Estamos nuevamente en esta Plaza para denunciar la creciente criminalización de la protesta social con la que el gobierno responde a las luchas populares que recorren la Argentina.
La criminalización de las luchas es un instrumento que ha sido utilizado por los distintos gobiernos de turno y que hoy aplica el gobierno de los Kirchner para intentar frenar las luchas de los trabajadores y de los diferentes movimientos populares intentando disciplinar y amedrentar a todos aquellos que cuestionan este sistema de miseria y opresión y que se organizan para exigir la resolución de sus necesidades. Persigue también a aquellos que sostienen posturas políticas antiimperialistas enfrentadas con los lineamientos que defienden las clases dominantes. Se pretende sancionar a las organizaciones populares a través de la persecución penal de sus dirigentes.
Día a día se profundiza y amplía la judicialización de la protesta. Hoy existen en nuestro país presos políticos. Se abren nuevas causas y se reactivan otras., que suman más de 5.000. Existe una tendencia a agravar las imputaciones utilizando figuras penales gravísimas que penden como una amenaza sobre la libertad de dirigentes y luchadores. Se están cuestionando derechos como el derecho a la huelga o a la movilización popular. El código contravencional de la ciudad de Buenos Aires, votado por el kirchnerismo y otros bloques opositores, está dirigido a profundizar la persecución y criminalización, penalizando cualquier tipo de manifestación callejera.
A más de siete años de la asunción de los Kirchner afirmamos que la impunidad, la represión y la persecución a los luchadores sigue siendo una finalidad de las políticas de Estado.
La criminalización de la protesta social es una herramienta necesaria para sostener un sistema que privilegia las ganancias de una pequeña minoría a costa de las necesidades y sufrimientos de las mayorías populares. En medio de la crisis mundial, los Kirchner incrementan la criminalización de las luchas para descargar el peso de la crisis sobre los trabajadores y el pueblo, devorando los salarios a través de una inflación permanente. Le dan protección a los negociados de los monopolios, bancos y terratenientes, paga una ilegitima deuda externa sobre la base del desfalco de los fondos de los jubilados y la confiscación del salario de los trabajadores. Impulsan la entrega y extranjerización de nuestras tierras y el saqueo de nuestros recursos naturales, por encima de derechos fundamentales al trabajo, a un salario y jubilación que se igualen al costo de la canasta familiar y a la defensa de educación y salud públicas y gratuitas. Pese al tan publicitado crecimiento económico, las desigualdades sociales siguen creciendo.
Los trabajadores, la juventud y el movimiento popular en su conjunto, responden con la lucha y con nuevas formas democráticas de organización.
Innumerables manifestaciones de la protesta popular se han desarrollado durante estos años: puebladas; movilizaciones; cortes de ruta; huelgas; escraches a genocidas; acampes; piquetes; ocupaciones de fábricas, de tierras y de edificios públicos, han sido distintas expresiones de la protesta de nuestro pueblo.
En las fábricas y empresas avanza un proceso de organización independiente del Estado y las patronales que pone en pie las asambleas y cuerpos de delegados en oposición a las burocracias de los sindicatos.
Este gobierno, que utiliza un doble discurso, presentándose como defensor de los derechos humanos y de las libertades democráticas en los hechos, descarga el peso del aparato judicial para perseguir la protesta social. Esto se demostró palmariamente con el caso de los asambleístas de Gualeguaychú, que pasaron de ser definidos, por el gobierno, como defensores de una “causa nacional” a ser tratados como delincuentes.
Para frenar este proceso de lucha y organización popular, el gobierno utiliza a las fuerzas de seguridad, a los medios de comunicación y a la justicia para criminalizar a los que luchan y acallar las voces que cuestionan esta política antipopular. En distintas provincias, donde gobiernan sectores opositores al gobierno nocional la situación es la misma. En Catamarca, el gobernador cobista Brizuela del Moral reprime y judicializa a los movimientos ambientalistas, protegiendo los intereses de las mineras contaminantes. En la Ciudad de Bs. As. el machismo, con el Código contravencional en la mano, desaloja a las familias humildes de los inquilinatos, expulsa de las calles a los feriantes y procesa a cientos de luchadores. La “flamante” policía metropolitana, creada por Macri, cuenta entre sus principales funcionarios a cuadros de la federal y represores de la época de la dictadura, que generaron, a instancias del gobierno de la Ciudad, una red de espionajes contra dirigentes populares y opositores.
