Uruguay: Jueza cita a militares por delitos de la dictadura y sigue adelante

A partir de esta semana declararán indagados por una denuncia por abusos sexuales a 28 mujeres

La jueza penal Julia Staricco seguirá adelante con las investigaciones sobre delitos cometidos durante la dictadura (1973-1985) y dispuso a partir de hoy la citación de militares. A pesar del fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que declaró inconstitucional la ley interpretativa de la Caducidad y adujo que se trata de delitos comunes –no de delitos de lesa humanidad– y que esos delitos prescribieron, la magistrada entendió que no está inhibida de seguir actuando.

Consultada por El Observador, la jueza confirmó la decisión y explicó que la sentencia de la SCJ “rige para el caso concreto y en esta denuncia ninguno de los denunciados presentó recurso de inconstitucionalidad”.

El caso fue presentado el año pasado por el abogado y exjuez Federico Álvarez Petraglia en representación de 28 mujeres que denunciaron violaciones y abusos a mujeres que fueron detenidas en centros clandestinos durante la dictadura.

El primer militar que deberá declarar hoy es Julio Litovsky, quien tenía un cargo de jerarquía en el Regimiento de Caballería Nº 9. Mañana está citado a declarar Héctor Lascano, el jueves 14 será el turno de Asencio Lucero, el viernes 15 de Orosmán Pereyra y el 2 de abril de Ariel Ubillos. En abril también están citados a declarar tres militares ya procesados por estas causas y presos en la cárcel militar de Domingo Arena:  Jorge Silveira (el 1° de abril), José Nino Gavazzo (el 3) y Gilberto Vázquez (el 4). Pero los denunciados son más de 100 militares y policías que cumplían funciones en distintos regimientos militares donde fueron cometidos los delitos, según consta en la denuncia a la que accedió El Observador. Entre esos centros figuran el Regimiento de Caballería Nº 9, el Regimiento de Caballería Nº 4, La Tablada, la cárcel del Pueblo, el Regimiento de Artillería Nº 1, el cuartel La Paloma, el Batallón de Ingenieros Nº 1, Regimiento de Infantería Nº 1, el cuartel de Paso de los Toros, el Batallón de Infantería Nº 5 de Mercedes, Policía de Investigaciones de Mercedes, la cárcel de Paso de los Toros, la Jefatura de Policía de Salto, el cuartel de Infantería Nº 7, el penal de Punta de Rieles, el hospital Militar y la Jefatura de Policía de Montevideo.

La jueza Staricco admitió que es probable que los indagados presenten recursos de inconstitucionalidad, lo que podría interrumpir las citaciones. Si eso ocurre, la jueza deberá enviar el expediente a la SCJ. Pero si no lo hacen, adelantó que seguirá adelante.

Con respecto a los argumentos esgrimidos por la SCJ en la sentencia conocida el 22 de febrero sobre la prescripción de los delitos, Staricco dijo que “oportunamente se valorarán” al tener que dictar sentencia pero no quiso adelantar su posición. El fallo de la Corte no impide a los jueces seguir con las investigaciones, pero determina que al tratarse de delitos comunes estos prescribieron. De acuerdo con esa posición, si algún juez procesara militares, estos podrán apelar y si el caso llega a la Suprema Corte de Justicia es previsible que la corporación ordene el archivo de las causas.

Esta jueza tiene además otros dos presumarios en los que indaga a militares por torturas a hombres, por las que también prevé citaciones. En ninguna de ellas fue interpuesto el recurso de inconstitucionalidad.

Además, la magistrada estimó que tras la denuncia presentada por 28 mujeres se formarán varios presumarios. La jueza explicó que si los separa se podrá avanzar más rápido en la indagatoria y se evitará que si se presentan recursos deba suspenderse la indagatoria.

Delitos menos graves que homicidio

Si los homicidios cometidos durante la dictadura prescribieron en noviembre de 2011, los delitos denunciados en este expediente prescribieron antes, pues la violación y atentado violento al pudor tienen penas menores al homicidio. Por lo tanto, la única manera de juzgar militares por estos hechos es considerar a los delitos como de lesa humanidad, como plantea la denuncia a cargo de la jueza Julia Staricco.
Según sostiene la denuncia a la que accedió El Observador, se trató de “un plan sistemático orquestado por quienes detentaban el poder en forma ilegítima cuya finalidad era la destrucción física, moral y psicológica de las detenidas con particular énfasis en su condición de mujeres”.