domingo, 28 de febrero de 2016

Histórica condena de 360 años contra dos militares en Guatemala por delitos de lesa humanidad

Un tribunal de Guatemala dictó este viernes condenas de 120 y 240 años de prisión a un teniente coronel retirado y a un exparamilitar, respectivamente, por los delitos de lesa humanidad, desaparición forzada y asesinato durante el conflicto armado interno que vivió el país centroamericano.EFE/Esteban Biba

La jueza Jazmín Barrios, del Tribunal A de Mayor Riesgo, dio lectura este viernes a la sentencia, al entender que tanto el teniente coronel retirado Esteelmen Francisco Reyes Girón y el excomisionado (colaborador civil) del Ejército Heriberto Valdéz Asij hicieron con sus actos "un daño irreparable" a "toda una población".

El teniente coronel retirado Esteelmen Francisco Reyes Girón (d) y el exparamilitar Heriberto Valdéz Asij (i) escuchan condena ante un tribunal en Ciudad de Guatemala 


Reyes y Valdez fueron juzgados por someter a esclavitud sexual a 15 mujeres de la etnia maya q'eqchi' y fueron acusados de los delitos de asesinato, desaparición forzada y de lesa humanidad (deberes contra la humanidad según la calificación legal guatemalteca).


Durante 20 días, la Fiscalía presentó ante el Tribunal las pruebas y argumentos para demostrar la participación de los dos imputados en crímenes de guerra entre 1982 y 1983 en el destacamento de Sepur Zarco, en el departamento caribeño de Izabal.
Mujeres víctimas de esclavitud sexual asisten a una audiencia de condena contra el teniente coronel retirado Esteelmen Francisco Reyes Girón y el exparamilitar Heriberto Valdéz Asij en un tribunal en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/Esteban Biba

En la fase final del juicio destacaron los testimonios de 11 mujeres que sufrieron abusos sexuales y que fueron forzadas a cocinar para los integrantes del Ejército en el destacamento castrense, sin que Reyes lo impidiera. La sentencia reconoce que se cometieron vejámenes contra las mujeres de la región, quienes sufrieron esclavitud sexual, violaciones, desapariciones forzadas de sus esposos e hijos, malos tratos, discriminación, así como la perdida de sus viviendas.

Durante el proceso los imputados negaron su participación en los hechos.

La Fiscalía había solicitado penas de 340 años de cárcel contra Valdéz Asij, por el delito de desaparición forzada de Antonio Sub Coc, Manuel Cac, Santiago Cac Bá, Pedro Cac Bá, Abelardo Coc, Heriberto Choc y Juan Choc; y 60 años por el ilícito de deberes de humanidad.
La premio Nobel de Paz Rigoberta Menchú asiste a la audiencia de condena contra el teniente coronel retirado Esteelmen Francisco Reyes Girón y el exparamilitar Heriberto Valdéz Asij  en un tribunal en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/Esteban Biba

Para Reyes Girón el MP había pedido 1.290 años de prisión inconmutables: 360 años de prisión por esclavitud sexual; por esclavitud domestica, otros 360; por violencia sexual, 360; por delitos humillantes y degradantes, 60, y 150 por el asesinato en agravio de Dominga Coc y las niñas Anita Seb Coc y Herlinda Coc.

El juicio por esclavitud sexual durante el conflicto armado es el primero que se celebra en Guatemala y ha sido seguido de cerca, entre otros, por las premios Nobel de la Paz de 1992, la guatemalteca Rigoberta Menchú y la estadounidense (1997) Jody Williams.