Por eso desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia nos estamos movilizando y convocamos a la más amplia unidad de acción para frenar esta política de criminalización de las luchas y de avasallamiento de los derechos básicos a la protesta social y a las libertades democráticas.
La política de criminalización afecta a innumerables luchadores y dirigentes populares que han estado al frente de distintas expresiones de la protesta social en los últimos tiempos.
Gran parte de las luchas de los trabajadores que pelean por salario, condiciones de trabajo dignas o enfrentan despidos y suspensiones, pretenden ser amedrentadas utilizando una justicia cómplice, que utiliza el aparato represivo para enfrentarlas y que descarga imputaciones penales gravísimas contra dirigentes obreros y activistas que, en muchos casos, no comulgan con las conducciones sindicales oficialistas.
Este es el caso del conflicto Kraft–Terrabussi donde la patronal Yanqui incumplió toda la legislación laboral argentina y sin embargo los procesados son los trabajadores: Ramón Bogado, Javier Hermosilla, María Rosario y otros delegados y activistas obreros, demostrando la absoluta complicidad del gobierno con las arbitrariedades y los intereses de las patronales. Los trabajadores fueron violentamente reprimidos por la policía de Scioli y ahora enfrentan procesos penales que, de prosperar, no sólo cuestionan la libertad de los compañeros, sino que convierten en un delito derechos elementales como la ocupación de fábrica, método de lucha que utilizaron para defender sus puestos de trabajo y sus derechos laborales.
Otro caso emblemático es el de los trabajadores del subte donde pesan sobre Néstor Segovia y otros trabajadores distintas causas penales, por enfrentar a una patronal subsidiada por el gobierno. Ante la mirada cómplice del aparato represivo, en cada protesta se ven amenazados por una patota del oficialista sindicato de la UTA, que en complicidad con el Ministerio de Trabajo, pretende cercenar su derecho a la libre agremiación.
El juicio llevado adelante contra los ex trabajadores y ex delegados del Casino Bs. As es un ejemplo del enseñamiento político-judicial contra dos dirigentes sindicales combativos. A la patronal K de Cristóbal López no le bastó con los despidos, las nueve represiones y la desorganización del cuerpo de delegados. Persigue a los dirigentes de esa gran huelga para quebrar la voluntad de futuros luchadores dentro y fuera del Casino. Exigimos la inmediata absolución de Gastón Platowsky y Leo Bonnani.
Los ferroviarios de la línea Sarmiento, que el año pasado fueron llevados a juicio por defender la democracia sindical lograron, con la movilización unitaria, la absolución de veinticuatro trabajadores y delegados, entre ellos, Rubén “pollo” Sobrero. Pero la persecución continúa: pesan sobre ellos otras causas.
Se encuentran procesados dirigentes sindicales de la lucha del Hospital Francés y Garrahan y trabajadores de FP junto con militantes, que apoyaron solidariamente su lucha, contra los despidos que impuso la patronal. También se encuentran procesados los compañeros que encabezaron la lucha del supermercado Disco
Marcelo Gallardo, dirigente de FATE, enfrenta un juicio de desafuero gremial generado por la patronal. Los trabajadores de la editorial Colihue son procesados por el delito de usurpación por haber tomado las instalaciones en su lucha gremial. El Secretario General de Ademys ha sido recientemente procesado por la justicia de Macri por un corte de calle de los trabajadores de su sindicato.
Las luchas de los trabajadores desocupados, que han sido grandes protagonistas en la pelea contra el hambre y la falta de trabajo, siguen siendo reprimidas. Recientemente el gobernador Urtubey de Salta desató una brutal represión en Gral. Mosconi sobre hombres, mujeres y niños que pedían trabajo y comida, encarcelando al dirigente Pepino Fernández. Son numerosos los dirigentes del movimiento de desocupados que se encuentran procesados utilizando figuras del código penal o por delitos contravencionales en todo el país. Este es el caso de Oscar Kuperman y Juán Carlos Alderete.
En uno de los últimos acampes frente al Ministerio de Desarrollo Social se ha procesado por delitos como robo y resistencia a la autoridad a Pablo Solanas uno de los dirigentes que salió en auxilio de jóvenes manifestantes que eran reprimidos por la policía.
