Evitar la venta de Campomar. Podría vincularse a otras causas de lesa humanidad.
La Comisión Provincial por la Memoria decidió informar al Juzgado Federal Criminal y Correccional de La Plata a cargo del Juez Humberto Blanco sobre lo actuado en relación a la ex fábrica Campomar, cuyo predio podría haber funcionado como centro clandestino de detención, durante la última dictadura en la localidad de Valentín Alsina, Lanús.
Luego de que la medida cautelar de no innovar dispuesta por la Cámara Federal quedara agotada, el organismo informó todo lo tramitado al Juzgado Federal de Instrucción Nº3. En ese marco también se solicitaron medidas de prueba documental, testimonial y pericial del lugar, al considerar que puede surgir información relevante en relación a los hechos vinculados a la investigación de la llamada causa Camps residual que lleva adelante esa dependencia judicial.
El alerta
En agosto del año pasado, ante la inminente construcción de un complejo urbanístico de torres que comenzaría con la demolición de la ex fábrica, varios vecinos decidieron dar su testimonio sobre la presencia de militares y movimientos de vehículos en ese predio durante la dictadura. Veían con preocupación la demora del estado para intervenir en función de la preservación del lugar, en el caso de confirmarse su funcionamiento como centro de detención ilegal y clandestina.
Campomar dejó de funcionar como centro de trabajo industrial durante el año 1972. Dentro del predio, en la esquina de las calles Molinedo y Erezcano, funciona en la actualidad y también funcionaba durante el período 1976–1983, la Escuela de Enseñanza Media Nº 9. Los testimonios de docentes y vecinos del lugar en ese período dan cuenta de la existencia de ropa tirada en la zona de la fábrica, gritos y tiros provenientes del sitio y presencia de soldados en el ingreso, entre otras cosas.
Esto se suma a la relación con la Comisaría Tercera de Lanús, que se encuentra a tres cuadras de la ex Campomar y funcionó como centro clandestino de detención dentro del denominado Circuito Camps.
La cautelar
En septiembre de 2012 la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata dio lugar a la medida cautelar de no innovar presentada por la CPM y dio intervención al Equipo Argentino de Antropología Forense.
Dos meses después se conoció la resolución en la que dictaminaron que “…la ponderación de todos los elementos incorporados no permiten concluir que efectivamente, en la ex fábrica Campomar haya operado un centro clandestino de detención. Sí es plausible la hipótesis de su utilización ocasional por fuerzas militares y policiales, sobremanera si se repara en la circunstancia de que a pocas cuadras del lugar se ubica la Comisaría 3º de Lanús que conformó el denominado “Circuito Camps”…”. Es por esto que desde la CPM aseguran que “las diligencias efectuadas en la causa por la medida cautelar, no agotan la investigación y no implica que no se hayan cometido delitos de lesa humanidad en el mismo”.
Desde el organismo argumentan que no se agotaron las pericias ni estudios tendientes a buscar, estudiar y posiblemente detectar, la existencia de pruebas para determinar la función otorgada al predio durante la dictadura. Además consideran de vital importancia la prueba testimonial y en ese marco solicitaron las nuevas medidas probatorias.
La Comisión Provincial por la Memoria decidió informar al Juzgado Federal Criminal y Correccional de La Plata a cargo del Juez Humberto Blanco sobre lo actuado en relación a la ex fábrica Campomar, cuyo predio podría haber funcionado como centro clandestino de detención, durante la última dictadura en la localidad de Valentín Alsina, Lanús.
Luego de que la medida cautelar de no innovar dispuesta por la Cámara Federal quedara agotada, el organismo informó todo lo tramitado al Juzgado Federal de Instrucción Nº3. En ese marco también se solicitaron medidas de prueba documental, testimonial y pericial del lugar, al considerar que puede surgir información relevante en relación a los hechos vinculados a la investigación de la llamada causa Camps residual que lleva adelante esa dependencia judicial.
El alerta
En agosto del año pasado, ante la inminente construcción de un complejo urbanístico de torres que comenzaría con la demolición de la ex fábrica, varios vecinos decidieron dar su testimonio sobre la presencia de militares y movimientos de vehículos en ese predio durante la dictadura. Veían con preocupación la demora del estado para intervenir en función de la preservación del lugar, en el caso de confirmarse su funcionamiento como centro de detención ilegal y clandestina.
Campomar dejó de funcionar como centro de trabajo industrial durante el año 1972. Dentro del predio, en la esquina de las calles Molinedo y Erezcano, funciona en la actualidad y también funcionaba durante el período 1976–1983, la Escuela de Enseñanza Media Nº 9. Los testimonios de docentes y vecinos del lugar en ese período dan cuenta de la existencia de ropa tirada en la zona de la fábrica, gritos y tiros provenientes del sitio y presencia de soldados en el ingreso, entre otras cosas.
Esto se suma a la relación con la Comisaría Tercera de Lanús, que se encuentra a tres cuadras de la ex Campomar y funcionó como centro clandestino de detención dentro del denominado Circuito Camps.
La cautelar
En septiembre de 2012 la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata dio lugar a la medida cautelar de no innovar presentada por la CPM y dio intervención al Equipo Argentino de Antropología Forense.
Dos meses después se conoció la resolución en la que dictaminaron que “…la ponderación de todos los elementos incorporados no permiten concluir que efectivamente, en la ex fábrica Campomar haya operado un centro clandestino de detención. Sí es plausible la hipótesis de su utilización ocasional por fuerzas militares y policiales, sobremanera si se repara en la circunstancia de que a pocas cuadras del lugar se ubica la Comisaría 3º de Lanús que conformó el denominado “Circuito Camps”…”. Es por esto que desde la CPM aseguran que “las diligencias efectuadas en la causa por la medida cautelar, no agotan la investigación y no implica que no se hayan cometido delitos de lesa humanidad en el mismo”.
Desde el organismo argumentan que no se agotaron las pericias ni estudios tendientes a buscar, estudiar y posiblemente detectar, la existencia de pruebas para determinar la función otorgada al predio durante la dictadura. Además consideran de vital importancia la prueba testimonial y en ese marco solicitaron las nuevas medidas probatorias.
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