miércoles, 25 de febrero de 2015

Tucumán : ¡¡ Ya suman 32 los represores liberados o excarcelados !!

Entre los últimos liberados están Jorge Lazarte y Francisco Ledesma. Los reclamos de los ciudadanos y organismos de derechos humanos no se hicieron esperar.

En un artículo escrito por Gerardo Aranguren, para Infonews, se destaca cómo en Tucumán se está dando un proceso de liberación de represores. Hasta el momento suman 32 los condenados por delitos de lesa humanidad de la última dictadura que fueron beneficiados por la Cámara de Casación de esa provincia.

Entre los últimos liberados se encuentran Jorge Lazarte y Francisco Ledesma. Se trata de la Megacausa Jefatura II Arsenales II y en la de Villa Urquiza.  Y podrían sumarse otras ocho liberaciones.

El 22 de diciembre último,  el Tribunal Oral Federal de Tucumán condenó a 18 años de prisión a Jorge Omar Lazarte y a 16, a Francisco Alfredo Ledesma en el juicio por crímenes en el penal de Villa Urquiza. En el mismo fallo, revocó la prisión domiciliaria de Ledesma, un ex agente penitenciario, y ordenó que fuera enviado a prisión al igual que Lazarte.

Sin embargo en plena feria judicial, la Cámara de Casación, integrada por los magistrados Eduardo Riggi, Ana María Figueroa y Ángela Ledesma, ordenó la liberación de los dos condenados hasta que haya una sentencia firme. La presentación también incluía al ex comisario Roberto Albornoz, pero no quedo libre ya que tiene condena firme en una causa anterior.
"Nos parece escandaloso. Creemos que hay razones más que suficientes para sostener que existe el riesgo procesal con estas personas en libertad. Tienen penas altas por delitos muy graves, algunos de ellos mantienen sus vínculos y el riesgo de fuga aumenta exponencialmente después de la sentencia", explicó el fiscal federal Pablo Camuña, que tiene a su cargo la Procuraduría de crímenes de lesa humanidad de Tucumán.

 "Los fallos tienen muchos aspectos que nos llaman la atención y que fueron desatendidos. Lo que parecía ser hasta ahora un criterio restrictivo de la Cámara de Casación, ahora es un criterio universal. Pareciera que no va a haber detenidos condenados por delitos de lesa humanidad hasta que queden firmes los fallos", se lamentó Camuña.

La Asociación de ex Presos Políticos e HIJOS, denunció que la liberación de los condenados "pone en riesgo la integridad física, psíquica y moral de quienes atestiguaron sobre los vejámenes a los que fueron sometidos por quienes hoy deambulan en libertad por la provincia".

Los "beneficiados" por la justicia

En el juicio por la causa Villa Urquiza se juzgaron los delitos cometidos contra 39 presos políticos detenidos ilegalmente. Francisco Ledesma es un ex guardiacárcel del penal de Villa Urquiza. Tras el golpe de Estado, el pabellón E pasó a ser un centro clandestino de detención para presos “subversivos” y comenzó a llamarse ‘pabellón de la muerte’. Fue condenado a 16 años de prisión.

Jorge Lazarte, por su parte, es un coronel retirado. Su rol era de supervisor militar del departamento de inteligencia de la Policía de Tucumán, conocido como D2. Especializado en inteligencia, se desempeñó tanto en Tucumán como en el Batallón 601, en la Ciudad de Buenos Aires. Por un breve tiempo, llegó a ser subjefe de la policía de esa provincia. Fue condenado a 18 años de prisión en el juicio de Villa Urquiza y a 10 años en Arsenales II-Jefatura II.


Ramón Ojeda Fuente es un capitán retirado del Ejército y se desempeñó en el Destacamento de Inteligencia 142 de Tucumán, del que llegó a ser jefe del grupo Situación Subversiva. Fue condenado a 20 años de prisión en el juicio Arsenales II-Jefatura II como autor de 20 homicidios agravados y numerosos casos de secuestros y torturas.


