documentación al Tribunal Oral de Santiago del Estero para que sepan cuál es la posición de Funes", agregó el funcionario.

La noticia de la presencia de Warfi Herrera en el jardín de la provincia cayó como una bomba entre la ciudadanía, que desconocían la presencia del represor. "Desde el municipio queremos dejar bien clara la postura de nuestra gestión, que va a ser la misma del Concejo y de la comunidad en general", expresó Miranda Aguiar. En Funes, una comisión Multipartidaria se viene reuniendo para conmemorar, por primera vez en esa localidad, el 24 de marzo con un acto público.

Declaran persona non grata a Warfi Herrera en el barrio donde cumple prisión domiciliaria

No quieren un represor cerca

La Asociación Vecinal de la zona 5 de la vecina localidad, a la que pertenece el barrio Villa del Sol, repudió que el ex jefe de la policía santiagueña durante la última dictadura esté cumpliendo prisión domiciliaria en ese lugar.

La noticia publicada el lunes por Rosario/12 causó conmoción en el barrio Villa del Sol de Funes. La mayoría de los vecinos desconocía que Ramón Warfi Herrera, el habitante de Monteagudo 2186, era un represor procesado por delitos de lesa humanidad en Santiago del Estero, donde fue jefe de la policía entre 1977 y 1979. Los primeros en reaccionar fueron los integrantes de la Comisión Directiva de la Asociación Vecinal de la zona 5, que declaró persona no grata al represor y exigió que se retire "inmediatamente" del barrio. "Semejante individuo debería estar alojado con los otros represores de la dictadura", dice el comunicado de urgencia que emitió la vecinal. "Lamentamos la decisión del Tribunal y no compartimos semejante privilegio para alguien que no lo merece desde ningún punto de vista", agregan. También el concejal del Frente para la Victoria, Mauro Míguez, llevará el tema al Concejo el próximo 7 de marzo, cuando se inicien las sesiones del cuerpo deliberativo de la vecina ciudad, donde por primera vez una Multipartidaria organiza un acto para conmemorar el golpe del 24 de marzo.

"La posición del bloque del Frente para la Victoria es que el Concejo saque una resolución de repudio de la presencia de Herrera en la ciudad", adelantó Míguez, quien manifestó la sorpresa por la vuelta del represor al barrio, apenas dos meses después de su detención, el 16 de diciembre pasado.

Warfi Herrera estuvo prófugo durante dos años, ya que dio una dirección falsa a la justicia de Santiago del Estero. Está acusado de privación ilegal de la libertad, torturas, homicidio calificado y desaparición forzada de personas en diez casos. A fines de diciembre, el juez Guillermo Molinari lo procesó, y el 17 de febrero, un Tribunal integrado por Pedro Ibáñez, Gabriel Casas y Carlos Jiménez Montilla le otorgó la prisión domiciliaria por cuestiones de salud. El fiscal Gustavo Gimena se opuso al beneficio, pero la semana pasada el represor volvió a su casa de Funes. Incluso, la presidenta de la Asociación por Memoria, Verdad y Justicia de Santiago del Estero, Cristina Torres, cuestionó que los magistrados hayan ido más allá del pedido de la defensa, que era la domiciliaria en aquella provincia. "Sin embargo, se la concedieron en la provincia de Santa Fe, donde estuvo prófugo", se indignó la militante de derechos humanos quien convocó el "sentido de solidaridad" de la ciudadanía santafesina. La magnitud de su actuación en el terrorismo de estado santiagueño se comprende si se tiene en cuenta que fue el jefe de Musa Azar, el temible ex jefe de inteligencia de esa provincia.

El concejo de Funes tiene 6 ediles, de los cuales cinco pertenecen a distintas vertientes del radicalismo en el Frente Progresista Cívico y Social. Sólo uno, Míguez, integra el Frente para la Victoria. "Por lo que sé, esto tomó de sorpresa a muchos vecinos que tuvieron contacto con esta persona y desconocían sus antecedentes", afirmó el edil funense.

"Somos un barrio de gente trabajadora, respetuosa de la autoridad democráticamente constituida. Necesitamos que la policía cuide nuestra seguridad y no que se vea obligada a perder el tiempo con quienes pisotearon la democracia", dice el comunicado de la vecinal zona 5. Consultado por este diario, uno de los integrantes de la comisión directiva, Mario Moreno, admitió que la noticia los tomó por sorpresa, ya que desconocían que Warfi Herrera --propietario de la casa en la que vive-- contaba con semejantes antecedentes delictivos.

domingo 26 de febrero de 2012

El jefe de la policía santiagueña durante la dictadura, está en su casa

 El represor vive en Barrio Villa del Sol
Cobijo para un vecino con prontuario

Después de permanecer prófugo por dos años, el 16 de diciembre Ramón Warfi Herrera fue condenado por desaparición forzada, homicidio calificado y torturas, además de asociación ilícita. Sin embargo, goza de prisión domiciliaria en Funes.

