domingo, 11 de noviembre de 2018

Nueva domiciliaria (no efectiva) de Etchecolatz

CRITERIOS ENCONTRADOS

Un fallo del TOF 1 de La Plata convalidó la domiciliaria (no efectiva) que el genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz había obtenido en la causa por el CCD “El Infierno”. La opinión del tribunal platense se contradice con el criterio de Casación y de la Corte Suprema en el tema. Lo que en verdad está en juego es  la transformación de los procesos por crímenes gravísimos e imprescriptibles en una mera formalidad.

Por HIJOS La Plata
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Con idas y vueltas de matriz novelesca la discusión jurídica por el otorgamiento del beneficio de la prisión domiciliaria al genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz está llegando a lugares insospechados.

El 26 de octubre Etchecolatz recibió su cuarta condena a perpetua, esta vez en la causa por los CCD “Puente 12-Brigada Güemes- Comisaría de Monte Grande”. Cuatro días después la Corte Suprema de Justicia convalidó un planteo del Fiscal General ante Casación que había  apelado el otorgamiento de la domiciliaria en la causa llamada “Circuito Camps”, juzgada en 2012. Pero una semana después todo pareció volver atrás. El 7 de noviembre el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, integrado por los jueces Germán Castelli, Alejandro Esmoris y Pablo Vega, hizo lugar a la prisión domiciliaria del genocida en la causa por el CCD de la Brigada de Investigaciones de Lanús con asiento en Avellaneda, conocido como “El Infierno”. En verdad el fallo convalida una decisión ya tomada en el mismo sentido por el tribunal en agosto de 2016, que fue revocada por Casación, pero que los jueces platenses volvieron a revalidar en julio de 2017 tras realizarle obligadamente estudios al genocida a través del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema.

Razón Humanitaria

En su fallo el TOF 1 elude las recomendaciones de Casación, que dijo que la edad no justifica la concesión automática del beneficio y que el reo puede continuar en cárcel común y con la atención médica adecuada. El juez Castelli dramatiza al extremo en su voto al exponer que el genocida de “casi 90 años y graves patologías, crónicas, evolutivas y sin cura, que, a entender, por ejemplo, de los médicos de la unidad podrían dar lugar a un intempestivo desenlace mortal (…) reflejan, de manera descarnada, las muy altas probabilidades de que Etchecolatz fallezca en la cárcel. O, en otras palabras, purgue pena hasta la muerte”. Recordemos que Castelli fue en fallos anteriores el mentor de la “razón humanitaria” para mandar al genocida a su casa.

El voto de Alejandro Esmoris, que intentó aplicar el 2x1 a dos represores de nuestra jurisdicción (pero antes lo había efectivizado en Mar Del Plata), no podía quedarse atrás. Esmoris relativiza prioridades e invierte argumentos para ponderar que no por estar con domiciliaria “el Estado Argentino cae en inobservancia de normativa internacional respecto de la obligación de perseguir, juzgar y castigar adecuadamente toda violación a los derechos humanos”. Luego avanza afirmando que “las particulares condiciones de salud permiten aseverar que su mantención en un establecimiento penitenciario compromete su estado físico”, cuando el informe del Cuerpo Médico Forense dice que está “clínica y hemodinámicamente compensado en su estado de salud física con la medicación instituida”. Finalmente Esmoris sobrevalora un punto del informe que dice que el genocida es “es autoválido parcialmente” y necesita “ayuda de terceras personas para cambios de decúbito y para trasladarse, ya sea en silla de ruedas y/o con la asistencia de un bastón”, con lo cual define sin más que “se trata de una persona minusválida”.

