martes, 27 de julio de 2010

Identifican los restos de Yves Domergue y Cristina Cialceta

Dos jóvenes, francés y mexicanca, militantes del PRT


Los restos de dos jóvenes desaparecidos durante la última dictadura argentina, un francés y una mexicana, fueron identificados gracias a una pista recogida inicialmente en un trabajo de estudiantes de secundaria.

Los cuerpos de la mexicana Cristina Cialceta y del francés Yves Domergue fueron enterrados sin identificar en 1976 en el cementerio de la localidad de Melincué (350 kilómetros al norte de Buenos Aires), donde algunos pocos recordaban una vieja y cruenta historia de cómo una pareja acribillada fue encontrada en la zona, en plena época de los "años de plomo".

"Es una historia muy larga y muy linda porque la gente de los alrededores de Melincué, en el sur de la provincia de Santa Fe, sabía que en 1976 había aparecido una pareja de jóvenes acribillados a balazos en el borde de una ruta y fueron enterrados en el cementerio local", Eric Domergue, hermano de Yves.

Los vecinos, aterrorizados, no comentaron el incidente mientras duró el régimen de facto iniciado en 1976, pero con el regreso de la democracia, en 1983, comenzaron a hablar del asunto.

En 2003, cuando una profesora de la escuela pública del lugar les encomendó a los alumnos del último año del secundario un trabajo sobre la memoria y los derechos humanos, los chicos recogieron estos testimonios en una de sus investigaciones.

Este trabajo escolar llegó en 2008 a manos de la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe, que resolvió indagar sobre la cuestión y a finales de ese año contactó a Eric Domergue, quien a su vez acudió al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), grupo de expertos argentinos dedicado a la identificación de restos humanos.

Inicialmente, el trabajo del EAAF concluyó que las huellas dactilares de los cuerpos hallados no coincidían con las de Yves y Cristina, pero pruebas genéticas posteriores confirmaron la verdadera identidad de los restos exhumados en junio de 2009.

"El pasado 5 de mayo me comunicaron que se trataba de Yves. Cuando la madre de Cristina se enteró del hallazgo de mi hermano, aportó material para hacer la prueba genética y también dio positivo", relató Eric, francés con residencia en Argentina.

Yves militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y estudiaba ingeniería en Buenos Aires, pero regularmente viajaba a la ciudad santafesina de Rosario.

Allí conoció y se enamoró de Cristina, nacida en México, hija única de un matrimonio de argentinos y también militante del PRT.

Fueron secuestrados cuando Yves tenía 22 años y ella, 20.

La familia Domergue logró averiguar que fueron secuestrados cerca del 20 de septiembre de 1976 en las inmediaciones del Batallón 121 de Comunicaciones del Ejército, de Rosario, pero no hubo ningún tipo de rastro ni testigo directo del secuestro, ni pistas del paso de la pareja por los centros clandestinos de detención de la zona.

"Nadie los vio. Era como si se los hubiera tragado la tierra. Ahora sabemos que el día 20 estaban vivos y el 22 estaban muertos", dijo Eric.

Ahora lo que viene es determinar quienes fueron los responsables del asesinato de la pareja.

"Estos huesos hablan, dan mucha información. Sabemos cómo los mataron. Estaban muy baleados, especialmente en la cabeza. Se recuperaron proyectiles muy deteriorados, pero proyectiles al fin", señaló Eric.

Todas estas pruebas serán remitidas la semana próxima al juicio oral y público que se lleva adelante en Rosario contra Ramón Díaz Bessone, ex comandante del Segundo Cuerpo del Ejército, por 91 casos de secuestro, privación ilegítima de la libertad y torturas.

Los padres de Yves, que viven en Francia y tienen 79 y 80 años, recibieron la noticia de la identificación del cuerpo de su hijo con "emoción y alivio".

Este miércoles la presidenta argentina, Cristina Fernández, anunciara formalmente en un acto la identificación de los restos de la pareja.

En tanto, el próximo 7 de agosto el padre de Yves participará en Argentina de dos actos en homenaje a su hijo en Melincué y Rosario y un día después en una misa en Buenos Aires.

Más información en : www.yvesdomergue.com  

 El Equipo Argentino de Antropología Forense identificó los restos de Yves Marie Alaini Domergue (francés), de 22 años, y de Cristina Cialceta Marull (mexicana), de 20, enterrados en una fosa común en Melincué, Santa Fe. Los familiares participarán del acto.

lunes, 26 de julio de 2010

La identificación de 120 desaparecidos

EL TRABAJO DEL EQUIPO ARGENTINO DE ANTROPOLOGIA FORENSE CON RESTOS DE VICTIMAS DE LA DICTADURA

Los científicos del EAAF analizan restos óseos exhumados en diferentes cementerios y fosas comunes y habilitan la comparación con sangre de familiares de víctimas del terrorismo de Estado. En agosto se añadirán 800 muestras de sangre.
        
 Por Adrián Pérez
La noticia sobre la identificación de su padre fue para Marina como un regalo adelantado de Navidad. Lo recibió cuando el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) aplicó el conocimiento científico para rescatar del anonimato a Wenceslao Araujo, mediante un trabajo que viene desarrollándose desde enero de 2008, en el marco del Proyecto Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Desaparecidos (ILID). Patricia Bernardi es una de las investigadoras que trabajan en el equipo de antropólogos y fue la encargada de confirmarle a Marina que los restos exhumados en el cementerio de Rafael Calzada pertenecían a su padre. La antropóloga adelanta a Página/12 que, a mediados de agosto, 800 muestras de sangre correspondientes a nuevos familiares serán enviadas a Estados Unidos para ser procesadas en el laboratorio Bode Technology de Virginia. Hasta el 15 de enero, el EAAF había reconocido las identidades de ochenta y seis personas. Bernardi actualiza ese dato e informa que, actualmente, ciento veinte personas ya fueron identificadas.