Barrios citó a las partes para el próximo 4 de marzo, a las 15:00 hora local (21:00 GMT), para dar lectura "íntegra" a la sentencia. 

martes, 23 de febrero de 2016

¡¡ ARRIBA LOS QUE LUCHAN !! NO AL PROTOCOLO REPRESIVO !! 23


 Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos
Buenos Aires, Argentina

COMUNICADO DE PRENSA

CABA, 23/2/2016

Organismos de Derechos Humanos integrantes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, se autoconvocarán este martes 23 de febrero a las 19hs en Callao y Corrientes para denunciar al "Protocolo Contra la Movilización en la Vía Pública" sancionado por el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich

A poco de cumplirse 40 años del golpe genocida del 24 de marzo de 1976, esta medida del gobierno del gobierno de Mauricio Macri es un tremendo retroceso en las libertades democráticas y un atentado a la democracia

Es por esta razón que organismos de Derechos Humanos del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia asumiendo, como siempre lo hicimos ante todo gobierno,  nos concentraremos este martes a las 19hs en Callao y Corrientes para denunciar esta nueva violación a los Derechos Humanos

Así como en los años anteriores nos opusimos a proyecto de leyes similares impulsadas por el gobierno de Cristina Fernández, hoy convocamos al Pueblo y a sus organizaciones a oponerse y movilizarse contra este nuevo Protocolo de Limitación de la protesta. 

Y el 24 de marzo  marchar con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia de Congreso a Plaza de Mayo

Reivindicando a los 30000 COMPAÑEROS DETENIDOS – DESAPARECIDOS
Exigiendo el Juicio y Castigo a todos los genocidas por todos los compañeros
Contra el Protocolo de Limitación de las Manifestaciones
Por la Derogación de las Leyes Antiterroristas y toda legislación represiva
No a la criminalización de la Protesta, la Pobreza y la Juventud


ASOCIACION DE EX – DETENIDOS DESAPARECIDOS


 (Fotos Olga Morales)















lunes, 15 de febrero de 2016

Italia, el país donde la tortura no es delito

Ficha de la Interpol del sacerdote italoargentino Franco Reverberi. EM

El vacío legal facilita la impunidad de prófugos de la dictadura argentina como el sacerdote italoargentino Franco Reverberi" Italia se está convirtiendo en un refugio de torturadores"

Roma@monicabernabe1

Hasta cuatro testimonios identificaron al sacerdote italoargentino Franco Reverberi como el capellán del ejército que asistía a las sesiones de tortura en los calabozos de la denominada Casa Departamental, en la localidad argentina de San Rafael, durante la dictadura de Jorge Videla. El 15 de noviembre de 2012, el juzgado federal de San Rafael ordenó la detención inmediata del cura por negarse a declarar ante el tribunal por su presunta implicación en las torturas, y solicitó a Italia su extradición a Argentina, ya que Reverberi vive ahora en un pueblecito cerca de Parma. 

Y ahí sigue, porque la Justicia italiana rechazó la extradición del capellán. 

¿Por qué? Aunque suene surrealista, el delito de tortura no existe en el código penal italiano, y el de lesiones ya prescribió. Los hechos que se imputan al sacerdote ocurrieron en 1976, y el delito de lesiones vencía a los 22 años y seis meses. Ahora ya es tarde para juzgarlo."Italia se está convirtiendo en un refugio de torturadores", lamentan fuentes oficiales de la embajada argentina en Roma, que prefieren mantener el anonimato. La legación diplomática recurrió al Tribunal Supremo de Casación italiano la sentencia dictada por la Corte de Apelación de Bolonia que denegaba la entrega del cura, y también ha solicitado extraditar a otros dos militares italoargentinos por la misma razón.

 Pero, en todos los casos, se ha topado con el mismo muro: un vacío legal inaudito. El Parlamento italiano lleva siglos discutiendo un borrador de ley para introducir el delito de tortura en el código penal, sin que los partidos lleguen a un consenso, ni se produzcan avances significativos. "Existe gran presión de los sindicatos policiales. Consideran que introducir el delito de tortura supone criminalizar a las fuerzas de seguridad", explica Patrizio Gonnella, presidente de la asociación Antigone, impulsora de una campaña por el reconocimiento de la tortura como delito, en la que participa Amnistía Internacional. 

