Banco de pruebas de la represión

El Operativo Independencia que los militares desplegaron en Tucumán. 

Empezó en febrero de 1975. Fue implementado a partir de un decreto firmado por la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón para “neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos” en territorio tucumano.

 Por Adriana Meyer

Algunos historiadores sostienen que el Operativo Independencia fue el inicio del tercer genocidio, luego del tramo local de la conquista de América y de la conquista del desierto que implicaron criminales golpes contra los aborígenes. En tanto, para la Justicia fue concretamente un “banco de pruebas” represivo. El 5 de febrero de 1975 el Poder Ejecutivo, mediante un decreto del gobierno de María Estela Martínez de Perón, dispuso la intervención del Ejército en la lucha contra la guerrilla en Tucumán con el objetivo de “ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a los efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos” que actuaban en esa provincia. La Conadep determinó que durante la etapa del Operativo Independencia se produjeron 114 desapariciones.

Cuando el gobierno de la viuda de Perón dispuso esa medida habían cobrado resonancia los procedimientos armados del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en zonas rurales tucumanas, en especial en áreas de bosques, y en localidades al sur de la capital provincial. Eran ataques a instalaciones militares, bloqueos de rutas e incluso copamientos de pueblos, y de este modo la guerrilla había conseguido el dominio de determinados espacios. El Ejército, en conjunto con la Fuerza Aérea, tenía en la mira a la compañía Ramón Rosa Jiménez del ERP, que buscaba crear un foco revolucionario en el monte tucumano. El general Adel Vilas, que estuvo a cargo del Operativo Independencia, enunció que se trataba de una “guerra eminentemente cultural” contra ideas y valores de universitarios, profesionales, religiosos, científicos, artistas e intelectuales de San Miguel de Tucumán, porque según este represor la guerrilla en el monte era sólo la manifestación armada del proceso subversivo, y no la más importante. La metodología del operativo incluyó secuestros por parte de represores vestidos de civil, el cautiverio clandestino de los detenidos que en su mayoría eran alojados en lo que fue el primer centro clandestino llamado la Escuelita de Faimallá, además de la tortura, la eliminación y ocultamiento de los cuerpos y la negación oficial de estas prácticas.

Durante 1975 y a principios de 1976 hubo enfrentamientos en las localidades de Santa Lucía, Potrero de las Tablas, El Cadillal, y el sorpresivo ataque al Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa, que fueron protagonizados por la Brigada de Infantería 5 del general Vilas. La justificación del accionar represivo que dieron los militares fue precisamente invocar ese decreto del PEN 261/1975 con el cual aplicaron en la provincia más pequeña su llamada guerra contrarrevolucionaria, que los franceses primero y los norteamericanos después les habían enseñado: localizaban los campamentos de adiestramiento de los guerrilleros y los capturaban, o bien los abatían en el lugar. Los genocidas Vilas y Domingo Antonio Bussi, que lo reemplazó, diezmaron a los combatientes del ERP.

El ex gobernador en Malvinas, Mario Benjamín Menéndez, revistió con el grado de coronel en la Brigada de Infantería de Monte V y participó del Operativo Independencia. Hace dos meses, cuando fue detenido en el marco de esta causa (ver nota central), dijo sobre aquellos días: “Para ser dictadura faltaba, era una dictablanda, hay gobiernos electos como el de Hitler que era una dictadura con exterminio y campos de concentración, mientras que acá no hubo campos de concentración, sino lugares de reunión de detenidos”.

El periodista Marcos Taire explica que “la gran represión en Tucumán comenzó en febrero del ’75 con el Operativo Independencia, que tuvo la complicidad de toda la conducción política de ese momento. Don Amado Juri (entonces gobernador) aplaudió el accionar del general Vilas y lo condecoró el día que se fue. Carlos María Torres, intendente de Tucumán, era íntimo amigo de Vilas, lo visitaba en Faimallá, y bautizó una plaza con el nombre del capitán (Humberto) Viola, que fue muerto por el ERP”.

