jueves, 21 de julio de 2016

Desaparecen las huellas de los asesinos de una madre de Plaza de Mayo en Madrid

Noemí Gianotti de Molfino fue asesinada por un comando de la dictadura argentina hace 36 años. Sus asesinos dejaron una serie de pruebas de gran valor judicial que no figuran en la causa. Una investigación realizada por PÚBLICO apunta al Juzgado de Instrucción Número 4 de Madrid y a la Audiencia Nacional, lugares por donde pasó la documentación.
Noemí Gianotti de Molfino, la madre argentina asesinada en Madrid.
 
DANILO ALBIN


MADRID.- Julio no es un buen mes en casa de los Molfino, una familia argentina que fue brutalmente golpeada por la última dictadura cívico-militar (1976-1983). El día 21 de este mes se cumplen 31 años del asesinato en Madrid de Noemí Gianotti de Molfino, una madre de desaparecidos que luchaba contra el horror… Hasta que el horror cayó sobre ella. Tres décadas después, sus asesinos siguen beneficiándose de la misma impunidad que entonces: según ha podido confirmar Público, las huellas que dejaron en la escena del crimen han desaparecido. No están. O alguien quiere que no estén.

Ya sea en los duros años setenta o en pleno siglo XXI, la historia de los Molfino es la historia de la lucha contra la impunidad. Marcela, una de las hijas de Noemí, fue secuestrada junto a su marido, Guillermo Amarilla, el 17 de octubre de 1979, poco después de que regresaran al país tras haber estado algo más de un año en París. Cuando los verdugos enviados por el Ejército les arrancaron de su casa, la joven estaba embarazada del que sería su cuarto hijo. Nadie lo sabía. Ni siquiera ella, que se enteró de la noticia cuando ya estaba en manos de los militares y no podía compartirlo con su pareja.

Todo indica que Guillermo murió antes que Marcela. ¿El motivo? Al igual que en otros tantos casos, la dictadura esperó que diese a luz, luego le quitó a su hijo recién nacido y entonces sí la mató. Quizás la hayan tirado de un avión. O quizás la fusilaron al borde de su propia fosa. Solo sus verdugos, que hoy podrían seguir vivos, lo saben. Lo único que está claro es que el niño fue entregado a un funcionario del Batallón 601 del Ejército y su mujer, quienes se hicieron pasar por sus padres biológicos y lo anotaron con el nombre de “Martín”. El joven –que hoy se llama Guillermo Amarilla Molfino- recuperó su identidad gracias a la lucha incansable de las Abuelas de Plaza de Mayo.

Mamá coraje

Vuelta al infierno de finales de los setenta. Mientras Marcela y Guillermo engrosaban la larga lista de desaparecidos, su madre pasó a formar parte de ese grupo de mujeres valientes que buscaban a sus hijas e hijos. Noemí –que había quedado viuda varios años antes- no dudó en recorrer varias oficinas de organismos internacionales para pedir auxilio. Tenía motivos de sobra: otro de sus hijos, Miguel Ángel, se encontraba preso en una de las cárceles legales del régimen, a la que había llegado tras sobrevivir a las torturas más crueles que la mente humana pueda imaginar.

Esta “madre coraje” llegó incluso a la sede de la ONU en Ginebra, donde compareció ante la Comisión de Derechos Humanos. Su voz empezó a molestar a la dictadura, que por entonces –primeros meses de 1980- realizaba una intensa campaña internacional para tratar de limpiar su imagen. Por esas mismas fechas, España ya era un aliado incondicional del régimen: tal como reveló Público, el gobierno de Adolfo Suárez concedió préstamos millonarios a la Junta Militar, además de mostrarle su apoyo en diferentes organismos internacionales. No en vano, España fue el primer país que reconoció oficialmente a los golpistas.

En ese marco, la Reina Sofía viajó a Argentina en junio de 1980 para participar en los actos por el 400 aniversario de la fundación de Buenos Aires. Mientras ella ofrecía una recepción en la embajada española con la participación de varios uniformados, un comando de la dictadura ponía fin a las denuncias de Noemí Gianotti de Molfino contra la dictadura. La mujer fue secuestrada en Lima (Perú), donde por entonces estaba afincada Noemí junto a Gustavo, uno de sus hijos. En el operativo también fueron secuestrados otros tres ciudadanos argentinos que se encontraban en esa misma ciudad, mientras que Gustavo, que por entonces tenía 18 años, logró salvar su vida gracias a que en ese momento se encontraba fuera del hogar.

El caso tuvo una amplia repercusión internacional. En España, la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) denunció públicamente los secuestros y advirtió sobre la escalada represiva del régimen más allá de sus fronteras. Aquello fue un preludio de lo que estaba por venir: 36 días después de su secuestro en Lima, Noemí Gianotti de Molfino llegaba a Madrid en el vuelo 742 de Varig, procedente de Sao Paulo, Brasil. Viajaba acompañada por dos hombres que, según contaría posteriormente una azafata, no la dejaban ni ir sola al baño. En el aeropuerto de Barajas eran aguardados por otros dos individuos que un par de días antes habían alquilado una habitación en el aparthotel situado en el número 37 de la calle Tutor. Los dos agentes introdujeron a Noemí por la zona de la cafetería, evitando así que el personal de recepción notase su presencia. Poco después pidieron un pollo al chilindrón, pan y vino blanco. Esa misma tarde, la madre argentina fue envenenada por sus captores.

Una vez consumado el crimen, los enviados de Videla colgaron el cartel de “No molestar”, invirtieron algunas horas en limpiar minuciosamente las huellas y abandonaron al lugar. Antes de irse, aquellos misteriosos individuos colocaron sobre la mesa de noche varios pasaportes falsos, con el objetivo de pintar el crimen como un “ajuste de cuentas” entre miembros del grupo armado Montoneros. Uno de los documentos llevaba la foto de Noemí, pero estaba a nombre de una desconocida María del Carmen Sáenz. Sobre la misma mesilla colocaron un ejemplar de Diario 16 en el que podía leerse un sugerente titular: “Los terroristas muertos eran de un comando legal”, decía la noticia principal, en referencia a un operativo contra ETA que se había realizado esa misma semana.