Alberto Montes de Oca fue jefe de guardia de Gendarmería. Ernesto Rivero, también gendarme. Estuvieron destinados en el centro clandestino de detención Arsenales. Ambos fueron condenados a 18 años de prisión en el juicio Arsenales II-Jefatura II por cerca de 50 secuestros y por violación sexual agravada.

Benito Palomo fue condenado a 18 años de prisión. Fue Segundo Comandante de Gendarmería en Tucumán y llegó a ser Comandante hasta su retiro en 2003. Fue encontrado culpable por una veintena de secuestros.

Juicio Villa Urquiza

Los represores beneficiados con la liberación debido a que sus condenas no se encuentran firmes y pese al temor de fuga que tienen las víctimas:

LIBERADOS

Jorge Lazarte (18 años)

Francisco Ledesma (16 años)

Arsenales II - Jefatura II

La lista de los represores –ex policías y militares– que fueron beneficiados con la liberación hasta que queden firmes las sentencias contra ellos o con la prisión domiciliaria:



LIBRES
Ramón Jodar (4 años)
María Acosta (10 años)
Miguel Chuchuy Linares (14 años)
Hugo Figueroa (16 años)
Pedro Pateris (10 años)
Guillermo Ugarte (15 años)
Antonio Vercellone (16 años)
Oscar Gómez (16 años)
Félix Insaurralde (16 años)
Benito Palomo (18 años)
Fernando Torres (16 años)
Ramón Ojeda Fuente (20 años)
Hugo Soto (15 años)
Alberto Montes de Oca (18 años)
Ernesto Rivero (18 años)
José Sowinski (17 años)

DOMICILIARIA

Luis De Cándido (perpetua)
Ángel Moreno (16 años)
Ramón Cooke (16 años)
Juan Abraham (16 años)
Ricardo Sánchez (perpetua)
Rolando Reyes Quintana (16 años)
Luis Ocaranza (10 años)
Mario D'Ursi (12 años)
Augusto Neme (18 años)
Luis Varela (perpetua)
Adolfo Moore (20 años)
Tomás Güemes (18 años)

Además, Gerardo Aranguren subrayó que se están dando casos sospechosamente similares en Salta donde quince condenados en la Megacausa Salta, la mitad de ellos a cadena perpetua, fueron liberados por la misma Sala III de Casación, integrada por los jueces Eduardo Riggi y Liliana Catucci, con la disidencia de Ana María Figueroa.

viernes, 20 de febrero de 2015

Las condenas a represores de Junín: "por su complicidad en el genocidio perpetrado durante la dictadura cívico-militar"

Dos de los acusados fueron condenados a cadena perpetua; otros dos a 25 años de prisión; dos más, a 18 años; y un último caso, a 15 años de cárcel. La sentencia fue anunciada ayer por el juez Carlos Rozanski y hubo emoción entre las víctimas y familiares.

La Plata, 19 Feb .- El Tribunal Oral en lo Criminal Oral Nº 1 de La Plata, presidido por el juez Carlos Rozanski, dio a conocer ayer sentencias a siete represores en el marco de la última jornada del juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Junín.

Después de tres meses de juicio y 12 extensas audiencias –con la declaración de 70 testigos–, el veredicto condenó a dos de los acusados a cadena perpetua; otros dos a 25 años de prisión; dos más, a 18 años; y un último caso, a 15 años de cárcel.

Hubo emoción entre las víctimas y familiares que habían esperado casi 38 años para que se juzgaran los terribles hechos cometidos durante la última dictadura cívico militar en esa ciudad banaerense. 
 
La condena dada a conocer ayer tendrá su correlato en la fundamentación de las condenas, que será publicada el 26 de febrero de 2015. Este fallo no quedó firme y la defensa ya adelantó que recurrirá al tribunal de Casación para apelar esta decisión.

