Por primera vez la Secretaría de Inteligencia admite poseer archivos de personas desaparecidas. Detalles de una revelación que puede dar un vuelco en la búsqueda de verdad, memoria y justicia.
Historia. Las revistas de Editorial Atlántida usaron a Alejandrina para propagandizar la dictadura. Ella, ahora, reclama justicia.
Dónde están los desaparecidos, qué fue de los niños apropiados por el terrorismo de Estado o quiénes ejecutaron los vuelos de la muerte son algunas de las incógnitas que podrían develarse si se abrieran todos los archivos “secretos” de la última dictadura militar. El 6 de noviembre se encendió una luz de esperanza en este sentido cuando, en una revelación inédita, la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) reconoció que posee archivos sobre las víctimas de la represión. La central de espionaje estatal, reticente a brindar información referida al período ’76/’83, lo reconoció a través de un escrito que le envió al juez federal Sergio Torres en respuesta a una querella presentada en la causa ESMA por Alejandrina Barry, hija de desaparecidos, quien pretende reconstruir qué sucedió con sus padres Susana Mata y Juan Alejandro Barry, y se juzgue a los responsables.
El 15 de diciembre de 1977, Susana –quien estaba con Alejandrina, de apenas 3 años– perdió la vida en un operativo que las fuerzas armadas argentinas y uruguayas desplegaron en la ciudad balnearia de Lagomar –en las afueras de Montevideo–. Allí, además, fueron detenidas varias personas que fueron trasladadas a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde recibieron torturas e interrogatorios por parte de patotas de marinos. Entre las víctimas se encontraba el pianista Miguel Ángel Estrella. Alejandro murió el mismo día que su esposa, en el aeropuerto de Carrasco, tras ser “embestido por automóviles pertenecientes a las Fuerzas Armadas Argentinas”, según detalla el expediente judicial. En el mismo operativo fue secuestrado Jaime Dri, trasladado luego a la ESMA.
En pos de profundizar la investigación sobre los homicidios de sus padres, el 30 de agosto de 2012 Alejandrina solicitó al juez que “se libre oficio al Poder Ejecutivo Nacional a los fines de que remita toda la información obrante en la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) relacionada con los operativos realizados en la República Oriental del Uruguay durante los meses de noviembre y diciembre de 1977, así como toda documentación relacionada con Juan Alejandro Barry, Susana Mata o Alejandrina Barry. Solicitamos se incluya expresamente toda documental que pueda haber sido catalogada como ‘secreta’”. Y repitió el pedido “al Ministerio de Defensa, y por su intermedio al actual jefe de la Armada Argentina”.
Torres hizo lugar a la solicitud e interpeló a la ex SIDE. Pero en principio no obtuvo respuestas. Reiteró el interés en dos ocasiones. El 6 de noviembre pasado la secretaría, finalmente, se dirigió al magistrado: “Se hace saber que realizada una amplia búsqueda en las distintas áreas de este Organismo con posible incumbencia en aquello que resulta objeto de requerimiento, la misma ha arrojado como resultado en una de ellas, información que podría resultar de interés para la investigación y que a todo evento igualmente se acompaña a título de colaboración en sobre cerrado en un total de tres (3) fojas, desconociéndose los motivos y/o las circunstancias en las que fue cargada en su momento”.
“Respecto de la documentación que se remite, se hace saber que la búsqueda solicitada se realizó por nombre y apellido y viceversa”, se describe en el escrito que lleva la firma del director de Asuntos Institucionales, informaron fuentes judiciales. Si bien los datos que se proveyeron no son novedosos respecto del contenido, sí lo son en lo referente a la documentación que, evidentemente, aún conserva la secretaría sobre el período 1976-1983.
