viernes, 22 de abril de 2011

Víctor Martínez: el testigo denunció que lo secuestraron y amenazaron

Fue secuestrado por tres desconocidos que lo tuvieron secuestrado, amenazándolo
"Me  empujaron y metieron en una combi”

Víctor Martínez reapareció en la madrugada de ayer. Denuncia que fue secuestrado el lunes en la calle Pringles. Acusa al juez Villafuerte Ruzo, con quien mantiene un enfrentamiento.
Por Adrián Pérez

“Me empujaron y me metieron en una combi. Había dos tipos adelante y uno atrás, que fue el que me empujó y me tiró adentro”, relata Víctor Oscar Martínez. El sur asiático recorre la casa en el dulzón del incienso encendido, un cuadro de Shirdi Sai –gurú elevado al pedestal de santo en la India– y Los místicos de Occidente, de Elémire Zolla, en una de las dos bibliotecas del living. Tal vez por haber dormido poco, la voz de Martínez brota con cierta cadencia. A pocas horas de ser liberado en la madrugada de ayer en el barrio de Liniers, el testigo del asesinato del obispo Carlos Ponce de León durante la dictadura denuncia que el lunes pasado fue secuestrado cerca de su casa y que aunque las versiones que dan vueltas “son muchas”, la realidad “es una sola”.

“Rebelde y antidogmático por naturaleza”, se considera Martínez, de 52 años, quien se presenta como un estudioso de las religiones comparadas; traductor de sánscrito, pali y defensor de los monjes budistas perseguidos en China y Bangladesh. Martínez tenía planeado pasar el lunes al mediodía por una escribanía del centro para retirar unos libros. Caminaba por Pringles rumbo a Corrientes cuando tres hombres lo interceptaron.

El testigo mueve la mano, dando a entender que el vehículo adonde lo metieron tenía una puerta corrediza. Le pusieron un cuello de lana sobre los ojos. “Me hicieron masticar grandes cantidades de medicina, el médico me dijo que se trataba de Alplax y Valium”, afirma. El viaje fue en completo silencio. Si bien no pudo calcular cuánto demoró, le pareció “muy largo” y que, en un momento, el coche ingresó a un camino de tierra. “Me deben haber llevado a una casa de campo”, arriesga. Al llegar lo encerraron en una habitación donde había un colchón y una frazada. En la casa había pocos muebles.

Aunque no puede describirlos físicamente, dice que los hombres eran mayores, como de 50 años, con “un lenguaje elaborado”, tranquilos, respetuosos. “Me trataban de usted.” En su cautiverio habló con una sola persona que le advirtió: “Le voy a dar seis consejos en tres días, después de esto usted se muere”. El primero fue que no podía ir contra el juez Carlos Villafuerte Ruzo, que se encargarían de “pasar a vía muerta” su querella por persecución religiosa.

Martínez mantiene un enfrentamiento con el juez en la causa por el asesinato del obispo Ponce de León, ocurrido en 1977, en un accidente simulado. Villafuerte Ruzo lo acusó de falso testimonio y Martínez le inició una querella.

Los captores, sigue Martínez, le dijeron que su abogada era “una estúpida” a la que “iban a llevar a la quiebra vía multas”. Volvieron a suministrarle pastillas, no le dieron de comer y le dejaron una gaseosa. El hombre que le hablaba le pidió la billetera. “Vio la foto de mi hijo y me dice: ‘¡Qué pena! Por estar en contra de un juez y traicionar a la Iglesia le puede costar la vida a su familia’”. Y le sugirió que hiciera “algo inteligente” y que “se fuera del país”.

Más tarde escuchó que uno de sus captores le decía a otro: “El país ya está enterado, lo están buscando por todos lados. Es fácil chuparlo, pero cuando te cierran el círculo es muy difícil desprenderte, larguémoslo ahora”, fue la conversación. Entonces le hicieron tomar un montón de pastillas y lo dejaron cerca de la General Paz. Martínez no puede precisar a qué hora lo dejaron en Liniers, donde encontró a un hombre “muy amable”, al que le contó que había sido secuestrado. Esa persona le ofreció el teléfono celular para avisar a su familia.

Al dejarlo en Liniers, los captores le advirtieron que si no quería perjudicar a su familia se tomara un taxi hasta Acoyte y Rivadavia. “Ahí sí buscá a la policía y hacé lo que se te cante”, fue el mensaje. En Caballito, Martínez recordó que había una comisaría sobre Díaz Vélez. Hizo la denuncia en la comisaría 11ª, declaró hasta las 5 de la mañana. “Por lo que sé todo el Gobierno actuó rápidamente”, asegura. El testigo de la causa Ponce de León señala al juez Villafuerte Ruzo como el responsable de su secuestro, que “tiene un grupo de tareas” y es parte de “un conflicto mayor que debe resolver a futuro. Estoy seguro de que él puede dar información sobre las imprecisiones en mi relato, como la localización y los horarios” del secuestro, concluye.

