miércoles, 24 de junio de 2015

Mientras renunciaba Milani amenazaron a las abogadas del caso Ledo


Ayer mientras renunciaba el jefe del ejército, Milani, las abogadas del caso Ledo recibían amenazas telefónicas. Así informó la Liga Argentina por los Derechos del Hombre,"Es urgente investigar el accionar de estos grupos en La Rioja". El ejecutivo ya designó al general Ricardo Luis Cundom como remplazo. Reproducimos comunicado

A las 13 50 hs. del día de hoy, cuando el país tomaba nota de la renuncia del Jefe del Ejercito por “razones personales” sonó el teléfono en la casa de la madre de dos de las abogadas del caso Ledo, las compañeras María Elisa Reinoso y Viviana Sonia Reinoso, y al levantar el tubo se escuchó un saludo y luego una marcha militar hasta el final de la llamada. Similar hecho había ocurrido hace unos meses, a las tres de la mañana de un día en que las abogadas habían viajado a Tucumán a presentar un escrito por el caso en cuestión. Otras veces hemos denunciado que por mandato del General Milani, el abogado defensor (empleado del Ministerio Publico de la Defensa) había pretendido impugnar la matricula de las abogadas, en un claro gesto intimidatorio.
La Liga Argentina por los Derechos del Hombre que ha designado a estas abogadas como sus apoderadas para querellar al General Milani en la causa Ledo, y que sufre las amenazas contra uno de sus integrantes, el compañero Alberto Rodriguez de Bahía Blanca, testigo y denunciante por el crimen de David Cilleruelo por parte de la Triple A, denuncia estas amenazas que deben ser esclarecidas por las autoridades competentes y reafirma su compromiso con la lucha por la Verdad, la Memoria y la Justicia que requiere del Juicio y Castigo a Todos los culpables; y cuando decimos todos, decimos Massot y Blaquier, Milani y todos los que perpetraron los crímenes de Estado.

lunes, 22 de junio de 2015

Ni un genocida Libre - Actividades de EMV Yy J, al cumplirse el aniversario de la desaparición del Alberto Ledo

 Cumpliendo con las actividades programadas para el día de hoy representantes del Encuentro Memoria Verdad y Justicia presentaron en los tribunales de Tucumán un "Amicus Curiae" para ser tenidos como parte en la causa donde se investiga la desaparición del soldado conscripto Ledo. El "Amicus" fue presentado por  organismos de derechos humanos nucleados en el Encuentro Memoria Verdad y Justicia (AEDD-APEL-APEMIA-CEPRODH-CADHU-LIBERPUEBLO) y acompañaron con su firma un amplio espectro de personalidades comprometidas en la lucha contra la impunidad de ayer y de hoy.

El Encuentro Memoria Verdad y Justicia denunció, desde el primer momento,  el tremendo avance de la impunidad que significaba la designación del genocida Milani al frente del Ejercito por haber sido partícipe del aparato genocida como suboficial de Inteligencia desde el operativo independencia y durante todos los años de la dictadura. El gobierno nacional y sus senadores obedientes decidieron mirar hacia otro lado y designaron a Milani en el puesto que hoy ocupa.

La causa en la que se investiga la desaparición de Alberto Agapito Ledo, secuestrado en la ciudad de Monteros, Tucumán,  mientras cumplía con el servicio militar obligatorio y cuya falsa acta de deserción fue firmada por César Milani se encuentra empantanada porque no se quiere citar a indagatoria a este genocida que ha sido premiado con su designación de Jefe del Ejercito. Es por esto, que hemos hecho está presentación en los Tribunales de Tucumán porque vamos a dar la pelea tanto en el plano político como en el jurídico para que cada uno de nuestros 30000 desaparecidos tengan justicia y para que todos los genocidas sean condenados por el delito que cometieron: genocidio.

Una vez presentado el "Amicus Curiae" los representantes de los organismos de derechos humanos presentes se entrevistaron tanto con el juez de la causa como con el fiscal general. Estuvieron presentes en la entrevista con el juez y el fiscal: Margarita Cruz-Nilda Eloy-Enrique fukman por Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Alejandrina Barry por Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, Cristina Cabib por las Madres de Plaza de Mayo de Quilmes, Diana Kordon por Liberpueblo y Graciela Ledo, hermana de Alberto Ledo.

