La Secretaria de inteligencia, (SIDE) admite tener archivos de personas desaparecidas.

Por primera vez la Secretaría de Inteligencia admite poseer archivos de personas desaparecidas. Detalles de una revelación que puede dar un vuelco en la búsqueda de verdad, memoria y justicia.

Historia. Las revistas de Editorial Atlántida usaron a Alejandrina para propagandizar la dictadura. Ella, ahora, reclama justicia.

Dónde están los desaparecidos, qué fue de los niños apropiados por el terrorismo de Estado o quiénes ejecutaron los vuelos de la muerte son algunas de las incógnitas que podrían develarse si se abrieran todos los archivos “secretos” de la última dictadura militar. El 6 de noviembre se encendió una luz de esperanza en este sentido cuando, en una revelación inédita, la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) reconoció que posee archivos sobre las víctimas de la represión. La central de espionaje estatal, reticente a brindar información referida al período ’76/’83, lo reconoció a través de un escrito que le envió al juez federal Sergio Torres en respuesta a una querella presentada en la causa ESMA por Alejandrina Barry, hija de desaparecidos, quien pretende reconstruir qué sucedió con sus padres Susana Mata y Juan Alejandro Barry, y se juzgue a los responsables.

El 15 de diciembre de 1977, Susana –quien estaba con Alejandrina, de apenas 3 años– perdió la vida en un operativo que las fuerzas armadas argentinas y uruguayas desplegaron en la ciudad balnearia de Lagomar –en las afueras de Montevideo–. Allí, además, fueron detenidas varias personas que fueron trasladadas a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde recibieron torturas e interrogatorios por parte de patotas de marinos. Entre las víctimas se encontraba el pianista Miguel Ángel Estrella. Alejandro murió el mismo día que su esposa, en el aeropuerto de Carrasco, tras ser “embestido por automóviles pertenecientes a las Fuerzas Armadas Argentinas”, según detalla el expediente judicial. En el mismo operativo fue secuestrado Jaime Dri, trasladado luego a la ESMA.

En pos de profundizar la investigación sobre los homicidios de sus padres, el 30 de agosto de 2012 Alejandrina solicitó al juez que “se libre oficio al Poder Ejecutivo Nacional a los fines de que remita toda la información obrante en la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) relacionada con los operativos realizados en la República Oriental del Uruguay durante los meses de noviembre y diciembre de 1977, así como toda documentación relacionada con Juan Alejandro Barry, Susana Mata o Alejandrina Barry. Solicitamos se incluya expresamente toda documental que pueda haber sido catalogada como ‘secreta’”. Y repitió el pedido “al Ministerio de Defensa, y por su intermedio al actual jefe de la Armada Argentina”.

Torres hizo lugar a la solicitud e interpeló a la ex SIDE. Pero en principio no obtuvo respuestas. Reiteró el interés en dos ocasiones. El 6 de noviembre pasado la secretaría, finalmente, se dirigió al magistrado: “Se hace saber que realizada una amplia búsqueda en las distintas áreas de este Organismo con posible incumbencia en aquello que resulta objeto de requerimiento, la misma ha arrojado como resultado en una de ellas, información que podría resultar de interés para la investigación y que a todo evento igualmente se acompaña a título de colaboración en sobre cerrado en un total de tres (3) fojas, desconociéndose los motivos y/o las circunstancias en las que fue cargada en su momento”.

“Respecto de la documentación que se remite, se hace saber que la búsqueda solicitada se realizó por nombre y apellido y viceversa”, se describe en el escrito que lleva la firma del director de Asuntos Institucionales, informaron fuentes judiciales. Si bien los datos que se proveyeron no son novedosos respecto del contenido, sí lo son en lo referente a la documentación que, evidentemente, aún conserva la secretaría sobre el período 1976-1983.

Sobre Susana, la SIDE, además de brindar datos de filiación, informa que el 30 de enero de 1975 “se encuentra detenida y puesta a disposición del PEN”. Luego anoticia que el 3 de mayo de 1979 “cesa su detención”. Ocurre que Susana fue privada de la libertad de forma clandestina junto a su pareja a fines de 1974 cuando estaba embarazada y fue recluida en el centro clandestino “Pozo de Banfield”, aproximadamente, entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre de 1974. Luego fue legalizada, tal como confirma la SIDE, y trasladada a la cárcel de Olmos donde nació Alejandrina, el 19 de marzo del 1975, quien también permaneció presa en sus primeros meses de vida (estos hechos se investigan en la causa “Pozo de Banfield”).

La Secretaría de Inteligencia también detalla datos filiares de Juan Alejandro (los nombres de sus padres y su domicilio) e indica que estuvo detenido a disposición del PEN a partir del 4 de diciembre de 1974. En este caso se anexa un apartado con “antecedentes”. Allí se especifica que Juan Alejandro es hermano de “Barri, Enrique Rodolfo (NG) ‘Pingüino’” y responde al alias “Jaime”. De acuerdo a la documentación, al 9 de noviembre de 1976, “el causante integrante de la OPM ‘Montoneros’, justamente con su hermano Enrique Rodolfo (NG) ‘Pingüino’, actúa en el Partido de Alte. Brown, siendo responsable del Consejo de Agrupaciones de la JP”. La SI remite el origen de la información al Batallón de Inteligencia 601.

Enrique, tío de Alejandrina, continúa desaparecido, al igual que su mujer Susana Papik. Alejandro y Susana fueron asesinados en Uruguay 36 años atrás, como se describió anteriormente. La odisea de Alejandrina no concluyó con la muerte de sus padres: pocos días después de aquel trágico hecho, la niña fue “secuestrada” y utilizada para una campaña de desprestigio de las organizaciones guerrilleras que fue ejecutada desde tres revistas de la editorial Atlántida: Gente, Somos y Para Ti. En el 2009, Barry (38), quien integra el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), denunció ante el juzgado de Torres a los directivos de la editorial y a los responsables periodísticos de los medios que utilizaron su imagen para manipular lo que había sucedido con su familia. La presentación se realizó por “conexidad” con la causa de Thelma Jara de Cabezas –la madre de un desaparecido que estaba secuestrada en la ESMA y fue “entrevistada” por la revista Para Ti para declarar en contra de los “subversivos” mientras la CIDH visitaba la Argentina–, caso que se investiga en el mismo Juzgado Federal Nº 12 por su vinculación a la causa ESMA.

“Los datos que brindó la SIDE demuestran que la institución tiene los archivos de aquella época y contienen valiosa información. Seguiremos exigiendo su apertura. La documentación que allí se pueda encontrar puede contribuir al hallazgo de los niños apropiados”, aseguró Myriam Bregman, abogada del CeProDH, a Veintitrés.

Desde la asonada militar del 24 de marzo de 1976, la ex SIDE mantuvo estrechos vínculos con el Ejército. Por tal motivo, no sorprende que en su respuesta a Torres explicara que el organismo que originó la información fuera el “B.ICIA.601”, es decir, el Batallón de Inteligencia 601. Un ejemplo de aquella mancomunión es el agente de inteligencia Raúl Guglielminetti, quien se desempeñó en ambas dependencias durante la dictadura.

La secretaría también tuvo injerencia en la ejecución del Plan Cóndor (la operación coordinada de las dictaduras del Cono Sur) y se estima que operó como una “inteligencia de la inteligencia” por sus vínculos con el Batallón. Los investigadores consideran que “la casa de los espías” podría tener un archivo superior incluso al que elaboró la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dipba). Por caso, bajo el gobierno de facto la SI habría distribuido información sobre personas a diferentes fuerzas de seguridad del país.

En este contexto, y a días de conmemorarse tres décadas de democracia ininterrumpida, ¿no es tiempo de que se difundan aquellos documentos históricos?

La madre del soldado Ledo, desaparecido en Tucumán, denunció que la amenazaron

"Dejá de joder con Milani. Los militares ganaron la guerra", escuchó, por teléfono, Marcela de Ledo.
LA RIOJA.- La familia del soldado desaparecido en Tucumán durante la última dictadura Agapito Ledo, denunció esta noche aquí que recibió amenazas, a través de una voz que le ordenó: "Dejá de joder con los militares, dejá de joder con (César) Milani. Los militares ganaron la guerra".

La amenaza fue recibida por Marcela Brizuela de Ledo, la madre del soldado, quien era, según testimonios, ayudante del actual jefe del Ejército durante la dictadura.

Otra advertencia similar fue recibida por una nieta de Marcela, según informaron esta noche integrantes de la familia a FM América.

La familia Ledo quiere que se investigue la actuación de Milani en la desaparición de su hijo, y mañana realizará la denuncia ante la Justicia, según adelantó.

Marcela de Ledo es integrante de las Madres de Plaza de Mayo, filial La Rioja. (DYN)

Acusan a dos agentes del Ejército - Batallón 601- por el secuestro de un estudiante

Uno se llama Carlos Enrique Bernadou, y tiene 60 años; el otro, Juan Manuel Bernasconi, y acaba de cumplir 61. El primero mereció cierta mala prensa a finales de los '90 al ser procesado –sin consecuencias condenatorias– en la llamada "causa de los ñoquis" del Concejo Deliberante, del cual él era funcionario. Semejante contratiempo no lo privó de ocupar en 2010 la vicepresidencia del Comité Capital del radicalismo, ni de ejercer en la actualidad un alto cargo en la Secretaría de Planificación del Consejo de la Magistratura porteño. Bernasconi, en cambio, posee una trayectoria menos pública; vive en Quilmes, es padre de un ex candidato a edil por el massismo y sus quehaceres actuales son de índole comercial. Entre ellos, sin embargo, hay un denominador común: ambos integraron durante la última dictadura las filas del temible Batallón 601 de Inteligencia. Y, además, se los relaciona con la desaparición del estudiante Ricardo Emilio Riobó. Esto último se desprende de una querella que acaba de presentar el abogado Pablo Enrique Barbuto, en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ante el juez federal Ariel Lijo. Se trata de una denuncia que, entre otras aristas, pone al descubierto una trama que merece ser reconstruida: la ofensiva del terrorismo de Estado contra alumnos y docentes de la Universidad del Salvador.
 