Si bien la investigación se encuentra en una etapa inicial y todavía es prematuro anticipar un análisis, allegados a la causa dijeron que “el tema es sensible”. En diálogo con Página/12 , aseguraron que “es necesario ser cuidadosos” porque debido al estado en el que se encontraba Martínez al momento de la liberación, la información que aportó al expediente fue poco precisa. “Su relato no aporta demasiados datos para avanzar en la investigación”, señalaron los investigadores. Esto complica el desarrollo en la pesquisa iniciada a partir de la denuncia realizada esta semana por los familiares de Martínez.

Por su parte, Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, se refirió a la desaparición de Martínez y pidió hacerles llegar sus palabras de aliento a todas las personas que están dando su testimonio en los crímenes de lesa humanidad que se llevan adelante en todo el país. “Quiero decirles a todo ellos que el Estado tiene forma de protegerlos, que estamos en un momento de la historia de nuestro país donde quieren imponernos el miedo y desestabilizar a la democracia.” Por último, recordó el atentado que sufrió ella, en 2002, y el intento de secuestro a Sonia Torres, abuela de la filial Córdoba, a quien le gatillaron en la cabeza. “Se trata de las mafias mercenarias”, advirtió.

jueves, 21 de abril de 2011

Aparece drogado Víctor Martínez

La abogada aseguró que el testigo apareció confundido y bajo los efectos de alguna droga


Gabriela Scopel, abogada de Víctor Martínez, aseguró que el testigo en la causa por la muerte en 1977 del obispo Carlos Ponce de León que apareció anoche luego de desconocerse su paradero desde el lunes, estuvo "encerrado en una habitación y le daban de tomar pastillas".

En diálogo con Télam, la letrada consignó que Martínez "apareció anoche, gracias a Dios con vida, bajo los efectos de ansiolíticos o de alguna droga que le impedía caminar correctamente porque le afectaba el equilibrio".

"Estaba muy confundido y balbuceante", señaló Scopel, quien detalló que, en ese contexto, lo único que el testigo pudo relatar fue que "lo tuvieron en una habitación, que lo trataron bien, que no le pegaron, que le daban de tomar pastillas y que le decían qué tenía que decir".

Según precisó la abogada, Víctor Martínez apareció anoche "en la avenida Rivadavia y Acoyte", en el barrio porteño de Caballito, y desde allí se comunicó telefónicamente con su esposa.

Luego, indicó la abogada, "alguien tuvo la gentileza de dejarlo en la comisaría 11", ubicada en la avenida Diaz Vélez al 4600, y posteriormente fue traslado al Hospital Durand, donde "le hicieron los análisis de rutina".

"Seguramente los análisis de sangre determinarán qué sustancia le fue suministrada", sostuvo Scopel, quien también consignó que Martínez apareció sin los anteojos que utilizaba en forma permanente.

Por otro lado, la letrada indicó que el testigo, de quien se desconocía el paradero desde el lunes a la tarde, descansaba esta mañana junto a su familia en su casa del barrio porteño de Palermo.

La noticia de la aparición de Martínez fue dada a conocer esta madrugada a través de las redes sociales de Twitter y Facebook por la ministra de Defensa, Nilda Garré: "Confirmo, apareció Víctor Oscar Martínez. Médico legista evaluará su estado. Más info, por la madrugada", dijo pasada la 1.

Martínez, de 52 años, había sido visto por última vez el lunes a las 14, cuando salió de su casa hacia una escribanía a la que nunca llegó, según denunció la familia.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner ordenó que todas las fuerzas de seguridad trabajaran para localizarlo, según informó ayer el ministro de Justicia, Julio Alak, en una conferencia de prensa en la que distribuyó una fotografía del testigo y pidió colaboración de la población.

Garré, por su parte, había ordenado la creación de una división especial integrada por la Superintendencia de Interior y Delitos Federales Complejos para investigar la desaparición y habilitó una línea telefónica especial para recibir información.

El obispo de San Nicolás Ponce de León murió en circunstancias sospechosas en un supuesto accidente automovilístico el 11 de julio de 1977, en plena dictadura, cerca de la ciudad bonaerense de Ramallo.

En la causa que investiga esa muerte, Martínez declaró como testigo y el principal imputado es el ex teniente coronel Manuel Fernando Saint Amant, procesado en varias causas de desaparición forzada de personas

martes, 19 de abril de 2011

URGENTE : Testigo desaparecido


DENUNCIA EN LA CAUSA SOBRE EL OBISPO PONCE DE LEON

Víctor Martínez está desaparecido desde el lunes. Sus familiares presentaron un hábeas corpus. Es un testigo clave en el caso del obispo Carlos Ponce de León
Por Laura Vales

Víctor Martínez, testigo en la causa en la que se investiga la muerte del obispo Carlos Horacio Ponce de León, asesinado durante la dictadura en un accidente simulado, se encuentra desaparecido desde el lunes. Así lo denunciaron sus familiares, que presentaron un hábeas corpus. En el pedido de intervención a la Justicia advirtieron que Martínez había tenido años atrás amenazas de muerte. A las dos de la tarde del lunes salió de su casa, en la ciudad de Buenos Aires, para ir a una escribanía ubicada en el microcentro, a la que nunca llegó.

