domingo, 21 de septiembre de 2014

Por primera vez el secretariio del vicario castrense en la dictadura es imputado en una causa

La lista de Grasselli

El actual obispo militar compiló en los años duros un fichero con cientos y cientos de casos que le llevaban los familiares. Fue testigo en las causas de derechos humanos, pero nadie había reparado en que también era capellán castrense y, por lo tanto, funcionario de la dictadura. Y ahora la pregunta es cómo obtenía la información.

Emilio Grasselli, actual vicario castrense.
Por Alejandra Dandan
El fiscal Federico Delgado pidió la indagatoria del obispo Emilio Grasselli, secretario del vicario castrense durante la dictadura y hoy él mismo vicario castrense. Es la primera vez que sucede. Entre las pruebas más importantes se encuentran los datos de su filiación como funcionario del Estado represivo, un dato que estuvo a mano desde siempre, pero sobre el que se ha reparado recién en los últimos tiempos. Según esos datos, Grasselli no era sólo secretario del vicario, como venia sosteniendo en su defensa, sino que de acuerdo con la nómina oficial de capellanes castrenses y auxiliares del Ejército de la Capellanía Mayor del Ejército, “ejerció el puesto de capellán castrense de la Capellanía Mayor del Ejército entre el 1º de diciembre de 1967 y el 31 de marzo de 1980”.
“En todas sus declaraciones, Grasselli omitió esta información y es relevante mencionarlo porque un capellán castrense es funcionario público”, señala un informe de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) elaborado a pedido de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y parte del análisis de Delgado. “El vicariato castrense es una institución de doble pertenencia que responde a la Santa Sede en el orden religioso-doctrinario y al Estado nacional en el orden político-militar-económico, por lo que sus miembros son tanto miembros del clero como del aparato estatal, del cual perciben una remuneración mensual y un conjunto de obligaciones.”
Ahora quien debe decir si el obispo va ser a llamado es el juez Julián Ercolini, a cargo de otra parte de la investigación en una causa hasta ahora sin avances.
Grasselli es una de las personas más nombradas en las búsquedas de los familiares de desaparecidos. Muchísimos hicieron cola durante horas para verlo en la capilla Stella Maris y preguntar por sus seres queridos con la esperanza de obtener información. Con los datos, Grasselli construyó un enorme fichero. Armó listados, prometió y en ocasiones proveyó respuestas. Hasta ahora, la Justicia lo llamó como testigo en seis ocasiones, como señala el Informe: en septiembre y diciembre de 1984, 1999, 2001, 2011 y hace dos semanas. Nunca estuvo imputado, aunque hay causas que los jueces no hacen prosperar. En el juzgado de Ercolini hay una investigación abierta luego del primer juicio de robo de niños, impulsada por el fiscal Martín Niklison y el TOF 6. En el juzgado de Sergio Torres desde septiembre de 2013 hay una informe del Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos Aires con datos que lo ubican como uno de los propietarios de la isla El Silencio, del Tigre, vendida a Jorge Radice, el marino contador de la ESMA, para ser usada como centro clandestino temporario para los prisioneros de la Armada. El dato, además, esta documentado en el libro El Silencio, de Horacio Verbitsky, de 2005.
El informe
El Informe de la CMP se presentó el lunes pasado. Lo hizo el Programa de Justicia sobre delitos de lesa humanidad que coordina Claudia Bellingeri. Lo más impactante es que por primera vez se organiza el mundo de información sobre Grasselli, reúne y contrasta sus declaraciones y reconstruye la lógica de trabajo. “No hay información del padre Emilio Grasselli en los archivos de la Dipba (...) No obstante encontramos información significativa en el fichero elaborado por Grasselli sobre 2075 personas detenidas, cuyas copias posee esta Comisión. Lo que sigue es un análisis preliminar del mismo.”

