lunes, 20 de octubre de 2014

Detienen en Chile a ex jefe de seguridad de Pinochet

El ex coronel Cristian Labbé fue uno de los más desaforados partidarios de la dictadura de Augusto Pinochet.

Por Enrique Gutiérrez, corresponsal
 
Uno de los más desaforados partidarios de la dictadura de Augusto Pinochet, el ex coronel Cristian Labbé, fue detenido.

Pese a ser uno de los fundadores de la policía secreta DINA en la escuela de ingenieros militares de Tejas Verdes, en el litoral central, a fines de 1973, Labbé nunca había sido procesado. Aficionado a las motos, después fue jefe de los escoltas del fallecido Augusto Pinochet e incluso se dice que mantuvo un romance con una de sus hijas, Jacqueline. El hecho nunca ha sido desmentido pero recurrentemente se ha afirmado que es el padre de uno de sus cinco hijos.

Labbé está acusado del secuestro y ejecución de 13 personas. Un ex preso político, Anatolio Zárate y un ex militar, Héctor Salvo, se encuentran entre sus acusadores. El vocero oficial Alvaro Elizalde, se limitó a decir que éste es un caso judicial que se encuentra en tramitación en los tribunales.

Temprano, este lunes, la juez especial de la corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes, ordenó la detención del coronel en retiro, quien al salir Pinochet de La Moneda, se jubiló y se integró a la neofascista UDI, siendo alcalde de la comuna de Providencia, por varios períodos.
Junto a Labbé se encuentran procesados otros nueve oficiales en retiro, quienes son notificados en la Corte de Apelaciones de San Miguel.

El diputado Hugo Gutiérrez, abogado de derechos humanos, dijo que siente “una profunda satisfacción” por la detención de Labbé y como iniciador de los procesos en su contra, indicó que hay muchos testigos, incluso varios ex funcionarios del Ejército que le acusaron por estos horrendos crímenes. Destacó, entre otras cosas, las bestiales torturas y violaciones a alumnas secundarias de padres izquierdistas.

Gutiérrez indicó que Labbé, en ese momento un teniente, fue colaborador cercano del asesino Manuel Contreras Sepúlveda, jefe en 1973 del regimiento de Tejas Verdes. El parlamentario manifestó que incluso en dicho regimiento se torturó a miembros de Carabineros que se habían negado a apoyar el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

Héctor Patricio Salvo Pereira, a la fecha aspirante a oficial de reserva, fue llamado a prestar servicio en Tejas Verdes, en la Agrupación de Patrullaje Nocturno, comandado por el mayor Mario Alejandro Jara Seguel, conocido entre los soldados como El Papi y brazo derecho de Contreras Sepúlveda. La función de la agrupación era allanar y detener a personas, torturarlas. Lo combinaban con funciones de protección a las familias de los oficiales de Tejas Verdes.

Salvo declaró judicialmente hace poco más de un mes en la Corte de Apelaciones de San Miguel, donde se sigue la causa por los crímenes cometidos en Tejas Verdes. Fue el primer militar que reconoció a Cristián Labbé como un personaje habitual en el centro de torturas, lo que se suma al testimonio de Anatolio Zárate, quien fue sometido a suplicio por el ex alcalde de Providencia.

Labbé junto a otros oficiales de la naciente DINA, también instruían a los candidatos a agentes, en un conjunto de cabañas construidas para las vacaciones de los obreros por Salvador Allende —expropiadas por Manuel Contreras a la CUT— ubicadas en el cercano balneario Rocas de Santo Domingo.

El abogado defensor del criminal, Cristián Espejo, admitió que "estamos bastante impactados, porque luego de una extensa y larga investigación se pudo acreditar que él nunca ha torturado a nadie, que no a cometido homicidio. Y hoy por medio de una figura que es la asociación ilícita lo procesa...", declaró.