Claramente el gobierno constitucional había dado luz verde para que las fuerzas represoras cargaran contra todo aquel que implicara un freno a sus intenciones. Pero, ¿quiénes eran los subversivos a ser aniquilados? Todos aquellos que no estuvieran alineados en el proyecto ultraliberal o se opusieran a las ideas de aquella oligarquía. De hecho, el ex dirigente del PRT-ERP Luis Mattini explica que “está fehacientemente demostrado que el sustento ideológico de los militares argentinos fue la fusión del más oscuro catolicismo del pensamiento nacional con el integrismo católico francés y la tesis de la guerra antisubversiva, plasmados en la llamada Doctrina de Seguridad Nacional. A partir de 1975 las Fuerzas Armadas Argentinas actuaron según el modelo establecido por los instructores franceses en la llamada Batalla de Argel. (Reynaldo) Bignone lo declaró sin ambages cuando dijo que actuaron con el reglamento en la mano, y que el Operativo Independencia fue una copia del plan de la Batalla de Argelia”.

Con el acompañamiento de todo el arco político, el decreto legitimaría el accionar represivo que comenzó a poner en funcionamiento la maquinaria del genocidio. El gobierno nacional legitimaba de esta manera la acción que había iniciado la Alianza Anticomunista Argentina, legalizando el comportamiento delincuencial de los militares genocidas.

El Operativo Independencia todavía tiene quien lo reivindique. Se trata de un grupo de ex soldados denominado “rodillas negras”, que en septiembre de 2008 se permitieron desfilar en Orán por los festejos del aniversario 214 de esa población. En aquella oportunidad, autoridades salteñas aseguraron que se “colaron” detrás de los veteranos de Malvinas.

Operativo Justicia por el Operativo Independencia

Dictaron el procesamiento de 17 represores por sus violaciones a los derechos humanos. Operativo Justicia por el Operativo Independencia

La lista de procesados la encabezan Jorge Rafael Videla y Mario Benjamín Menéndez. El juez federal Daniel Bejas los responsabilizó por crímenes contra 269 víctimas, que “configurarían el marco del delito de genocidio tipificado en el Derecho Penal internacional”.

 Por Diego Martínez

Los centenares de secuestros, tormentos y asesinatos cometidos por fuerzas militares y de seguridad en 1975 en el marco del denominado Operativo Independencia en Tucumán fueron “delitos comunes” perpetrados “en el contexto de un ataque sistemático contra la población civil de quienes detentaban de facto el poder del Estado”. La afirmación que permite tipificarlos como crímenes de lesa humanidad y juzgarlos 37 años después pertenece al juez federal Daniel Bejas, que por delitos contra 269 víctimas procesó a 17 represores, dictó once faltas de mérito y dos sobreseimientos. El juez sostuvo que los crímenes “configurarían el marco del delito de genocidio tipificado en el derecho penal internacional” y rechazó el pedido del Ministerio Público para que se cite a indagatoria a la ex presidenta María Estela Martínez, al considerar que la masacre que que encabezó el general Adel Vilas en Tucumán “no habría contado con la aquiescencia del gobierno civil en su conjunto”. Bejas también destacó que la violencia sexual en aquel contexto “no fue producto de desviaciones particulares, sino que fue ejercida en forma sistemática” y procesó a varios militares como partícipes necesarios. El fiscal federal Pablo Camuña consideró “muy positivo” que el juez “admitió la hipótesis acusatoria de que el Operativo Independencia fue la primera implementación desde el Estado para la persecución y el exterminio de opositores políticos” aunque se manifestó sorprendido por la cantidad de faltas de mérito, que apelará ante la Cámara Federal de Tucumán.

