martes, 21 de agosto de 2012

La Justicia colombiana confirmó la extradición de un exfiscal de la dictadura

La Corte de Bogotá dejó vigente el pedido planteado desde marzo pasado por la Justicia argentina para que Gustavo Demarchi sea enviado al país, donde es acusado de haber cometido delitos de lesa humanidad cuando comandaba un grupo de Concentración Nacional Universitaria (CNU), una facción de ultraderecha que llegó a ser un apéndice de la Triple A. La defensa del imputado había interpuesto una acción de tutela que, sin embargo, los jueces rechazaron y dejaron firme la decisión del presidente Juan Manuel Santos, quien a principio de mes autorizó la extradición del hombre que detenido en 2010, en un aeropuerto mientras ingresaba como turista.

Según la prensa colombiana, la decisión fue tomada la semana pasada indica que la decisión fue adoptada el viernes pasado y no modifica la autorización que en marzo de este año dio la Corte Suprema de Justicia de Colombia para la entrega del exfuncionario judicial a las autoridades argentinas. Por este motio, el Tribunal Superior de Bogotá concluyó que "no tenía que hacer ninguna exigencia a Argentina para extraditar a Demarchi".

La justicia marplatense aguarda a Demarchi para juzgarlo en una causa en la que está acusado de haber cometido delitos de lesa humanidad, junto a Mario Ernesto Durquet, Raúl Moleón, José Luis Granel, Juan Carlos Asaro, Luis Roberto Coronel, Roberto Alejandro Justel y Juan Carlos Gómez.

Se los acusa de los asesinatos de los militantes de la Juventud Universitaria Peronista marplatense Enrique Elizagaray, Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla Yanzi, Jorge Lisandro Videla y Bernardo Goldenberg.

Demarchi fue detenido por Interpol hace un año en Bogotá, Colombia, luego de permanecer prófugo desde noviembre de 2010 y su captura internacional había sido solicitada por el juez federal Rodolfo Pradas en el marco de la investigación de los crímenes cometidos entre 1975 y 1976 por la CNU de Mar del Plata, que todavía tiene seis prófugos.

domingo, 19 de agosto de 2012

La Justicia investiga a ex directivos de Loma Negra por delitos en la dictadura

La causa tramita en Azul. Es por el asesinato de un abogado que litigaba contra la empresa. También acusan a empresario de transporte.

Por Mariano Confalonieri
Imperio. Amalita era dueña de Loma Negra y estaba en pareja con Prémoli, un ex coronel. La empresa triplicó su patrimonio con la dictadura militar.

El Juzgado Federal Nº 1 de Azul investiga si los directivos de la empresa Loma Negra se valieron del aparato terrorista del Estado para asesinar a un abogado que litigaba contra la empresa en 1977. En pleno apogeo de la dictadura de Jorge Rafael Videla, Carlos Moreno inició varios juicios contra la cementera por las condiciones insalubres de trabajo que padecían sus empleados. En uno de esos litigios representó a Florencio Paniagua, que contrajo una enfermedad pulmonar por una sustancia que había en la cal llamada silicosis. Moreno logró que el 20 de abril de 1977 la empresa desembolsara un millón de pesos de ese entonces en compensación. Nueve días después lo secuestraron y luego apareció asesinado en La Plata. Sus familiares fueron a retirar su cuerpo a 2 y 53, en la capital provincial.

Por ese asesinato, la Justicia puso bajo la lupa a la comisión directiva de la empresa. “Una dictadura no se mantiene sólo a sangre y fuego sino con la complicidad de civiles. Loma Negra triplicó su patrimonio con los negocios que hizo con la dictadura”, contó a PERFIL Matías, el hijo de Moreno. En rigor, la cementera fue proveedora para la construcción de las autopistas de Buenos Aires y para levantar los estadios de fútbol que se usaron para el Mundial de 1978. “Es la primera empresa denunciada por cartelización. El caso quedó frenado en la Corte Suprema”, contó Matías.
“Mi padre estuvo cuatro días en un centro clandestino de detención en Tandil. Nos llamaron para retirar su cuerpo desde La Plata. Estaba envuelto en una bandera del ejército argentino y nos pusieron la condición de que no fuera enterrado en Olavarría sino en La Plata”, precisó el hijo del abogado asesinado. Loma Negra era en ese momento de Amalia Lacroze de Fortabat. Hoy, el fideicomiso que quedó luego de la venta a Camargo Correa es administrado por Alfonso Prat-Gay y la beneficiaria es la hija de Fortabat, María Inés de Lafuente. El Gobierno nacional se presentará en el caso como querellante: ya está en la causa la secretaría de Derechos Humanos de la Provincia. El kirchnerismo propicia que se destape la complicidad civil en la dictadura. Ya inició una causa que investiga la compra de Papel Prensa, la planta que provee el papel para diarios, y puso bajo la lupa al CEO de Clarín, Héctor Magnetto, y al de La Nación, Bartolomé Mitre.