Espejo informó que su cliente cumple prisión preventiva en el comando de Telecomunicaciones del Ejército en Peñalolén y que solicitará la libertad condicional de su cliente.

miércoles, 15 de octubre de 2014

Quieren investigar al FMI el endeudamiento de la Argentina durante la última dictadura

El terror y las reformas económicas

El fiscal Federico Delgado busca establecer la “complicidad institucional” del Fondo con las políticas económicas que acompañaron al terrorismo de Estado. Señala en su dictamen que documentos desclasificados demuestran la influencia de Estados Unidos.

La responsabilidad del Fondo Monetario Internacional en el proceso de endeudamiento de la Argentina durante la última dictadura está en la mira de la Justicia. Consciente de la dificultad de probar en un proceso penal la responsabilidad concreta de funcionarios y agentes del FMI, el fiscal federal Federico Delgado elaboró un dictamen en el que propone establecer en un primera etapa la “inculpación gruesa” o institucional. Para lograrlo comenzó por analizar documentos de Cancillería sobre la relación entre la dictadura y el gobierno de los Estados Unidos y las negociaciones derivadas de un decreto de 1976 que creó “Comisiones Asesoras Honorarias” para solucionar diferendos entre el Estado y empresas privadas, nacionales y extranjeras. Para profundizar la investigación el fiscal propone encomendar un trabajo de archivo exhaustivo a la Oficina de Coordinación de Políticas de Derechos Humanos, Memoria, Verdad y Justicia, al Banco Central y a la representación argentina en el FMI.

A partir de una denuncia de Patricia Walsh derivada de la causa sobre la deuda externa iniciada por Alejandro Olmos, Delgado señala que tiene la convicción, citando al politólogo Marcelo Cavarozzi, de “la participación que tuvo el FMI en la sustitución de la matriz estado céntrica por la mercado céntrica”, y de la necesidad de una “normalización” (entrecomillado por el fiscal) tendiente a “que la acumulación se realice en principal y sistemático beneficio de sus unidades oligopólicas y más trasnacionalizadas”, en términos de Guillermo O’Donnell. Frente a esa “complicidad estructural” del organismo financiero, el desafío, explica el fiscal, es desentrañar la responsabilidad de los funcionarios que encarnaron la voluntad del FMI, “bajar” la relación a las exigencias probatorias del derecho penal, acreditar que los agentes del FMI “eran conscientes de que en la República Argentina se estaba ‘reformando’ a sangre y fuego la sociedad para ‘ajustar’ las relaciones sociales al nuevo patrón de acumulación que surgía del incipiente ‘Consenso de Washington’ y que hoy reina como la versión financiera del capitalismo”.

Como hasta el momento no hay testigos ni documentos para acreditar esa certeza, Delgado propone al juez Sebastián Ramos intentar dilucidar si el FMI es responsable como institución “de esa relación genética entre el terror y la reforma económica”.

La incipiente investigación del fiscal parte de relevar y analizar “documentos parciales, fragmentados”. Por un lado, los cables de Cancillería sobre la relación de la dictadura con los Estados Unidos, por la influencia de sus políticas para el hemisferio. “Los cables describen un ‘medio ambiente’ que revela la existencia de un ecosistema preparado para recibir las directrices que hilvanaban el ‘Consenso de Washington’”, explica Delgado. Los documentos, en su mayoría de los últimos años de la dictadura, “revelan la tensión” entre la gestión del entonces presidente Jimmy Carter, que cuestionaba las violaciones a los derechos humanos, y “otro sector de la administración que, guiado por la razón instrumental, buscaba remover los obstáculos legales que impedían formalizar una compra de armas”, en referencia a la enmienda Humphrey-Kennedy que prohibía la asistencia militar y la venta de armas a Estados responsables de graves violaciones a las derechos humanos. Revelan también cómo “el paradigma mercantil guiaba a la política local, desesperada por recomponer las relaciones comerciales” con los Estados Unidos, advierte Delgado. Cita como ejemplo la crónica de un viaje de José Alfredo Martínez de Hoz en 1976 en la cual se destaca la cesión de una oficina de la Reserva Federal al ministro de Economía de la dictadura como “un hecho sin precedentes, que demuestra la confianza en el futuro económico de nuestro país”.