El fichero está en manos de la Justicia desde 1999. “En todas las ocasiones (Grasselli) explicó que la creación de su fichero personal tuvo relación directa con la necesidad de sistematizar la información que iba obteniendo, porque llegado un momento era muchísima gente no solo la que se acercaba a pedir información sobre familiares, sino también la que aportaba datos de otras personas. Dice el sacerdote: ‘Primero hacía una lista pero nos sobrepasó. Como en aquella época no había computación, comencé a hacer fichas y así formé un fichero. En la primera parte de la ficha ponía nombre, el lugar del hecho y el día que me visitaba, y en el anverso, algún dato o dirección de alguien a quien podía comunicarse por si llegara una novedad. Cuando venía monseñor (Adolfo Servando Tortolo) cada semana, cada 15 días, le presentaba esa lista y él hacía una copia y la mandaba al Ministerio del Interior, a veces al Ejército, a la Fuerza Aérea o la Marina’ (Testimonio de Grasselli, Circuito Camps, La Plata 2011)”.
Según el testimonio del propio Grasselli, “el fichero contiene información de cerca de 2500 personas detenidas. En la mayoría de los casos fueron los familiares o amigos quienes aportaron parte de esa información al sacerdote. Como es sabido, a partir del golpe muchos familiares o amigos recurrieron a la Iglesia Católica en busca de información sobre paraderos. El sacerdote Grasselli ejercía su trabajo en la pastoral vinculado con el vicariato castrense para las Fuerzas Armadas”.
“La noticia de esa atención corrió rápidamente y las familias víctimas acudían con la esperanza de tener alguna información”, mencionan en este caso un texto de Emilio Mignone, del libro Iglesia y dictadura de 1986.

¿Cuánta gente atendió Grasselli? ¿Cuántas fichas? ¿Durante cuántos años? “No queda claro el período en el que armó el fichero”, dice la CMP. En 2001, por ejemplo, dijo que lo hizo entre 1974 y 1978 o 1979. También que tomó pocos casos previos al golpe; que lo hizo por cuatro años y que atendió entre 20 y 50 casos por día. Pero los números no dan. Si hubiese atendido 20 personas por día en 8 meses, de abril a noviembre, habría hecho 4800 fichas. El número sería mayor multiplicado por cuatro años. El número da bien sólo si hubiesen sido 2,5 personas por día. Así, la CMP sostiene que exageró intentando elaborar una imagen propia de sacrificio y derechos humanos. También, que no elaboró fichas de todos los detenidos y de las consultas. Un dato que puede verse corroborado, por ejemplo, porque “se ha comprobado que Grasselli mantuvo vínculos con detenidos de los cuales no elaboró fichas. Es el caso de quienes estaban alojados en la ESMA en calidad de ‘reeducados’”.

También es posible que haya destruido fichas que lo comprometieran. Como ejemplo se menciona el caso de José David Aleksosky. Su hermano declaró que visitó a Grasselli en 1976 y que el cura tomó los datos. Cuando citaron al cura en 1999, le mencionaron esa ficha. “Cuando me mencionaron la citación, busco la ficha y no la encuentro –dijo–, adelanto, advierto, que no sé qué pasó con esa ficha, tal vez la retuvo monseñor. Era un caso particular o estará traspapelada.”

Las fuentes
Otro punto siempre en duda es cómo obtenía información sobre los casos y su rol en esa cadena. Siempre dijo que lo hacía a través de su superior, monseñor Tortolo. En 1999 dijo que “de las gestiones sólo se encargaba el vicario. Ese trámite lo hacía él personalmente, a veces enviaba cartas”. Pero el Informe sugiere que él mismo podría haber tenido acceso a la información: por sus funciones efectivas y el mundo de relaciones del cargo. Entre 1955 y 1975, por ejemplo, fue secretario privado del cardenal Antonio Caggiano, primero arzobispo de Rosario y luego arzobispo de Buenos Aires y vicario castrense. 

En 1975, cuando Caggiano renunció, Grasselli pasó a ser secretario de Tortolo que entonces era arzobispo de Paraná, presidente de la Comisión Episcopal argentina y vicario. Según el diario de Victorio Bonamín, provicario castrense, Caggiano le pidió a Tortolo que lo mantenga en el puesto.

En ese sentido, es cierto que cumplía funciones de secretario. Ahora bien, dice el CMP: “Sin embargo al atender la agenda y las actividades del vicariato, su trabajo pastoral se ejercía centralmente en la sede oficial de la institución, la Iglesia Stella Maris, sita en el predio del edificio Libertad, sede del Estado Mayor de la Armada, donde además trabajan y se reunía el vicario castrense Bonamín y los capellanes mayores de las tres fuerzas: José Mario Ricardo Menestrina (Ejército), Domingo Carmelo Genise (Armada) y Ovidio Feliz Tripodi (Fuerza Aérea). Además, según admitió en 2001, ‘algunos soldados de la Armada lo ayudaban en el armado de fichas’”, dice. “En los hechos, el sacerdote cumplió una función correspondiente al vicariato, no estatutaria, pero función al fin.” Tortolo, además, “era entre mayo de 1975 y 1976 el eclesiástico con más poder político en la Iglesia” con “tres cargos jerárquicos en simultáneo”. Y finalmente, también está su rol en la capellanía en comisión.