LAS AULAS DE JESÚS. A principios de la década del '70, la Universidad del Salvador supo ser una suerte de refugio para estudiantes que, por su militancia, no tenían cabida en la UBA en virtud de la intervención dispuesta por la dictadura del general Lanusse. Tanto es así que, ya en el período previo a la primavera camporista, se desarrollaba en sus aulas un profuso activismo, a través de diversas agrupaciones que se disputaban el control de los Centros de Estudiantes de las distintas facultades.
En la de Ciencias Jurídicas, la Juventud Universitaria Peronista (JUP) –bajo el sello de Bases Peronistas del Salvador (BAPS) y la Juventud Radical (JR) –bajo el sello de la Juventud Universitaria Radical del Salvador (JURS)– se alternaban en la conducción política del alumnado. Los comicios de 1972 habían favorecido a la agrupación peronista y las elecciones de 1974 fueron para los radicales, hasta 1975, cuando la JUP, en alianza con otros grupos, volvió a ganarle a la JR. En aquella ocasión, Riobó –al que sus compañeros llamaban "Manolito"– resultó electo como delegado ante el Consejo Superior de la Universidad. Por su parte, en la lista derrotada resaltaba la figura de un entusiasta dirigente, cuyo apodo era "Pecos". A los 23 años, este presumía ser un sólido cuadro político; era amplio y razonable en sus criterios, ejercía un gran liderazgo entre sus correligionarios y solía confraternizar con militantes de otras corrientes, entre los que estaba Riobó, con quien cultivó una amistad.
En 1974, la Universidad del Salvador protagonizaría un giro institucional, cuando el jefe máximo de los jesuitas, Pedro Arrupe, le ordenó al joven y promisorio consultor provincial de la Compañía, el padre Jorge Bergoglio, transferir aquella casa de estudios a manos laicas. A tal efecto, el actual Papa Francisco depositó su confianza en dos hombres que pertenecían a la organización peronista de derecha Guardia de Hierro: Francisco Piñón, (a) "Cacho", quien pasó a ser rector, y Walter Romero, que fungió desde entonces como un operador de la Universidad en la sombra. Tres años después, esas autoridades académicas le concedieron el doctorado Honoris Causa al almirante Emilio Massera.
Por entonces, pese a los niveles represivos de la dictadura, aún existía cierto activismo en sus aulas, al punto de que radicales y peronistas continuaban en pugna por el manejo del Centro de Estudiantes. Sin embargo, el terrorismo de Estado no se privaría de dar allí una serie de golpes planificados a la perfección. Como si sus hacedores contaran con valiosa información obtenida por fuera de los gabinetes de tortura. En resumidas cuentas, unos 20 alumnos y profesores de la Universidad del Salvador caerían en el agujero negro del exterminio (ver recuadro). En la facultad de Ciencias Jurídicas integran esa nómina el docente Daniel Antokoletz, además de los estudiantes José Luis Casariego, Cristina Turbay y Ricardo Emilio Riobó.
Este último fue secuestrado durante la madrugada del 23 de mayo de 1978 en la casa de sus padres –situada en la calle San Benito 973, de la localidad de Turdera, partido de Lomas de Zamora– por una patota que se identificó como personal policial. El militante de la JUP fue llevado descalzo y con una capucha en la cabeza. Los represores se robaron muebles, electrodomésticos y ropa. Incluso, la de "Chaco"; tal era el apodo del mejor amigo de la víctima, quien solía pernoctar allí.
Chaco y Ricardo se conocían de niños. Ambos habían cursado los estudios secundarios en el colegio San Jorge, de Turdera. En la adolescencia habían sido inseparables y, en el hogar de los Riobó, ese muchacho era como de la familia. En 1977, Chaco trabajaba de chofer en el sindicato junto con su padre. Y dos días antes del secuestro de Ricardo, él había dormido en la casa de su amigo. Desde entonces, nadie en el barrio supo más de él.
El tal Chaco no era otro que Juan Manuel Bernasconi.
Y "Pecos" era Carlos Enrique Bernadou.
 
TOPOS AL DESNUDO. Los nombres de ambos, junto a los números de sus documentos y la categoría bajo la cual prestaban servicios en el Batallón 601 salieron a la luz a principios de 2009, luego de que el Archivo Nacional de la Memoria desclasificara la lista completa de todos los agentes civiles que prestaron servicios en dicho organismo entre 1976 y 1983.
A su vez, sus legajos –a los cuales Tiempo Argentino tuvo acceso– son, por demás elocuentes.
"Carlos Enrique Bernadou, DNI 10.703.784, designado el 1º de agosto de 1977 en 'carácter condicional' (por nota del 29 de julio de 1977), con apodo "Claudio Ernesto Bebilacua", quien fuera confirmado en sus funciones de Agente de Seguridad (subcuadro C2, grado IN14) el 31 de agosto de 1978 y realizó asimismo el Curso DGJE 260/78, recibiendo el título de Agente Especial de Contra Inteligencia. Sus avales para ingresar al Batallón 601 fueron el Ministro del Interior de la dictadura Cívico Militar, Albano Harguindeguy, y el ministro de Gobierno de la misma dictadura en Misiones, Luis Alberto Sarmiento, ambos imputados de crímenes de lesa humanidad. Bernadou-Bebilacua desempeñó funciones hasta el 8 de agosto de 1979."
"Juan Manuel Bernasconi, DNI 10.077.548, quien revistó con la especialidad 'Redactor Dactilógrafo' desde el 16 de abril de 1978 (en carácter condicional) designado por resolución firmada por el General de Brigada Alberto Alfredo Valín, a la sazón Jefe II Inteligencia, siendo luego confirmado con fecha 16 de abril de1979 en el Cuadro 'A', Subcuadro A-2, en la Central de Reunión del Batallón de Inteligencia 601 como 'In 16' por resolución firmada por el entonces Subjefe II Inteligencia Coronel Alfredo Sotera. Bernasconi perteneció al Batallón 601 hasta el 1º de marzo de 1998. Su aval ideológico fue el Coronel Médico Emilio García Pérez, quien indicó que tenían una relación de amistad desde el año 1973."
Este diario mantuvo un diálogo telefónico con Bernadou. Al ser preguntado si perteneció al Batallón 601, dijo: "Puede ser."
–¿Confirma, entonces, su pertenencia a ese organismo?
–No lo confirmo ni lo desmiento.
Luego aseguró: entré al Batallón en 1977. Estuve ahí hasta 1979. Yo tenía apenas 24 años. Estaba en vigilancia. O sea, custodiábamos casas de milicos. En la facultad yo no estaba infiltrado. Yo iba a estudiar; además, militaba en el Centro de Estudiantes. Yo estaba en la Juventud Radical…
–¿Cómo convivía esa militancia con su carácter de integrante de una fuerza represiva?
–Mire, nosotros no sabíamos las cosas que realmente pasaban. Estábamos en pelotas.
–¿De qué modo consiguió que el ministro Harguindeguy fuera su aval para ingresar al Batallón 601?
–Por un vecino, el coronel Brand, cuya esposa era hermana de Harguindeguy.
Luego insistió con que su trabajo de inteligencia nada tuvo que ver con su condición de estudiante en la Universidad del Salvador. Para robustecer dicha afirmación, apeló a su presunta amistad con un alumno desaparecido. Este era nada menos que Riobó. "Fui muy amigo de él. Era un pibe macanudo", fueron sus palabras al respecto.
Luego, se interesó en la querella presentada contra él por la Secretaría de Derechos Humanos. Se le dijo, entonces, que esa denuncia giraba en torno de estudiantes desaparecidos.
–¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus nombres? –quiso saber.
–Ricardo Emilio Riobó es uno de ellos.
En ese instante, apenas musitó:
–¡Pucha! ¡Es el que yo conozco!
Luego se oyó el click que dio por finalizada la llamada.  «
 
La muerte pasó por la universidad del salvador
El 14 de mayo de 1976 desaparecían Mónica Mignone y María Marta Vázquez Ocampo, ambas egresadas de la carrera de Psicopedagogía. El 9 de junio de 1976 era secuestrada Edith Mujica, egresada de Ciencias Sociales. El 12 de junio de 1976 fue asesinada Esperanza Cacabelos de Salcedo, de la Facultad de Historia. El 12 de julio de 1976 fue secuestrado Carlos Raúl Pargas Fleitas, estudiante de Medicina. El 4 de agosto de 1976 desaparecieron José Luis Casariego y Cristina Turbay, ambos ex integrantes de la JUP; el 29 de agosto de 1976, desapareció la ex alumna de Ciencias Sociales María del Carmen Sabino Vidal. El 12 de septiembre de 1976 desapareció otra ex estudiante de Psicopedagogía, Nélida Alicia Calzetta Cattoni; el 24 de septiembre de 1976, la estudiante de Letras Laura Susana Di Doménico. El 28 de febrero de 1977 desapareció Graciela Marina González Marelli de Duarte. El 21 de marzo de 1977 desapareció el alumno de Ciencias Sociales Gustavo Enrique Gaona Arambarri. El 14 de marzo de 1978 desapareció el egresado de Derecho Basilio Pablo Surraco, y el 4 de abril de 1978 su hermano, también estudiante de Derecho, Carlos Adolfo Surraco.
El 23 de mayo de 1978 desapareció Ricardo Emilio Riobó. El 8 de agosto de 1978 desapareció la egresada de Psicología Beatriz Leonor Perosio; el 23 de noviembre de 1978, el alumno de Ciencias Sociales Adolfo Nelson Fontanella; y el 12 de agosto de 1979, el también alumno de Ciencias Sociales Juan Carlos Anzorena. Entre los docentes desaperecidos figura Daniel Víctor Antokoletz, desaparecido el 10 de noviembre de 1976, y Ricardo Néstor Tajes García, secuestrado en diciembre de 1978.

por: Ricardo Ragendorfer

El rostro actual del represor Alejandro Lawless, que se escapara desde la puerta de Tribunales (¡¿!?)