La segunda fuente de materiales de estudio que propone el fiscal es el decreto 223 del 27 de abril de 1976, que se propuso buscar soluciones “rápidas y justas” a los diferendos entre el Estado y “diversas empresas privadas nacionales y extranjeras”. Para ello se crearon “Comisiones Asesoras Honorarias dependientes del PEN”, conformadas cada una por representantes de los ministerios de Economía y de Trabajo, de las tres fuerzas armadas y, si se trataba de empresas extranjeras, de un miembro de la Cancillería. “A la hora de ordenar la economía los litigios escapaban del sistema judicial y la autonomía de la voluntad privada y fugaban hacia la esfera de la administración”, advierte Delgado, y recuerda que un día después del decreto se sancionó la ley 21.299, que suspendió por 180 días los juicios producto de los diferendos con empresas.

Ambos bloques de documentos “revelan con nitidez que mientras el terror azotaba la subjetividad de los argentinos ‘hacia adentro’, ‘hacia afuera’ se privilegiaba captar los nuevos vientos de la relación social capitalista que mutaba de su faz industrial a la financiera”, concluye. Para escrutar “este doble movimiento” y establecer la responsabilidad del FMI propone bucear en los archivos, una tarea que sugiere encomendar a la Oficina de Coordinación de Políticas de Derechos Humanos, Memoria, Verdad y Justicia (creada en 2004 para contribuir al proceso de reconstrucción de la memoria en el ámbito de la Comisión Nacional de Valores), a la representación argentina ante el FMI y al Banco Central.

domingo, 12 de octubre de 2014

Pedraza no consiguió la prisión domiciliaria

Sin salida de la cárcel

 Por Adriana Meyer


El Tribunal Oral Criminal (TOC) 21 rechazó ayer el pedido de prisión domiciliaria para el ex líder del gremio ferroviario José Pedraza, condenado a 15 años de prisión por el crimen del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, que la había solicitado por problemas de salud. Pedraza había solicitado que le concedieran ese beneficio con el argumento de que padece problemas de salud, pero los jueces Diego Barroetaveña, Horacio Dias y Carlos Massi rechazaron su planteo por considerar que la cárcel de Ezeiza cuenta con los medios para asistirlo, y ordenaron que sea sometido a revisiones periódicas. “Nos comprometimos a revisar la decisión porque el estado de salud es algo muy dinámico”, explicó a Página/12 una fuente judicial.

El TOC 21 también resolvió la prórroga de la internación domiciliaria de quien fuera el segundo de Pedraza, Juan Carlos “Gallego” Fernández, quien quedó en esa situación luego de una intervención quirúrgica que derivó en un prolongado proceso post-operatorio con complicaciones. Fernández está en su casa con custodia del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Pedraza está detenido desde febrero de 2011 en la cárcel de Ezeiza, y en abril de 2013 fue condenado como partícipe necesario, en su rol de líder del gremio ferroviario, del crimen de Ferreyra, ocurrido el 20 de octubre de 2010 cuando empleados tercerizados del Roca reclamaban por sus condiciones laborales y una patota de la Unión Ferroviaria los atacó.

El abogado del gremialista, Carlos Froment, había pedido en junio la domiciliaria de Pedraza y propuso como lugar para cumplirla un edificio en Avenida del Libertador y Billinghurst, en Palermo, propiedad de la esposa del sindicalista. Alegó que Pedraza tiene antecedentes de Parkinson, deterioro cognitivo, componente depresivo, hipertensión arterial, hipertrofia concéntrica moderada a severa del ventrículo izquierdo y bloqueo de rama derecha que presentan un elevado riesgo de mortalidad cardiovascular. Y agregó que, ante una urgencia, la salida de la cárcel requiere trámites burocráticos que podrían poner en riesgo su salud.