El padre Reverberi, de 78 años, vive ahora en Sorbolo, un plácido pueblo situado a una decena de kilómetros de Parma, en el norte de Italia. Allí es una persona respetada. Es el párroco que se encarga de las confesiones y también oficia algunas misas. Reside en una habitación en la rectoría, justo detrás de la iglesia."El domingo es el peor día para encontrarlo porque está en misión. 
Va de una aldea a otra, lo invitan a comer las familias, no tiene teléfono móvil y regresa tarde por la noche", explicó a esta periodista otro párroco de la iglesia, Aldino Arcari, para asegurar que era imposible localizar al padre Reverberi en Sorbolo el domingo pasado. "No sé qué ocurrió en Argentina. Sólo sé que la última vez que un periodista vino a preguntarle por ello se puso violeta", añade el cura, sin dar más explicación. En el pueblo nadie quiere hablar. Tres personas que conversan ante la iglesia tras la misa callan de golpe cuando se les pregunta si saben que la Justicia argentina reclama a Reverberi. "No, no lo sabemos", acaba respondiendo uno con cara de circunstancias. "¿Cómo puedes decir eso? ¡Acabamos de tomar la comunión!", exclama una señora escandalizada. "Bueno, sí, lo sabemos. Pero eso ya es una historia pasada. No lo extraditaron", justifica un tercero. "El padre Reverberi es una persona buena y tranquila. No lo podemos juzgar por lo que hizo en el pasado. Dios dirá", concluye. 

Pero para la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de San Rafael no se trata de una historia pasada. La organización argentina ya ha enviado dos cartas al Papa Francisco solicitando que interceda en el caso. En la primera recibió acuse de recibo. En la segunda, ni eso. "Reverberi llegó a declarar ante el tribunal de San Rafael en 2010", explica por teléfono desde Argentina Silvana Yomaha, secretaria coordinadora de la APDH. 
"Varios testigos lo identificaron y entonces es cuando escapó", detalla. La asociación no entiende que el cura pueda vivir tranquilamente en Italia y nadie haga nada. "Todo el mundo recurre al Papa como si él lo pudiera solucionar todo", se defiende el portavoz del Vaticano, el padre Federico Lombardi. "Si la Justicia italiana no lo ha extraditado, ¿qué podemos hacer?". 

Arturo Salerni, uno de los abogados contratados por la embajada argentina, intentó conseguir la extradición apelando a las normas de carácter internacional firmadas por Italia, como la Convención de la ONU contra la tortura. Pero ni por ésas. "Es necesaria una ley que convierta la prohibición internacional de la tortura en un delito", afirma la sentencia del Tribunal Supremo de Casación.El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó al Gobierno italiano en abril del año pasado a indemnizar con 45.000 euros a Arnaldo Cestaro por haber sido víctima de tortura por parte de las fuerzas del orden italianas durante la celebración del G-8 en Génova en 2001 y no haber conseguido Justicia en Italia.
 Existen casos similares en el país. Roma está indemnizando directamente a estas supuestas víctimas para evitar que recurran a Estrasburgo.

jueves, 28 de enero de 2016

Movilización por la libertad de Milagros Sala


Marcha contra la criminalización de la protesta.por la liberacion de Milagro Sala, Enrique "Cachito" Fukman y Carlos "El Sueco" Lordkipanidse del Encuentro Memoria Verdad y Justicia.
Posted by Roberto Bernard on miércoles, 27 de enero de 2016
Marcha contra la criminalización de la protesta.por la liberacion de Milagro Sala, Enrique "Cachito" Fukman y Carlos "El Sueco" Lordkipanidse del Encuentro Memoria Verdad y Justicia.
Posted by Roberto Bernard on miércoles, 27 de enero de 2016









https://www.facebook.com/20531316728/posts/10154009990506729/ 



lunes, 30 de noviembre de 2015

Cambio de clima : abogados de represores empiezan a pedir postergaciones

Otros que no esperan ni un día

Defensores de procesados por crímenes cometidos en la dictadura ya empezaron a pedir postergaciones en los juicios con el argumento de que la asunción del nuevo gobierno “exige analizar cómo se continúa”. El caso mendocino de los ex jueces Luis Miret y Otilio Romano.