Con diferente criterio, pero sin perder el sentido común, el juez Vega afirmó en su voto en disidencia que “parece más que discutible sostener que (…) el interno en cuestión se encuentre más resguardado y contenido al cuidado de su mujer de 68 años, que en un centro hospitalario que le viene garantizando, incluso, llegar a los 90 años sin mayores complicaciones que las propia de la edad”. El verano pasado Vega visitó al genocida en su domiciliaria de Mar Del Plata y confirmó en persona que no tiene enfermera más que su esposa. Con ello sostuvo el planteo de que “el Estado Argentino no incurre en responsabilidad internacional si mantiene la situación de detención” en cárcel común de Etchecolatz, y que “muy por el contrario, ello más bien le garantiza el derecho a la vida y a la integridad personal, en los términos en que lo exige la jurisprudencia de la Corte IDH”. Si el criterio de liberar a los presos enfermos porque el Estado no les puede garantizar el cuidado médico se generalizara, las cárceles federales estarían vacías. En septiembre pasado un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación reveló la existencia, sólo en el año 2017, de más de 5.320 casos de torturas y malos tratos en las cárceles argentinas, básicamente agresiones físicas, aislamiento, malas condiciones de detención y falta o deficiente asistencia de alimentación y salud. De allí el carácter privilegiado de las decisiones de muchos jueces sobre la situación de los genocidas.

Lo que está en juego

El caso de Etchecolatz es paradigmático en varios sentidos, ya que se encuentra condenado por la apropiación de Carmen Gallo Sanz, en el proceso de 2006, en la causa “Circuito Camps”,  en los homicidios de Marcelo Bettini y Luis Bearzi, en la causa “Favero-Álvarez”, y en la cusa por el CCD “Puente 12 – Güemes-Monte Grande”. Pero además está en juicio en la causa “Brigada de San Justo”, y a la espera del debate en las causas “Pozo de Quilmes”, “Pozo de Banfield”, residual de “Pozo de Arana” y por el secuestro y las torturas al ex diputado provincial del Frejuli Mario Medina. Completan su prontuario la causa que lo tiene imputado en el expediente 7421 en instrucción en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de Lomas de Zamora.
El año pasado el genocida había conseguido el beneficio en la mayoría de las causas en las que está involucrado. Lo hizo tras utilizar una huelga de hambre que empeoró su estado de salud para presionar a los jueces sobre la decisión a tomar. Así en un total de 13 causas obtuvo la domiciliaria en 4 y el cese de prisión preventiva en 6. En el verano de 2018 hizo efectiva la domiciliaria y pasó algunos días en su chalet del Bosque Peralta Ramos, pero tuvo que volver a prisión por acción de la movilización popular, de su propia faena violatoria de las condiciones del beneficio y por el fallo de la Sala 4 de Casación que en marzo de este año revocó la medida diciendo que su estado de salud no le impide permanecer alojado en un establecimiento penitenciario recibiendo la atención y los controles médicos adecuados.

Recordemos que en diciembre pasado el TOF 1 platense le denegó el pedido de libertad condicional a Etchecolatz en la causa que lo condenó a perpetua en 2006, donde según el criterio de sus defensores podía objetivamente acceder a la libertad condicional desde el 28 de noviembre de 2017. En aquella oportunidad el juez Castelli había opinado que ninguna pena que se imponga en el futuro al genocida en causas en las que se encuentra con prisión preventiva podrá ser más grave que la impuesta en esa causa de 2006 a prisión perpetua, lo cual relativiza el sentido de reinserción en la sociedad que conlleva la figura de la libertad condicional. El magistrado había añadido que llegada la condena en otras causas la cuestión debería ser analizada caso por caso “por los tribunales respectivos en el marco de su jurisdicción y competencia”.  Es muy significativo que el mismo tribunal platense que le otorgó los beneficios de domiciliaria y cese de preventiva, y que luego le negó la libertad condicional por acción de causas ajenas a su fuero, ahora insista con la “razón humanitaria” desligándose de la responsabilidad de custodia que tiene sobre los genocidas.

