domingo, 15 de mayo de 2011

Ushuaia: preocupación por el cierre de una causa que investigaba la protección a un represor

El conjuez Federal de Ushuaia, Antonio Aciar, desestimó en 24 horas un pedido de la Fiscalía para que se considere delito de lesa humanidad la protección que habría recibido en la ciudad de Ushuaia el ex capitán de navío Jorge Raúl Vildoza, uno de los represores prófugos más buscado del país.

De este modo, la causa donde se investiga si Vildoza vivió en Ushuaia durante 2001 y 2002, y lavó dinero apropiado a personas desaparecidas durante la última dictadura militar podría cerrarse por la prescripción de los ilícitos en que se encuadraron los hechos, indicaron fuentes judiciales.

Vildoza fue el segundo jefe de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) entre 1976 y 1980, y está prófugo desde 1986, luego de negarse a comparecer en el Juicio a las Juntas.

A pesar de que nunca fue apresado, en 1998 se comprobó, mediante un análisis de ADN, que uno de sus hijos había sido apropiado a un matrimonio de desaparecidos, Cecilia Viñas y Hugo Penino.

El represor, que también enfrenta pedidos de detención por imputaciones similares en España, habría vivido en diferentes períodos en Austria, Sudáfrica y Paraguay, aunque hay indicios que lo sitúan en el Fin del Mundo en los primeros años de este siglo.

El nexo entre Vildoza y Tierra del Fuego es la empresa American Data SA que regenteó los casinos electrónicos Oshowia, en Ushuaia, y Casablanca, en Río Grande.

El titular de la firma es Jorge Ernesto Vildoza, uno de los hijos del ex militar prófugo, y para quien trabajó desde 1995 el abogado oriundo de Misiones Oscar Beccaluva.

A principios de 2001, American Data le encomendó a Beccaluva viajar a Ushuaia para iniciar una demanda civil contra el Instituto Provincial de Regulación de Apuestas (IPRA) para reclamar el cobro indebido de cánones, en momentos en que el gobierno provincial había resuelto no renovar la licencia de los casinos.

Según los directivos de la empresa, le enviaron al abogado el importe de la tasa de justicia (unos 34 mil pesos de la época) y éste se quedó con el dinero y tramitó un beneficio para litigar sin gastos.

Como consecuencia, otros letrados de la firma denunciaron penalmente a Beccaluva por presunta defraudación y se formó una causa penal.

Cuando el ex abogado de American Data declaró ante la jueza María Cristina Barrionuevo por ese caso, el 28 de abril de 2006, resolvió contar en detalle las supuestas actividades de la familia Vildoza en Tierra del Fuego.

En esa oportunidad explicó sus vínculos con el ex capitán de navío desde el regreso de la democracia, la relación que habría entre los casinos y el dinero apropiado a desaparecidos y la forma en que Vildoza habría vivido en Ushuaia bajo la protección de otras personas.

Según el testimonio de Beccaluva, el represor recibió ayuda de dos abogados locales, Jorge Kresser Pereyra y Demetrio Martinelli, siendo este último el que lo denunció en la causa de la presunta estafa a American Data.

La declaración del letrado misionero fue girada luego, por razones de competencia, al Juzgado Federal de Ushuaia, a cargo del juez Federico Calvete, donde se formó una causa por separado.

Sin embargo, Calvete se excusó de intervenir por mantener "trato familiar" con Martinelli, y el caso pasó a manos del conjuez Aciar.

Beccaluva declaró como testigo en ese expediente el 7 de diciembre de 2010, y ratificó lo que había dicho cuatro años antes, con detalle de nombres, fechas y lugares.

Pese a ello, Aciar interpretó que el presunto delito de encubrimiento que se le imputa a Martinelli y Kresser Pereyra se encontraría prescripto, y dictaminó en el mismo sentido.

En cambio, desde la Fiscalía Federal respondieron que correspondía reformular la acusación contra los abogados para que se los investigue por presunto lavado de activos, siendo el delito fuente la apropiación de bienes de desaparecidos y por lo tanto un delito de lesa humanidad, que no prescribe por el paso del tiempo.

Ese es el requerimiento que el conjuez rechazó en 24 horas, y que terminó de definir la intervención de los organismos de derechos humanos.

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