Para definir si se extrae la sangre
La Cámara Federal de San Martín resolverá dentro de los próximos cinco días hábiles si ratifica o rechaza la orden de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado de extraer sangre y saliva de manera compulsiva a los jóvenes adoptados durante la última dictadura por la directora del diario Clarín, Ernestina Herrera de Noble. Los miembros de la Sala II del tribunal escucharon ayer en una audiencia pública los argumentos de las partes: los abogados de las víctimas, Marcela y Felipe Noble Herrera, y de los querellantes: las Abuelas de Plaza de Mayo y dos familias que aún buscan a jóvenes nacidos en cautiverio o secuestrados junto a sus padres.
Los camaristas Daniel Rudi, Alberto Criscuolo y Hugo Gurruchaga escucharon en primer término a los abogados Alejandro Carrió y Roxana Piña, quienes reiteraron la negativa de los jóvenes a someterse a una extracción voluntaria y criticaron la decisión de tomarles una muestra de forma compulsiva, adoptada por la jueza de San Isidro. La defensa de los jóvenes, que se niegan a entregar muestras de forma voluntaria, argumentó que la extracción sin consentimiento es equiparable a “un acto de tortura, vejación, un trato inhumano y degradante”.
Los abogados de Abuelas, Alan Iud y Mariano Gaitán, replicaron que esos argumentos son “inconsistentes” porque la extracción compulsiva “se autoriza habitualmente y sin repercusión de ningún tipo en casos de acusados de delitos”. “Si fuera un acto de tortura no habría que permitir la extracción obligatoria de sangre a nadie, ni imputado ni víctima”, remarcaron. Iud explicó que la Corte Suprema de Justicia ya sentó precedente cuando sostuvo que “la voluntad de la persona no puede ser el límite para que se llegue a la verdad” en los casos de investigaciones de sustracción de menores durante la dictadura. En ese fallo, en el caso Prieto, el máximo tribunal sostuvo que “siempre que haya evidencia razonable” se debe avanzar en la pesquisa.
En la audiencia expuso también la abogada Alcira Ríos, en representación de las dos familias que se presentaron como querellantes en la causa. La Cámara de San Martín deberá resolver ahora si avala o rechaza la decisión de Arroyo Salgado. En caso de confirmarla podría ordenar que la medida sea de “cumplimiento inmediato”, más allá de la apelación que presentarán los abogados de los Noble ante la Cámara Nacional de Casación Penal.
La Cámara Federal de San Martín resolverá dentro de los próximos cinco días hábiles si ratifica o rechaza la orden de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado de extraer sangre y saliva de manera compulsiva a los jóvenes adoptados durante la última dictadura por la directora del diario Clarín, Ernestina Herrera de Noble. Los miembros de la Sala II del tribunal escucharon ayer en una audiencia pública los argumentos de las partes: los abogados de las víctimas, Marcela y Felipe Noble Herrera, y de los querellantes: las Abuelas de Plaza de Mayo y dos familias que aún buscan a jóvenes nacidos en cautiverio o secuestrados junto a sus padres.
Los camaristas Daniel Rudi, Alberto Criscuolo y Hugo Gurruchaga escucharon en primer término a los abogados Alejandro Carrió y Roxana Piña, quienes reiteraron la negativa de los jóvenes a someterse a una extracción voluntaria y criticaron la decisión de tomarles una muestra de forma compulsiva, adoptada por la jueza de San Isidro. La defensa de los jóvenes, que se niegan a entregar muestras de forma voluntaria, argumentó que la extracción sin consentimiento es equiparable a “un acto de tortura, vejación, un trato inhumano y degradante”.
Los abogados de Abuelas, Alan Iud y Mariano Gaitán, replicaron que esos argumentos son “inconsistentes” porque la extracción compulsiva “se autoriza habitualmente y sin repercusión de ningún tipo en casos de acusados de delitos”. “Si fuera un acto de tortura no habría que permitir la extracción obligatoria de sangre a nadie, ni imputado ni víctima”, remarcaron. Iud explicó que la Corte Suprema de Justicia ya sentó precedente cuando sostuvo que “la voluntad de la persona no puede ser el límite para que se llegue a la verdad” en los casos de investigaciones de sustracción de menores durante la dictadura. En ese fallo, en el caso Prieto, el máximo tribunal sostuvo que “siempre que haya evidencia razonable” se debe avanzar en la pesquisa.
En la audiencia expuso también la abogada Alcira Ríos, en representación de las dos familias que se presentaron como querellantes en la causa. La Cámara de San Martín deberá resolver ahora si avala o rechaza la decisión de Arroyo Salgado. En caso de confirmarla podría ordenar que la medida sea de “cumplimiento inmediato”, más allá de la apelación que presentarán los abogados de los Noble ante la Cámara Nacional de Casación Penal.
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