Todavía no hay certezas del rol que efectivamente cumplió, pero hay algunas pistas.
Mercedes Soiza Reilly es fiscal del juicio ESMA. “Durante el megajuicio que se está desarrollando en la causa ESMA, hemos escuchado innumerable cantidad de relatos que dan cuenta del rol que le cupo a la Iglesia durante la última dictadura militar. La imagen de Grasselli aparece en cada uno de estos testimonios. Surge la confianza que las familias depositaban en él buscando una respuesta. En algunos casos era él quien pedía información del resto del grupo familiar. Las largas filas fueron la imagen frecuente, que para aquellos años, tuvo la iglesia Stella Maris, lugar donde el cura atendía a los familiares. Avanzar en la participación que tuvo Grasselli en los hechos criminales cometidos, que tuvieron relación directa con el cargo que ocupaba, demuestra una vez más que las estructuras militares funcionaron con la colaboración necesaria de todas las Instituciones del Estado.”

Mignone habló en 1986 en ese mismo sentido. “Resulta evidente que los jefes militares permitieron –o tal vez promovieron– esta actividad de Grasselli porque favorecía sus planes, creaba confusión, alentaba esperanzas y adormecía la combatividad de los familiares. Algo similar se hizo abriendo el inútil registro de denuncias del Ministerio del Interior.”

La renuncia de Grasselli a una capellanía castrense para tomar otra de mayor rango.

lunes, 18 de agosto de 2014

Ocho policías y un militar arrestados en San Juan

Más represores tras las rejas

Los detenidos desempeñaron tareas de inteligencia durante la última dictadura. En varios casos se los acusa por su participación directa en detenciones ilegales y en sesiones de tortura. Desde el Ministerio Público Fiscal dijeron que habrá más detenciones.

En un inusual operativo de seguridad para la provincia de San Juan, el jueves fueron detenidos en simultáneo ocho ex policías y un suboficial retirado del Ejército que desempeñaron tareas de inteligencia durante la última dictadura. Las órdenes de detención las había librado el juez federal Leopoldo Rago Gallo, quien ayer notificó a los imputados de los delitos de lesa humanidad por los que se los acusa y ahora deberá tomarles declaración indagatoria. El fiscal federal Juan Francisco Maldonado, en tanto, destacó que el Ministerio Público Fiscal denunció a más de 80 represores por su actuación durante el terrorismo de Estado y estimó que “va a haber muchas más detenciones de integrantes de las fuerzas de seguridad en los próximos días”. Rago Gallo, además, comenzó a leerle la acusación a Jorge Horacio Páez Senestrari, oficial retirado del Ejército que prestó funciones en el Regimiento de Infantería de Montaña 22 (RIM-22), quien fue detenido en Bolivia y deportado a la Argentina.

La mayor parte de los flamantes detenidos están acusados como integrantes de la “comunidad informativa” al servicio del RIM-22, el espacio en el que los miembros de las secciones de inteligencia de distintas fuerzas intercambiaban información sobre militantes políticos, gremiales y estudiantiles que luego se convertían en “blancos” a ser secuestrados. En varios casos el Ministerio Público los acusa por su participación directa en detenciones ilegales y en sesiones de tortura, ocurridas no sólo durante la dictadura sino también en los meses previos al golpe de Estado de marzo de 1976.

Cinco de los detenidos pertenecieron a la policía de San Juan y prestaron servicio en el Departamento de Informaciones (D2), la sección de inteligencia de esa fuerza. Se trata de los sargentos retirados Carlos César Raúl Oro (69 años) y José Eladio Escudero (77), el comisario Miguel Angel Mereles, el comisario inspector Carlos Alberto Olha y el suboficial mayor Alberto Bazán. El militar es el su-boficial principal retirado Pedro Eduardo Blanco, de 60 años. Los otros tres fueron miembros de la Policía Federal: el sargento Carlos Antonio Saavedra (61 años), el suboficial escribiente Juan Alberto Aballay (66) y el cabo Rodolfo Horacio Blanco.

Del operativo conjunto para detenerlos participaron efectivos de la Policía Federal de San Juan, de Mendoza y de la Agencia Regional Cuyo. Las capturas fueron en la capital y en departamentos del Gran San Juan. Los represores pasaron su primera noche en calabozos de la Policía Federal y al mediodía de ayer fueron trasladados al juzgado de Rago Gallo, secretaría de Carlos Tacca, donde se les notificaron los delitos y se les dio la posibilidad de designar defensor. Una vez que presten declaración indagatoria, serían trasladados el Penal de Chimbas.

