sábado, 29 de diciembre de 2012

Banco de pruebas de la represión

El Operativo Independencia que los militares desplegaron en Tucumán. 
Empezó en febrero de 1975. Fue implementado a partir de un decreto firmado por la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón para “neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos” en territorio tucumano.

 Por Adriana Meyer

Algunos historiadores sostienen que el Operativo Independencia fue el inicio del tercer genocidio, luego del tramo local de la conquista de América y de la conquista del desierto que implicaron criminales golpes contra los aborígenes. En tanto, para la Justicia fue concretamente un “banco de pruebas” represivo. El 5 de febrero de 1975 el Poder Ejecutivo, mediante un decreto del gobierno de María Estela Martínez de Perón, dispuso la intervención del Ejército en la lucha contra la guerrilla en Tucumán con el objetivo de “ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a los efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos” que actuaban en esa provincia. La Conadep determinó que durante la etapa del Operativo Independencia se produjeron 114 desapariciones.

Cuando el gobierno de la viuda de Perón dispuso esa medida habían cobrado resonancia los procedimientos armados del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en zonas rurales tucumanas, en especial en áreas de bosques, y en localidades al sur de la capital provincial. Eran ataques a instalaciones militares, bloqueos de rutas e incluso copamientos de pueblos, y de este modo la guerrilla había conseguido el dominio de determinados espacios. El Ejército, en conjunto con la Fuerza Aérea, tenía en la mira a la compañía Ramón Rosa Jiménez del ERP, que buscaba crear un foco revolucionario en el monte tucumano. El general Adel Vilas, que estuvo a cargo del Operativo Independencia, enunció que se trataba de una “guerra eminentemente cultural” contra ideas y valores de universitarios, profesionales, religiosos, científicos, artistas e intelectuales de San Miguel de Tucumán, porque según este represor la guerrilla en el monte era sólo la manifestación armada del proceso subversivo, y no la más importante. La metodología del operativo incluyó secuestros por parte de represores vestidos de civil, el cautiverio clandestino de los detenidos que en su mayoría eran alojados en lo que fue el primer centro clandestino llamado la Escuelita de Faimallá, además de la tortura, la eliminación y ocultamiento de los cuerpos y la negación oficial de estas prácticas.

Durante 1975 y a principios de 1976 hubo enfrentamientos en las localidades de Santa Lucía, Potrero de las Tablas, El Cadillal, y el sorpresivo ataque al Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa, que fueron protagonizados por la Brigada de Infantería 5 del general Vilas. La justificación del accionar represivo que dieron los militares fue precisamente invocar ese decreto del PEN 261/1975 con el cual aplicaron en la provincia más pequeña su llamada guerra contrarrevolucionaria, que los franceses primero y los norteamericanos después les habían enseñado: localizaban los campamentos de adiestramiento de los guerrilleros y los capturaban, o bien los abatían en el lugar. Los genocidas Vilas y Domingo Antonio Bussi, que lo reemplazó, diezmaron a los combatientes del ERP.

El ex gobernador en Malvinas, Mario Benjamín Menéndez, revistió con el grado de coronel en la Brigada de Infantería de Monte V y participó del Operativo Independencia. Hace dos meses, cuando fue detenido en el marco de esta causa (ver nota central), dijo sobre aquellos días: “Para ser dictadura faltaba, era una dictablanda, hay gobiernos electos como el de Hitler que era una dictadura con exterminio y campos de concentración, mientras que acá no hubo campos de concentración, sino lugares de reunión de detenidos”.

El periodista Marcos Taire explica que “la gran represión en Tucumán comenzó en febrero del ’75 con el Operativo Independencia, que tuvo la complicidad de toda la conducción política de ese momento. Don Amado Juri (entonces gobernador) aplaudió el accionar del general Vilas y lo condecoró el día que se fue. Carlos María Torres, intendente de Tucumán, era íntimo amigo de Vilas, lo visitaba en Faimallá, y bautizó una plaza con el nombre del capitán (Humberto) Viola, que fue muerto por el ERP”.

Claramente el gobierno constitucional había dado luz verde para que las fuerzas represoras cargaran contra todo aquel que implicara un freno a sus intenciones. Pero, ¿quiénes eran los subversivos a ser aniquilados? Todos aquellos que no estuvieran alineados en el proyecto ultraliberal o se opusieran a las ideas de aquella oligarquía. De hecho, el ex dirigente del PRT-ERP Luis Mattini explica que “está fehacientemente demostrado que el sustento ideológico de los militares argentinos fue la fusión del más oscuro catolicismo del pensamiento nacional con el integrismo católico francés y la tesis de la guerra antisubversiva, plasmados en la llamada Doctrina de Seguridad Nacional. A partir de 1975 las Fuerzas Armadas Argentinas actuaron según el modelo establecido por los instructores franceses en la llamada Batalla de Argel. (Reynaldo) Bignone lo declaró sin ambages cuando dijo que actuaron con el reglamento en la mano, y que el Operativo Independencia fue una copia del plan de la Batalla de Argelia”.