“Tenía después un turno con su terapeuta a las 17.30 y tampoco fue. Estamos preocupados”, relató anoche la abogada Gabriela Scopel. Vestía camisa blanca, pantalón y zapatos negros y un pulóver oscuro. La letrada agregó que en los hospitales de la ciudad, tanto como en el SAME y en la Policía Federal dijeron no tener rastros de él.

Martínez era el único acompañante de Ponce de León cuando el 11 de julio de 1977 el obispo sufrió el accidente que le causó la muerte. Tenía entonces 19 años –hoy tiene 52– y estaba haciendo el servicio militar en la Prefectura Naval, donde estuvo secuestrado después del accidente.

Como obispo de la diócesis de San Nicolás, Ponce de León había acompañado a los trabajadores de Villa Constitución perseguidos por el terrorismo de Estado e intercedió por varios desaparecidos. Su muerte conmocionó a la zona por su similitud con la del obispo de La Rioja, Enrique Angelelli, que había ocurrido un año antes.

La investigación del asesinato fue reabierta luego de la anulación de las leyes de impunidad, pero se topó con continuos obstáculos en su avance. El principal investigado es el ex teniente coronel Manuel Fernando Saint Amant, jefe de la represión en la zona, hoy procesado (pero en libertad) en numerosas causas de desaparición de personas.

En el año 2008, el fiscal federal Juan Patricio Murray tuvo un fuerte cruce con el juez de la causa, Carlos Villafuerte Ruzo, cuando tras enterarse de que el cadáver del obispo había sido sacado de su tumba en la Catedral, pidió un análisis de ADN para certificar que el cuerpo dentro del ataúd no hubiera sido suplantado, pero se topó con una orden del juez suspendiendo la exhumación.

Martínez declaró en el expediente y fue acusado por falso testimonio y procesado. Por esto, inició una querella contra Villafuerte Ruzo. “A fines de diciembre presentamos una demanda por persecución religiosa contra el juez, en enero hicimos una presentación de juicio político en el Consejo de la Magistratura y el 24 de marzo, en el acto en la Plaza de Mayo, hubo un grupo que colgó una bandera con la consigna ‘juicio político al juez Villafuerte Ruzo’”, reseñó la abogada Scopel.

El hábeas corpus fue presentado “en atención a las causas penales que lo tienen como víctima, testigo, denunciante y querellante”, que son “eminentemente procesos en los que se investigan violaciones a los derechos humanos”.

El testigo estaba recibiendo atención psicológica por estrés post traumático, después de la reapertura de las causas de San Nicolás. Sus familiares contaron que sufre de alta presión, pero controlada con medicamentos, y que también suele usar bastón por problemas en su columna.

Por las amenazas de muerte que recibió fue abierta una investigación en el juzgado federal de Norberto Oyarbide, aunque el expediente fue cerrado el año pasado por falta de pruebas.

Jujuy : la lentitud de la justicia.

Eva Arroyo
LA JUSTICIA PROVINCIAL PROCESO A MENENDEZ POR TORTURAS Y HOMICIDIO
Procesado a prisión en Jujuy

Después de las críticas presentadas ante la Corte por la demora de los juicios por violaciones a los derechos humanos, la Justicia jujeña reaccionó y avanzó con uno de los siete grupos de causas demoradas.
Por Adriana Meyer

Pocos días después del crítico informe sobre la virtual parálisis de las causas por terrorismo de Estado en Jujuy, elaborado por la Unidad Fiscal de Seguimiento de estos procesos y presentado ante la Corte Suprema, la Justicia de esa provincia reaccionó con el procesamiento del represor Luciano Benjamín Menéndez por violación ilegítima de la libertad, torturas y homicidio. Lo hizo en apenas uno de los siete grupos de causas demoradas. “Vamos muy lentos acá”, dijo a Página/12 Eva Arroyo, de Hijos Jujuy. A principios de abril, ese organismo y un grupo de abogados se presentaron como querellantes por tres casos emblemáticos de los que fueron víctimas trabajadores del Ingenio Ledesma, del feudo de los Blaquier, recientemente denunciado por su connivencia con la dictadura.

Hugo Condorí, uno de los querellantes, dijo que “antes y durante el proceso militar se violaron sistemáticamente los derechos de los trabajadores en el Ingenio Ledesma, y el motivo porque se reprimió en Ledesma y Calilegua fue económico, una lucha del gremio con la patronal”. Condorí fue titular de la obra social del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar Ledesma y compartió la dirección gremial con Jorge Weisz, Carlos Patrignani, Crescencio Vargas y Luis Arédez, todos ellos desaparecidos. Lo detuvieron el 13 de abril de 1976, estuvo en el centro clandestino de detención de la Central de Policía, y tras permanecer encerrado varios días en un baño, fue llevado a la Unidad Penal 1 de barrio Gorriti. Luego lo trasladaron a la Unidad 9 de La Plata y desde ese penal a un centro clandestino, donde fue torturado y luego sacado y vuelto a confinar a la U9, para ser liberado en septiembre de 1977. La presentación fue de los abogados Pablo Pelazzo, Paula Alvarez, Ariel Ruarte y Manuel Ciencia Manzur y la organización Hijos.