El fiscal Maldonado estimó ayer que “va a haber muchas más detenciones de integrantes de las fuerzas de seguridad en los próximos días” porque su denuncia incluyó a “ochenta ex policías y el juez va proveyendo lo solicitado en forma parcial”. Agregó que “los nombres y las responsabilidades de cada uno salen de los legajos y los archivos clasificados que fueron encontrados en la Central de Policía hace dos años”. Se trata de los mismos archivos que sirvieron de base para la acusación de los siete ex militares condenados el año pasado, incluidos Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, quienes días después se fugaron del Hospital Militar Cosme Argerich en Buenos Aires.

Rago Gallo comenzó el jueves a leerle la acusación a Páez, quien formó parte del grupo que lideraba el entonces teniente Olivera, hoy condenado y prófugo. El militar había estado detenido en 2011, fue liberado por la Cámara Federal de Mendoza cuando la integraban jueces que hoy están en el banquillo de los acusados, y se trasladó a Bolivia, donde tres años después, el viernes pasado, volvió a ser detenido y deportado. Páez está acusado por delitos contra 34 víctimas, incluidos el ex secretario de Bienestar Universitario de la Universidad de San Juan Hugo Ricardo Bustos, el gobernador José Luis Gioja y el ex senador César Gioja. También por el secuestro, los tormentos y el asesinato de Nicolás Alberto Farías, militante de la Juventud Trabajadora Peronista.

domingo, 3 de agosto de 2014

Repudio a las agresiones en Formosa : 4 de agosto a las 12 hs. Casa de Formosa

El lunes 28 de julio, la comunidad El Colorado fue avasallada por un gigantesco operativo policial durante el cual fueron golpeados y detenidos seis compañeros.

El viernes 1 de agosto, miembros de las comunidades wichi de la zona se movilizaron al juzgado para exigir la libertad de los detenidos. Contaron con la solidaridad de una delegación de estudiantes de la UBA, que se encontraban en la provincia participando de una pasantía organizada por la Secretaría de Medio Ambiente de la Federación Universitaria de Buenos Aires. Esa misma noche, los campesinos wichi y los estudiantes fueron atacados nuevamente por una patota del gobernador Insfrán. Armados con palos, cadenas y machetes, golpearon salvajemente a varias personas y robaron sus pertenencias.
 El hostigamiento a campesinos y pueblos originarios es sistemático en toda la provincia y responde a los intereses de los grandes terratenientes y multinacionales de la soja. Es la misma política represiva que sufren los compañeros qom de la comunidad La Primavera. El principal responsable político de esta situación, el gobernador Insfrán, es un aliado del gobierno nacional, que encubre con su silencio la sistemática violación de los derechos humanos en la provincia.

Los organismos del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia repudiamos estas agresiones. Exigimos el cese de la persecución contra los campesinos y pueblos originarios y el castigo a los responsables de estos atropellos.

Adherimos al acto convocado por la FUBA en Buenos Aires frente a la Casa de la Provincia de Formosa y nos haremos presentes con una delegación.
 
Acto: lunes 4 de agosto a las 12 en la Casa de la Provincia de Formosa, Hipólito Yrigoyen 1429.
 
Asociación Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD)
Asociación de Profesionales en Lucha (Apel)
Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la Amia (Apemia)
Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (Cadep)
Centro de Abogados por los Derehos Humanos (CADHU)
Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh)
Colectivo Memoria Militante (CMC)
Liberpueblo

viernes, 4 de julio de 2014

Juicios a los genocidas – Balance a Junio de 2014

MEDIO AÑO DE “MÁS DE LO MISMO”
Con 6 juicios parciales concluidos y 24 condenas en lo que va del año, las causas contra los genocidas se van desdibujando entre la repetición de imputados y el estiramiento indefinido de la obligación del Estado de investigar y condenar. Si 2013 significó 2 juicios menos que 2012, y consolidó el estancamiento del proceso de juzgamiento en dos decenas de juicios con un centenar y medio de condenas por año, la primera mitad de 2014 fue incluso menos productiva que aquel promedio.

Al 15 de Junio de 2014 el Estado argentino sólo efectivizó 117 juicios orales con sentencia en todo el país. En esos 117 juicios estuvieron procesados 656 represores, y hubo como resultado 590 condenas sobre 477 represores, 61 (menos 4) absueltos y 6 muertos impunes mientras duraba el proceso, por un universo de 2857 víctimas. Esto quiere decir que sólo alrededor del 31% del total de los 2.100 procesados desde 2003 fue llevado a juicio, y un 25% de ese número de procesados fue condenado.
Si tomamos como dato los 600 Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en todo el país durante la dictadura, los 477 condenados siguen representando, a más de 10 años de anuladas las leyes de impunidad, menos de 1 represor condenado por CCD. Esto marca claramente que la pretensión punitiva de estos procesos lejos está de representar la dimensión real del aparato represivo del Terrorismo de Estado.
Entonces, comparado con los miles de represores implicados en el Terrorismo de Estado entre el ’76 y el ’83 (200 mil según estimaciones del propio Ministerio de Defensa) e incluso comparado con los cerca de 2.100 procesados, ese 25% de condenados sobre procesados, es decir que casi el 70% de los represores procesados en 11 años está impune, el panorama es menos auspicioso que los datos defendidos como “avances” desde los sectores oficiales.