Los jóvenes estudiantes también se encuentran afectados por esta política de criminalización. Se han reactivado las causas contra los estudiantes que se movilizan en defensa de la universidad pública, por mayor presupuesto, contra la privatización y por su democratización. También se los penaliza por acciones de solidaridad con la lucha de los trabajadores.
Se reabrieron las causas contra dirigentes de la FUBA que participaron de la ocupación del rectorado luchando por la democratización d e los estatutos de la UBA y contra diez dirigentes estudiantiles por defender la sede del CBC de Merlo contra la privatización de la Universidad. Se suma también el caso de los dirigentes estudiantiles que protagonizaron los cortes de Callao y Corrientes en apoyo al conflicto de los trabajadores de Kraft –Terrabussi y continua en curso la causa contra los dirigentes de arquitectura que fue impulsada por Estebán Righi, hoy Procurador General de la Nación.
Asimismo, recientemente Estebán Bullrich, Ministro de Educación porteño, amenazó con judicializar a los estudiantes secundarios organizados en la CUES, que tomaron el ministerio en su lucha por calefacción y reformas edilicias.
Prácticamente no existe reclamo social que enfrente las políticas de los gobiernos de turno que no se vea amenazada por la judicialización y criminalización de la protesta. Es el caso de los ambientalistas de Gualeguaychú, pero también de los de Andalgalá y Vicente López o el de los pueblos originarios, campesinos pobres, familias sin techo ocupantes de predios y edificios abandonados, sobre los cuales se descargan causas penales y en muchos casos la represión abierta.
Otro aspecto de la política de criminalización es el que involucra a dirigentes políticos procesados, condenados y presos, por acciones y opiniones que enfrentan a la política oficial. Es el caso de Roberto Martino injustamente preso por oponerse al Estado genocida de Israel. De Esteche y Lezcano condenados por el escrache al local de Sobich en oportunidad del asesinato de Fuentealba. De Juan Carlos Beica, aberrantemente condenado por el delito de opinión, gracias a las gestiones de la Embajada Israelí y recientemente absuelto y de Rubén Saboulard, que continúa procesado.
O el procesamiento que pesa sobre Jorge Altamira, Néstor Pitrola y Marcelo Ramal en la causa por calumnias e injurias que les inició Raúl Alfredo Othacehé, la causa que, con la misma carátula, impulsó Aníbal Fernández contra Pino Solanas y las imputaciones contravencionales contra Christian Castillo.
Estos múltiples casos de procesamientos, y condenas son coronados por la existencia de presos políticos. Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, hubo más presos políticos que durante todos los gobiernos posteriores a la dictadura militar. Hoy exigimos la inmediata libertad de Roberto Martino, Karina Germano y José Villalba. Exigimos la inmediata libertad de Carlos Olivera y Claudio D’ Angelo, obreros de la construcción y miembros del nuevo sindicato: SITRAIC. Los compañeros están presos por defenderse de las patotas de la UOCRA.
En la madrugada de ayer fue expulsado ilegalmente del país el militante chileno JUAN MANUEL ALISTE VEGA, en una maniobra entre el presidente chileno y Cristina Fernández que, violando la legislación nacional e internacional, entregaron al compañero para que sea juzgado por un tribunal militar.
Esta política de criminalización de la protesta utilizando el aparato judicial tiene su necesario complemento en el mantenimiento de un aparato represivo que, heredado de la dictadura conserva entre sus filas a muchos funcionarios y agentes que se desempeñaron durante la misma y utiliza métodos represivos propios de aquellos tiempos. Esto es así en la gendarmería, la prefectura, la policía federal, y las policías provinciales.
Todo este aparato represivo es utilizado para perseguir y reprimir a los jóvenes de las barriadas populares, en lo que constituye una política de criminalización de la pobreza. Los miles de casos comprobados de gatillo fácil, como el de Carla Lacorte, de torturas y asesinatos como el de Rubén Carballo, y desapariciones como la de Luciano Arruga se han convertido en moneda corriente.
La juventud no sólo sufre el gatillo fácil y la tortura sino la impunidad como en el caso de la masacre de Cromañón.
Muchos de estos hechos generan verdaderas puebladas que, como la de Bariloche, enfrentan la brutalidad de un aparato represivo apañado por los gobiernos nacional y provinciales.