El represor Ramón Warfi Herrera, que fue jefe de policía de Santiago del Estero durante la última dictadura militar desde enero de 1977 hasta 1979, acusado de delitos de lesa humanidad, cumple prisión domiciliaria en su casa del barrio Villa del Sol de Funes desde la semana pasada. La dirección exacta del chalé en el que vive, de techo a dos aguas con frente de ladrillos vistos, es Monteagudo 2186. El Tribunal Federal Oral de Santiago del Estero, integrado por Pedro Ibáñez, Gabriel Casas y Carlos Jiménez Montilla otorgó el beneficio al entender que por razones de salud y por los tratamientos a los que debe ser sometido, no podía continuar en una cárcel. Lo curioso es que Warfi Herrera fue detenido el 16 de diciembre pasado, después de permanecer prófugo durante dos años. El juez Guillermo Molinari lo procesó a fines de diciembre por desaparición forzada, homicidio calificado y torturas en 10 casos, además de asociación ilícita.

El fiscal Gustavo Gimena se opuso a que le permitieran vivir en Funes, pero el Tribunal atendió al pedido de la defensa, ejercida por los abogados Juan José Saín y Osvaldo Fiorino. Para Cristina Torres, presidenta de la Asociación por Memoria, Verdad y Justicia de Santiago del Estero, la decisión tomada por el Tribunal el 17 de febrero pasado es "lamentable, inconcebible y execrable". Como querellante, lamentó que los jueces Ibáñez y Casas --Jiménez Montilla votó en disidencia-- fueran más allá de lo pedido por la defensa, que había planteado una domiciliaria en aquella provincia. "Sin embargo, se la concedieron en la provincia de Santa Fe, donde estuvo prófugo", apuntó Torres. Warfi Herrera fue trasladado en diciembre pasado al Penal Federal de Colonia Pinto, lugar donde se encuentran quienes cumplen prisión por delitos de lesa humanidad en Santiago del Estero, pero sólo estuvo preso dos meses.

La dirigente del organismo que agrupa a familiares de desaparecidos y a ex presos políticos apeló "al sentido de solidaridad de los movimientos de derechos humanos y más que nada al pueblo de la provincia de Santa Fe, en el sentido de que sabemos que las prisiones domiciliarias allá han tenido muchos problemas, porque han sido violadas reiteradamente. Lamentablemente para nosotros hay mucha distancia geográfica. Sin embargo, desde hace 35 años que estamos buscando justicia y como les decimos a ellos en la calle, como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar". La desesperación de los organismos de Santiago del Estero es que Warfi Herrera no demostró nunca, en 35 años, la intención de colaborar con la Justicia, y tenían expectativa del pronto inicio del juicio oral por los delitos de lesa humanidad en los que está imputado. "Les pedimos a los santafesinos que nos acompañen en esa búsqueda, para que se siente en el banquillo de los acusados como todos los otros. Si él no está presente, el juicio no se puede hacer", rogó Torres.

En su rechazo a la domiciliaria, el fiscal Gimena argumentó que el grupo de tareas integrado por Musa Azar, Garbi, López Veloso (sólo por citar a quienes ya se encuentran condenados a perpetua por delitos declarados imprescriptibles por la Justicia argentina) actuaban bajo la responsabilidad del hoy beneficiado, quien luego de ser jefe de la Policía en la provincia prestó servicios, a partir del año 1979, en el Comando del II Cuerpo de Ejército en Rosario. Con posterioridad pasa a revistar en la Escuela de Inteligencia con sede en la provincia de Santa Fe. Desde 1971 y con el grado de Capitán es ya un oficial de la Inteligencia Militar, habiendo realizado cursos en Estados Unidos y Venezuela, entre otros. Es así que en 1982 llega a desempeñarse como sub-director de la Escuela de Inteligencia Militar a cargo del "Programa de Recuperación de Subversivos Procesados".

Desde la Asociación por la Memoria, Verdad y Justicia plantean que la resolución "tomada por el tribunal presidido por Pedro Ibáñez (quien se desempeñó como funcionario judicial durante el juarismo y fue acusado de ordenar el espionaje a las Madres del Dolor a fines de los 90), no hace sino confirmar su decisión de trabajar por la continuidad de la impunidad de los genocidas, a contrapelo de la decisión de los poderes del Estado y de la sociedad argentina, que declararon el juzgamiento y la condena de estos delitos de interés prioritario para la Nación".

Como antecedentes, plantean que "estos mismos funcionarios son los que concedieron el beneficio de la excarcelación al represor ex policía Roberto Díaz que luego de ser excarcelado se profugó, situación que se mantiene hasta el presente. Sería demasiado ingenuo pensar que el imputado Warfi Herrera no adopte la misma conducta que Díaz, sobre todo teniendo en cuenta que la legislación argentina prohíbe el juicio en ausencia de los imputados".