miércoles, 2 de enero de 2013

En el 2012 hubo 25 sentencias, perpetuas, excarcelaciones, prisiones domiciliarias....

En 2012 hubo 25 sentencias, perpetuas, excarcelaciones, prisiones domiciliarias...
Reconocimiento de plan sistemático del robo de menores, condenas por genocidio, reconocimiento y condena por delitos sexuales... pero también lamentables absoluciones y varios represores que murieron impunes.
 
Entre las sentencias más destacadas, el 16 de marzo fueron condenados a prisión perpetua los represores Julio Tomassi, Roque Papalardo y José Luis Ojeda, y dispuso una pena de 15 y 11 años a los civiles Felipe y Julio Méndez, respectivamente, en el juicio por el asesinato del abogado laboralista Carlos Alberto Moreno, secuestrado el 26 de abril de 1977.

El 23 de marzo, en Tucumán, el ex policía Miguel Angel Moreno fue condenado a 13 años de prisión al ser encontrado culpable por las torturas que sufrió Emma Aguirre, fallo que fue escuchado por la propia víctima, de 67 años.

Por otra parte, en Rosario y el 26 de marzo, fue condenado a prisión perpetua al ex comandante del II Cuerpo del Ejército Ramón Genaro Díaz Bessone, por los delitos de homicidio calificado por alevosía, privación ilegítima de la libertad y tormentos aplicados contra presos políticos.

También el 26 de marzo, pero en Córdoba, fueron condenados a prisión perpetua los ex integrantes del Comando Radioeléctrico de la policía provincial por el fusilamiento de los integrantes de la Juventud Universitaria Peronista Carlos Delfín Oliva, Ana María Villanueva y Jorge Diez, ocurrido el 2 de junio de 1976.

El 31 de mayo, en los Tribunales de San Martín, dos comisarios retirados de la Policía Bonaerense, Roberto Bustos y Jorge Bianchero, fueron condenados a 19 años y 9 años, respectivamente,  por el secuestro y desaparición de seis jóvenes de un taller literario, algunos de ellos estudiantes del "Mariano Acosta".

En la Capital Federal, el 8 de junio fueron condenados Pedro Santiago Godoy y Alfredo Omar Feito, a 25 y 18 años de prisión, respectivamente, por delitos de privación ilegitima de la libertad con aplicación de tormentos cometidos en el circuito "ABO", integrado por los centros clandestinos de detención Atlético, Banco y Olimpo.

En tanto, el 15 de junio en Catamarca fueron condenados el ex Jefe del Regimiento de Infantería Aerotransportado 17 Carlos Alberto Lucena y el ex Jefe General de Policía Juan Daniel Rauzzino a 16 y 10 años de prisión por la desaparición y muerte de Francisco Ponce, su hermana Griselda del Huerto Ponce, el sobrino de ambos, Julio Burgos, y la estudiante Yolanda Borda.

El 4 de julio, en Misiones, fueron condenados el ex jefe de la Policía provincial coronel (RE) Omar Herrero, a 20 años de prisión; el ex jefe de la Dirección de Informaciones Felipe Nicolás Giménez, a 21; y Carlos Alberto Pombo y Julio Amarilla, integrantes de la policía, a 7 años, todos juzgados por crímenes cometidos en tres centros clandestinos de detención que funcionaron en la capital misionera entre 1976 y 1978.

En Capital Federal, el 5 de julio, la justicia argentina reconoció la existencia de un plan sistemático de robo de bebés a mujeres secuestradas durante la última dictadura, al condenar a 50 años de reclusión, la máxima sanción prevista en la legislación nacional, al ex dictador Jorge Rafael Videla, y aplicó severas penas de hasta 40 años a otros represores.

En Mar del Plata, el 1 de octubre, seis represores fueron condenados a prisión perpetua por haber cometido crímenes en el denominado “circuito represivo Mar del Plata-Necochea”.

El 15 de octubre, en Comodoro Rivadavia, fueron condenados a prisión perpetua Emilio Del Real, Luis Sosa y Carlos Marandino como "coautores responsables del homicidio con alevosía" de 16 presos políticos y tres tentativas en el juicio por la Masacre de Trelew, perpetrada el 22 de agosto de 1972, durante la ditadura de Alejandro Lanusse, y considerada por el Tribunal como un "crimen de lesa humanidad", pero lamentablemente, todos estos asesinos están en libertad.

El 6 de noviembre, en Neuquén, fueron condenados 13 represores a penas que fueron de 23 a 6 años y medio por delitos de lesa humanidad, en el juicio conocido como "Escuelita II", y dos absoluciones

El 5 de diciembre, en Santiago del Estero, Musa Azar y otros cuatro represores fueron condenados a prisión perpetua en cárcel común, en el marco de la megacausa por el secuestro y desaparición forzada de 44 personas antes y durante la última dictadura.