“Nuevos” juicios
Un reciente informe del Ministerio Público Fiscal de la Nación titulado “531 condenados y 56 absueltos, el balance actual de los juicios”, y firmado por el cronista oficial Lucas Miguel, nos muestra la parcialidad de criterio y el dibujo de estadísticas con que el Estado concibe los juicios a los genocidas. La única crítica al proceso que allí se menciona es que se “dictaron cinco nuevas sentencias condenatorias a 22 acusados (la mitad de los cuales ya habían recibido condenas en otros procesos)”. En curiosa defensa de un proceso aletargado y fragmentado, los fiscales confunden causas con consecuencias: si los jueces de instrucción fragmentan las causas que irán a juicio y frenan las investigaciones en lo primero que ellos les sugieren, se repetirán los imputados, y no a la inversa. El dato es aclaratorio de porqué la Procuración no deslinda en sus estadísticas entre condenas y condenados, o bien cuenta doble y hasta triple la cantidad de condenados en sus bases de datos (casos Videla, Menéndez y otros) cuando en realidad se trata de nuevas sentencias sobre las mismas personas. Una forma de hacer bulto para mostrar como avances lo que son pequeñas conquistas.

De los 6 nuevos juicios llegados a sentencia este año, 4 corresponden a causas residuales de otras ya juzgadas y el resto fueron procesos fragmentados que tomaron una sola víctima como caso. En febrero, la sentencia por la desaparición del colimba y militante montonero José Luis Rodriguez Diéguez en Chubut, donde se condenó a perpetua a los militares Teófilo Saa y Carlos Españadero, se convirtió en el segundo juicio en esa provincia en 10 años.
En mayo el tercer tramo de la causa por crímenes en el CCD La Escuelita de Neuquén trajo la condena a 5 represores del Comando del 5to Cuerpo del Ejército. 3 de ellos unificaron pena por condenas en previos tramos, 1 fue finalmente juzgado tras ser apartado por “razones de salud” en instancia anteriores y un policía Federal enfrentó por primera vez la irrisoria condena a 6 años y medio.
En el mismo mes se juzgó en Jujuy los casos de 7 presos políticos asesinados en un traslado desde el penal de Villa Gorriti, y se condenó al jefe del penal Vargas (ya condenado el año pasado) y sus laderos penitenciarios en el segundo juicio en la provincia.
También en mayo, la causa separada por el asesinato del militante del PRT-ERP Osvaldo Sigfrido “El Tordo” De Benedetti en Tucumán, logró las perpetuas de seis oficiales del Ejército. En las audiencias estuvo presente sólo 1 genocida, y de la causa fue apartado el carnicero Luciano Benjamín Menéndez, por estar muy ocupado afrontando otros dos juicios orales en La Rioja y Córdoba, y la rata máxima de Videla murió impune.
Mayo cerró con la condena residual a la obstetra del Hospital Militar Lidia Fanni Villavicencia, por su participación en la apropiación de Laura Catalina De Sanctis Ovando, caso ya juzgado en 2013 en el séptimo juicio por los crímenes en el CCD de Campo de Mayo.
Finalmente, la segunda parte de la causa contra el ex juez Víctor Hermes Brusa y el grupo de represores de la D2 santafecina ya condenados en diciembre de 2009, vió sentencia en junio y les unificó penas de entre 20 y 22 años.

Sólo la Cámara Federal de Casación, que junto con la Corte Suprema son responsables de sólo 114 sentencias firmes de las 590 condenas de primera instancia, dio una sorpresa en abril revocando las absoluciones de Rolón y García Velasco en el segundo tramo de ESMA, y en mayo las que habían beneficiado a Franco y Ruffo en la causa por el Plan Sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos.
El panorama general de la situación de las causas a los genocidas es bien complejo, con apenas 13 juicios en curso. Si tomamos los últimos 4 años veremos que lejos de crecer exponencialmente, el proceso anual de juzgamiento se va estancando en unos 25 juicios con unas 150 condenas cada año. En 2010 hubo 19 juicios con 114 condenas, mientras en 2011 hubo 21 con 84 condenas, en 2012 fueron 25 con 131 condenas, y en 2013 el proceso se estancó en 23 juicios concluidos con 161 condenas .
En esta etapa de los juicios es donde entra a pesar la fragmentación de las causas que llegan a juicio, y por eso sostenemos la necesidad de acumular las causas para juzgar por circuito represivo o por CCD: porque sabemos que incluso más juicios por año no es necesariamente más justicia, y porque sumar juicios en abstracto no es lo mismo que destacar que en 2010, 7 de los 19 juicios fueron a 1 o 2 represores, y que esa cifra aumentó en 2011 a 9 de los 21 procesos, se sostuvo en 2012 en 9 juicios y que en 2013 11 de los 23 procesos juzgaron a 3 represores o menos.