En el caso de Loma Negra la mayor parte de los miembros de la Comisión Directiva están muertos, empezando por Amalita. Después de la muerte de Fortabat, Amalita se puso en pareja con el coronel Luis Prémoli. “Estamos en etapa de investigación y solicitando los listados de las comisiones directivas de esos años”, dijo a PERFIL Moreno.
Otro caso que avanza sobre la complicidad civil es el de La Veloz del Norte, una gran empresa de transporte de pasajeros. Su dueño, Marcos Levin, está acusado ante un juzgado federal de Salta de haber sido partícipe necesario en la desaparición de doce trabajadores de la compañía, que estuvieron en un centro clandestino en esa provincia. Entre los desaparecidos hay un dirigente sindical llamado Víctor Cobos, que era chofer en la empresa.
Durante el juicio, varios atestiguaron que los secuestrados eran llevados a los centros clandestinos en autos que la empresa había puesto a disposición de las Fuerzas Armadas. Algo similar dicen que ocurrió en el Ingenio Ledesma, causa que tiene contra las cuerdas a Carlos Pedro Blaquier.
El Gobierno tiene intenciones de avanzar en otros casos. Entienden que hay material para empezar causas contra YPF y Acindar, que en ese momento eran del Estado, por haber “marcado” previamente a los trabajadores que luego fueron desaparecidos por la dictadura militar.
En el caso de Acindar, el involucrado es José Alfredo Martínez de Hoz, quien era su gerente. La complicidad civil en la dictadura es un camino difícil de transitar, sobre todo, tres décadas después de lo sucedido.

martes, 14 de agosto de 2012

El plan de persecución a los sacerdotes

En La Rioja empieza el juicio por el asesinato de los curas Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville

De Dios Murias y Longueville fueron asesinados en 1976, dos semanas antes del crimen del obispo Angelelli. Los acusados son Luciano Benjamín Menéndez, que sería exceptuado del juicio por razones de salud, el vicecomodoro Luis Estrella y el ex comisario Domingo Vera.

 Por Alejandra Dandan

Mañana empieza en La Rioja el juicio por los crímenes de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y el francés Gabriel Longueville, asesinados dos semanas antes del falso accidente que eliminó al obispo Enrique Angelelli mientras viajaba a Buenos Aires con información sobre la persecución a los curas. El debate, que es pensado como la puerta de entrada a lo que fue la persecución de la dictadura al sector de la Iglesia que encarnó la opción por los pobres, comienza en un escenario repetido en muchos lugares del interior del país: de los dos acusados, uno, el ex comisario Domingo Benito Vera, imputado como autor material de los crímenes, está relacionado con la corporación judicial que consiguió posponer durante demasiado tiempo el comienzo del juicio. Y en los últimos días volvió a hacer un intento. Un informe médico intentó apartarlo del juicio; el Tribunal aceptó; la fiscalía se opuso. El debate ahora comienza con los dos acusados en condiciones de estar en la sala. A veinte días del pedido de los fiscales, el Tribunal además acaba de poner por primera vez a los dos acusados en prisión.

Una delegación que se presentó como integrante de la Policía Federal Argentina secuestró a los dos sacerdotes el 18 de julio de 1976, en la casa parroquial de la Iglesia El Salvador, en la localidad de Chamical. Los subieron a un auto; los llevaron a la base aérea de Chamical (Celpa) de la Fuerza Aérea Argentina, los interrogaron y los torturaron. Los cadáveres aparecieron con vendas en los ojos y brutales marcas de tortura, el 20 de julio, cerca de las vías del tren, a unos siete kilómetros de Chamical. En la causa están imputados Luciano Benjamín Menéndez, jefe del Segundo Cuerpo del Ejército, que hasta ayer era revisado en Córdoba y probablemente quede exceptuado del juicio por razones de salud. También el vicecomodoro Luis Fernando Estrella, segundo jefe de la base aérea de Chamical. Y Domingo Benito Vera, ex comisario de La Rioja, de quien los testigos dicen que cuando estaba excedido de copas salía por el pueblo ufanándose de haber matado a los curas.

Vera estuvo excarcelado hasta el lunes. Con Estrella sucedió lo mismo en esta causa, pero el expediente paralelo por la investigación del crimen de Angelelli lo mantuvo con prisión domiciliaria. La defensa de Vera presentó hace más de diez días un informe de los peritos del Poder Judicial de la provincia, cuando se trata de una causa federal. El informe decía que por problemas de salud consideraban que no era “oportuno” someterlo al debate. El comienzo del juicio –cuya fecha de inicio debió ser marzo pasado– se suspendió el 7 de agosto porque el tribunal que preside José Camilo Nicolás Quiroga Uriburu tradujo el “no era oportuno” por “no puede”.

El fiscal Carlos Gonella se opuso a la decisión y pidió que los exámenes se cotejaran con los de médicos del Cuerpo Médico Forense o de hospitales públicos independientes, teniendo en cuenta la trama de relaciones que parecía beneficiarlo. Vera es hermano de un camarista de Chamical; su abogado defensor, Juan Carlos Pagotto, es hermano del presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. Y los parentescos los enlazan con médicos que trabajan para la corporación judicial. “El diagnóstico finalmente se resolvió de hecho”, dice Gonella. “El fin de semana pasado los vecinos de Chamical vieron a Vera lo más tranquilo caminando en la calle. Para evitar casos como éstos, le pedimos al Tribunal hace quince o veinte días la detención de los dos”, dice. El lunes pasado, los jueces ordenaron la detención “inmediata” por la inminencia del juicio.

Cristina Murias es la hermana del sacerdote Carlos de Dios y parte de la querella. “Un triunfo de la querella y la fiscalía es que se ordenó la detención”, dice a Página/12. “En 36 años nunca estuvieron detenidos ni Vera ni el comodoro Estrella; algo es algo.”

“En La Rioja, el carácter del golpe cívico-militar estuvo marcado por la persecución a los militantes políticos, pero también a los sacerdotes que desarrollaron sus tareas pastorales con el movimiento campesino”, dice Gonella. “En la línea de Angelelli, los sacerdotes reivindicaron los derechos de defensa a la tierra de quienes peleaban desde hacía tiempo frente a los intereses económicos que formaron parte de la represión ilegal y querían desposeerlos.” La represión, dice Gonella, buscó eliminar a los sacerdotes que consideró una amenaza. “Es muy interesante observar cómo en 1970 Angelelli, con los curas que formaban parte del equipo de la pastoral, entre ellos las víctimas de esta causa, ya decía que no se puede alcanzar la paz social mientras el Estado represor esté afectando la dignidad de las personas, eso está en los medios y en las homilías.” Cuando lo mataron, Angelelli llevaba una carpeta con las investigaciones que se habían hecho por la muerte de los dos curas conocidos como “los mártires de Chamical”.