Mientras esto ocurría en Tucumán, en Buenos Aires, La Plata y Quilmes decenas de compañeros presentaban Habeas Corpus, en cada uno de los tribunales correspondientes, pidiendo respuesta al Estado por la desaparición de Alberto Agapito Ledo. En la Provincia de Mendoza los compañeros se sumarán a las presentaciones masivas de Habeas Corpus por Alberto Ledo el día viernes.
Las actividades del día de hoy culminan con el acto que se hará por la tarde en la ciudad de Monteros en homenaje a Alberto Agapito Ledo en el aniversario de su secuestro.


ENCUENTRO MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA






miércoles, 10 de junio de 2015

Para no darle respiro al genocida Milani : Texto de habeas corpus por Alberto Ledo

Informe reunión, martes 2 de junio de 2015.
El Encuentro Memoria Verdad y Justicia ratificó la campaña de denuncia al genocida Milani que culminará con el acto que se realizará en la ciudad de Monteros, Tucumán, el 17 de junio, aniversario de la fecha de secuestro de Alberto Agapito Ledo.

Los organismos del Encuentro ya han redactado un AMICUS CURIAE que presentaremos en la causa que se sigue al genocida Milani para exigir se lo cite a indagatoria por su responsabilidad en el secuetro del soldado conscripto Alberto Agapito Ledo. El mismo podrá ser firmado en la próxima reunión plenaria del Encuentro Memoria Verdad y Justicia.

Para la misma fecha, 17 de junio, impulsamos la presentación en todo el país de un Habeas Corpus exigiendo al Estado responda por el para dero del soldado Alberto Agapito Ledo. En adjunto con este mail enviamos el borrador de Habeas Corpus para que cualquier persona pueda imprimirlo firmarlo y presentarlo. La idea es lograr presentaciones masivas en todo el país.

PRÓXIMA REUNIÓN PLENARIA ENCUENTRO MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA
MIÉRCOLES 10 DE JUNIO
RIVADAVIA 2206 5º "A"
Enlace con el habeas corpus para ser presentado por todos en todo el pais y el extranjero. Por favor difundir al maximo. gracias.

TEXTO HABEAS CORPUS POR ALBERTO LEDO
Ya se encuentra disponible para descargar el texto del Habeas Corpus que, desde el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, impulsamos presentar en todo el país el 17 de junio, aniversario de la desapa...http://encuentromvyj.org/2015/06/06/texto-habeas-corpus-por-alberto-ledo/

domingo, 17 de mayo de 2015

Milani y Rossi explicarán a Nora Cortiñas sobre la desaparición de su hijo

COMUNICADO DE LA GREMIAL DE ABOGADAS Y ABOGADOS

EL GENERAL MILANI Y EL MINISTRO ROSSI - DEBERAN DAR EXPLICACIONES A NORA CORTIÑAS SOBRE LA DESAPARICIÓN DE SU HIJO GUSTAVO

Finalmente se concretó, se logró que la Justicia hiciera lugar al planteo principal del Habeas Corpus interpuesto por Nora Cortiñas con el patrocinio de los abogados de la Gremial. Dura, incansable, inclaudicable como es Nora, demostró que sigue siendo lo que es: una formidable luchadora que jamás se rinde.

Hace casi tres años que iniciamos la acción constitucional, nos pusieron todas las trabas habidas, todas las chicanas, todas las trampas, todos los impedimentos. Desde la bestialidad de archivar tres veces el Habeas Corpus, hasta lo inconcebible de presentarse la Secretaría de DDHH de la Nación y plantear que debe rechazarse porque “el H.C. no es la vía idónea para buscar a un desaparecido” o decir que el Estado 'actual’ es “otro Estado” confundiendo Estado con Gobierno. Fuimos y vinimos, de la Instrucción a la Casación Penal y vuelta a empezar. Imposible haber logrado llegar hasta acá si no hubiera sido por la insoportable tozudez de Nora (insoportable para las distintas instancias judiciales) y la ciega confianza que siempre nos dispensó a lo que hay que agregar que ni bajó ella sus brazos, ni nos los dejó bajar a nosotros.

Y así llegamos a la audiencia de hoy donde tuvimos que enfrentar a tres jueces que ya nos habían negado antes las peticiones.

Porque el punto principal que nos llevó este tiempo de discusión está referido a que nos negamos a que se archive un Habeas Corpus por el solo hecho de que el Estado nos diga que ignora el paradero de un ciudadano argentino desaparecido por el mismo Estado y/o sus estructuras oficiales como el Ejército o las fuerzas de seguridad. Y esto debe constituir un elemento rector para todos y todas que continuemos interponiendo H.C, porque SIEMPRE el Estado negará, ninguneará, intentará zafar con la mera mención al desconocimiento.
Compañeros, compañeras, amigos, un Habeas Corpus nunca jamás se archiva, y solo cesa cuando haya respuesta al objeto que justificó su interposición. Siempre y en todos los casos es absolutamente así.