Con el acompañamiento de todo el arco político, el decreto legitimaría el accionar represivo que comenzó a poner en funcionamiento la maquinaria del genocidio. El gobierno nacional legitimaba de esta manera la acción que había iniciado la Alianza Anticomunista Argentina, legalizando el comportamiento delincuencial de los militares genocidas.

El Operativo Independencia todavía tiene quien lo reivindique. Se trata de un grupo de ex soldados denominado “rodillas negras”, que en septiembre de 2008 se permitieron desfilar en Orán por los festejos del aniversario 214 de esa población. En aquella oportunidad, autoridades salteñas aseguraron que se “colaron” detrás de los veteranos de Malvinas.

Operativo Justicia por el Operativo Independencia

Dictaron el procesamiento de 17 represores por sus violaciones a los derechos humanos. Operativo Justicia por el Operativo Independencia

La lista de procesados la encabezan Jorge Rafael Videla y Mario Benjamín Menéndez. El juez federal Daniel Bejas los responsabilizó por crímenes contra 269 víctimas, que “configurarían el marco del delito de genocidio tipificado en el Derecho Penal internacional”.

 Por Diego Martínez

Los centenares de secuestros, tormentos y asesinatos cometidos por fuerzas militares y de seguridad en 1975 en el marco del denominado Operativo Independencia en Tucumán fueron “delitos comunes” perpetrados “en el contexto de un ataque sistemático contra la población civil de quienes detentaban de facto el poder del Estado”. La afirmación que permite tipificarlos como crímenes de lesa humanidad y juzgarlos 37 años después pertenece al juez federal Daniel Bejas, que por delitos contra 269 víctimas procesó a 17 represores, dictó once faltas de mérito y dos sobreseimientos. El juez sostuvo que los crímenes “configurarían el marco del delito de genocidio tipificado en el derecho penal internacional” y rechazó el pedido del Ministerio Público para que se cite a indagatoria a la ex presidenta María Estela Martínez, al considerar que la masacre que que encabezó el general Adel Vilas en Tucumán “no habría contado con la aquiescencia del gobierno civil en su conjunto”. Bejas también destacó que la violencia sexual en aquel contexto “no fue producto de desviaciones particulares, sino que fue ejercida en forma sistemática” y procesó a varios militares como partícipes necesarios. El fiscal federal Pablo Camuña consideró “muy positivo” que el juez “admitió la hipótesis acusatoria de que el Operativo Independencia fue la primera implementación desde el Estado para la persecución y el exterminio de opositores políticos” aunque se manifestó sorprendido por la cantidad de faltas de mérito, que apelará ante la Cámara Federal de Tucumán.

El Operativo Independencia comenzó formalmente el 5 de febrero de 1975 con el decreto secreto de Isabel Perón que ordenó “neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos” en Tucumán. Durante los catorce meses anteriores al golpe de Estado y con la excusa de combatir a la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez del ERP, 195 personas fueron desaparecidas y 68 asesinadas, en tanto más de 1500 pasaron como secuestradas por La Escuelita, de Famaillá, según admitió el propio Vilas, que murió impune. “Los sectores principalmente perseguidos y lesionados fueron los vinculados con la industria azucarera, la actividad rural, la dirigencia sindical y la defensa de los derechos de titularidad de los sectores más desprotegidos”, sostuvo el juez en su resolución de casi 500 fojas. Definió al operativo como “punto de inflexión en la estrategia de las fracciones de clase dominante orientada a la reconfiguración del sistema hegemónico nacional”. Destacó que el plan represivo se había iniciado en la dictadura de Onganía, pero marcó un quiebre de metodología en 1975: hasta entonces, detenciones y puesta a disposición de la Justicia de “personas sospechadas de actividad subversiva”; a partir de Vilas “se suma la condición ‘clandestina’, sustentándose (la represión) en el secuestro, la tortura, violación y desaparición u homicidio” de supuestos “subversivos” o “la disposición absoluta sobre personas secuestradas”.

En el procesamiento se incluyen por el momento los casos de 269 víctimas, que le permiten al juez dar por probado “un ataque sistemático desde el Estado contra una parte sustancial del grupo nacional argentino (obreros, jornaleros, sindicalistas y grupos de personas involucrados con la lucha social con y sin pertenencia política partidaria) a los que se habría identificado como ‘enemigos’ del plan económico y político que definía la ‘nueva argentinidad’”. Con citas del sociólogo Daniel Feierstein, el juez explica que el objetivo no fue eliminar a quienes integraban determinadas fuerzas políticas sino “transformar a la sociedad toda, aniquilando a quienes encarnaban un modo de construcción de identidad social y eliminando –material y simbólicamente– la posibilidad de pensarse socialmente de otro modo”.