Este es el primer debate oral que mostrará esa trama. Ramiro Fresneda, querellante por la Secretaría de Derechos Humanos con Guillermo Martínez y Bernardo Lobos, explica que la prueba es numerosa: datos sobre la persecución a otros sacerdotes; documentos sobre la actividad de espionaje en las homilías, que eran grabadas por los militares, y pruebas pastorales, como la última homilía en la que uno de los sacerdotes dice que está amenazado y pide oraciones a la comunidad. “La nota característica del juicio es el plan sistemático de persecución a la pastoral que buscó exterminar la diócesis de Angelelli”, dice Fresneda. “Hay elementos de prueba documental y testimonial y un cúmulo de indicios importantes que permiten tener la certeza de que toda la persecución a los sacerdotes y laicos tuvo que ver con el trabajo de la pastoral y la opción por los pobres y el compromiso con el movimiento rural.”

Las audiencias se harán jueves y viernes. Entre los testigos habrá sacerdotes, religiosas, vecinos de Chamical, integrantes del movimiento campesino y familiares. La lista original sumaba a unas cien personas, pero casi la mitad ya falleció. Los que quedaron son entre 50 y 60 testigos. Se espera que, durante el juicio, aparezcan otras responsabilidades o el silencio y complicidad de la jerarquía de la Iglesia.

“Las Galerías Pacífico, centro de torturas”

Un ex desaparecido, Arturo Santana, filmó en ese centro comercial y dijo reconocerlo como el lugar del tormento.

Santana es portugués, después de padecer secuestro y torturas durante la dictadura se fue del país. De casualidad, filmando en Galerías Pacífico reconoció el piso. Pide que la Justicia investigue qué pasó allí y que se coloque una placa.

 Por Gustavo Veiga

Arturo Santana es un profesional de la televisión. Su especialidad, la dirección de fotografía, que también le permitió incursionar en el cine. En 1987 trabajaba como operador de VTR en Ciudad de pobres corazones, sobre el álbum de Fito Páez y dirigida por Fernando Spiner, cuando por azar se topó con el mismo sitio donde había estado detenido-desaparecido durante la última dictadura. “Tuve la certeza de que estaba en las Galerías Pacífico porque empecé a mirar el suelo y me empecé a sentir mal, a descomponer y no entendía por qué. Me senté, puse las manos sobre mi cabeza y volví a 1976, al momento en que me secuestraron. Me entraron por la calle San Martín con una capucha y con las manos atadas atrás”, cuenta. Como en un caleidoscopio, las imágenes de ese pasado trágico invaden las retinas de este portugués de 63 años. Hoy está de nuevo en la Argentina para contarlo.

Militaba en Montoneros cuando, con un ardid, un grupo de tareas que lo seguía de cerca lo sorprendió a la salida de la Casa Cuna. Había ido a visitar a su hija Magalí, nacida el mismo día del golpe de Estado. Le habían dicho que se iba a morir, pero no era cierto. A la salida del hospital, la patota lo detuvo, le rompió dos dientes y se lo llevó en un Ford Falcon. Cuando declaró en la Justicia el 22 de febrero pasado, describió: “De ahí me llevan a lo que yo llamo Galerías Pacífico, pero en ese momento no tenía ni idea de dónde estaba”. Lo confirmaría once años más tarde durante el rodaje del documental musical. El principal indicio fue “un piso muy especial, no recuerdo si era de mármol o baldosas...” que podría reconocer, aunque años después comprobó que no estaba más.

El 23 de abril, Santana se presentó como querellante en la megacausa del Primer Cuerpo de Ejército con el objetivo de que el juez federal Daniel Rafecas investigue los datos que aportó en su denuncia. Su declaración testimonial es la primera sobre las Galerías Pacífico. Pasaron 25 años desde el ’87, pero el portugués vivió una parte considerable en el exterior y confiesa que “seguía con miedo, con temores. Quería sacarme esto de la cabeza, porque no es fácil de sobrellevar”.

La historia del shopping que tuvo un centro clandestino de detención en su subsuelo (ver aparte) es también la historia de su cúpula con murales de Berni, Spilimbergo y Castagnino, entre otros; la del Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, que le dio nombre al centro comercial porque allí funcionaron sus oficinas, y la de un negociado durante el gobierno menemista con la adjudicación en tiempo record de sus instalaciones a capitales privados. Hasta fines de 1989 el dueño era Ferrocarriles Argentinos. Ese mismo año al lugar lo declararon Monumento Histórico Nacional.

A Campo de Mayo

Santana pasó cuatro o cinco días en el segundo subsuelo de Galerías Pacífico en el ’76. Regresó once años después, también ahora y debe haber regresado infinidad de veces en sus pesadillas. “No recuerdo a nadie con quien haya compartido la celda. Sólo recuerdo que había un gallego, un italiano y que todos habían venido a Argentina a la misma edad que yo, alrededor de los 13 años. También había una persona con acento cordobés que era físico...”, declaró en sede judicial.

Su perfecto castellano lo matiza con algún vocablo portugués, como cuando describe las “grades” (rejas) que encontró mientras filmaba. “No tiene una explicación razonable, pero yo sé que empecé a bajar las escaleras y me encontré con el segundo subsuelo donde estaban las celdas, las grades y los nombres nuestros con consignas escritas con las uñas. No había otra forma de escribir porque te sacaban todo.”