 Por Alejandra Dandan

Tampoco ellos esperaron un sólo día. Durante la primera audiencia posterior a las elecciones del domingo 22 de noviembre, el abogado de los ex jueces juzgados en Mendoza pidió diez días de postergación de las audiencias porque “el cambio de signo exige que se analice cómo continuar”. Ese martes 24 de noviembre debían empezar los ya demorados alegatos en un juicio que lleva 22 meses de debate marcado por una abrumadora presencia documental de pruebas de más de 200 expedientes que está mostrando que los integrantes del sistema judicial no movieron un sólo papel para buscar a los desaparecidos y que –dicen las querellas– “fueron la garantía del funcionamiento del aparato represivo porque cualquier operativo terminaba llegando a manos de ellos a través de esos expedientes que se archivaban en cuestión de días”. Los primeros en alegar iban a ser los representantes del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), pero el pedido del abogado Juan Day logró postergarlo. El Tribunal Oral Federal se dio tiempo hasta hoy, lunes 30 de noviembre, a las 9.30, para contestar el insólito pedido.

Los querellantes creen que el objetivo no es sólo dilatar, sino dejar fuera de la escena de alegatos a las querellas de las secretarías de Derechos Humanos de Nación y de Provincia, cuyas presencias se extiende –de momento– sólo hasta fin de mes.

El juicio que comenzó en febrero de 2014 es uno de los de lesa humanidad de características históricas. Entre los 38 acusados hay integrantes del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Policía, pero cuatro de ellos son ex integrantes del sistema judicial de la dictadura: entre ellos, Luis Miret y Otilio Romano, juez y fiscal federal de la etapa represiva por los que pasaron decenas de expedientes que se analizan como parte de las pruebas de este juicio. Y premiados con una carrera judicial en ascenso que los llevó a integrar hasta hace muy poco la Cámara Federal de Mendoza, máxima autoridad de la Justicia Federal de la provincia. Una de las áreas más sensibles a las responsabilidades de los crímenes de lesa humanidad, que continúan en investigación pese al lobby constante desde usinas como los editoriales del diario La Nación, que hace una semana clamó especialmente por los magistrados.

Durante la dictadura, las familias de los detenidos desaparecidos de Mendoza presentaron hábeas corpus ante la Justicia Federal para averiguar el paradero de sus seres queridos, pero también denunciaron sistemáticamente esos secuestros ante las comisarías de sus barrios. Esta modalidad permitió una producción de numerosos sumarios policiales que hoy son uno de los datos centrales de esta causa. Bajo análisis hay más de 200 expedientes judiciales que nacieron del paso de esos sumarios desde la Policía de la Provincia a la Justicia Federal. La serie muestra dos puntos claves. Que a contramano de lo que dicen los acusados, la Justicia Federal era competente en estas causas. Y que los expedientes se terminaban en cuestión de días sin ordenar una sola medida de prueba y con “sobreseimientos provisorios”, que en la práctica eran el archivo de la causa. Los números apabullantes de documentos están relevando para querellas y fiscalía que ni un integrante del sistema de Justicia movió un solo papel para investigar decenas de crímenes de las fuerzas de seguridad. “Esta multiplicación de expedientes archivados era lo que garantizaba la mecánica de impunidad”, dice el abogado Pablo Salinas, querellante del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos.

En ese sistema de justicia, Miret y Romano eran parte central de las poleas. Uno estaba en la fiscalía y otro en el juzgado. Uno recibía los sumarios de la Policía, los abría, sugería el sobreseimiento y el otro confirmaba ese sobreseimiento días después.

En la audiencia del martes 24, el abogado Juan Day, a cargo de la representación formal de Miret, invocó dos tipos de cuestiones para pedir el aplazamiento de los alegatos. Una, más técnica, vinculada a la necesidad de revisar la producción de prueba, herramienta usual entre los defensores para extender estos juicios donde la celeridad es vital. Y la otra, mas insólita, al introducir el resultado de las elecciones. “La verdad es que el ánimo de los defensores parece ser sostenerse en este triunfo del macrismo para avanzar con el mismo tipo de pedidos que realizan desde hace meses”, señala a Página/12 la abogada Viviana Beigel, también del MEDH. “En este caso el planteo de Day incluyó una cuestión política diciendo que el cambio de signo exigía que se analizara cómo se continúa”.