Existe una unidad estrecha entre esta criminalización de la pobreza con la política de criminalización de la protesta contra la que nos estamos manifestando. Bariloche resume emblemáticamente esta conexión. Lo detonó un caso típico de gatillo fácil, el asesinato Diego Bonefoi, pero la respuesta policial posterior a la justa indignación popular se cobró dos vidas más, las de Cárdenas y Carrasco, lo cual nos remite a la represión con balas de plomo en el puente Pueyrredón. Como en aquel entonces hoy los principales perseguidos no son los policías que dispararon a mansalva o los funcionarios políticos responsables, son los jóvenes de los barrios y activistas políticos y de los DDHH de la localidad que reclaman justicia, como en el caso de Marcos Huefcullén recientemente imputado en una causa de robo inventada. Todo ante la mirada cómplice de los gobernantes y funcionarios judiciales de la provincia.
Cuando “con el código penal en la mano”, como en su momento dijo el ministro Aníbal Fernández, se persigue a los que luchan, se brinda desde el poder una clara señal política para que las patotas de la burocracia sindical oficialista o del propio aparato oficial, encuentren tierra liberada por la policía para actuar contra las luchas de los trabajadores y el pueblo.
Este fue el caso de la patota K que atacó a los trabajadores del Francés, de la patota de la UTA que aparecen en cuanta protesta desarrollan los trabajadores del subte, de la patota de Moreno contra los trabajadores del INDEC o de la patota de barras bravas de la feria del libro, por mencionar solo algunos de los casos más resonantes. La impunidad de la que gozan solo puede explicarse por la protección de un gobierno, una justicia y un aparato represivo cómplices.
La existencia de leyes antiterroristas en el país heredadas de gobiernos pasados y ahora actualizadas en una nueva formulación a pedido de organismos imperialistas, refuerza esta política de criminalización. Mientras han desaparecido figuras como el terrorismo económico que penalizaba los delitos de los grandes empresarios, se han reforzado figuras penales para utilizarlas contra los que luchan, llegando al extremo de permitir arrestos por la arbitraria figura del merodeo.
El aparato represivo de la dictadura no fue desmantelado por ninguno de los gobiernos constitucionales posteriores. Esto ha permitido a la mano de obra de la dictadura intentar mantener su impunidad ante el avance de la lucha por el juicio y castigo de los genocidas. Es por eso que desapareció Jorge Julio López y su desaparición sigue impune luego de cuatro años. Por eso fue asesinada Silvia Suppo y su asesinato no tiene una sola pista veraz después de cuatro meses. La impunidad de ayer sigue vigente en el mismo hecho que más del 95 % de los militares sigue sin ser procesados. Consideramos que la lucha por el esclarecimiento de Julio López y el asesinato de Silvia Suppo junto a la lucha por el juicio y castigo a todos los genocidas por todos los compañeros es una lucha del presente y no del pasado. El aparato represivo heredero de la dictadura y la impunidad de la que goza, posibilitaron también el asesinato de Carlos Fuentealba y Lázaro Duarte.
Hoy nos movilizamos porque estamos convencidos que es necesario desarrollar una intensa y unitaria campaña destinada a frenar y terminar con esta creciente criminalización de la protesta social. No es posible que nuestro pueblo que ha luchado contra la impunidad del genocidio de la dictadura, contra aquellos que reprimieron la protesta social a sangre y fuego, vea amenazadas libertades básicas como el derecho a la protesta, a la libre expresión y opinión.
Hoy nos movilizamos para defender estas libertades contra la persecución y el amedrentamiento que utiliza el código penal o la represión abierta.
La negativa del gobierno de los Kirchner de impulsar medidas políticas o de sancionar distintos proyectos de ley contra la criminalización de las luchas durante estos años, demuestra claramente la hipocresía de su discurso. Mientras hablan de DDHH se niegan a despenalizar la protesta.
Por eso hacemos un llamado explícito a los dirigentes de las organizaciones obreras y populares, de organismos de DDHH, partidos políticos, a intelectuales y personalidades del ámbito de la cultura a sumarse a esta campaña contra la criminalización de las luchas y a generar una gran movilización popular que detenga este ataque a las libertades democráticas y los derechos del pueblo.
La historia de lucha de nuestro pueblo así lo exige.
No a la criminalización de la protesta social!
Libertad a los presos políticos (Roberto Martino, Karina Germano y José Villalba)
Cierre de las causas y anulación de las condenas a los trabajadores y demás luchadores populares!