El Operativo Independencia comenzó formalmente el 5 de febrero de 1975 con el decreto secreto de Isabel Perón que ordenó “neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos” en Tucumán. Durante los catorce meses anteriores al golpe de Estado y con la excusa de combatir a la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez del ERP, 195 personas fueron desaparecidas y 68 asesinadas, en tanto más de 1500 pasaron como secuestradas por La Escuelita, de Famaillá, según admitió el propio Vilas, que murió impune. “Los sectores principalmente perseguidos y lesionados fueron los vinculados con la industria azucarera, la actividad rural, la dirigencia sindical y la defensa de los derechos de titularidad de los sectores más desprotegidos”, sostuvo el juez en su resolución de casi 500 fojas. Definió al operativo como “punto de inflexión en la estrategia de las fracciones de clase dominante orientada a la reconfiguración del sistema hegemónico nacional”. Destacó que el plan represivo se había iniciado en la dictadura de Onganía, pero marcó un quiebre de metodología en 1975: hasta entonces, detenciones y puesta a disposición de la Justicia de “personas sospechadas de actividad subversiva”; a partir de Vilas “se suma la condición ‘clandestina’, sustentándose (la represión) en el secuestro, la tortura, violación y desaparición u homicidio” de supuestos “subversivos” o “la disposición absoluta sobre personas secuestradas”.

En el procesamiento se incluyen por el momento los casos de 269 víctimas, que le permiten al juez dar por probado “un ataque sistemático desde el Estado contra una parte sustancial del grupo nacional argentino (obreros, jornaleros, sindicalistas y grupos de personas involucrados con la lucha social con y sin pertenencia política partidaria) a los que se habría identificado como ‘enemigos’ del plan económico y político que definía la ‘nueva argentinidad’”. Con citas del sociólogo Daniel Feierstein, el juez explica que el objetivo no fue eliminar a quienes integraban determinadas fuerzas políticas sino “transformar a la sociedad toda, aniquilando a quienes encarnaban un modo de construcción de identidad social y eliminando –material y simbólicamente– la posibilidad de pensarse socialmente de otro modo”.

Excluido Luciano Menéndez, con agenda saturada por superposición de juicios, la lista de procesados la encabezan Jorge Rafael Videla, que en 1975 asumió como jefe del Ejército, y Mario Benjamín Menéndez, que a siete años de asumir como gobernador militar en Malvinas comandó el primer centro clandestino del país. Los otros militares procesados son Carlos César Delia Larocca, Jorge Omar Lazarte, Ernesto Nicolás Chávez, Jorge Gerónimo Capitán, Alfredo Alberto Svendsen, Pedro Adolfo López y Enrique José Del Pino, que ya fue condenado por sus andanzas en el circuito Atlético-Banco-Olimpo. Otro condenado de la lista es Roberto “El Tuerto” Albornoz, ex mano derecha de Antonio Domingo Bussi. Bejas procesó al ex comisario de la Policía Federal Miguel Angel Moreno y a los policías provinciales Ricardo Héctor Sánchez, Luis Armando De Cándido, Ramón César Jodar, José Luis Del Valle Figueroa, Pedro Roberto Rojas y –sin prisión preventiva– a José Ernesto Cuestas. El listado de faltas de mérito incluye al ex carapintada Jorge D’Amico y al coronel retirado José María Menéndez, primo del ex gobernador de Malvinas. Bejas enumera los nombres de quienes murieron a tiempo y de seis imputados con paradero desconocido: Héctor Mario Schwab (prófugo de vieja data), Juan Carlos Jones Tamayo, José Roberto Abba, Néstor Rubén Castelli, Angel Orlando Castellini y Roberto José Rúveda. Otro grupo de imputados, como el general Ernesto Alais, no pudieron ser indagados por problemas físicos y/o mentales.