Trasladado a Campo de Mayo, su cautiverio se prolongó hasta fines de agosto de 1976 junto a otros extranjeros. “Nos sacaban día por medio para llevarnos a torturar. Era una especie de carpa militar. Nos torturaban con picanas, me cortaron las venas y después las ponían debajo de una canilla de agua para que la sangre corra. Te cosían y te volvían a cortar. También había simulacros de fusilamiento colectivos...”, declaró en el juzgado. En la entrevista con Página/12 se extendió en detalles sobre el lugar de detención: “Un galpón que era para extranjeros. Una especie de hangar chiquito que lo tenían al final de una pista”.

Gracias a las gestiones de distintos gobiernos europeos –y en su caso, del cónsul portugués en Buenos Aires, Antonio Pereira Do Santos–, Santana y sus compañeros de detención pudieron abandonar el país. Lo dejaron en una plaza de Barrio Norte, cerca de varias embajadas, con una ficha para hablar por teléfono y una amenaza inequívoca: “Si no te vas del país en 24 horas sos boleta”. Un avión de Varig lo dejó en Portugal, aunque en 1979 regresó, como lo haría varias veces más. Ahora, en la última, comenta: “Quisiera como reparación que se colocara una placa en las Galerías Pacífico que diga: acá hubo un centro clandestino de detención donde se hizo desaparecer y matar a personas. Porque nosotros, de vez en cuando, escuchábamos tiros. Y hasta donde pude saber, ahí había un polígono de tiro”.

Santana, desencantado con la transformación que tuvo el sitio donde estuvo detenido, señala que “es un lugar por donde pasaron muchos compañeros que ya no están con nosotros. Ubicado en el centro de la Capital, es un edificio emblemático y donde la gente se pasea graciosamente, come, bebe y se ríe, o sea, disfruta del paraíso del consumo cuando ahí abajo hubo un infierno”.
De la policía al shopping

Hay una línea de continuidad, una cierta lógica que indica por qué funcionó un centro clandestino de detención en los subsuelos de las aristocráticas Galerías Pacífico. En la manzana delimitada por la avenida Córdoba y las calles Florida, Viamonte y San Martín, donde el 18 de mayo de 1992 abrió el conocido shopping, operaba desde 1973 la Superintendencia de la Policía Ferroviaria y también Coordinación Federal. En la querella que presentó Pablo Llonto, el abogado de Arturo Santana, se le pide a la Justicia que libre oficio a la Policía Federal para que responda si en el ’76 operó desde ese señorial edificio una delegación, comisaría o dependencia de esa fuerza.

El escrito solicita que “asimismo se informe si en dicho lugar funcionó un polígono de tiro y/o dependencias de la llamada Policía Ferroviaria o Superintendencia de Seguridad Ferroviaria”. Cuando era fiscal de la Cámara Federal, Luis Moreno Ocampo señaló que entre 1977 y 1981 había funcionado allí un centro clandestino de detención perteneciente al circuito ABO (Atlético-Banco-Olimpo), bajo la tutela del genocida Guillermo Suárez Mason, por entonces jefe del Primer Cuerpo del Ejército.
Solidaridades que ayudaron

La solidaridad de Arturo Santana con algunos militares portugueses que participaron de la Revolución de los Claveles en su país el 25 de abril de 1974 sería devuelta con gratitud dos años después, cuando lo secuestraron en la Argentina. El capitán Armando Queirós de Lima fue uno de esos oficiales que tumbó a la dictadura más larga de Europa, encabezada por Antonio Salazar hasta su muerte, y por Marcelo Caetano, su sucesor. Santana había sido anfitrión en Buenos Aires de varios militares, como el general Costa Gómez y el almirante Rosa Cotino, más el dirigente socialista Juan Rainho. También trabó amistad con el cónsul Antonio Pereira Do Santos y algunos protagonistas de aquella revolución que se movieron en su país para conseguir su liberación en 1976. “La amistad que tuve con ellos me terminó ayudando más tarde para que me salven”, explicó.

lunes, 13 de agosto de 2012

Lleva ocho meses frenada la detención de tres represores


La causa por la desaparición del soldado Papetti no avanza. El juez Seró debe resolver una requisitoria fiscal de diciembre. La hermana de la víctima manifestó su preocupación por el estancamiento
En sus manos. El juez Seró debe resolver sobre las nuevas detenciones de acusados por delitos de lesa humanidad. En sus manos. El juez Seró debe resolver sobre las nuevas detenciones de acusados por delitos de lesa humanidad.

Alfredo Hoffman

Una requisitoria de llamado a indagatoria y detención de tres represores de la dictadura espera una definición desde hace ocho meses. Se trata de la causa por la desaparición del soldado Jorge Emilio Papetti, que permanece trabada en el Juzgado Federal de Paraná y que ahora está en manos en forma interina de Pablo Seró, magistrado de Concepción del Uruguay.
 
En el Juzgado de calle 25 de Mayo de la capital entrerriana se viene haciendo cada vez más común el estancamiento de investigaciones por delitos de lesa humanidad, debido a planteos dilatorios de los acusados. Es así que la megacausa Área Paraná se hundió en una serie de recusaciones que ya fue denunciada públicamente por la abogada de la organización Hijos Regional Paraná, Florencia Amore, en Diario UNO.

El caso de Papetti, también debido a recusaciones, terminó interinamente en manos del juez Federal de Concepción, quien demora la resolución del pedido de los fiscales José Ignacio Candioti y Mario Silva. Ese pedido fue realizado originalmente en diciembre de 2011 y reiterado antes de la feria judicial de julio. Hasta ahora no hay respuestas de Seró, quien dejó trascender que necesitaba tiempo para estudiar el expediente.