Tres días más tarde, cuando la empleada de la limpieza hizo de tripas corazón y abrió la puerta de la habitación 604, el cadáver de Noemí estaba tan hinchado que resultaba irreconocible. Sus asesinos habían cubierto el cuerpo con una manta, lo que facilitaría su rápida descomposición y, de paso, borraría de su organismo cualquier rastro del veneno suministrado. También intentaron eliminar cualquier rastro que pudiese identificarlos, pero no lo consiguieron: tras revisar el lugar, los efectivos de la Policía Judicial de Madrid hallaron dos huellas en un vaso que se encontraba en el lavabo, así como cinco colillas de cigarros que habían quedado en un plato del salón. De ahí bajaron al aparcamiento, donde permanecía el coche alquilado en el aeropuerto por los verdugos. Los policías madrileños buscaron más huellas, y las encontraron en un espejo del quitasol y en un paquete de tabaco de la marca “Benson and Hedges” que habían dejado sobre la bandeja del salpicadero.

De acuerdo a la documentación obtenida por Público, estas huellas sólo fueron cotejadas con la base de datos dactiloscópica de España, donde no dieron resultados positivos. En Argentina, lugar desde el que habían partido los agentes, jamás se comprobaron. El 20 de noviembre de 1980 -coincidiendo con un nuevo aniversario de la muerte de Franco- el juez encargado de este caso, Luis Lerga, decretó ese día el cierre de las investigaciones.
Misteriosa pérdida
31 años después, el destino de esas valiosas pruebas sigue siendo un auténtico enigma. Tras las denuncias formuladas en el documental No me olvides. El año que Videla mató en Madrid en torno a la ausencia de una investigación seria sobre las huellas, los familiares de Noemí consiguieron que el juzgado especial de delitos de lesa humanidad ubicado en San Martín (Buenos Aires) solicitase a España el envío de la causa judicial. Actualmente, este caso forma parte de la causa denominada “Contraofensiva”, que incluye otros 85 casos de asesinatos cometidos por la dictadura en Argentina, Brasil y Perú.

La solicitud de la causa judicial fue tramitada por la jueza argentina Alicia Vence a través del ministerio de Exteriores de ese país. Sin embargo, no valió de nada: fuentes próximas a la familia Molfino han confirmado a Público que en la documentación remitida por los tribunales españoles “no están las huellas”.

De manera paralela, este periódico comprobó ese mismo extremo en el archivo de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP) de Buenos Aires, donde existe otra copia de la causa judicial. Tras revisar la voluminosa documentación judicial, Público ha confirmado que las huellas tampoco figuran en esta copia, entregada al ministerio de Justicia argentino en enero de 1999 por el Consulado General de ese país en Madrid, bajo el sello de “reservado”. Otro detalle importante: en esta documentación faltan algunos folios, que fueron omitidos sin ningún tipo de explicación.

Los misterios no terminan ahí. En el marco de una larga investigación periodística, el autor de este artículo accedió en enero de 2013 a las diligencias realizadas a finales de los noventa por el juez Baltasar Garzón, quien por entonces tramitaba una querella contra la cúpula militar argentina por crímenes de lesa humanidad. El denominado “caso Molfino” fue incluido en aquella causa a petición de los familiares de la víctima, por lo que todas las pruebas recabadas en 1980 –incluyendo las huellas- deberían haber sido enviadas a ese juzgado. Sin embargo, allí tampoco aparecieron.

Curiosamente, algunos días antes de que la Audiencia Nacional permitiese el acceso a esta documentación, una funcionaria identificada como “Laura” –en el formulario localizado por este periodista no aparecía su apellido- solicitó de manera “urgente” las piezas documentales 125 y 147 de esa misma causa, por lo que finalmente no pudieron ser consultadas por el responsable de esta crónica. Nunca fue posible establecer el contenido de esas carpetas. 36 años después del asesinato de Noemí, su historia sigue teniendo el mismo título: impunidad.

domingo, 26 de junio de 2016

Informe de la Procuraduría: Hay 537 causas por delitos de lesa humanidad que están activas

Casi la mitad de los detenidos tiene el beneficio de la prisión domiciliaria

Las causas activas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura suman en la actualidad 537, con un total de 2.405 imputados. Se encuentran detenidos, ya cumpliendo condenas o con prisión preventiva, 1.700 procesados, casi la mitad de los cuales tiene el beneficio de la prisión domiciliaria. Así lo informó la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad que encabeza el fiscal general Jorge Auat.
De acuerdo con los datos que publica hoy el sitio web www.fiscales.gob.ar, ya hay 687 condenados y son 856 los procesados, hasta el último 6 de mayo, que fue cuando cerró el informe.

De las 537 causas abiertas, 114 (21 por ciento) fueron elevadas a juicio, otras 249 (47 por ciento) están en instrucción, 162 (30 por ciento) cuentan con sentencia y 12 (2 por ciento) están en juicio oral y público.

A la fecha indicada, los procesos cuentan con 1.070 imputados detenidos: 574 en cárceles, 467 en arresto domiciliario, 8 en hospitales, 7 en dependencias de fuerzas de seguridad y de los 8 restantes no hay datos disponibles.

domingo, 19 de junio de 2016

Dos represores que Intercargo defiende

LA EMPRESA ESTATAL SE NIEGA A SEPARAR A EX MARINOS QUE PARTICIPARON EN GRUPOS DE TAREAS

Como reveló Página/12, Pedro Giromini y Enrique Piaggio fueron designados gerente y subgerente de prevención y seguridad de la operadora de rampas en aeropuertos. Su nombramiento es repudiado por los trabajadores.