La orden fue dictada por el juez Norberto Oyarbide, quien ya la comunicó a Interpol. El magistrado está en contacto con el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca para analizar dónde quedará radicado el legajo de búsqueda. "Esta fuga vuelve a mostrar que estos imputados tienen gente que les da el sustento", dijo el fiscal José Nebbia.

El juez federal Norberto Oyarbide ordenó hoy la captura internacional del militar Alejandro Lawless (66 años), procesado por crímenes de lesa humanidad, quien se profugó ayer en el centro porteño cuando era trasladado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria a la Alcaidía de Tribunales.

En esa causa interviene la Fiscalía Federal N°11, a cargo de Gerardo Pollicita.

Según pudo averiguar Fiscales, el juez Oyarbide y sus pares del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca ya tomaron contacto para coordinar quién continuará con la investigación de la evasión, dado que Lawless se encontraba detenido a disposición de los jueces bahienses que se aprestaban a juzgarlo en los próximos meses.

Lawless, que durante la última dictadura revistó en el Batallón de Comunicaciones 181 del V Cuerpo del Ejército, está procesado en dos causas radicadas en el Tribunal Oral, luego de que fueran elevadas a juicio el 24 de abril y el 23 de julio del año pasado, según se desprende de los registros de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

En la primera de ellas se juzgarán las responsabilidades por los crímenes cometidos en el ámbito de la Armada Argentina. Lawless está imputado por seis casis de secuestros y torturas. En tanto que la segunda está dirigida a establecer las responsabilidades de distintos imputados en el marco del V Cuerpo del Ejército, y Lawless está acusado por 30 casos de de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos y por tres homicidios.

Según informó la Unidad Fiscal de Bahía Blanca, durante 1976 y 1977 Lawless fue parte de la plana mayor del Batallón de Comunicaciones 181 y ocupó sucesivamente las jefaturas de la Compañía de Comunicaciones y Comando y de la Sección Arsenales, dependencias que conformaban aquella unidad militar.

Pese a las graves imputaciones en su contra, la oposición de los fiscales bahienses y los antecedentes evasivos, Lawlees estuvo hasta ayer excarcelado. Aunque su detención había sido ordenada a fines de 2009, recién se pudo dar con él diez meses después, en agosto de 2010, cuando se presentó voluntariamente ante el juez federal de esa ciudad, Santiago Martínez. A los pocos días, sin embargo, el magistrado lo benefició con la excarcelación, de la que gozó hasta ayer durante más de tres años.

Lawless fue detenido ayer por la PSA cuando se presentó a una comisaría de la Policía Federal a la que, por disposición judicial, debía acudir regularmente. La decisión de detenerlo fue adoptada el 5 de noviembre por el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca en la causa por los crímenes de la Armada, luego de que la Cámara de Casación le anulara la decisión de mantener la excarcelación en la causa relativa al V Cuerpo del Ejército. La Cámara de Casación le ordenó al TOCF dictar una nueva resolución debidamente fundada (ver documentos adjuntos).

Según informaron desde la Unidad Fiscal de Bahía Blanca, la fuga del militar ocurrió en la vereda de los tribunales, cuando uno de los dos policías se bajó para realizar un trámite, mientras que Lawless, que no estaba esposado y había quedado con otro custodio y con la puerta abierta del móvil que lo trasladaba, salió corriendo por la calle Lavalle y tomó Talcahuano con dirección hacia Corrientes. Según la versión bajo investigación, los dos policías lo siguieron, pero lo perdieron de vista en la Avenida 9 de Julio.

"Pensemos en lo que sienten en estos casos los familiares y los sobrevivientes. Esta fuga vuelve a mostrar que estos imputados tienen apoyo, gente que les da el sustento. Éste es el sexto prófugo en Bahía. Y el resto, lleva mucho tiempo profugado. Hay que tener plata y logística para ser prófugo. Evidentemente, hay sectores de poder que los apañan", reflexionó el fiscal de Bahía Blanca, José Nebbia.

A 11 años de la Masacre : victoria colectiva , estación ex Avellaneda : Desde hoy: “Darío Santillán y Maximiliano Kosteki”.

11 años después del 26 de junio de 2002, del despliegue represivo de cuatro fuerzas de seguridad en conjunto ordenado por el gobierno de Eduardo Duhalde conocido como la Masacre de Avellaneda, el Congreso aprobó el cambio de nombre de la estación ferroviaria Avellaneda, donde fueron asesinados nuestros compañeros, por el de “Darío Santillán y Maximiliano Kosteki”.
Los familiares de Darío, sus amigos y sus compañeros de militancia agrupados en el Frente Popular Darío Santillán expresamos nuestra alegría porque esta iniciativa parlamentaria que impulsamos desde el 2006 tenga sus frutos. Consideramos que de esta manera  la memoria popular, la dignidad, los valores de la juventud militante que dio la vida por mejores condiciones para nuestro pueblo, son reconocidas de alguna manera.

Consideramos que el cambio de nombre de Avellaneda por “Darío Santillán y Maximiliano Kosteki” es un hecho histórico, ya que la estación donde murieron nuestros compañeros lleva el nombre de los valores que tenemos que tener siempre presentes, llevará el nombre de dos luchadores populares que fueron asesinados en el lugar en una movilización masiva que fue reprimida brutalmente por el gobierno de Duhalde. Darío y Maxi son ejemplo de la juventud comprometida, que con su lucha y su entrega marcaron a miles de hombres y mujeres jóvenes y adultos de nuestro pueblo.

Con la designación oficial del nombre de la Estación como “Darío Santillán y Maximiliano Kosteki” se ratifica lo que hace once años los movimientos populares venimos expresando como pueblo.

El pueblo ya decidió que la estación Avellaneda se llame Darío y Maxi, lo ratifica todos los días y puede verse en el lugar con la diversidad de expresiones allí presentes que hacen alusión a estos dos luchadores. Hoy el Congreso Nacional ratifica lo que ya decidió el pueblo.

Darío y Maxi viven en cada persona que sigue luchando por sus derechos, que se organiza para luchar y transformar la sociedad en la que vive, pensando en el provecho de 40 millones que habitamos este país. Viven en la bloquera donde trabaja su hermano y en el Polo Textil construido por sus compañeros de militancia en la estación donde fueron asesinados, y que ahora llevará sus nombres.

A 11 años de la Masacre de Avellaneda:

¡Darío y Maxi viven en cada lucha cotidiana, de los trabajadorxs y de todo el pueblo, contra las injusticias!

¡Seguimos exigiendo juicio y castigo a los responsables!
MULTIPLICAMOS SU EJEMPLO

CONTINUAMOS SU LUCHA

Un represor que no llegó a Tribunales: Alejandro Lawless se fugó cuando era trasladado

El teniente coronel retirado Lawless está procesado por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca. Fue detenido ayer a la mañana y horas más tarde logró bajarse del vehículo en el que lo llevaban y se escapó corriendo por Lavalle.

 Por Diego Martínez

El teniente coronel retirado Alejandro Lawless, procesado por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca, se fugó ayer mientras la Policía de Seguridad Aeroportuaria lo trasladaba a la alcaidía de tribunales de Lavalle y Talcahuano. El represor de 66 años, que había estado prófugo en 2010, acababa de ser detenido por orden del Tribunal Oral Federal bahiense luego de reiterados pedidos del Ministerio Público para evitar que llegara a juicio en libertad. El episodio se produjo a poco más de tres meses desde que Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, condenados por delitos de lesa humanidad en San Juan, se fugaron del Hospital Militar Cosme Argerich. Con Lawless son cinco los militares prófugos acusados por su actuación en el terrorismo de Estado en Bahía Blanca.

El represor fue detenido por la mañana y trasladado a la unidad de la PSA en el Aeroparque Jorge Newbery. Desde allí la camioneta de la PSA partió hacia Tribunales. Si bien no hubo información oficial, los datos que trascendieron indican que Lawless no estaba esposado, que logró bajarse del vehículo y que se escapó corriendo por Lavalle. Consumada la fuga, la PSA dispuso el desplazamiento de tres oficiales responsables del operativo y efectuó la denuncia para que los investigue la Dirección de Control Policial, órgano de auditoría externo de la fuerza.

Durante la dictadura, Lawless estuvo destinado en el Batallón de Comunicaciones 181, del que dependían tres pelotones abocados a la “lucha contra la subversión”. Días antes del golpe fue designado jefe de la Compañía de Comunicaciones y Comando, que brindó “apoyo técnico en la búsqueda, escucha y radiolocalización de las bandas HF y VHF” de quienes luego eran secuestrados, según consta en su procesamiento. “En ocasiones en que el subteniente Lawless quedaba a cargo de la guardia de personas privadas de libertad, se acercaba a las víctimas con actitud de conquista sobre las prisioneras”, apuntó el juez Alcindo Alvarez Canale.

