lunes, 31 de enero de 2011

A dos años de la desaparición de Luciano Arruga

Organizaciones de derechos humanos alzaron su voz para reclamar al Gobierno que tome medidas urgentes a fin de evitar que continúe en aumento la nómina de desaparecidos en democracia, al cumplirse dos años el próximo lunes de la última vez que Luciano Arruga fuera visto con vida en una comisaría del Conurbano bonaerense.

Las ONG también coincidieron en la necesidad de que el Estado avance "a fondo" con políticas que tiendan a reformar las fuerzas de seguridad para terminar con prácticas que se mantienen vigentes desde la última dictadura militar, como las "sesiones de torturas seguidas de muerte dentro de las comisarías".

Asimismo, exhortaron a la Justicia a dejar de "mirar hacia el costado" y trabajar con seriedad y determinación para castigar a los responsables, quienes "cometen esta clase de aberraciones porque se sienten impunes".

"Todavía hay muchos desaparecedores sueltos", advirtió Inés Izaguirre, covicepresidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), una entidad que prestó su colaboración a la familia de Arruga por intermedio de abogados de La Matanza, el partido de residencia del joven.

Dieciséis años tenía Luciano el 31 de enero de 2009 cuando, según la palabra de testigos que prestaron declaración ante la Justicia, fue detenido por policías del destacamento de Lomas del Mirador y torturado dentro de la comisaría.

"Luciano fue golpeado y lo mataron a golpes", aseguró Vanesa Orieta, hermana del joven desaparecido, y en declaraciones a Noticias Argentinas agregó que los ocho policías sospechosos del caso continúan en funciones.

También dijo que ni el Estado ni la Justicia tienen "interés en querer resolver" lo que sucedió con Arruga, mientras la causa judicial está caratulada como "averiguación de paradero" y a los efectivos involucrados sólo se los menciona como "testigos".

"Nosotros nunca tuvimos sospechas de lo que pudo haber pasado ni nos manejamos con hipótesis, a mi hermano le pidieron que robara para la Policía, lo empezaron a perseguir porque él dijo que no. Lo mataron por eso", sostuvo Orieta.

"Fue sometido a una tremenda violencia psicológica y física. Lo que le pasó a mi hermano le pasa a un montón de chicos que están hoy en la misma situación en la que estaba él", alertó Vanesa, que subrayó que Luciano fue "secuestrado, torturado y desaparecido" por efectivos de la Provincia hace dos años en el oeste del Gran Buenos Aires.

Arruga, sin embargo, es apenas uno de los más de 100 casos que tiene registrados la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) de personas víctimas de "gatillo fácil", de secuestros o torturas seguidas de muerte en manos de fuerzas de seguridad en el país desde el regreso de la democracia, en 1983, a la fecha.

"Probablemente haya muchos más", dijo María del Carmen Verdú, abogada y referente de la CORREPI, también en diálogo telefónico con la agencia NA.

Para Verdú, "la desaparición funciona como forma de encubrir otra modalidad de homicidio policial" e indicó que "en la mayoría de los casos de ´gatillo fácil´ o de sesiones de tortura seguidas de muerte están involucrados pibes que se niegan a ser reclutados como mano de obra de la brigada de calle".

Consultada sobre por qué estos episodios seguían aconteciendo después de 27 años de vida institucional en Argentina, Verdú respondió con un lacónico, "¿por qué no habrían de ocurrir?", y agregó: "Es la forma que adoptan las políticas represivas del Estado en democracia para imponer el amedrentamiento entre los más pobres".

Según la referente de CORREPI, el "gatillo fácil" y las sesiones de tortura son "herramientas" que utilizan las fuerzas de seguridad para dejar en claro "quién es el que manda" en el barrio y "hasta dónde llega su autoridad".

"Los pibes desde chicos saben bien qué les puede llegar a pasar si miran torcido a un policía", subrayó Verdú, que indicó que el país se registra una muerte por día en incidentes vinculados con la "represión preventiva" de fuerzas de seguridad. .

El "legado" de la dictadura.

Así como Verdú responsabilizó al Estado por los atropellos cometidos en las barriadas humildes del país, Paula Litvachky, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y su colega abogado Martín Alderete, de la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (CADeP), advirtieron que la nómina de desaparecidos en democracia podría continuar en aumento a menos que el Gobierno tome la decisión política de avanzar "a fondo" con una reforma de las fuerzas policiales.

"Es necesario que el Estado se involucre y ponga estos casos en la agenda de derechos humanos con la misma fuerza que tienen los juicios a los responsables de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura", sostuvo Litvachky.