Por un convenio de colaboración entre el EAAF y la Asesoría Pericial de La Plata, en octubre de 2002 los antropólogos comenzaron a recibir, para su análisis, un conjunto de restos óseos de presuntas víctimas della última dictadura, que habían sido exhumados en 1984 en el cementerio de Rafael Calzada por bomberos y sepultureros sin el debido cuidado ni entrenamiento en técnicas forenses. Gracias al estudio antropológico, los científicos determinaron que las cuatro bolsas recibidas contenían restos de nueve individuos en un rango de edad adulta. Seis años después tomaron muestras óseas de esos restos que fueron enviadas para que se analizaran en Bode Technology. Luego se cotejó el perfil genético de los restos óseos con las muestras de sangre tomadas en diferentes centros de salud del país. La sangre de Marina se encontraba entre esas muestras. El 7 de septiembre de 2009 se envió al Laboratorio de Inmunogenética y Diagnóstico Molecular (Lidmo) del EAAF en Córdoba una muestra de húmero derecho que correspondía a los restos de Wenceslao Araujo. Después, llegó al Lidmo una segunda muestra de sangre, de Ernesto, hermano de Marina. Los análisis evidenciaron que había “coincidencia” entre la sangre de los familiares y el perfil genético de los restos óseos. Y, finalmente, se estableció el “vínculo biológico” entre Wenceslao Araujo, Marina Alejandra García y Ernesto Rafael Montiel. Sobre la base de los resultados obtenidos por los análisis genéticos, un informe antropológico forense publicado en enero concluyó que los restos esqueletarios estudiados correspondían a Wenceslao Araujo, desaparecido desde marzo de 1978.

Dos años atrás, la tarea del equipo de antropólogos se fortaleció cuando el Lidmo recibió seiscientas muestras de esqueletos exhumados por el EAAF en distintos cementerios de la ciudad y el Gran Buenos Aires; luego remitidos al Bode Technology para un procesamiento intensivo, junto con seis mil muestras de sangre de familiares de desaparecidos. “Hasta hoy y en el marco del proyecto ILID, hemos identificado a 120 personas que figuraban como desaparecidas”, apunta Bernardi y adelanta que tienen pensado, para mediados de agosto, “un tercer envío que consiste en 800 muestras de sangre de nuevos familiares” que se sumarán “a las seis mil que se recopilaron” hasta el momento.

El análisis de estas muestras podría generar un horizonte de esperanza para que otras Marinas y otros Ernestos accedan a los restos de sus seres queridos. “Con Marina entablamos una relación de llamados continuos pero siempre le hablé con franqueza. Le decía que teníamos que manejarnos con los tiempos de la Justicia y la genética”, admite y señala que hasta que no se avanza en resultados firmes “no podemos confirmar con certeza la identidad de la persona”.

–¿Cuáles fueron las mayores dificultades que se presentaron en la tarea de identificación de restos hasta el momento?

–Si comparamos la extracción del perfil genético, el trabajo sobre el material óseo presenta más dificultades que cuando se trata sangre. Eso llevó a que los tiempos se extendieran más de lo esperado. Otro punto es que muchas personas se exiliaron del país y otros no denunciaron la desaparición de sus familiares a la Conadep. En algunos casos, los familiares de desaparecidos que quedaron vivos fallecieron sin dejar descendencia. Por eso necesitamos que todas las personas que tengan familiares desaparecidos se acerquen a donar una gota de sangre. Eso genera que las posibilidades de reconocer los restos aumenten.

El EAAF sigue llevando adelante los trabajos de exhumación en el Gran Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza y Tucumán. El 9 de junio, el equipo de antropólogos identificó, por primera vez, una fosa común con “restos de miembros inferiores (fémur, rótula, tibia, peroné, calcáneo y astrágalo) correspondientes a una persona normal adulta” cubiertos por cal, en un predio de más de cien hectáreas del ejército ubicado en la zona de San Pedro, a cincuenta kilómetros de la capital santafesina.

Los familiares que quieran donar sangre pueden llamar en forma gratuita al 0800-333-2334, donde un grupo de especialistas los conectará, dependiendo del lugar donde residan, e informará sobre distintos centros de salud donde pueden tomarse las muestras. El tratamiento de los datos es absolutamente confidencial. En Argentina existen 68 centros con personal y equipos disponibles para la extracción de sangre.

sábado, 24 de julio de 2010

Cancelan la matricula de un profesional que fue agente de los servicios durante la última dictadura

El Colegio de Servicio Social de Neuquén canceló ayer la matrícula profesional de un licenciado en Servicio Social, tras descubrirse que se desempeñó como agente de los servicios durante la última dictadura.
La decisión fue adoptada este mediodía por el Tribunal de Etica de la organización, durante un juicio ético oral y público que se realizó en Neuquén.

La medida le impedirá a Ricardo Grissoto ejercer la profesión en la provincia y en el resto del país.

El juicio ético realizado en Neuquén contó con el testimonio de ex compañeros de trabajo en el sistema de salud público de la provincia y miembros de organizaciones sociales en las que participó en los últimos años.

El Tribunal de Etica, integrado por Graciela Lencina, Omar Pinchulef y Darío González, resolvió cancelar la matrícula profesional de Grissoto por considerar que violó normas del código ético de la organización.

"Resulta probado que se desempeñó como agente de inteligencia y que su función era involucrarse con organizaciones sociales, receptar, clasificar y derivar información a su destacamento", señala el fallo.

Agrega también que "la conducta del licenciado Grissoto es reprochable desde la ética social, democrática y de los derechos humanos y mucho más reprochable desde el campo de la ética profesional".

Indica como agravante que "se trata de una persona cuyos estudios universitarios le exigen justamente promover y respetar los derechos humanos y los principios democráticos".