Jorge Papetti fue secuestrado el 16 de marzo de 1977 mientras realizaba el servicio militar obligatorio en el Regimiento de Concordia, cuyo responsable era el entonces coronel Naldo Miguel Dasso. Fue trasladado a Paraná junto a otros detenidos, alojado en el Batallón de Comunicaciones y luego en la Unidad Penal 1, donde habría muerto durante una sesión de tortura. En aquel tiempo, la explicación de Dasso fue que en el trayecto de Concordia a Paraná, el muchacho pidió permiso para ir al baño en Villaguay y se escapó. La familia nunca creyó esta versión.

La investigación se reabrió con la caída de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, pero primero debió atravesar un proceso de indefiniciones sobre qué Juzgado Federal era competente: Concepción del Uruguay o Paraná. Finalmente se resolvió que debía tramitarse en la capital entrerriana, porque fue allí donde se tuvo contacto con el soldado por última vez.

Fue por ese motivo que el caso no se incluyó en el juicio que tiene como principal imputado a Albano Harguindeguy por los delitos de lesa humanidad cometidos en el Área Concordia, que se realiza actualmente. De todos modos, María Ema Papetti, hermana de Jorge, declaró en ese debate como testigo el 6 de junio. El peso de su testimonio fue tal que los miembros del Tribunal Oral Federal interrogaron a los fiscales sobre el estado de la causa. Candioti dijo, entonces, que desde diciembre estaban pedidas las indagatorias y detenciones de tres personas cuyos nombres no podía revelar. Luego de la declaración de María Ema, los fiscales solicitaron a Seró que pidiera al TOF la remisión de una copia de ese valioso testimonio. El juez hizo lugar y recibió el material y lo agregó a la causa. Antes de la feria, la requisitoria del ministerio público fue reiterada, con el argumento de que ya existe un cúmulo de pruebas más que suficientes para determinar las responsabilidades penales.

Dilaciones
En diálogo con UNO, María Ema Papetti manifestó su preocupación con la demora en el avance de la investigación de la desaparición de su hermano y de otras violaciones a los derechos humanos. “Se ha esperado tantos años y es incomprensible que la Cámara siga aceptando las recusaciones. Desde el sentido común, uno dice que tiene que haber algún punto en que digan ‘basta, señores’; porque en nuestra causa no ha habido tantas recusaciones, pero en Área Paraná ya pasaron cinco jueces”, remarcó. Luego recordó que la causa de su hermano ya atravesó por varias dilaciones, desde que el juez de Concepción del Uruguay se declaró incompetente y pasó a Paraná, hasta la actual demora en el llamado a indagatorias y detenciones.

Según indicó, no tiene dudas de que los acusados solo buscan obstaculizar el avance de la Justicia. “Ellos quieren dilatar, dilatar, dilatar y que se vayan muriendo, por un lado las familias y por otro lado ellos mismos conservando su impunidad”, sostuvo.

Testimonio clave sobre la desaparición de Papetti
Por el testimonio de un compañero de cautiverio, se presume que Papetti falleció a causa de los tormentos y los maltratos que sufrió, estando detenido en la cárcel de Paraná. Ese testigo, a quien el juez Gustavo Zonis escuchó por videoconferencia en octubre de 2010, indicó que pudo ver al joven desaparecido cuando ambos todavía estaba detenidos ilegalmente en Concordia y le llamó la atención su tos persistente. Lo vio “muy deteriorado, con el pecho hundido, los ojos vendados y tosiendo permanentemente en una forma muy fea”. Luego de eso, ya no lo pudo ver, porque permaneció encapuchado, pero en todo momento lo escuchaba toser de la misma forma. Así fue en los calabozos de Comunicaciones. Luego, en la Unidad Familiar de la UP 1, cuando esperaba el turno para ser torturado, volvió a oír la tos hasta que de pronto no la escuchó más. Entonces pudo percibir estertores, golpes en el pecho, insultos y la intervención de alguien a quien le decían “doctor”. El testigo presume que Papetti falleció en ese momento. El testimonio es sumamente valioso para la investigación que se lleva adelante.

Policías al banquillo por apremios
El subsecretario de Derechos Humanos de Entre Ríos, Julián Froidevaux, mantuvo un encuentro con Aníbal Lafourcade, el fiscal concordiense que lleva adelante la investigación en una causa por apremios ilegales que el jueves 23 comenzará su etapa oral. Tras interiorizarse del caso, el funcionario le manifestó su apoyo y acompañamiento, como así también el del delegado de la dependencia en esa ciudad, Rubén Bonelli, quien ya ha intervenido en casos similares.

El debate oral y público en el que serán juzgados Mariano Jesús Moreno y Sebastián Zárate por el delito de allanamiento, apremios ilegales y vejación comenzará el 23 de agosto. La víctima es Víctor Benítez, en cuyo domicilio los funcionarios policiales habrían ingresado sin orden judicial el 19 de junio de 2011, siendo luego esposado, golpeado y trasladado a la comisaría en presencia de testigos.

Moreno y Zárate están aún en funciones. A este último se lo menciona como uno de los presuntos policías concordienses que habrían golpeado semanas atrás a menores a la salida de un boliche, hecho que oportunamente fuera denunciado por la madre de uno de los jóvenes ante la delegación local de la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Justicia.

Más casos
Cada vez hay más denuncias por apremios ilegales contra funcionarios policiales entrerrianos. Todos los casos están bajo investigación judicial. Los últimos hechos que salieron a luz sucedieron en Rosario del Tala, Urdinarrian y Concordia por citar algunos de los hechos que pusieron en alerta a los organismos de Derechos Humanos.

domingo, 12 de agosto de 2012

Fin de una historia tupamara

Llegan hoy a Uruguay los restos de Hugo Cacciavillani, ejecutado por el Ejército en 1974. Permaneció sepultado como NN durante 34 años.
 
