viernes, 13 de mayo de 2011

Informe de AI :se juzga a represores y siguen casos de tortura y malos tratos.

Argentina juzga a represores, mientras siguen casos de tortura y malos tratos

Amnistía Internacional alerta de torturas y malos tratos en prisiones y comisarías de Argentina, un país donde continúan los procesos contra responsables de violaciones de los derechos humanos cometidas durante la última dictadura (1976-1983).

En su informe de 2011 sobre el estado de los derechos humanos en el mundo que se presenta hoy en Londres, Amnistía Internacional (AI) indica que al finalizar el año pasado 110 personas habían sido condenadas por violaciones de los derechos humanos durante la dictadura, otras 280 estaban procesadas y se seguían celebrando trece juicios, según datos oficiales.

Entre los declarados responsables de estos hechos se encuentran los exdictadores Jorge Videla y Reynaldo Bignone, el primero por la tortura y muerte de más de 30 presos en Córdoba en 1976 y el segundo por torturas, asesinato y secuestros en el centro de detención del Campo de Mayo, a las afueras de Buenos Aires.

También el exgeneral Luciano Benjamín Menéndez y el exjefe de Inteligencia de la policía de Tucumán Roberto Albornoz fueron condenados a cadena perpetua.

Mientras tanto, el año pasado continuó el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía (con lesiones y muertes de personas) y las condiciones de reclusión inhumanas, según AI, que alude a informes sobre torturas y otros malos tratos en prisiones y comisarías, en especial en las provincias de Buenos Aires y Mendoza.

Además, Amnistía denuncia que las mujeres y menores embarazadas a causa de violaciones se enfrentan a grandes trabas a la hora de acceder al aborto legal.

Respecto a la justicia internacional, la organización defensora de los derechos humanos recuerda que se concedió la condición de refugiado a Sergio Galvarino Apablaza y se cerró su expediente de extradición a Chile en relación con el asesinato del senador Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards, en 1991.

Sobre los pueblos indígenas, AI destaca la falta de aplicación de la ley de emergencia nacional que suspendía la ejecución de las órdenes de desalojo y expulsión de éstos de sus tierras tradicionales, hasta que se efectuara un estudio a nivel nacional.

Así, la policía dispersó violentamente a personas de la comunidad toba qom que cortaban una carretera en protesta por los planes de erigir en sus tierras una universidad y quemó los alojamientos temporales de esta población indígena, en unos hechos en los que murió un agente y un miembro de ese colectivo.

Los miembros de comunidades indígenas y campesinas fueron también los principales afectados por los 120 conflictos relacionados con la tierra y el medioambiente en la región del Chaco.

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