La licenciada Alicia Pizarro, ex compañera de trabajo de Grissoto en el hospital provincial "Castro Rendón" de Neuquén e impulsora de la denuncia, dijo que "cuando Grissoto apareció la lista de los servicios" quedaron muy afectados "por haber compartido muchos años de trabajo con una persona que ha sabido de todas las intimidades que tiene esta profesión".

"De todas formas uno no puede quedarse con lo emocional sino que tiene que seguir apostando a la memoria porque sabemos que profesionales de todo tipo han sido parte del engranaje del Terrorismo de Estado".

Lolin Rigoni, de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, filial Alto Valle de Río Negro y Neuquén, aseguró que "Grissoto fue como un Astiz aquí dentro de las Madres" aunque aclaró que "nunca participó del Grupo de Apoyo o en las reuniones pero sí estaba en contacto permanente y asistía a las marchas".

Grissoto, actualmente jubilado, no efectuó su descargo en ninguna de las instancias previstas en las normas vigentes y no se presentó ayer en el Centro Cultural "La Conrado" donde se leyó la resolución.

"No van a poder borrar la historia"

LOS MAS SENTIDOS TESTIMONIOS EN LA MARCHA DE AYER

* Sara Cobacho (secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires): "El hallazgo de restos humanos en el campo del Ejército es el fruto de lucha de los organismos de derechos humanos. Y revela la culpabilidad y el plan sistemático de exterminio de las Fuerzas Armadas. Eran 30 mil y recién hemos recuperado poco más de 200. Estos ocho aparecieron en un campo militar, en un lugar tan perdido. Entonces, pensemos ¿en cuántos campos de exterminio podrán estar los demás"", se preguntó.

* Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora): "No van a poder borrar la historia. Y esto muestra que la lucha de nuestros hijos e hijas es válida para que algún todos los habitantes de este país puedan vivir dignamente. Hay que seguir. Esa aparición de los cuerpos se debe a la perseverancia de las Madres y de los familiares que no bajamos los brazos. Es la muestra de la infamia que se cometió en los años del terrorismo de estado. Los huesos son la prueba máxima, esos huesitos que para nosotros son sagrados. No pensamos en venganza, pero exigimos justicia y cárcel común para todos los genocidas".

* Adriana Calvo (Asociación de ex Detenidos Desaparecidos): "El viaje hasta el campo San Pedro me emocionó profundamente. Pensaba en el momento en que los compañeros eran llevados seguramente en camiones, semidormidos, a un lugar tan alejado, en el medio de la nada y con la impunidad absoluta de los militares que nunca nadie los iba a encontrar. Y hoy volvimos a recorrer ese camino y mostrarles que se equivocaron porque encontramos a los compañeros. Y no vamos a parar hasta que el último de los represores esté en la cárcel".

* José Schulman. (Liga Argentina por los Derechos del Hombre): "La identificación de los cuerpos en el campo militar San Pedro cierra el circuito de la prueba del terrorismo de estado. Es un triunfo de la memoria sobre los que construyeron el olvido".

* Celina Kofman (Madre de Plaza de Mayo de Santa Fe): "Es el horror materializado en un campo que debía dar flores y frutos. Sin embargo, nuestros hijos están tirados ahí, porque no se puede hablar de enterramiento, ese modo de llevarlos en forma anónima, cobarde y alevosa. Los habrán masacrados, fusilados, como hay evidencias en los primeros cuerpos que se recuperaron, pero para nosotros están más vivos que nunca. Lo demuestra esta plaza, tanto chicos jóvenes que nos acompañan es porque nuestros hijos siguen marcando que se trazaron, el camino de sus sueños y de las utopías".

* Elsa Ramos (Familiares de Desaparecidos de Santa Fe): "Estoy contenta porque el pueblo ha respondido a nuestro reclamos de justicia. Esos cretinos, sinvergüenzas, horrendos, deben haber tenido un corazón de trapo. Haber puesto los cuerpos de nuestros desaparecidos en ese campo. Pero por suerte los descubrimos, los encontramos y ahora los vamos a juzgar y a meter presos para que se mueran en la cárcel".

"El mismo camino de los compañeros"

UNA CARAVANA DE AUTOS LLEGO HASTA CAMPO SAN PEDRO DONDE ENCONTRARON RESTOS DE DESAPARECIDOS.

En medio de una gran emoción, los autos recorrieron los 50 kilómetros que llevan al campo donde el hace poco más de un mes, el equipo Argentino de Antropología Forense halló restos humanos con claros signos de disparos.
Por Juan Carlos Tizziani
Desde Santa Fe

Flores, lágrimas y la angustia a flor de piel. La caravana hasta el campo San Pedro fue ayer una marcha de corazones estrujados. Decenas de vehículos recorrieron los 50 kilómetros desde Santa Fe hasta la tranquera del predio del Ejército, donde a principios de junio una investigación judicial de enterramientos clandestinos de la dictadura descubrió una fosa común con los restos de ocho personas, seis de ellas con lesiones en el cráneo compatibles con heridas de bala. "Las pruebas del genocidio", dijo la abogada de Hijos, Lucila Puyol. El campo está en el medio de la nada y para llegar hay un camino largo y polvoriento. "El mismo camino que recorrieron nuestros compañeros para ser exterminados. El camino final", afirmó Jorge Castro, de la Casa de Derechos Humanos, que inició la causa judicial hace tres años. "Pero vamos a volver "prometió porque hay más tumbas en San Pedro y las vamos a encontrar aunque nos lleve el tiempo que nos lleve".

La tranquera del campo militar quedó ayer regada de claveles rojos y blancos. Las madres y los hijos los arrojaron desde el otro lado, rodeados por una multitud que los acompañó. "Un abrazo simbólico", afirmó una de las mujeres con pañuelo blanco, Celina Kofman. "Un reencuentro con nuestros hijos que nos da fuerza para seguir en la lucha".

