MEDIO AÑO DE “MÁS DE LO MISMO”
Con 6 juicios parciales concluidos y 24 condenas en lo que va del año, las causas contra los genocidas se van desdibujando entre la repetición de imputados y el estiramiento indefinido de la obligación del Estado de investigar y condenar. Si 2013 significó 2 juicios menos que 2012, y consolidó el estancamiento del proceso de juzgamiento en dos decenas de juicios con un centenar y medio de condenas por año, la primera mitad de 2014 fue incluso menos productiva que aquel promedio.
Al 15 de Junio de 2014 el Estado argentino sólo efectivizó 117 juicios orales con sentencia en todo el país. En esos 117 juicios estuvieron procesados 656 represores, y hubo como resultado 590 condenas sobre 477 represores, 61 (menos 4) absueltos y 6 muertos impunes mientras duraba el proceso, por un universo de 2857 víctimas. Esto quiere decir que sólo alrededor del 31% del total de los 2.100 procesados desde 2003 fue llevado a juicio, y un 25% de ese número de procesados fue condenado.
Si tomamos como dato los 600 Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en todo el país durante la dictadura, los 477 condenados siguen representando, a más de 10 años de anuladas las leyes de impunidad, menos de 1 represor condenado por CCD. Esto marca claramente que la pretensión punitiva de estos procesos lejos está de representar la dimensión real del aparato represivo del Terrorismo de Estado.
Entonces, comparado con los miles de represores implicados en el Terrorismo de Estado entre el ’76 y el ’83 (200 mil según estimaciones del propio Ministerio de Defensa) e incluso comparado con los cerca de 2.100 procesados, ese 25% de condenados sobre procesados, es decir que casi el 70% de los represores procesados en 11 años está impune, el panorama es menos auspicioso que los datos defendidos como “avances” desde los sectores oficiales.
“Nuevos” juicios
Un reciente informe del Ministerio Público Fiscal de la Nación titulado “531 condenados y 56 absueltos, el balance actual de los juicios”, y firmado por el cronista oficial Lucas Miguel, nos muestra la parcialidad de criterio y el dibujo de estadísticas con que el Estado concibe los juicios a los genocidas. La única crítica al proceso que allí se menciona es que se “dictaron cinco nuevas sentencias condenatorias a 22 acusados (la mitad de los cuales ya habían recibido condenas en otros procesos)”. En curiosa defensa de un proceso aletargado y fragmentado, los fiscales confunden causas con consecuencias: si los jueces de instrucción fragmentan las causas que irán a juicio y frenan las investigaciones en lo primero que ellos les sugieren, se repetirán los imputados, y no a la inversa. El dato es aclaratorio de porqué la Procuración no deslinda en sus estadísticas entre condenas y condenados, o bien cuenta doble y hasta triple la cantidad de condenados en sus bases de datos (casos Videla, Menéndez y otros) cuando en realidad se trata de nuevas sentencias sobre las mismas personas. Una forma de hacer bulto para mostrar como avances lo que son pequeñas conquistas.
De los 6 nuevos juicios llegados a sentencia este año, 4 corresponden a causas residuales de otras ya juzgadas y el resto fueron procesos fragmentados que tomaron una sola víctima como caso. En febrero, la sentencia por la desaparición del colimba y militante montonero José Luis Rodriguez Diéguez en Chubut, donde se condenó a perpetua a los militares Teófilo Saa y Carlos Españadero, se convirtió en el segundo juicio en esa provincia en 10 años.
En mayo el tercer tramo de la causa por crímenes en el CCD La Escuelita de Neuquén trajo la condena a 5 represores del Comando del 5to Cuerpo del Ejército. 3 de ellos unificaron pena por condenas en previos tramos, 1 fue finalmente juzgado tras ser apartado por “razones de salud” en instancia anteriores y un policía Federal enfrentó por primera vez la irrisoria condena a 6 años y medio.
En el mismo mes se juzgó en Jujuy los casos de 7 presos políticos asesinados en un traslado desde el penal de Villa Gorriti, y se condenó al jefe del penal Vargas (ya condenado el año pasado) y sus laderos penitenciarios en el segundo juicio en la provincia.
También en mayo, la causa separada por el asesinato del militante del PRT-ERP Osvaldo Sigfrido “El Tordo” De Benedetti en Tucumán, logró las perpetuas de seis oficiales del Ejército. En las audiencias estuvo presente sólo 1 genocida, y de la causa fue apartado el carnicero Luciano Benjamín Menéndez, por estar muy ocupado afrontando otros dos juicios orales en La Rioja y Córdoba, y la rata máxima de Videla murió impune.