Y si bien está programada para el próximo 4 de julio la lectura de la sentencia en la causa por el asesinato de Enrique Angelelli en La Rioja, allí hay sólo 2 imputados: Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella. La llegada al debate oral de las causas grandes en los 3 principales distritos amenaza con retrasar la cantidad de condenas interanuales, y sólo si llegara este año a sentencia el tercer tramo de la Causa ESMA (que juzga a 68 represores), o en la megacausa por La Perla en Córdoba (iniciado en diciembre de 2012), o por los crímenes del CCD La Cacha en La Plata (con 21 imputados), se podrían equilibrar las cosas al promedio condenas anuales que se venía sosteniendo.

“Cerrar una etapa”
Así planteados, estos procesos continúan reproduciendo la situación de impunidad porque sólo serán juzgados una serie de casos emblemáticos, altos mandos y reputados represores, mientras el conjunto de miembros de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y de Inteligencia, o bien civiles, jueces, y curas que también planificaron y ejecutaron el genocidio quedará relegado a juzgarse en futuros inciertos debates o, si la tendencia actual se consolida, completamente libre.
La pereza que presenta la situación actual de la política de Juicio y Castigo, la palpable improvisación en la ejecución de herramientas que completen y aceleren el proceso, nos produce a muchos un efecto inverso al que debería generar la de una pretensión de Justicia: la sospecha de que cada juicio que se concreta fuera no la posibilidad de continuar avanzando con otras investigaciones por demás lejanas, sino la clausura del necesario esclarecimiento de responsabilidades sobre hechos, víctimas y verdugos que han sido arbitrariamente relegados de los debates que se han efectivizado.
Una clara convicción de los sectores que seguimos el camino crítico a este proceso que hoy analizamos, es que la investigación y sanción de TODOS los delitos cometidos por los verdugos de la dictadura militar es una responsabilidad indelegable del Estado, incluidos sus tres poderes constitutivos. Por todo esto denunciamos que no existe una voluntad real de condenar el carácter masivo y planificado de la represión, en un concepto, de reconocer que lo que aquí sucedió fue un Genocidio, y que todos, del primero al último de los verdugos, merecen castigo por formar parte del plan represivo.

HIJOS LA PLATA
Junio de 2014

NOTA: Las cifras que mencionamos son de elaboración propia. Para consultar nuestra base de datos, actualizada al 6 de Junio de 2014, buscar en http://www.hijosprensa.blogspot.com.ar

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viernes, 13 de junio de 2014

En el aniversario de la desaparición de Alberto Agapito Ledo : Audiencia Pública con los querellantes y testigos de la causa Milani

El día martes 17 de junio en la sala 6, piso 3, de 12 a 14 horas, el Bloque Frente de Izquierda y los Trabajadores, integrado por los diputados Néstor Pitrola y Pablo López, convoca a una importante Audiencia Pública que contará con la presencia de los querellantes y testigos de la causa Milani, cuyos expedientes se tramitan en la provincia de La Rioja y Tucumán. Se harán presentes, además, diputados/as, organismos de derechos humanos, referentes políticos y sociales, querellantes de los juicios de lesa humanidad, entre otros.

La convocatoria se realiza en el marco de un nuevo aniversario de la desaparición del ex conscripto Alberto Agapito Ledo, desaparecido el 17 de junio de 1976. Los querellantes y testigos expondrán en la Audiencia el estado actual de la causa Milani, las denuncias sobre su participación en la represión durante la dictadura y los cuestionamientos a su ascenso como Jefe del Ejército, entre otras cosas.

Adjuntamos el proyecto de resolución elaborado por el Bloque Frente de Izquierda, firmado por 15 diputados, el cual repudia el ascenso del general César Milani y solicita al Ejecutivo Nacional su inmediata destitución.
Esperamos poder contar con su presencia.