Day también pidió la prisión domiciliaria de Otilio Romano. De acuerdo a la información de la querella, el TOF, sin embargo, aún no aceptó el pedido. Evitó el comienzo del alegato pero convocó a una audiencia para hoy en la que se espera que respondan el reclamo.

Otro de los elementos en juego es el futuro de los apoderados de las secretarías de derechos humanos de Nación y de la Provincia. Por Mendoza, está Sergio Bonsague, subsecretario de Justicia, y por Nación, el abogado Fernando Peñaloza. Estaba previsto que ellos comenzaran con los alegatos después del MEDH, pero en este nuevo contexto serán ellos quienes irán en primer turno.

La producción de las pruebas

La producción de pruebas en juicio fue tan abrumadora que los acusadores entienden que están mostrando un mecanismo destinado a garantizar la impunidad desde el aparato de Justicia. “Una vez que las familias hacían la denuncia en las comisarías provinciales, las comisarías enviaban el material con todo el relato a la Justicia Federal –agrega Pablo Salinas–. En ese momento, la fiscalía federal abría un expediente con una declaración de ‘competencia’ que aparece repetida hasta con un sello que estampaban en la primera página y ahí nomás lo elevaban al Juzgado Federal con la recomendación del ‘sobreseimiento provisorio’, que significa el archivo. El juzgado aceptaba ese sobreseimiento y todo terminaba ahí. Eso se repetía todo el tiempo.”

Los más de 200 expedientes siguieron ese camino. Uno de los más emblemáticos es el de Virginia Adela Suárez, una joven de 22 años, estudiante de periodismo, militante del PRT, secuestrada el 13 de mayo de 1976. El día del secuestro, en la casa estaba su madre, Haydeé Moreno, y su hermano. La patota no encontró armas, dice la denuncia original del MEDH, “sin embargo se llevaron la máquina de escribir, un proyector de diapositivas y todos los artículos de oro que encontraron”. Haydeé radicó una denuncia en la Comisaría 7 de Mendoza y en el Comando de la Octava Brigada de Infantería de Montaña. Después presentó dos hábeas corpus ante el juez del Primer Juzgado Federal de Mendoza. Los hábeas corpus fueron rechazados. Pero entre los documentos de la causa, un expediente muestra el derrotero que siguió esa paradigmática denuncia policial (ver imagen):

- El 27 de mayo de 1976 ya estaba en el Juzgado a disposición de Miret y de Romano.

- El 28 de mayo, Romano asumió la competencia por el artículo 48 y tres líneas más tarde, entiende que atento a las características de las causas debe hacerse lugar al “sobreseimiento provisorio”.

- El 8 de junio, Miret confirmó el sobreseimiento provisorio.

Entre uno y otro momento, habían pasado 12 días. Virginia Adela Suárez continúa desaparecida.

Con el paso de las audiencias, esos documentos se fueron leyendo como parte de las pruebas más importantes sobre el rol de los jueces. La lógica que ya había sido visualizada durante la instrucción planteó una novedosa forma de entender el rol de la Justicia durante la dictadura, donde la supuesta “inacción” alegada por algunos jueces en realidad fue efectivamente una “acción” destinada a obturar el camino de la justicia.

“Por supuesto, que (los ex jueces) estuvieron en los centros clandestinos –dice Salinas–. Miret dijo que había ido a ver a uno de los detenidos en la Compañía de Comunicaciones, y cuando yo le pregunté si había visto cómo estaban los prisioneros, me dijo: ¿qué podía hacer yo contra las fuerzas militares? Hay testigos que hablan de la presencia en los D2. Pero todo eso –agrega–, no es tan relevante como esta cantidad de prueba documental que indica que ellos fueron la garantía del funcionamiento del aparato represivo porque cualquier operativo terminaba llegando a manos de ellos a través de ese camino y ellos lo iban a archivar. Esto garantizaba que no hubiera ninguna responsabilidad para ninguno de los que actuara en estos secuestros porque inexorablemente lo cerraban.”