No obstante, tanto familiares y víctimas como referentes de los organismos de derechos humanos, confían en que hay muy pocas posibilidades que esa apelación prospere.

El fallo

En primera instancia, el Tribunal condenó a prisión perpetua e inhabilitación absoluta a Ángel José Gómez Pola, “por su complicidad en el genocidio perpetrado en la última dictadura cívico militar” y por encontrarlo coautor del delito de homicidio doblemente calificado en los casos de los ex detenidos desaparecidos juninenses Hugo Torretta, Adrián Romié y Gilberto “Beto” Mesa. Asimismo, fue condenado por “intervenir en la lesión grave en la integridad física o mental del grupo” y por los delitos de “privación ilegal agravada” y “aplicación de tormentos agravada”.

También se condenó a prisión perpetua e inhabilitación absoluta a Abel Oscar Bracken, “por su complicidad en el genocidio perpetrado durante la última dictadura cívico militar”. Asimismo, fue condenado por haber sido “coautor del delito de homicidio doblemente calificado”, por el caso Torretta. Además, fue condenado por “intervenir en la lesión grave en la integridad física o mental del grupo” y por los delitos de “privación ilegal agravada” y “aplicación de tormentos agravada”.

Francisco Silvio Manzanares fue condenado a 25 años de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena “por su complicidad en el genocidio perpetrado durante la última dictadura cívico militar”, por “intervenir en la lesión grave en la integridad física o mental del grupo”, y como “coautor de privación ilegítima de la libertad agravada” y “aplicación de tomentos agravada”.

También fue condenado a 25 años de prisión Aldo Antonio Chiacchietta “por su complicidad en el genocidio perpetrado durante la última dictadura cívico militar”, por “intervenir en la lesión grave en la integridad física o mental del grupo”, y como “coautor de privación ilegítima de la libertad agravada” y “aplicación de tormentos agravada”.

Bajo los mismos argumentos, Miguel Ángel Almirón y Julio Ángel Esterlich fueron condenados a 18 años de prisión y Edgardo Mastrandrea, a 15. Asimismo, se revocó la detención domiciliaria de Chia-cchieta, Almirón y Bracken.

martes, 17 de febrero de 2015

Junín-lesa humanidad: piden perpetuas y 25 años de prisión

Las penas fueron solicitadas para un exmilitar y seis expolicías bonaerenses que ejercieron el terrorismo de Estado en esa ciudad. Entre los acusados están el excoronel Gómez Pola y los excomisarios Bracken y Mastandrea.

El expolicía Edgardo Mastandrea podría ser condenado a 23 años de prisión.

Los fiscales de la Unidad que interviene en casos de terrorismo de Estado en La Plata, Hernán Schapiro y Juan Martín Nogueira, pidieron penas de prisión perpetua para el ex coronel Ángel José Gómez Pola y el ex comisario de la seccional 1era de Junín, Abel Oscar Bracken, por delitos de lesa humanidad cometidos contra 24 víctimas del circuito represivo que funcionó en esa ciudad bonaerense durante la última dictadura cívico militar.

También solicitaron entre 19 y 25 años de prisión para otros cinco policías involucrados.

"Las fuerzas militares y policiales tuvieron un funcionamiento armónico y coordinado en la zona, dándose una unidad de acción muy marcada", destacaron los fiscales en el juicio que se celebra desde noviembre pasado en la Universidad Nacional del Noroeste.

Para el ex oficial subinspector y médico policial Aldo Antonio Chiachietta y el ex oficial inspector de la delegación regional de la Dirección de Inteligencia policial (DIPBA), Francisco Silvio Manzanares, los fiscales solicitaron 25 años de prisión.

En tanto, para el ex oficial subinspector Miguel Ángel Almirón y el ex oficial inspector Edgardo Antonio Mastandrea pidieron 23 años; y 19, para el ex oficial subinspector Julio Ángel Esterlich.