El otro aspecto por el que llegamos a la instancia de hoy está referido a la AUDIENCIA. Si nos dicen como lo afirmó el Dr. Rafecas que el responsable de la desaparición de Gustavo Cortiñas es el Ejército Argentino y en particular la estructura de inteligencia del mismo (Area II Inteligencia a cargo del Gral. Martínez durante la Dictadura) pues entonces tiene si o si que comparecer el actual Jefe del Ejército, tanto por tal como por haber estado a cargo de la misma estructura sindicada como desaparecedora de Gustavo (Inteligencia). Y por supuesto el Ministro de Defensa por ser el responsable del Ejecutivo respecto del Ejército y además porque día a día se llena la boca diciendo que van apareciendo documentos nuevos referidos a los desaparecidos. Diferentes instancias judiciales hicieron lo imposible para negarnos la AUDIENCIA, como día a día lo hacen jueces en todo el país que pretenden o intentar reemplazar la audiencia con los responsables sindicados en la interposición de un H.C. por un simple oficio, una mera nota dirigida a la estructura oficial que por supuesto es siempre contestada negativamente y por tanto archivada la acción. La Gremial de Abogados, nuestra Asociación y sobre todo Nora Cortiñas, JAMAS aceptará que la audiencia obligatoria del Art. 14 de la Ley de H.C. sea reemplazada por una nota dirigida a quienes deben dar las respuestas por los hechos denunciados. Sabemos que la mayoría de jueces/juezas en la Argentina actúan de esa manera, pues bien, nosotros no lo permitiremos y tenemos la firme voluntad de llegar a las más altas instancias nacionales e internacionales agitando este planteo:

UN HABEAS CORPUS JAMAS SE ARCHIVA
UN HABEAS CORPUS REQUIERE SIEMPRE LA AUDIENCIA CON LOS RESPONSABLES DEL ESTADO.
Lo que históricamente fue una de las herramientas más importantes utilizada por familiares durante la Dictadura hoy se continua tergiversado hasta límites inconcebibles, y muchas veces con la complicidad de organismos de DDHH que avalan con su silencio (en el mejor de los casos) semejantes arbitrariedades.
Y por supuesto todas las estructuras del Estado que así lo impulsan, ejemplo más claro es la propia Secretaría de DDHH que, como dijimos, planteó desde el primer momento que el HC interpuesto por Nora debía rechazarse y archivarse.

Así pues, queridos amigos, amigas, compañeros, colegas, estamos contentos y orgullosos.
Muy pronto el General Milani y el Ministro Agustín Rossi, si acatan la resolución de los jueces, deberán mirar a la cara a Nora y están obligados a decirle qué pasó, qué saben, con qué información cuentan respecto de la desaparición de su hijo Gustavo.
Nuestro agradecimiento a todos y todas las que nos acompañaron, a las organizaciones que confiaron y confían en nosotros.


ASOCIACION GREMIAL DE ABOGADAS Y ABOGADOS

martes, 28 de abril de 2015

Detuvieron e indagaron a otro aviador del Ejército por los “vuelos de la muerte”

Eduardo Lance, ex jefe de Operaciones del Batallón 601 de Aviación de Campo de Mayo

El represor fue capturado anoche en Bella Vista. Se negó a declarar y quedó detenido. Se suma a otros cuatro militares, a quienes la jueza de San Martín Alicia Vence ya indagó y benefició con la prisión domiciliaria por el solo hecho de que son mayores de 70 años. La fiscalía apeló.

El ex oficial de Operaciones del Batallon de Aviación 601 de Campo de Mayo, Eduardo José María Lance, quien era buscado desde la semana pasada, fue detenido anoche en su casa de Bella Vista, provincia de Buenos Aires, e indagado esta mañana por la jueza federal de San Martín, Alicia Vence, en el marco de la causa en la que se investiga la eliminación de personas arrojándolas al mar desde aeronaves que partían de aquella guarnición militar.

Lance, de 72 años, se acogió a su derecho constitucional de guardar silencio en esta instancia y quedó detenido, a la espera de que la jueza resuelva el pedido presentado a través de su defensa para que se le otorgue el arresto domiciliario. El ex militar está imputado por los casos de Juan Carlos Rosace, Adrián Enrique Accrescimbeni y Roberto Ramón Arancibia, quienes -de acuerdo con los elementos probatorios recogidos- estuvieron secuestrados en Campo de Mayo.

