martes, 31 de marzo de 2015

Más impunidad biológica MURIÓ EL REPRESOR TOMÁS MÉNDEZ

Por HIJOS La Plata 

El 17 de marzo pasado el TOF 1 de La Plata informó la muerte impune de Tomás Méndez, oficial de prefectura que gozaba de prisión preventiva domiciliaria, y uno de los 10 represores que iría a juicio este año por los crímenes de la Armada en nuestra zona. 
Con ello, quedan 9 marineros del terror por juzgar, la mayoría gozan del beneficio de la detención domiciliaria y sólo 2 se encuentran cumpliendo prisión efectiva, pero en el régimen abierto de la Unidad 31 de Ezeiza, destinado originalmente a mujeres presas con sus hijos. 
Esto es sólo una muestra del carácter impune con que la mitad de los represores imputados en todo el país afrontan los procesos en su contra, por lo demás plagados de beneficios y sortilegios judiciales que les garantizan un tranquilo pasar por los servicios prestados. 

El finado 
El oficial de Prefectura Naval Argentina, Tomás Osvaldo Méndez, había nacido en diciembre de 1933 en Corrientes. Estaba casado y vivía un apacible retiro de la fuerza en su casa de calle 26 este N°4926 de Berisso. En 2012 se dispuso su prisión preventiva por considerarlo “prima facie” partícipe necesario de los delitos de privación ilegal de la libertad y aplicación de torturas, de las que fueron víctimas Jorge Arri, Carmello Cipollone, Julio Alberto Machado y Juan Pombo. 

En el procesamiento de 2012 el juez Blanco afirmaba que “la responsabilidad que le cabe surge en virtud de que se ha acreditado que tuvo intervención directa en acciones que formaban parte del plan criminal”. De hecho, en su declaración ante la CONADEP, Cipollone, una de las víctimas que fue trasladada a la sede de Prefectura después de que lo secuestraron, manifestó que pudo reconocer a Méndez como al oficial de Prefectura que lo fotografió después de que interrogaron mediando golpes y amenazas, y que lo identificó porque le levantaron la capucha para fotografiarlo, y que lo conocía porque lo había fotografiado unos años atrás, cuando había ido sacar la licencia para conducir embarcaciones deportivas. 
Del lega personal de Méndez surge una foja de calificación suscripta por el Prefecto Principal de Prefectura La Plata, Luis Rocca, referente al lapso comprendido entre el 1 de agosto de 1975 y el 31 de julio de 1976, y allí se expresa que “...integra en forma voluntaria un grupo de choque armado, donde emplea toda su capacidad”. A su vez, el por entonces Jefe de Prefectura lo califica por el período comprendido entre el 1° de agosto de 1976 y el 31 de enero de 1977, donde se indica que “…integra en forma voluntaria un grupo la fuerza de choque con eficiente actuación en la F.T.5”. 
La impunidad biológica por tardanza del Estado le impedirá responder por esos crímenes. 
Que en Paz No Descanse. 