Mayo cerró con la condena residual a la obstetra del Hospital Militar Lidia Fanni Villavicencia, por su participación en la apropiación de Laura Catalina De Sanctis Ovando, caso ya juzgado en 2013 en el séptimo juicio por los crímenes en el CCD de Campo de Mayo.
Finalmente, la segunda parte de la causa contra el ex juez Víctor Hermes Brusa y el grupo de represores de la D2 santafecina ya condenados en diciembre de 2009, vió sentencia en junio y les unificó penas de entre 20 y 22 años.
Sólo la Cámara Federal de Casación, que junto con la Corte Suprema son responsables de sólo 114 sentencias firmes de las 590 condenas de primera instancia, dio una sorpresa en abril revocando las absoluciones de Rolón y García Velasco en el segundo tramo de ESMA, y en mayo las que habían beneficiado a Franco y Ruffo en la causa por el Plan Sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos.
El panorama general de la situación de las causas a los genocidas es bien complejo, con apenas 13 juicios en curso. Si tomamos los últimos 4 años veremos que lejos de crecer exponencialmente, el proceso anual de juzgamiento se va estancando en unos 25 juicios con unas 150 condenas cada año. En 2010 hubo 19 juicios con 114 condenas, mientras en 2011 hubo 21 con 84 condenas, en 2012 fueron 25 con 131 condenas, y en 2013 el proceso se estancó en 23 juicios concluidos con 161 condenas .
En esta etapa de los juicios es donde entra a pesar la fragmentación de las causas que llegan a juicio, y por eso sostenemos la necesidad de acumular las causas para juzgar por circuito represivo o por CCD: porque sabemos que incluso más juicios por año no es necesariamente más justicia, y porque sumar juicios en abstracto no es lo mismo que destacar que en 2010, 7 de los 19 juicios fueron a 1 o 2 represores, y que esa cifra aumentó en 2011 a 9 de los 21 procesos, se sostuvo en 2012 en 9 juicios y que en 2013 11 de los 23 procesos juzgaron a 3 represores o menos.
Y si bien está programada para el próximo 4 de julio la lectura de la sentencia en la causa por el asesinato de Enrique Angelelli en La Rioja, allí hay sólo 2 imputados: Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella. La llegada al debate oral de las causas grandes en los 3 principales distritos amenaza con retrasar la cantidad de condenas interanuales, y sólo si llegara este año a sentencia el tercer tramo de la Causa ESMA (que juzga a 68 represores), o en la megacausa por La Perla en Córdoba (iniciado en diciembre de 2012), o por los crímenes del CCD La Cacha en La Plata (con 21 imputados), se podrían equilibrar las cosas al promedio condenas anuales que se venía sosteniendo.
“Cerrar una etapa”
Así planteados, estos procesos continúan reproduciendo la situación de impunidad porque sólo serán juzgados una serie de casos emblemáticos, altos mandos y reputados represores, mientras el conjunto de miembros de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y de Inteligencia, o bien civiles, jueces, y curas que también planificaron y ejecutaron el genocidio quedará relegado a juzgarse en futuros inciertos debates o, si la tendencia actual se consolida, completamente libre.
La pereza que presenta la situación actual de la política de Juicio y Castigo, la palpable improvisación en la ejecución de herramientas que completen y aceleren el proceso, nos produce a muchos un efecto inverso al que debería generar la de una pretensión de Justicia: la sospecha de que cada juicio que se concreta fuera no la posibilidad de continuar avanzando con otras investigaciones por demás lejanas, sino la clausura del necesario esclarecimiento de responsabilidades sobre hechos, víctimas y verdugos que han sido arbitrariamente relegados de los debates que se han efectivizado.
Una clara convicción de los sectores que seguimos el camino crítico a este proceso que hoy analizamos, es que la investigación y sanción de TODOS los delitos cometidos por los verdugos de la dictadura militar es una responsabilidad indelegable del Estado, incluidos sus tres poderes constitutivos. Por todo esto denunciamos que no existe una voluntad real de condenar el carácter masivo y planificado de la represión, en un concepto, de reconocer que lo que aquí sucedió fue un Genocidio, y que todos, del primero al último de los verdugos, merecen castigo por formar parte del plan represivo.