Excluido Luciano Menéndez, con agenda saturada por superposición de juicios, la lista de procesados la encabezan Jorge Rafael Videla, que en 1975 asumió como jefe del Ejército, y Mario Benjamín Menéndez, que a siete años de asumir como gobernador militar en Malvinas comandó el primer centro clandestino del país. Los otros militares procesados son Carlos César Delia Larocca, Jorge Omar Lazarte, Ernesto Nicolás Chávez, Jorge Gerónimo Capitán, Alfredo Alberto Svendsen, Pedro Adolfo López y Enrique José Del Pino, que ya fue condenado por sus andanzas en el circuito Atlético-Banco-Olimpo. Otro condenado de la lista es Roberto “El Tuerto” Albornoz, ex mano derecha de Antonio Domingo Bussi. Bejas procesó al ex comisario de la Policía Federal Miguel Angel Moreno y a los policías provinciales Ricardo Héctor Sánchez, Luis Armando De Cándido, Ramón César Jodar, José Luis Del Valle Figueroa, Pedro Roberto Rojas y –sin prisión preventiva– a José Ernesto Cuestas. El listado de faltas de mérito incluye al ex carapintada Jorge D’Amico y al coronel retirado José María Menéndez, primo del ex gobernador de Malvinas. Bejas enumera los nombres de quienes murieron a tiempo y de seis imputados con paradero desconocido: Héctor Mario Schwab (prófugo de vieja data), Juan Carlos Jones Tamayo, José Roberto Abba, Néstor Rubén Castelli, Angel Orlando Castellini y Roberto José Rúveda. Otro grupo de imputados, como el general Ernesto Alais, no pudieron ser indagados por problemas físicos y/o mentales.

Un párrafo aparte merece el caso de María Estela Martínez, cuya indagatoria pidieron los fiscales Camuña y Patricio Rovira. El juez sostiene que la imputación es “débil y confusa” y minimiza el rol de la viuda de Perón. “Desde 1974 las Fuerzas Armadas y de seguridad comenzaron a distanciarse de las autoridades civiles y de las directivas del gobierno constitucional a fin de consumar un plan represivo que comenzó a gestarse desde fines de los años ’60 contra la ciudadanía en general bajo el difuso e intangible objetivo de combatir ‘el enemigo subversivo marxista’”, explicó. “Dicho plan represivo dirigido a la toma del poder civil no habría contado con la aquiescencia del gobierno civil en su conjunto, sino con la complicidad de algunos grupos de ultraderecha directamente vinculados con el accionar del ministro José López Rega”, afirmó. Bejas también refutó la hipótesis de la “guerra interna, subversiva o revolucionaria”. “Dicho concepto exige la existencia de fuerzas armadas oficiales y disidentes, o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre un aparte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas”, citó un protocolo adicional al Convenio de Ginebra. Y de haber sido una guerra, agregó, “las Fuerzas Armadas debieron haberse circunscripto a lo establecido por los Convenios de Ginebra que regulan los conflictos armados” y que la Argentina ratificó en 1956. El juez destacó los “delitos sexuales en perjuicio de mujeres y hombres detenidos clandestinas/os” como un delito autónomo de las torturas y recomendó a los fiscales investigar el rol de los funcionarios judiciales que hicieron oídos sordos ante el terrorismo de Estado versión 1975.

jueves, 27 de diciembre de 2012

Condena a 16 años al coronel Portillo

El coronel retirado Angel Raúl Portillo, ex jefe del Destacamento de Inteligencia 123 de Paso de los Libres durante la última dictadura, fue condenado ayer a 16 años de prisión por el secuestro del estudiante y militante correntino Héctor Eduardo “Pata” Acosta en 1976. 
El Tribunal Oral Federal de Corrientes aplicó la misma pena que habían solicitado los querellantes pero no revirtió el lugar de detención del condenado, que seguirá encerrado en su casa. “Estamos satisfechos, era lo que esperábamos aunque la pena por desaparición forzada es menor a lo que debiera ser por la irreparabilidad del daño causado”, reflexionó el abogado Mario Bosch, querellante en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Por problemas de salud, el general Ramón Díaz Bessone fue excluido del proceso y de una condena segura. El que terminó ayer es el cuarto juicio por delitos de lesa humanidad de Corrientes.

Acosta tenía 20 años, era el presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela Normal Regional de Paso de los Libres y militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Fue secuestrado de su casa en la madrugada del 22 de marzo de 1976 por miembros del destacamento de inteligencia que encabezaba Portillo. Trasladado al Escuadrón 7 de Gendarmería, se sabe que fue torturado y que allí mismo habría sido asesinado. Los militares hicieron desaparecer su cuerpo.