Sobre Susana, la SIDE, además de brindar datos de filiación, informa que el 30 de enero de 1975 “se encuentra detenida y puesta a disposición del PEN”. Luego anoticia que el 3 de mayo de 1979 “cesa su detención”. Ocurre que Susana fue privada de la libertad de forma clandestina junto a su pareja a fines de 1974 cuando estaba embarazada y fue recluida en el centro clandestino “Pozo de Banfield”, aproximadamente, entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre de 1974. Luego fue legalizada, tal como confirma la SIDE, y trasladada a la cárcel de Olmos donde nació Alejandrina, el 19 de marzo del 1975, quien también permaneció presa en sus primeros meses de vida (estos hechos se investigan en la causa “Pozo de Banfield”).
La Secretaría de Inteligencia también detalla datos filiares de Juan Alejandro (los nombres de sus padres y su domicilio) e indica que estuvo detenido a disposición del PEN a partir del 4 de diciembre de 1974. En este caso se anexa un apartado con “antecedentes”. Allí se especifica que Juan Alejandro es hermano de “Barri, Enrique Rodolfo (NG) ‘Pingüino’” y responde al alias “Jaime”. De acuerdo a la documentación, al 9 de noviembre de 1976, “el causante integrante de la OPM ‘Montoneros’, justamente con su hermano Enrique Rodolfo (NG) ‘Pingüino’, actúa en el Partido de Alte. Brown, siendo responsable del Consejo de Agrupaciones de la JP”. La SI remite el origen de la información al Batallón de Inteligencia 601.
Enrique, tío de Alejandrina, continúa desaparecido, al igual que su mujer Susana Papik. Alejandro y Susana fueron asesinados en Uruguay 36 años atrás, como se describió anteriormente. La odisea de Alejandrina no concluyó con la muerte de sus padres: pocos días después de aquel trágico hecho, la niña fue “secuestrada” y utilizada para una campaña de desprestigio de las organizaciones guerrilleras que fue ejecutada desde tres revistas de la editorial Atlántida: Gente, Somos y Para Ti. En el 2009, Barry (38), quien integra el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), denunció ante el juzgado de Torres a los directivos de la editorial y a los responsables periodísticos de los medios que utilizaron su imagen para manipular lo que había sucedido con su familia. La presentación se realizó por “conexidad” con la causa de Thelma Jara de Cabezas –la madre de un desaparecido que estaba secuestrada en la ESMA y fue “entrevistada” por la revista Para Ti para declarar en contra de los “subversivos” mientras la CIDH visitaba la Argentina–, caso que se investiga en el mismo Juzgado Federal Nº 12 por su vinculación a la causa ESMA.
“Los datos que brindó la SIDE demuestran que la institución tiene los archivos de aquella época y contienen valiosa información. Seguiremos exigiendo su apertura. La documentación que allí se pueda encontrar puede contribuir al hallazgo de los niños apropiados”, aseguró Myriam Bregman, abogada del CeProDH, a Veintitrés.
Desde la asonada militar del 24 de marzo de 1976, la ex SIDE mantuvo estrechos vínculos con el Ejército. Por tal motivo, no sorprende que en su respuesta a Torres explicara que el organismo que originó la información fuera el “B.ICIA.601”, es decir, el Batallón de Inteligencia 601. Un ejemplo de aquella mancomunión es el agente de inteligencia Raúl Guglielminetti, quien se desempeñó en ambas dependencias durante la dictadura.
La secretaría también tuvo injerencia en la ejecución del Plan Cóndor (la operación coordinada de las dictaduras del Cono Sur) y se estima que operó como una “inteligencia de la inteligencia” por sus vínculos con el Batallón. Los investigadores consideran que “la casa de los espías” podría tener un archivo superior incluso al que elaboró la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dipba). Por caso, bajo el gobierno de facto la SI habría distribuido información sobre personas a diferentes fuerzas de seguridad del país.
En este contexto, y a días de conmemorarse tres décadas de democracia ininterrumpida, ¿no es tiempo de que se difundan aquellos documentos históricos?