La caravana partió a media mañana desde el Parque Federal de Santa Fe. Fue una marcha lenta hasta Laguna Paiva por la ruta pavimentada y desde allí doce kilómetros de tierra hasta San Pedro, un propiedad del Ejército de más de 3 mil hectáreas, aunque sólo 100 están bajo investigación judicial. La fosa común apareció en un monte bajo cubierta de un manto de cal. En la entrada del campo no hubo discursos, sólo una poesía y canciones.

Cerca del mediodía, la caravana volvió hasta la plaza de Laguna Paiva, donde el intendente Rodrigo Fernández recibió a los manifestantes. El cielo ya estaba limpio y el sol a la vista. "Hoy es un día muy fuerte para las madres, los hermanos, los hijos, los compañeros", dijo Celina Kofman en el arranque del acto. Y agradeció el testimonio de pobladores de Laguna Paiva que permitieron descubrir "este enterramiento clandestino, si es que es que se lo puede llamar así. De esta manera, comenzó una causa judicial que va a seguir adelante y no va a parar hasta que se recupere el último de los cuerpos y se identifique a todos".

Kofman recordó que el hallazgo en San Pedro es la primera fosa común que aparece en la Argentina en un campo del Ejército. "Los restos encontrados tienen evidentes signos de fusilamiento, lo que corrobora una vez más las denuncias y la responsabilidad de los militares en el genocidio", explicó. "En este lugar están nuestros hijos. No importan sus nombres hasta que sean identificados: son nuestros hijos, los que dieron la vida por otro país. ¿Quién dijo que están muertos" "se preguntó Celina Sólo Videla pudo haberlos llamados desaparecidos. Están en cada brazo que se levanta, en cada reclamo, en cada niño que llora de hambre, en los sueños del pueblo".

Después, un grupo de militantes de Hijos hicieron escuchar sus palabras. "Cada tumba que se abre es una prueba más del terrorismo de estado que nos permite avanzar en el juicio y castigo a los genocidas", dijo Lucila Puyol. "Y que quede claro de una vez: lo que sucedió en nuestro país fue un genocidio. En la provincia hubo genocidio, este hallazgo lo demuestra. Y los responsables de ese Ejército genocida que secuestró, torturó, masacró, asesinó, desapareció cuerpos tienen nombres y apellidos en Santa Fe: coronel José María González, (jefe del Area 212 hasta diciembre de 1976), a quien después sucedió el coronel Juan Orlando Rolón que murió impune; teniente coronel Jorge Roberto Diab (ex subjefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122), teniente coronel Domingo Morales (ex oficial del Destacamento de Inteligencia 122), Mario Carmelo Ferger (suboficial en el Batallón de Ingenieros Anfibios 601), teniente coronel Roberto Pedro Arrieta (ex jefe del Distrito Militar Santa Fe), general Carlos Alberto Settel (ex jefe del Batallón de Comunicaciones 121). Todos ellos están procesados por delitos de lesa humanidad, pero en libertad o con prisión domiciliaria por orden de la Cámara de Casación Penal", advirtió.

Por los sobrevivientes de la dictadura habló Silvia Abdolatif. "Cuando íbamos para el campo, el camino parecía largo y espinoso. Y largo y espinoso fue el camino que recorrimos para lograr justicia y verdad", recordó. "Hoy, somos testimonios vivos en cada juicio a los genocidas, que siguen mintiendo, siguen convencidos que lo que hicieron está bien y le siguen faltando el respeto a las madres, a los hijos y a nuestro país".

El cierre le tocó a Jorge Castro, de la Casa de Derechos Humanos. "Hoy en un día histórico. Venimos a renovar el compromiso por la justicia y la verdad histórica", dijo. Y también agradeció los aportes de vecinos de Laguna Paiva que "aún hoy no podemos nombrar por su seguridad porque a doce kilómetros de aquí está el testimonio del genocidio". "Un compañero que anotó los datos en un cuaderno que aún conserva. Aquellos que una noche vieron los fusilamientos y luego transmitieron el recuerdo a sus hijos. Los que nos guiaron. Ese hombre que nos dio los datos precisos. Los que recorrieron miles de kilómetros para hallar los cuerpos. Los que entraron al campo San Pedro. A todos ellos, ¡salud!", agregó Castro. "La memoria está más viva que nunca porque todo el pueblo libra una batalla por una Argentina más democrática. Tal vez los juicios no logren condenarlos a todos, pero la única forma de construir otra Argentina es partir de la verdad. No hay otra manera".

Castro recordó también el día que recibieron la noticia del hallazgo de la fosa común. Era el 9 de junio. "Los compañeros del Equipo Argentino de Antropología Forense nos dijeron una frase que nos une: "Son nuestros. Son del pueblo argentino". Y vamos a volver porque hay más tumbas en el campo San Pedro. Las vamos a encontrar aunque nos lleve el tiempo que nos lleve para enjuiciar a todos los ejecutores, desde el primero hasta el último", finalizó.

viernes, 23 de julio de 2010

Documento de la marcha del 23 de julio contra la criminalización de la protesta social

Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.

Estamos nuevamente en esta Plaza para denunciar la creciente criminalización de la protesta social con la que el gobierno responde a las luchas populares que recorren la Argentina.

La  criminalización  de las  luchas es un instrumento que ha sido utilizado por los distintos gobiernos de turno y que hoy aplica el gobierno de los Kirchner para intentar frenar las  luchas de los trabajadores y de los diferentes movimientos populares intentando disciplinar y amedrentar a todos  aquellos  que  cuestionan este sistema de miseria y opresión y que se organizan  para  exigir   la  resolución  de  sus  necesidades. Persigue también a aquellos que sostienen posturas políticas antiimperialistas enfrentadas con los lineamientos que defienden las clases dominantes. Se pretende sancionar a las organizaciones populares a través de la persecución penal de sus dirigentes.