  Por Alejandra Dandan

En Aeroparque y Ezeiza hubo protestas contra los nombramientos. 
Intercargo S.A. es la empresa estatal que opera los servicios terrestres de los aeropuertos de todo el país. Página/12 reveló que la nueva gerencia designó como gerente y subgerente de Prevención, Protección y Seguridad a Pedro Eduardo Giromini y Enrique Mauricio Piaggio, dos marinos retirados de la Armada investigados en las causas de lesa humanidad por su accionar durante la última dictadura. La Federación Argentina de Personal Aeroportuario (FAPA) envió una carta de repudio a la dirección de la empresa por los nombramientos. Y hubo agrupaciones que empapelaron Aeroparque y Ezeiza con carteles alusivos: “No queremos represores ni torturadores”, decían. Intercargo S.A. respondió a los trabajadores en una carta en la que respalda la designación de los marinos por su “base a su idoneidad, experiencia y sólidos conocimientos profesionales”, desconoce las investigaciones en curso y dice que Giromini ya había trabajado para Aerolíneas, pero omite que fue despedido durante la gestión de Mariano Recalde. Desde la comisión de Derechos Humanos de Diputados, en tanto, los legisladores del PO presentaron un proyecto de resolución para pedir un repudio del parlamento y la “inmediata remoción” de Giromini y Piaggio.

La nota publicada por este diario en mayo mostró el acta de designación de los dos marinos firmada por el nuevo gerente de Intercargo, el ex Ceo de Techint, Mario Dell’ Acqua. Por otro lado, reeditó información conocida de las causas de lesa humanidad y dio cuenta de los antecedentes que se encuentran en los archivos del Ministerio de Defensa y de Justicia sobre legajos y actuaciones de ambos en las Fuerzas Armadas durante la última dictadura.

De acuerdo a esa información, Piaggio revistó en la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM) de Mar del Plata entre 1976 y 1978, donde funcionó un centro clandestino de detención. En esos años su jefe destacó “su sano espíritu agresivo al servicio de una mentalidad operativa”. Años más tarde, estuvo en otros destinos y elogiado “por haber sido voluntario para participar en operaciones contra la subversión sacrificando momentos de descanso y demostrando gran entusiasmo”. La fiscal del Juicio Oral Base Naval II de Mar del Plata, Mercedes Soiza Reilly, lo señaló como parte de los nuevos nombres descubiertos entre quienes participaron “directamente” de la represión.

Giromini estuvo en Puerto Belgrano y en la Escuela Naval Militar de Río Santiago en Ensenada, donde 40 obreros secuestrados, 9 de los cuales continúan desaparecidos. Giromini revistió ahí entre enero de 1977 y enero de 1978 dentro de la Compañía de Vigilancia y Seguridad, una estructura que contenía a los grupos operativos. El legajo de Giromini también está bajo estudio dado que fue remitido al juzgado 1 de Bahía Blanca en 2008 como manifestó este diario al publicar la noticia.

El 17 de mayo la FAPA envió una carta a Dell’ Acqua recordando que a estos hombres se los acusa de haber participado en la “represión más sanguinaria de la historia argentina”. “Intercargo SA aclara que las personas mencionadas no poseen antecedentes en cuanto a su participación en ningún tipo de delito o accionar contrario a los derechos humanos, aspecto que fue relevado por la empresa al momento de decidir su incorporación”, respondió la compañía a la nota firmada por el secretario de FAPA, Edgardo Llano, sin señalar el origen de los datos que analizaron. “Los señores Giromini y Piaggio han sido incorporados a sus puestos en base a su idoneidad y profesionalismo, contando con vasta experiencia en safety and security aerocomercial en el sector privado”, agregó Intercargo, que “a modo de ejemplo” mencionó que Giromini trabajó como Gerente Corporativo de Prevención, Protección y Seguridad en Aerolíneas Argentinas por más de diez años.

La nota tiene dos datos llamativos. Por un lado, la firma de Dell’ Acqua es distinta a la que apareció en la designación. De acuerdo a fuentes consultadas por este diario, el 20 de mayo el CEO de Intercargo estaba en Estados Unidos y alguién habría firmado en su lugar. Por eso, probablemente la firma está acompañada por un “P/A”. Según una experta en el tema, esto podría dar cuenta de que la empresa le dio tan poca importancia al tema que el nuevo presidente “ni siquiera se ocupó de firmar la nota”.

El otro dato es sobre el pasado de Giromini. El apellido es conocido entre los trabajadores del aeropuerto. Tanto es conocido él, Pedro Eduardo, como su hermano Rodolfo. Los conocen como “los hermanos Giromini”. Hasta 2012, Rodolfo era Jefe de Operaciones de Austral cargo del que fue separado cuando su nombre apareció publicado por su relación de parentesco y de negocios con Jorge Vildoza, segundo del grupo de Tareas de la ESMA, apropiador de Javier Penino Viñas y prófugo de la justicia durante más de veinte años. Cuando la Unidad de Información Financiera (UIF) congeló los bienes asociados a Vildoza, notó que Rodolfo Giromini era socio del marino en American Data y esposo de su hija, Mónica Vildoza. Rodolfo además fue piloto del Ejército entre 1978 y 1983, período durante el cual pasó por el Batallón de Aviación de Campo de Mayo. Luego de la detención de la esposa de Vildoza y del congelamiento de las cuentas de American Data y según fuentes confiables de Aerolíneas Argentinas, la gestión de Mariano Recalde hizo dos movimientos con los hermanos: despidió a Pedro “sin causa” y separó de su cargo a Rodolfo, que aún sigue en la compañía como piloto de Austral. Esos datos que no aparecen entre los antecedentes que menciona la carta de la nueva gestión.

Finalmente, la semana pasada el diputado Pablo López del PO presentó un proyecto de resolución en la Comisión de Derechos Humanos de Diputados en el que pide que la empresa desafecte a los marinos. El proyecto también lleva la firma de los diputados Néstor Pitrolla y Soledad Sosa y plantea el repudio al nombramiento de Giromini y Piaggio “por constituir un atropello a la lucha histórica que vienen llevando adelante las organizaciones de derechos humanos” al “estar denunciados por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar”. Los legisladores del PO también quieren “solicitar a los funcionarios del Estado Nacional que correspondan proceda a la inmediata remoción” y que el “Poder Judicial investigue inmediatamente la participación en los crímenes de lesa humanidad de los denunciados”.