Sin embargo, Pedraza fue sometido a estudios médicos cardiológicos y neurológicos, y los jueces concluyeron que su cuadro puede ser asistido en la cárcel de Ezeiza. Según la fuente consultada, allí tienen lo necesario para atenderlo. Para una eventual salida, los magistrados dejaron en claro en su resolución que el SPF debe garantizar el acceso y egreso, de manera rápida y flexible, de su servicio de emergencias, en caso de ser necesario ante cualquier eventualidad. Si bien el ex sindicalista tiene 70 años, la edad tras la cual puede solicitar el beneficio del arresto domiciliario, los jueces del TOC 21 interpretaron que la ley dice “podrá” acceder al mismo, y no “deberá”. En este sentido consideraron que, además del requisito de la edad, para concederlo tienen que darse también las condiciones de salud de una gravedad que así lo ameriten. De los informes médicos en los que se basaron para tomar su decisión surge que el aspecto más complicado de la salud de Pedraza sería el neurológico.

El tribunal también dispuso que el sindicalista sea sometido a revisaciones médicas periódicas para seguir su evolución médica, y autorizaron a que sea atendido por sus médicos de cabecera.

martes, 7 de octubre de 2014

Detuvieron al represor prófugo Juan Carlos Jones Tamayo

La ficha que faltaba en Jujuy

Lo buscaban desde hacía tres años. Fue arrestado en Buenos Aires. Está acusado por los secuestros de La Noche del Apagón y en varias otras causas que investigan delitos de lesa humanidad en la provincia.

Los organismos defensores de derechos humanos jujeños festejaron públicamente ayer la captura de Juan Carlos Jones Tamayo, un ex miembro del área de Inteligencia provincial del Ejército argentino que aparece como secuestrador o verdugo en la mayoría de los testimonios de sobrevivientes del terrorismo de Estado locales. El “eslabón que faltaba en la cadena del terror de la provincia”, según la identificación de Mariana Alvarez García, integrante de Madres y familiares de ex detenidos desaparecidos de Jujuy, permaneció prófugo durante tres años. Fue detenido en Buenos Aires y recién el jueves llegará a la provincia norteña, en donde será indagado por los secuestros de La Noche del Apagón y en varias otras causas que investigan delitos de lesa humanidad.

La agrupación Hijos-Jujuy y la Asociación Jujeña de Ex Presos Políticos (AJEP) informaron ayer de la buena nueva, que en realidad sucedió hace una semana. Jones Tamayo fue detenido en el barrio porteño de Belgrano el 10 de octubre. Integraba la lista de genocidas buscados por el Ministerio de Justicia de la Nación, que prometía recompensar con 100 mil pesos el aporte de datos que ayudaran a dar con su paradero.

Juan Carlos Jones Tamayo llegó a ser capitán del Ejército. Sin embargo, para el momento en que dejó su marca en decenas de sobrevivientes del terrorismo de Estado en Jujuy se destacaba en Inteligencia de la fuerza. Entre 1975 y 1976 fue jefe del sector en el área 323 de la provincia. “Después de (Carlos) Bulacio, fue quien más responsabilidad tuvo en la represión en la provincia”, indicó Eva Arroyo, de Hijos. En paralelo, también aportó al Destacamento de Inteligencia 143, con base en Salta. Se le perdió el rastro entre 1976 y 1980, cuando volvió a la provincia.

El genocida participó de numerosos casos de violaciones a los derechos humanos. Algunos sobrevivientes de lo que se conoce como “La Noche del Apagón”, un operativo de secuestros en Ledesma, el pueblo en donde la azucarera dirigida por Carlos Blaquier –quien no hace mucho fue procesado por ese hecho– es dueña y ama, lo señalaron como quien recibía a los trabajadores del ingenio, militantes y dirigentes políticos del pueblo secuestrados en el centro clandestino de detención conocido como Guerrero. En uno de sus testimonios, Raúl Bartoletti, un psicólogo víctima de aquel operativo, identificó a Jones Tamayo como quien lo golpeó con un látigo de hilos de acero a modo de bienvenida a Guerrero: “Así se recibe aquí”, contó que le decía, mientras tanto.