Día a día se profundiza y amplía la judicialización de la protesta. Hoy existen en nuestro país presos políticos. Se abren nuevas causas y se reactivan otras., que suman más de  5.000. Existe una tendencia a agravar las imputaciones utilizando figuras penales gravísimas que penden como una amenaza sobre la libertad de dirigentes y luchadores. Se están cuestionando derechos como el derecho a la huelga o a la movilización popular. El código contravencional de la ciudad de Buenos Aires, votado por el kirchnerismo y otros bloques opositores, está dirigido a profundizar la persecución y criminalización, penalizando cualquier tipo de manifestación callejera.

A más de siete años de la asunción de los Kirchner afirmamos que la impunidad, la represión y la persecución a los luchadores sigue siendo una finalidad de las políticas de Estado.
La criminalización de la protesta social es una herramienta necesaria para sostener un sistema que privilegia las ganancias de una pequeña minoría a costa de las necesidades y sufrimientos de las mayorías populares. En medio de la crisis mundial, los Kirchner incrementan la criminalización de las luchas para descargar  el peso de la crisis sobre los trabajadores y el pueblo, devorando los salarios a través de una inflación permanente. Le dan protección a los negociados de los monopolios, bancos y terratenientes, paga una ilegitima deuda externa sobre la base del desfalco de los fondos de los jubilados y la confiscación del salario de los trabajadores.  Impulsan la entrega y extranjerización de nuestras tierras y el saqueo de nuestros recursos naturales, por encima de derechos fundamentales al trabajo, a un salario y jubilación que se igualen al costo de la canasta familiar y a la defensa de educación y salud públicas y gratuitas. Pese al tan publicitado  crecimiento económico, las desigualdades sociales siguen creciendo.
Los trabajadores, la juventud y el movimiento popular en su conjunto, responden con la lucha y con nuevas formas democráticas de organización.
Innumerables manifestaciones de la protesta popular se han desarrollado durante estos años: puebladas; movilizaciones; cortes de ruta; huelgas; escraches a genocidas; acampes; piquetes; ocupaciones de fábricas, de tierras y de edificios públicos, han sido distintas expresiones de la protesta de nuestro pueblo.
 En las fábricas y empresas avanza un proceso de organización independiente del Estado y las patronales que pone en pie las asambleas y cuerpos de delegados en oposición a las burocracias de los sindicatos.
Este gobierno, que utiliza un doble discurso, presentándose como defensor  de los derechos humanos y de las libertades democráticas en los hechos, descarga el peso del aparato judicial para perseguir la protesta social. Esto se demostró palmariamente con el caso de los asambleístas de Gualeguaychú, que pasaron de ser definidos, por el gobierno, como defensores de una  “causa nacional” a ser tratados como delincuentes.
Para frenar este proceso de lucha y organización popular, el gobierno utiliza a  las fuerzas de seguridad, a los medios de comunicación y a la justicia para criminalizar a los que luchan y acallar las voces que cuestionan esta política antipopular. En distintas provincias, donde gobiernan sectores opositores al gobierno nocional la situación es la misma. En Catamarca, el gobernador cobista Brizuela del Moral reprime y judicializa a los movimientos ambientalistas, protegiendo los intereses de las mineras contaminantes. En la Ciudad de Bs. As. el machismo, con el Código contravencional en la mano, desaloja a las familias humildes de los inquilinatos,  expulsa de las calles a los feriantes y procesa a cientos de luchadores. La “flamante” policía metropolitana, creada por Macri, cuenta entre sus principales funcionarios a cuadros de la federal y  represores de la época de la dictadura, que generaron, a instancias del gobierno de la Ciudad, una red de espionajes contra dirigentes populares y opositores.
Por eso desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia nos estamos movilizando y convocamos a la más amplia unidad de acción para frenar esta política de criminalización de las luchas y de avasallamiento de los derechos básicos a la protesta social y a las libertades democráticas.  
La política de criminalización afecta a innumerables luchadores y dirigentes populares que han estado al frente de distintas expresiones de la protesta social en los últimos tiempos.
Gran parte de las luchas de los trabajadores que pelean por salario, condiciones de trabajo dignas o enfrentan despidos y suspensiones,  pretenden ser amedrentadas utilizando una justicia cómplice,  que utiliza el aparato represivo para enfrentarlas y que descarga imputaciones penales gravísimas contra dirigentes obreros y activistas que, en muchos casos, no comulgan con las conducciones sindicales oficialistas.

 Este es el caso del conflicto Kraft–Terrabussi donde la patronal Yanqui incumplió toda la legislación laboral argentina y sin embargo los procesados son los trabajadores: Ramón Bogado, Javier Hermosilla,  María Rosario y otros delegados y activistas obreros, demostrando la absoluta complicidad del gobierno con las arbitrariedades y los intereses de las patronales.  Los trabajadores fueron violentamente reprimidos por la policía de Scioli y ahora enfrentan procesos penales que, de prosperar, no sólo cuestionan la libertad de los compañeros, sino que convierten en un delito derechos elementales como la ocupación de fábrica, método de lucha que utilizaron para defender sus  puestos de trabajo y sus derechos laborales.