Vacaciones perpetuas 
Pero además de Méndez, el resto de sus camaradas de arma también gozan los beneficios de la justicia de clase y a cuentagotas. El comandante de Operaciones Navales y jefe de la Fuerza de Tareas 5 (FT5), Antonio Vañek, fue condenado en septiembre de 2012 a 40 años de prisión (leyes Blumberg mediante) como parte del proceso que juzgó el denominado “Plan Sistemático” de apropiación de hijos de detenidos-desaparecidos. Sin embargo, y aunque encabeza la lista de procesados en la causa FT5 acusado por 1 solo caso, goza de la prisión domiciliaria en el 4to piso de su depto de Belgrano. 
El director del Liceo Naval, Jorge Alberto Errecaborde (82 años), imputado por el secuestro y torturas de 9 compañeros (2 de ellos asesinados), disfruta de la vista del Campo de Polo desde el piso 7mo de su depto de Palermo. Procesado en noviembre de 2011, le fue otorgada la domiciliaria por el Juzgado N°3 de La Plata en virtud del Artículo 32 de la ley 24.660. Apelada por el Fiscal, la medida fue revocada por la Cámara en mayo de 2012 por no presentar el reo ninguna enfermedad terminal en curso. Pero recurrida por la defensa del genocida, la medida fue confirmada por la misma Cámara en diciembre de 2013. 
El único marino condenado en La Plata en 12 años de juicios, y uno de los Comandantes del BIM3, Juan Carlos Herzberg, fue sentenciado en diciembre de 2010 a 10 años de prisión (eso sí, con modalidad domiciliaria) por la apropiación de Natalia Suarez Nelson Corbalán, por haber sacado a la niña del CCD “La Cacha” y entregarla al apropiador Omar Alonso. A fines de 2014 se lo condenó a 12 años por participar del secuestro de los militantes montoneros María Elvira Luis, José Luis Cavalieri y Carlos Estaban Alaye en Ensenada, quienes luego pasaron por el CCD La Cacha. Aún con esas condenas a cuestas, y acusado por 1 caso en la causa FT5, cuando no está en audiencias de juicio al marino le permiten observar la realidad desde el piso 7 de su depto frente al hipódromo de Palermo. 
José Casimiro Fernández Carró, segundo comandante de Operaciones Navales y jefe a cargo del armamento del BIM3, está acusado por los secuestros y torturas de 7 compañeros que pasaron por ese CCD. En octubre de 2012 consiguió la falta de mérito en algunos de esos casos y goza de la domiciliaria en el 6to piso de su depto de Belgrano R. 
Los jefes de la Prefectura Naval zona Río de La Plata, Carlos José Ramón Schaller y Luis Rocca, imputados por 15 casos de secuestros y desapariciones a manos de la FT5, disfrutan desde un cómodo 10mo piso, el primero en Barrancas de Belgrano y el segundo por la estación de Caballito. 
El oficial de la Prefectura Eduardo Antonio Meza, imputado por 10 casos de secuestros y desapariciones en su colaboración con la FT5, viven un apacible retiro en su casa de Berisso, zona donde actuaba en noche y niebla hace 39 años atrás. 
Como anticipábamos más arriba sólo 2 represores, detenidos en 2012, cumplen prisión efectiva. 
Ángel Antonio Mocellini, comandante del grupo de tareas de la FT5, fue citado a indagatoria en agosto de 2012. Una vez detenido el juez Manuel Blanco le dio domiciliaria en diciembre de ese año. Pero el TOF 1 lo mandó a cumplir prisión efectiva en Marcos Paz. Allí se encontraba junto a Roberto Eduardo Fernando Guitián, ex jefe de Operaciones e Inteligencia del BIM3, hasta que en mayo pasado el Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal, Emilio Blanco, sumó un nuevo privilegio a los peores asesinos de nuestra historia. Bajo el argumento de que el incremento de la tasa de encarcelamiento ha generado una grave problemática con la insuficiencia de plazas para el alojamiento de detenidos varones adultos en los establecimientos penitenciarios federales de la región metropolitana, decidió trasladar a los 407 internos (entre condenados y procesados) de causas por delitos de lesa humanidad de la Unidad 2 de Marcos Paz el sector A del Centro Federal de Detención de Mujeres de la Unidad 31 de Ezeiza. Según Blanco esto “posibilitaría que los internos por delitos de lesa humanidad, dado su bajo nivel de conflictividad, utilicen el contexto institucional proporcionado por el Hospital Penitenciario Central 1 de Ezeiza, para recibir diariamente aquellas especialidades médicas que allí se brindan, evitando traslados infructuosos”. 
Según informó el SPF, el traslado sería transitorio y conformaría el “Anexo Residencial para Adultos Mayores” hasta que se construya en Ezeiza un nuevo pabellón de lesa humanidad. La medida también estipulaba la reubicación de las internas madres del sector A a “otros establecimientos penitenciarios que se ajusten a su condición de género”, o al sector B de Ezeiza en el caso de quienes tengan un “perfil de baja potencialidad conflictiva”. Lo que en realidad terminó ocurriendo, y fue denunciado por organizaciones sociales que trabajan la temática anticarcelaria, fue el traslado forzoso de varias internas del sector A, muchas de ellas madres, embarazadas o con enfermedades, a otros penales federales en Buenos Aires o La Pampa, para complicar las visitas de sus familias y amigos y endurecer sus condiciones de detención. Es dable recordar que la Unidad 31 de Ezeiza, una de las cárceles más nuevas del SPF, fue construida especialmente como un régimen abierto que adecúe al máximo la dignidad en la detención de mujeres madres, ahora perjudicadas porque el Estado entiende que sus derechos valen menos que los de un grupo de represores de la dictadura condenados o procesados con preventiva. 