Durante el proceso, el acusado llegó a las audiencias en remís y se colocó un cuello ortopédico después de entrar a la sala. “No cometí delitos ni ordené detenciones de personas”, dijo ayer al hacer uso de sus últimas palabras. El tribunal que integran Víctor Alonso, Lucrecia Rojas de Badaró y Fermín Ceroleni llegó a la conclusión opuesta: lo condenó por el secuestro de Acosta y como partícipe de una asociación ilícita. La pena es mayor a la solicitada por el Ministerio Público, representado por los fiscales Juan Martín García y Flavio Ferrini, que no lo acusaron por asociación ilícita y habían pedido sólo seis años de cárcel.

“Estamos satisfechos con la sentencia. Después de tantos años de esperar, seguimos juntos y en la lucha”, dijo Carlos Acosta. “Mi hermano participó en la lucha por justicia, esa justicia que ahora tiene el reo y que mi hermano no tuvo”, recordó. “Ahora seguiremos luchando para saber dónde está mi hermano”, concluyó. “Seguiremos investigando, queremos encontrarlo, la lucha continúa”, reflexionó Silvia, otra de sus hermanas. Bosch destacó que el represor “fue juzgado con todas las garantías y eso consolida el Estado de Derecho”. “La desaparición forzada de personas es un eufemismo porque lo mataron y por eso la pena de 16 años sabe a poco”, admitió.

Procesaron a Carlos Alberto Martínez, jefe de inteligencia del Ejército de la última dictadura

El líder de los espías del dictador Videla
El juez federal Daniel Rafecas lo culpó de delitos de lesa humanidad contra 1194 víctimas. Señaló que “su aporte fue trascendental a los fines de la diagramación del plan de acción a llevar a cabo en el marco de la ‘lucha antisubversiva’”.

El Batallón 601, símbolo de la tarea de Inteligencia del Ejército.

El general de división retirado Carlos Alberto Martínez, ex jefe de Inteligencia del Ejército durante los primeros dos años de la última dictadura, fue procesado ayer por delitos de lesa humanidad contra 1194 víctimas. El juez federal Daniel Rafecas destacó que Martínez fue desde su cargo “el principal asesor del comandante general del Ejército”, léase del dictador Jorge Rafael Videla, y que “su aporte fue trascendental a los fines de la diagramación del plan de acción a llevar a cabo en el marco de la ‘lucha antisubversiva’”. El militar, de 84 años, detenido por primera vez en junio último y ahora procesado con prisión preventiva luego de 34 años de impunidad, seguirá gozando de arresto domiciliario en San Miguel, provincia de Buenos Aires.

Martínez fue procesado por su actuación como titular de la Jefatura II de Inteligencia del Ejército entre el 24 de marzo de 1976 y el 23 de enero de 1978, cuando pasó a comandar la Secretaría de Informaciones del Estado, la SIDE, a la que volvería en los primeros años del menemismo de la mano de Juan Bautista Yofre. Rafecas lo imputó por su actuación en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército, que incluyó los centros clandestinos Banco, Atlético, Olimpo, Vesubio, Superintendencia de Coordinación Federal, Garaje Azopardo, Automotores Orletti, Sheraton, entre otros. El documento judicial que lleva la firma de Albertina Carón, secretaria del juzgado, tiene más de 3500 páginas e incluye el detalle de los delitos sufridos por cada víctima, imputados a Martínez como “partícipe necesario”: 1194 privaciones ilegales de la libertad, 696 tormentos (en tres casos seguidos de muerte) y 151 homicidios. Martínez “realizó un aporte fundamental respecto de los hechos acaecidos en el ámbito del Primer Cuerpo de Ejército, aporte sin el cual seguramente las detenciones, tormentos, homicidios y desapariciones de personas no habrían alcanzado la magnitud y alto grado de lesividad constatado en la presente investigación”, destacó.

El juez responsabilizó a Martínez por operativos ilegales como los registrados en el Hospital Posadas, en la Quinta la Pastoril o Quinta de Moreno, en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Castelar; también lo procesó por siete secuestros ocurridos en Marcos Paz, incluido el del ex intendente Oscar Felipe Sánchez, por los secuestros de profesionales y empleados de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) como Antonio Misetich, entre otros prestigiosos científicos que están desaparecidos; y por el homicidio del coronel Bernardo Alberte, ex edecán de Juan Domingo Perón, a quien un grupo de militares arrojó al vacío desde un sexto piso la madrugada del golpe de Estado.

La responsabilidad de Martínez no sólo surge del cargo que ocupó y de los discursos de la época, sino también de documentación secuestrada durante los allanamientos a la casa donde vive, en España 865, partido de San Miguel y otra propiedad en Muñiz, también en San Miguel. La Justicia encontró allí directivas del funcionamiento de los órganos de inteligencia, un balance de gestión titulado “Experiencias y enseñanzas recogidas en la lucha contra la subversión”, y un cuestionario respondido a máquina en el que Martínez explica que el Batallón 601, que dependía de la Jefatura II a su cargo, le brindaba “apoyo técnico de interrogadores” al Primer Cuerpo de Ejército. Se trataba de “personal adiestrado en técnicas de interrogatorio y con un profundo conocimiento sobre la organización a la que perteneciera el detenido”, puntualizó.