El represor también está involucrado en los crímenes de lesa humanidad cometidos contra los mineros de la mina El Aguilar y de militantes del PC en la ciudad jujeña de Tumbaya, así como los cometidos contra los dirigentes gremiales azucareros y docentes, todos aún desaparecidos. Cuando llegue a al provincia será indagado por la primera de las causas en la que se lo imputó: el asesinato de la maestra Dominga Alvarez de Scurta. Desde Hijos solicitarán que la Justicia dé, luego, prioridad a las causas que ya están elevadas a juicio.

“Era la ficha que faltaba en el rompecabezas de los crímenes de lesa humanidad en Jujuy, es un personaje muy nefasto, de los más crueles de la represión en esta provincia”, lo identificó Alvarez García. Su participación en los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar quedó probada en la primera causa por delitos de lesa humanidad que se instruyó en la provincia, la que investigó el asesinato de la maestra Dominga Alvarez de Scurta. El dictamen fiscal de ese expediente, elaborado en 2006, pedía su captura y su indagatoria. Sin embargo, el depuesto juez Olivera Pastor le extendió todo lo que pudo su período de gracia. Para cuando dictó una orden de detención, Jones Tamayo ya no vivía en el domicilio declarado ante la Justicia. En marzo de 2011, la Fiscalía solicitó se lo declarara en rebeldía y en octubre de ese año el Estado lanzó un pedido de captura nacional e internacional.

Detienen ex-militar argentino acusado de delitos de lesa humanidad, estuvo de mision por Honduras

Un ex oficial del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército Argentino, que fue segundo jefe de seguridad de la Casa militar durante seis años de las presidencia de Carlos Menem y trabajó en la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) hasta 2005, fue detenido el pasado viernes acusado de crímenes de lesa humanidad que habría cometido como "Jefe de Interrogadores" en 1976, en Tucumán.

El coronel retirado Roberto Edgardo Gordillo, de 70 años, fue detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en su casa de Araujo 319, en el barrio porteño de Villa Luro, por orden del juez federal N° 1 de Tucumán, Daniel Bejas. El magistrado se propone indagarlo esta semana en relación a su actuación en esta provincia en 1976, cuando tenía el grado de capitán y revistaba en el Batallón de Inteligencia 601.

Ese año, Gordillo cumplió dos comisiones en Tucumán, en el marco del llamado Operativo Independencia de represión a la guerrilla. La primera, entre el 3 y el 23 de mayo; la segunda, dos meses después, entre el 2 y el 18 de agosto. En esa época, hubo en la provincia centenares de detenciones ilegales y decenas de “desapariciones”.

En ambas ocasiones, el capitán Gordillo se desempeñó como “Jefe del Grupo de Interrogadores”. A juicio de sus superiores, según consta en una nota de calificación incorporada al expediente de la causa, ejecutó esa tarea “con gran capacidad y eficiencia”.

“De gran corrección y seriedad y con grandes conocimientos y experiencia en la especialidad, su actividad ha permitido al órgano de inteligencia desarrollar una actividad eficiente”, se explaya la nota. A lo que agrega: “Supo adaptarse rápidamente a las particulares características de la lucha contra la delincuencia subversiva obteniendo un sobresaliente rendimiento de su actividad”.

Como ha quedado ampliamente probado a estas alturas en los juicios orales y públicos celebrados en Tucumán y otros lugares del país, entre las “particulares características” de esa lucha estuvieron la aplicación sistemática de la tortura en los interrogatorios y la “disposición final” (eliminación física) de muchos prisioneros decidida sobre la base de la evaluación de los oficiales de inteligencia.