Accrescimbeni y Rosace, compañeros del cuarto año del Colegio Mitre de San Martín, fueron privados de su libertad el 5 de noviembre de 1976 y luego fueron vistos en el centro clandestino de detención conocido como "El Campito". Sus cuerpos aparecieron juntos a fin de aquel año en la zona sur del Río de la Plata, a la altura de la localidad de Punta Indio, y luego inhumados como NN en el cementerio de la ciudad de Magdalena. Arancibia, en tanto, fue secuestrado el 7 de mayo de 1977 y fue visto en el centro clandestino El Vesubio, en el ámbito del Cuerpo I del Ejército, hasta que luego fue trasladado a Campo de Mayo -sede del Cuerpo IV- donde se lo vio por última vez con vida, según las referencias brindadas por sobrevivientes. Su cuerpo apareció en la costa de Santa Teresita el 24 de febrero de 1978.

"Domiciliarias automáticas"

La detención de Lance es la quinta en una semana. Entre el jueves y viernes pasado, la jueza Vence hizo lugar al pedido de los fiscales Miguel Blanco García Ordas y Hugo Bogetti y tomó declaración indagatoria al jefe del Batallón, Luis del Valle Arce -quien ya se encontraba detenido por otros hechos-, al tiempo que ordenó la detención y también indagó a su segundo, Delsis Ángel Malacalza (79), al responsable de Relaciones Públicas, Horacio Alberto Conditi (78), y al Oficial de Inteligencia de la unidad, Alberto Luis Devoto (73).

La jueza Vence concedió la prisión domiciliaria a Devoto, Canditi y Malacalza, que por primera vez resultaron detenidos en una causa por crímenes de lesa humanidad. Del Valle Arce ya contaba con ese beneficio. Para adoptar la decisión, la magistrada tuvo en cuenta sólo que los tres imputados superaban los 70 años de edad y que la ley le otorga la facultad discrecional para resolver. Vence ordenó un informe socioambiental para cada uno y que el Patronato de Liberados supervise la detención domiciliaria, en el marco de lo cual esa institución debe producir un informe una vez por mes.

Los fiscales Blanco García Ordás y Bogetti primero se opusieron y luego apelaron las tres resoluciones. Indicaron que la jueza "no analiza su situación personal, a la estructura que perteneció ni su estado de salud" en el caso de cada uno de los tres militares. "La razón de ello es que el juzgado sistemáticamente concede las detenciones domiciliarias a los mayores de setenta años en forma automática sin advertir la gravedad institucional que trae aparejada tal resolución, por la sola condición etaria del encartado, contrariando jurisprudencia de nuestro más alto tribunal", añadieron.

Al respecto, pusieron de resalto "la gravedad de los delitos", el "buen estado de salud" de los ex militares, la "capacidad económica y la especialidad de la temática de los delitos que se les endilgan en el que las trabas que ponen los imputados son infinitas para tratar que estos procesos no avancen".

Los fiscales además señalaron que los arrestos domiciliarios comportan "un aumento en el riesgo de fuga" de imputados con "capacidad de influir sobre estructuras de poder que integraron", y recordaron que en los casos de crímenes de lesa humanidad "se encuentra comprometida la responsabilidad internacional del Estado Argentino, que debe garantizar el juzgamiento de todos los hechos de esas características".

martes, 31 de marzo de 2015

Más impunidad biológica MURIÓ EL REPRESOR TOMÁS MÉNDEZ

Por HIJOS La Plata 

El 17 de marzo pasado el TOF 1 de La Plata informó la muerte impune de Tomás Méndez, oficial de prefectura que gozaba de prisión preventiva domiciliaria, y uno de los 10 represores que iría a juicio este año por los crímenes de la Armada en nuestra zona. 
Con ello, quedan 9 marineros del terror por juzgar, la mayoría gozan del beneficio de la detención domiciliaria y sólo 2 se encuentran cumpliendo prisión efectiva, pero en el régimen abierto de la Unidad 31 de Ezeiza, destinado originalmente a mujeres presas con sus hijos. 
Esto es sólo una muestra del carácter impune con que la mitad de los represores imputados en todo el país afrontan los procesos en su contra, por lo demás plagados de beneficios y sortilegios judiciales que les garantizan un tranquilo pasar por los servicios prestados. 

