domingo, 19 de agosto de 2012

La Justicia investiga a ex directivos de Loma Negra por delitos en la dictadura

La causa tramita en Azul. Es por el asesinato de un abogado que litigaba contra la empresa. También acusan a empresario de transporte.

Por Mariano Confalonieri
Imperio. Amalita era dueña de Loma Negra y estaba en pareja con Prémoli, un ex coronel. La empresa triplicó su patrimonio con la dictadura militar.

El Juzgado Federal Nº 1 de Azul investiga si los directivos de la empresa Loma Negra se valieron del aparato terrorista del Estado para asesinar a un abogado que litigaba contra la empresa en 1977. En pleno apogeo de la dictadura de Jorge Rafael Videla, Carlos Moreno inició varios juicios contra la cementera por las condiciones insalubres de trabajo que padecían sus empleados. En uno de esos litigios representó a Florencio Paniagua, que contrajo una enfermedad pulmonar por una sustancia que había en la cal llamada silicosis. Moreno logró que el 20 de abril de 1977 la empresa desembolsara un millón de pesos de ese entonces en compensación. Nueve días después lo secuestraron y luego apareció asesinado en La Plata. Sus familiares fueron a retirar su cuerpo a 2 y 53, en la capital provincial.

Por ese asesinato, la Justicia puso bajo la lupa a la comisión directiva de la empresa. “Una dictadura no se mantiene sólo a sangre y fuego sino con la complicidad de civiles. Loma Negra triplicó su patrimonio con los negocios que hizo con la dictadura”, contó a PERFIL Matías, el hijo de Moreno. En rigor, la cementera fue proveedora para la construcción de las autopistas de Buenos Aires y para levantar los estadios de fútbol que se usaron para el Mundial de 1978. “Es la primera empresa denunciada por cartelización. El caso quedó frenado en la Corte Suprema”, contó Matías.
“Mi padre estuvo cuatro días en un centro clandestino de detención en Tandil. Nos llamaron para retirar su cuerpo desde La Plata. Estaba envuelto en una bandera del ejército argentino y nos pusieron la condición de que no fuera enterrado en Olavarría sino en La Plata”, precisó el hijo del abogado asesinado. Loma Negra era en ese momento de Amalia Lacroze de Fortabat. Hoy, el fideicomiso que quedó luego de la venta a Camargo Correa es administrado por Alfonso Prat-Gay y la beneficiaria es la hija de Fortabat, María Inés de Lafuente. El Gobierno nacional se presentará en el caso como querellante: ya está en la causa la secretaría de Derechos Humanos de la Provincia. El kirchnerismo propicia que se destape la complicidad civil en la dictadura. Ya inició una causa que investiga la compra de Papel Prensa, la planta que provee el papel para diarios, y puso bajo la lupa al CEO de Clarín, Héctor Magnetto, y al de La Nación, Bartolomé Mitre.

En el caso de Loma Negra la mayor parte de los miembros de la Comisión Directiva están muertos, empezando por Amalita. Después de la muerte de Fortabat, Amalita se puso en pareja con el coronel Luis Prémoli. “Estamos en etapa de investigación y solicitando los listados de las comisiones directivas de esos años”, dijo a PERFIL Moreno.
Otro caso que avanza sobre la complicidad civil es el de La Veloz del Norte, una gran empresa de transporte de pasajeros. Su dueño, Marcos Levin, está acusado ante un juzgado federal de Salta de haber sido partícipe necesario en la desaparición de doce trabajadores de la compañía, que estuvieron en un centro clandestino en esa provincia. Entre los desaparecidos hay un dirigente sindical llamado Víctor Cobos, que era chofer en la empresa.
Durante el juicio, varios atestiguaron que los secuestrados eran llevados a los centros clandestinos en autos que la empresa había puesto a disposición de las Fuerzas Armadas. Algo similar dicen que ocurrió en el Ingenio Ledesma, causa que tiene contra las cuerdas a Carlos Pedro Blaquier.
El Gobierno tiene intenciones de avanzar en otros casos. Entienden que hay material para empezar causas contra YPF y Acindar, que en ese momento eran del Estado, por haber “marcado” previamente a los trabajadores que luego fueron desaparecidos por la dictadura militar.
En el caso de Acindar, el involucrado es José Alfredo Martínez de Hoz, quien era su gerente. La complicidad civil en la dictadura es un camino difícil de transitar, sobre todo, tres décadas después de lo sucedido.

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