Allanaron oficinas de la firma Ledesma

En dos domicilios, la justicia secuestró documentación relacionada con la posible comisión de delitos de lesa humanidad en el ingenio azucarero de Jujuy. En la investigación está imputado el titular de la empresa, Pedro Blaquier.

La justicia allanó ayer dos oficinas de la empresa azucarera Ledesma, de Pedro Blaquier, en el marco de la investigación que se realiza por la desaparición de 55 personas en La Noche del Apagón en julio de 1976, y secuestró documentación relacionada con delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico militar.

Por orden del juez federal subrogante Fernando Poviña, quien remplazó al denunciado ex juez Carlos Olivera Pastor en el juzgado federal 2 de Jujuy, se realizaron ayer dos allanamientos en inmuebles de la empresa Ledesma ubicados en la localidad del mismo nombre y en la capital San Salvador de Jujuy.

El primero de los operativos se realizó en las instalaciones que la empresa tiene en la ciudad de Libertador General San Martín (conocida como Ledesma), pero no se encontraron elementos de relevancia para las causas. En tanto, se informó que en el inmueble de la empresa ubicado en el barrio Los Perales de San Salvador de Jujuy se halló documentación que podría aportar información relacionada con los hechos que se investigan en la causa por el secuestro de más de 400 personas durante La Noche del Apagón, entre el 20 y el 27 de julio de 1976, de las que 55 permanecen desaparecidas.

La investigación, que tiene entre los imputados al titular de la empresa, Pedro Blaquier, por haber aportado los camiones para que efectivos militares y policiales realizaran los secuestros, se encontraba demorada en el juzgado que subrogaba hasta fines de marzo el cuestionado Carlos Olivera Pastor. El ex juez debió dejar su cargo presionado por los organismos de Derechos Humanos que denunciaron las demoras en las causas por delitos de lesa humanidad en la provincia, donde todavía no se realizó ningún juicio por la represión ilegal durante la dictadura.

Según había denunciado la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por Violaciones a los Derechos Humanos, Olivera Pastor rechazó o ignoró el 88% de las indagatorias pedidas. Una de ellas había sido el pedido del fiscal de Jujuy, Domingo Batule para indagar por delitos contra la humanidad al titular de Ledesma, Pedro Blaquier. Con la salida de Olivera Pastor, ingresó a subrogar el juzgado federal 2 de Jujuy Fernando Poviña, quien ayer ordenó los allanamientos en busca de pruebas que vinculen a Blaquier con estos delitos.

El edificio allanado en San Salvador de Jujuy, donde se encontró la documentación que podría resultar de relevancia para la investigación, es el mismo domicilio donde se constituyeron los abogados que representan al ex administrador general del Ingenio Ledesma, Alberto Lemos.

En los próximos días, luego de una resolución de la Cámara Federal de Salta, el juez subrogante Poviña también deberá decidir sobre la detención y llamado a indagatoria, tanto de Blaquier como de Lemos, ambos mencionados como los principales responsables de La noche del apagón

Otro genocida se muere en su casa

Murió el general Lépori, acusado por delitos de lesa humanidad en Mendoza

Tenía 82 años y falleció en su casa. Tuvo decisiva participación en la ejecución de los operativos en los que se secuestró a los detenidos-desaparecidos y demás ilícitos cometidos en la provincia, entre ellos el asesinato del poeta Francisco Paco Urondo.

A los 82 años falleció en su casa el general Mario Lépori, condenado por delitos de lesa humanidad cometidos en Mendoza. Era uno de los acusados por el asesinato del poeta y periodista Francisco “Paco” Urondo y la desaparición de Lila De Marinis, secuestrada en 1976. Tenía problemas de salud desde hace años. En 2010 había sido internado por una neumonía.

Durante 1977, Lépori fue el Subjefe de la Subzona 33, cuya jurisdicción comprendía Mendoza. Por lo tanto, tuvo responsabilidad en los C.C.D. "Comisaría 25 de Guaymallén", "Comisaría 7 de Godoy Cruz", "Compañía de Comunicaciones de Montaña 8", "D- 2 de Policía de Mendoza", "Liceo Militar `General Espejo'", "Penitenciaría de Mendoza", "Compañía de Telecomunicaciones 141, “Campo Los Andes", "Delegación de Policía Federal en San Luis" y "Jefatura de Policía de San Luis".

También tuvo decisiva participación en la ejecución de los operativos en los que se secuestró a los detenidos-desaparecidos y demás ilícitos cometidos en la provincia de Mendoza.