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La Causa “Armada” 
A comienzos de marzo de 2014 el juez Manuel Humberto Blanco, elevó a juicio la causa N°35, por los crímenes de la Armada Argentina en la zona de La Plata, Berisso y Ensenada. Con una investigación fragmentada de cuatro años iniciada por Corazza, Blanco no hizo más que dar lugar al paupérrimo requerimiento de los fiscales Molina, Schapiro y Fernández en el caso: 6 ex jerarcas de la Armada, 2 ex jefes de la Prefectura Naval y otros 2 ex oficiales de esta fuerza. Un total de 10 genocidas para una zona que, junto con Capital Federal, Mar Del Plata y Bahía Blanca, fue diezmada por las patotas de la Marina. 
Fruto de la denodada tarea de la justicia, sólo un pequeño grupo de hombres de mar serán llevados a juicio como únicos responsables de las patotas de Massera en la zona, y además por una cantidad ínfima de los compañeros que pasaron por sus manos. Hasta la muerte impune de Mendez por tardanza de la justicia, eran 10 represores por 40 compañeros. Eso es lo que, a casi 4 décadas de los hechos, el Estado está dispuesto a reconocer como el total accionar del denominado “Plan de Capacidades de la Armada Argentina” o “Placintara”, que desde noviembre del '75 determinó tareas a la Marina con vistas a lo que luego de marzo del '76 se desató abiertamente como el exterminio de toda resistencia organizada a la dictadura. 
La existencia del Plan fue confirmada en 2007 por un pesado de la Armada, el contra-almirante Luis Mendía, en indagatoria ante el juez Torres que instruye en franca tupac-amarización la causa ESMA. El Comandante de Operaciones Mendía, también muerto impune por la tardanza de Torres en llegar a juicio, lo definió como un manual instructivo sobre cómo operaría la Armada en la represión desde noviembre del '75. Lo hizo repitiendo el conocido sambenito de que actuaron basados “en el estricto y fiel cumplimiento y observancia de los reglamentos militares vigentes y de las disposiciones legales dictadas por el gobierno constitucional de la señora María Estela Martínez de Perón y del doctor Italo Argentino Luder", que por cierto nunca fueron citados a explicar ninguno de estos y otros tópicos. 
En un intento por demostrar la generación espontánea en su tropa del secuestro de hijos de detenidos-desaparecidos, no ya por su propio mando, el carnicero mayor de la Armada Emilio Eduardo Massera, ciertamente “educado” en la Escuela Naval de la Isla Río Santiago en Ensenada, aportó a la justicia en el '78 una copia del "Placintara 75". Según declaró Massera en la causa 13, "allí se determina cuál debía ser el trato y atención con respecto a los detenidos, especificándose claramente que tanto los detenidos en condiciones físicas irregulares como las mujeres y menores debían tener un trato específico y diferencial". Como era de esperar, no definió nunca el alcance real de los caracteres “específico y preferencial”. 
Así de claro el origen del accionar represivo de esta fuerza en particular, hay un problema: el “Placintara” que fiscales y jueces investigan en nuestra zona sólo incluye los casos de unas 40 víctimas, es decir por 3 desaparecidos, otros 35 sobrevivientes y 2 homicidios. 
El accionar represivo de la Armada en nuestra zona operaba a través de la denominada “Fuerza de Tareas Nº 5”, desde el Servicio de Inteligencia Naval (SIN), en el Batallón de Infantería de Marina N°3, el Hospital Naval, el Liceo Naval, más el destacamento de Subprefectura de Río Santiago y, por lo menos, los CCD “La Cacha” e Infantería de 1 y 60. Los marinos tuvieron fuerte participación en la intervención de sindicatos y fábricas de la zona del parque industrial de Berisso y Ensenada, como Propulsora (grupo Techint), el frigorífico Swift, el Astilleros Río Santiago y la destilería de YPF. 
Varios militantes de aquella época recuerdan que la misma madrugada del 24 de marzo del '76 los marinos y prefectos recorrieron las ciudades ribereñas y las fábricas en micros de línea con los que detenían a los trabajadores, que primero fueron llevados a centros de detención propios y, en algunos casos, luego derivados a otros de otras fuerzas. 
El BIM 3, ubicado en 122 y 51, funcionó durante los primeros 3 años de la dictadura bajo el mando de los comandantes de infantería de Marina Eduardo René Fracassi, Roberto Wulff de La Fuente y Oscar Abriata. Las denuncias de ex enfermeras del Hospital Naval sobre nacimientos clandestinos en el predio, y de ex detenidos sobre el paso de militantes secuestrados desde ese lugar y hacia otros CCD, son conocidas por la justicia desde hace décadas. 
Pese a ello, y a que en 2001 presentamos junto a la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos un amparo para preservar el predio como prueba judicial, el Estado nunca protegió el lugar, amagó con venderlo a privados para hacer un hipermercado, lo utilizó como helipuerto y finalmente construyó las facultades de Humanidades y Psicología sobre la Memoria de los compañeros que pasaron por allí. 
Uno de los comandantes del BIM 3, Fracassi, está ausente en la causa de La Plata. Está siendo juzgado en Bahía Blanca por los casos de 66 personas, 13 de ellas desaparecidas, secuestradas por las patotas de la Marina en combinación con los grupos de Tareas del Comando del Quinto Cuerpo del Ejército. Pero para no ser menos que sus camaradas en La Plata, el comandante Fracassi goza del beneficio de la domiciliaria, al igual que 17 de los 26 represores que lo acompañan en el juicio bahiense. 
BIM 3...

Cuestión de “criterios” 
La problemática no se reduce a que el mismo Estado, cuyos agentes utilizaron su aparato de Terror para secuestrar, torturar, desparecer y apropiar, utilice como excusa su déficit estructural en políticas penitenciarias para beneficiarlos cuatro décadas después. Sino que se amplía al criterio general con que ese Estado instruye, juzga y ejecuta las penas en los delitos más graves cometidos en nuestra historia como país. 
El artículo 32 de la lay 24.660 (y su modificatoria N°26.472 de 2009) dispone que pueden recibir domiciliaria los enfermos que no pueden tratar su dolencia en prisión, los enfermos terminales, los discapacitados cuyo encierro implique un trato indigno, las mujeres embarazadas, las madres de menores de 5 años y, claro está, los mayores de 70 años. Pese a varios proyectos para eliminar expresamente del beneficio a los procesados por delitos de lesa humanidad, la ley no distingue la gravedad específica de los delitos juzgados. Y en una aplicación selectiva y de clase, se escatima el beneficio a la mayoría de los internos de los Servicios Penitenciarios bonaerense y federal, que en un promedio del 70%, pasan más de 5 años haciendo “rancho” para sobrevivir en cárceles de mala muerte sin acusación ni condena firme. 
La discusión legal que se plantea, incluso a la interna de los jueces de la Cámara Federal platense (Nogueira, Pacilio, Vallefín y otros) y del Tribunal que juzga a los represores en La Plata (Rozansky, Jantus y Vega) es si el hecho de ser mayor de 70 años es requisito temporal suficiente para aplicar automáticamente el beneficio. Y si la gravedad de los delitos enrostrados no significa nada en este tema. Repasando la situación de los marinos imputados en la causa FT5, cuyas edades oscilan entre los 73 y los 89 años, queda claro qué criterio se viene imponiendo. 