En La Rioja, el 7 de diciembre, fueron condenados a prisión perpetua en cárcel común los represores Luciano Benjamín Menéndez, quien suma una nueva condena; Luis Fernando Estrella y Domingo Benito Vera, por los asesinatos de los sacerdotes Carlos Murias y Gabriel Longueville, que trabajaban con el también asesinado ex obispo de La Rioja, Enrique Angelelli.

El 14 de diciembre, el represor y obstetra del Hospital Naval Jorge Magnacco fue condenado a 10 años de prisión por la sustracción, retención y ocultación de Evelin Karina Bauer Pegoraro, a cuya madre atendió en el parto que tuvo lugar en el centro clandestino de detención que funcionó en la ESMA.

El 19 de diciembre el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata sentenció a prisión perpetua a 16 represores, entre ellos al civil Jaime Smart, ex ministro de gobierno bonaerense durante la dictadura, y al ex director de Investigaciones de la Bonaerense Miguel Etchecolatz, por crímenes cometidos en 6 centros clandestinos de detención, conocidos como "Circuito Camps", por el delito de genocidio. Un largo proceso de lucha en cuya etapa de instrucción participó Adriana Calvo, cuyo testimonio fue determinante. En dicho proceso asimismo la presencia de Jorge Julio López, fue mencionado por numerosos testigos.

Smart se convirtió en el primer ministro civil condenado por delito de genocidio.

En tanto, el 20 de diciembre fueron condenadas la médica de la policía bonaerense Nora Manacorda y la apropiadora Silvia Molina, a 10 años y cinco años y medio respectivamente, por la apropiación de Sebastián Casado Tasca, quien nació cuando su madre estaba cautiva en un centro clandestino de detención.

En tanto, el 21 de diciembre el ex agente de inteligencia militar Héctor Vergez fue condenado a 23 años de prisión por el secuestro y desaparición del responsable de inteligencia del Ejército Revolucionario del Pueblo, Javier Coccoz, el abogado Julio Gallego Soto y el entonces funcionario del Ministerio de Economía Julio Casariego de Bell.

El 27 de diciembre, en tanto, se conocieron tres sentencias en Rosario, Corrientes y Entre Ríos, donde los ex jefes de los regimientos de ejército de Concordia, Naldo Miguel Dasso, y de Gualeguaychú, Juan Miguel Valentino, fueron condenados a prisión perpetua en el juicio por la "megacausa Harguindeguy", en refencia al ex ministro del Interior de la dictadura Albano Harguindeguy, quien estaba imputado pero falleció mientras se desarrollaba el proceso.
 

“Los juicios de este tipo permiten acelerar los procesos en los casos de los lugares con mayor densidad de casos e imputados. Reducen la reiteración de testimonios, permiten dimensionar en su real magnitud lo sucedido, aparecen las complicidades civiles y minimizan las dificultades probatorias que suelen darse cuando los hechos se juzgan sin el contexto adecuado. Tienen también un mayor efecto social, que permite una discusión más amplia sobre los efectos de la dictadura”, dice Guadalupe Godoy, del colectivo Justicia Ya. Godoy señala, además, que los grandes procesos “evitan la aplicación de distintos criterios probatorios o de autoría en casos similares” y cita el ejemplo de Pedro Guerrero, un ex guardia del Servicio Penitenciario bonaerense que estaba prófugo cuando se realizó el juicio sobre la Unidad 9 de La Plata, fue juzgado después, resultó absuelto por casos que en el otro juicio estaban probados y recibió menos penas que sus subordinados, que fueron condenados antes. La abogada admite que en juicios que se prolongan en el tiempo existe el riesgo de que algunos acusados se mueran en el medio, como ocurrió con el ex gobernador bonaerense Ibérico Saint Jean en el juicio por el Circuito Camps, pero a más de 35 años de ocurridos los hechos, la posibilidad de que los represores que aún no fueron condenados fallezcan, está siempre latente.

Godoy, de Justicia Ya, destaca como lo positivo de este año la consolidación del enfoque sociológico del genocidio a nivel judicial, pero señala que muchos jueces de instrucción todavía tienen resistencia a acumular las causas y prefieren investigar hechos “aislados”. Afirma que hay “prácticas de selectividad no declaradas” sobre a quiénes imputar y a quiénes no: “En La Plata hay cientos de policías, militares, civiles y religiosos con requerimientos de instrucción desde hace años sin que los jueces se decidan citarlos a indagar”. Lo que queda pendiente, dice, es “vencer las resistencias del Poder Judicial para llevar adelante estos juicios, la lógica corporativa que lo sustenta se transforma en un obstáculo para el avance”.

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