La primera orden de captura en su contra, pedida por el fiscal Abel Córdoba, la libró Alvarez Canale en septiembre de 2009. Entonces Lawless decidió esconderse, mientras su abogado Mauricio Gutiérrez, ex auditor del Cuerpo V, presentaba pedidos de eximición de prisión. En febrero de 2010, el Ministerio de Justicia dispuso una recompensa de 100 mil pesos para capturarlo, pero siguió prófugo otros seis meses, hasta el 2 de agosto de ese año, cuando se presentó espontáneamente en el juzgado. Allí le tomaron declaración y tres días después, a pesar de haber burlado al Estado durante casi un año, el juez subrogante Santiago Martínez lo excarceló con una caución de 200 mil pesos. Los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani, reemplazantes de Córdoba, insistieron para que se le revoque el beneficio. El tribunal que integran José Triputti, Martín Bava y Jorge Ferro rechazó el pedido, pero cuando la Cámara de Casación aceptó el recurso de apelación de los fiscales ordenó la detención de Lawless, que encomendó a la PSA.

El más antiguo de los prófugos bahienses es el coronel Aldo Alvarez, ex jefe de inteligencia del Cuerpo V y dueño de la agencia de investigaciones Alsina SRL hasta que la Justicia comenzó a investigarlo. El capitán Miguel Angel García Moreno se benefició con la excarcelación que le obsequió el juez Gustavo Duprat y cuando el TOF ordenó su detención para juzgarlo ya había abandonado su piso de Belgrano. El mismo método aplicó el coronel Carlos Arroyo, que también estaba procesado pero libre y se esfumó ante la inminencia del segundo juicio oral, actualmente en curso, mientras el Ministerio Público reclamaba sin suerte que se le revocara la excarcelación. El cuarto prófugo es el marino Ricardo Joaquín Molina. Lawless es el segundo represor bahiense que se fuga de las narices de una fuerza de seguridad: Julián Corres se escapó en 2008 de la delegación local de la Policía Federal, fue recapturado y murió antes del juicio.

Campomar: informan al juez Blanco sobre la causa y solicitan medidas de prueba

Evitar la venta de Campomar. Podría vincularse a otras causas de lesa humanidad.
La Comisión Provincial por la Memoria decidió informar al Juzgado Federal Criminal y Correccional de La Plata a cargo del Juez Humberto Blanco sobre lo actuado en relación a la ex fábrica Campomar, cuyo predio podría haber funcionado como centro clandestino de detención, durante la última dictadura en la localidad de Valentín Alsina, Lanús.

Luego de que la medida cautelar de no innovar dispuesta por la Cámara Federal quedara agotada, el organismo informó todo lo tramitado al Juzgado Federal de Instrucción Nº3. En ese marco también se solicitaron medidas de prueba documental, testimonial y pericial del lugar, al considerar que puede surgir información relevante en relación a los hechos vinculados a la investigación de la llamada causa Camps residual que lleva adelante esa dependencia judicial.

El alerta

En agosto del año pasado, ante la inminente construcción de un complejo urbanístico de torres que comenzaría con la demolición de la ex fábrica, varios vecinos decidieron dar su testimonio sobre la presencia de militares y movimientos de vehículos en ese predio durante la dictadura. Veían con preocupación la demora del estado para intervenir en función de la preservación del lugar, en el caso de confirmarse su funcionamiento como centro de detención ilegal y clandestina.

Campomar dejó de funcionar como centro de trabajo industrial durante el año 1972. Dentro del predio, en la esquina de las calles Molinedo y Erezcano, funciona en la actualidad y también funcionaba durante el período 1976–1983, la Escuela de Enseñanza Media Nº 9. Los testimonios de docentes y vecinos del lugar en ese período dan cuenta de la existencia de ropa tirada en la zona de la fábrica, gritos y tiros provenientes del sitio y presencia de soldados en el ingreso, entre otras cosas.

Esto se suma a la relación con la Comisaría Tercera de Lanús, que se encuentra a tres cuadras de la ex Campomar y funcionó como centro clandestino de detención dentro del denominado Circuito Camps.

La cautelar

En septiembre de 2012 la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata dio lugar a la medida cautelar de no innovar presentada por la CPM y dio intervención al Equipo Argentino de Antropología Forense.

Dos meses después se conoció la resolución en la que dictaminaron que “…la ponderación de todos los elementos incorporados no permiten concluir que efectivamente, en la ex fábrica Campomar haya operado un centro clandestino de detención. Sí es plausible la hipótesis de su utilización ocasional por fuerzas militares y policiales, sobremanera si se repara en la circunstancia de que a pocas cuadras del lugar se ubica la Comisaría 3º de Lanús que conformó el denominado “Circuito Camps”…”. Es por esto que desde la CPM aseguran que “las diligencias efectuadas en la causa por la medida cautelar, no agotan la investigación y no implica que no se hayan cometido delitos de lesa humanidad en el mismo”.

Desde el organismo argumentan que no se agotaron las pericias ni estudios tendientes a buscar, estudiar y posiblemente detectar, la existencia de pruebas para determinar la función otorgada al predio durante la dictadura. Además consideran de vital importancia la prueba testimonial y en ese marco solicitaron las nuevas medidas probatorias.

Paraná 10 años de impunidad : demoras en juzgar a represores

La causa con más denuncias por crímenes de lesa humanidad en Entre Ríos está parada hace dos años. Se reabrió hace dieza años. La brigada de Comunicaciones de Paraná fue el principal centro clandestino de detención.

Por Juan Cruz Varela -  Desde Paraná

La megacausa Area Paraná, en la que se concentra la mayor cantidad de denuncias por crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia de Entre Ríos, está a punto de cumplir diez años sin sentencia. Tiene 52 víctimas, se investigan 5 desapariciones forzadas de personas, hay 10 represores procesados y otros 11 fallecidos durante el proceso.

La causa se inició en 1987, cuando la Cámara Federal de Apelaciones asumió el conocimiento del proceso ante la falta de resultados de las investigaciones en los tribunales militares, pero se clausuró por la sanción de las leyes de impunidad. En diciembre de 2003, el fiscal general Ricardo Alvarez pidió su desarchivo y, en mayo de 2004, la jueza federal ad hoc Myriam Galizzi dispuso la reapertura del expediente. Diez años después, la causa Area Paraná se mantiene como en una nebulosa.

Ante la irritante demora del proceso, la agrupación Hijos Regional Paraná lanzó hace unos días una campaña de recolección de firmas para exigir celeridad en el proceso. “En esta década que termina, que ha sido la década del juicio y castigo en Argentina, la Justicia federal de Paraná no ha sabido hasta ahora cumplir con su parte y sigue en deuda con las víctimas, sus familiares, los organismos de derechos humanos y el pueblo en su conjunto”, manifestaron.

Lo cierto es que el camino que ha recorrido el expediente ha sido pedregoso. Primero hubo una larga discusión jurídica que la Corte Suprema zanjó a favor de los represores, al disponer que el proceso se tramite por el antiguo Código de Procedimientos en Materia Penal, de 1888 –vigente al momento en que se cometieron los hechos– que prevé que las actuaciones sean escritas. En la Capital Federal, las causas ESMA y Primer Cuerpo de Ejército, que también se habían iniciado en la década del ’80 y se reabrieron en 2003, en cambio, se tramitaron por el nuevo código y se hicieron juicios orales.

Saldada la discusión procesal, entre 2009 y 2011 fueron detenidos, indagados y procesados diez ex militares, policías, agentes penitenciarios y civiles, entre ellos el ex comandante del II Cuerpo de Ejército Ramón Genaro Díaz Bessone. En abril de 2011 se clausuró la instrucción y a partir de julio los fiscales y querellantes formularon sus acusaciones. Pero desde entonces la causa volvió a empantanarse, esta vez por una sucesión de chicanas dilatorias que impusieron las defensas.

Los fiscales Ricardo Alvarez y José Ignacio Candioti calificaron la maniobra como una “fiesta de recusaciones”, con la cual los represores impugnaron a nueve magistrados: tras la clausura de la instrucción y el apartamiento de Gustavo Zonis, la Cámara designó a Fermín Ceroleni como juez de sentencia, pero con el correr de las actuaciones fue recusado y luego ocurrió lo mismo con Aníbal Ríos, Beatriz Aranguren, Pablo Seró, Ladislao Uzín Olleros, Roberto Lerena, Leandro Ríos, Rubén Efraín Cabrera y Jorge Delorenzi. Los argumentos suelen ser ridículos. En el caso de Cabrera, por ejemplo, llegó a ser acusado de tener “resentimiento”, “encono” y “animadversión” hacia los imputados y fue recusado por su condición de apoderado del PJ de Entre Ríos, ya que el partido ha expresado “un interés explícito y manifiesto en obtener condenas” en las causas por delitos de lesa humanidad, según dijeron. No menos absurdo es el pedido para apartar a Leandro Ríos por ser hijo de Aníbal, que había intervenido antes en el expediente.

“Con esas maniobras, y por la forma engorrosa que tiene el trámite en el antiguo sistema penal, los represores lograron que cada recusación se tramitara hasta el hartazgo y así se fue dilatando el proceso”, admitió un funcionario judicial a Página/12. “Era una sucesión de recusaciones y se notaba que había una actuación coordinada entre ellos”, acotó.

Uno de los acusados, el ex policía Cosme Demonte, llegó a formular una denuncia penal en la Justicia provincial contra Ceroleni y el secretario Juan Rosas Paz por abuso de autoridad, la cual fue archivada sin más trámite; y hace unos días ingresaron al Consejo de la Magistratura tres denuncias de Demonte y Jorge Humberto Appiani, otro de los imputados, contra los integrantes de la Cámara federal por “enemistad manifiesta” y contra el secretario del juzgado por “violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y omisión de los actos de oficio”.