HIJOS La Plata 
Marzo de 2015

miércoles, 4 de marzo de 2015

Causa Milani: Audiencia Pública con la presencia de Graciela Ledo

AUDIENCIA PUBLICA: 10 DE MARZO DE 2015, 10 HORAS, SALA 2, PISO 2

El día martes 10 de marzo, en la sala 2, del piso 2, a partir de las 10 horas, el Bloque Frente de Izquierda y los Trabajadores, integrado por los diputados Néstor Pitrola y Pablo López, invita a todos/as los/as diputados/as, organismos de derechos humanos, organizaciones estudiantiles, sindicales y políticas a participar de una importante Audiencia Pública que contará con la presencia de Graciela Ledo, hermana del ex conscripto desaparecido el 17 de junio de 1976, Alberto Agapito Ledo, a instancias de informar sobre los últimos acontecimientos de la causa y reclamar la inmediata indagatoria del actual jefe del Ejército, César Milani, que fue recientemente rechazada por el juez Daniel Bejas, la cual fue apelada inmediatamente por la familia y el fiscal Brito. A su vez se volverá a plantear la destitución de Milani del actual cargo como jefe del Ejército.

A pesar de que la defensa de Milani había recibido dos reveses judiciales -el rechazo a la revocatoria del fiscal y la aceptación como prueba del informe redactado por Milani en el que presenta la desaparición de Ledo como una “deserción” (la defensa había pedido su exclusión)- ocho días después Bejas relativiza la validez del acta como prueba del encubrimiento de la desaparición de Ledo para no avanzar con lo imputación contra Milani.

Al mismo tiempo que se desarrollaban estos acontecimientos, la familia del ex conscripto desaparecido, denunciaba persecución y vigilancia sobre sus personas, con pinchaduras de teléfonos y mails espiados. Esta persecución no puede tener más que la intención de bloquear el avance de la causa, utilizando los mismos servicios de inteligencia, hoy cuestionados, contra los familiares, para encubrir responsabilidades y salvar el pellejo de funcionarios de gobierno comprometidos. Este solo hecho refuta la denominada “democratización” de los servicios pregonada con la nueva Ley de Inteligencia.

A fin de acompañar el reclamo de Graciela Ledo y Marcela Brizuela de Ledo, hermana y madre del ex conscripto desaparecido, y de sus familiares y amigos, de que Milani sea indagado inmediatamente por la Justicia y que avance la causa para dar con las responsabilidades sobre la desaparición de Agapito Ledo, es que invitamos a todos ustedes a participar de esta Audiencia Pública.

Esperamos poder contar con su presencia

Por favor, pedimos confirmar su presencia a los internos 2919/2916 o al siguiente celular: 1531651297 (Mariela Solesio, secretaria parlamentaria Bloque FIT).

Los saluda atentamente

Despachos
Dip. Néstor Pitrola
Dip. Pablo López

miércoles, 25 de febrero de 2015

Tucumán : ¡¡ Ya suman 32 los represores liberados o excarcelados !!

Entre los últimos liberados están Jorge Lazarte y Francisco Ledesma. Los reclamos de los ciudadanos y organismos de derechos humanos no se hicieron esperar.

En un artículo escrito por Gerardo Aranguren, para Infonews, se destaca cómo en Tucumán se está dando un proceso de liberación de represores. Hasta el momento suman 32 los condenados por delitos de lesa humanidad de la última dictadura que fueron beneficiados por la Cámara de Casación de esa provincia.

Entre los últimos liberados se encuentran Jorge Lazarte y Francisco Ledesma. Se trata de la Megacausa Jefatura II Arsenales II y en la de Villa Urquiza.  Y podrían sumarse otras ocho liberaciones.

El 22 de diciembre último,  el Tribunal Oral Federal de Tucumán condenó a 18 años de prisión a Jorge Omar Lazarte y a 16, a Francisco Alfredo Ledesma en el juicio por crímenes en el penal de Villa Urquiza. En el mismo fallo, revocó la prisión domiciliaria de Ledesma, un ex agente penitenciario, y ordenó que fuera enviado a prisión al igual que Lazarte.

Sin embargo en plena feria judicial, la Cámara de Casación, integrada por los magistrados Eduardo Riggi, Ana María Figueroa y Ángela Ledesma, ordenó la liberación de los dos condenados hasta que haya una sentencia firme. La presentación también incluía al ex comisario Roberto Albornoz, pero no quedo libre ya que tiene condena firme en una causa anterior.
"Nos parece escandaloso. Creemos que hay razones más que suficientes para sostener que existe el riesgo procesal con estas personas en libertad. Tienen penas altas por delitos muy graves, algunos de ellos mantienen sus vínculos y el riesgo de fuga aumenta exponencialmente después de la sentencia", explicó el fiscal federal Pablo Camuña, que tiene a su cargo la Procuraduría de crímenes de lesa humanidad de Tucumán.