Lo realmente preocupante es el razonamiento del juez Castelli, que el último fallo dice que “Etchecolatz se encuentra cercano a cumplir 21 años en detención y le resta poco más de 4 años para agotar su pena y el presente proceso no añadirá otros tiempos de detención. A esta altura, debemos preguntarnos qué interés puede tener el nombrado en eludir la justicia, frente a dicho favorable panorama penal y, en último caso, constitucional. El suscripto no aprecia ninguno y ello coadyuva a la concesión de la prisión domiciliaria”. ¡21 años de detención! ¡Y a cuatro de agotar su pena! A rigor de verdad, el genocida cumplió 4 años de condena por la sentencia de 23 años del juicio de la Causa 44 de 1986 y fue indultado en 1990. Luego fue detenido en abril de 2001 por la causa Gallo-Sanz y, tras recibir más procesos y condenas, nunca recuperó la libertad total. Ahora pensar que lo de Castelli es sólo un dislate matemático que ni siquiera cierra tomando la fecha inicial de detención de 2001, ya que los 21 años se cumplirían en 2022, nos impide pensar que aquí lo que se juega es el sentido amplio de los procesos contra los genocidas de la última dictadura. Desde HIJOS venimos señalando el otorgamiento masivo de domiciliarias, la decisión de hacer cesar las prisiones preventivas por efecto de la tardanza de la misma justicia, el comienzo de los otorgamientos de libertad condicional por las penas bajas dictadas a algunos represores, y en definitiva, como lo muestra el caso Etchecolatz, la relativización general de la pretensión punitiva que tienen estos procesos.

Etchecolatz fue condenado en el primer juicio iniciado tras la anulación de las leyes de impunidad, donde fue desaparecido por segunda vez Jorge Julio López y donde todas las sospechas apuntan al propio Etchecolatz. Esa ambigüedad de justicia a medias con más impunidad atraviesa todo el proceso de los juicios a los genocidas en el país. Por eso decimos que esta situación debería hacer reflexionar sobre el peligro real que enfrenta la ejecución de condena en este tipo de procesos por crímenes gravísimos e imprescriptibles: ser una mera formalidad. Por ahora el símbolo de la represión de la Policía bonaerense en dictadura seguirá preso, pero no está dicha la última palabra.

martes, 2 de octubre de 2018

Más de la mitad de los detenidos por lesa humanidad tiene prisión domiciliaria

El dato surge de un nuevo informe de la Procuraduría sobre Crímenes contra la Humanidad. Allí se indica que en la Argentina hay 3.007 imputados por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico-militar, 36 están prófugos, 1.209 libres, y que de los 1.052 que se encuentran detenidos 602 cuentan con el beneficio del arresto domiciliario. A partir de esto se concluye que alrededor de 2.000 genocidas con causa judicial están fuera de la cárcel.

Entre los beneficios solicitados, se registra que más de 100 genocidas pidieron ser beneficiados con el 2×1 y otros con la excarcelación al cumplir los dos tercios de la condena. 
El informe sostiene que a más de 40 años de la dictadura genocida, todavía hay 275 causas en etapa de instrucción (previo a llegar a juicio). En tanto, desde el año 2006 hasta la actualidad, el Poder Judicial condenó a 867 personas por delitos de lesa humanidad, incluyendo a uniformados y civiles. Además de los imputados todavía no juzgados, hay otros culpables que todavía no fueron identificados y siguen impunes.

jueves, 28 de junio de 2018

Defendamos el Hospital El Cruce - Alerta a pesar de las declaraciones de dar marcha en los recortes

DEFENDAMOS EL HOSPITAL EL CRUCE - SI TOCAN A UNO TOCAN A TODOS
(Imagen : Abrazo a El Cruce)

La junta interna de ATE del Hospital GARRAHAN se solidariza con los trabajadores del hospital EL CRUCE porque el mismo corre peligro de cierre ya que su presupuesto ha sido reducido el 40% y se pretende despedir a cientos de trabajadores y abandonar a miles de pacientes. Los gobiernos de Macri y Vidal siguen las órdenes del FMI, y para bajar el déficit fiscal pretenden cerrar escuelas y hospitales, despedir maestros y trabajadores de la salud. No lo vamos a permitir. Nos ponemos a disposición de los compañeros del Cruce, su lucha es nuestra lucha, y les proponemos coordinar la pelea en defensa del hospital público. El 28 estaremos allí, en el abrazo al hospital.