Desde entonces, hubo asambleas y escraches en las paredes de Aeroparque y Ezeiza de parte de trabajadores. También existieron iniciativas de los nucleados en el PTS desde la agrupación el Despegue, que publicó un artículo y distribuyó volantes entre trabajadores y clientes de las líneas aéreas.

jueves, 2 de junio de 2016

EMV y J : Repudiamos el decreto de autogobierno de las FFAA

Las organizaciones del Encuentro Memoria Verdad y Justicia denunciamos el reforzamiento represivo que se oculta detrás del supuesto “reordenamiento administrativo”  del decreto 721 firmado por Macri.

Éste devuelve a las Fuerzas Armadas autonomía para resolver ascensos y bajas, designaciones de personal, traslados, premios, entre otras cuestiones que hasta ahora dependían de Ministerio de Defensa. De esta manera será el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA quien designará a los oficiales y suboficiales del Estado Mayor, a los militares retirados para funciones docentes y a los agentes civiles, a quienes autorizará sus cambios de destino. 

También habilita la incorporación de personal retirado para cumplir “tareas docentes”, cobertura sistemáticamente utilizada para mantener a genocidas dentro de la estructura militar, como fue el caso del contralmirante Roberto Pertusio: acusado desde 2006 por delitos de lesa humanidad, continuó en funciones hasta 2008.

Este decreto sale a la luz tras el discurso pronunciado por Macri en el Día del Ejército. Allí, Macri anunció aumentos de salarios y presupuesto para reequipamiento, pero fundamentalmente reivindicó la participación de las FFAA en el “combate contra el terrorismo internacional”. Es decir, la completa subordinación a las políticas del Departamento de Estado y la DEA norteamericanos y su participación en la seguridad interior. El genocida Cesar Milani, ascendido a jefe del Ejército por el gobierno de Cristina Fernández, aplaudió las palabras de Macri sentado en primera fila.

El decreto de Macri apunta a reforzar la alianza política con la corporación militar, como también lo ensayaron en el pasado otros gobiernos constitucionales ante escenarios de grandes crisis sociales. Hoy, esta alianza tiene la mira puesta en la resistencia popular al ajuste del gobierno nacional y los gobernadores. Lo confirman los sistemáticos ataques policiales y judiciales contra los trabajadores de Tierra del Fuego, Mendoza, Santa Cruz, Santiago del Estero, Jujuy y también en la provincia de Buenos Aires, con la represión a los trabajadores municipales en La Plata y el desalojo de los cortes de ruta de los obreros de Cresta Roja y Mascardi.

Denunciamos el decreto de Macri y también la hipocresía del “control civil” sobre las FFAA, porque éste nunca fue un obstáculo para que siguieran en actividad centenares de responsables de crímenes de lesa humanidad. La prueba está en que un genocida como Milani pudo alcanzar la jefatura del Ejército. En las Fuerzas Armadas todavía revisten miles de oficiales y suboficiales que estuvieron activos durante la dictadura.

Esta política de reforzamiento del Ejército no es rayo en cielo sereno, porque empalma con las leyes anti-terroristas y la participación del Ejército en el “Operativo Escudo Norte” del gobierno anterior.

Cárcel común y efectiva a todos los genocidas por todos los compañeros.
Apertura de los archivos de la dictadura.
Basta de ajuste y represión
Encuentro Memoria Verdad y Justicia

lunes, 23 de mayo de 2016

Miles de uruguayos marcharon en silencio, como desde hace 21 años, por conocer el destino de 200 desaparecidos por verdad y justicia

En esta oportunidad la consigna fue: “Ellos en Nosotros – Contra la Impunidad de Ayer y de Hoy – Verdad y Justicia”.

La “Marcha del Silencio” vence generaciones, el olvido, y las amenazas. Desde 1996 se realiza con el único propósito de conocer el destino de los 196 uruguayos detenidos desaparecidos en dictadura, por verdad y justicia. Este año coincidió, además, con los 40 años de la muerte de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y los militantes de izquierda Rosario Barredo y Williams Whitelaw, la desaparición de Manuel Liberoff, de los 22 militantes de izquierda traídos de Argentina en el Segundo Vuelo de la Muerte, y el secuestro y desaparición de la maestra Elena Quinteros

Como cada 20 de mayo, la procesión fue extensa, silenciosa, pero combativa. Reclamó conocer el paradero de los desparecidos, saber la verdad y aplicar la justicia sobre quienes cometieron delitos de lesa humanidad.

La tradicional “Marcha del Silencio” coincidió este año con los 40 años de la muerte de los ex legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y los militantes de izquierda Rosario Barredo y Williams Whitelaw, asesinados por el terrorismo de Estado uruguayo – argentino en el año 1976, en el marco de la Operación Cóndor de coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur.

Se enmarcó también en los 40 años de la desaparición de Manuel Liberoff, los 40 años de la desaparición de 22 militantes de izquierda que fueron traídos de Argentina en el conocido como Segundo Vuelo de la Muerte, y los 40 años del secuestro y desaparición de la maestra Elena Quinteros de la embajada de Venezuela.

Asimismo, se cumplen 45 años de la desaparición de Abel Adán Ayala Álvez, estudiante de Medicina y funcionario en Sanidad Policial, quien fuera la primera víctima del Escuadrón de la Muerte, aún en democracia.
En esta oportunidad la consigna fue: “Ellos en Nosotros – Contra la Impunidad de Ayer y de Hoy – Verdad y Justicia”.

También se realizaron marchas y concentraciones en Paris, Buenos Aires y Santiago de Chile, y en el interior en: Pirápolis, Maldonado, Rivera, Florida, San José, Paysandú, Mercedes, Tacuarembó, Melo, Rocha, Salto, Juan Lacaze, Carmelo, Treinta y Tres, Minas, Flores, Fray Bentos y Artigas, aseguraron los organizadores.
“La lucha será siempre contra la impunidad de los crímenes del terrorismo de Estado y su ocultamiento hasta el presente”, asegura la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.

