lunes, 13 de mayo de 2013

Condena para un represor uruguayo : es el primer General en ser procesado estando en actividad

Miguel Dalmao fue condenado a 28 años de prisión por la muerte de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, ocurrida en junio de 1974 en un establecimiento militar donde estaba detenida. Es el primer general activo en Uruguay juzgado por crímenes cometidos durante la dictadura y pudo ser procesado por una decisión de la Suprema Corte de Justicia que declaró inconstitucional la Ley de Caducidad para este caso puntual.

Dalmao había sido procesado el 8 de noviembre del 2010 cuando era jefe de la División de Ejército IV, que tiene su base en la ciudad de Minas, a 120 kilómetros de Montevideo. Fue el primer general ascendido tras la llegada al poder en Uruguay del Frente Amplio en el año 2005. A comienzos del 2011 empezó a tener problemas cardíacos y fue internado en el hospital militar, donde recibió la visita del presidente del país, José Mujica. Desde entonces Dalmao está bajo tratamiento médico y actualmente está internado en el mismo hospital militar de la capital uruguaya.

Nibia Salbasagaray era una profesora de literatura, de 25 años, que militaba en el Partido Comunista en la clandestinidad, cuando fue detenida el 29 de junio por la mañana, y llevada al entonces Batallón de Transmisiones del Ejército. Esa unidad era dirigida por José Chialanza, actualmente coronel retirado y también procesado por el mismo caso. Sobre el mediodía de ese mismo día, Sabalsagaray fue encontrada ahorcada en la celda.
La versión oficial de la época señalaba que la joven Sabalasagaray se ahorcó en el calabozo donde estaba detenida a las pocas horas de haber sido detenida, pero de las pericias forenses adjuntadas al expediente judicial se desprende que fue víctima de torturas. Dalmao fue encontrado responsable por "homicidio muy especialmente agravado" ya que cuando sucedieron los hechos era el segundo responsable de la unidad donde fue detenida.

La investigación de la muerte de Sabalsagaray fue posible después de que la Suprema Corte de Justicia de Uruguay declarara en octubre de 2009 inconstitucional la Ley de Caducidad, que impedía juzgar los crímenes cometidos por uniformados durante la dictadura, para este caso concreto.

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