“Unidad, de los trabajadores. Y al que no le gusta, se jode, se jode”.
Nación y Provincia dieron marcha atrás con el recorte en el Hospital El Cruce, de Florencio Varela
Por ahora y por declaraciones, todo indica que es una batalla ganada en contra del ajuste. Pero no es posible bajar los brazos con los gobiernos nacional y provincial, que han hecho de la poda la política de recortes para ofrecer en bandeja al FMI los servicios públicos destartalados para facilitar la privatización de los mismos, con la consiguiente tergiversación de transformar en "clientes" a los "pacientes". 

El hospital, un centro de excelencia, iba a perder casi el 43 por ciento del presupuesto. A la mañana hubo un multitudinario abrazo al que se sumaron vecinos y pacientes. Por la tarde, los ministros de Salud de Nación y Provincia anunciaron que no habrá poda.

martes, 12 de junio de 2018

Gobierno y justicia responsables salud Facundo Jones Huala

HACEMOS RESPONSABLES A LA JUSTICIA FEDERAL Y AL GOBIERNO NACIONAL

POR LA SALUD DEL LONKO FACUNDO JONES HUALA

Desde el día 4 de Junio el Lonko Facundo Jones Huala inició una huelga de hambre reclamando por la vulneración de sus derechos y ante la posible detención de su hermano Fausto Jones y de Lautaro González.

La extrema medida tomada por el Lonko, a pesar de la gravedad que implica y el importante deterioro de su salud, es silenciada y ocultada por los grandes medios afines al gobierno nacional y a su política genocida hacia el pueblo mapuche.

A casi 10 meses de ocurrida la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, en circunstancias en que la Gendarmería bajo órdenes directas de la ministra Patricia Bullrich, reprimía ilegalmente a los integrantes del Loft en Resistencia de Cushamen cuando pedían por la libertad del Lonko Jones Huala y a casi 6 de que la Prefectura Naval Argentina, también por órdenes directas de la Ministra, asesinaba de un balazo por la espalda a Rafael Nahuel no hay un solo preso por ninguna de las dos causas. Sin embargo, lejos de esclarecer nada, el gobierno nacional y la justicia se encaminan a encarcelar a los jóvenes que bajaron de la montaña el cuerpo de Rafita.

Facundo se encuentra detenido en Esquel esperando que la Corte Suprema se expida sobre su extradición a Chile, desde el penal pidió un permiso de salida para participar de la ceremonia tradicional mapuche por la llegada del Solsticio de Invierno que le fue negada. lo que implica el desconocimiento a la autoridad como Lonko para su pueblo.

Exigimos:

*LIBERTAD Y NO EXTRADICIÓN AL LONKO FACUNDO JONES HUALA

*JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS RESPONSABLES POLÍTICOS Y MATERIALES DE LOS ASESINATOS A SANTIAGO MALDONADO Y RAFAEL NAHUEL.

* BASTA DE ASESINAR Y PERSEGUIR A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

*FUERA PATRICIA BULLRICH

ASOCIACION DE EX DETENIDOS DESAPARECIDOS

Contra la represión y el montaje militar : Solidaridad con Garganta Poderosa

La AEDD junto a otros organismos de Derechos Humanos venimos denunciando desde hace años la criminalización de la pobreza, la tortura a los pibes de todas las barriadas populares, y la impunidad del gatillo fácil
Hoy repudiamos enérgicamente la operación mediática que el día 7 de junio realizó el Ministerio de Seguridad contra la Garganta Poderosa.
En todas las barriadas crece la pobreza, y la muerte de los pibes por gatillo fácil. La Garganta Poderosa es una organización de resistencia a estas formas de disciplinamiento y terror social, que deja al descubierto la realidad. En respuesta a que los compañeros lograron llevar a juicio a seis prefectos que sometieron a torturas a Iván Navarro y Ezequiel Villanueva en la villa 21-24 la prefectura, el 26 de mayo, tomó por asalto la casa del fotógrafo de La Garganta, abusaron de su novia y balearon la casa de Ivan Navarro. Gracias a la movilización y la denuncia estos hechos fueron denunciados, repudiados y el lunes las fuerzas de seguridad tuvieron que liberar a los compañeros que apresaron.
Pero el Gobierno Nacional no está dispuesto a retroceder ni en su represión, ni en su campaña fascista contra todas las organizaciones que se oponen a su programa de miseria y hambre, por eso por intermedio de su nefasta Ministra Bullrich el último jueves, montó una conferencia de prensa intentando desacreditar a los compañeros y a varios periodistas presentes, usando un video recortado que daría vergüenza ajena si no fuera por la intenciones fascistas que lo acompañan . Esa Conferencia de Prensa no ha sido otra cosa que un intento de intimidación a todas las organizaciones populares y a todos aquellos que levantan su voz para denunciar las violaciones del poder.
Por todo esto:
Exigimos el retiro inmediato de la Prefectura del lugar. La fuerza que ha sido denunciada por torturar a dos jóvenes no puede permanecer en ese lugar sus efectivos sólo buscan intimidar a los posibles testigos en el juicio por torturas a Iván y Ezequiel y tomar revancha contra quienes denunciaron su accionar.
Nos solidarizamos con los compañeros de La Garganta.
Ni un pibe pobre más torturado y perseguido por las fuerzas de seguridad!!!!!
Fuera Bulrich!!!
ASOCIACION DE EX DETENIDOS DESAPARECIDOS