El finado 
El oficial de Prefectura Naval Argentina, Tomás Osvaldo Méndez, había nacido en diciembre de 1933 en Corrientes. Estaba casado y vivía un apacible retiro de la fuerza en su casa de calle 26 este N°4926 de Berisso. En 2012 se dispuso su prisión preventiva por considerarlo “prima facie” partícipe necesario de los delitos de privación ilegal de la libertad y aplicación de torturas, de las que fueron víctimas Jorge Arri, Carmello Cipollone, Julio Alberto Machado y Juan Pombo. 

En el procesamiento de 2012 el juez Blanco afirmaba que “la responsabilidad que le cabe surge en virtud de que se ha acreditado que tuvo intervención directa en acciones que formaban parte del plan criminal”. De hecho, en su declaración ante la CONADEP, Cipollone, una de las víctimas que fue trasladada a la sede de Prefectura después de que lo secuestraron, manifestó que pudo reconocer a Méndez como al oficial de Prefectura que lo fotografió después de que interrogaron mediando golpes y amenazas, y que lo identificó porque le levantaron la capucha para fotografiarlo, y que lo conocía porque lo había fotografiado unos años atrás, cuando había ido sacar la licencia para conducir embarcaciones deportivas. 
Del lega personal de Méndez surge una foja de calificación suscripta por el Prefecto Principal de Prefectura La Plata, Luis Rocca, referente al lapso comprendido entre el 1 de agosto de 1975 y el 31 de julio de 1976, y allí se expresa que “...integra en forma voluntaria un grupo de choque armado, donde emplea toda su capacidad”. A su vez, el por entonces Jefe de Prefectura lo califica por el período comprendido entre el 1° de agosto de 1976 y el 31 de enero de 1977, donde se indica que “…integra en forma voluntaria un grupo la fuerza de choque con eficiente actuación en la F.T.5”. 
La impunidad biológica por tardanza del Estado le impedirá responder por esos crímenes. 
Que en Paz No Descanse. 