Otro caso emblemático es el de los trabajadores del subte donde pesan sobre Néstor Segovia y otros trabajadores distintas causas penales, por enfrentar a una patronal subsidiada por el gobierno. Ante la mirada cómplice del aparato represivo, en cada protesta se ven amenazados por una patota del oficialista sindicato de la UTA, que en complicidad con el Ministerio de Trabajo, pretende cercenar  su derecho a la libre agremiación.
El juicio llevado adelante contra los ex trabajadores y ex delegados del Casino Bs. As es un ejemplo del enseñamiento político-judicial contra dos dirigentes sindicales combativos. A la patronal K de Cristóbal López no le bastó con los despidos, las nueve represiones y la desorganización del cuerpo de delegados. Persigue a los dirigentes de esa gran huelga para quebrar la voluntad de futuros luchadores dentro y fuera del Casino. Exigimos la inmediata absolución de Gastón Platowsky y Leo Bonnani.
Los ferroviarios de la línea Sarmiento, que el año pasado fueron llevados a juicio por defender la democracia sindical lograron, con la movilización unitaria, la absolución de veinticuatro trabajadores y delegados, entre ellos, Rubén “pollo” Sobrero. Pero la  persecución continúa: pesan sobre ellos otras causas.
Se encuentran procesados dirigentes sindicales de la lucha del Hospital Francés y Garrahan y trabajadores de FP junto con  militantes, que apoyaron solidariamente su lucha,  contra los despidos que impuso la patronal. También se encuentran procesados los compañeros que encabezaron la lucha del supermercado Disco
Marcelo Gallardo, dirigente de FATE, enfrenta un juicio de desafuero gremial generado por la patronal. Los trabajadores de la editorial Colihue son procesados por el delito de usurpación por haber tomado las instalaciones en su lucha gremial. El Secretario General de Ademys ha sido recientemente procesado por la justicia de Macri por un corte de calle de los trabajadores de su sindicato.

Las luchas de los trabajadores desocupados, que han sido grandes protagonistas en la pelea contra el hambre y la falta de trabajo, siguen siendo reprimidas. Recientemente el gobernador Urtubey de Salta desató una brutal represión en Gral. Mosconi sobre hombres, mujeres y niños que pedían trabajo y comida, encarcelando al dirigente Pepino Fernández. Son numerosos los dirigentes del movimiento de desocupados que se encuentran procesados utilizando figuras del código penal o por delitos contravencionales en todo el país. Este es el caso de Oscar Kuperman y Juán Carlos Alderete.
En uno de los últimos acampes frente al Ministerio de Desarrollo Social se ha procesado por delitos como robo y resistencia a la autoridad a Pablo Solanas uno de los dirigentes que salió en auxilio de jóvenes manifestantes que eran reprimidos por la policía.

Los jóvenes estudiantes también se encuentran afectados por esta política de criminalización. Se han reactivado las causas contra los estudiantes que se movilizan en defensa de la universidad pública, por mayor presupuesto, contra la privatización y por su democratización. También se los penaliza por acciones de solidaridad con la lucha de los trabajadores.
Se reabrieron las causas contra dirigentes de la FUBA que participaron de la ocupación del rectorado luchando por la democratización d e los estatutos de la UBA y contra diez dirigentes estudiantiles por defender la sede del CBC de Merlo contra la privatización de la Universidad. Se suma también el  caso de los dirigentes estudiantiles que protagonizaron los cortes de Callao y Corrientes en apoyo al conflicto de los trabajadores de Kraft –Terrabussi y continua en curso la causa contra los dirigentes de arquitectura que fue impulsada por Estebán Righi, hoy Procurador General de la Nación.
Asimismo, recientemente Estebán Bullrich, Ministro de Educación porteño, amenazó con judicializar a los estudiantes secundarios organizados en la CUES, que tomaron el ministerio en su lucha por calefacción y reformas edilicias.

Prácticamente no existe reclamo social que enfrente las políticas de los gobiernos de turno que no se vea amenazada por la judicialización y criminalización de la protesta.  Es el caso de los ambientalistas de Gualeguaychú, pero también de los de Andalgalá y Vicente López o el de los pueblos originarios, campesinos pobres, familias sin techo ocupantes de predios y edificios abandonados, sobre los cuales se descargan causas penales y en muchos casos la represión abierta.

Otro aspecto de la  política de criminalización es el que involucra a dirigentes políticos procesados, condenados y presos, por acciones  y opiniones que enfrentan a la política oficial. Es el caso de Roberto Martino injustamente preso por oponerse al Estado genocida de Israel. De Esteche y Lezcano condenados por el escrache al local de Sobich en oportunidad del asesinato de Fuentealba. De Juan Carlos Beica, aberrantemente condenado por el delito de opinión, gracias a las gestiones de la Embajada Israelí y recientemente absuelto y de Rubén Saboulard, que continúa procesado. 
O el procesamiento que pesa sobre Jorge Altamira, Néstor Pitrola y Marcelo Ramal en la causa por calumnias e injurias que les inició Raúl Alfredo Othacehé, la causa que, con la misma carátula, impulsó Aníbal Fernández contra Pino Solanas y las imputaciones contravencionales contra Christian Castillo.

Estos múltiples casos de procesamientos, y condenas son coronados por la existencia de presos políticos.  Durante los  gobiernos  de  Néstor y Cristina Kirchner, hubo más presos políticos que durante  todos  los  gobiernos   posteriores a  la dictadura militar. Hoy   exigimos la inmediata libertad de Roberto  Martino, Karina Germano y José  Villalba. Exigimos la inmediata libertad de Carlos Olivera y Claudio D’ Angelo, obreros de la construcción y miembros del nuevo sindicato: SITRAIC. Los compañeros están presos por defenderse de las patotas de la UOCRA.
En la madrugada de ayer fue expulsado ilegalmente del país el militante chileno JUAN MANUEL ALISTE VEGA, en una maniobra entre el presidente chileno y Cristina Fernández que, violando la legislación nacional e internacional, entregaron al compañero para que sea juzgado por un tribunal militar. 