Durante el segundo juicio contra la represión de la dictadura en Mendoza (el anterior fue en San Rafael), había sido uno de los acusados junto a los represores Juan Pablo Saá, Orlando Dopazo y Eberto Edgardo Villegas. Fue uno de los que quedaron separados de la causa por razones de salud junto al interventor militar Tamer Yapur y el suboficial de la Policía, Armando Fernández Miranda.

El proceso judicial se había iniciado el 17 de noviembre de 2010 y duró 11 meses.

Videla, el verdugo, alardea de sus crímenes

"Los decretos de Luder nor dieron licencia para matar"
"Pongamos que eran siete mil u ocho mil las personas que debían morir"

Por primera vez, el genocida admitió que la dictadura militar de la que fue presidente "desapareció" los cuerpos de los militantes y trabajadores que secuestró y torturó "para no provocar protestas dentro y fuera del país". Reconoció que el eufemismo bajo el cual se ocultaron los crímenes fue "Disposición Final, dos palabras muy militares, que significan sacar de servicio una cosa por inservible, por ejemplo, una ropa que ya no se usa o no sirve porque está gastada".

Las nuevas provocaciones del dictador aparecen en el libro "Disposición final", del periodista Ceferino Reato, en cuyas hojas repite los argumentos esgrimidos en el reciente reportaje de la revista española Cambio 16. "Había que eliminar a un conjunto grande de personas que no podían ser llevadas a la justicia ni tampoco fusiladas", reveló el expresidente de facto, para quien "era necesario" cometer los crímenes de esa manera, de modo tal "que no fuera evidente, para que la sociedad no se diera cuenta ni pueda provocar protestas dentro y fuera del país". Es que "cada desaparición puede ser entendida ciertamente como el enmascaramiento, el disimulo, de una muerte",

Desde las páginas del libro de Reato, Jorge Rafael Videla consideró que el Golpe del 24 de marzo de 1976 "fue un error porque no se necesitaba" para combatir "la subversión", aunque justificó los asesinatos cometidos al sostener que "no había otra solución" para ganar lo que sigue considerando como "la guerra contra la subversión".

"Las desapariciones se dan luego de los decretos del presidente interino Ítalo Luder (casi seis meses antes del golpe), que nos dan licencia para matar. Desde el punto de vista estrictamente militar no necesitábamos el Golpe. Fue un error". "Nuestro objetivo -añadió- era disciplinar a una sociedad anarquizada. Con respecto al peronismo, salir de una visión populista, demagógica; con relación a la economía, ir a una economía de mercado, liberal. Queríamos también disciplinar al sindicalismo y al capitalismo prebendario."
Un tema que Reato abordó con Videla y con su ex ministro del Interior, el general Albano Harguindeguy, fue el de las listas con información con los nombres de los desaparecidos. “No hay listas con el destino final de los desaparecidos. Podría haber listas parciales, pero desprolijas”, volvió a defraudar el entrevistado. Harguindeguy admitió que en 1979 se elaboraron listas para “tener algo de apoyo para hablar de los desaparecidos” pero aseguró que ya no existen. “Todo eso fue quemado por orden de (el último dictador, Reynaldo) Bignone, por un decreto de Bignone.”

Otro dato añejo que reflota Reato es el de la división del país en zonas, subzonas y áreas militares en los meses previos al golpe de Estado, y las órdenes de los comandantes de cada una de las cinco zonas de confeccionar listas de personas que debían ser detenidas en la madrugada del 24 de marzo de 1976. Según represores consultados por el editor de Perfil, en esas listas figuraban tanto “líderes sociales” como “subversivos”, cuyos nombres habían aportado los Servicios de Inteligencia de Fuerzas Armadas y de Seguridad pero también empresarios y ejecutivos, sindicalistas, funcionarios, dirigentes políticos, profesores e incluso estudiantes. El autor, en base a documentos militares, recuerda que el destino de cada uno de los secuestrados por las Fuerzas Armadas se decidió en las “comunidades de inteligencia” o “comunidades informativas” de cada zona militar, integradas por los responsables de los distintos Servicios de Inteligencia. Estos grupos se reunían una vez por semana y decidían si lo liberaban, lo blanqueaban o lo asesinaban, otro dato revelador que se reitera en todos los juicios a represores desde mediados de la década del ’80.

