El ex titular del Juzgado Federal N°2 de la Capital, Rafael Sarmiento, se negó a declarar porque el juez no estaba presente en la audiencia. Los fiscales le imputan el secuestro del ex ministro de Economía bonaerense, Ramón Miralles, quien fue detenido en su juzgado en 1977.
El ex juez federal porteño durante la última dictadura, Rafael Sarmiento, se negó a prestar declaración indagatoria este miércoles en La Plata, en una causa en la que se le imputa su participación en la privación ilegal de la libertad y las torturas del ex ministro de Economía bonaerense, Ramón Miralles.
Sarmiento se presentó por sus medios en el Juzgado Federal N°3 de la capital bonaerense, que actualmente subroga Humberto Manuel Blanco, quien no estuvo presente en la audiencia por una indisposición momentánea. Sarmiento alegó la ausencia del juez para negarse a prestar declaración.
Por eso, ahora se aguarda que el juez Blanco -que decidió citar y no detener al imputado- fije una nueva audiencia y lo convoque a prestar declaración indagatoria.
El imputado se desempeñó durante la última dictadura cívico militar como titular del Juzgado Federal N°2 de la Capital Federal. Los fiscales platenses Marcelo Molina, Hernán Schapiro y Gerardo Fernández pidieron su indagatoria en abril pasado porque consideran que "el ex juez se constituyó en una pieza central para lograr la detención ilegal y los posteriores tormentos que sufrió Miralles".
La víctima fue secuestrada el 23 de junio de 1977 en la sede del juzgado a cargo de Sarmiento cuando fue a consultar el trámite de un habeas corpus preventivo que había interpuesto en su favor, dado que temía por su integridad y libertad. Para ese momento, sus hijos Carlos y Julio, y su nuera Luisa Villar estaban desaparecidos, mientras que su esposa, María Delia Arana, sus dos hermanos y la señora que realizaba tareas en su domicilio habían sido secuestrados y posteriormente liberados.
Miralles denunció que, en el trámite del habeas corpus, Sarmiento había recibido un pedido de detención del jefe de la Policía bonaerense, Ramón Camps. El juez entonces dio aviso a la policía y la víctima fue retirada del juzgado por el ex comisario de Avellaneda, Jorge Rómulo Ferranti.
Inmediatamente, Miralles fue ingresado al circuito de centros clandestinos de detención comandado por Camps. Pasó por los lugares conocidos como COTI Martínez y Puesto Vasco y por el Destacamento de Arana y la comisaría de Monte Grande. Según acreditó la Cámara Federal porteña en el juicio a Camps de 1986, en los dos primeros lugares Miralles fue torturado con picana eléctrica con la participación del ex médico policial Jorge Antonio Bergés. El cautiverio clandestino se prolongó hasta el 24 de agosto de 1978.
El comisario Ferranti, que retiró a Miralles del juzgado de Sarmiento, fue condenado el 3 de junio pasado a cuatro años de prisión por la aplicación de "vejaciones y severidades" a los hermanos Carlos, Alejandro y Rodolfo Iaccarino en la Brigada de Investigaciones de Avellaneda.
Hasta el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, Miralles había integrado el gabinete de ministros bonaerense de Victorio Calabró. Varios integrantes de aquél elenco resultaron víctimas del sistema de persecución implementado por Camps, quien los acusaba de haber hecho un pacto con la organización Montoneros.
En el pedido de detención de Sarmiento, los fiscales consideraron que "por su carácter de juez federal, Sarmiento debía conocer la ilegalidad de la detención que ejecutó en el recinto de su juzgado, para poner a disposición del jefe policial de otra jurisdicción a una persona que le había presentado un habeas corpus preventivo y que diariamente concurría a su juzgado para estar enterado de las novedades que podían producirse en su trámite."
"Entendemos que Sarmiento fue el ejecutor de la orden ilegal de detención –y sus consecuencias ulteriores-, hecho que se ve agravado por su condición de juez federal y garante de la libertad de la víctima, sobre todo porque contaba con los elementos para revisar la legitimidad de la orden y también para impedirla", agregaron los representantes del Ministerio Público Fiscal.