Hace unos días, la Cámara tomó dos decisiones que podrían sacar a la causa del estancamiento: confirmó a Leandro Ríos como juez de sentencia y ordenó continuar con la ronda de contestaciones de las defensas de los represores a las acusaciones de los fiscales y querellantes, tal como establece el código escrito. Al mismo tiempo, dictó una resolución por la cual rechazó in limine numerosos planteos efectuados por Demonte y Appiani, por considerarlos “a todas luces infundados” y con el único objetivo de frenar “los esfuerzos que la sociedad toda, y el Poder Judicial en especial, viene desarrollando para llevar adelante la intensa tarea de investigación y juzgamiento de crímenes de lesa humanidad, cometidos durante la última dictadura militar”. Del mismo modo, el juez Ríos les llamó la atención a ambos por las dilaciones que esos recursos generan en la tramitación del expediente.

De todas maneras, aun cuando no se produzcan nuevas dilaciones, la causa no tendrá sentencia este año. El antiguo código prevé que tras los descargos de las defensas se abra una etapa de producción de prueba, en la que las víctimas esperan poder dar testimonio en instancias públicas y luego el pedido concreto de pena y el veredicto.

Comunicado de la Zonal Xawvnko de la Confederación Mapuche

TODOS A LA LEGISLATURA!!!!

El Consejo Zonal Xawvnko de la Confederación Mapuche de Neuquén, conformado por las comunidades de Loma La Lata: Kaxipayiñ, Paynemil, Campo Maripe, Guircaleo, y del Dto Confluencia Puel Pvjv, Newen Mapu y Ragiñ Ko, convocan a la concentración el día 28 de Agosto para rechazar el pacto YPF/Chevron realizado a espaldas del pueblo y cuyo aval pretende convertir en ley provincial la alianza MPN/Kircherismo.

Están soplando aires nuevos. En nuestra provincia, la conciencia ambiental va tomando fuerza. El único y viejo concepto de desarrollo que el MPN nos impuso en estas últimas 6 décadas, basado solo en lo material y económico, nos trató de convencer de un crecimiento ilimitado, cuando la vida de nuestro wajmapu nos impone límites. El mecanismo de codicia que representa Sapag, permite que una casta de gobernantes se enriquezca de la noche a la mañana, mientras nosotros, nuestra salud y nuestro entorno natural, se deterioran a pasos agigantados.

Ya hemos entendido que a Sapag y Kirchner, las personas somos lo que menos les importamos. Por eso hemos asumido la defensa en nuestras manos. Y la movilización es nuestra principal herramienta. Este miércoles un grupo de diputados que traicionando la voluntad del pueblo y respondiendo a sus propios intereses, se aprestan a firmar el cheque en blanco a Chevron, empresa que huye de la justicia. Nuestros territorios comunitarios son el botín de ese pacto oscuro.

Debemos darle un mensaje ético y moral muy fuerte a esa cascara vacía de democracia que es hoy la Legislatura de Neuquén. Allí, solo las componendas y los acuerdos espurios, son la regla. La gran movilización que vamos a generar será también un mensaje claro a la Presidenta Kirchner que burlándose de todos los que festejamos el acto de soberanía que significo la estatización de YPF, hoy se entrega a una de las multinacionales más desprestigiada del mundo, a través de su Decreto de necesidad y urgencia 929.

Kom Pu Ce!!!... todos a la Legislatura de Neuquén este miércoles 28…!
Por la Vida… por el Agua…contra el saqueo…contra el Fracking!!!
MARICIWEU….MARICIWEU!!!

Albino Campo – Lof Campo Maripe
Jorge Nahuel – Lof Newen Mapu
Jose Luis Cherky – Lof Kaxipayiñ
Elba Paynemil – Lof Paynemil
Jose Kayukew – Lof Puel Pvjv
Hugo Pilquiñan – Lof Ragiñ Ko
Policarpo Guircaleo – Lof Guircaleo
Eduardo Pilquiñan – CPI Xawvnko

Piden investigar a ex militar pinochetista, Juan Cheyre: acusado de entregar a Ernesto Lejderman

Juan Cheyre Es funcionario de Piñera. Por: Tiempo Argentino

El hijo de una pareja de militantes asesinados en Chile en 1973 pidió que se investigue al ex comandante en jefe del Ejército de Chile, Juan Emilio Cheyre, por su participación en el caso. El militar es funcionario del actual gobierno de Sebastián Piñera y está señalado como quien entregó a Ernesto Lejderman, de dos años, luego del asesinato de sus padres, el argentino Bernardo Lejderman y la mexicana María del Rosario Ávalos.

El joven, que reside en la Argentina, pidió que se investigue el crimen de sus padres y el rol que tuvo Cheyre, quien se desempeña como director del Servicio Electoral de Chile (Servel), donde fue designado por Piñera con acuerdo del Senado.
El hecho ocurrió el 8 de diciembre de 1973, dos meses después del golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet que terminó con el gobierno de Salvador Allende. Los padres de Ernesto habían llegado hasta una mina abandonada del norte del país en un intento de escapar de la represión y huir a la Argentina. Se encontraban cerca de la localidad de La Serena, a 400 kilómetros de la capital, cuando fueron identificados y acribillados por una patrulla militar del Regimiento de Artillería Motorizado 2 "Arica", donde Cheyre se desempeñaba como ayudante del comandante Ariosto Lapostol. Según la denuncia, tras el asesinato, Cheyre se llevó al pequeño hijo de la pareja a un convento de monjas de La Serena y meses después fue devuelto a su familia en Argentina.
"Cheyre era el ayudante principal del jefe del regimiento Lapostol. Cumplió la orden de llevarme al convento y los militares cumplieron las órdenes de matar a mis padres. Casi me matan a mí. Yo soy un sobreviviente", afirmó el joven Lejderman a un programa de radio chileno. "Hay una complicidad de parte de él. La realidad está ahí", agregó.

Desde el nombramiento de Cheyre en el Servicio Electoral de Chile, en febrero de este año, se renovaron las denuncias de víctimas de delitos de lesa humanidad en el pinochetismo, entre ellos la de Lejderman.

El joven relató cómo reconstruyó el crimen de sus padres a través del único testigo, Luis Ramírez, quien bajo torturas y amenazas fue obligado a llevar a los militares al lugar donde se escondía la pareja y su pequeño hijo. "Él los llevó. Fue testigo de que asesinaron a mis padres. Las balas no me dieron de pura casualidad. Me recogieron cuando yo estaba abrazado al cuerpo ensangrentado de mi madre", recordó Lejderman y contó que fue llevado al regimiento de La Serena. "Me lo contó Ramírez, que en el año '90 se presentó ante la justicia y declaró todo esto. La versión de los militares fue que mis padres se autoeliminaron con explosivos. Otra versión fue que mi madre murió en enfrentamientos. Tengo dos certificados de defunción", agregó.
Ya en 2009, Lejderman se reunió en la oficina de su abogado con Cheyre, donde el ex jefe del Ejército en el gobierno de Ricardo Lagos defendió la versión oficial que dio la dictadura en ese momento sobre un suicidio de los militantes.
"Lo que le planteé a Cheyre es que revele quién es responsable del crimen de mis padres, que yo presencié. No contó nada. Defendió al jefe del regimiento. Planteó que estaba conmovido y que la versión que tenía era que mis padres se habían suicidado. No le creí. Sería interesante que dijera la verdad. Nunca es tarde para decir la verdad", sostuvo.

Capturado represor prófugo acusado por la desaparición de Clara Anahí Mariani

La Prefectura Naval Argentina capturó ayer a un policía prófugo desde hace más de un año. Se trata de Néstor Ramón Buzzato, que está acusado de la desaparición de la beba Clara Anahí Mariani, del asesinato de su madre y de las muertes de otros cuatro militantes montoneros. Buzzato, de 61 años, fue capturado en Gualeguay, Entre Ríos, y fue trasladado a La Plata, donde prestará declaración indagatoria ante el juez Humberto Blanco, según informó el portal de la Procuraduría General de la Nación. La detención había sido requerida por la Unidad Fiscal Federal de La Plata y ordenada por el entonces juez federal de esa ciudad, Arnaldo Corazza, el 13 de junio del año pasado.

Buzzato integró durante la dictadura el Cuerpo de Infantería de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y está imputado por su participación en el ataque de las Fuerzas Armadas y de seguridad a la casa de la familia Mariani-Teruggi el 24 de noviembre de 1976. En ese procedimiento, llevado a cabo en la calle 30, entre 55 y 56 de La Plata, fue sustraída la beba de tres meses Clara Anahí Mariani, quien permanece desaparecida, y fueron asesinados su madre, Diana Teruggi, y los militantes montoneros Roberto Porfidio, Daniel Mendiburu Elicabe, Juan Carlos Peiris, y al menos otras dos personas cuyos cuerpos no fueron identificados, aunque se investiga si uno de ellos era Alberto Bossio.

De acuerdo con las pruebas recogidas en la investigación, Buzzato concurrió al lugar como parte del Cuerpo de Infantería y, durante el ataque a la casa, desde donde las víctimas inicialmente se resistieron, subió a techos de viviendas vecinas junto al ex jefe policial coronel Ramón Camps y el entonces director general de Investigaciones de la Policía Bonaerense Miguel Osvaldo Etchecolatz, actualmente condenado.

Según resultó acreditado en el juicio a Etchecolatz en 2006 y en el proceso por crímenes de lesa humanidad en el denominado Circuito Camps, que abarcó una serie de campos de concentración en La Plata y alrededores, Diana Teruggi fue asesinada por el personal policial que se encontraba encima de los techos de las casas linderas, tras una orden de disparar dada por Etchecolatz o Camps. Su hija Clara Anahí cumplió 37 años este lunes 12. Su abuela, María Isabel Chorobik de Mariani, y la Asociación Anahí conmemoraron la fecha en la casa atacada, que hoy es un sitio de memoria, y exigieron su aparición. El acto culminó con una suelta de globos con los datos de la niña –hoy adulta– desaparecida.