“Cuando le pregunté a Miret por qué se declaraba competente, cuando otros se declaraban incompetentes, me dijo que era porque quería quedarse con los expedientes, quería guardarlos –agrega el abogado–. Yo interpreto que no quería que cayeran en manos de alguien que sí pudiera hacer algo distinto. Esto fortaleció en los hechos la carrera judicial de ellos. Le fue tan bien con todo esto, fueron tan aplicados, que a Miret lo nombró Videla y llegó hasta 2010.”

Durante el debate, los ex jueces efectivamente intentaron defenderse. Dijeron que cerraban los sumarios porque ignoraban quiénes eran los autores, pero en realidad en las denuncias había datos que identificaban por lo general a algún sector responsable. También dijeron que la información de la época era confusa. Pero querellas y fiscales se preguntan si también era confuso cuando una familia llegó a dar cuenta hasta del modelo y patente de un auto en el que se llevaron a un hijo y los expedientes no tienen atisbo de investigación. Quienes siguen el juicio a diario están convencidos de que recién cuando se vieron cercados por los expedientes, los ex jueces comenzaron a buscar otros argumentos. Entre ellos, empezaron a plantear el problema de competencia. Dijeron que no eran competentes en aquel momento. Pero la postura se cae a poco de leer un expediente que comienza con un sello en el que ellos mismos admiten competencia, como dice Salinas. “O cuando al seguir el recorrido de un sumario desde una comisaría al juzgado federal, lo que se lee es que la policía entendía que sí tenían competencia.”

Los jueces también dicen que el sobreseimiento no significaba cerrar una causa. O que se quedaban con el expediente para sumar eventual nueva prueba. Pero también eso parece caerse. El código viejo no contemplaba la figura del “archivo” de una causa, sino el sobreseimiento provisorio, señalan los acusadores. Y además, el cúmulo de documentos demuestra que las causas jamás se movieron.

La contundencia de los papeles es tan alta –dicen querellas y fiscales– que uno de los jueces acusados inquietó a la sala durante el debate con un comentario. “Cómo será que no fuimos cómplices, que no hicimos desaparecer los expedientes”, señaló en este caso Guillermo Petra Recabarren, palabras más, palabras menos, el tercero de los “jueces” juzgados. Pero también acá, la acusación tiene otra postura: no hicieron “desaparecer” expedientes –señalan– porque nunca pensaron que se iba a juzgar su intervención en el terrorismo de Estado.

lunes, 2 de noviembre de 2015

Todos los bloques legislativos firmarán un compromiso para continuar con los juicios a los represores

Para que la Memoria sea política de Estado

Por impulso del Frente para la Victoria, representantes de los bloques legislativos reafirmarán “el compromiso con la continuidad del proceso de Verdad y de Justicia”. Se espera que por el PRO esté Federico Pinedo, pero también se pide una definición clara de Macri.

 Por Alejandra Dandan


Un proyecto de declaración firmado por todos los bloques de la Cámara de Diputados “reafirma el compromiso con la continuidad del proceso de Verdad y de Justicia como política de Estado de carácter irrenunciable”. El proyecto, que será tratado hoy a las 15 en la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara baja, lleva la firma del presidente de esa comisión, el diputado Remo Carlotto, del Frente para la Victoria, y entre otros, de Federico Pinedo, presidente del PRO; Felipe Solá, del Frente Renovador; Ricardo Alfonsín, de la UCR, y Myriam Bregman, del PTS. La iniciativa tuvo un antecedente en 2010 y ahora intenta ser renovada en esta nueva transición política. “Nos parece que es muy auspicioso que todos los bloques de la Cámara de Diputados de la Nación hayan acompañado este pronunciamiento”, señala a Página/12 el diputado Remo Carlotto sobre los consensos de partida. “La iniciativa intenta frenar las miradas que están planteando cierto cierre de una etapa” y en el corto plazo abre un espacio que busca que Mauricio Macri “también plantee cuáles son sus propuestas en materia de crímenes de lesa humanidad, porque esto es parte de una preocupación para el movimiento de derechos humanos”.

