Así lo anunció Edgardo Moyano, abogado del CeProDH y precandidato a primer diputado provincial por la Cuarta Sección por el PTS en el FIT. También señaló la protección judicial que impera sobre José Luis Camarro, ex policía bonaerense, denunciado por ser autor de desapariciones, torturas y violaciones durante la dictadura. Sin embargo, Camarro sigue trabajando en el Poder Judicial.
Gloria Pagés - Hermana de desaparecidos | CeProDH
Las denuncias se conocieron por parte de víctimas de Camarro durante el juicio que se lleva adelante en el Juzgado Oral número 1, en la localidad bonaerense de Junín, contra siete ex militares y policías bonaerenses por secuestros y torturas a 24 personas.
Los testimonios de víctimas y sobrevivientes abrieron una verdadera caja de Pandora, ya que además de las acusaciones contra Camarro, que no estaba entre los acusados, se denunció a la Sociedad Rural de Junín por haber sido el sitio donde se alojaba a los detenidos desaparecidos, más precisamente en un sector dentro del predio llamado Punto 1.
Junín está conmocionada porque Camarro se desempeña hoy en la ayudantía de la Fiscalía de Lincoln. Y, a pesar de testimonios escalofriantes que lo sindican como autor de graves delitos, ni siquiera el Poder Judicial lo ha removido de su cargo. Simplemente le otorgaron una licencia por el tiempo que dure el juicio.
Sobre estos graves hechos, Edgardo Moyano anunció que “con los diputados del PTS-FIT, Nicolás del Caño y Myriam Bregman, presentaremos en el Congreso Nacional un proyecto de expropiación del predio de la Sociedad Rural donde funcionó el denominado “Punto 1” como lugar de detención de victimas del terrorismo de Estado. La Sociedad Rural no solo apoyó el golpe, sino que participó activamente en el terrorismo de Estado y es una de las principales beneficiadas al día de hoy con el modelo económico implementado por la dictadura”.
Christian Castillo, desde la Legislatura provincial, ya impulsó un proyecto de estas características con el predio denominado “el quincho” de la fábrica Ford, en general Pacheco, donde funcionó un centro clandestino de detención. La aprobación del proyecto en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires se logró con una intensa campaña, y se está a la espera que lo apruebe el Senado.
Sobre la designación de Camarro en la la ayudantía fiscal de Lincoln, Edgardo Moyano, quien también integra el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, afirmó que “presentaremos un repudio y pedido de explicaciones al Ministerio Público Fiscal desde el Congreso Nacional sobre esta nefasta situación, y exigiremos la expulsión de Camarro y el juicio y castigo por su participación en el terrorismo de Estado”. Esta situación cobró mayor notoriedad cuando se supo, a fines del año pasado, que era el chofer del Fiscal General del Departamento Judicial Junín, Juan Manuel Mastrorilli.
La figura de Camarro es siniestra: durante el proceso que se desarrolla se lo señaló como quien participó en la desaparición de Adrián Romié y Gilberto Mesa, dos víctimas del juicio. “Camarro me levantaba en cualquier lugar y me llevaba al hotel Los Pinos, a un monte que está cerca de Roca, y me violaba. Hacían lo que querían conmigo”, dijo María Elena Etchart una de sus víctimas, también en su cruda declaración en el juicio.
Varios testigos lo ubican como un torturador de la Comisaría Primera (uno de los centros clandestinos de detención de la ciudad) e indican que además Camarro era el carcelero, quien abría y cerraba los cerrojos cuando los secuestrados por el Estado eran trasladados a las sesiones de tortura.