 "Los fallos tienen muchos aspectos que nos llaman la atención y que fueron desatendidos. Lo que parecía ser hasta ahora un criterio restrictivo de la Cámara de Casación, ahora es un criterio universal. Pareciera que no va a haber detenidos condenados por delitos de lesa humanidad hasta que queden firmes los fallos", se lamentó Camuña.

La Asociación de ex Presos Políticos e HIJOS, denunció que la liberación de los condenados "pone en riesgo la integridad física, psíquica y moral de quienes atestiguaron sobre los vejámenes a los que fueron sometidos por quienes hoy deambulan en libertad por la provincia".

Los "beneficiados" por la justicia

En el juicio por la causa Villa Urquiza se juzgaron los delitos cometidos contra 39 presos políticos detenidos ilegalmente. Francisco Ledesma es un ex guardiacárcel del penal de Villa Urquiza. Tras el golpe de Estado, el pabellón E pasó a ser un centro clandestino de detención para presos “subversivos” y comenzó a llamarse ‘pabellón de la muerte’. Fue condenado a 16 años de prisión.

Jorge Lazarte, por su parte, es un coronel retirado. Su rol era de supervisor militar del departamento de inteligencia de la Policía de Tucumán, conocido como D2. Especializado en inteligencia, se desempeñó tanto en Tucumán como en el Batallón 601, en la Ciudad de Buenos Aires. Por un breve tiempo, llegó a ser subjefe de la policía de esa provincia. Fue condenado a 18 años de prisión en el juicio de Villa Urquiza y a 10 años en Arsenales II-Jefatura II.


Ramón Ojeda Fuente es un capitán retirado del Ejército y se desempeñó en el Destacamento de Inteligencia 142 de Tucumán, del que llegó a ser jefe del grupo Situación Subversiva. Fue condenado a 20 años de prisión en el juicio Arsenales II-Jefatura II como autor de 20 homicidios agravados y numerosos casos de secuestros y torturas.


Alberto Montes de Oca fue jefe de guardia de Gendarmería. Ernesto Rivero, también gendarme. Estuvieron destinados en el centro clandestino de detención Arsenales. Ambos fueron condenados a 18 años de prisión en el juicio Arsenales II-Jefatura II por cerca de 50 secuestros y por violación sexual agravada.

Benito Palomo fue condenado a 18 años de prisión. Fue Segundo Comandante de Gendarmería en Tucumán y llegó a ser Comandante hasta su retiro en 2003. Fue encontrado culpable por una veintena de secuestros.

Juicio Villa Urquiza

Los represores beneficiados con la liberación debido a que sus condenas no se encuentran firmes y pese al temor de fuga que tienen las víctimas:

LIBERADOS

Jorge Lazarte (18 años)

Francisco Ledesma (16 años)

Arsenales II - Jefatura II

La lista de los represores –ex policías y militares– que fueron beneficiados con la liberación hasta que queden firmes las sentencias contra ellos o con la prisión domiciliaria:



LIBRES
Ramón Jodar (4 años)
María Acosta (10 años)
Miguel Chuchuy Linares (14 años)
Hugo Figueroa (16 años)
Pedro Pateris (10 años)
Guillermo Ugarte (15 años)
Antonio Vercellone (16 años)
Oscar Gómez (16 años)
Félix Insaurralde (16 años)
Benito Palomo (18 años)
Fernando Torres (16 años)
Ramón Ojeda Fuente (20 años)
Hugo Soto (15 años)
Alberto Montes de Oca (18 años)
Ernesto Rivero (18 años)
José Sowinski (17 años)

DOMICILIARIA

Luis De Cándido (perpetua)
Ángel Moreno (16 años)
Ramón Cooke (16 años)
Juan Abraham (16 años)
Ricardo Sánchez (perpetua)
Rolando Reyes Quintana (16 años)
Luis Ocaranza (10 años)
Mario D'Ursi (12 años)
Augusto Neme (18 años)
Luis Varela (perpetua)
Adolfo Moore (20 años)
Tomás Güemes (18 años)

Además, Gerardo Aranguren subrayó que se están dando casos sospechosamente similares en Salta donde quince condenados en la Megacausa Salta, la mitad de ellos a cadena perpetua, fueron liberados por la misma Sala III de Casación, integrada por los jueces Eduardo Riggi y Liliana Catucci, con la disidencia de Ana María Figueroa.

viernes, 20 de febrero de 2015

Las condenas a represores de Junín: "por su complicidad en el genocidio perpetrado durante la dictadura cívico-militar"

Dos de los acusados fueron condenados a cadena perpetua; otros dos a 25 años de prisión; dos más, a 18 años; y un último caso, a 15 años de cárcel. La sentencia fue anunciada ayer por el juez Carlos Rozanski y hubo emoción entre las víctimas y familiares.

La Plata, 19 Feb .- El Tribunal Oral en lo Criminal Oral Nº 1 de La Plata, presidido por el juez Carlos Rozanski, dio a conocer ayer sentencias a siete represores en el marco de la última jornada del juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Junín.

Después de tres meses de juicio y 12 extensas audiencias –con la declaración de 70 testigos–, el veredicto condenó a dos de los acusados a cadena perpetua; otros dos a 25 años de prisión; dos más, a 18 años; y un último caso, a 15 años de cárcel.