Para comunicarse:

Néstor Pitrola 1553242356
Pablo López 0387155008610

Contacto Prensa: Maura 1540555424 – Olga 1560058303 - Cecilia 1140553294 - Agustina 1555770598

miércoles, 11 de junio de 2014

Piden frenar la remodelación del edificio del Batallón 601

Barrios por la Memoria y Justicia-Balvanera y Baldosas por la Memoria

Ubicado en Viamonte y Callao, desde allí se planeó la represión durante la dictadura en el ámbito de Capital. El edificio se vendió en 2003
 
Por: Infojus Noticias  -  Sol Vazquez
 
Organismos de Derechos Humanos denunciaron "la irresponsabilidad de quienes permitieron que se esté modificando la estructura del edificio" donde funcionó el Batallón de Inteligencia 601, desde donde se planeó la represión durante la dictadura en el ámbito de la Capital, y piden la suspensión de las obras.

Las obras de remodelación del edificio, ubicado en la Viamonte y Callao, a cargo de la Universidad de El Salvador, avanzan rápidamente tras una demolición interna parcial.

El edificio, ubicado en Viamonte 1818 y que desde septiembre de 2005 tenía aviso de obra, salió a licitación en el último semestre de 2002 y su venta se concretó en enero/febrero de 2003.

En este marco, Barrios por la Memoria y Justicia-Balvanera y Baldosas por la Memoria, piden "la inmediata suspensión de las obras, preservando pruebas y el valor histórico de los espacios donde se decidió la desaparición o muerte de miles de personas".

Solicitan además "se investigue cómo llegó ese edificio público a manos de la Universidad del Salvador, después de estar cerrado por más de una década".

"Los avisos publicitarios dicen que será habitado por más de cinco mil alumnos de la universidad y llamativamente el cartel de obra dice que el destino de uso del edificio será un `hotel`", advirtieron los organismos.

Además se preguntaron "¿qué clase de formación académica se impartiría en ese lugar a las nuevas generaciones, eliminando los vestigios de su triste rol histórico?".

Los organismos hacen "un llamado a los Poderes Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Estado Nacional a cumplir con la Ley 26.691 que exige preservar lugares donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la represión ilegal, detener la demolición interna, preservar las posibles pruebas judiciales y restituir el edificio al patrimonio histórico como Espacio de Memoria".

La historia reciente cuenta que en febrero de 2000, el entonces jefe del Ejército, Carlos Brinzoni, anunciaba el cierre del Batallón y la futura venta del edificio, medidas que formaban parte del proyecto de reestructuración integral del área de Defensa, que tenía a Ricardo López Murphy como ministro.

El "Plan de Modernización para Mejorar la Calidad del Gasto" del Ministerio de Defensa preveía, entre otras medidas de ajuste y cambios en la organización de las Fuerzas Armadas, la venta de más de 100 inmuebles.

Para la venta de inmuebles había dos proyectos: uno consistía en concentrar personal de todas las armas en el edificio Libertador, despejando el Libertad (Armada) y, tal vez, El Cóndor (Fuerza Aérea) para su venta y el otro preveía la venta de 111 inmuebles considerados innecesarios, sobre un total de 1913 bienes inventariados en todo el país.

Entre los disponibles se incluía al edificio ubicado en Viamonte y Callao.

Hoy el Batallón 601, nombre de guerra del Servicio de Informaciones del Ejército (SIE) y rebautizado como Central de Reunión de Inteligencia Militar por el ex jefe del Ejército, Martín Balza, funciona en la guarnición militar de Campo de Mayo.

miércoles, 21 de mayo de 2014

Procesan a cuatro policías por privaciones ilegales de la libertad durante la última dictadura

Los judiciales que fueron perseguidos

Son integrantes de una patota de Coordinación Federal que intervinieron en operativos para detener ilegalmente a militantes de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación. Por este hecho ya fue procesado el ex ministro Albano Harguindeguy.

 Por Irina Hauser y Victoria Ginzberg


Así como parte del Poder Judicial tuvo un comportamiento cómplice con los crímenes de la última dictadura militar, un grupo de empleados judiciales sufrió la persecución del terrorismo de Estado. En la madrugada del 1º de junio de 1976, una patota de la Superintendencia de Seguridad Federal llevó a cabo varios operativos en los que se detuvo ilegalmente a delegados de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, militantes del peronismo revolucionario. Entre ellos estaban el actual secretario general del gremio, Julio Piumato, y Germán Moldes, ahora fiscal ante la Cámara Federal. Por haber formado parte de los procedimientos realizados esa noche, el juez federal Daniel Rafecas procesó ayer a Juan Manuel Grosso, Rafael Oscar Romero, Fausto José Mingorance y Carlos Enrique Gallone.

Grosso y Romero están acusados por haber intervenido en el operativo llevado a cabo en el domicilio de Vicente Alberto Maydana Casco “El Indio”, delegado del fuero comercial.