La otra querella fue planteada por Susana Pagliero, quien se presentó por la desaparición de su esposo, Carlos Ernesto Patrignani, y por su propio secuestro y detención. Patrignani, al momento de su detención, era asesor legal de la obra social del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar Ledesma. Lo secuestraron el 26 de noviembre de 1974, fue confinado al penal de Villa Gorriti hasta diciembre de 1976, cuando fue sacado junto a Jorge Weisz, Reynaldo Aragón, ambos víctimas de desaparición forzada, y los sobrevivientes Ramón Calapeña y Julio Moisés. Susana Pagliero fue secuestrada a fines de diciembre de 1976, cuando reclamaba por la desaparición de su esposo en las oficinas del RIM 20, y fue trasladada al centro clandestino que funcionó en el Comando Radioeléctrico, donde estuvo unos treinta días, y luego conducida al penal de Villa Gorriti, hasta que recuperó su libertad en febrero de 1978.

Las tres querellas fueron recibidas por el juez federal Carlos Olivera Pastor, quien les dijo a los abogados que “las dos causas que están por salir a juicio por delitos de lesa humanidad están vinculadas con la desaparición de Dominga Alvarez de Scurta y de Julio Rolando Alvarez García”. Esto es precisamente lo que viene cuestionando la Unidad Fiscal de Seguimiento. “La existencia de una única causa elevada a juicio oral, con un solo imputado (Menéndez), respecto de una sola víctima y la escasa cantidad de procesados (10), cuando existen requerimientos fiscales sobre la participación de al menos 70 imputados (sin incluir unos 20 que ya han fallecido) en los casos de 158 víctimas, revela claramente la irritante inacción del juzgado a cargo de Olivera Pastor”, dice el informe de la Unidad que conduce el fiscal Jorge Auat. “Más grave aún, demuestra la deliberada obstrucción a los procesos por una sistemática negativa a implementar estrategias de investigación funcionales al principio básico de celeridad procesal, a partir de la continua desmembración de las causas pese a los reiterados planteos de acumulación efectuados desde la fiscalía, en consonancia con la experiencia adquirida en otras jurisdicciones, con resultados contundentes”, agregó el documento. Y en su último párrafo aclaró que los datos de la Unidad sobre la situación en Jujuy confrontan “el falaz relevamiento presentado por el presidente de la Cámara Federal de Salta, el juez Renato Rabbi Cabanillas, quien con un sofisma contable pretendió soslayar la realidad palmaria que se describe en el presente informe”.

lunes, 18 de abril de 2011

Una red de amigos de la dictadura en Mendoza

Mendoza fue pionera en poner a sus jueces en entredicho, con impulso del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y otros organismos. El juez Luis Miret fue removido por el jurado de enjuiciamiento el mes pasado, acusado de haber omitido investigar y/o denunciar torturas y vejaciones a los detenidos en el Departamento de Informaciones (D2) de la Policía local, hechos que conocía –desde 1975– por recibir las denuncias en su despacho y por lo que pudo ver con sus propios ojos al punto de decirle cara a cara a un detenido recién torturado que tenía que “aguantar”. En el plano penal, Miret fue procesado por el juez Walter Bento, que también imputó a otro camarista mendocino, Otilio Romano, como partícipe secundario en 76 casos de secuestros, torturas y robos ocurridos entre 1975 y 1983, mientras fue fiscal y juez.

Procesado y todo, el poderoso Romano sigue impartiendo justicia. Lleva cerca de un año logrando eludir una citación del Consejo gracias a una medida cautelar del juez ad hoc Carlos Parellada, amigo suyo. Recién en diciembre, tras una intervención de la Corte Suprema y de otros camaristas, cayó la cautelar y está cerca de ser citado como sospechoso.

A Parellada también se le abrió investigación en el Consejo. Otra, similar, apunta al conjuez Luis Santamaría, funcionario de la dictadura, quien repuso a Miret en la Universidad de Cuyo (allí daba clases de ética), de donde había sido expulsado. También se abrieron expedientes contra Julio Petra Fernández, Miguel Gálvez y Leopoldo Rago Gallo, que aun recusados por su cercanía a Romano por pedido suyo apartaron al juez Bento de la causa. Petra y Romano fueron fotografiados cenando en un restaurante del centro de Mendoza con champagne después de ese fallo. Petra también está denunciado, entre otras cosas, por firmar la liberación masiva de los represores de Mendoza, San Juan y San Luis; por haber favorecido al teniente coronel Luis Stuhldreher (intendente de facto en 1976) con una falta de mérito extendida a expedientes por 18 desapariciones que aún no habían llegado al tribunal. Y hasta por sustraer (para prolongar sus efectos) la cautelar que evitaba el juzgamiento de su amigo Romano.