El texto consensuado por los todos bloques hoy será revisado en la Comisión de Derechos Humanos en busca del último acuerdo. Además de los integrantes de la comisión, estarán presentes representantes de los organismos de derechos humanos y de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. La declaración reimpulsada estos días empezó a escribirse en agosto, tras la reunión de la Comisión Interpoderes convocada por la Corte Suprema. Los representantes de la Interpoderes señalaron en esa ocasión que el desarrollo de los juicios era una política de Estado. El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, los definió como parte de “un proceso indetenible” y una decisión constitucional. “Tras ese encuentro –dice ahora Carlotto–, nos pareció importante que otro de los poderes del Estado tuviera un pronunciamiento que afirme que los juicios por crímenes de lesa humanidad son una política de Estado. Y a nosotros nos parece importante que dos poderes del Estado se pronuncien con mucha claridad en esto.”

El documento señala: “La Cámara de Diputados de la Nación declara: su repudio hacia las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por la última dictadura cívico-militar y reafirma su compromiso con la continuidad del proceso de Verdad y Justicia como política de Estado de carácter irrenunciable”. Y agrega la declaración de: “Reafirmar la obligación del Estado de continuar con los juicios por delitos de lesa humanidad para conocer la verdad de los hechos y condenar a todos los responsables civiles y militares. Reafirmar el deber del Estado de mantener vivas las políticas de Memoria, Verdad y Justicia como garantía de no repetición en nuestra sociedad”.

El texto reconoce como antecedente el proyecto presentado por el CELS en Diputados en el marco de las celebraciones del Bicentenario. En mayo de 2010, la Cámara baja declaró por unanimidad a los juicios de lesa humanidad “como política de Estado”. En ese texto, el CELS celebraba la reapertura del proceso de justicia y tendía puentes al marcar líneas de continuidad con el trabajo de la Conadep y el Juicio a las Juntas. “El trabajo de la Conadep y el Juicio a las Juntas –señalaba el texto– no se limitaron sólo a la creación de evidencias, el conocimiento de lo sucedido y el juzgamiento de los máximos responsables, sino que contribuyó a la consolidación de los derechos humanos como pilares políticos de la restitución del Estado de derecho y como sustento ético del entramado social.”

En esa misma línea, puede leerse una continuidad con la búsqueda de estos nuevos consensos. Los diputados dicen haber partido de aquel texto con todas sus marcas.

Pero en este nuevo tramo agregaron el acuerdo de caracterizar a la dictadura como “cívico-militar”, lo que es parte de la agenda pendiente en materia de juzgamiento a los empresarios y miembros del Poder Judicial que fueron responsables de crímenes de lesa humanidad.

Para el bloque del FpV, esto fue un “avance” muy importante. “Es muy importante este eje porque es parte de la lucha que estamos llevando adelante –señala el diputado–. Los juicios a los militares no son sólo a integrantes de las Fuerzas Armadas o de Seguridad, sino también a los beneficiarios económicos y que tuvieron participación en esos crímenes. En Diputados ya hemos dado media sanción a la Comisión Bicameral destinada a investigar la complicidad empresaria y financiera. Creemos que esas responsabilidades tienen que ser plenamente discutidas y sancionadas por la Justicia argentina. Así es que consideramos un avance esta definición.”

El proyecto recogió hasta ahora las firmas mencionadas y, entre otras, las de Antonio Riestra, de Unidad Popular de Santa Fe; Juan Carlos Zabalza, del Partido Socialista; Fabián Peralta, de Gen; Adela Segarra, Horacio Pietragalla, Leonardo Grosso y Josefina González, del FpV.

La firma del presidente del bloque del PRO parece ser un aliento por estas horas, pero al mismo tiempo muestra una encrucijada, porque Pinedo integra un espacio político cuyo referente no se muestra convencido de esa continuidad. Macri describió como “un curro” las políticas de derechos humanos. El domingo de las elecciones convocó a “dejar el pasado atrás”, como recuerda el propio Carlotto. Y la política de derechos humanos en la Ciudad de Buenos Aires “ha sido desmantelada y reducida a su mínima expresión”, agrega el diputado. Además, el PRO no acompañó la creación de la comisión para investigar las responsabilidades económicas de la última dictadura ni el proyecto que señalaba que no era posible volver a amnistiar a los represores condenados.