Integrantes de dicha organización cuestionaron que “la investigación sobre el robo de los discos duros y la amenaza a los antropólogos del Grupo de Antropología Forense aún no muestra avances”.
“A la impunidad de los delitos de lesa humanidad cometidos en el pasado, amparada por los sucesivos gobiernos desde la salida de la dictadura, puede llegar a sumarse la impunidad sobre estos ataques en el presente, que hieren profundamente el estado de derecho”, aseguran.

Indican que “el silencio cómplice de las Fuerzas Armadas y su falta de reconocimiento sincero de lo horroroso de sus crímenes habla de cómo continúan formando a las nuevas generaciones de militares y los descalifica totalmente como presuntos educadores en valores de nuestra juventud”, indica la organización”.

miércoles, 18 de mayo de 2016

El rey Juan Carlos sentía “emoción” por la dictadura argentina

Distintos documentos revelan que el monarca mantuvo una estrecha relación con el régimen que encabezaba el siniestro Jorge Rafael Videla. En una conversación con un enviado del dictador, aseguró que España sería su “más claro y leal amigo”.

DANILO ALBIN  - @danialri

BILBAO.- De nada valieron las continuas denuncias, tanto en formato de cartas privadas como de comunicados públicos. Tampoco sirvieron los gritos de sufrimiento, lanzados desde los centros de exterminio más terribles que conoció la historia de América Latina. Distintos documentos obtenidos por Público revelan que el rey Juan Carlos mantuvo una estrecha relación con la dictadura argentina (1976-1983), que asesinó a aproximadamente 700 ciudadanos españoles –entre autóctonos y descendientes-. En la mayoría de los casos, sus cadáveres jamás aparecieron. A pesar de todo esto, el monarca trató al régimen como si se tratase de un gobierno legítimo, al punto de denominarlo como un “leal amigo”. 

Este periódico ha tenido acceso al acta original de la reunión mantenida entre el rey Juan Carlos y el entonces embajador de Videla en España, Leandro Enrique Anaya, el 1 de julio de 1976. El encuentro –en el que también estuvo presente el entonces ministro de Exteriores español, José María de Areilza- tuvo lugar en La Zarzuela, a raíz de la designación de Anaya como máximo representante del régimen militar en este país. En un documento enviado a sus jefes en Buenos Aires, el diplomático describe con pelos y señales la charla que había mantenido con el jefe de estado. Todo un regalo para la dictadura, que andaba necesitada de amigos en el ámbito internacional.

Informe Reunión Rey y Embajador 1
“Durante mi intervención expresé mi profunda satisfacción por tener la oportunidad de representar al Gobierno Argentino ante un país tan caro a nuestros afectos y que era portador, entre otras cosas, de un mensaje de reconocimiento hacia Su Majestad por haber sido España uno de los primeros Estados que reconocieran al Gobierno Argentino el 24 de marzo de 1976”, expresó Anaya. En efecto, la monarquía española había sido la primera institución del mundo en otorgar su reconocimiento oficial al régimen, un detalle que Videla jamás olvidaría. 

Por su parte, Juan Carlos de Borbón se deshizo en elogios hacia la figura del dictador. Según consta en este documento, ambos habían mantenido una amable conversación telefónica algunas semanas antes, en el marco del histórico viaje que el monarca había realizado a Estados Unidos. “Su Majestad me señaló que él también había experimentado una profunda emoción cuando pudo escuchar una voz argentina que en la persona de su Presidente, tuviera un gesto tan comunicativo y de afecto hacia España y hacia su Gobierno”, relató el diplomático.

En ese contexto, Anaya le transmitió la invitación de Videla “para que visitara la Argentina en oportunidad de un nuevo viaje a América, porque tal era el deseo del Gobierno de las Fuerzas Armadas y del pueblo de mi país”. “Su Majestad el Rey me señaló que ese había sido su deseo desde muy joven, pero que por distintas razones nunca lo había podido concretar, y que ahora estaba decidido a hacerlo. Si bien expresó su complacencia por la invitación y el honor que para él y para España representaba tal circunstancia, no precisó la fecha ni la oportunidad en que concretaría tal episodio”, destacó. El viaje de Sofía y Juan Carlos a Buenos Aires se haría realidad casi dos años y medio después, en noviembre de 1978.

Informe Reunión Rey y Embajador 2
También hablaron sobre la visita que ese mismo mes de julio iba a realizar a España el ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz. Tal como ya reveló Público en un reportaje publicado en octubre de 2014, el rey tuvo “expresiones de beneplácito” por el “éxito” con el que la dictadura de Videla afrontaba “los problemas económicos coyunturales”. “Como nota personal, es de destacar que expresó con justeza el nombre y apellido de Su Excelencia el Ministro de Economía de nuestro país y se refirió con términos de ponderación respecto de la gestión que éste acababa de realizar en los Estados Unidos”, remarcó. 

Además, el rey prometió la “mejor acogida y disposición de banqueros, inversores e industriales, para concurrir al encauzamiento y solución de los problemas que pudieran plantearse y/o proponerse”. “En tal sentido, dijo que España estaba en el mejor estado anímico para concretar operaciones comerciales y financieras con la República Argentina”, agregó.
“Su mejor amigo”
El resto de la conversación giró en torno a la vida del embajador Anaya, quien ya había prestado servicios en España en representación de la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse. “(El rey) tuvo recuerdos particulares para mi familia y expresó su deseo de una muy pronta visita del suscripto acompañado de su esposa a su palacio, donde tendría oportunidad de conversar con Su Majestad la Reina”.

Carta Videla al rey Juan Carlos
Los halagos continuaron hacia la figura de Videla y sus compañeros: “Expresó Su Majestad su reconocimiento y agradecimiento hacia el Presidente de la Nación y Junta de Comandantes Generales, por la presencia de todos ellos en la Embajada de España en Argentina, con motivo de recordarse allí la fecha de su onomástico”. El monarca se refería a un acto que se había celebrado una semana antes en la representación diplomática española en Buenos Aires, donde Videla y otros militares habían acudido a una celebración por el día de San Juan. Tras agradecer ese homenaje, el rey envió al dictador Videla “el más caro de sus afectos y el deseo del gobierno, Fuerzas Armadas y pueblo de España para que nuestro país alcance cuanto antes el lugar que Argentina debe tener en el concierto de las naciones, particularmente en América”. 