Su misión en Honduras
De la trayectoria posterior de Gordillo se sabe que en 1980 cumplió una comisión en Honduras y en 1981 fue quien recomendó el ingreso al Batallón 601 del sindicalista Gerardo Martínez, de la UOCRA. La vinculación entre ambos habría continuado hasta el presente, de ser ciertas las versiones que circulan en el mundo gremial.

Durante el menemismo, Gordillo tenía oficinas en la Casa Rosada y en la Quinta Presidencial de Olivos dadas sus funciones de seguridad, a las que habría accedido gracias a su relación con Miguel Angel Toma. También su incorporación a la SIDE se habría producido cuando Toma fue jefe de ese organismo, en la presidencia de Eduardo Duhalde.

Una versión no confirmada asegura, incluso, que actualmente trabajaba en la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.

En abril de 2010 la revista "Noticias" publicó una vieja foto, sin precisar la fecha ni la circunstancia en que fue tomada, en la que Gordillo aparece junto al entonces intendente de La Plata, Julio Alak, hoy ministro de Justicia y Derechos Humanos.

domingo, 5 de octubre de 2014

Detienen al reclutador de Gerardo Martínez en el Batallón 601


Detienen a genocida que trabajaba con César Milani y que fue reclutador de Gerardo Martinez para el Batallón 601 en la última dictadura militar. 

El sindicalista de la UOCRA fue absuelto hace pocos días en la causa que lo investiga por su rol de servicio de inteligencia de la dictadura genocida.

domingo, 21 de septiembre de 2014

Por primera vez el secretariio del vicario castrense en la dictadura es imputado en una causa

La lista de Grasselli

El actual obispo militar compiló en los años duros un fichero con cientos y cientos de casos que le llevaban los familiares. Fue testigo en las causas de derechos humanos, pero nadie había reparado en que también era capellán castrense y, por lo tanto, funcionario de la dictadura. Y ahora la pregunta es cómo obtenía la información.

Emilio Grasselli, actual vicario castrense.
Por Alejandra Dandan
El fiscal Federico Delgado pidió la indagatoria del obispo Emilio Grasselli, secretario del vicario castrense durante la dictadura y hoy él mismo vicario castrense. Es la primera vez que sucede. Entre las pruebas más importantes se encuentran los datos de su filiación como funcionario del Estado represivo, un dato que estuvo a mano desde siempre, pero sobre el que se ha reparado recién en los últimos tiempos. Según esos datos, Grasselli no era sólo secretario del vicario, como venia sosteniendo en su defensa, sino que de acuerdo con la nómina oficial de capellanes castrenses y auxiliares del Ejército de la Capellanía Mayor del Ejército, “ejerció el puesto de capellán castrense de la Capellanía Mayor del Ejército entre el 1º de diciembre de 1967 y el 31 de marzo de 1980”.
“En todas sus declaraciones, Grasselli omitió esta información y es relevante mencionarlo porque un capellán castrense es funcionario público”, señala un informe de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) elaborado a pedido de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y parte del análisis de Delgado. “El vicariato castrense es una institución de doble pertenencia que responde a la Santa Sede en el orden religioso-doctrinario y al Estado nacional en el orden político-militar-económico, por lo que sus miembros son tanto miembros del clero como del aparato estatal, del cual perciben una remuneración mensual y un conjunto de obligaciones.”
Ahora quien debe decir si el obispo va ser a llamado es el juez Julián Ercolini, a cargo de otra parte de la investigación en una causa hasta ahora sin avances.
Grasselli es una de las personas más nombradas en las búsquedas de los familiares de desaparecidos. Muchísimos hicieron cola durante horas para verlo en la capilla Stella Maris y preguntar por sus seres queridos con la esperanza de obtener información. Con los datos, Grasselli construyó un enorme fichero. Armó listados, prometió y en ocasiones proveyó respuestas. Hasta ahora, la Justicia lo llamó como testigo en seis ocasiones, como señala el Informe: en septiembre y diciembre de 1984, 1999, 2001, 2011 y hace dos semanas. Nunca estuvo imputado, aunque hay causas que los jueces no hacen prosperar. En el juzgado de Ercolini hay una investigación abierta luego del primer juicio de robo de niños, impulsada por el fiscal Martín Niklison y el TOF 6. En el juzgado de Sergio Torres desde septiembre de 2013 hay una informe del Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos Aires con datos que lo ubican como uno de los propietarios de la isla El Silencio, del Tigre, vendida a Jorge Radice, el marino contador de la ESMA, para ser usada como centro clandestino temporario para los prisioneros de la Armada. El dato, además, esta documentado en el libro El Silencio, de Horacio Verbitsky, de 2005.
El informe
El Informe de la CMP se presentó el lunes pasado. Lo hizo el Programa de Justicia sobre delitos de lesa humanidad que coordina Claudia Bellingeri. Lo más impactante es que por primera vez se organiza el mundo de información sobre Grasselli, reúne y contrasta sus declaraciones y reconstruye la lógica de trabajo. “No hay información del padre Emilio Grasselli en los archivos de la Dipba (...) No obstante encontramos información significativa en el fichero elaborado por Grasselli sobre 2075 personas detenidas, cuyas copias posee esta Comisión. Lo que sigue es un análisis preliminar del mismo.”