lunes, 4 de junio de 2018

Uruguay : Eduardo Ferro, coronel (r) prófugo en España

La Asociación de Madres y Familiares adhiere en su totalidad al comunicado emitido por IELSUR referente al aplazamiento de  la entrega del Cnel. (r) Eduardo Ferro “ya que “no fue ubicado encontrándose actualmente en busca y con captura a nivel nacional” en España circunstancia que fue comunicada a la Justicia Uruguaya”, según informa el referido comunicado, que adjuntamos.

El Cnel (r) Eduardo Ferro, uno de los más relevantes representantes del Terrorismo de Estado en nuestro país, se fuga a España para no enfrentar las acusaciones de la Justicia uruguaya sobre la desaparición de Oscar Tassino, y sobre varios secuestros. Ante el pedido de extradición librado por la justicia, es detenido en setiembre de 2017 en ese país, y en mayo de este año, España resuelve su extradición a Uruguay.

Interpol no pudo cumplir con esa orden, porque “no lo encuentra” ni en la cárcel ni en ningún lado.

Repudiamos indignados este gravísimo hecho, que obviamente no pudo ejecutar solo, y exigimos a las autoridades competentes de nuestro país actuar con la premura y firmeza que este lamentable hecho requiere. Asimismo, exigir al Reino de España la investigación rápida y profunda de los mismos, ubicar al prófugo Eduardo Ferro y que se concrete su extradición.

¡Basta ya de impunidad!
Verdad, Memoria, Justicia y Nunca Más Terrorismo de Estado.

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
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IELSUR a la opinión pública.

Nuestra institución ha tomado conocimiento que Interpol España informó a su par en Uruguay que debía aplazarse la entrega del Cnel. (r) Ferro ya que “no fue ubicado encontrándose actualmente en busca y con captura a nivel nacional” en España circunstancia que fue comunicada a la Justicia Uruguaya.

Ante tal situación IELSUR expresa su más enérgico repudio e indignación y exige a las autoridades competentes en nuestro país que reclamen al Reino de España la más seria investigación de los hechos por los cuales Ferro no es “encontrado” y que sea detenido a efectos de ser extraditado.

En mérito a lo anterior reclama el más pronto y eficiente cumplimiento de la entrega que fuera ordenada por el Consejo de Ministros de España el día 11 de mayo del corriente año.

La trascendencia y gravedad de tal situación ha quedado de manifiesto y se han decretado por parte del Juzgado Penal de 27° Turno de Montevideo medidas urgentes tendientes a ubicar al prófugo y que España cumpla con la entrega.

El proceso de extradición debe culminar a efectos de que Ferro sea juzgado por los crímenes que cometió por los tribunales de la República Oriental del Uruguay.

Es investigado entre otras causas por la desaparición de Oscar Tassino, secuestro y torturas de Lilian Celiberti y Universindo Rodríguez. Estos hechos no hacen más que confirmar su culpabilidad en los crímenes de lesa humanidad por los que se lo investiga.