La Plata: un juez federal de la dictadura se negó a prestar indagatoria

El ex titular del Juzgado Federal N°2 de la Capital, Rafael Sarmiento, se negó a declarar porque el juez no estaba presente en la audiencia. Los fiscales le imputan el secuestro del ex ministro de Economía bonaerense, Ramón Miralles, quien fue detenido en su juzgado en 1977.

El ex juez federal porteño durante la última dictadura, Rafael Sarmiento, se negó a prestar declaración indagatoria este miércoles en La Plata, en una causa en la que se le imputa su participación en la privación ilegal de la libertad y las torturas del ex ministro de Economía bonaerense, Ramón Miralles.

Sarmiento se presentó por sus medios en el Juzgado Federal N°3 de la capital bonaerense, que actualmente subroga Humberto Manuel Blanco, quien no estuvo presente en la audiencia por una indisposición momentánea. Sarmiento alegó la ausencia del juez para negarse a prestar declaración.

Por eso, ahora se aguarda que el juez Blanco -que decidió citar y no detener al imputado- fije una nueva audiencia y lo convoque a prestar declaración indagatoria.

El imputado se desempeñó durante la última dictadura cívico militar como titular del Juzgado Federal N°2 de la Capital Federal. Los fiscales platenses Marcelo Molina, Hernán Schapiro y Gerardo Fernández pidieron su indagatoria en abril pasado porque consideran que "el ex juez se constituyó en una pieza central para lograr la detención ilegal y los posteriores tormentos que sufrió Miralles".

La víctima fue secuestrada el 23 de junio de 1977 en la sede del juzgado a cargo de Sarmiento cuando fue a consultar el trámite de un habeas corpus preventivo que había interpuesto en su favor, dado que temía por su integridad y libertad. Para ese momento, sus hijos Carlos y Julio, y su nuera Luisa Villar estaban desaparecidos, mientras que su esposa, María Delia Arana, sus dos hermanos y la señora que realizaba tareas en su domicilio habían sido secuestrados y posteriormente liberados.

Miralles denunció que, en el trámite del habeas corpus, Sarmiento había recibido un pedido de detención del jefe de la Policía bonaerense, Ramón Camps. El juez entonces dio aviso a la policía y la víctima fue retirada del juzgado por el ex comisario de Avellaneda, Jorge Rómulo Ferranti.

Inmediatamente, Miralles fue ingresado al circuito de centros clandestinos de detención comandado por Camps. Pasó por los lugares conocidos como COTI Martínez y Puesto Vasco y por el Destacamento de Arana y la comisaría de Monte Grande. Según acreditó la Cámara Federal porteña en el juicio a Camps de 1986, en los dos primeros lugares Miralles fue torturado con picana eléctrica con la participación del ex médico policial Jorge Antonio Bergés. El cautiverio clandestino se prolongó hasta el 24 de agosto de 1978.

El comisario Ferranti, que retiró a Miralles del juzgado de Sarmiento, fue condenado el 3 de junio pasado a cuatro años de prisión por la aplicación de "vejaciones y severidades" a los hermanos Carlos, Alejandro y Rodolfo Iaccarino en la Brigada de Investigaciones de Avellaneda.

Hasta el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, Miralles había integrado el gabinete de ministros bonaerense de Victorio Calabró. Varios integrantes de aquél elenco resultaron víctimas del sistema de persecución implementado por Camps, quien los acusaba de haber hecho un pacto con la organización Montoneros.

En el pedido de detención de Sarmiento, los fiscales consideraron que "por su carácter de juez federal, Sarmiento debía conocer la ilegalidad de la detención que ejecutó en el recinto de su juzgado, para poner a disposición del jefe policial de otra jurisdicción a una persona que le había presentado un habeas corpus preventivo y que diariamente concurría a su juzgado para estar enterado de las novedades que podían producirse en su trámite."

"Entendemos que Sarmiento fue el ejecutor de la orden ilegal de detención –y sus consecuencias ulteriores-, hecho que se ve agravado por su condición de juez federal y garante de la libertad de la víctima, sobre todo porque contaba con los elementos para revisar la legitimidad de la orden y también para impedirla", agregaron los representantes del Ministerio Público Fiscal.

Incendiaron centro comunitario del Frente Popular Darío Santillán de Quilmes

En la madrugada de hoy, jueves 25 de Julio de 2013,  incendiaron el Centro Comunitario 20 de Diciembre, espacio donde funciona el MTD La Cañada con distintas actividades de Trabajo, Cultura y Educación.

Hoy, alrededor de las 02:00 hs de la madrugada, desconocidos incendiaron el Centro Comunitario del MTD La Cañada del Frente Popular Darío Santillán, situado en la calle Rodolfo López 4181 esquina calle 391 de Quilmes Oeste, donde funciona un Programa de Educación de Nivel Secundario para Adultos, una Cooperativa de Trabajo, y una importante cantidad de Talleres de distintas especialidades, culturales, educativas y recreativas para chicos y grandes, además de merienda y comedor.  

Este espacio funciona desde hace diez años en el barrio y está constituido por los vecinos y las vecinas. Surgió al calor de los momentos más crudos que le tocó vivir a nuestro país.  Supo estar presente cuando a los sectores más pobres de la zona, la crisis los sumergía en la peor de las pobrezas. Así fue como el MTD logró llegar allí donde el Estado, por esos tiempos estaba ausente. Hoy, el Centro Comunitario sigue siendo la organización popular del barrio, pero a su vez articula Programas del Estado, para intentar mejorar el nivel de vida de las familias. Cientos son los niños y niñas, jóvenes y adultos que han pasado por nuestra organización en la búsqueda de solucionar los problemas a los que estamos sometidos generalmente quienes formamos parte del sector social más perjudicado  de la sociedad: los trabajadores pobres. Es así que nos cuesta entender el  porqué de tamaña  agresión. 

Las familias que formamos parte del MTD nos sentimos consternados. Nos sentimos atacados. Sentimos haber sufrido un atentado. No podemos comprender como se puede ser capaz de realizar este tremendo daño a una Institución Popular, dedicada a construir lazos positivos, a acercar un plato de comida donde no hay, a generar trabajo cuando hace falta crear una entrada económica en algún hogar, a asistir sin dudarlo cuando el otro necesita y ofrecer todas nuestras herramientas para aportar a la educación popular. Somos una organización independiente, autónoma. No dependemos de los gobiernos ni de partidos políticos y no participamos de las elecciones en ningún lugar de la Provincia de Buenos Aires y mucho menos en Quilmes.

Tenemos también la necesidad de expresar que estos hechos no nos van a amedrentar. No nos van a detener. Vamos a seguir con más fuerza levantando las banderas históricas por las que siempre luchamos y nos transmitiera nuestro compañero Darío. Hoy mismo estaremos realizando los trabajos de reconstrucción necesarios para continuar con las responsabilidades que tenemos como organización popular. Así mismo, agradeceremos toda clase de ayuda para tal fin.

FRENTE POPULAR DARÍO SANTILLÁN
Contacto de Prensa: Orlando Agüero (011) 156 361 2340

La familia del soldado desaparecido cuando era ayudante de Milani, pidió la reactivación de la causa judicial

La familia del soldado Alberto Ledo, quien desapareció en Tucumán durante el denominado Operativo Independencia en 1976 cuando era asistente del hoy jefe del Ejército, general de división César Milani, pidió que se reactive la causa judicial para saber qué pasó con el joven conscripto

 Así lo manifestó esta mañana la hermana del soldado desaparecido, Graciela Ledo, quien ratificó que el joven estaba bajo las órdenes de Milani cuando el actual titular del Ejército en 1976 era subteniente en el Batallón de Ingenieros de Construcciones 141 de La Rioja, unidad que había sido enviada a Tucumán para integrar el Operativo Independencia
 ‘En este momento no hay causa abierta‘, comentó la mujer en declaraciones radiales al ser entrevistado sobre el pedido que hizo el diputado nacional Julio Martínez al Gobierno nacional federal sobre el destino del soldado Ledo
 La hermana de Ledo remarcó: ‘Nosotros tenemos todo listo para iniciar la causa. Esperemos que se active la causa para dilucidar una de las tantas violaciones a los derechos humanos‘
 Según Ledo, cuando su hermano desapareció ‘tenía 21 años, estudiaba historia y cumplía el servicio militar obligatorio en el Batallón de Ingenieros de Construcciones 141, con asiento en La Rioja‘

 Junto a otros soldados, Ledo fue trasladado a la Unidad de Operaciones Antiterroristas ubicada en la localidad tucumana de Monteros, añadió la mujer
 La noche del 17 de junio de 1976 el soldado Ledo fue requerido por un capitán de apellido capitán Sanguinetti para hacer una recorrida nocturna, regresaron minutos después, y volvieron a repetir la rutina hasta que en la tercera oportunidad solo regresó el oficial
 Al desconocerse el paradero de Ledo, el 4 de julio de 1976, Marcela, madre del soldado, pidió informaciones al Ejército y verbalmente le dijeron que su hijo había ‘desertado‘ del servicio obligatorio militar
 ‘Que haya sido desertor, jamás. Es una mentira tan grande, que nunca la vamos a creer‘, aseveró hoy su hermana

 Sobre esta situación añadió: ‘Pasaron muchos años, el Ejército y todas las Fuerzas Armadas se cubrieron entre ellos, fue una situación de cubrirse. No sabemos si existirán pruebas, si los archivos estarán completos. Hay archivos que nunca fueron abiertos ni fueron puestos a disposición de la Justicia‘

 El actual ministro de Seguridad, Arturo Puricelli, cuando estaba al frente de la cartera de Defensa remitió el legajo de Milani al fiscal de Tucumán que investiga los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en ese operativo

 En el legajo de Milani sólo se afirmó que era subteniente especializado en inteligencia en el Batallón de Ingenieros de Construcción 141 con sede en La Rioja, pero en comisión en Tucumán
 Se denominó ‘Operativo Independencia‘ a la actuación del Ejército y la Fuerza Aérea en Tucumán para aniquilar a la compañía ‘Ramón Rosa Jiménez‘ del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP)

PRIVILEGIO A UN GENOCIDA en CORRIENTES !! HAY QUE ESCRACHARLO !! AYUDANOS A DIFUNDIR !!