Las condenas solicitadas se basan la ampliación que formularon en el juicio por los delitos de homicidio, en los casos de tres víctimas desaparecidas; y por la aplicación de tormentos, ya que los acusados habían llegado a juicio imputados solamente de privación ilegal de la libertad.

En su alegato, Schapiro y Nogueira también requirieron al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata que, al momento de dictar sentencia, decida la remisión a la Fiscalía Federal de Junín de las constancias del debate en las que se imputaron a otras personas con el fin de que sean investigadas.

Además, los fiscales solicitaron que se ponga el fallo en conocimiento del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires y que "se adopten las medidas necesarias para que se establezcan como sitios de 'Memoria' los centros clandestinos de detención que han sido objeto del juicio".

El circuito represivo que funcionó en Junín estuvo comandado por el área militar 131, con sede en el Grupo de Artillería 101, en donde Gómez Pola ejerció como jefe.

Los lugares del sistema represivo local funcionaron en la comisaría 1ª de Junín, la Unidad N°13 del Servicio Penitenciario Provincial, que en aquella época estaba en construcción; el Destacamento o Puesto de Vigilancia de la localidad de Morse, que dependía de la comisaría 1ª de Junín, y la Unidad Regional VIII de la Policía bonaerense, que era la jefatura de las comisarías de la zona.

martes, 30 de diciembre de 2014

La Tablada: la Corte ordenó reabrir la causa por los desaparecidos del MTP

Hay cuatro militantes desaparecidos

La decisión del máximo tribunal revocó el sobreseimiento que la Sala I de la Cámara de Apelaciones de San Martín le otorgó al general Arrillaga y al mayor Varando, ambos acusados por la desaparición de dos militantes del MTP.

Pablo Waisberg

En la última reunión del año, la Corte Suprema de Justicia revocó el sobreseimiento por prescripción del general Alfredo Arrillaga y del mayor Jorge Varando. Ambos están imputados por el homicidio agra los fusilamientos de Iván Ruiz y José Alejandro “Maradona” Díaz, dos de los militantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP) que fueron detenidos con vida durante el copamiento del cuartel de La Tablada, en 1989, y continúan desaparecidos.

“Esta Corte comparte y hace suyos, en lo pertinente, los fundamentos y conclusiones de la señora Procuradora General (Alejandra Gils Carbó), a cuyos términos se remite en razón de brevedad”, señaló la resolución en su primer párrafo. El texto, que fue aprobado por la ministra Elena Highton de Nolasco y los ministros Juan Carlos Maqueda y Eugenio Raúl Zaffaroni, revocó el sobreseimiento que había confirmado la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. Los jueces Ricardo Lorenzetti y Carlos Fayt consideraron que el recurso extraordinario era inadmisible.

El 23 de enero de 1989,  un grupo de 46 militantes del MTP irrumpieron en el cuartel de La Tablada. El enfrentamiento duró dos días y durante ese combate se cometieron casi todos los crímenes de la última dictadura: torturas, fusilamientos extrajudiciales, desapariciones forzosas y rapiña de los bienes de las víctimas. Lo único que no  hubo fue apropiación de niños.

Ruiz y Díaz fueron detenidos con vida el 23 de enero por la tarde -según se observa en la serie de fotografías que tomó Eduardo Longoni- pero sus cuerpos nunca aparecieron.  Según el relato elaborado por el Ejército, los detenidos –que llevaban varias horas de combate con mala hidratación y deficiente alimentación- fueron entregados a Varando, quien luego se los dio a otro militar al que lograron burlar y escaparon de un cuartel que estaba rodeado por un cerco policial y militar. El militar al que Varando dijo que le entregó a los detenidos apareció muerto.

La Cámara Federal de San Martín había considerado que la acción penal contra Arrillaga y Varando –también acusado por la muerte de un manifestante durante la represión del 20 de diciembre- había prescripto. Arrillaga está condenado por delitos de lesa humanidad en lo que se conoció como la “Noche de las corbatas”, el secuestro y desaparición de abogados laboralistas, ocurrido en Mar del Plata en 1977.