Córdoba: "Hubo una dictadura cívico-militar"

Dos fiscales y un juez juzgados en Córdoba

La suerte de los ex fiscales federales Alí Fuad Alí y Antonio Cornejo y del ex juez Miguel Puga comenzará a resolverse hoy, cuando la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba se expida sobre el pedido de prescripción elevado por los defensores, en la causa donde se investiga la responsabilidad de los magistrados durante la dictadura. Tal como informó Página/12, las defensas argumentan que el delito –esto es, privación ilegítima de la libertad agravada– no configura un tipo penal susceptible de ser encuadrado como delito de lesa humanidad. Esa había sido la calificación de Daniel Herrera Piedrabuena, juez federal subrogante de La Rioja, quien se hizo cargo de la causa tras el planteo de inhibición presentado por Alejandro Sánchez Freytes, juez federal de Córdoba.

El fiscal general subrogante del Tribunal Oral Nº 2, Carlos Gonella, sostuvo que “empezamos a ver que hubo una dictadura cívico-militar” porque “surge la responsabilidad penal de sectores de la Iglesia y del Poder Judicial”. Gonella había solicitado el lunes pasado que se rechazaran los recursos presentados por los tres imputados y que se dejaran firmes los procesamientos. En este sentido también se expidieron los abogados querellantes Juan Miguel Ceballos, Miguel Martínez y Miguel Hugo Vaca Narvaja, quienes solicitaron máxima celeridad en el esclarecimiento de los hechos.

Vaca Narvaja dijo que “muchos detenidos” denunciaron ante jueces o defensores oficiales que “estaban siendo torturados, golpeados o que se habían cometido asesinatos”. Sin embargo, “estas personas nunca actuaron en su carácter de funcionarios públicos”, recordó.

“Nos seguimos preguntando si esta Justicia federal está en condiciones de llevar adelante la investigación –dijo Vaca Narvaja–, porque el fiscal que actúa en la causa (en referencia a Gustavo Vidal Lascano), tiene vínculos de amistad y de compañerismo con gente que está imputada.”

Poder judicial en Mendoza: lobby dictatorial

Denuncia de los organismos de Mendoza. El lobby de Petra

El presidente de la Cámara de Casación Penal mendocina es acusado de buscar que la Corte Suprema remueva a los jueces que avanzaron con las causas por delitos de lesa humanidad.
Por Alejandra Dandan

Lo que pasó no es que ya pasó, lo peor es que en algunos sectores continúa pasando. Uno de esos territorios es el Poder Judicial de Mendoza: pese a las denuncias y el largo trabajo de los organismos de derechos humanos para desplazar a los jueces que intervinieron en la dictadura y luego frenaron el avance de los juicios de lesa humanidad, el presidente de la Cámara de Casación Penal de la provincia hace lobby en los últimos días ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para sacar de la Cámara a los únicos jueces que avanzaron con esas causas. Así lo acaban de denunciar los organismos de derechos humanos locales. La denuncia dice que Julio Demetrio Petra ahora busca jueces afines para frenar el procesamiento del aún camarista Otilio Romano, procesado en primera instancia como partícipe necesario en 76 casos de tortura y desaparición de personas durante la última dictadura.

“Esto en Buenos Aires sería un escándalo –dijo el abogado Pablo Salinas a Página/12–, pero en Mendoza nos cuesta que las cosas se conozcan y salgan a la luz.”

El caso desvela a los integrantes de los organismos de derechos humanos locales, que impulsaron las denuncias sobre el camarista desde el Ministerio Público Fiscal y los integrantes del Poder Judicial que están en contacto con las causas de lesa humanidad. Uno de ellos, a pedido de Página/12, repasó el contenido de la resolución 228/11 por la que el presidente de la Cámara de Casación Penal le pide a Ricardo Lorenzetti nombrar a una serie de jueces políticamente cercanos –todos objetados por los organismos de derechos humanos– para reemplazar a los dos jueces cuya designación destrabó el avance de estas causas en la provincia.

Los dos camaristas en cuestión son Julio Roberto Naccif y Hugo Echegaray. Ambos fueron designados por la Corte para seguir las causas de lesa humanidad, luego de que los organismos de derechos humanos recusaran en una larga batalla a los antiguos integrantes de la Cámara porque impedían el avance de los expedientes. Entre los recusados estaba el propio Petra, que intentó retener parte de las causas pero tuvo que apartarse por disposición de la misma Corte.

Mientras el proceso avanzó, cobró aire la denuncia de la fiscalía general de Omar Palermo sobre el rol de algunos jueces durante la dictadura. Entre ellos, Luis Miret –hoy destituido– y Otilio Romano. Todos fueron procesados semanas atrás. Romano fue acusado como partícipe por torturas y desaparición de personas en 76 casos, cargos más graves que los de Miret, procesado por omitir investigar.