Por Martina Noailles

Un emprendimiento familiar. La reapertura de la causa y la exhumación del cuerpo fueron posibles gracias a la búsqueda de Eduardo Arzuaga (centro), primo del militante fusilado.

En aquel invierno de 1974, Hugo Cacciavillani ya no era Hugo. Desde hacía años había elegido ser “Vicente” y así había partido desde Uruguay para luchar por una “Latinoamérica más justa”. El 11 de agosto de 1974, a los 22 años, perdió la vida fusilado por el Ejército argentino. Ese día, en los montes catamarqueños, perdió además su identidad. Ya no fue Hugo. Tampoco Vicente. Su cuerpo acribillado esperó 34 años sepultado como NN en un cementerio municipal. Hoy, los restos del militante tupamaro fusilado en la “Masacre de Capilla del Rosario” volverán a Salto, su patria chica. Su tumba recuperará su nombre y también su historia. Las autoridades nacionales uruguayas buscaron hacer la presentación, pero no lo habrían logrado.

Hugo Enrique Cacciavillani Caligari fue uno de los 16 guerrilleros de la mítica Compañía de Monte “Ramón Rosa Jiménez”, asesinados el 11 de agosto de 1974, a un puñado de kilómetros de distancia de la capital de Catamarca. El comando, encabezado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), había planeado ingresar al Regimiento de Tropas Aerotransportadas número 17 para conseguir armamento. La Unidad Militar contaba con una dotación de 800 hombres y un poderoso arsenal.

La acción salió mal.

Los 42 militantes fueron descubiertos mientras cambiaban sus ropas, subidos a un colectivo escolar. Un hombre alertó a la policía y el combate se precipitó. Parte del grupo logró escapar hacia el monte. Otra fue detenida en las inmediaciones de la ciudad. La tercera corrió la peor suerte. Intentó reorganizarse en el paraje Capilla del Rosario pero fue rodeado rápidamente por 300 efectivos del Ejército. Los guerrilleros entregaron sus armas y se rindieron. Sin embargo, horas después fueron fusilados.

En el grupo había dos jóvenes uruguayos, Cacciavillani y Rutilio Betancourt Roth. Ambos eran tupamaros, miembros del Movimiento de Liberación Nacional (MLN) y, en Argentina, integrantes de la Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR), que organizó la acción. “Vicente” había estado preso en 1970 en la cárcel uruguaya de Punta de Rieles y al salir viajó a Chile para sumarse al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Luego del golpe de Estado de Augusto Pinochet contra el presidente Salvador Allende, abandonó el país trasandino y se instaló en Argentina.

“Creemos que antes de ser fusilado estaba viviendo en San Justo con su mamá. Ella había viajado para estar con su hijo y después de la masacre fue detenida en esa casa”, reconstruye 34 años después Eduardo Arzuaga, primo de Hugo Cacciavillani y uno de los familiares que regresó a Salto sus restos.

Nidia Caligari fue víctima del Plan Cóndor. Pasó detenida tres años en los penales de Olmos y Villa Devoto, y en 1977 fue liberada en la ciudad de Colonia del Sacramento (Uruguay) sin documentos. Allí fue secuestrada, llevada a Montevideo y torturada por los militares de la dictadura uruguaya. Finalmente, la mamá de Cacciavillani logró obtener el asilo en Inglaterra, donde vivió hasta 1985.

Eduardo Arzuaga comenzó la búsqueda de verdad y justicia movilizado por la tristeza de su tía Nidia, quien murió hace una década preguntándose dónde estaba el cuerpo de su “negrito”. Un año mayor que su primo, Eduardo había pasado su infancia con Hugo jugando en la casa de sus abuelos maternos. “Era un chiquilín muy querido, de sonrisa fácil y muy solidario. Se había educado en un colegio salesiano y estaba muy vinculado a la idea de la justicia social. Murió en defensa de sus ideales”, se emociona Eduardo.

Treinta años después de la masacre, familiares y organismos de derechos humanos lograron reabrir la causa en Catamarca. Además de investigar sobre los responsables de los fusilamientos de Capilla del Rosario, la Justicia ordenó la exhumación de cinco cuerpos que estaban enterrados en el cementerio municipal y que según se presumía correspondían a los guerrilleros asesinados y luego desaparecidos.

El año pasado, el Equipo Argentino de Antropología Forense logró identificar a dos de los cinco cuerpos. Eran el de Betancourt Roth y el del santiagueño Alberto Rosales Sánchez. En septiembre, los estudios reconocieron a Cacciavillani. Dos semanas atrás, la familia viajó a Catamarca para recuperarlo y llevarlo de regreso a Salto.

“Fue tremendamente emocionante. Tomamos contacto con personas que estuvieron con él, nos contaron que habían entablado una especial amistad. Ahora es necesario justicia porque los represores están libres. Es la única manera de cerrar un capítulo histórico”, señala Eduardo, mientras organiza la ceremonia que hoy por la mañana acompañará el entierro en el cementerio de Salto, junto a la tumba de su mamá. Su familia y sus compañeros eligieron para ese instante la letra de una canción, la “Milonga del Fusilado”: “No me pregunten quién soy, ni si me habían conocido, los sueños que había querido, crecerán aunque no estoy”.

Un expediente, dos imputados, ningún detenido

El expediente reabierto en diciembre de 2004 sólo tiene dos imputados y ningún detenido. El juez federal Ricardo Moreno consideró que la Masacre de Capilla del Rosario es un delito de lesa humanidad –y en consecuencia imprescriptible–, e imputó como responsables al ex capitán Eduardo Carrizo Salvadores y al ex subteniente Mario Nakagama. Los militares todavía no fueron indagados pero todo indica que quedarán detenidos luego de declarar, ya que según los testimonios de la causa ellos fueron dos de los asesinos.