–¿Consideran una garantía que Pinedo firme esta declaración, cuando Macri ya hizo otros planteos? –le preguntó Página/12 a Carlotto.

–Por un lado, nosotros vemos una definición del presidente del bloque del PRO, que es Federico Pinedo, que acompaña el proyecto. Y por otro lado, vemos a Macri, que hace una definición despectiva de los derechos humanos. Lo que queremos es que Macri dé explicaciones y clarifique ante el electorado cuál es su posición respecto del juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad y de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, porque hasta ahora lo que estamos viendo es un desaliento a la continuidad de esas políticas. Por eso es importante que haya definiciones claras. Bregamos y luchamos para que ésta sea una política de Estado que debe continuar hasta que el último de los responsables rinda cuentas.

Además de este proyecto, la comisión abordará otro texto. En este caso, una declaración que señala una preocupación por la situación de malos tratos hacia las víctimas registrados en juicios de lesa humanidad. El proyecto también lleva la firma de todos los bloques. Declara “preocupación por las repetidas situaciones de malos tratos y revictimización que han sufrido testigos y víctimas en el desarrollo de los juicios de lesa humanidad de todo el país. Y expresa que vería con agrado que los Tribunales Orales Federales de todo el país aseguren el cumplimiento tanto de la Acordada 1/2012 ‘Reglas Prácticas’ de la Cámara Federal de Casación Penal como de las declaraciones internacionales sobre protección de testigos”.

El tema también fue discutido en la Comisión Interpoderes. Preocupa a abogados querellantes de las causas de lesa humanidad y aparece entre los relevamientos de la Procuración y el Ministerio de Justicia. Hay situaciones preocupantes, por ejemplo, en el juicio oral al ex fiscal Gustavo Demarchi y a otros diez integrantes de la Concertación Nacional Universitaria (CNU), juzgados en Mar del Plata. Parte de los incidentes se registraron porque el TOF 1 permitió a Demarchi interrogar a testigos. También hay desatención y desaliento entre testigos por los juicios que se realizan con audiencias de un solo un día a la semana, como La Rioja, Salta y Jujuy.

Un represor arrestado

El represor sanjuanino Gustavo Adolfo La Fuente, a quien el Tribunal Oral Federal 2 de San Juan condenó por delitos de lesa humanidad y estaba prófugo desde 2013, fue capturado el viernes pasado en la localidad turística de Villa Pehuenia, en Neuquén. La Fuente fue apresado el viernes por efectivos de la División Operaciones de la Dirección General de Seguridad Interior en el complejo de cabañas Solar de Mahuida, ubicado en la localidad neuquina de Bahía Radal, Villa Pehuenia, Aluminé. La detención fue solicitada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 2 de San Juan, a cargo de Leopoldo Rago Gallo, en el marco de la causa caratulada “C/Castro Angel y otros s/privación ilegal de la libertad personal”. 

El ex militar permanecía prófugo desde 2013, cuando el Tribunal Oral Federal 2 de San Juan lo condenó, junto a siete represores, por delitos de lesa humanidad y pidió que se investigara a varios militares por otros hechos. Desde ese momento, La Fuente también pasó a estar comprometido en el expediente que lleva adelante el juez federal Rago Gallo, por su responsabilidad en delitos cometidos en el Regimiento de Infantería de Montaña 22, ubicado en el departamento sanjuanino de Rivadavia. 

La Fuente está acusado de elaborar los sumarios de las personas que eran detenidas en esa dependencia. Según explicó el fiscal Mateo Bermejo, cuando se blanqueaba a un detenido, es decir que se lo ponía a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, el ya fallecido coronel Juan Bautista Menvielle, jefe del RIM 22, ordenaba que se hiciera un sumario militar que, al igual que en un sumario policial, registraba las primeras investigaciones logradas sobre la persona.