El dictador justificó el uso de la tortura y reiteró una vez más la influencia de la llamada Doctrina Francesa en la lucha contra las guerrillas, tema al que la francesa Robin dedicó un libro y un documental. En su admisión sobre el “método” escogido para borrar de la tierra a sus enemigos, Videla incluyó el caso del ex jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo, Mario Roberto Santucho, asesinado en un tiroteo. “Era una persona que generaba expectativas; la aparición de ese cuerpo iba a dar lugar a homenajes, a celebraciones. Era una figura que había que opacar”, explicó el represor, opaco por excelencia, quien se permitió marcar diferencias entre las principales organizaciones armadas de los ’70. “Por su preparación militar e ideológica, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) era más enemigo que Montoneros; era algo ajeno, otra cosa. Montoneros guardaba algo del nacionalismo, del catolicismo, del peronismo con el que había nacido”, dijo.

Los años y las condenas parecen distender la lengua del dictador, que en febrero concedió un largo reportaje a la revista española Cambio 16. “No había otra solución; (en la cúpula militar) estábamos de acuerdo en que era el precio a pagar para ganar la guerra contra la subversión y necesitábamos que no fuera evidente para que la sociedad no se diera cuenta. Había que eliminar a un conjunto grande de personas que no podían ser llevadas a la Justicia ni tampoco fusiladas”, dijo, sin revelar nada que los organismos de derechos humanos del país no hayan denunciado desde el mismo momento en que se consumaba el genocidio. “Dios sabe lo que hace, por qué lo hace y para qué lo hace. Yo acepto la voluntad de Dios. Creo que Dios nunca me soltó la mano”, se permite dudar Videla.

“La frase ‘Solución Final’ nunca se usó. ‘Disposición Final’ fue una frase más utilizada; son dos palabras muy militares y significan sacar de servicio una cosa por inservible. Cuando, por ejemplo, se habla de una ropa que ya no se usa o no sirve porque está gastada, pasa a Disposición Final”, le explicó un Videla distendido a Reato, que lo entrevistó durante veinte horas entre octubre de 2011 y marzo de 2012 en la celda número 5 de la Unidad Penitenciaria 34, la única cárcel del país que funciona en el interior de una unidad militar: Campo de Mayo. Las dos palabras elegidas para titular el libro tampoco son novedosas, de hecho en 2010 un sobreviviente tucumano entregó a la Justicia un listado de 293 personas secuestradas de las cuales 195 figuraban como “DF” y explicó que era la sigla de “Disposición Final”.

Durante las entrevistas realizadas entre octubre de 2011 y marzo de 2012 en la celda número 5 de la prisión federal de Campo de Mayo, afirmó haber ordenado desaparecer cuerpos de personas muertas en tiroteos, como el del jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Mario Santucho, porque "era una persona que generaba expectativas. La aparición de ese cuerpo iba a dar lugar a homenajes, a celebraciones. Era una figura que había que opacar".

Además, precisó que "por su preparación militar e ideológica", el ERP "era más enemigo que Montoneros; era algo ajeno, otra cosa. Montoneros guardaba algo del nacionalismo, del catolicismo, del peronismo con el que había nacido". Por otra parte insistió con que "no hay listas con el destino final de los desaparecidos", aunque sostuvo que "podría haber listas parciales, pero desprolijas".

De la misma manera, criticó al sector empresario de haberse "lavado las manos". "Nos dijeron: 'Hagan lo que tengan que hacer', y luego nos dieron con todo. ¡Cuántas veces me dijeron 'se quedaron cortos, tendrían que haber matado a mil, a diez mil más!'", enfatizó.

Seguirá preso el comisario de "La Noche de los Lápices"

 Es el comisario mayor bonaerense , jefe del Pozo de Banfield donde estuvieron prisioneros los estudiantes secundarios secuestrados en 1976. Lo resolvió la Corte Suprema de Justicia.

El comisario mayor bonaerense Juan Miguel Wolk, jefe del Pozo de Banfield donde estuvieron prisioneros los estudiantes secundarios secuestrados en La Noche de los Lápices de 1976, seguirá preso, según resolvió la Corte Suprema de Justicia.

El máximo tribunal adoptó la decisión al rechazar por inadmisible un recurso extraordinario presentado por la defensa del policía retirado de 77 años para que siga detenido pero su casa, bajo la modalidad de prisión domiciliaria. La detención en su propio domicilio había sido concedida en primera instancia por el juez instructor, Arnaldo Corazza, pero fue revocada por la Cámara Federal platense.