Pero Marta Díaz y Aurora Sánchez Nadal interpusieron un recurso de casación sosteniendo que esa decisión implicaba incumplir con lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  había dispuesto en el año 1997. Sin embargo, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó este recurso  por considerar que la recomendación no era obligatoria para el Estado argentino.

Por eso, el caso fue presentado ante la Corte, que remitió el dictamen a la procuradora general Gils Carbó, quien consideró que la Cámara había desconocido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la “imprescriptibilidad de la acción penal” en caso de graves violaciones a los derechos humanos. Y recordó los antecedentes que fijó el caso del joven Walter Bulacio, asesinado en una comisaría de la Policía Federal, en 1991.

La decisión que la Corte tomó esta mañana remite al dictamen de Gils Carbó: hizo lugar el pedido de la querella y revocó la decisión dictada por la Cámara Federal de Casación Penal. Para ello tomó en cuenta que, en 1997, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado Argentino había faltado a su obligación de investigar de “manera exhaustiva, imparcial y concluyente” la ejecución de Díaz y Ruíz, según el informe 55/97 (caso 11.137 “Abella, Juan Carlos”).

Los casos de Ruiz y Díaz no son los únicos donde se produjeron desapariciones forzosas luego de que los militantes del MTP, que habían ingresado al cuartel de La Tablada, se habían rendido. Carlos Samojedny y Francisco Provenzano, ambos integrantes de la conducción del MTP, se rindieron con vida en la mañana del martes 24 de enero y los llevaron junto a los otros 14 asaltantes a una oficina en los fondos del cuartel.

Según las denuncias de los sobrevivientes, allí los desnudaron y torturaron a todos. Después preguntaron por Samojedny y Provenzano, se los llevaron aparte y nunca más aparecieron. También denunciaron fusilamientos o ejecuciones sumarias de asaltantes rendidos y heridos como Berta Calvo y Pablo Ramos, que fue detenido y su cuerpo apareció con ocho balazos, uno de ellos disparado de cerca y en la cabeza.

domingo, 23 de noviembre de 2014

Un recuerdo de la Masacre de San Patricio serviría para identificar a los responsables

Estaba conservada en una capìlla de la parroquiaLa bala incrustada en una cruz de madera será peritada  como parte de la investigación para conocer quién mató a los curas palotinos.
Gerardo Aranguren

Mariano Pinasco - "Esa cruz y la alfombra forman parte de lo que quedó. Las reliquias", contó el sacerdote palotino - Foto: Santiago Pandolfi

En una capilla dentro de la casa parroquial de la Iglesia de San Patricio los palotinos conservan un altar con los recuerdos de la masacre de San Patricio, el 4 de julio de 1976: la alfombra con las marcas que dejaron las decenas de disparos con los que remataron a los 5 sacerdotes y una cruz realizada con el parquet de ese piso agujereado con una bala en su centro.
Se trata de los objetos más preciados para la comunidad y cada aniversario del asesinato de los sacerdotes Alfredo Leaden, Alfredo Kelly y Pedro Duffau, y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti, son colocados sobre el altar y venerados en la iglesia ubicada en la esquina de Estomba y Echeverría, en el barrio porteño de Belgrano.

Estos elementos, resignificados por la comunidad religiosa de San Patricio, ahora podrían además convertirse en prueba judicial. Al menos una de ellas. La bala incrustada en el centro de la cruz de madera será peritada por orden del juez federal Sergio Torres, a cargo de la causa judicial que avanza de a poco con la reconstrucción del hecho y en la identificación de los autores, a más de 38 años de la masacre.