Pese al procesamiento, Romano no se fue e integra una de las salas de Casación. Para eso apeló el procesamiento y el 28 de abril la sala de Naccif y Echegaray deberá decidir si lo acepta o rechaza. Según uno de los jueces locales, Petra no se quedó tranquilo con la situación. Para ayudar a quien es mencionado como su amigo, retuvo el expediente y lo mandó a la Corte: “Tuvo que venir un emisario de la Corte personalmente, con el expediente en avión y entregarlo a Naccif, para asegurarse de que llegue a sus manos”, indicó la fuente. Y no contento con eso, Petra mandó una nueva misiva con el nombre de por lo menos cinco jueces para desplazar a dos camaristas.

La mayor parte de los propuestos son jueces ya jubilados y cuestionados por los organismos de derechos humanos. Entre ellos, Eduardo Mestre Brizuela, ex camarista federal y ex integrante del Tribunal Oral 1 de Mendoza, ahora defensor de Luis Stuldreher, interventor militar en la intendencia de San Rafael y segundo jefe del área operativa. La intervención de Petra terminó salvándolo del juicio en San Rafael: “Stuldreher estaba imputado por 20 hechos, tormentos y privaciones de la libertad”, indicó el juez consultado. En ese contexto, otro juez llamado Héctor Raúl Acosta (también propuesto en la lista) le dio falta de mérito en un caso. Como abogado defensor, Mestre Brizuela apeló la imputación porque quería sobreseimiento ante la Cámara de Casación vieja. Petra y su equipo confirmaron la falta de mérito, pero le hicieron un favor: extendieron la falta de mérito a las otras 19 imputaciones. Stuldreher así se salvó del juicio.

Aún cuando cueste creerlo, a 35 años se inician investigaciones sobre el rol de jueces durante la dictadura

La Magistratura investiga el papel de los jueces durante la dictadura. Hay más de 20 pedidos de juicio político. Los magistrados que fueron cómplices de los represores

El Consejo de la Magistratura creó una comisión para investigar el papel de los jueces durante la dictadura. Hay numerosas denuncias y pedidos de juicio político en todo el país y muchos de los involucrados son camaristas.
Por Irina Hauser

El lunes pasado, en el juicio por el plan sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos, Estela de Carlotto recordó en voz alta lo que le mandó decir en 1978 el entonces juez de menores Gustavo Mitchell a través de un emisario: “El doctor dice que se cuide; por lo que usted hace, podría aparecer en una zanja”. Lo que hacía Estela era buscar a su nieto nacido en cautiverio. Todavía lo busca. Mitchell hoy integra la Cámara de Casación, el tribunal penal de más jerarquía. Justo unos días antes del testimonio de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo ante el Tribunal Oral Federal 6, el Consejo de la Magistratura había tomado una decisión que no tuvo gran difusión pero que marca un nuevo rumbo: desentrañar qué papel tuvieron los jueces durante el terrorismo de Estado y cómo actuaron años después, cuando les tocó juzgar a los represores pasó a ser una prioridad para el organismo. Creó, para eso, una subcomisión especial que se ocupará de controlar que avancen y no mueran las investigaciones por la posible complicidad ejercida, desde los juzgados, con los crímenes dictatoriales. Según pudo rastrear Página/12, actualmente tramitan pedidos de juicio político de este tipo contra más de veinte jueces de todo el país, y muchos de ellos tienen rango de camaristas. En Mendoza, caso emblemático, hay varios jueces acusados en cadena, en historias que combinan sus vinculaciones con crímenes de lesa humanidad y el armado de una red de impunidad (para sí mismos y para los genocidas); en Salta, el presidente de la Cámara Federal quedó envuelto en un escándalo por alertar a su hermana sobre la detención de su hermano militar y procurarle un allanamiento “discreto”; aparecen en la lista nombres conocidos como el juez Conrado Bergesio, por la causa sobre los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble; un camarista cordobés denunciado como personal de inteligencia; otros por demoras; y hasta un planteo que compromete a un juez miembro del propio Consejo.

Dentro de ese universo que ganó visibilidad en los últimos tiempos y que se suele nombrar como “la cara civil” de la última dictadura, los jueces ocupan una importante porción y empiezan a ser investigados. Aunque subsisten ciertas resistencias corporativas, para la mayoría de los miembros del Consejo –que tiene la facultad de promover la destitución de magistrados– hoy importa y mucho qué hacían Sus Señorías ante secuestros, torturas y desapariciones o cuando recibían un hábeas corpus, y qué hacen en la actualidad si les toca juzgar aquellos hechos.

La subcomisión creada dos semanas atrás tiene varias razones de ser, que fueron definidas así: “La trascendencia institucional del tema”, “la eventual responsabilidad internacional” por la falta de juzgamiento, y la necesidad de “evitar las demoras” o la “paralización” de este tipo de expedientes, “como fue habitual hasta ahora”. Su función será controlar la evolución de las investigaciones, que son instruidas por distintos miembros del Consejo. La integrarán probablemente tres consejeros a designar y estará dentro de la estructura de la Comisión de Disciplina y Acusación, que es la encargada de dar el primer paso para iniciar el camino al juicio político, o para descartarlo.