“La impunidad que ostenta Camarro no sería posible sin el aval del poder político local. El Ministerio Público Fiscal, que es quien debe impulsar la investigación, debe dar explicaciones sobre la nueva designación”, dijo Moyano y agregó que “cuando Sergio Massa dice que hay que mirar para adelante y no hablar mas del pasado, cuando el FpV propone a Scioli como presidente y ninguno de los candidatos locales se pronuncia sobre esta grave situación, se prepara el terreno para que personas como Camarro sigan impunes y caminando por las calles”
Gloria Pagés - Hermana de desaparecidos | CeProDH
Las denuncias se conocieron por parte de víctimas de Camarro durante el juicio que se lleva adelante en el Juzgado Oral número 1, en la localidad bonaerense de Junín, contra siete ex militares y policías bonaerenses por secuestros y torturas a 24 personas.
Los testimonios de víctimas y sobrevivientes abrieron una verdadera caja de Pandora, ya que además de las acusaciones contra Camarro, que no estaba entre los acusados, se denunció a la Sociedad Rural de Junín por haber sido el sitio donde se alojaba a los detenidos desaparecidos, más precisamente en un sector dentro del predio llamado Punto 1.
Junín está conmocionada porque Camarro se desempeña hoy en la ayudantía de la Fiscalía de Lincoln. Y, a pesar de testimonios escalofriantes que lo sindican como autor de graves delitos, ni siquiera el Poder Judicial lo ha removido de su cargo. Simplemente le otorgaron una licencia por el tiempo que dure el juicio.
Sobre estos graves hechos, Edgardo Moyano anunció que “con los diputados del PTS-FIT, Nicolás del Caño y Myriam Bregman, presentaremos en el Congreso Nacional un proyecto de expropiación del predio de la Sociedad Rural donde funcionó el denominado “Punto 1” como lugar de detención de victimas del terrorismo de Estado. La Sociedad Rural no solo apoyó el golpe, sino que participó activamente en el terrorismo de Estado y es una de las principales beneficiadas al día de hoy con el modelo económico implementado por la dictadura”.
Christian Castillo, desde la Legislatura provincial, ya impulsó un proyecto de estas características con el predio denominado “el quincho” de la fábrica Ford, en general Pacheco, donde funcionó un centro clandestino de detención. La aprobación del proyecto en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires se logró con una intensa campaña, y se está a la espera que lo apruebe el Senado.
Sobre la designación de Camarro en la la ayudantía fiscal de Lincoln, Edgardo Moyano, quien también integra el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, afirmó que “presentaremos un repudio y pedido de explicaciones al Ministerio Público Fiscal desde el Congreso Nacional sobre esta nefasta situación, y exigiremos la expulsión de Camarro y el juicio y castigo por su participación en el terrorismo de Estado”. Esta situación cobró mayor notoriedad cuando se supo, a fines del año pasado, que era el chofer del Fiscal General del Departamento Judicial Junín, Juan Manuel Mastrorilli.
La figura de Camarro es siniestra: durante el proceso que se desarrolla se lo señaló como quien participó en la desaparición de Adrián Romié y Gilberto Mesa, dos víctimas del juicio. “Camarro me levantaba en cualquier lugar y me llevaba al hotel Los Pinos, a un monte que está cerca de Roca, y me violaba. Hacían lo que querían conmigo”, dijo María Elena Etchart una de sus víctimas, también en su cruda declaración en el juicio.
Varios testigos lo ubican como un torturador de la Comisaría Primera (uno de los centros clandestinos de detención de la ciudad) e indican que además Camarro era el carcelero, quien abría y cerraba los cerrojos cuando los secuestrados por el Estado eran trasladados a las sesiones de tortura.
“La impunidad que ostenta Camarro no sería posible sin el aval del poder político local. El Ministerio Público Fiscal, que es quien debe impulsar la investigación, debe dar explicaciones sobre la nueva designación”, dijo Moyano y agregó que “cuando Sergio Massa dice que hay que mirar para adelante y no hablar mas del pasado, cuando el FpV propone a Scioli como presidente y ninguno de los candidatos locales se pronuncia sobre esta grave situación, se prepara el terreno para que personas como Camarro sigan impunes y caminando por las calles”
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