Esta política de criminalización de la protesta utilizando el aparato judicial tiene su necesario complemento en el mantenimiento de un aparato represivo que, heredado de la dictadura conserva entre sus filas a muchos funcionarios y agentes que se desempeñaron durante la misma y utiliza métodos represivos propios de aquellos tiempos. Esto es así en la gendarmería, la prefectura, la policía federal, y las policías provinciales.
Todo este aparato represivo es utilizado para perseguir y reprimir a los jóvenes de las barriadas populares, en lo que constituye una política de criminalización de la pobreza. Los miles de casos comprobados de gatillo fácil, como el de Carla Lacorte, de torturas y asesinatos como el de Rubén Carballo, y desapariciones como la de Luciano Arruga se han convertido en moneda corriente.
La juventud no sólo sufre el gatillo fácil y la tortura sino la impunidad como en el caso de la masacre de Cromañón.
Muchos de estos hechos generan verdaderas puebladas que, como la de Bariloche, enfrentan la brutalidad de un  aparato represivo apañado por los gobiernos nacional y provinciales.
Existe una unidad estrecha entre esta criminalización de la pobreza con la política de criminalización de la protesta contra la que nos estamos manifestando. Bariloche resume emblemáticamente esta conexión. Lo detonó un caso típico de gatillo fácil, el asesinato Diego Bonefoi, pero la respuesta policial posterior a  la justa indignación popular se cobró dos vidas más, las de Cárdenas y Carrasco, lo cual nos remite a la represión con balas de plomo en el puente Pueyrredón. Como en aquel entonces hoy los principales perseguidos no son los policías que dispararon a mansalva o los funcionarios políticos responsables, son los jóvenes de los barrios y activistas políticos y de los DDHH de la localidad que reclaman justicia, como en el caso de Marcos Huefcullén recientemente imputado en una causa de robo inventada. Todo ante la mirada cómplice de los gobernantes y funcionarios judiciales de la provincia.
Cuando “con el código penal en la mano”, como en su momento dijo el ministro Aníbal Fernández, se persigue a los que luchan, se brinda desde el poder una clara señal política para que las patotas de la burocracia sindical oficialista o del propio aparato oficial, encuentren tierra liberada por la policía para actuar contra las luchas de los trabajadores y el pueblo.
Este fue el caso de la patota K que atacó a los trabajadores del Francés, de la patota de la UTA que aparecen en cuanta protesta desarrollan los trabajadores del subte, de la patota de Moreno contra los trabajadores del INDEC o de la patota de barras bravas de la feria del libro, por mencionar solo algunos de los casos más resonantes. La impunidad de la que gozan solo puede explicarse por la protección de un gobierno, una justicia y un aparato represivo cómplices.

La existencia de leyes antiterroristas en el país heredadas de gobiernos pasados y ahora actualizadas en una nueva formulación a pedido de organismos imperialistas, refuerza esta política de criminalización. Mientras han desaparecido figuras como el terrorismo económico que penalizaba los delitos de los grandes empresarios, se han reforzado figuras penales para utilizarlas contra los que luchan, llegando al extremo de permitir arrestos por la arbitraria figura del merodeo.

El aparato represivo de la dictadura no fue desmantelado por ninguno de los gobiernos constitucionales posteriores. Esto ha permitido a la mano de obra de la dictadura intentar mantener su impunidad ante el avance de la lucha por el juicio y castigo de los genocidas. Es por eso que desapareció Jorge Julio López  y su desaparición sigue impune luego de cuatro años. Por eso fue asesinada Silvia Suppo y su asesinato no tiene una sola pista veraz después de cuatro meses. La impunidad de ayer sigue vigente en el mismo hecho que más del 95 % de los militares sigue sin ser procesados. Consideramos que la lucha por el esclarecimiento de Julio López y el asesinato de Silvia Suppo junto a la lucha por el juicio y castigo a todos los genocidas por todos los compañeros es una lucha del presente y no del pasado. El aparato represivo heredero de la dictadura y la impunidad de la que goza, posibilitaron también el asesinato de Carlos Fuentealba y Lázaro Duarte.
 
Hoy nos movilizamos porque estamos convencidos que es necesario desarrollar una intensa y unitaria campaña destinada a frenar y terminar con esta creciente criminalización de la protesta social. No es posible  que nuestro  pueblo que ha luchado contra la impunidad del genocidio de la dictadura, contra aquellos que reprimieron la protesta social a sangre y fuego, vea amenazadas libertades básicas como el derecho a la protesta, a la libre expresión y opinión.
Hoy nos movilizamos para defender estas libertades contra la persecución y el amedrentamiento que utiliza el código penal o la represión abierta.

La negativa del gobierno de los Kirchner de impulsar medidas políticas o de sancionar distintos proyectos de ley contra la criminalización de las luchas durante estos años, demuestra claramente la hipocresía de su discurso. Mientras hablan de  DDHH se niegan a despenalizar la protesta.
Por eso hacemos un llamado explícito a los dirigentes de las organizaciones obreras y populares, de organismos de DDHH, partidos políticos, a intelectuales y personalidades del ámbito de la cultura a sumarse a esta campaña contra la criminalización de las luchas y a generar una gran movilización popular que detenga este ataque a las libertades democráticas y los derechos del pueblo.
La historia de lucha de nuestro pueblo así lo exige.

No a la criminalización de la protesta social!

Libertad a los presos políticos (Roberto Martino, Karina Germano y José Villalba)

Cierre de las causas y anulación de las condenas a los trabajadores y demás luchadores populares!

Basta de represión, asesinatos y torturas a los jóvenes en los barrios!


lunes, 19 de julio de 2010

Otro intento de llegar al ADN de los Noble

ANTE EL FRACASO DEL ANALISIS DE LA ROPA, PIDEN QUE SE ANALICEN MUESTRAS DE SANGRE Y SALIVA DE MARCELA Y FELIPE

La fiscal Rita Molina le pidió a la jueza Arroyo Salgado que dispusiera el análisis de las muestras de sangre y saliva que los hijos adoptivos de la dueña de Clarín habían entregado al ex juez Bergesio. Abuelas consideró “viable” el planteo.