A modo de conclusión, el embajador incluyó en su informe una semblanza de Juan Carlos. “Jefe de Estado joven en cuanto a su aspecto, afectuoso y conocedor (a grandes rasgos) de cuanto hace al quehacer argentino, ya sea en la persona de su presidente, de los Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas o de nuestro Ministro de Economía. Demostró conocer diversos aspectos sobre la persona del Embajador y su familia, así como las actividades que aquél había desarrollado durante su permanencia en España en su condición de Agregado Militar. Se preocupó por recordar las cordiales relaciones que siempre han existido entre ambos países y por la necesidad de que, a través del mantenimiento de las mismas, tanto España cuanto Argentina tengan en el marco de cada uno de sus continentes su mejor, más claro y leal amigo. Para España es Argentina y desea que para Argentina sea España”, describió.

Aquel encuentro solo fue el inicio de las cordiales relaciones entre la monarquía española y la dictadura argentina. Durante los siguientes meses, Videla hizo llegar varias cartas al rey a través de la embajada en Madrid, que se convirtió en el principal centro de operaciones del régimen militar en Europa. El contenido de esas misivas –firmadas de puño y letra por el dictador- jamás fue revelado. De hecho, ni siquiera figuran en el archivo del ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, donde se alojan la mayoría de los documentos relacionados con la actividad diplomática de la dictadura.

Carta Videla al rey Juan Carlos
Entre carta y carta, las relaciones entre el monarca y la dictadura siguieron cultivándose. Mientras arreciaban las denuncias sobre las gravísimas violaciones a los derechos humanos que se registraban en ese país, Juan Carlos I no dudó en recibir a distintas delegaciones de militares argentinos que llegaban a Madrid. Coincidiendo con las campañas que realizaban los colectivos de exiliados argentinos en España para dar a conocer las atrocidades que sufrían sus compatriotas, el rey abrió las puertas de su despacho a personajes tan siniestros como Emilio Eduardo Massera, máximo responsable de la Armada e integrante de la Junta Militar que aterrorizaba a la población. 

Juan Carlos I atendió a los jefes, pero también a los aprendices. Así ocurrió el 11 de octubre de 1977, cuando recibió en La Zarzuela a una comisión del Colegio Militar Argentino encabezada por el general de brigada Adán José Alonso, uno de los represores que varios años después acabaría recorriendo los juzgados por su vinculación con el terrorismo de estado. En aquel otoñal día de octubre, Adán era un reputado militar que cumplía el sueño de muchos de sus compañeros: atravesar los muros del Palacio Real, respirar el aire de sus salones y estrechar, por fin, la mano de Juan Carlos. 

Las atenciones dispensadas por el rey y otras autoridades a las delegaciones militares argentinas fueron consideradas por la dictadura como una reafirmación de las relaciones con la Corona y el gobierno, a lo que se sumaba otro hecho relevante: en octubre de 1977, el canciller argentino, Oscar Montes, se había reunido con el ministro de Exteriores español, Marcelino Oreja –tío del dirigente del PP Jaime Mayor Oreja-. El encuentro tuvo lugar durante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, una ocasión que Montes aprovechó para plantearle a Oreja el mismo reclamo de siempre: el general Videla quería que Juan Carlos I. Según se revela en la memoria anual de la embajada argentina en Madrid correspondiente a 1977, esa improvisada reunión entre los dos ministros resultó clave para concretar el viaje del monarca a Buenos Aires, que aún tardaría un año en producirse.

Un caballo para Sofía
La ansiada visita de los reyes a Argentina se produjo el 26 de noviembre de 1978. Hasta entonces, la dictadura sólo había recibido las visitas de dos tiranos: el chileno Augusto Pinochet y el boliviano Hugo Bánzer. Por tanto, el régimen quería sacar todo el provecho posible a este evento, y no escatimaría esfuerzos… ni obsequios. En los días previos, Videla había enviado un particular regalo a la reina Sofía: un caballo de raza, bautizado como Petiso, que llegó en barco hasta el puerto de Cádiz y desde allí fue trasladado a La Zarzuela. El animal compartiría espacio con el pony que algunos meses antes había sido obsequiado al Príncipe Felipe por parte de un ciudadano argentino de apellido Gramajo –así figura en otro documento- , quien fue recibido en el Palacio Real junto a representantes de la embajada argentina. 

Mientras Petiso llegaba a Cádiz, representantes de Madrid y Buenos Aires negociaban el contenido de la declaración conjunta que emitirían Videla y Juan Carlos de Borbón al término de la visita oficial. Según ha podido comprobar Público, España cedió ante cada una de las sugerencias que realizaron los funcionarios argentinos para conseguir que el texto sirviese como espaldarazo al régimen. Curiosamente, ambas partes habían acordado que “la entrega del proyecto de declaración” se realizaría “en mano y sin nota oficial de remisión”.

Entre otros aspectos, la cancillería española –que tuvo a su cargo las negociaciones para definir el contenido del documento- aceptó que la declaración resaltase que el Rey Juan Carlos y el dictador Videla habían encontrado “un amplio acuerdo” en distintas cuestiones y que ratificaban “la necesidad de mantener un ágil intercambio de informaciones en todos los niveles de decisión”. Además, a petición de la parte argentina se incluyó una mención a un posible viaje del presidente Adolfo Suárez a Buenos Aires, algo que finalmente no se concretó. 

Uno de los párrafos más polémicos –en el que también hubo una cesión española- hacía alusión a los habituales argumentos esgrimidos por la Junta Militar para llevar adelante sus planes genocidas. “Al respecto, expresaron su preocupación por la propagación del terrorismo en el mundo en sus diversas manifestaciones y declararon que sus gobiernos aunarán esfuerzos encaminados a la lucha contra ese flagelo, que vulnera la distensión y el equilibrio internacionales”, señalaba el texto que había sido añadido por los enviados de Videla. 