Basta de represión, asesinatos y torturas a los jóvenes en los barrios!
La criminalización de las luchas es un instrumento que ha sido utilizado por los distintos gobiernos de turno y que hoy aplica el gobierno de los Kirchner para intentar frenar las luchas de los trabajadores y de los diferentes movimientos populares intentando disciplinar y amedrentar a todos aquellos que cuestionan este sistema de miseria y opresión y que se organizan para exigir la resolución de sus necesidades. Persigue también a aquellos que sostienen posturas políticas antiimperialistas enfrentadas con los lineamientos que defienden las clases dominantes. Se pretende sancionar a las organizaciones populares a través de la persecución penal de sus dirigentes.
Día a día se profundiza y amplía la judicialización de la protesta. Hoy existen en nuestro país presos políticos. Se abren nuevas causas y se reactivan otras., que suman más de 5.000. Existe una tendencia a agravar las imputaciones utilizando figuras penales gravísimas que penden como una amenaza sobre la libertad de dirigentes y luchadores. Se están cuestionando derechos como el derecho a la huelga o a la movilización popular. El código contravencional de la ciudad de Buenos Aires, votado por el kirchnerismo y otros bloques opositores, está dirigido a profundizar la persecución y criminalización, penalizando cualquier tipo de manifestación callejera.
A más de siete años de la asunción de los Kirchner afirmamos que la impunidad, la represión y la persecución a los luchadores sigue siendo una finalidad de las políticas de Estado.
La criminalización de la protesta social es una herramienta necesaria para sostener un sistema que privilegia las ganancias de una pequeña minoría a costa de las necesidades y sufrimientos de las mayorías populares. En medio de la crisis mundial, los Kirchner incrementan la criminalización de las luchas para descargar el peso de la crisis sobre los trabajadores y el pueblo, devorando los salarios a través de una inflación permanente. Le dan protección a los negociados de los monopolios, bancos y terratenientes, paga una ilegitima deuda externa sobre la base del desfalco de los fondos de los jubilados y la confiscación del salario de los trabajadores. Impulsan la entrega y extranjerización de nuestras tierras y el saqueo de nuestros recursos naturales, por encima de derechos fundamentales al trabajo, a un salario y jubilación que se igualen al costo de la canasta familiar y a la defensa de educación y salud públicas y gratuitas. Pese al tan publicitado crecimiento económico, las desigualdades sociales siguen creciendo.
Los trabajadores, la juventud y el movimiento popular en su conjunto, responden con la lucha y con nuevas formas democráticas de organización.
Innumerables manifestaciones de la protesta popular se han desarrollado durante estos años: puebladas; movilizaciones; cortes de ruta; huelgas; escraches a genocidas; acampes; piquetes; ocupaciones de fábricas, de tierras y de edificios públicos, han sido distintas expresiones de la protesta de nuestro pueblo.
En las fábricas y empresas avanza un proceso de organización independiente del Estado y las patronales que pone en pie las asambleas y cuerpos de delegados en oposición a las burocracias de los sindicatos.
Este gobierno, que utiliza un doble discurso, presentándose como defensor de los derechos humanos y de las libertades democráticas en los hechos, descarga el peso del aparato judicial para perseguir la protesta social. Esto se demostró palmariamente con el caso de los asambleístas de Gualeguaychú, que pasaron de ser definidos, por el gobierno, como defensores de una “causa nacional” a ser tratados como delincuentes.
Para frenar este proceso de lucha y organización popular, el gobierno utiliza a las fuerzas de seguridad, a los medios de comunicación y a la justicia para criminalizar a los que luchan y acallar las voces que cuestionan esta política antipopular. En distintas provincias, donde gobiernan sectores opositores al gobierno nocional la situación es la misma. En Catamarca, el gobernador cobista Brizuela del Moral reprime y judicializa a los movimientos ambientalistas, protegiendo los intereses de las mineras contaminantes. En la Ciudad de Bs. As. el machismo, con el Código contravencional en la mano, desaloja a las familias humildes de los inquilinatos, expulsa de las calles a los feriantes y procesa a cientos de luchadores. La “flamante” policía metropolitana, creada por Macri, cuenta entre sus principales funcionarios a cuadros de la federal y represores de la época de la dictadura, que generaron, a instancias del gobierno de la Ciudad, una red de espionajes contra dirigentes populares y opositores.