El militar resaltó en otro escrito el rol de los infiltrados durante la dictadura. “La verdadera eficacia de la inteligencia contrasubversiva no se derivó de esos tortuosos (sic) procedimientos denunciados (en referencia a los interrogatorios bajo tormentos), sino de la extremadamente riesgosa tarea de infiltración de las principales organizaciones subversivas que el área de inteligencia de las FF.AA. y de seguridad desarrollaron paciente y estoicamente”, escribió. “No debe ser soslayada la labor llevada a cabo por los agentes infiltrados”, sostuvo Rafecas, y apuntó que “son pocos los registros que se poseen hoy en día acerca del personal infiltrado en las organizaciones de la época”.

Durante los allanamientos también se encontraron documentos sobre la situación de Montoneros y el PRT-ERP en marzo de 1978. Rafecas apuntó que esas pruebas “ponen de manifiesto el conocimiento concreto que tenía Carlos Alberto Martínez, como máximo responsable del aparato de inteligencia y encargado de la conducción del ‘esfuerzo de inteligencia’, de las acciones y resultado de las mismas que eran llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas y de seguridad”. “Así, la información que recaía en la Jefatura II de Inteligencia del Ejército proveniente de los sistemas de inteligencia de todas las Fuerzas Armadas y de seguridad era utilizada por el Comando General del Ejército para trazar la estrategia de desarrollo de la ‘lucha antisubversiva’”, sostuvo el juez.

lunes, 17 de diciembre de 2012

Confirman la prórroga de prisión preventiva a Videla y Martínez de Hoz

La Cámara Federal porteña confirmó la prórroga de las prisiones preventivas al ex ministro de Economía de la dictadura y aJorge Rafael Videla, en la causa en la que están procesados por el secuestro de los empresarios Miguel y Federico
Gutheim.

El tribunal de apelaciones confirmó la decisión del juzgado federal 10 por entender que se trata de una causa que "tiende a esclarecer crímenes cometidos por agentes estatales en ejercicio de sus funciones en el marco de un aparato de represión clandestino instaurado por las máximas autoridades nacionales, el que contemplaba, deliberadamente, la impunidad de los autores de los hechos ilícitos", según la decisión de la sala I

 Ante la complejidad de la causa, la Cámara avaló la prórroga de la medida tomada para con Martínez de Hoz, quien cumple arresto domiciliario en su departamento del cuatro piso del edificio Kavanagh en el barrio porteño de Retiro.

Videla ya fue condenado este año a 50 años de prisión por el robo de bebés a secuestradas en la última dictadura cívico militar.

Federico y su hijo Miguel Gutheim fueron secuestrados el 5 de noviembre de 1976 y liberados en abril de 1977, período durante el cual los obligaron a mantener reuniones con empresarios de Hong Kong con los que se prentedía firmaran un acuerdo para la exportación de fibra de algodón.

martes, 11 de diciembre de 2012

Confirman condenas a los genocidas Bignone, Riveros y Perel Ló

La Sala II de la Cámara Federal de Casación, integrada por los jueces Pedro David, Alejandro Slokar y Mariano Borinsky, resolvió en cuatro causas la confirmación de las condenas impuestas a Reynaldo Benito Antonio Bignone, Santiago Omar Riveros y Santiago Guañabens Perel ló por delitos de lesa humanidad.

El pronunciamiento dio cuenta de la vinculación de Mercedes Benz y personal de esa firma con el secuestro de algunos de sus operarios, ocurrido en la fábrica de la empresa. En ese marco se valoraron entre otros elementos los dichos de Héctor Aníbal Ratto que fue secuestrado de la fábrica Mercedes Benz y declaró que mientras estuvo cautivo la empresa “le daba a su mujer parte de su salario”. Ratto recordó que sus compañeros operarios secuestrados y que trabajaban en la fábrica se encuentran al día de la fecha desaparecidos.

También se rescató la importancia del testimonio de la periodista alemana Gabriela Weber quien ratificó la actuación que le cupo a la empresa Mercedes Benz en los hechos y la vinculación de esa firma con las detenciones ilegales llevadas a cabo por personal militar en dependencias de la empresa.

Asimismo el tribunal re cogió los antecedentes de los tribunales de Nüremberg y para la exYugoslavia en relación a que los ataques al derecho de propiedad ocurridos en contextos de conflictos bélicos tutelan la propiedad y prohíben la confiscación y el pillaje y hechos tales como la incautación organizada de propiedades, llevada adelante como parte de la explotación sistemática económica de los territorios ocupados y concluyó que “los atentados contra la propiedad que se juzgaron en esta causa ocurrieron en el marco de ese ataque generalizado y sistemático dirigido contra un grupo de la población de nuestro país”.

