Cámara baja EEUU rechaza medida sobre Argentina
Una propuesta del legislador demócrata Maurice Hinchey para que el director nacional de inteligencia entregue al Congreso información sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por la última dictadura argentina (1976-1983) fue rechazada el viernes en la cámara baja con 214 votos en contra y 194 a favor.
La propuesta buscaba que los organismos estadounidenses de espionaje entregaran a comisiones de inteligencia en ambas cámaras información confidencial sobre las violaciones del gobierno militar argentino que dejó 30.000 desaparecidos, según las denuncias de grupos de derechos humanos, con el objeto de "arrojar luz sobre el destino desconocido de cientos de niños argentinos que nacieron en cautiverio y fueron distribuidos a integrantes de los cuerpos de seguridad".
Una medida similar de Hinchey en 1999 provocó la difusión de al menos 24.000 documentos sobre Chile durante el mandato del presidente Bill Clinton que ayudaron a enjuiciar crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Los documentos demostraron que el gobierno de Estados Unidos había estado muy involucrado en la desestabilización del gobierno y economía de Chile durante casi dos décadas.
Durante el debate del jueves sobre la medida, el representante republicano Mike Rogers, presidente del comité de espionaje, expresó su oposición argumentando que sería una distracción de tiempo y de recursos para los organismos estadounidenses de espionaje, que necesitan concentrar sus esfuerzos en desmantelar a organizaciones terroristas como Al-Qaida.
"No se comprende cómo un país puede proclamarse defensor de los derechos humanos y su Congreso poner obstáculos para que una abuela pueda reencontrase con su nieto", afirmó Alan Iud, abogado de las Abuelas de Plaza de Mayo, quienes denunciaron la desaparición de 500 niños nacidos durante el cautiverio de sus madres en centros clandestinos de tortura o secuestrados junto a sus padres. En su mayoría los niños fueron adoptados ilegalmente por otras familias, generalmente de militares, y anotados con otra identidad.
Hasta el momento fueron identificados 104 nietos, hoy adultos de entre 30 y 35 años.
Iud recordó que archivos desclasificados del Departamento de Estado sirvieron de prueba en varios juicios contra represores por crímenes de lesa humanidad.
"Para Abuelas sería muy importante poder acceder a esa información que podría ayudar a localizar a los nietos", destacó el abogado.
Hinchey la calificó como una oportunidad desperdiciada.
"Estados Unidos puede jugar un papel vital en levantar el velo de confidencialidad que ha rodeado los terribles abusos de derechos humanos de los déspotas regímenes militares que gobernaron Argentina", dijo Hinchey en un comunicado.
"Nuestros organismos de espionaje pueden tener la llave que ayude a abrir algunos misterios sobre las identidades de cientos de ciudadanos argentinos que fueron separados de sus familias biológicas como resultado de las atrocidades", agregó.
La cámara baja había aprobado una medida similar en 2008, 2009 y 2010, pero las tres veces naufragó en el Senado.
Una propuesta del legislador demócrata Maurice Hinchey para que el director nacional de inteligencia entregue al Congreso información sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por la última dictadura argentina (1976-1983) fue rechazada el viernes en la cámara baja con 214 votos en contra y 194 a favor.
La propuesta buscaba que los organismos estadounidenses de espionaje entregaran a comisiones de inteligencia en ambas cámaras información confidencial sobre las violaciones del gobierno militar argentino que dejó 30.000 desaparecidos, según las denuncias de grupos de derechos humanos, con el objeto de "arrojar luz sobre el destino desconocido de cientos de niños argentinos que nacieron en cautiverio y fueron distribuidos a integrantes de los cuerpos de seguridad".
Una medida similar de Hinchey en 1999 provocó la difusión de al menos 24.000 documentos sobre Chile durante el mandato del presidente Bill Clinton que ayudaron a enjuiciar crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Los documentos demostraron que el gobierno de Estados Unidos había estado muy involucrado en la desestabilización del gobierno y economía de Chile durante casi dos décadas.
Durante el debate del jueves sobre la medida, el representante republicano Mike Rogers, presidente del comité de espionaje, expresó su oposición argumentando que sería una distracción de tiempo y de recursos para los organismos estadounidenses de espionaje, que necesitan concentrar sus esfuerzos en desmantelar a organizaciones terroristas como Al-Qaida.
"No se comprende cómo un país puede proclamarse defensor de los derechos humanos y su Congreso poner obstáculos para que una abuela pueda reencontrase con su nieto", afirmó Alan Iud, abogado de las Abuelas de Plaza de Mayo, quienes denunciaron la desaparición de 500 niños nacidos durante el cautiverio de sus madres en centros clandestinos de tortura o secuestrados junto a sus padres. En su mayoría los niños fueron adoptados ilegalmente por otras familias, generalmente de militares, y anotados con otra identidad.
Hasta el momento fueron identificados 104 nietos, hoy adultos de entre 30 y 35 años.
Iud recordó que archivos desclasificados del Departamento de Estado sirvieron de prueba en varios juicios contra represores por crímenes de lesa humanidad.
"Para Abuelas sería muy importante poder acceder a esa información que podría ayudar a localizar a los nietos", destacó el abogado.
Hinchey la calificó como una oportunidad desperdiciada.
"Estados Unidos puede jugar un papel vital en levantar el velo de confidencialidad que ha rodeado los terribles abusos de derechos humanos de los déspotas regímenes militares que gobernaron Argentina", dijo Hinchey en un comunicado.
"Nuestros organismos de espionaje pueden tener la llave que ayude a abrir algunos misterios sobre las identidades de cientos de ciudadanos argentinos que fueron separados de sus familias biológicas como resultado de las atrocidades", agregó.
La cámara baja había aprobado una medida similar en 2008, 2009 y 2010, pero las tres veces naufragó en el Senado.
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