El ex juez federal porteño durante la última dictadura, Rafael Sarmiento, se negó a prestar declaración indagatoria este miércoles en La Plata, en una causa en la que se le imputa su participación en la privación ilegal de la libertad y las torturas del ex ministro de Economía bonaerense, Ramón Miralles.
Sarmiento se presentó por sus medios en el Juzgado Federal N°3 de la capital bonaerense, que actualmente subroga Humberto Manuel Blanco, quien no estuvo presente en la audiencia por una indisposición momentánea. Sarmiento alegó la ausencia del juez para negarse a prestar declaración.
Por eso, ahora se aguarda que el juez Blanco -que decidió citar y no detener al imputado- fije una nueva audiencia y lo convoque a prestar declaración indagatoria.
El imputado se desempeñó durante la última dictadura cívico militar como titular del Juzgado Federal N°2 de la Capital Federal. Los fiscales platenses Marcelo Molina, Hernán Schapiro y Gerardo Fernández pidieron su indagatoria en abril pasado porque consideran que "el ex juez se constituyó en una pieza central para lograr la detención ilegal y los posteriores tormentos que sufrió Miralles".
La víctima fue secuestrada el 23 de junio de 1977 en la sede del juzgado a cargo de Sarmiento cuando fue a consultar el trámite de un habeas corpus preventivo que había interpuesto en su favor, dado que temía por su integridad y libertad. Para ese momento, sus hijos Carlos y Julio, y su nuera Luisa Villar estaban desaparecidos, mientras que su esposa, María Delia Arana, sus dos hermanos y la señora que realizaba tareas en su domicilio habían sido secuestrados y posteriormente liberados.
Miralles denunció que, en el trámite del habeas corpus, Sarmiento había recibido un pedido de detención del jefe de la Policía bonaerense, Ramón Camps. El juez entonces dio aviso a la policía y la víctima fue retirada del juzgado por el ex comisario de Avellaneda, Jorge Rómulo Ferranti.
Inmediatamente, Miralles fue ingresado al circuito de centros clandestinos de detención comandado por Camps. Pasó por los lugares conocidos como COTI Martínez y Puesto Vasco y por el Destacamento de Arana y la comisaría de Monte Grande. Según acreditó la Cámara Federal porteña en el juicio a Camps de 1986, en los dos primeros lugares Miralles fue torturado con picana eléctrica con la participación del ex médico policial Jorge Antonio Bergés. El cautiverio clandestino se prolongó hasta el 24 de agosto de 1978.
El comisario Ferranti, que retiró a Miralles del juzgado de Sarmiento, fue condenado el 3 de junio pasado a cuatro años de prisión por la aplicación de "vejaciones y severidades" a los hermanos Carlos, Alejandro y Rodolfo Iaccarino en la Brigada de Investigaciones de Avellaneda.
Hasta el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, Miralles había integrado el gabinete de ministros bonaerense de Victorio Calabró. Varios integrantes de aquél elenco resultaron víctimas del sistema de persecución implementado por Camps, quien los acusaba de haber hecho un pacto con la organización Montoneros.
En el pedido de detención de Sarmiento, los fiscales consideraron que "por su carácter de juez federal, Sarmiento debía conocer la ilegalidad de la detención que ejecutó en el recinto de su juzgado, para poner a disposición del jefe policial de otra jurisdicción a una persona que le había presentado un habeas corpus preventivo y que diariamente concurría a su juzgado para estar enterado de las novedades que podían producirse en su trámite."
"Entendemos que Sarmiento fue el ejecutor de la orden ilegal de detención –y sus consecuencias ulteriores-, hecho que se ve agravado por su condición de juez federal y garante de la libertad de la víctima, sobre todo porque contaba con los elementos para revisar la legitimidad de la orden y también para impedirla", agregaron los representantes del Ministerio Público Fiscal.
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