La casación también hizo mérito del denominado “Plan del Ejército Contribuyente al Plan de Seguridad Nacional”, del que surgía el amplio marco de discrecionalidad con el que operaron los altos mandos de la fuerzas y el conocimiento de las acciones delictivas desplegadas con la finalidad de “aniquilar el elemento subversivo”. Con especial referencia a es e documento, la Sala II del tribunal casatorio, revocó las absoluciones decididas en la instancia anterior respecto de los delitos de dos hechos de allanamiento ilegal que se le imputan a Riveros y a Bignone.

Asimismo la casación tuvo oportunidad de precisar el concepto de tormentos y revocó también las absoluciones de los militares por ese delito que tuvo por víctima a María Morales Miy, quien al día de la fecha se encuentra desaparecida.

Confirman las condenas a prisión perpetua para Patti y Bignone


La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas a prisión perpetua para el ex intendente y el ex dictador Bignone, por el secuestro y asesinato del ex diputado justicialista Diego Muñiz Barreto y del militante Gastón Goncalvez.

La sala II del máximo tribunal penal del país confirmó las condenas dictadas el 14 de abril del año pasado por el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, que dio perpetua a Patti y Bignone y al ex agente de inteligencia del Ejército Martín Rodríguez, y seis años al ex comisario de Escobar Juan Fernando Meneghini, informaron fuentes judiciales.

Con la decisión del máximo tribunal penal del país quedó firme la primera condena recibida en su vida por Patti, dos veces intendente de Escobar, diputado electo impedido de asumir su banca por las denuncias en su contra y ex subcomisario de la Policía Bonaerense.

Patti fue encontrado culpable como "partícipe primario" de la privación ilegal de la libertad y asesinato del militante de la JP Gastón Goncalvez, y del secuestro ilegal del ex diputado nacional Diego Muñiz Barreto, quien murió en un simulacro de accidente en Entre Rios tras haber estado en el centro clandestino de detención de Campo de Mayo.

Patti fue condenado por el secuestro de militantes de la juventud peronista en Escobar, entre ellos de Gastón Goncalvez, por cuyo asesinato fue encontrado partícipe primario; por la privación ilegal de la libertad del ex diputado Muñiz Barreto y su secretario Juan José Fernández,  y también por el secuestro y desaparición de jóvenes estudiantes de la zona, todo apenas concretado el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

Gastón Goncalvez fue secuestrado en marzo de 1976 por el entonces subcomisario de la seccional de Escobar Patti, quien lo trasladó de manera ilegal a un camión celular estacionado en los fondos de la comisaría, donde se lo torturó.

Días después fue fusilado de un balazo en la cabeza junto a otros tres secuestrados n un paraje conocido como "el Cazador", a la vera del río Luján, donde se encontraron los cadáveres que fueron enterrados como NN en el cementerio local.
Los restos de Goncalvez fueron identificados 20 años después por el equipo de Antropología Forense, cuando Patti era intendente de Escobar, para luego ser electo diputado nacional, cargo que se le impidió asumir.

En cuanto al ex diputado Muñiz Barreto, en los alegatos se consideró probado que Patti lo detuvo ilegalmente junto a su entonces secretario ya fallecido Juan Fernández, en una carnicería de Escobar el 16 de febrero de 1977.
Muñiz Barreto tenía 43 años y tres hijos, había sido diputado nacional por el Frente Justicialista por la Liberación Nacional entre 1973 y 74, cuando renunció junto a otros siete diputados.

"Los obligó a ir a la dependencia policial utilizando el automóvil marca Fial 128" que usaba Muñiz Barreto, que quedó semanas en la puerta de la comisaría donde ambos estuvieron secuestrados hasta ser llevados primero a Tigre y de allí al centro clandestino de detención que funcionaba en Campo de Mayo, donde se resolvió asesinarlos", se recordó en los alegatos del juicio.

Patti fue condenado además por la desaparición de otros dos jóvenes militantes de Escobar, cuyos restos no fueron encontrados, los hermanos Luis y Guillermo D Amico.

El luego dos veces intendente de Escobar, frustrado diputado nacional y fundador del PAUFE, actuó como oficial subinspector de Escobar desde el 4 de enero de 1972 y hasta el 7 de marzo de 1977, período en el cual se cometieron los delitos por los que fue juzgado y condenado.

viernes, 7 de diciembre de 2012

Complicidad civil: citan a declaración indagatoria a cuatro ex directivos de Ford

Los trabajadores fueron torturados en la planta de la empresa.

Por: Gimena Fuertes

Luego de once años de iniciada la causa, los ex directivos de la automotriz Ford deberán prestar declaración indagatoria por el secuestro de los delegados gremiales y las torturas que les fueron aplicadas dentro de la misma planta que aun hoy posee en la localidad de Pacheco.
Los imputados, sospechosos de haber señalado a los delegados para que sean secuestrados, son el entonces presidente y representante legal de la firma Nicolás Courard, el subgerente Pedro Müller, el jefe de personal Guillermo Galarraga y el jefe de seguridad de la planta Héctor Sibilla. Todos ellos están acusados como partícipes necesarios de los delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos, que sufrieron los empleados de la compañía detenidos entre el 24 de marzo y el 20 de agosto de 1976.