HIJOS LA PLATA
Junio de 2014
NOTA: Las cifras que mencionamos son de elaboración propia. Para consultar nuestra base de datos, actualizada al 6 de Junio de 2014, buscar en http://www.hijosprensa.blogspot.com.ar
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Con 6 juicios parciales concluidos y 24 condenas en lo que va del año, las causas contra los genocidas se van desdibujando entre la repetición de imputados y el estiramiento indefinido de la obligación del Estado de investigar y condenar. Si 2013 significó 2 juicios menos que 2012, y consolidó el estancamiento del proceso de juzgamiento en dos decenas de juicios con un centenar y medio de condenas por año, la primera mitad de 2014 fue incluso menos productiva que aquel promedio.
Al 15 de Junio de 2014 el Estado argentino sólo efectivizó 117 juicios orales con sentencia en todo el país. En esos 117 juicios estuvieron procesados 656 represores, y hubo como resultado 590 condenas sobre 477 represores, 61 (menos 4) absueltos y 6 muertos impunes mientras duraba el proceso, por un universo de 2857 víctimas. Esto quiere decir que sólo alrededor del 31% del total de los 2.100 procesados desde 2003 fue llevado a juicio, y un 25% de ese número de procesados fue condenado.
Si tomamos como dato los 600 Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en todo el país durante la dictadura, los 477 condenados siguen representando, a más de 10 años de anuladas las leyes de impunidad, menos de 1 represor condenado por CCD. Esto marca claramente que la pretensión punitiva de estos procesos lejos está de representar la dimensión real del aparato represivo del Terrorismo de Estado.
Entonces, comparado con los miles de represores implicados en el Terrorismo de Estado entre el ’76 y el ’83 (200 mil según estimaciones del propio Ministerio de Defensa) e incluso comparado con los cerca de 2.100 procesados, ese 25% de condenados sobre procesados, es decir que casi el 70% de los represores procesados en 11 años está impune, el panorama es menos auspicioso que los datos defendidos como “avances” desde los sectores oficiales.
“Nuevos” juicios
Un reciente informe del Ministerio Público Fiscal de la Nación titulado “531 condenados y 56 absueltos, el balance actual de los juicios”, y firmado por el cronista oficial Lucas Miguel, nos muestra la parcialidad de criterio y el dibujo de estadísticas con que el Estado concibe los juicios a los genocidas. La única crítica al proceso que allí se menciona es que se “dictaron cinco nuevas sentencias condenatorias a 22 acusados (la mitad de los cuales ya habían recibido condenas en otros procesos)”. En curiosa defensa de un proceso aletargado y fragmentado, los fiscales confunden causas con consecuencias: si los jueces de instrucción fragmentan las causas que irán a juicio y frenan las investigaciones en lo primero que ellos les sugieren, se repetirán los imputados, y no a la inversa. El dato es aclaratorio de porqué la Procuración no deslinda en sus estadísticas entre condenas y condenados, o bien cuenta doble y hasta triple la cantidad de condenados en sus bases de datos (casos Videla, Menéndez y otros) cuando en realidad se trata de nuevas sentencias sobre las mismas personas. Una forma de hacer bulto para mostrar como avances lo que son pequeñas conquistas.
De los 6 nuevos juicios llegados a sentencia este año, 4 corresponden a causas residuales de otras ya juzgadas y el resto fueron procesos fragmentados que tomaron una sola víctima como caso. En febrero, la sentencia por la desaparición del colimba y militante montonero José Luis Rodriguez Diéguez en Chubut, donde se condenó a perpetua a los militares Teófilo Saa y Carlos Españadero, se convirtió en el segundo juicio en esa provincia en 10 años.
En mayo el tercer tramo de la causa por crímenes en el CCD La Escuelita de Neuquén trajo la condena a 5 represores del Comando del 5to Cuerpo del Ejército. 3 de ellos unificaron pena por condenas en previos tramos, 1 fue finalmente juzgado tras ser apartado por “razones de salud” en instancia anteriores y un policía Federal enfrentó por primera vez la irrisoria condena a 6 años y medio.
En el mismo mes se juzgó en Jujuy los casos de 7 presos políticos asesinados en un traslado desde el penal de Villa Gorriti, y se condenó al jefe del penal Vargas (ya condenado el año pasado) y sus laderos penitenciarios en el segundo juicio en la provincia.
También en mayo, la causa separada por el asesinato del militante del PRT-ERP Osvaldo Sigfrido “El Tordo” De Benedetti en Tucumán, logró las perpetuas de seis oficiales del Ejército. En las audiencias estuvo presente sólo 1 genocida, y de la causa fue apartado el carnicero Luciano Benjamín Menéndez, por estar muy ocupado afrontando otros dos juicios orales en La Rioja y Córdoba, y la rata máxima de Videla murió impune.