Por eso desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia nos estamos movilizando y convocamos a la más amplia unidad de acción para frenar esta política de criminalización de las luchas y de avasallamiento de los derechos básicos a la protesta social y a las libertades democráticas.
La política de criminalización afecta a innumerables luchadores y dirigentes populares que han estado al frente de distintas expresiones de la protesta social en los últimos tiempos.
Gran parte de las luchas de los trabajadores que pelean por salario, condiciones de trabajo dignas o enfrentan despidos y suspensiones, pretenden ser amedrentadas utilizando una justicia cómplice, que utiliza el aparato represivo para enfrentarlas y que descarga imputaciones penales gravísimas contra dirigentes obreros y activistas que, en muchos casos, no comulgan con las conducciones sindicales oficialistas.
Este es el caso del conflicto Kraft–Terrabussi donde la patronal Yanqui incumplió toda la legislación laboral argentina y sin embargo los procesados son los trabajadores: Ramón Bogado, Javier Hermosilla, María Rosario y otros delegados y activistas obreros, demostrando la absoluta complicidad del gobierno con las arbitrariedades y los intereses de las patronales. Los trabajadores fueron violentamente reprimidos por la policía de Scioli y ahora enfrentan procesos penales que, de prosperar, no sólo cuestionan la libertad de los compañeros, sino que convierten en un delito derechos elementales como la ocupación de fábrica, método de lucha que utilizaron para defender sus puestos de trabajo y sus derechos laborales.
Otro caso emblemático es el de los trabajadores del subte donde pesan sobre Néstor Segovia y otros trabajadores distintas causas penales, por enfrentar a una patronal subsidiada por el gobierno. Ante la mirada cómplice del aparato represivo, en cada protesta se ven amenazados por una patota del oficialista sindicato de la UTA, que en complicidad con el Ministerio de Trabajo, pretende cercenar su derecho a la libre agremiación.
El juicio llevado adelante contra los ex trabajadores y ex delegados del Casino Bs. As es un ejemplo del enseñamiento político-judicial contra dos dirigentes sindicales combativos. A la patronal K de Cristóbal López no le bastó con los despidos, las nueve represiones y la desorganización del cuerpo de delegados. Persigue a los dirigentes de esa gran huelga para quebrar la voluntad de futuros luchadores dentro y fuera del Casino. Exigimos la inmediata absolución de Gastón Platowsky y Leo Bonnani.
Los ferroviarios de la línea Sarmiento, que el año pasado fueron llevados a juicio por defender la democracia sindical lograron, con la movilización unitaria, la absolución de veinticuatro trabajadores y delegados, entre ellos, Rubén “pollo” Sobrero. Pero la persecución continúa: pesan sobre ellos otras causas.
Se encuentran procesados dirigentes sindicales de la lucha del Hospital Francés y Garrahan y trabajadores de FP junto con militantes, que apoyaron solidariamente su lucha, contra los despidos que impuso la patronal. También se encuentran procesados los compañeros que encabezaron la lucha del supermercado Disco
Marcelo Gallardo, dirigente de FATE, enfrenta un juicio de desafuero gremial generado por la patronal. Los trabajadores de la editorial Colihue son procesados por el delito de usurpación por haber tomado las instalaciones en su lucha gremial. El Secretario General de Ademys ha sido recientemente procesado por la justicia de Macri por un corte de calle de los trabajadores de su sindicato.
Las luchas de los trabajadores desocupados, que han sido grandes protagonistas en la pelea contra el hambre y la falta de trabajo, siguen siendo reprimidas. Recientemente el gobernador Urtubey de Salta desató una brutal represión en Gral. Mosconi sobre hombres, mujeres y niños que pedían trabajo y comida, encarcelando al dirigente Pepino Fernández. Son numerosos los dirigentes del movimiento de desocupados que se encuentran procesados utilizando figuras del código penal o por delitos contravencionales en todo el país. Este es el caso de Oscar Kuperman y Juán Carlos Alderete.
En uno de los últimos acampes frente al Ministerio de Desarrollo Social se ha procesado por delitos como robo y resistencia a la autoridad a Pablo Solanas uno de los dirigentes que salió en auxilio de jóvenes manifestantes que eran reprimidos por la policía.