Wolk, apodado por sus propios camaradas como "El Nazi" o "El alemán", comandaba el centro clandestino de detención del Pozo de Banfield, al que fueron a parar una docena de estudiantes de La Plata en una redada realizada el 16 de septiembre del 76, que aun siguen desaparecidos.

El depuesto juez español Baltazar Garzón pidió su extradición en la misma lista en la que solicitó la del ex almirante Emilio Massera, pero en ese momento la justicia argentina lo dio por muerto.
Finalmente, Wolk fue apresado en el 2010 tras ser ubicado residiendo en Mar del Plata por un periodista que siguió la pista aportada por Noemí Ungaro, hermana de uno de los chicos desaparecidos, que el mismo juez había desestimado.

Los ministros de la Corte Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi Juan Carlos Maqueda y Raul Zaffaroni consideraron "inadmisible" el pedido en virtud de los delitos de lesa humanidad que le imputan a Wolk.

Interpol atrapó al "Japonés" Martínez, integrante de los grupos de tareas

Fue el primer represor que detalló en Suiza los vuelos de la muerte. Llevaba más de cinco años prófugo. Hoy lo indagarán en las causas por la Masacre de Fátima y del circuito Atlético-Banco-Olimpo.

 Por Diego Martínez

Luis Alberto Martínez, alias Japonés, ex integrante de los grupos de tareas de Coordinación Federal antes y después del golpe de Estado, ex agente del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, fue detenido ayer por Interpol luego de más de un lustro prófugo. Martínez, el primer represor que detalló en 1981 desde Suiza los vuelos de la muerte, logró burlar a la Justicia desde la reapertura de los procesos de lesa humanidad –cuando el juez federal Daniel Rafecas ordenó su captura– y evitó de esa manera estar en el banquillo en dos juicios orales: el de la Masacre de Fátima y el del circuito Atlético-Banco-Olimpo. Rafecas lo indagará hoy en ambas causas y por su rol en Coordinación Federal. También ayer fue indagado por el juez Norberto Oyarbide por un secuestro extorsivo como miembro de la banda de Aníbal Gordon, Raúl Guglielminetti y compañía.

Ex suboficial de la Policía Federal, Martínez fue detenido por primera vez en 1981, en Suiza, acusado de participar en el secuestro extorsivo del financista Fernando Combal, liberado tras el pago de un millón de dólares, y del banquero Carlos Koldovsky, entre otros delitos al amparo del terrorismo de Estado. El policía brindó aquel año una extensa declaración ante la Federación Internacional de los Derechos del Hombre. Contó que originalmente se desempeñaba en el Departamento de Asuntos Gremiales de Coordinación Federal, que luego trabajó en la infiltración de facultades de la Universidad de Buenos Aires, y dio un amplio detalle sobre represores, relaciones entre distintos centros de detención y métodos utilizados para interrogar y para desaparecer personas.

Luego de los interrogatorios bajo tortura en el tercer piso de Azopardo 680, los grupos de tareas de la Policía Federal recurrían a los vuelos de la muerte, confesó catorce años antes que el capitán Adolfo Scilingo. “Oficiales y suboficiales llevaban a los prisioneros en furgones cerrados con destino a aeroparque. Antes de llegar a la vía había una entrada guardada por efectivos de Aeronáutica. Estos traslados tenían lugar de noche. A llegar recibían una inyección, se les decía contras las fiebres. Eran somníferos que venían en paquetes con etiquetas del Ejército”, precisó. “Los prisioneros eran embarcados a bordo de un avión Fiat Albatros. Después de quince minutos, ya dormidos, eran desnudados. Luego de media hora eran arrojados al mar a la altura de Mar del Plata”, declaró, y apuntó que el método se aplicó antes del golpe de Estado. “Estos hechos se remontan a los años 1975 y 1976, porque luego comenzó a funcionar el Club Atlético”, dijo.

En 1985, entrevistado en Suiza por el abogado Jorge Baños, contó que también actuó en Automotores Orletti, el epicentro argentino del Plan Cóndor, al que llegó de la mano del “Mayor Guastavino”, léase Guglielminetti, juzgado en estos días en Neuquén. Baños había viajado a Suiza en representación del CELS para intentar obtener información de parte de Martínez y de los agentes de inteligencia Rubén Bufano y Leandro Sánchez Reisse. Finalmente fue extraditado por orden del juez Carlos Oliveri e indagado por su reemplazante, el juez Luis Niño. Pese a que la mayor parte de sus delitos quedaron amparados por la Ley de Obediencia Debida, el Japonés siguió preso como delincuente común hasta 1989. La decisión de liberarlo, luego de leer un voluminoso expediente en menos de 24 horas, la tomó el juez de instrucción Luis Velazco. En 1998 fue noticia en General Pico, cuando junto al subcomisario Leonardo De Laurentis golpearon y amenazaron con armas a un remisero. La jueza Rosa Vázquez le dictó la falta de mérito pese a que tenía prohibido usar armas. Desde entonces sólo fue noticia como prófugo. El Japonés comenzó ayer una nueva etapa de su vida, ahora con epicentro en la cárcel de Villa Devoto.

