jueves, 14 de abril de 2011

Complicidad con los genocidas en el Poder Judicial "se comprende como corporatvismo"

Sin lugar para apartamientos
 
El ex juez Miguel Ángel Puga y los ex fiscales federales Alí Fuad Alí y Antonio Cornejo son tres ex integrantes de la Justicia Federal acusados de crímenes de lesa humanidad. Ayer, en la Cámara Federal de Apelaciones se realizó una audiencia (solicitada por las defensas) en la que plantearon la prescripción de la causa por considerar que los hechos que se les imputa no pueden encuadrarse dentro de los delitos imprescriptibles de lesa humanidad.

Después de cuatro horas de fundamentos, los integrantes de la Cámara, Abel Sánchez Torres, Luis Rueda y Octavio Cortés Olmedo, abrieron un cuarto intermedio hasta el lunes 18.

Argumentos. Las defensas (José Antonio Buteler y Carlos Lescano Roqué) argumentaron que los delitos por los que fueron imputados sus defendidos (incumplimiento de los deberes de funcionario público, por no investigar las muertes y los tormentos de los presos de la UP1) están prescriptos porque no pueden encuadrarse dentro del artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que regula los delitos de lesa humanidad. Ante ello, el fiscal Carlos Gonella (fiscal de los juicios a Videla y Menéndez) contestó afirmando que la dictadura “cívico-militar” que vivió la Argentina contó con la complicidad de muchos sectores entre los que incluyó a la Iglesia y a la Justicia, haciendo hincapié en el último caso en los “más de 45 funcionarios judiciales imputados actualmente como autores y cómplices de delitos de lesa humanidad”. Tras ello, habló del “factor endogámico” que caracteriza a la Justicia Federal, donde hijos y nietos suceden en cargos y responsabilidades a abuelos y padres. A su entender, esa constante “se erige como un obstáculo para el desarrollo de estas causas”.

Posteriormente, hubo una muy interesante argumentación de uno de los querellantes, el abogado Miguel Ceballos, quien calificó a la causa como el “juicio maldito de la Justicia Federal de Córdoba” pidiéndole al Tribunal que “actúe con celeridad” y dejando de lado “el corporativismo”.

La última palabra la tuvo otro de los querellantes, Hugo Vaca Narvaja, quien pareció realizar un llamado a la Cámara Federal para cambiar la historia. Breve, el joven dijo que, además de la resolución de la situación de Puga, Fuad Alí y Cornejo, los integrantes de ése órgano superior tienen la posibilidad de comenzar a responder una pregunta clave hacia el futuro: “¿Está en condiciones la Justicia Federal actual de resolver estos temas que atañen a su propia estructura?”. Parte de la respuesta podrá conocerse el lunes 18, cuando acabe el cuarto intermedio.

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