La cruz fue creada y enmarcada en 2006, cuando se levantó el parquet original de la habitación del primer piso de la casa parroquial donde fueron asesinados los curas tercermundistas. Al remplazar el piso, agujereado hace casi cuatro décadas por los disparos, encontraron el proyectil. "Con esa bala y los pedacitos de parquet hicieron una cruz que exhibieron al lado de la alfombra. Forman parte de lo que quedó. Las reliquias", reconstruyó en diálogo con Tiempo el sacerdote palotino Mariano Pinasco.
El 30 de octubre pasado, por orden de Torres, un grupo de funcionarios judiciales y peritos realizó una inspección ocular en la iglesia de San Patricio y en la casa parroquial, y se llevó el cuadro para ser analizado.
La cruz con el proyectil fue enviada a la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería, donde tratarán de obtener rastros de ADN. Luego, será llevada a la División Balística de la Policía Federal para tratar de identificar con qué armas se corresponde la bala, conocer la trayectoria, distancia, antigüedad o cualquier dato que permita determinar algún detalle más sobre el hecho. "Los peritos sostienen que podría servir, no importa que el proyectil tenga casi 40 años", señalaron fuentes judiciales.

De la inspección participaron dos especialistas designados por el juzgado de Torres, uno de Gendarmería y otro de Prefectura. Además de analizar este proyectil, los dos peritos deberán trabajar con las balas que están en la justicia desde los días posteriores a la masacre.
El objetivo principal de los dos estudios balísticos es tratar de determinar qué fuerza integraban los autores del hecho. Para eso, el juzgado ya tiene en su poder un informe del Ministerio de Defensa sobre el armamento que utilizaban las fuerzas de seguridad y militares en la última dictadura.

LA CAUSA JUDICIAL. El juez Torres, a cargo de la megacuasa ESMA, tiene una competencia provisoria sobre el expediente de los palotinos. En 2006 hubo 17 miembros del Grupo de Tareas de la ESMA procesados a partir del testimonio de sobrevivientes del centro clandestino que escucharon a Antonio Pernías, alias "Rata" o "Trueno", jactarse de haber participado. Sin embargo, la Cámara Federal porteña les dictó la falta de merito al considerar que no había pruebas suficientes para señalar a los represores de la Armada.
El peritaje servirá para confirmar o descartar la participación de la Marina en el hecho.
El juzgado también baraja otra hipótesis que señalaría a la Policía Federal. Dos días antes, había sido volada Coordinación Federal en un atentado y esa misma semana se produjeron al menos tres fusilamientos como represalia. Ese dato cobra fuerza a partir de uno de los mensajes escritos en la pared donde fueron asesinados los cinco sacerdotes: "Por los camaradas dinamitados en Seguridad Federal. Venceremos. Viva la Patria."

ARCHIVOS DEL VATICANO. "Como sucedió con el juicio de Angelelli, el juez tiene que mandar a pedir que se abran los archivos del Vaticano", señaló el sacerdote Pinasco sobre los documentos aportados por la Santa Sede al juicio oral por el asesinato del obispo de La Rioja, Enrique Angelelli.

A partir de una reforma legal realizada por el Papa Francisco, los jueces y fiscales pueden pedir al Vaticano la apertura puntual de alguno de los archivos relacionados con la última dictadura.

"Sería interesante conocer el informe que envió el nuncio apostólico en la Argentina, Pío Laghi", agregó Pinasco. Un indicio de lo que sabía Laghi quedó expresado en un cable secreto filtrado por WikiLeaks. Días después de la masacre, el nuncio apostólico durante la dictadura detalló a la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires que los autores habían sido agentes de las fuerzas de seguridad que operaron "sin orden oficial de sus superiores" con el objetivo de "limpiar la Iglesia". 

jueves, 13 de noviembre de 2014

Permiten salir del país a acusados por la represión (¿¿??)