Maydana Casco vivía en el piso 15 de un departamento de Belgrano. Estaba en su casa cuando entraron los policías. Según surge del acta elaborada por los mismos miembros de la patota, mientras revisaban sus cosas pidió ir a la cocina para encender un cigarrillo y tomar un poco de agua. Su mujer, Susana Lamberto, que había sido encerrada en el baño, escuchó a un hombre gritar: “Este tipo se escapó”. Al parecer, Maydana Casco había intentado huir por la cornisa. Se sabe que cayó al vacío y murió –según establece el fallo de Rafecas– “en circunstancias no esclarecidas hasta el momento”. Susana Lamberto fue llevada a Coordinación Federal en el piso de un automóvil esposada y con una capucha en la cabeza.

A Mingorance y Gallone se les imputó su participación en el operativo de detención de Piumato –entonces delegado general del fuero Civil– en su casa de la calle Lezica, donde estaba junto a sus compañeros Luis Olmos y Luis Alberto Galaso.

El policía Gallone, al que hizo famoso una histórica foto de 1983 en el que aparece con su uniforme abrazando a una Madre de Plaza de Mayo, intentó abrir a tiros la casa de Piumato. Cuando logró entrar vio cómo Piumato, Olmos y Galaso se trepaban a la ventana rumbo al terraplén del tren. Había un escape por los balcones y de allí a las vías del Sarmiento. Los policías fueron detrás, la persecución duró un buen rato. Finalmente los cazaron, los desnudaron, los ataron, los tabicaron y los tiraron en una pequeña camioneta. Después, saquearon lo que había en el monoambiente. A Olmos lo agarraron del pelo y lo golpearon varias veces contra el piso del auto. Sentía cómo su cara, su boca, su nariz y sus ojos chocaban contra algo duro. Mientras duró el viaje los iban quemando con una colilla de cigarrillo.

Esa misma madrugada, en la calle Río de Janeiro, Germán Moldes les abrió la puerta a quienes se identificaron como integrantes de “una comisión de la Policía Federal”, que le comunicaron que lo venían a detener. Estaba con su mujer, que tenía siete u ocho meses de embarazo. Se lo llevaron en un Falcon verde y aunque lo vendaron le resultó fácil reconocer luego el lugar, era un edificio que había visitado varias veces en su condición de secretario de un juzgado.

Todos los militantes de la UEJN detenidos ilegalmente el 1º de junio de 1976 fueron interrogados con violencia, muchos torturados. Estuvieron desaparecidos cerca de diez días, los blanquearon en la Alcaidía de Tribunales. Algunos recuperaron su libertad meses después, como Moldes, otros estuvieron años presos. Piumato salió en 1983.

Los miembros de la patota del centro clandestino Coordinación Federal querían saber dónde estaba Wenceslao Caballero, el responsable máximo de la JTP Judiciales, quien sería asesinado en un enfrentamiento mucho después, en marzo de 1977.

El arresto ilegal de Moldes y de Gustavo Alberto Galligo se investiga en esta causa, pero en la resolución firmada ayer no hay procesados por su caso, ya que los policías que participaron no pudieron ser identificados todavía. Este fallo de Rafecas responsabiliza a los represores sólo por las privaciones ilegales de libertad, las “detenciones” (los procesa sin prisión preventiva), pero no por la permanencia de las víctimas en el centro clandestino que funcionó en Coordinación Federal. Por estos hechos, ya fue procesado el ex ministro de Interior de la dictadura y responsable de la Policía Federal, Albano Harguindeguy.

“Las detenciones llevadas a cabo en la madrugada del día 1º de junio de 1976 fueron ilegales, a pesar de las actuaciones instruidas por el Departamento Sumarios de la Superintendencia de Seguridad Federal”, señaló el juez. Fundamentó esa afirmación en la falta de orden de allanamiento y detención, la negativa a informarles el sitio en el cual se encontraban y a disposición de qué autoridades se hallaban detenidos, la brutalidad desplegada en los mismos la colocación sistemática de “tabiques” a los detenidos, la falta de conocimiento de sus familiares del lugar en que estaban alojados, la “legalización” de los operativos mediante decreto del Poder Ejecutivo. Para Rafecas, “todos estos elementos permiten encuadrar estos hechos dentro del plan de represión que se gestara con anterioridad al golpe de Estado. La descripción efectuada hasta el momento de las características que tuvieron los operativos realizados en los domicilios de las víctimas permite afirmar que dichos sucesos guardaron las notas propias de la desaparición forzada de personas que fueran sistematizadas por la Cámara Federal al momento de dictar sentencia en la Causa 13/84”.