¡Otorgan al ex Capitán y Ex presidente de la Sociedad Rural de Corrientes Juan Carlos Demarchi ; el beneficio de visitar a su familia en su casa por diez días.
La autorización es un claro privilegio por sobre decenas de detenidos pobres a cargo del mismo Juez.
Demarchi se encuentra condenado a 25 años, por ser el Jefe del grupo de tareas del ex Regimiento 9 y ser responsable de vejaciones, severidades y torturas a decena de ex detenidos políticos.

El Juez del Tribunal Oral Federal de Corrientes Víctor Antonio Alonso, otorgo al ex Presidente de la Sociedad Rural de Corrientes y Ex Capitan de Inteligencia del Ejército Juan Carlos Demarchi , el sugestivo privilegio de una salida transitoria por diez días , para visitar a sus nietos ; a pesar de estar condenado a 25 años y haber cumplido apenas un tercio de la misma.

Demarchi reporto como Capitán en el ex Regimiento 9 de corrientes, como jefe del área de inteligencia, durante los años 75 y 76 y fue condenado por ser encontrado responsable de ser el jefe del grupo de tareas, que llevo a cabo decenas de secuestros y de aplicación de todo tipo de severidades, vejámes y torturas.
En la Resolución que le otorga este privilegio intolerable, el Juez Alonso argumenta que Demarchi se encuentra a mil kilómetros de su familia en el Penal de Campo de Mayo , lo que imposibilita la visita de sus familiares y en especial de sus nietos , cuanto que existen líneas áreas diarias de corrientes a la ciudad autónoma de Bs. As. que son de total accesibilidad de sus parientes.

Además fundamente que no existe Cárcel Federal en la provincia de Corrientes, cuanto que si existe la Unidad Penal N° 7 en la ciudad de Resistencia – a 20 kilómetros – donde están alojados todos los detenidos a disposición del mismo Juez Federal. Además en el Pabellón de Lesa Humanidad de esta Unidad, recientemente se desocuparon lugares porque el mismo Juez Alonso otorgo la prisión domiciliaria a distintos condenados en causa de Lesa Humanidad.

También resulta sumamente grave, que el traslado de Campo Mayo a su casa, lo haga su yerno y abogado defensor Vernengo, sin ningún tipo de guardia o custodia, lo que también se reproducirá durante su estadía en su domicilio y en su viaje de regreso.
Los organismos de DD HH y familiares de corrientes, a los que se están sumando voces de la región y de todo el país, consideran un premio inexplicable las vacaciones de diez días otorgadas a Demarchi por el Juez Alonso, entendiéndose como trasfondo que la intención es que el ex Capitán no este detenido en una Cárcel común como lo es la U7 donde debería estar alojado y que también se evite que sus nietos e hijos lo visiten y o lo vean en un lugar de detención.

Ahora el mismo Juez que no tiene el mismo criterio, cuando los detenidos a su disposición son presos por delitos comunes, muy menores comparados con los crímenes de Lesa Humanidad, pero como tienen una condición económica precaria, entonces no les hace nada, que sus familiares, hijos, nietos, los visiten como lo hacen rutinariamente por ejemplo en la U7.
Fuente Movimiento Barrios Unidos.

Sale a la luz el listado de los Médicos que torturaron durante la Dictadura de Pinochet.

Listado de Médicos Torturadores. Quiénes son, dónde están.

Quizá nunca se les aplique justicia porque EN CHILE NO HAY JUSTICIA para los Pobres. Pero que se sepa quiénes son y se les repudie.

Médicos torturadores. Quiénes son, dónde están. ¡ EXIGIMOS JUSTICIA !

Esta es una de las pocas cadenas que por deber moral hay que difundir. Ya se sabe con certeza que los torturadores andan sueltos por todas partes. Ojalá esto sirva por lo menos para detectarlos, ya que probablemente nunca se les aplique la justicia. Los médicos que rompieron el Juramento de Hipócrates:

“Juro por Apolo el Médico y Esculapio y por Hygeia y Panacea y por todos los dioses y diosas, poniéndolos de jueces, que este mi juramento será cumplido hasta donde tenga poder y discernimiento… Llevaré adelante este régimen, el cual de acuerdo con mi poder y discernimiento será en beneficio de los enfermos y les apartará del perjuicio y el terror. A nadie daré una droga mortal aun cuando me sea solicitada, ni daré consejo con este fin. De la misma manera, no daré a ninguna mujer supositorios destructores; mantendré mi vida y mi arte alejado de la culpa… Ahora, si cumplo este juramento y no lo quebranto, que los frutos de la vida y el arte sean míos, que sea siempre honrado por todos los hombres y que lo contrario me ocurra si lo quebranto y soy perjuro…”.


Parte del Juramento Hipocrático

1. Darwin Arriagada
Médico, dirigente del Colegio Médico de Chile en 1973.
Fue nombrado por la Junta Militar como Director General de Salud.. Participó en el plan de administrar drogas en los alimentos para asesinar a presos políticos. Entregó a numerosos médicos de izquierda, más de 30 de los cuales fueron asesinados. Atiende en Santa María 217, oficina 34, comuna de Independencia. Fono 7372626.

2. Camilo Azar Saba.
Médico de la CNI. Fue suspendido por seis meses del Colegio Médico por su participación en torturas aplicadas a prisioneros en cuarteles de la CNI. Implicado en caso de Federico Alvarez Santibáñez.

3. Guillermo Aranda
Médico de Punta Arenas, Cardiólogo. Aplicó sus conocimientos para la tortura de presos en esta ciudad.

4. Alejandro Babaich Schmith
Director Hospital “Cirujano Guzmán” de Punta Arenas. Asesor en torturas contra prisioneros políticos.

5. Gregorio Burgos
Médico del Regimiento de Los Angeles.
Asesoró a agentes de la DINA en buscar formas de tortura sin que el detenido perdiera el sentido.

6. Víctor Carcuro Correa
Médico de la CNI. Este doctor fue suspendido de sus derechos en el Colegio Medico por su participación en las torturas que culminaron con la muerte del transportista Mario Fernández López, en La Serena, en octubre de 1984.

7. Raúl Díaz Doll
Médico, funcionario de la Dirección General del Servicio Nacional de Salud. Integró la comisión militar que investigaba la filiación política de los médicos. Organizó el soplonaje en el servicio y participó personalmente en los interrogatorios a los médicos detenidos y torturados.

8. Guido Mario Félix Díaz Paci
Medico del Ejército y de la CNI.Oficial de sanidad militar del Ejército que participa de los hechos que culminaron con la muerte del transportista Mario Fernández López, en La Serena. Las causas de la muerte de Fernández López fueron las torturas sufridas en el cuartel de la CNI de dicha ciudad en octubre de 1984.

Cuando Mario Fernández debió ser trasladado al Hospital de La Serena, Díaz Paci mintió a los doctores de turno del Hospital, aduciendo que el detenido venía de una Tenencia de Carabineros y no de la CNI, solicitando a los médicos que ocultaran el estado del detenido. Una vez fallecido Fernández, el médico y agente CNI intentó que el facultativo que había operado de urgencia a la víctima falsificara el diagnóstico de su muerte, ocultando los verdaderos motivos del deceso. Por todas estas razones Guido Díaz Paci fue expulsado del Colegio Médico.

En 1974 participó en la exhumación del cuerpo de María Avalos, asesinada junto a su marido, Bernardo Lejdermann, en diciembre de 1973 por una patrulla del Regimiento Arica de La Serena. En el certificado de defunción aseguró que la mujer se había dinamitado.

9. José María Fuentealba Suazo
Médico del Ejército. El 27 de octubre de 1973 José Fuentealba participa en la comitiva que viaja a Río Mayo, en Argentina, para trasladar a 3 detenidos, Juan Vera, Néstor Castillo y José Rosendo Pérez, que habían sido capturados por Gendarmería argentina cuando escaparon en busca de refugio político. La comitiva iba al mando del Capitán Joaquín Molina Fuenzalida (asesinado por el hijo de Manuel Contreras) y también la integraban un carabinero de apellido Salinas y el suboficial Evaldo Reidlich Hains. Los tres prisioneros fueron subidos a un vehículo del Hospital Regional de Coyhaique y trasladados en dirección a Chile, pero nunca llegaron a destino. En abril del 2002, el juez del Primer Juzgado del Crimen de Coyhaique, Luis Sepúlveda, sometió a proceso a Fuentealba Suazo y al suboficial (R) de Carabineros Evaldo Reidlich Hains.

10. Alejandro Jorge Forero Alvarez
Cardiólogo. Registro Colegio Médico 9580-K. Comandante de Escuadrilla y médico que se desempeñaba al momento del golpe de Estado en el Hospital de la FACH. En 1976 prestó servicios como soldado segundo en la Base Aérea de El Bosque y en el Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina. En este lugar participa del Comando Conjunto, supervisando las torturas y drogando a los prisioneros que eran sacados para hacerlos desaparecer. Fue sometido a proceso por el juez Carlos Cerda en plena dictadura. Por estos días ha vuelto a ser requerido en nuevos procesos del Comando Conjunto.