Un juez subrogante les concedió la autorización. Están procesados por dos asesinatos y el secuestro de tres niños en la dictadura

La justicia federal platense permitió la salida del país a los seis ex militares del Batallón de Comunicaciones del Comando 601 de City Bell, acusados de dos asesinatos y el secuestro de tres nenes durante la dictadura, a quienes la semana pasada había liberado al dictarles "falta de mérito". La Unidad Federal Fiscal de La Plata, con competencia en delitos por crímenes de lesa humanidad, adelantó que hoy apelará la medida.
La resolución fue firmada ayer por el juez en lo civil, comercial y contencioso administrativo, Alberto Osvaldo Recondo, quien subroga el Juzgado Federal Nº3 con competencia penal de La Plata. Es el mismo juez que la semana pasada había liberado a los militares con el argumento de que no conocían el plan criminal de la dictadura.

Los fiscales Marcelo Molina y Juan Martín Nogueira habían pedido que se mantenga la restricción de salir del país para los seis ex militares, mientras la Cámara Federal resuelve la apelación por la liberación, para evitar posibles fugas puesto que, además, los acusados siguen procesados. Sin embargo, ayer Recondo resolvió remover esa restricción.
Los fiscales adelantaron que hoy apelarán esta nueva resolución, y advirtieron que lo dispuesto por el juez subrogante es "un llamado de atención en cuanto a la actitud del juez". "Lo llamativo es que un juez que no tiene acreditada experiencia técnica en la materia (de lesa humanidad) tome esta determinación", señaló Nogueira.

Los siete militares habían sido detenidos a principios de octubre acusados de asesinar a los militantes montoneros María Nicasia Rodríguez y Arturo Alejandrino "Silver" Jaimez, y de secuestrar a sus tres hijos de 2, 10 y 12 años en Berazategui en 1977. En la apelación por la liberación, los fiscales señalaron que el juez retomó el espíritu de la derogada Ley de Obediencia Debida: dejó preso al jefe Néstor Horacio Falcón (84 años) y liberó al resto, aduciendo que no podía acreditar que por sus rangos conocieran el plan criminal de la dictadura.

Impugnan la designación de un fiscal: lo acusan de favorecer a Milani

Lo hará hoy la familia del conscripto Ledo, desparecido cuando el jefe del Ejército era su superior.
En la mira. Milani, acusado por su actuación durante la dictadura.

La madre y la hermana del soldado Alberto Agapito Ledo desaparecido en Tucumán durante la dictadura, impugnarán hoy ante el Senado de la Nación la inminente designacion de Pablo Camuña como titular de la Fiscalía Federal N° 2 de esa provincia y de Edgardo Bertini, quien tambien se postula como Defensor Oficial titular en la Justicia Federal de Tucumán. La impugnación es por haber favorecido al jefe del Ejército, César Milani, "a pesar de las múltiples pruebas y testimonios que hay en su contra".

Actualmente, Camuña es fiscal ad hoc, al igual que Bertini, que es defensor oficial ad hoc en la justicia federal tucumana. Camuña es impugnado porque "cuando los senadores radicales (Gerardo) Morales y (José) Cano presentaron su denuncia contra Milani por haber participado de la represión durante la dictadura en Tucumán. Camuña en su calidad de fiscal desestimó la denuncia con el insólito argumento de que el llamado Operativo Independencia había finalizado con el golpe de Estado de 1976, cuando en realidad la represión de acentuó aún más después de esa fecha".

Y a Bertini lo impugnan por haber tomado la declaración a favor de Milani de un ex soldado riojano, "plagado de contradicciones" y por haber negado en una oportunidad que era el defensor de Milani, "por lo cual fue denunciado en la Defensoría General de la Nación".

Graciela Ledo dijo a Clarín que si Camuña llega a ser titular de la Fiscalía N° 2 de Tucumán, postulado por el Poder Ejecutivo Nacional, a través de la procuradora general Alejandra Gils Carbó, "tenemos el fundado temor de que finalmente se termine de desincriminar totalmente a Milani, no sólo de la causa de la desaparición de mi hermano, sino de la tremenda violación de derechos humanos que ocurrieron en nuestro país y especialmente en Tucumán".