El fichero está en manos de la Justicia desde 1999. “En todas las ocasiones (Grasselli) explicó que la creación de su fichero personal tuvo relación directa con la necesidad de sistematizar la información que iba obteniendo, porque llegado un momento era muchísima gente no solo la que se acercaba a pedir información sobre familiares, sino también la que aportaba datos de otras personas. Dice el sacerdote: ‘Primero hacía una lista pero nos sobrepasó. Como en aquella época no había computación, comencé a hacer fichas y así formé un fichero. En la primera parte de la ficha ponía nombre, el lugar del hecho y el día que me visitaba, y en el anverso, algún dato o dirección de alguien a quien podía comunicarse por si llegara una novedad. Cuando venía monseñor (Adolfo Servando Tortolo) cada semana, cada 15 días, le presentaba esa lista y él hacía una copia y la mandaba al Ministerio del Interior, a veces al Ejército, a la Fuerza Aérea o la Marina’ (Testimonio de Grasselli, Circuito Camps, La Plata 2011)”.
Según el testimonio del propio Grasselli, “el fichero contiene información de cerca de 2500 personas detenidas. En la mayoría de los casos fueron los familiares o amigos quienes aportaron parte de esa información al sacerdote. Como es sabido, a partir del golpe muchos familiares o amigos recurrieron a la Iglesia Católica en busca de información sobre paraderos. El sacerdote Grasselli ejercía su trabajo en la pastoral vinculado con el vicariato castrense para las Fuerzas Armadas”.
“La noticia de esa atención corrió rápidamente y las familias víctimas acudían con la esperanza de tener alguna información”, mencionan en este caso un texto de Emilio Mignone, del libro Iglesia y dictadura de 1986.

¿Cuánta gente atendió Grasselli? ¿Cuántas fichas? ¿Durante cuántos años? “No queda claro el período en el que armó el fichero”, dice la CMP. En 2001, por ejemplo, dijo que lo hizo entre 1974 y 1978 o 1979. También que tomó pocos casos previos al golpe; que lo hizo por cuatro años y que atendió entre 20 y 50 casos por día. Pero los números no dan. Si hubiese atendido 20 personas por día en 8 meses, de abril a noviembre, habría hecho 4800 fichas. El número sería mayor multiplicado por cuatro años. El número da bien sólo si hubiesen sido 2,5 personas por día. Así, la CMP sostiene que exageró intentando elaborar una imagen propia de sacrificio y derechos humanos. También, que no elaboró fichas de todos los detenidos y de las consultas. Un dato que puede verse corroborado, por ejemplo, porque “se ha comprobado que Grasselli mantuvo vínculos con detenidos de los cuales no elaboró fichas. Es el caso de quienes estaban alojados en la ESMA en calidad de ‘reeducados’”.