Los organismos defensores de derechos humanos lograron averiguar que Carrizo Salvadores vive en San Salvador de Jujuy y que ejerce como abogado defensor de represores procesados por crímenes contra la humanidad en esa provincia. En plena democracia fue nombrado jefe de la policía de Catamarca por el ex gobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner. Una feroz represión contra trabajadores desocupados, que causó dos muertos, lo obligó a renunciar en 2003. De Nakagama sólo se sabe que la dirección postal registrada en el juzgado –la misma a la que se le envían las notificaciones judiciales– es Paseo Colón 250, Edificio Libertador, sede del Ejército.

viernes, 10 de agosto de 2012

Dictamen delitos de lesa humanidad las vejaciones en Las Malvinas

Las torturas en Malvinas, en camino a juicio

En el marco del recurso presentado ante la Corte por los ex combatientes de La Plata, el procurador a cargo, González Warcalde, consideró que se deben juzgar como delitos imprescriptibles los tratos inhumanos aplicados por militares en la guerra de Malvinas.

 Por Adriana Meyer

Las denuncias por torturas y tratos inhumanos planteadas por un grupo de ex combatientes de Malvinas fueron consideradas “verosímiles” por parte del procurador general a cargo, Luis González Warcalde. Lo hizo en un extenso dictamen firmado ayer, en el que se pronunció a favor de hacer lugar a la queja para que el caso pueda llegar a la Corte Suprema, y determinó que corresponde revocar el sobreseimiento de uno de los militares acusado por estos delitos que calificó como de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles.

Son 74 los casos denunciados, de La Plata y del resto del país, y los imputados son unos 80 militares. Entre ellos, Jorge Eduardo Taranto planteó que estos crímenes habían prescripto, pero la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia entendió que estos vejámenes fueron delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles. La Comisión Provincial por la Memoria avaló el pedido de los ex combatientes porque entendió que “la metodología de abusos, que los responsables de los solados durante la guerra les aplicaron, estuvo enmarcada en el plan sistemático de represión y exterminio que se aplicó durante la dictadura en Argentina y en todo el continente”, según dijo entonces el copresidente del organismo, Hugo Cañón. En la conferencia de prensa en que recibieron el apoyo de la CPM, el ex combatiente Pablo De Benedetti relató que lo “obligaban a hacer cuerpo a tierra en un campo minado”, en tanto Pedro Benítez recordó que estuvo “estaqueado varias horas y seis días sin comer”.

Ayer el procurador Warcalde se expidió en el mismo sentido, al afirmar que el tribunal que había sobreseído a los militares “se ha apresurado a clausurar la instrucción penal en infracción de los deberes internacionales de investigación de severas violaciones a derechos humanos y crímenes del derecho de gentes. Pues creo que hay razones que dan verosimilitud al postulado de que las torturas y otros tratos inhumanos denunciados en este proceso están lo suficientemente conectados con un ataque sistemático a una población civil como para considerarlos crímenes contra la humanidad”.

A Taranto se le atribuye la comisión de cinco casos de tormentos, y se había presentado ante el Juzgado Federal de Río Grande para solicitar la clausura del proceso, alegando que la acción penal se había extinguido por prescripción. Ante el rechazo a su pretensión en ese juzgado y en la Cámara, llegó a Casación y consiguió que la

sala I dijera que había sido “errónea” la calificación de crimen contra la humanidad porque “esa categoría exigiría una conexión entre uno o más atentados individuales, por un lado, y una política estatal de ataque generalizado a un sector de la población civil, por otro, que no estaría dada en el caso de los crímenes que son objeto de este proceso”. De vuelta el expediente a la Cámara de Comodoro Rivadavia, Taranto consiguió el sobreseimiento que ahora el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) busca revertir en la Corte Suprema.

Según el procurador, el “interés institucional que suscita el caso es de tal importancia que exige un pronunciamiento” de los ministros del Máximo Tribunal, “que ponga fin a la discusión planteada” respecto de “una cuestión de derecho federal de tan alta trascendencia”. En el dictamen, al que Página/12 tuvo acceso, Warcalde indicó que “las conductas imputadas en este proceso, a su vez, caen sin inconvenientes en el concepto de tortura”, y describió el caso más frecuente: “Atar de pies y manos a un muchacho debilitado por el hambre y el frío, sujetando sus ataduras a estacas clavadas en el piso, dejarlo así acostado sobre el fango helado durante horas, inmovilizado y sin ninguna protección contra el clima inhóspito del Atlántico Sur, hasta que estuviera al borde de la muerte por enfriamiento, para así, con el pretexto de castigarlo, intimidar a él y al resto de la tropa es en sí una forma de maltrato incuestionablemente cruel, brutalmente inhumano y degradante; una de las formas de maltrato, en fin, para las que reservamos el término ‘tortura’”.

martes, 7 de agosto de 2012

Otro hijo de desaparecidos recuperó su identidad

Otro hijo de desaparecidos recuperó su identidad y ya son 106 los nietos recuperados    

Se trata de Pablo Javier Gaona Miranda, hijo de los militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Ricardo Gaona Paiva y María Rosa Miranda, desaparecidos desde 1978. Pablo nació el 13 de abril de ese año y tras el secuestro de sus padres fue entregado por un coronel del Ejército a una familia que lo anotó como hijo propio. Él mismo se acercó a Abuelas de Plaza de Mayo para saber si era hijo de desaparecidos, algo que confirmó el estudio genético que se le realizó. En la conferencia de prensa brindada hoy en la sede de Abuelas en Buenos Aires, la presidenta de la organización, Estela de Carlotto leyó el comunicado en el que reiteraron el llamado “a todos los que dudan de su identidad a que se animen y se acerquen a nuestra institución”.