Los delegados que fueron secuestrados y torturados son Jorge Enrique Constanzo, Marcelino Víctor Reposi, Luciano Bocco, Luis María Degiusti, Francisco Guillermo Perrotta, Carlos Rosendo Gareis, Hugo Adolfo Núñez, Pedro Norberto Troiani, Juan Carlos Conti, Vicente Ismael Portillo, Carlos Alberto Propato, Rubén Traverso, Ricardo Ávalos, Héctor Subarán, Raimundo Cayetano Robledo o Mirco Robledo, Eduardo Norberto Peluga, Pastor José Murúa, Juan Carlos Ballestero, Adolfo Omar Sánchez, Rubén Manzano, Juan Carlos Amoroso, Carlos Enrique Chitarroni, Fernando Mario Groisman y Roberto Cantelo.
La causa se inició en 2001 y si bien sólo involucraba a responsables militares, el grupo de delegados siempre acusó a los directivos. La investigación judicial comenzó en el juzgado de Daniel Rafecas y luego pasó al departamento judicial de San Martín donde durmió años bajo la tutela del juez subrogante Juan Manuel Yalj y el fiscal Jorge Sica que también llevaba la causa similar de los obreros de la automotriz Mercedez Benz. Desde que la jueza federal de San Martín, Alicia Vence asumió al frente del juzgado, la causa avanzó y ahora los directivos deberán comparecer el 18, 19, 25 y 26 de febrero próximos.

El abogado de los trabajadores, Tomás Ojeda Quintana, aseguró a Tiempo Argentino que "es impresionante el caudal probatorio de esta causa". "Está claro la complicidad material, y también está probado que el motivo fue el interés comercial de la empresa, ya que estaba Ford acelerando su línea de producción y la comisión interna era una molestia, de hecho, no desapareció ningún otro trabajador", explicó el abogado.

Pedro Troiani trabajaba en la planta de montaje, y fue elegido delegado. "El 27 de marzo el Ejército que tenía sede en Campo de Mayo invadió la fábrica con camiones, tanquetas, helicópteros, y ese mismo día se llevaron a cuatro compañeros delegados, y así empezamos a caer unos 25 en total, estabas en la línea de trabajo y te llevaban al quincho, ahí nos torturaban con golpes y submarinos secos, y además la empresa te mandaba a tu casa un telegrama diciendo que faltábamos sin aviso."

Otra de las víctimas, Carlos Propato, era primer oficial de pintura y está contento con el llamado a indagatoria de quienes lo señalaron. "Es un paso muy importante, no sólo para nosotros sino para todo el movimiento obrero del país. Fuimos torturados dentro del mismo lugar del trabajo, a mí no me chuparon de la calle, me sacaron de mi puesto de trabajo y me torturaron el quincho de la planta, después estuvimos desaparecidos en la comisaría primera de Tigre hasta que nos pasaron a Devoto bajo el Poder Ejecutivo Nacional", recordó.

jueves, 6 de diciembre de 2012

Investigación sobre la complicidad de Ford en crímenes contra la humanidad

Indagatorias para empresarios

La jueza Alicia Vence citó a cuatro ex directivos para febrero por su “eventual participación” en los secuestros y tormentos que sufrieron 25 ex delegados de la planta de Pacheco después del golpe de 1976.

 Por Alejandra Dandan

La jueza federal de San Martín Alicia Vence puso fecha a la indagatoria de cuatro ex directivos de Ford Motors Argentina por lo que de momento evalúa como una “eventual participación” en los secuestros y tormentos que sufrieron 25 ex delegados de la planta de Pacheco después del golpe de 1976. Entre los ex directivos están Pedro Müller, ex gerente de manufactura al que los obreros recuerdan por el rol de “capanga” dentro de la planta, y Héctor Francisco Sibilla, un militar retirado del Ejército que fue jefe de Seguridad en la Ford, ascendió luego de los secuestros y tiempo después fue contratado por la embajada de Estados Unidos en seguridad hasta que se jubiló en 2004. La Justicia examina el modo en el que las instalaciones de la Ford se usaron como centros transitorios de detención ilegal, pero en esta causa en particular se investiga el encuadre legal que debería darse a las denuncias por el modo en el que los nombres de los delegados –únicos detenidos desaparecidos de la empresa– llegaron a manos de las fuerzas de seguridad.