Mayo cerró con la condena residual a la obstetra del Hospital Militar Lidia Fanni Villavicencia, por su participación en la apropiación de Laura Catalina De Sanctis Ovando, caso ya juzgado en 2013 en el séptimo juicio por los crímenes en el CCD de Campo de Mayo.
Finalmente, la segunda parte de la causa contra el ex juez Víctor Hermes Brusa y el grupo de represores de la D2 santafecina ya condenados en diciembre de 2009, vió sentencia en junio y les unificó penas de entre 20 y 22 años.
Sólo la Cámara Federal de Casación, que junto con la Corte Suprema son responsables de sólo 114 sentencias firmes de las 590 condenas de primera instancia, dio una sorpresa en abril revocando las absoluciones de Rolón y García Velasco en el segundo tramo de ESMA, y en mayo las que habían beneficiado a Franco y Ruffo en la causa por el Plan Sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos.
El panorama general de la situación de las causas a los genocidas es bien complejo, con apenas 13 juicios en curso. Si tomamos los últimos 4 años veremos que lejos de crecer exponencialmente, el proceso anual de juzgamiento se va estancando en unos 25 juicios con unas 150 condenas cada año. En 2010 hubo 19 juicios con 114 condenas, mientras en 2011 hubo 21 con 84 condenas, en 2012 fueron 25 con 131 condenas, y en 2013 el proceso se estancó en 23 juicios concluidos con 161 condenas .
En esta etapa de los juicios es donde entra a pesar la fragmentación de las causas que llegan a juicio, y por eso sostenemos la necesidad de acumular las causas para juzgar por circuito represivo o por CCD: porque sabemos que incluso más juicios por año no es necesariamente más justicia, y porque sumar juicios en abstracto no es lo mismo que destacar que en 2010, 7 de los 19 juicios fueron a 1 o 2 represores, y que esa cifra aumentó en 2011 a 9 de los 21 procesos, se sostuvo en 2012 en 9 juicios y que en 2013 11 de los 23 procesos juzgaron a 3 represores o menos.
Y si bien está programada para el próximo 4 de julio la lectura de la sentencia en la causa por el asesinato de Enrique Angelelli en La Rioja, allí hay sólo 2 imputados: Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella. La llegada al debate oral de las causas grandes en los 3 principales distritos amenaza con retrasar la cantidad de condenas interanuales, y sólo si llegara este año a sentencia el tercer tramo de la Causa ESMA (que juzga a 68 represores), o en la megacausa por La Perla en Córdoba (iniciado en diciembre de 2012), o por los crímenes del CCD La Cacha en La Plata (con 21 imputados), se podrían equilibrar las cosas al promedio condenas anuales que se venía sosteniendo.
“Cerrar una etapa”
Así planteados, estos procesos continúan reproduciendo la situación de impunidad porque sólo serán juzgados una serie de casos emblemáticos, altos mandos y reputados represores, mientras el conjunto de miembros de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y de Inteligencia, o bien civiles, jueces, y curas que también planificaron y ejecutaron el genocidio quedará relegado a juzgarse en futuros inciertos debates o, si la tendencia actual se consolida, completamente libre.
La pereza que presenta la situación actual de la política de Juicio y Castigo, la palpable improvisación en la ejecución de herramientas que completen y aceleren el proceso, nos produce a muchos un efecto inverso al que debería generar la de una pretensión de Justicia: la sospecha de que cada juicio que se concreta fuera no la posibilidad de continuar avanzando con otras investigaciones por demás lejanas, sino la clausura del necesario esclarecimiento de responsabilidades sobre hechos, víctimas y verdugos que han sido arbitrariamente relegados de los debates que se han efectivizado.
Una clara convicción de los sectores que seguimos el camino crítico a este proceso que hoy analizamos, es que la investigación y sanción de TODOS los delitos cometidos por los verdugos de la dictadura militar es una responsabilidad indelegable del Estado, incluidos sus tres poderes constitutivos. Por todo esto denunciamos que no existe una voluntad real de condenar el carácter masivo y planificado de la represión, en un concepto, de reconocer que lo que aquí sucedió fue un Genocidio, y que todos, del primero al último de los verdugos, merecen castigo por formar parte del plan represivo.
HIJOS LA PLATA
Junio de 2014
NOTA: Las cifras que mencionamos son de elaboración propia. Para consultar nuestra base de datos, actualizada al 6 de Junio de 2014, buscar en http://www.hijosprensa.blogspot.com.ar
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