El anuncio se hizo sin la presencia del joven que se enteró hace poco del resultado del análisis de ADN. Sí estuvo un hermano de su papá que agradeció “a toda la gente que me ayudó a buscar a mi hermano”. También participó el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, quien expresó que “es una gran alegría poder decirles que hoy tenemos otro argentino que tiene el pleno goce de sus derechos, por sobre todas las cosas a su identidad”.

Luego de dar los detalles de este nuevo caso de un nieto recuperado, Estela de Carlotto aseguró que “la verdad es la única explicación capaz de poner fin al tormento de vivir sin saber quién es uno. Como Pablo Javier que tuvo la valentía de enfrentarse a sus miedos, a sentimientos contradictorios y a un destino que se le impuso por la fuerza cuando todavía no tenía siquiera el lenguaje, las palabras para elaborar el despojo al que fue sometido, las Abuelas convocamos a todos los que dudan de su identidad a que se animen y se acerquen a nuestra institución. Empezar a sacarse de encima las dudas es el camino para empezar a aliviar tanto dolor. Y a quienes conocen a alguien que tiene dudas o que ya sabe que puede ser hijo de desaparecidos les pedimos que lo ayuden a acercarse a Abuelas o a la CONADI (Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad). Las Abuelas, como desde hace 35 años, los seguimos buscando y los seguimos esperando”.

Aún restan encontrar a unos 400 hijos de desaparecidos que fueron apropiados ilegalmente durante la última dictadura y que viven con una identidad cambiada. Para comunicarse con Abuelas de Plaza de Mayo se puede escribir un correo electrónico a abuelas@abuelas.org.ar , llamar al número (011) 4384-0983 o dirigirse a calle Virrey Cevallos 592 en la ciudad de Buenos Aires.

Genocidas libres por Formosa


jueves, 2 de agosto de 2012

Archivos secretos de Pinochet sacuden la política chilena

Las revelaciones de los archivos del exdictador que implican al actual jefe de diputados oficialista  podrían dañar a Piñera.

Revelan que la inteligencia lideró operaciones en toda América Latina y que Alberto Cardemil, hoy jefe de Diputados de Renovación Nacional, entregó información sobre opositores.

 SANTIAGO DE CHILE (DPA) - La policía secreta del fallecido general Augusto Pinochet lideró una red de espionaje dentro y fuera de Chile que cruzó caminos con el Vaticano, el FBI, dictaduras latinoamericanas y la prensa mundial, según revelan miles de archivos secretos y hasta ahora inéditos .

Estos documentos, por décadas catalogados como reservados, confirman que los cuerpos represivos chilenos, la DINA primero y la CNI después, mantenían correspondencia casi diaria con ministros y otras autoridades, para coordinar operaciones en todo el mundo.

El coronel Manuel Contreras, que como director de la DINA planeó atentados en Estados Unidos, Argentina e Italia, tenía potestad incluso para investigar a los empleados del Estado como revela la Circular Reservada 35 F-151 de 1975. "Su Excelencia (Pinochet) ha dispuesto que a partir de esta fecha ningún funcionario público sea contratado sin que previamente se adjunte a sus antecedentes un informe DINA respecto a las actividades que el interesado pudo haber realizado", informó el ministro del Interior de la época, general Raúl Benavides.

En 1976, los poderes de la DINA son ampliados y detallados. Podrá investigar a todos los funcionarios y será la única responsable de instalar los citófonos presidenciales en la administración pública.

La policía secreta, responsable de miles de desaparecidos, ejecutados y torturados según informes oficiales, pasa a tener además un archivo con las fichas de todos los detenidos y perseguidos, cuya información envía a cuanto ministerio se la solicite.

La DINA, cuyo director está preso cumpliendo un centenar de condenas, tenía poder incluso para dar órdenes a ministros, como revela el Plan de Operaciones Epsilon.

La iniciativa es diseñada en junio de 1975 por Contreras, ante la visita al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que acuden cientos de denunciantes de la oposición.

El coronel Contreras, quien siempre se ufanó de desayunar a diario con Pinochet, repartió en ese plan tareas a todo tipo de autoridades, a quienes advirtió que ante cualquier duda debían contactarlo directamente .

Las acciones abarcan desde el uso de periodistas, que no son nombrados, para que "festinen" con la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hasta la eliminación de cintas de la II Guerra Mundial de la programación televisiva por aludir al nazismo.

Las coordinaciones entre la policía secreta y los ministros siguieron incluso tras de la disolución en 1978 de la DINA. La CNI, órgano que reemplaza a la DINA, impulsa operaciones en Bolivia, Argentina y Brasil, a través de las embajadas chilenas que remiten informes periódicos sobre la actividad de los exiliados, los medios de comunicación y organismos humanitarios.

Los archivos secretos revelan además el esfuerzo continuo de la dictadura (1973-1990) por desacreditar a sus opositores y ganar aliados, operación en la que también aparece involucrado el hoy diputado de Renovación Nacional Alberto Cardemil, correligionario del presidente Sebastián Piñera.

Cardemil, que fungía en los prolegómenos del régimen pinochetista como viceministro de Interior, envió a Cancillería las fichas secretas de los funcionarios de la Vicaría de la Solidaridad, para poner en marcha una amplia acción de desprestigio de esa entidad defensora de los derechos humanos, liderada por la Iglesia católica.

"Conforme a lo conversado en nuestra reunión almuerzo de días pasados, me permito adjuntarle carpeta con antecedentes completos de las personas que trabajan en la Vicaría de la Solidaridad", redactó Cardemil el 26 de abril de 1985 en el oficio secreto 1953. Las operaciones detalladas en estos archivos revelan además el seguimiento a cientos de corresponsales dentro y fuera de Chile, como Pierre Kalfon de "Le Monde" y James Pringle de "NewsWeek", entre casi un millar referidos en estos documentos.