Los jóvenes estudiantes también se encuentran afectados por esta política de criminalización. Se han reactivado las causas contra los estudiantes que se movilizan en defensa de la universidad pública, por mayor presupuesto, contra la privatización y por su democratización. También se los penaliza por acciones de solidaridad con la lucha de los trabajadores.
Se reabrieron las causas contra dirigentes de la FUBA que participaron de la ocupación del rectorado luchando por la democratización d e los estatutos de la UBA y contra diez dirigentes estudiantiles por defender la sede del CBC de Merlo contra la privatización de la Universidad. Se suma también el caso de los dirigentes estudiantiles que protagonizaron los cortes de Callao y Corrientes en apoyo al conflicto de los trabajadores de Kraft –Terrabussi y continua en curso la causa contra los dirigentes de arquitectura que fue impulsada por Estebán Righi, hoy Procurador General de la Nación.
Asimismo, recientemente Estebán Bullrich, Ministro de Educación porteño, amenazó con judicializar a los estudiantes secundarios organizados en la CUES, que tomaron el ministerio en su lucha por calefacción y reformas edilicias.
Prácticamente no existe reclamo social que enfrente las políticas de los gobiernos de turno que no se vea amenazada por la judicialización y criminalización de la protesta. Es el caso de los ambientalistas de Gualeguaychú, pero también de los de Andalgalá y Vicente López o el de los pueblos originarios, campesinos pobres, familias sin techo ocupantes de predios y edificios abandonados, sobre los cuales se descargan causas penales y en muchos casos la represión abierta.
Otro aspecto de la política de criminalización es el que involucra a dirigentes políticos procesados, condenados y presos, por acciones y opiniones que enfrentan a la política oficial. Es el caso de Roberto Martino injustamente preso por oponerse al Estado genocida de Israel. De Esteche y Lezcano condenados por el escrache al local de Sobich en oportunidad del asesinato de Fuentealba. De Juan Carlos Beica, aberrantemente condenado por el delito de opinión, gracias a las gestiones de la Embajada Israelí y recientemente absuelto y de Rubén Saboulard, que continúa procesado.
O el procesamiento que pesa sobre Jorge Altamira, Néstor Pitrola y Marcelo Ramal en la causa por calumnias e injurias que les inició Raúl Alfredo Othacehé, la causa que, con la misma carátula, impulsó Aníbal Fernández contra Pino Solanas y las imputaciones contravencionales contra Christian Castillo.
Estos múltiples casos de procesamientos, y condenas son coronados por la existencia de presos políticos. Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, hubo más presos políticos que durante todos los gobiernos posteriores a la dictadura militar. Hoy exigimos la inmediata libertad de Roberto Martino, Karina Germano y José Villalba. Exigimos la inmediata libertad de Carlos Olivera y Claudio D’ Angelo, obreros de la construcción y miembros del nuevo sindicato: SITRAIC. Los compañeros están presos por defenderse de las patotas de la UOCRA.
En la madrugada de ayer fue expulsado ilegalmente del país el militante chileno JUAN MANUEL ALISTE VEGA, en una maniobra entre el presidente chileno y Cristina Fernández que, violando la legislación nacional e internacional, entregaron al compañero para que sea juzgado por un tribunal militar.
Esta política de criminalización de la protesta utilizando el aparato judicial tiene su necesario complemento en el mantenimiento de un aparato represivo que, heredado de la dictadura conserva entre sus filas a muchos funcionarios y agentes que se desempeñaron durante la misma y utiliza métodos represivos propios de aquellos tiempos. Esto es así en la gendarmería, la prefectura, la policía federal, y las policías provinciales.
Todo este aparato represivo es utilizado para perseguir y reprimir a los jóvenes de las barriadas populares, en lo que constituye una política de criminalización de la pobreza. Los miles de casos comprobados de gatillo fácil, como el de Carla Lacorte, de torturas y asesinatos como el de Rubén Carballo, y desapariciones como la de Luciano Arruga se han convertido en moneda corriente.
La juventud no sólo sufre el gatillo fácil y la tortura sino la impunidad como en el caso de la masacre de Cromañón.
Muchos de estos hechos generan verdaderas puebladas que, como la de Bariloche, enfrentan la brutalidad de un aparato represivo apañado por los gobiernos nacional y provinciales.