11. Werner Gálvez
Médico pediatra, Coronel de Sanidad en Iquique. A comienzos del régimen militar aplicó inyecciones intravenosas de pentotal sódico, alternadamente con suero biológico, durante interrogatorios en esta ciudad.

12. Fernando Jara de la Maza
Médico traumatólogo de Valdivia. En los días posteriores al golpe militar participó directamente en la aplicación de tortura a detenidos.

13. Manfred Jurgensen Caesar.
Médico de la CNI. Este médico, a la vez agente de la CNI, fue expulsado del Colegio Médico por su participación en torturas aplicadas a prisioneros en cuarteles clandestinos de este organismo represivo. Implicado en muerte de Federico Alvarez Santibáñez.

14. Luis Losada Fuenzalida
Médico de la CNI. También fue expulsado del Colegio Medico por su participación en las torturas que culminaron con la muerte del profesor Federico Álvarez Santibáñez. Una hora antes de la muerte de Álvarez Santibáñez, torturado en agosto de 1979 durante siete días en cuarteles secretos de la CNI enSantiago, firmó un informe en el que indicó que el docente estaba en buenas condiciones físicas.

15. Vittorio Orvieto Teplizky
Médico del Ejército. Cumple funciones de colaboración en las torturas cometidas en el Campo de Prisioneros Número Dos de Tejas Verdes. También participa en la Brigada de Salubridad de la DINA como director de la Clínica Santa Lucía.

16. Eugenio Fantuzzi Alliende
Otorrinolaringólogo. Médico Jefe del Servicio de Otorrinolaringología de la Clínica Dávila, ubicada en Avenida Recoleta 464, Santiago. Consulta Particular en Luis Thayer Ojeda Norte 073, oficina 606, Providencia. Teléfono 233 7524. Fax 234 1740.

17. América González Figueroa
Contratada en dictadura para ejercer funciones en el Servicio Médico Legal, donde falseó la información sobre las causas de muerte de algunos ejecutados políticos. Entre los casos en que está implicada aparecen la muerte a causa de torturas de Carlos Godoy Echegoyen, que hizo aparecer como “muerte súbita”, el asesinato de Cecilia Magni Camino, afirmando que se habría ahogado y ocultando losvestigios de tortura en su cuerpo, y el crimen del dirigente estudiantil DC Mario Martínez, que apareció en las costas de las Rocas de Santo Domingo luego de que fuera secuestrado en Santiago. Otro “servicio a la patria” fue su participación en los exámenes que culminaron con el fraude de la demencia de Pinochet. En el último período, aún en el SML, fue designada jefe del Departamento de Tanatología y directora subrogante del servicio. El 21 de diciembre de 2000, poco después de que se comprobara su responsabilidad en la entrega equivocada de los cuerpos de tres jóvenes quemados al interior de la Cárcel de San Miguel, recibió una anotación de mérito en su hoja de vida firmada por el ministro de Justicia José Antonio Gómez, militante radical.

18. Jorge León Alessandri
Dentista, agente civil de la DINE, implicado en el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez Alfaro.

19. Osvaldo Leyton Bahamondes
Médico de la DINA. Implicado en la muerte por torturas de Manuel Leyton Robles, agente de la DINA que fue asesinado por sus “colegas” al verse involucrado públicamente en el robo de una renoleta, trabajo encargado por su superior Germán Barriga Muñoz. El doctor Leyton Bahamondes firmó un certificado en el que el agente aparece como fallecido a causa de una crisis epiléptica y arritmia cardiaca en Almirante Barroso 76, ubicación de la clínica clandestina London.

20. Bernardo Pulto.
Medico radiólogo de Melipilla. Junto al Fiscal militar de Melipilla tomó parte personalmente en las sesiones de tortura a prisioneros.

21. Luis Hernán Santibáñez Santelices.
Médico DINA. Integrante de la Brigada de Salubridad que funcionaba en la Clínica London (Almirante Barroso). Implicado en la desaparición de Juan Elías Cortés.

22. Hernán Horacio Taricco Lavín
Médico DINA. Jefe de la Brigada de Salubridad que funcionaba en la Clínica London. Implicado en la muerte del agente DINA Manuel Jesús Leyton Robles.

23. Hernán Twane
Psicólogo que aplicó Pentotal Sódico a los prisioneros para que éstos fueran interrogados por el Servicio de Investigaciones. Mantiene una consulta compartida en las inmediaciones del edificio Diego Portales.

24. Werner Zanghellini Martínez .
Director de la Clínica Santa Lucía entre 1975 y 1976. Es acusado por sobrevivientes de Villa Grimaldi de haber inyectado el virus de la rabia a Jorge Fuentes Alarcón, detenido desaparecido. Fue funado en su clínica particular de Galvarino Gallardo 1983, Providencia, y al día siguiente se cambió a una oficina cercana perteneciente a un familiar.

25. Sergio Marcelo Virgilio Bocaz
Médico de la Brigada de Salubridad de la DINA, con labores en la clínica clandestina Santa Lucía, que continuó trabajando en el Comando de Logística de la CNI. Marcia Merino dice haberlo visto en publicidad de café y financieras. Brigada de Salubridad de la DINA. Compuesta entre otros por los doctores Vittorio Orvietto, Werner Zanghellini, Hernán Taricco, Nader Nasser, Osvaldo Eugenio Leyton Bahamondez, Rodrigo Vélez, Samuel Valdivia Soto, Luis Hernán Santibáñez Santelices, Eduardo Contreras Balcarce, el ginecólogo Juan Pablo Figueroa Yáñez, el otorrino Eugenio Fantuzzi Alliende, el psiquiatra Roberto Lailhacar Chávez, el dentista Sergio Roberto Muñoz Bonta y la enfermera María Eliana Bolumburú Taboada. Otro médico, del cual sólo se sabe el apellido, es el psicólogo Bassaure. Sus direcciones actuales: H. Darwin Arraigada Loyola , Medicina general. Atiende en Santa María 217, oficina 34, comuna de Independencia. Fono 7372626.

26. Juan Pablo Figueroa Yáñez
Ginecólogo y Obstetra. Atiende de lunes a viernes en la Clínica Arauco, ubicada en el Parque Arauco. Avenida Kennedy 5413-B. Teléfono 2990299. Su última dirección conocida es Américo Vespucio Norte 1303, departamento 71, Vitacura. Teléfono 2069147.

27. Werner Zanghellini Martínez
Cardiólogo. Última dirección conocida: Galvarino Gallardo 1983, Providencia. Ahora atiende sin publicidad en la consulta de un familiar, en la misma comuna.

28. Sergio Marcelo Virgilio Bocaz
Medicina general. Aún se encuentra en funciones en el Hospital Félix Bulnes, ubicado en Leoncio Fernández 2655, Quinta Normal, Santiago. Su última dirección conocida es Tupungato 10.279, Vitacura. Teléfono 2154768.

29. Hernán Horacio Taricco Lavín
Pediatra. Atiende los martes, jueves y viernes, de 12:00 a 14:30 horas, en el Centro Médico Militar de Maipú, ubicado en la Avenida Ramón Freire Nº6097, Villa Militar Oeste, Paradero 3 1/2 de Pajaritos, Comuna Estación Central. Teléfonos: 450 8564, 450 8565, 450 8566. Fax: 450 8563. Su última dirección conocida es en Tabancura 1278, teléfonos 2433425 y 2433444.

30. Sergio Roberto Muñoz Bonta
Dentista. Atiende público en el Hospital Barros Luco-Trudeau y en la consulta médica dental “San Lucas” de José Domingo Santa María 1338. Fonos 7377674 y 7379978.

31. Roberto Lailhacar Chávez
Psiquiatra. Ex presidente de la Sociedad Chilena de Sexología y Educación Sexual.. Atiende en Obispo Salas 290, Oficina 168. Fono 2239405. Su última dirección conocida es Los Ranchos 8763, Vitacura, teléfono 3262178.

32. Manfred Jurgensen Caesar
Medicina general. Trabaja en el Hospital Militar de Santiago. Consulta particular Hernando de Aguirre 194, oficina 301.

33. Alejandro Forero Alvarez
Cardiólogo. Trabaja en la Clínica INDISA, Avenida Santa María 1810, fono 2254555. Consulta Particular Apoquindo 6275, oficina 116. Su última dirección conocida es Camino La brisa 14.199-2, Lo Barnechea. Teléfono 2161253. Registro de Colegio Médico 9580-K

34. Guido Díaz Paci
Pediatra. Atiende en el Regimiento de Infantería N°21 “Arica” de la Segunda División de Ejército con base en La Serena, bajo el mando del General de Brigada José Gabriel Gaete Paredes. Mantiene consulta particular en esta ciudad.

35. Camilo Azar Saba
Traumatólogo. Desde el 1 agosto de 2003 atiende en Integramedica Alto Las Condes, ubicada en Avenida Kennedy 9001, piso 7, Mall Alto Las Condes. Fonos: 6366666, 6796500, 6796566 y 6796567. Asistente: Fabiola Banda, fono 6796576. Su última dirección conocida es Echeñique 8801-B (interior). Teléfonos 3265277 – 3265294.

36. Vitorio Orvieto Tiplizki
Oftalmólogo. Atiende en los centros Integramedica de Maipú, Av. Pajaritos 1605, teléfono 6366500, y en el de Plaza Oeste, ubicado en Américo Vespucio.

Acá para ver el listado completo de los criminales de la dictadura.
Para más información pueden leer el Informe Valech.

Comisión Ética Contra la Tortura – CECT
10 años luchando contra la Tortura en Chile
Huelén 164, 1er piso.  -  Providencia  -    Santiago, Chile
www.contralatortura.cl

Adherimos la Campaña:
Ninguna circunstancia permite tolerar la tortura! Con la OMCT, firme el Manifiesto…
Fuente: wpchile.wordpress.com