Hubo emoción entre las víctimas y familiares que habían esperado casi 38 años para que se juzgaran los terribles hechos cometidos durante la última dictadura cívico militar en esa ciudad banaerense. 
 
La condena dada a conocer ayer tendrá su correlato en la fundamentación de las condenas, que será publicada el 26 de febrero de 2015. Este fallo no quedó firme y la defensa ya adelantó que recurrirá al tribunal de Casación para apelar esta decisión.

No obstante, tanto familiares y víctimas como referentes de los organismos de derechos humanos, confían en que hay muy pocas posibilidades que esa apelación prospere.

El fallo

En primera instancia, el Tribunal condenó a prisión perpetua e inhabilitación absoluta a Ángel José Gómez Pola, “por su complicidad en el genocidio perpetrado en la última dictadura cívico militar” y por encontrarlo coautor del delito de homicidio doblemente calificado en los casos de los ex detenidos desaparecidos juninenses Hugo Torretta, Adrián Romié y Gilberto “Beto” Mesa. Asimismo, fue condenado por “intervenir en la lesión grave en la integridad física o mental del grupo” y por los delitos de “privación ilegal agravada” y “aplicación de tormentos agravada”.

También se condenó a prisión perpetua e inhabilitación absoluta a Abel Oscar Bracken, “por su complicidad en el genocidio perpetrado durante la última dictadura cívico militar”. Asimismo, fue condenado por haber sido “coautor del delito de homicidio doblemente calificado”, por el caso Torretta. Además, fue condenado por “intervenir en la lesión grave en la integridad física o mental del grupo” y por los delitos de “privación ilegal agravada” y “aplicación de tormentos agravada”.

Francisco Silvio Manzanares fue condenado a 25 años de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena “por su complicidad en el genocidio perpetrado durante la última dictadura cívico militar”, por “intervenir en la lesión grave en la integridad física o mental del grupo”, y como “coautor de privación ilegítima de la libertad agravada” y “aplicación de tomentos agravada”.

También fue condenado a 25 años de prisión Aldo Antonio Chiacchietta “por su complicidad en el genocidio perpetrado durante la última dictadura cívico militar”, por “intervenir en la lesión grave en la integridad física o mental del grupo”, y como “coautor de privación ilegítima de la libertad agravada” y “aplicación de tormentos agravada”.

Bajo los mismos argumentos, Miguel Ángel Almirón y Julio Ángel Esterlich fueron condenados a 18 años de prisión y Edgardo Mastrandrea, a 15. Asimismo, se revocó la detención domiciliaria de Chia-cchieta, Almirón y Bracken.

martes, 17 de febrero de 2015

Junín-lesa humanidad: piden perpetuas y 25 años de prisión

Las penas fueron solicitadas para un exmilitar y seis expolicías bonaerenses que ejercieron el terrorismo de Estado en esa ciudad. Entre los acusados están el excoronel Gómez Pola y los excomisarios Bracken y Mastandrea.

El expolicía Edgardo Mastandrea podría ser condenado a 23 años de prisión.

Los fiscales de la Unidad que interviene en casos de terrorismo de Estado en La Plata, Hernán Schapiro y Juan Martín Nogueira, pidieron penas de prisión perpetua para el ex coronel Ángel José Gómez Pola y el ex comisario de la seccional 1era de Junín, Abel Oscar Bracken, por delitos de lesa humanidad cometidos contra 24 víctimas del circuito represivo que funcionó en esa ciudad bonaerense durante la última dictadura cívico militar.

También solicitaron entre 19 y 25 años de prisión para otros cinco policías involucrados.

"Las fuerzas militares y policiales tuvieron un funcionamiento armónico y coordinado en la zona, dándose una unidad de acción muy marcada", destacaron los fiscales en el juicio que se celebra desde noviembre pasado en la Universidad Nacional del Noroeste.

Para el ex oficial subinspector y médico policial Aldo Antonio Chiachietta y el ex oficial inspector de la delegación regional de la Dirección de Inteligencia policial (DIPBA), Francisco Silvio Manzanares, los fiscales solicitaron 25 años de prisión.

En tanto, para el ex oficial subinspector Miguel Ángel Almirón y el ex oficial inspector Edgardo Antonio Mastandrea pidieron 23 años; y 19, para el ex oficial subinspector Julio Ángel Esterlich.

Las condenas solicitadas se basan la ampliación que formularon en el juicio por los delitos de homicidio, en los casos de tres víctimas desaparecidas; y por la aplicación de tormentos, ya que los acusados habían llegado a juicio imputados solamente de privación ilegal de la libertad.

En su alegato, Schapiro y Nogueira también requirieron al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata que, al momento de dictar sentencia, decida la remisión a la Fiscalía Federal de Junín de las constancias del debate en las que se imputaron a otras personas con el fin de que sean investigadas.

Además, los fiscales solicitaron que se ponga el fallo en conocimiento del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires y que "se adopten las medidas necesarias para que se establezcan como sitios de 'Memoria' los centros clandestinos de detención que han sido objeto del juicio".

El circuito represivo que funcionó en Junín estuvo comandado por el área militar 131, con sede en el Grupo de Artillería 101, en donde Gómez Pola ejerció como jefe.