Existe una unidad estrecha entre esta criminalización de la pobreza con la política de criminalización de la protesta contra la que nos estamos manifestando. Bariloche resume emblemáticamente esta conexión. Lo detonó un caso típico de gatillo fácil, el asesinato Diego Bonefoi, pero la respuesta policial posterior a la justa indignación popular se cobró dos vidas más, las de Cárdenas y Carrasco, lo cual nos remite a la represión con balas de plomo en el puente Pueyrredón. Como en aquel entonces hoy los principales perseguidos no son los policías que dispararon a mansalva o los funcionarios políticos responsables, son los jóvenes de los barrios y activistas políticos y de los DDHH de la localidad que reclaman justicia, como en el caso de Marcos Huefcullén recientemente imputado en una causa de robo inventada. Todo ante la mirada cómplice de los gobernantes y funcionarios judiciales de la provincia.
Cuando “con el código penal en la mano”, como en su momento dijo el ministro Aníbal Fernández, se persigue a los que luchan, se brinda desde el poder una clara señal política para que las patotas de la burocracia sindical oficialista o del propio aparato oficial, encuentren tierra liberada por la policía para actuar contra las luchas de los trabajadores y el pueblo.
Este fue el caso de la patota K que atacó a los trabajadores del Francés, de la patota de la UTA que aparecen en cuanta protesta desarrollan los trabajadores del subte, de la patota de Moreno contra los trabajadores del INDEC o de la patota de barras bravas de la feria del libro, por mencionar solo algunos de los casos más resonantes. La impunidad de la que gozan solo puede explicarse por la protección de un gobierno, una justicia y un aparato represivo cómplices.
La existencia de leyes antiterroristas en el país heredadas de gobiernos pasados y ahora actualizadas en una nueva formulación a pedido de organismos imperialistas, refuerza esta política de criminalización. Mientras han desaparecido figuras como el terrorismo económico que penalizaba los delitos de los grandes empresarios, se han reforzado figuras penales para utilizarlas contra los que luchan, llegando al extremo de permitir arrestos por la arbitraria figura del merodeo.
El aparato represivo de la dictadura no fue desmantelado por ninguno de los gobiernos constitucionales posteriores. Esto ha permitido a la mano de obra de la dictadura intentar mantener su impunidad ante el avance de la lucha por el juicio y castigo de los genocidas. Es por eso que desapareció Jorge Julio López y su desaparición sigue impune luego de cuatro años. Por eso fue asesinada Silvia Suppo y su asesinato no tiene una sola pista veraz después de cuatro meses. La impunidad de ayer sigue vigente en el mismo hecho que más del 95 % de los militares sigue sin ser procesados. Consideramos que la lucha por el esclarecimiento de Julio López y el asesinato de Silvia Suppo junto a la lucha por el juicio y castigo a todos los genocidas por todos los compañeros es una lucha del presente y no del pasado. El aparato represivo heredero de la dictadura y la impunidad de la que goza, posibilitaron también el asesinato de Carlos Fuentealba y Lázaro Duarte.
Hoy nos movilizamos porque estamos convencidos que es necesario desarrollar una intensa y unitaria campaña destinada a frenar y terminar con esta creciente criminalización de la protesta social. No es posible que nuestro pueblo que ha luchado contra la impunidad del genocidio de la dictadura, contra aquellos que reprimieron la protesta social a sangre y fuego, vea amenazadas libertades básicas como el derecho a la protesta, a la libre expresión y opinión.
Hoy nos movilizamos para defender estas libertades contra la persecución y el amedrentamiento que utiliza el código penal o la represión abierta.
La negativa del gobierno de los Kirchner de impulsar medidas políticas o de sancionar distintos proyectos de ley contra la criminalización de las luchas durante estos años, demuestra claramente la hipocresía de su discurso. Mientras hablan de DDHH se niegan a despenalizar la protesta.
Por eso hacemos un llamado explícito a los dirigentes de las organizaciones obreras y populares, de organismos de DDHH, partidos políticos, a intelectuales y personalidades del ámbito de la cultura a sumarse a esta campaña contra la criminalización de las luchas y a generar una gran movilización popular que detenga este ataque a las libertades democráticas y los derechos del pueblo.
La historia de lucha de nuestro pueblo así lo exige.
No a la criminalización de la protesta social!
Libertad a los presos políticos (Roberto Martino, Karina Germano y José Villalba)
Cierre de las causas y anulación de las condenas a los trabajadores y demás luchadores populares!
Basta de represión, asesinatos y torturas a los jóvenes en los barrios!
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