Masiva marcha en Neuquén para recordar a Carlos Fuentealba

Unas 10.000 personas marcharon, a cinco años del asesinato.

Miles de trabajadores de la educación encabezaron este miércoles una movilización en la capital de Neuquén para recordar al maestro Carlos Fuentealba, asesinado hace cinco años por la policía, durante una protesta gremial.

El acto central se realizó frente a la Casa de Gobierno bajo la consigna "Justicia Completa", en demanda del enjuiciamiento del ex gobernador Jorge Sobisch y el resto de los responsables políticos de la represión que terminó con la vida de Fuentealba.

El secretario general de la Asociación Trabajadores de la Educación, de capital, Daniel Huth, expresó que "el paro de 24 horas dispuesto por el último plenario para hoy tuvo un acatamiento masivo".

"Seguimos reclamando juicio y castigo a todos los responsables y estamos aguardando un pronunciamiento de la justicia para que se permita la investigación en esta causa", aseguró.

Dijo que "también seguimos levantando las mismas banderas que levantó Carlos en defensa de la escuela pública".

El dirigente nacional de la Asociación Trabajadores del Estado -ATE- Julio Fuentes, opinó que "hubo una condena judicial gracias a la movilización de los maestros y del pueblo de Neuquén en términos generales".

"Estamos acá reafirmando la memoria de un compañero que salió a pelear por su salario y que terminó muerto siendo parte de esta lucha", afirmó.

Por la mañana, en tanto, se realizó un acto sobre la ruta nacional 22, en cercanías del paraje Arroyito, donde Fuentealba fue herido de muerte por el policía Darío Poblete, quien le disparó a corta distancia un cartucho de gas lacrimógeno que impactó en su cabeza.

Poblete fue condenado en 2008 a prisión perpetua y se aguardan avances en la denominada causa "Fuentealba II" en la que se investiga la responsabilidad política de funcionarios y jefes policiales que actuaron en aquella oportunidad.

Carlos Fuentealba: "Justicia completa" por el crimen del maestro

Convocó ATEN y adhieren con paro y marchas ATE y CTA
NEUQUÉN (AN) - A cinco años del asesinato del maestro Carlos Fuentealba, ATEN convocó a un paro y marcha que se realizará hoy desde las 12 en el monumento a San Martín de Neuquén. La seccional de Capital desarrollará un acto en Arroyito y luego se sumará a la movilización provincial.
El gremio docente espera conmemorar un nuevo aniversario del asesinato de Fuentealba con una multitudinaria marcha, Primero habrá un acto en Arroyito y posteriormente se marchará por las calles céntricas para concluir en un acto en la Casa de Gobierno.
Esperan la presencia de Sandra Rodríguez, organizaciones sociales y de las seccionales que no acuerdan con la conducción provincial. "No es un reclamo sectorial, sino social, así que esperamos la participación de todos", destacó Camilo Álvarez, secretario de prensa de ATEN. Sostuvo que el horario del mediodía se eligió para que pueda concurrir la mayor cantidad de gente.
Además cada seccional realizará actividades en su localidad.
Es el caso de Capital hará a las 9,30 el acto en Arroyito para luego en caravana llegar a esta ciudad y sumarse al mediodía a la movilización provincial. En Aluminé se inaugurará un mural y en San Martín se presentará el documental sobre el hecho.
"Son cinco años sin justicia completa, sin que aún se hayan investigado las responsabilidades políticas del crimen. La Causa Fuentealba II, aún sigue en sus instancias iniciales", reclamaron desde la comisión directiva del gremio.
Reiteraron el pedido de incluir a los responsables políticos e ideológicos del asesinato, entre ellos al ex gobernador del MPN Jorge Sobisch. El único condenado por el crimen fue el auto material, el cabo Darío Poblete.
La CTA y ATE adhirieron al paro y participarán de la movilización para reclamar "justicia completa y cárcel a Sobisch".