Los lugares del sistema represivo local funcionaron en la comisaría 1ª de Junín, la Unidad N°13 del Servicio Penitenciario Provincial, que en aquella época estaba en construcción; el Destacamento o Puesto de Vigilancia de la localidad de Morse, que dependía de la comisaría 1ª de Junín, y la Unidad Regional VIII de la Policía bonaerense, que era la jefatura de las comisarías de la zona.

martes, 30 de diciembre de 2014

La Tablada: la Corte ordenó reabrir la causa por los desaparecidos del MTP

Hay cuatro militantes desaparecidos

La decisión del máximo tribunal revocó el sobreseimiento que la Sala I de la Cámara de Apelaciones de San Martín le otorgó al general Arrillaga y al mayor Varando, ambos acusados por la desaparición de dos militantes del MTP.

Pablo Waisberg

En la última reunión del año, la Corte Suprema de Justicia revocó el sobreseimiento por prescripción del general Alfredo Arrillaga y del mayor Jorge Varando. Ambos están imputados por el homicidio agra los fusilamientos de Iván Ruiz y José Alejandro “Maradona” Díaz, dos de los militantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP) que fueron detenidos con vida durante el copamiento del cuartel de La Tablada, en 1989, y continúan desaparecidos.

“Esta Corte comparte y hace suyos, en lo pertinente, los fundamentos y conclusiones de la señora Procuradora General (Alejandra Gils Carbó), a cuyos términos se remite en razón de brevedad”, señaló la resolución en su primer párrafo. El texto, que fue aprobado por la ministra Elena Highton de Nolasco y los ministros Juan Carlos Maqueda y Eugenio Raúl Zaffaroni, revocó el sobreseimiento que había confirmado la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. Los jueces Ricardo Lorenzetti y Carlos Fayt consideraron que el recurso extraordinario era inadmisible.

El 23 de enero de 1989,  un grupo de 46 militantes del MTP irrumpieron en el cuartel de La Tablada. El enfrentamiento duró dos días y durante ese combate se cometieron casi todos los crímenes de la última dictadura: torturas, fusilamientos extrajudiciales, desapariciones forzosas y rapiña de los bienes de las víctimas. Lo único que no  hubo fue apropiación de niños.

Ruiz y Díaz fueron detenidos con vida el 23 de enero por la tarde -según se observa en la serie de fotografías que tomó Eduardo Longoni- pero sus cuerpos nunca aparecieron.  Según el relato elaborado por el Ejército, los detenidos –que llevaban varias horas de combate con mala hidratación y deficiente alimentación- fueron entregados a Varando, quien luego se los dio a otro militar al que lograron burlar y escaparon de un cuartel que estaba rodeado por un cerco policial y militar. El militar al que Varando dijo que le entregó a los detenidos apareció muerto.

La Cámara Federal de San Martín había considerado que la acción penal contra Arrillaga y Varando –también acusado por la muerte de un manifestante durante la represión del 20 de diciembre- había prescripto. Arrillaga está condenado por delitos de lesa humanidad en lo que se conoció como la “Noche de las corbatas”, el secuestro y desaparición de abogados laboralistas, ocurrido en Mar del Plata en 1977.

Pero Marta Díaz y Aurora Sánchez Nadal interpusieron un recurso de casación sosteniendo que esa decisión implicaba incumplir con lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  había dispuesto en el año 1997. Sin embargo, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó este recurso  por considerar que la recomendación no era obligatoria para el Estado argentino.

Por eso, el caso fue presentado ante la Corte, que remitió el dictamen a la procuradora general Gils Carbó, quien consideró que la Cámara había desconocido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la “imprescriptibilidad de la acción penal” en caso de graves violaciones a los derechos humanos. Y recordó los antecedentes que fijó el caso del joven Walter Bulacio, asesinado en una comisaría de la Policía Federal, en 1991.

La decisión que la Corte tomó esta mañana remite al dictamen de Gils Carbó: hizo lugar el pedido de la querella y revocó la decisión dictada por la Cámara Federal de Casación Penal. Para ello tomó en cuenta que, en 1997, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado Argentino había faltado a su obligación de investigar de “manera exhaustiva, imparcial y concluyente” la ejecución de Díaz y Ruíz, según el informe 55/97 (caso 11.137 “Abella, Juan Carlos”).

Los casos de Ruiz y Díaz no son los únicos donde se produjeron desapariciones forzosas luego de que los militantes del MTP, que habían ingresado al cuartel de La Tablada, se habían rendido. Carlos Samojedny y Francisco Provenzano, ambos integrantes de la conducción del MTP, se rindieron con vida en la mañana del martes 24 de enero y los llevaron junto a los otros 14 asaltantes a una oficina en los fondos del cuartel.