Las muestras de afecto hacia la dictadura también estuvieron presentes en el discurso realizado por Juan Carlos de Borbón nada más aterrizar en Buenos Aires. “Como rey de España vengo a agradecer el recibimiento que siempre ha dispensado la Argentina a todo español. Habéis sabido hacer de nuestra hermandad un hábito de convivencia nacional, ganando para siempre nuestro agradecimiento y nuestra admiración”, exclamó. A lo largo de su intervención, se refirió a Videla como “señor presidente”, un cargo al que habitualmente se llega mediante las urnas. Aquel militar, por el contrario, lo había hecho mediante un sangriento golpe de estado.

http://www.publico.es/politica/rey-juan-carlos-sentia-emocion.html

domingo, 8 de mayo de 2016

La dictadura argentina blanqueó dinero en España

Documentos guardados en la Audiencia Nacional describen la conexión española con la red que manejaba los fondos robados a sus víctimas. El régimen de Videla montó varias empresas en este país y registró cuentas en distintos bancos de Europa, donde guardó grandes cantidades de dinero. Un agente argentino consiguió entrar en España con un millón de dólares.

Represores de la dictadura argentina utilizaron cuentas 'off shore' para ocultar bienes de desaparecidos

DANILO ALBIN - @danialri
BILBAO.- Conrado Gómez era un prestigioso abogado de Mendoza, una ciudad del oeste argentino. En enero de 1977, un comando de la dictadura de Jorge Rafael Videla entró a su despacho y se lo llevó para siempre. Antes de robarle la vida, los represores se encargaron de quitarle todos y cada uno de sus bienes, entre los que figuraban 15 caballos de carrera. El dinero, al igual que en otros tantos casos, habría sido blanqueado a través de empresas y cuentas bancarias en el exterior. Un negocio tan repugnante como suculento en el que España, según ha podido comprobar Público, también tuvo un rol protagónico. 

El país que había dejado Franco no era estrictamente un paraíso fiscal, pero tampoco hacía falta: tal como reveló este periódico en octubre de 2014, tanto el gobierno de Adolfo Suárez como el de Felipe González mantuvieron todo tipo de contactos con la dictadura argentina, amparados por el Rey Juan Carlos y por una amplia gama de banqueros y empresarios locales. De esta manera, España se convirtió en uno de los lugares preferidos de Videla para montar operativos de seguridad, controlar a los refugiados… y hacer negocios.

Público ha tenido acceso a una gran cantidad de documentos provenientes de la causa que el juez Baltasar Garzón tramitó a finales de los noventa contra el régimen argentino, al que acusaba de haber cometido crímenes contra la humanidad. Entre esos papeles –que hoy continúan guardados en la Audiencia Nacional- figuran distintos testimonios que revelan la trama de lavado de dinero que montó la dictadura, siempre con un mismo objetivo: sacar del país de lo que habían robado a sus víctimas, de manera que los fondos estuviesen bajo llave en un lugar lejano y seguro. Si el régimen caía, el negocio debía sobrevivir. 

En uno de los documentos obtenidos por este periódico figura la declaración de Norberto Bermúdez, un periodista de origen argentino que había investigado las operaciones financieras de la dictadura. El 18 de julio de 1997, Bermúdez presentó un escrito al juez Garzón con distintos datos sobre esta trama. “En orden al contenido de mi exposición, reitero mi solicitud de que la presente sea declarada SECRETA”, reza en el primer párrafo. 

De acuerdo a su investigación, uno de los personajes clave de esta red de blanqueo fue el agente de inteligencia argentino Raúl Antonio Guglielminetti, quien actualmente se encuentra preso en Buenos Aires por su participación en innumerables secuestros y asesinatos. A finales de los años setenta y principios de los ochenta, este represor viajó en varias ocasiones a España. Incluso tuvo una cuenta bancaria en el Banco de Londres de España y “sacó una tarjeta Diners y la extensión para su señora”. Este extremo había sido reconocido por el propio Guglielminetti en abril de 1987, cuando tuvo que declarar ante la jueza argentina María Servini de Cubría –ahora a cargo del juicio que se sigue en Buenos Aires contra los crímenes del franquismo-.
A finales de los años setenta y principios de los ochenta, este represor viajó en varias ocasiones a España

Según consta en la declaración de Bermúdez, la magistrada argentina “también interrogó a Guglielminetti acerca de su ingreso a territorio español portando en su poder la cantidad de un millón de dólares americanos”. El ex agente del Batallón 601 de Inteligencia “manifestó que el maletín fue exhibido a las autoridades aduaneras españolas, quienes vieron el dinero pero no lo contaron”. Aseguró además que ese millón de dólares “fue un favor que le hizo a una persona de su amistad, de quien no quiere dar nombre, aunque manifestó que era brasileño y tenía empresas en su país y en España”. 

Guglielminetti también había informado a la jueza sobre sus viajes a Andorra “por una necesidad de mover dinero de España”. En concreto, el represor “depósito 200 o 300 mil dólares para que la filial de La Caixa de ese principado lo girara a la central de Madrid”. “En otro tramo de su declaración, Guglielminetti afirma haberse trasladado ‘a Puerto Alcudia, cerca de Palma de Mallorca’ y que ‘a España viajó en dos oportunidades o tres’. En este sentido, resultan sintomáticos los viajes de Guglielminetti a Andorra y Mallorca, dos de las presuntas rutas utilizadas por los militares argentinos para hacer circular importantes sumas de dinero expoliadas a las víctimas de la represión ilegal durante la dictadura”, señaló el periodista Norberto Bermúdez en el documento presentado a Garzón.
Entre Baleares y Canarias

La vía de Mallorca en la ruta del lavado de dinero aparece en otros documentos de la Audiencia Nacional. Según relató el mencionado testigo en otra de sus declaraciones, “en agosto de 1983 la Federación de Vigilantes Jurados denunció la existencia de un presunto tráfico de divisas que se venía produciendo en la aduana de Palma de Mallorca”. Según esa denuncia, una conocida empresa de seguridad española “ingresaba al mediodía en la aduana de Palma las sacas con moneda extranjera procedentes de la península y las llevaba a su sede”. “Una hora después del cierre de la aduana”, esa misma compañía “embarcaba dichas sacas en un vuelo que partía del aeropuerto de Palma de Mallorca rumbo a Suiza”. “Dicha denuncia –señala Bermúdez- nunca se investigó”. 