La experiencia mendocina se convirtió en piedra basal desde que fue destituido el camarista Luis Miret. Con él quedó al descubierto un entramado de complicidades que explican por qué esta provincia tuvo serios escollos para llevar a sus represores al banquillo (ver recuadro).
Demoras y sorpresas

El juez subrogante de Jujuy Carlos Olivera Pastor acumula denuncias en el Consejo por cómo tramita las causas, al punto que de sus investigaciones sólo se concretó un juicio oral, por un solo hecho y con Luciano Benjamín Menéndez como único imputado. La Unidad de Coordinación y Seguimiento de causas por violación a los Derechos Humanos de la Procuración lo cuestionó por liberar a un imputado a pesar de que un recurso de la fiscalía lo impedía, y le objetó su costumbre de abrir casi una causa por víctima en lugar de agrupar hechos y que se hagan los juicios en un tiempo razonable y con los acusados con vida. En Jujuy hay sólo trece procesados pese a que la fiscalía pidió ochenta indagatorias.

El juzgado de Olivera Pastor está ahora bajo una auditoría del Consejo, informaron en el organismo. La semana pasada fue tema central de la reunión de la Comisión Intrapoderes para Agilización de Causas de Lesa Humanidad que creó la Corte. Allí, el presidente de la Cámara Federal de Salta, Renato Rabbi Baldi Cabanillas, negó que hubiera retrasos en esa jurisdicción, pero recibió un tirón de orejas de los presentes, entre ellos el juez Daniel Rafecas. Rabbi Baldi, para colmo, acaba de ser denunciado porque le habría avisado a su hermana que un juez de Bahía Blanca iba a detener a su marido, Alejandro Osvaldo Marjanov, por delitos de lesa humanidad cometidos en el V Cuerpo de Ejército, y que allanarían su casa. Aunque era ajeno a la causa, Rabbi Baldi llamó a un inspector de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y le pidió que el allanamiento se hiciera “con la mayor discreción posible, preservando los bienes materiales en la vivienda de su hermana”, según declaró el funcionario policial. El militar fue finalmente detenido en Bahía Blanca. Y todo esto sin contar que el trámite de tan delicadas medidas tardó meses porque los jueces se excusaban o tomaban licencia, incluido Olivera Pastor.

Otro juzgado que será “compulsado” por el Consejo es el de Manuel Blanco, de La Plata, denunciado por organismos en 2009 por dilaciones en causas como la de la Unidad 9, la del centro clandestino La Cacha, la de la comisaría 8ª, otras por apropiación de menores y también la de la desaparición de Jorge Julio López.
Pasado y presente

“Desde que era pinche, Rueda trabajaba para los servicios de inteligencia” de la dictadura y “conocía la situación de los detenidos en el D2, igual que otros “funcionarios judiciales”. Luis Rueda es el presidente de la Cámara Federal de Córdoba y así lo describió en medio de uno de los juicios en esa provincia el ex comisario Carlos Yanicelli, uno de los acusados. El Consejo de la Magistratura tomó cartas en el asunto y Yanicelli amplió su denuncia el año pasado ante los ex consejeros Carlos Kunkel y Luis Bunge Campos. Ahora está en manos de la diputada del Frente para la Victoria Stella Maris Córdoba.

Mitchell, el camarista mencionado por Estela Carlotto, ya estaba bajo la lupa en el Consejo por su presunto aporte a la apropiación de por lo menos un menor durante la dictadura. La denuncia fue presentada por María Isabel Chorobik de Mariani (fundadora de Abuelas), dos nietas que recuperaron su identidad, Hebe de Bonafini y la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, entre otros. Pidieron su expulsión al responsabilizarlo por entregar en julio de 1976 un bebé de 20 días, Simón Riquelo, a un subcomisario vinculado con el secuestro de su madre, la uruguaya Sara Méndez, de cuyos brazos había sido arrancado.

El relato de Carlotto del lunes último fue girado al Consejo por decisión del TOF6 y también al juez Norberto Oyarbide, que lo investiga. La presidenta de Abuelas contó que en 1978, cuando buscaba a su nieto, fue a la Casa Cuna, donde sabía que había una chiquita cuyos datos y fechas podían coincidir con los del bebé que había dado a luz su hija Laura, asesinada. Se habían llevado ya a la chiquita, pero Estela pudo ver que el juez era Mitchell. Fue a verlo, pero él no la atendió sino que le mandó un mensaje: que se “cuidara” porque “por lo que hacía podía aparecer en una zanja”.