También es posible que haya destruido fichas que lo comprometieran. Como ejemplo se menciona el caso de José David Aleksosky. Su hermano declaró que visitó a Grasselli en 1976 y que el cura tomó los datos. Cuando citaron al cura en 1999, le mencionaron esa ficha. “Cuando me mencionaron la citación, busco la ficha y no la encuentro –dijo–, adelanto, advierto, que no sé qué pasó con esa ficha, tal vez la retuvo monseñor. Era un caso particular o estará traspapelada.”

Las fuentes
Otro punto siempre en duda es cómo obtenía información sobre los casos y su rol en esa cadena. Siempre dijo que lo hacía a través de su superior, monseñor Tortolo. En 1999 dijo que “de las gestiones sólo se encargaba el vicario. Ese trámite lo hacía él personalmente, a veces enviaba cartas”. Pero el Informe sugiere que él mismo podría haber tenido acceso a la información: por sus funciones efectivas y el mundo de relaciones del cargo. Entre 1955 y 1975, por ejemplo, fue secretario privado del cardenal Antonio Caggiano, primero arzobispo de Rosario y luego arzobispo de Buenos Aires y vicario castrense. 

En 1975, cuando Caggiano renunció, Grasselli pasó a ser secretario de Tortolo que entonces era arzobispo de Paraná, presidente de la Comisión Episcopal argentina y vicario. Según el diario de Victorio Bonamín, provicario castrense, Caggiano le pidió a Tortolo que lo mantenga en el puesto.

En ese sentido, es cierto que cumplía funciones de secretario. Ahora bien, dice el CMP: “Sin embargo al atender la agenda y las actividades del vicariato, su trabajo pastoral se ejercía centralmente en la sede oficial de la institución, la Iglesia Stella Maris, sita en el predio del edificio Libertad, sede del Estado Mayor de la Armada, donde además trabajan y se reunía el vicario castrense Bonamín y los capellanes mayores de las tres fuerzas: José Mario Ricardo Menestrina (Ejército), Domingo Carmelo Genise (Armada) y Ovidio Feliz Tripodi (Fuerza Aérea). Además, según admitió en 2001, ‘algunos soldados de la Armada lo ayudaban en el armado de fichas’”, dice. “En los hechos, el sacerdote cumplió una función correspondiente al vicariato, no estatutaria, pero función al fin.” Tortolo, además, “era entre mayo de 1975 y 1976 el eclesiástico con más poder político en la Iglesia” con “tres cargos jerárquicos en simultáneo”. Y finalmente, también está su rol en la capellanía en comisión.

Todavía no hay certezas del rol que efectivamente cumplió, pero hay algunas pistas.
Mercedes Soiza Reilly es fiscal del juicio ESMA. “Durante el megajuicio que se está desarrollando en la causa ESMA, hemos escuchado innumerable cantidad de relatos que dan cuenta del rol que le cupo a la Iglesia durante la última dictadura militar. La imagen de Grasselli aparece en cada uno de estos testimonios. Surge la confianza que las familias depositaban en él buscando una respuesta. En algunos casos era él quien pedía información del resto del grupo familiar. Las largas filas fueron la imagen frecuente, que para aquellos años, tuvo la iglesia Stella Maris, lugar donde el cura atendía a los familiares. Avanzar en la participación que tuvo Grasselli en los hechos criminales cometidos, que tuvieron relación directa con el cargo que ocupaba, demuestra una vez más que las estructuras militares funcionaron con la colaboración necesaria de todas las Instituciones del Estado.”

Mignone habló en 1986 en ese mismo sentido. “Resulta evidente que los jefes militares permitieron –o tal vez promovieron– esta actividad de Grasselli porque favorecía sus planes, creaba confusión, alentaba esperanzas y adormecía la combatividad de los familiares. Algo similar se hizo abriendo el inútil registro de denuncias del Ministerio del Interior.”

La renuncia de Grasselli a una capellanía castrense para tomar otra de mayor rango.