Vacaciones perpetuas 
Pero además de Méndez, el resto de sus camaradas de arma también gozan los beneficios de la justicia de clase y a cuentagotas. El comandante de Operaciones Navales y jefe de la Fuerza de Tareas 5 (FT5), Antonio Vañek, fue condenado en septiembre de 2012 a 40 años de prisión (leyes Blumberg mediante) como parte del proceso que juzgó el denominado “Plan Sistemático” de apropiación de hijos de detenidos-desaparecidos. Sin embargo, y aunque encabeza la lista de procesados en la causa FT5 acusado por 1 solo caso, goza de la prisión domiciliaria en el 4to piso de su depto de Belgrano. 
El director del Liceo Naval, Jorge Alberto Errecaborde (82 años), imputado por el secuestro y torturas de 9 compañeros (2 de ellos asesinados), disfruta de la vista del Campo de Polo desde el piso 7mo de su depto de Palermo. Procesado en noviembre de 2011, le fue otorgada la domiciliaria por el Juzgado N°3 de La Plata en virtud del Artículo 32 de la ley 24.660. Apelada por el Fiscal, la medida fue revocada por la Cámara en mayo de 2012 por no presentar el reo ninguna enfermedad terminal en curso. Pero recurrida por la defensa del genocida, la medida fue confirmada por la misma Cámara en diciembre de 2013. 
El único marino condenado en La Plata en 12 años de juicios, y uno de los Comandantes del BIM3, Juan Carlos Herzberg, fue sentenciado en diciembre de 2010 a 10 años de prisión (eso sí, con modalidad domiciliaria) por la apropiación de Natalia Suarez Nelson Corbalán, por haber sacado a la niña del CCD “La Cacha” y entregarla al apropiador Omar Alonso. A fines de 2014 se lo condenó a 12 años por participar del secuestro de los militantes montoneros María Elvira Luis, José Luis Cavalieri y Carlos Estaban Alaye en Ensenada, quienes luego pasaron por el CCD La Cacha. Aún con esas condenas a cuestas, y acusado por 1 caso en la causa FT5, cuando no está en audiencias de juicio al marino le permiten observar la realidad desde el piso 7 de su depto frente al hipódromo de Palermo. 
José Casimiro Fernández Carró, segundo comandante de Operaciones Navales y jefe a cargo del armamento del BIM3, está acusado por los secuestros y torturas de 7 compañeros que pasaron por ese CCD. En octubre de 2012 consiguió la falta de mérito en algunos de esos casos y goza de la domiciliaria en el 6to piso de su depto de Belgrano R. 
Los jefes de la Prefectura Naval zona Río de La Plata, Carlos José Ramón Schaller y Luis Rocca, imputados por 15 casos de secuestros y desapariciones a manos de la FT5, disfrutan desde un cómodo 10mo piso, el primero en Barrancas de Belgrano y el segundo por la estación de Caballito. 
El oficial de la Prefectura Eduardo Antonio Meza, imputado por 10 casos de secuestros y desapariciones en su colaboración con la FT5, viven un apacible retiro en su casa de Berisso, zona donde actuaba en noche y niebla hace 39 años atrás. 
Como anticipábamos más arriba sólo 2 represores, detenidos en 2012, cumplen prisión efectiva. 
Ángel Antonio Mocellini, comandante del grupo de tareas de la FT5, fue citado a indagatoria en agosto de 2012. Una vez detenido el juez Manuel Blanco le dio domiciliaria en diciembre de ese año. Pero el TOF 1 lo mandó a cumplir prisión efectiva en Marcos Paz. Allí se encontraba junto a Roberto Eduardo Fernando Guitián, ex jefe de Operaciones e Inteligencia del BIM3, hasta que en mayo pasado el Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal, Emilio Blanco, sumó un nuevo privilegio a los peores asesinos de nuestra historia. Bajo el argumento de que el incremento de la tasa de encarcelamiento ha generado una grave problemática con la insuficiencia de plazas para el alojamiento de detenidos varones adultos en los establecimientos penitenciarios federales de la región metropolitana, decidió trasladar a los 407 internos (entre condenados y procesados) de causas por delitos de lesa humanidad de la Unidad 2 de Marcos Paz el sector A del Centro Federal de Detención de Mujeres de la Unidad 31 de Ezeiza. Según Blanco esto “posibilitaría que los internos por delitos de lesa humanidad, dado su bajo nivel de conflictividad, utilicen el contexto institucional proporcionado por el Hospital Penitenciario Central 1 de Ezeiza, para recibir diariamente aquellas especialidades médicas que allí se brindan, evitando traslados infructuosos”. 
Según informó el SPF, el traslado sería transitorio y conformaría el “Anexo Residencial para Adultos Mayores” hasta que se construya en Ezeiza un nuevo pabellón de lesa humanidad. La medida también estipulaba la reubicación de las internas madres del sector A a “otros establecimientos penitenciarios que se ajusten a su condición de género”, o al sector B de Ezeiza en el caso de quienes tengan un “perfil de baja potencialidad conflictiva”. Lo que en realidad terminó ocurriendo, y fue denunciado por organizaciones sociales que trabajan la temática anticarcelaria, fue el traslado forzoso de varias internas del sector A, muchas de ellas madres, embarazadas o con enfermedades, a otros penales federales en Buenos Aires o La Pampa, para complicar las visitas de sus familias y amigos y endurecer sus condiciones de detención. Es dable recordar que la Unidad 31 de Ezeiza, una de las cárceles más nuevas del SPF, fue construida especialmente como un régimen abierto que adecúe al máximo la dignidad en la detención de mujeres madres, ahora perjudicadas porque el Estado entiende que sus derechos valen menos que los de un grupo de represores de la dictadura condenados o procesados con preventiva. 