En un rubro conexo, hay un expediente contra Bergesio, el juez de San Isidro que tuvo la causa para determinar si Marcela y Felipe Noble Herrera son hijos de desaparecidos. Se lo cuestionó por dilatar la definición sobre los estudios de ADN, y por no procurar condiciones mínimas de conservación de las muestras de material genético y sangre (guardadas en una caja fuerte). Se objetó incluso que intervino el Cuerpo Médico Forense y no el Banco Nacional de Datos Genéticos. Su sucesora en la causa, Sandra Arroyo Salgado, es una de sus denunciantes. El 30 de abril se cumplen diez años del trámite de esta causa, y aún no hay muestras de ADN fiables de los jóvenes. Paradójicamente, el camarista Mitchell podría intervenir en esta causa.

Una de las presentaciones más recientes ante el Consejo apunta al juez de Mar del Plata Rodolfo Pradas, sospechado de facilitar la fuga de los acusados de la Concertación Nacional Universitaria (CNU) antes y después del golpe. Otra dice que el juez Gustavo Duprat, de Bahía Blanca, desestimó un pedido para la detención de ocho represores a pesar de que estaba excusado.

Así, frente a éstos y otros jueces denunciados, será la nueva subcomisión la que seleccione qué pesquisas son relevantes y cuáles deberían ir al archivo. Por ejemplo, hay denuncias de casi tres años atrás (el plazo de caducidad) contra los santafesinos Marcelo Bailaque y Ricardo Vázquez; otras un poco más nuevas contra el juez Carlos Villafuerte Ruzo; y una de las más desconcertantes (por el personaje implicado) es la que cuestiona al juez Alejandro Sánchez Freytes, integrante del propio Consejo, por haber dado una indemnización (pensión por invalidez) por “las dolencias” que padece producto de sus “actos de servicio” a Luis Alberto Manzanelli, interrogador en el centro clandestino La Perla.

jueves, 14 de abril de 2011

Complicidad con los genocidas en el Poder Judicial "se comprende como corporatvismo"

Sin lugar para apartamientos
 
El ex juez Miguel Ángel Puga y los ex fiscales federales Alí Fuad Alí y Antonio Cornejo son tres ex integrantes de la Justicia Federal acusados de crímenes de lesa humanidad. Ayer, en la Cámara Federal de Apelaciones se realizó una audiencia (solicitada por las defensas) en la que plantearon la prescripción de la causa por considerar que los hechos que se les imputa no pueden encuadrarse dentro de los delitos imprescriptibles de lesa humanidad.

Después de cuatro horas de fundamentos, los integrantes de la Cámara, Abel Sánchez Torres, Luis Rueda y Octavio Cortés Olmedo, abrieron un cuarto intermedio hasta el lunes 18.

Argumentos. Las defensas (José Antonio Buteler y Carlos Lescano Roqué) argumentaron que los delitos por los que fueron imputados sus defendidos (incumplimiento de los deberes de funcionario público, por no investigar las muertes y los tormentos de los presos de la UP1) están prescriptos porque no pueden encuadrarse dentro del artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que regula los delitos de lesa humanidad. Ante ello, el fiscal Carlos Gonella (fiscal de los juicios a Videla y Menéndez) contestó afirmando que la dictadura “cívico-militar” que vivió la Argentina contó con la complicidad de muchos sectores entre los que incluyó a la Iglesia y a la Justicia, haciendo hincapié en el último caso en los “más de 45 funcionarios judiciales imputados actualmente como autores y cómplices de delitos de lesa humanidad”. Tras ello, habló del “factor endogámico” que caracteriza a la Justicia Federal, donde hijos y nietos suceden en cargos y responsabilidades a abuelos y padres. A su entender, esa constante “se erige como un obstáculo para el desarrollo de estas causas”.

Posteriormente, hubo una muy interesante argumentación de uno de los querellantes, el abogado Miguel Ceballos, quien calificó a la causa como el “juicio maldito de la Justicia Federal de Córdoba” pidiéndole al Tribunal que “actúe con celeridad” y dejando de lado “el corporativismo”.

La última palabra la tuvo otro de los querellantes, Hugo Vaca Narvaja, quien pareció realizar un llamado a la Cámara Federal para cambiar la historia. Breve, el joven dijo que, además de la resolución de la situación de Puga, Fuad Alí y Cornejo, los integrantes de ése órgano superior tienen la posibilidad de comenzar a responder una pregunta clave hacia el futuro: “¿Está en condiciones la Justicia Federal actual de resolver estos temas que atañen a su propia estructura?”. Parte de la respuesta podrá conocerse el lunes 18, cuando acabe el cuarto intermedio.

lunes, 4 de abril de 2011

¡GENOCIDA SUELTO! PASALO

SE VIENE EL ESCRACHE AL REPRESOR DE LA MARINA JOSE BUJEDO "EL REFERI" NOS JUNTAMOS A LAS 18HS ESTE LUNES 4 DE ABRIL EN GARAY Y GUDO, A LA VIA CENTRO CULTURAL ARBOLITO PARA DIAGRAMAR LOS DETALLES LOS ESPERAMOS CORRAN LA VOZ.