El testigo aportó datos sobre cómo funcionaba esta red: “uno de los mecanismos presuntamente utilizados consistía en que una persona, portadora de una cantidad determinada de dinero en metálico, abordaba en Buenos Aires el vuelo 995 de Iberia con destino a Madrid, y escala en Las Palmas de Gran Canaria. En esta última ciudad, el pasajero entregaba el dinero a representantes de una empresa de transportes de caudales y seguridad y más tarde proseguía su ruta con destino a Madrid”. 

A continuación, el dinero era transportado por una empresa de seguridad española “vía aérea hacia Barcelona o bien hacia Palma de Mallorca”. “Si los fondos eran remitidos al archipiélago balear, se seguía el procedimiento descripto precedentemente por el que, presuntamente, se sacaba el dinero rumbo a Suiza de forma ilegal. Si en cambio las sacas llegaban desde Canarias a Barcelona, desde esta ciudad eran transportadas por tierra hasta Andorra, desde donde, por transferencia electrónica, el dinero era ingresado en Suiza, siempre en cuentas bancarias predeterminadas”, aclaró.

Las empresas del blanqueo

La elección del territorio español para realizar estas operaciones no fue casual. A lo largo del periodo en el que detentó el poder, el régimen argentino montó una red de empresas a este lado del océano. “Una serie de sociedades mercantiles españolas habrían participado presuntamente en el traslado, manipulación, ocultación y posterior blanqueo de parte de fondos que previamente habían sido incautados por los militares argentinos a algunas de sus víctimas, a quienes mantenían ilegalmente detenidas”, señaló Bermúdez en otra de sus declaraciones. 

Los nombres de algunas de esas compañías figuran en los archivos de la Audiencia Nacional. Por ejemplo, el periodista citó el caso de AFHA S.A., “con domicilio original en Gran Vía 22, 3º derecha, Madrid”, aunque posteriormente se trasladó “a la Avenida del Cardenal Herrera Oria” de esa ciudad. “Esta empresa se constituyó con varias subsidiarias, según su actividad comercial específica: AFHA Agraria, AFHA Inmobiliaria, AFHA Construcciones y AFHA Publicidad (…) Su presidente, al ser constituida, fue D. Amadeo Francisco Juncadella, secundado por su hermano, el comodoro de la Fuerza Aérea Argentina en la reserva Enrique Juncadella y el vicealmirante de la Armada argentina en la reserva Oscar Antonio Montes”, un conocido torturador ya fallecido que en octubre de 2011 fue condenado a prisión perpetua. “En nuestro país, los responsables de AFHA fueron Alberto L. Yaryora y el capitán de fragata de la Armada Argentina en la reserva, Enrique Aldao”, precisó el testigo en su declaración.

Su presidente fue D. Amadeo Francisco Juncadella (...) un conocido torturador ya fallecido que en octubre de 2011 fue condenado a prisión perpetua
La empresa AFHA estuvo a cargo de una operación de gran importancia: “el reciclaje de cinco mil seiscientos cincuenta millones de dólares americanos procedentes del vaciamiento económico de la sociedad estatal argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), que desaparecieron de dicha empresa durante la gestión como interventor de la misma del general Carlos Guillermo Suárez Mason”. “Dichos fondos fueron convertidos en nuestro país en moneda corriente de países como Bolivia, Paraguay y Brasil, y posteriormente colocados en grupos financieros de dichos países. Tanto los depositarios como los beneficiarios de tales inversiones son, todavía, desconocidos”, apuntó Bermúdez.

El asunto no termina ahí. Según consta en otro tramo de su declaración, “existen evidencias de que esta sociedad también habría intervenido en negociaciones para la compra de armamento a la empresa española Explosivos Río Tinto, entre las que figuró una operación de compra de torpedos para la Armada argentina, iniciada por el almirante (Armando) Lambruschini y continuada por AFHA”.

Investigación de la Policía

Con estas denuncias de fondo, la Policía Nacional elaboró un amplio informe sobre “la creación de numerosas empresas para ocultar importantes sumas de dinero provenientes de la apropiación ilegal de bienes o dinero”. En un documento fechado el 14 de febrero de 1997, los agentes a cargo de la investigación aportaron datos mercantiles de AFHA y de otras ocho empresas que fueron relacionadas con militares y civiles cómplices que se habían instalado en España. También aparecen los datos del empresario argentino José Lata Liste, propietario de la conocida discoteca Mau –que llegó a tener locales en Madrid y Marbella-, y de otros argentinos –entre los que figura Héctor Sayago, un periodista que trabajó en RTVE- que colaboraban habitualmente con la dictadura. 

En ese marco, la justicia española obtuvo datos sobre seis cuentas bancarias a nombre de represores argentinos en Suiza. Así lo confirmó a Público el propio Norberto Bermúdez, quien actualmente vive en Argentina. En conversación telefónica con este periódico, el periodista ratificó el contenido de las declaraciones que ofreció en 1997 al juez Garzón. 

A esto se suman las declaraciones de Leandro Sánchez Reisse, otro agente de Inteligencia de Buenos Aires que participó activamente en la trama de lavado de dinero y que fue detenido en 1995 en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), donde residía desde hacía años. Entre 1976 y 1983, Sánchez Reisse “blanqueó para los militares argentinos unos 3700 millones de dólares, producto de secuestros extorsivos, bienes incautados ilegalmente a las víctimas de la represión, etc.”, puede leerse en uno de los documentos que hoy duermen en la Audiencia Nacional. 

Dichos fondos habrían sido colocados en entidades bancarias de Estados Unidos, Italia y Suiza, “presumiblemente en oficinas ubicadas en los cantones de Ginebra, Laussane y Zurich”. En tal sentido, documentos que obran en poder de Público confirman que el Ministerio de Relaciones Exteriores de la dictadura de Videla tenía una cuenta bancaria en el país helvético.