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La Causa “Armada” 
A comienzos de marzo de 2014 el juez Manuel Humberto Blanco, elevó a juicio la causa N°35, por los crímenes de la Armada Argentina en la zona de La Plata, Berisso y Ensenada. Con una investigación fragmentada de cuatro años iniciada por Corazza, Blanco no hizo más que dar lugar al paupérrimo requerimiento de los fiscales Molina, Schapiro y Fernández en el caso: 6 ex jerarcas de la Armada, 2 ex jefes de la Prefectura Naval y otros 2 ex oficiales de esta fuerza. Un total de 10 genocidas para una zona que, junto con Capital Federal, Mar Del Plata y Bahía Blanca, fue diezmada por las patotas de la Marina. 
Fruto de la denodada tarea de la justicia, sólo un pequeño grupo de hombres de mar serán llevados a juicio como únicos responsables de las patotas de Massera en la zona, y además por una cantidad ínfima de los compañeros que pasaron por sus manos. Hasta la muerte impune de Mendez por tardanza de la justicia, eran 10 represores por 40 compañeros. Eso es lo que, a casi 4 décadas de los hechos, el Estado está dispuesto a reconocer como el total accionar del denominado “Plan de Capacidades de la Armada Argentina” o “Placintara”, que desde noviembre del '75 determinó tareas a la Marina con vistas a lo que luego de marzo del '76 se desató abiertamente como el exterminio de toda resistencia organizada a la dictadura. 
La existencia del Plan fue confirmada en 2007 por un pesado de la Armada, el contra-almirante Luis Mendía, en indagatoria ante el juez Torres que instruye en franca tupac-amarización la causa ESMA. El Comandante de Operaciones Mendía, también muerto impune por la tardanza de Torres en llegar a juicio, lo definió como un manual instructivo sobre cómo operaría la Armada en la represión desde noviembre del '75. Lo hizo repitiendo el conocido sambenito de que actuaron basados “en el estricto y fiel cumplimiento y observancia de los reglamentos militares vigentes y de las disposiciones legales dictadas por el gobierno constitucional de la señora María Estela Martínez de Perón y del doctor Italo Argentino Luder", que por cierto nunca fueron citados a explicar ninguno de estos y otros tópicos. 
En un intento por demostrar la generación espontánea en su tropa del secuestro de hijos de detenidos-desaparecidos, no ya por su propio mando, el carnicero mayor de la Armada Emilio Eduardo Massera, ciertamente “educado” en la Escuela Naval de la Isla Río Santiago en Ensenada, aportó a la justicia en el '78 una copia del "Placintara 75". Según declaró Massera en la causa 13, "allí se determina cuál debía ser el trato y atención con respecto a los detenidos, especificándose claramente que tanto los detenidos en condiciones físicas irregulares como las mujeres y menores debían tener un trato específico y diferencial". Como era de esperar, no definió nunca el alcance real de los caracteres “específico y preferencial”. 
Así de claro el origen del accionar represivo de esta fuerza en particular, hay un problema: el “Placintara” que fiscales y jueces investigan en nuestra zona sólo incluye los casos de unas 40 víctimas, es decir por 3 desaparecidos, otros 35 sobrevivientes y 2 homicidios. 
El accionar represivo de la Armada en nuestra zona operaba a través de la denominada “Fuerza de Tareas Nº 5”, desde el Servicio de Inteligencia Naval (SIN), en el Batallón de Infantería de Marina N°3, el Hospital Naval, el Liceo Naval, más el destacamento de Subprefectura de Río Santiago y, por lo menos, los CCD “La Cacha” e Infantería de 1 y 60. Los marinos tuvieron fuerte participación en la intervención de sindicatos y fábricas de la zona del parque industrial de Berisso y Ensenada, como Propulsora (grupo Techint), el frigorífico Swift, el Astilleros Río Santiago y la destilería de YPF. 
Varios militantes de aquella época recuerdan que la misma madrugada del 24 de marzo del '76 los marinos y prefectos recorrieron las ciudades ribereñas y las fábricas en micros de línea con los que detenían a los trabajadores, que primero fueron llevados a centros de detención propios y, en algunos casos, luego derivados a otros de otras fuerzas. 
El BIM 3, ubicado en 122 y 51, funcionó durante los primeros 3 años de la dictadura bajo el mando de los comandantes de infantería de Marina Eduardo René Fracassi, Roberto Wulff de La Fuente y Oscar Abriata. Las denuncias de ex enfermeras del Hospital Naval sobre nacimientos clandestinos en el predio, y de ex detenidos sobre el paso de militantes secuestrados desde ese lugar y hacia otros CCD, son conocidas por la justicia desde hace décadas. 
Pese a ello, y a que en 2001 presentamos junto a la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos un amparo para preservar el predio como prueba judicial, el Estado nunca protegió el lugar, amagó con venderlo a privados para hacer un hipermercado, lo utilizó como helipuerto y finalmente construyó las facultades de Humanidades y Psicología sobre la Memoria de los compañeros que pasaron por allí. 
Uno de los comandantes del BIM 3, Fracassi, está ausente en la causa de La Plata. Está siendo juzgado en Bahía Blanca por los casos de 66 personas, 13 de ellas desaparecidas, secuestradas por las patotas de la Marina en combinación con los grupos de Tareas del Comando del Quinto Cuerpo del Ejército. Pero para no ser menos que sus camaradas en La Plata, el comandante Fracassi goza del beneficio de la domiciliaria, al igual que 17 de los 26 represores que lo acompañan en el juicio bahiense. 
BIM 3...