Según las denuncias de los sobrevivientes, allí los desnudaron y torturaron a todos. Después preguntaron por Samojedny y Provenzano, se los llevaron aparte y nunca más aparecieron. También denunciaron fusilamientos o ejecuciones sumarias de asaltantes rendidos y heridos como Berta Calvo y Pablo Ramos, que fue detenido y su cuerpo apareció con ocho balazos, uno de ellos disparado de cerca y en la cabeza.

domingo, 23 de noviembre de 2014

Un recuerdo de la Masacre de San Patricio serviría para identificar a los responsables

Estaba conservada en una capìlla de la parroquiaLa bala incrustada en una cruz de madera será peritada  como parte de la investigación para conocer quién mató a los curas palotinos.
Gerardo Aranguren

Mariano Pinasco - "Esa cruz y la alfombra forman parte de lo que quedó. Las reliquias", contó el sacerdote palotino - Foto: Santiago Pandolfi

En una capilla dentro de la casa parroquial de la Iglesia de San Patricio los palotinos conservan un altar con los recuerdos de la masacre de San Patricio, el 4 de julio de 1976: la alfombra con las marcas que dejaron las decenas de disparos con los que remataron a los 5 sacerdotes y una cruz realizada con el parquet de ese piso agujereado con una bala en su centro.
Se trata de los objetos más preciados para la comunidad y cada aniversario del asesinato de los sacerdotes Alfredo Leaden, Alfredo Kelly y Pedro Duffau, y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti, son colocados sobre el altar y venerados en la iglesia ubicada en la esquina de Estomba y Echeverría, en el barrio porteño de Belgrano.

Estos elementos, resignificados por la comunidad religiosa de San Patricio, ahora podrían además convertirse en prueba judicial. Al menos una de ellas. La bala incrustada en el centro de la cruz de madera será peritada por orden del juez federal Sergio Torres, a cargo de la causa judicial que avanza de a poco con la reconstrucción del hecho y en la identificación de los autores, a más de 38 años de la masacre.

La cruz fue creada y enmarcada en 2006, cuando se levantó el parquet original de la habitación del primer piso de la casa parroquial donde fueron asesinados los curas tercermundistas. Al remplazar el piso, agujereado hace casi cuatro décadas por los disparos, encontraron el proyectil. "Con esa bala y los pedacitos de parquet hicieron una cruz que exhibieron al lado de la alfombra. Forman parte de lo que quedó. Las reliquias", reconstruyó en diálogo con Tiempo el sacerdote palotino Mariano Pinasco.
El 30 de octubre pasado, por orden de Torres, un grupo de funcionarios judiciales y peritos realizó una inspección ocular en la iglesia de San Patricio y en la casa parroquial, y se llevó el cuadro para ser analizado.
La cruz con el proyectil fue enviada a la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería, donde tratarán de obtener rastros de ADN. Luego, será llevada a la División Balística de la Policía Federal para tratar de identificar con qué armas se corresponde la bala, conocer la trayectoria, distancia, antigüedad o cualquier dato que permita determinar algún detalle más sobre el hecho. "Los peritos sostienen que podría servir, no importa que el proyectil tenga casi 40 años", señalaron fuentes judiciales.

De la inspección participaron dos especialistas designados por el juzgado de Torres, uno de Gendarmería y otro de Prefectura. Además de analizar este proyectil, los dos peritos deberán trabajar con las balas que están en la justicia desde los días posteriores a la masacre.
El objetivo principal de los dos estudios balísticos es tratar de determinar qué fuerza integraban los autores del hecho. Para eso, el juzgado ya tiene en su poder un informe del Ministerio de Defensa sobre el armamento que utilizaban las fuerzas de seguridad y militares en la última dictadura.

LA CAUSA JUDICIAL. El juez Torres, a cargo de la megacuasa ESMA, tiene una competencia provisoria sobre el expediente de los palotinos. En 2006 hubo 17 miembros del Grupo de Tareas de la ESMA procesados a partir del testimonio de sobrevivientes del centro clandestino que escucharon a Antonio Pernías, alias "Rata" o "Trueno", jactarse de haber participado. Sin embargo, la Cámara Federal porteña les dictó la falta de merito al considerar que no había pruebas suficientes para señalar a los represores de la Armada.
El peritaje servirá para confirmar o descartar la participación de la Marina en el hecho.
El juzgado también baraja otra hipótesis que señalaría a la Policía Federal. Dos días antes, había sido volada Coordinación Federal en un atentado y esa misma semana se produjeron al menos tres fusilamientos como represalia. Ese dato cobra fuerza a partir de uno de los mensajes escritos en la pared donde fueron asesinados los cinco sacerdotes: "Por los camaradas dinamitados en Seguridad Federal. Venceremos. Viva la Patria."

ARCHIVOS DEL VATICANO. "Como sucedió con el juicio de Angelelli, el juez tiene que mandar a pedir que se abran los archivos del Vaticano", señaló el sacerdote Pinasco sobre los documentos aportados por la Santa Sede al juicio oral por el asesinato del obispo de La Rioja, Enrique Angelelli.

A partir de una reforma legal realizada por el Papa Francisco, los jueces y fiscales pueden pedir al Vaticano la apertura puntual de alguno de los archivos relacionados con la última dictadura.

"Sería interesante conocer el informe que envió el nuncio apostólico en la Argentina, Pío Laghi", agregó Pinasco. Un indicio de lo que sabía Laghi quedó expresado en un cable secreto filtrado por WikiLeaks. Días después de la masacre, el nuncio apostólico durante la dictadura detalló a la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires que los autores habían sido agentes de las fuerzas de seguridad que operaron "sin orden oficial de sus superiores" con el objetivo de "limpiar la Iglesia".