“Para nosotros es un logro infernal”, lanzó Carlos Propatto apenas escuchó la noticia mientras cambiaba un repuesto del coche al rayo del sol. “Tengo ahora 65 años y cuando yo estaba en la empresa ellos ya eran grandes, yo me estaba preguntando si la Justicia esperaba que se mueran para que caduque la causa. Esto es muy, muy importante para las nuevas generaciones, para que no se use al obrero y se lo descarte.” Pedro Troiani, en plena jornada de trabajo, recibió un llamado de su esposa. “Nosotros venimos en lucha desde que volvió la democracia, pidiendo justicia y no se daba, después suspendieron todos los juicios, hoy para mí esto es emocionante, a nosotros la empresa nos entregó, porque los militares ¿qué sabían de nosotros? Hubo mucha gente civil que golpeó las puertas a los militares para que saquen de encima el sindicalismo, por eso esto fue un golpe cívico-militar, cuando pasaron unos días hubo mil despidos en la fábrica, sacaron a los que estaban contaminados con plomo, a los enfermos del corazón, a los faltadores y a la gente que molestaba a los capataces.”

Los llamados a indagatoria alcanzaron también a Nicolás Enrique Courard, que fue presidente y representante legal de la compañía Ford Motor Argentina SA, y a Guillermo Galárraga, que estuvo a cargo de la gerencia de Relaciones Industriales. Los cuatro acusados deberán presentarse en tribunales entre el 18 y el 26 de febrero. Si bien hasta ahora el encuadre legal es por presunta participación, para la querella esa figura no está clara. Una de las características de esta causa es la colaboración material, por ejemplo la cesión de espacios internos como el quincho que se usó para secuestrar y torturar a los delegados levantados adentro de la planta. Otro eje es que a los delegados se los secuestró en sus lugares de trabajo. Casos como el de Carlos Propatto son un ejemplo. Entonces era delegado de la sección de pintura y en abril de 1976 lo pasearon dentro de la fábrica atado con alambres. “Yo era primer oficial de pintura, les dije en un momento: ‘Dejame ir a buscar los documentos’, pero me dijeron: ‘Donde vas, no vas a necesitar documentos’”, antes de darle una feroz golpiza envuelto en una bolsa de nylon en la que no se ahogó porque sus compañeros, secuestrados con él en un sector de la planta, le hicieron un agujero para salvarlo.

El eje que estructura todos estos casos es el de las listas: el modo en que los nombres de los delegados llegaron a manos de las fuerzas de seguridad. El abogado Tomás Ojea Quintana, representante de los obreros, recuerda sobre este punto que hay pruebas desde el comienzo de la causa. Menciona por ejemplo una entrevista entre Arcelia Luján de Portillo, la esposa de un secuestrado, y el teniente coronel Antonio Francisco Molinari, en la que él le dijo: “Señora, no me moleste más”, y le dijo que la Ford le había dado la lista con el logo y el nombre de todos los delegados. O el caso de la detención de Francisco Guillermo Perrotta, delegado de la parte administrativa, a quien fueron a buscar a su casa. “¿Con qué fueron a buscarlo?”, dice Ojea Quintana. “Con el carnet de la empresa.”

Esta articulación, que alienta la hipótesis del énfasis puesto por la compañía para sacarse de encima a delegados, subdelegados y referentes de la fábrica, es el eje de la denuncia. Ojea Quintana señala: “En la participación criminal existen distintos niveles de autoría, todavía no confirmamos nosotros si son partícipes secundarios o coautores porque para nosotros la dirección de la empresa pergeñó esto”.

A lo largo de la causa, el expediente sumó informes periciales de tipo históricos, económicos y sociales hechos por, entre otros, académicos y universidades. El expediente, que estuvo paralizado y estancado durante años, avanzó a partir del ingreso de Vence al juzgado. Una de las medidas mas importantes que tomó fue una inspección a la planta, un pedido que la querella hacía desde hace tres años. “Nos llevó a reconocer los lugares donde estuvimos secuestrados y fue emocionante después de tanto tiempo ir a Ford, de donde salimos como salimos, y reconocer lugares como el quincho”, señala Troiani.

Entre los antecedentes de esta decisión puede leerse el procesamiento en Jujuy de Carlos Pedro Blaquier. Pero en el juzgado dicen que si bien este nuevo tipo de registro jurídico pudo actuar como contexto de lectura, explican que lo que valen finalmente son los hechos y las pruebas. En ese sentido, la jueza, en la resolución, aclara que el pedido de indagatoria se hizo en el marco de una causa en la que ya fueron procesadas autoridades militares, como Santiago Omar Riveros.

Quince días atrás, los delegados se reunieron con Vence para preguntarle por la causa, sobre todo después de ver que expedientes como Jujuy, que empezó más tarde, estaba muy avanzados. Un dato a tener en cuenta es que así como el fiscal federal Federico Delgado en el primer tramo de la causa alentó pruebas, como los pedidos de pericias de académicos e investigadores, el fiscal de San Martín Jorge Sica nunca hizo nada, en una línea de conducta cuestionada por los organismos de derechos humanos que impulsan reclamos de justicia en ese lugar.