Cuestión de “criterios” 
La problemática no se reduce a que el mismo Estado, cuyos agentes utilizaron su aparato de Terror para secuestrar, torturar, desparecer y apropiar, utilice como excusa su déficit estructural en políticas penitenciarias para beneficiarlos cuatro décadas después. Sino que se amplía al criterio general con que ese Estado instruye, juzga y ejecuta las penas en los delitos más graves cometidos en nuestra historia como país. 
El artículo 32 de la lay 24.660 (y su modificatoria N°26.472 de 2009) dispone que pueden recibir domiciliaria los enfermos que no pueden tratar su dolencia en prisión, los enfermos terminales, los discapacitados cuyo encierro implique un trato indigno, las mujeres embarazadas, las madres de menores de 5 años y, claro está, los mayores de 70 años. Pese a varios proyectos para eliminar expresamente del beneficio a los procesados por delitos de lesa humanidad, la ley no distingue la gravedad específica de los delitos juzgados. Y en una aplicación selectiva y de clase, se escatima el beneficio a la mayoría de los internos de los Servicios Penitenciarios bonaerense y federal, que en un promedio del 70%, pasan más de 5 años haciendo “rancho” para sobrevivir en cárceles de mala muerte sin acusación ni condena firme. 
La discusión legal que se plantea, incluso a la interna de los jueces de la Cámara Federal platense (Nogueira, Pacilio, Vallefín y otros) y del Tribunal que juzga a los represores en La Plata (Rozansky, Jantus y Vega) es si el hecho de ser mayor de 70 años es requisito temporal suficiente para aplicar automáticamente el beneficio. Y si la gravedad de los delitos enrostrados no significa nada en este tema. Repasando la situación de los marinos imputados en la causa FT5, cuyas edades oscilan entre los 73 y los 89 años, queda claro qué criterio se viene imponiendo. 

HIJOS La Plata 
Marzo de 2015

miércoles, 4 de marzo de 2015

Causa Milani: Audiencia Pública con la presencia de Graciela Ledo

AUDIENCIA PUBLICA: 10 DE MARZO DE 2015, 10 HORAS, SALA 2, PISO 2

El día martes 10 de marzo, en la sala 2, del piso 2, a partir de las 10 horas, el Bloque Frente de Izquierda y los Trabajadores, integrado por los diputados Néstor Pitrola y Pablo López, invita a todos/as los/as diputados/as, organismos de derechos humanos, organizaciones estudiantiles, sindicales y políticas a participar de una importante Audiencia Pública que contará con la presencia de Graciela Ledo, hermana del ex conscripto desaparecido el 17 de junio de 1976, Alberto Agapito Ledo, a instancias de informar sobre los últimos acontecimientos de la causa y reclamar la inmediata indagatoria del actual jefe del Ejército, César Milani, que fue recientemente rechazada por el juez Daniel Bejas, la cual fue apelada inmediatamente por la familia y el fiscal Brito. A su vez se volverá a plantear la destitución de Milani del actual cargo como jefe del Ejército.

A pesar de que la defensa de Milani había recibido dos reveses judiciales -el rechazo a la revocatoria del fiscal y la aceptación como prueba del informe redactado por Milani en el que presenta la desaparición de Ledo como una “deserción” (la defensa había pedido su exclusión)- ocho días después Bejas relativiza la validez del acta como prueba del encubrimiento de la desaparición de Ledo para no avanzar con lo imputación contra Milani.

Al mismo tiempo que se desarrollaban estos acontecimientos, la familia del ex conscripto desaparecido, denunciaba persecución y vigilancia sobre sus personas, con pinchaduras de teléfonos y mails espiados. Esta persecución no puede tener más que la intención de bloquear el avance de la causa, utilizando los mismos servicios de inteligencia, hoy cuestionados, contra los familiares, para encubrir responsabilidades y salvar el pellejo de funcionarios de gobierno comprometidos. Este solo hecho refuta la denominada “democratización” de los servicios pregonada con la nueva Ley de Inteligencia.

A fin de acompañar el reclamo de Graciela Ledo y Marcela Brizuela de Ledo, hermana y madre del ex conscripto desaparecido, y de sus familiares y amigos, de que Milani sea indagado inmediatamente por la Justicia y que avance la causa para dar con las responsabilidades sobre la desaparición de Agapito Ledo, es que invitamos a todos ustedes a participar de esta Audiencia Pública.

Esperamos poder contar con su presencia

Por favor, pedimos confirmar su presencia a los internos 2919/2916 o al siguiente celular: 1531651297 (Mariela Solesio, secretaria parlamentaria Bloque FIT).

Los saluda atentamente

Despachos
Dip. Néstor Pitrola
Dip. Pablo López