Las muestras están en tres sobres lacrados desde diciembre. Son muestras de saliva y de sangre de los hijos adoptivos de la directora del diario Clarín. Tras el último y fallido intento de análisis de sus ropas, la fiscal Rita Molina acaba de pedir que se analicen de “forma urgente” aquellas muestras recogidas en diciembre para determinar si son hijos de desaparecidos. Abuelas de Plaza de Mayo avaló el pedido. “Para nosotros es viable el análisis siempre que se cumplan ciertos recaudos y condiciones”, indicó a Página/12 el abogado Alan Iud.

Rita Molina presentó el escrito ante la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, que está a cargo de la causa. Arroyo Salgado no habilitó la feria judicial para continuar en estos días con otros procesos que estaban pendientes, entre ellos la declaración de nuevos peritos sobre el fallido análisis de las ropas después del último allanamiento. Aun así, la “urgencia” del pedido de Rita Molina abre la posibilidad de que se abra.

“Si la sangre y la saliva se encontrasen deterioradas con bacterias, por ejemplo –explicó Rita Molina–, el Estado al que represento y del que soy funcionaria tiene la obligación de pedir otras medidas, incluso la extracción compulsiva. La verdad se va a saber tarde o temprano.”

Esas muestras se extrajeron en diciembre del año pasado en el ámbito del Cuerpo Médico Forense. Quedaron reservadas en tres sobres: dos de ellos se guardaron en el Cuerpo Médico Forense y uno en el despacho del juez Conrado Bergesio, que todavía estaba a cargo de la causa. Luego, las dos muestras del Cuerpo Médico Forense pasaron al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) y la que estaba en el despacho de Bergesio pasó al Cuerpo Médico Forense. Las “condiciones” que Abuelas pide para estos análisis están vinculadas con ese proceso e intentan elevar el estándar de verosimilitud de las muestras.

En primer término, exigen que se analicen como mínimo dos muestras conservadas en lugares distintos. Es decir, una del Cuerpo Médico Forense y otra del BNDG. Eso demostraría que hay o no correlación entre las muestras.

El segundo aspecto es sobre los sobres lacrados: “Además de que las personas que firmaron oportunamente esos sobres vayan y reconozcan sus firmas –dice Iud–, queremos que haya un perito calígrafo para determinar si esas firmas son auténticas o no”. Por otro lado, también pide que se observen los bordes de los sobres: quieren saber si están dañados.

La última condición vincula el análisis con los resultados del último allanamiento. Aquel estudio fracasó porque se halló más de un ADN en cada una de las prendas, como si las ropas pertenecieran a distintos individuos. “Para que el nuevo estudio sea considerado válido –agrega el abogado–, debería haber una coincidencia entre esa muestra y por lo menos uno de los ADN que se hallaron en las ropas de Felipe y de Marcela Noble.” Abuelas da por descontado que ese cruce puede ser posible porque así lo aseguró el BNDG.

La fiscal ayer también señaló los últimos estudios. “Los perfiles genéticos que se encontraron en las prendas que fueron requisadas a Marcela y Felipe son incompletos porque hay más de dos o tres contribuyentes sin ningún patrón completo, lo que significa que no se puede determinar con claridad el ADN de una persona”, detalló. “Incluso –dijo– se encontraron perfiles genéticos superpuestos de hombre y mujer, en las prendas de Felipe, que era nueva y tenía ADN de tres personas, esto significa que pudo ser manipulada.”

Pero las muestras de diciembre, ¿pueden servir todavía? Abuelas tiene reparos, pero no lo descarta. Los análisis van a arrojar dos resultados, dicen: o sirven o no. Si sirven, se pueden analizar. Si no, la muestra podría aparecer contaminada con bacterias o con humedad. Y eso pudo haber sido producto de que no fue bien conservada: o por impericia o adrede, admiten.

Lo cierto, sin embargo, es que la fiscal aceleró los tiempos con este nuevo pedido. En términos estratégicos, de ser aprobado por la jueza el análisis le permite evitar nuevas demoras y también más escándalos. Si Rita Molina decidiera, por ejemplo, descartar ese material y pedir, en cambio, una nueva extracción de sangre, el pedido debería atravesar la primera instancia, esperar una segura apelación de la acusada y luego entraría en los laberintos de las demoras infinitas de la Cámara de Casación. Aun así, ese no es el único motivo. En términos procesales, se considera que la extracción compulsiva o una orden de allanamiento es una herramienta que puede usarse de modo “imprescindible”. La existencia de otra muestra –y la sospechas de que pueda servir– hace que no sea imprescindible.

En tanto, Rita Molina también respaldó el trabajo del BNDG. “Se comprobó su profesionalismo y que tiene los recursos técnicos más elevados del país, dicho por los propios peritos de parte de las víctimas y la imputada”, en referencia a la declaración que hicieron ante la jueza la semana pasada.

viernes, 16 de julio de 2010

15 de julio de 2010
GACETILLA DE PRENSA
Contra la criminalización de la protesta social,
marchamos el 23 de julio de Congreso a Plaza de Mayo

En el marco de la campaña que el Encuentro Memoria Verdad y Justicia ha lanzado contra la creciente criminalización de la protesta social convocamos a participar de la movilización que se realizará el día 23 de julio de Congreso a Plaza de Mayo para terminar con la persecución a los luchadores populares.
Concentramos a las 17:30 hs en Plaza Congreso.

NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL

LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS
(Roberto Martino, Karina Germano López, José Villalba)

CIERRE DE LAS CAUSAS Y ANULACIÓN DE LAS CONDENAS A LOS TRABAJADORES Y DEMÁS LUCHADORES POPULARES.

BASTA DE REPRESIÓN, ASESINATOS Y TORTURAS A LOS JÓVENES EN LOS BARRIOS.

Contactos de Prensa:
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-1553372868 (AEDD)