La directora del programa Justicia Democrática del CELS (entidad que se presentó como querellante en la causa judicial por la desaparición de Arruga) opinó que existe una "falta de voluntad política para trabajar sobre estas cuestiones policiales y también de parte de la Justicia para investigar los casos de abusos" de las fuerzas de seguridad.

Esta combinación se traduce en "impunidad" para quienes cometen delitos, aseguró.

"Estamos hablando de la desaparición forzada de personas, uno de los hechos más graves que pueden suceder en democracia; deberían estar acompañados por decisiones enérgicas. Si la prioridad no está en investigarlos, ¿cuál es el objetivo de la política de derechos humanos?", remarcó la abogada.

"No puede ser que no se investiguen las desapariciones en democracia. Estos casos no van a dejar de existir si se mantiene una estructura de impunidad importante", alertó Litvachky, que al igual que su colega Alderete, expresó su preocupación por la "falta de control" con la que suele moverse la Policía bonaerense.

El abogado de CADeP afirmó que "la metodología de las fuerzas de seguridad no varió sustancialmente después de la dictadura", ya que embisten contra "los sectores más vulnerables" como una "forma de control social", al considerar como "enemigos potenciales" a los hombres jóvenes de barriadas pobres.

Alderete, quien logró mandar a la cárcel a los cabecillas de un escuadrón de la muerte que azolaba el norte del Gran Buenos Aires a comienzos de la década pasada, también fustigó al Estado por mostrarse "complaciente con este tipo de prácticas", pero dobló la apuesta de sus colegas y embistió contra el Gobierno kirchnerista.

"Desde 2003 a la fecha no ha habido una decisión política concreta de poner límites a los excesos policiales. No me sorprende; las fuerzas de seguridad dependen del Gobierno, pero también son funcionales al Gobierno. En realidad, me preocupa, porque estos casos se cuentan en vidas humanas", manifestó.

"Existe una enorme contradicción entre el discurso y la práctica del Gobierno nacional, porque a los genocidas de la dictadura sí los llevamos a juicio, pero seguimos garantizando la impunidad de hoy, para que casos de ´gatillo fácil´ y tortura sigan ocurriendo. Si continúan sucediendo es porque el Estado lo permite", consideró.

Si bien algunos casos pudieron ser esclarecidos, incluso con condenas a culpables (como la muerte de Andrés Núñez en 1990 en La Plata), y en otros se encontraron al menos los restos de las personas que se estaban buscando, en tres episodios emblemáticos de desaparecidos en democracia aún se desconoce el paradero de las víctimas.

Se trata del mencionado Arruga, de Miguel Bru (estudiante de periodismo que fue visto por última vez en una comisaría de La Plata en 1993) y del albañil Jorge Julio López, testigo clave en un juicio contra el represor Miguel Etchecolatz por delitos contra la humanidad cometidos en la última dictadura.

López desapareció el 18 de septiembre de 2006, después de que fuera condenado Etchecolatz.

"Estás cosas siguen pasando en democracia porque hay mucho desaparecedores sueltos", remarcó Izaguirre, de la APDH, y agregó: "En el caso de López no se tomaron las precauciones suficientes en la prisión donde está Etchecolatz. Muchos funcionarios ni siquiera creen que los otros siguen teniendo el poder que tienen".

"Es un grave error", opinó.

Izaguirre, docente universitaria, investigadora del Conicet y especialista en la "guerra civil y genocida en la Argentina", sostuvo que el país "ha avanzado mucho en materia de derechos humanos", pero aún queda un largo camino por recorrer, sobre todo en la provincia de Buenos Aires.

"Etchecolatz sigue teniendo poder aun desde la cárcel y no se vigila eso. El Estado tiene que intervenir", reclamó, y opinó que la Policía bonaerense es una "organización construida por el propio Etchecolatz y eso no se limpió lo suficiente" en todos estos años de democracia.

"Uno de los criterios de su supervivencia es su complicidad, es el encubrimiento y el silencio", enfatizó.

Por último, Litvachky llamó a la sociedad a comprometerse y reclamar también que los gobiernos nacionales y provinciales arbitren las medidas necesarias para evitar que se registren nuevos Adolfo Garrido (desparecido en Mendoza en 1990), Raúl Baigorria (Mendoza, 1990), Paulo Guardati (Mendoza, 1992), Héctor Gómez (Entre Ríos, 1994), Martín Basualdo (Entre Ríos, 1994), Iván Torres (Chubut, 2003), Elías Gorosito (Entre Ríos, 2008), Luciano González (Chubut, 2009), o tantos otros casos menos difundidos.

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