Un párrafo aparte merece el caso de María Estela Martínez, cuya indagatoria pidieron los fiscales Camuña y Patricio Rovira. El juez sostiene que la imputación es “débil y confusa” y minimiza el rol de la viuda de Perón. “Desde 1974 las Fuerzas Armadas y de seguridad comenzaron a distanciarse de las autoridades civiles y de las directivas del gobierno constitucional a fin de consumar un plan represivo que comenzó a gestarse desde fines de los años ’60 contra la ciudadanía en general bajo el difuso e intangible objetivo de combatir ‘el enemigo subversivo marxista’”, explicó. “Dicho plan represivo dirigido a la toma del poder civil no habría contado con la aquiescencia del gobierno civil en su conjunto, sino con la complicidad de algunos grupos de ultraderecha directamente vinculados con el accionar del ministro José López Rega”, afirmó. Bejas también refutó la hipótesis de la “guerra interna, subversiva o revolucionaria”. “Dicho concepto exige la existencia de fuerzas armadas oficiales y disidentes, o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre un aparte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas”, citó un protocolo adicional al Convenio de Ginebra. Y de haber sido una guerra, agregó, “las Fuerzas Armadas debieron haberse circunscripto a lo establecido por los Convenios de Ginebra que regulan los conflictos armados” y que la Argentina ratificó en 1956. El juez destacó los “delitos sexuales en perjuicio de mujeres y hombres detenidos clandestinas/os” como un delito autónomo de las torturas y recomendó a los fiscales investigar el rol de los funcionarios judiciales que hicieron oídos sordos ante el terrorismo de Estado versión 1975.

Condena a 16 años al coronel Portillo

El coronel retirado Angel Raúl Portillo, ex jefe del Destacamento de Inteligencia 123 de Paso de los Libres durante la última dictadura, fue condenado ayer a 16 años de prisión por el secuestro del estudiante y militante correntino Héctor Eduardo “Pata” Acosta en 1976. 

El Tribunal Oral Federal de Corrientes aplicó la misma pena que habían solicitado los querellantes pero no revirtió el lugar de detención del condenado, que seguirá encerrado en su casa. “Estamos satisfechos, era lo que esperábamos aunque la pena por desaparición forzada es menor a lo que debiera ser por la irreparabilidad del daño causado”, reflexionó el abogado Mario Bosch, querellante en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Por problemas de salud, el general Ramón Díaz Bessone fue excluido del proceso y de una condena segura. El que terminó ayer es el cuarto juicio por delitos de lesa humanidad de Corrientes.

Acosta tenía 20 años, era el presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela Normal Regional de Paso de los Libres y militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Fue secuestrado de su casa en la madrugada del 22 de marzo de 1976 por miembros del destacamento de inteligencia que encabezaba Portillo. Trasladado al Escuadrón 7 de Gendarmería, se sabe que fue torturado y que allí mismo habría sido asesinado. Los militares hicieron desaparecer su cuerpo.

Durante el proceso, el acusado llegó a las audiencias en remís y se colocó un cuello ortopédico después de entrar a la sala. “No cometí delitos ni ordené detenciones de personas”, dijo ayer al hacer uso de sus últimas palabras. El tribunal que integran Víctor Alonso, Lucrecia Rojas de Badaró y Fermín Ceroleni llegó a la conclusión opuesta: lo condenó por el secuestro de Acosta y como partícipe de una asociación ilícita. La pena es mayor a la solicitada por el Ministerio Público, representado por los fiscales Juan Martín García y Flavio Ferrini, que no lo acusaron por asociación ilícita y habían pedido sólo seis años de cárcel.

“Estamos satisfechos con la sentencia. Después de tantos años de esperar, seguimos juntos y en la lucha”, dijo Carlos Acosta. “Mi hermano participó en la lucha por justicia, esa justicia que ahora tiene el reo y que mi hermano no tuvo”, recordó. “Ahora seguiremos luchando para saber dónde está mi hermano”, concluyó. “Seguiremos investigando, queremos encontrarlo, la lucha continúa”, reflexionó Silvia, otra de sus hermanas. Bosch destacó que el represor “fue juzgado con todas las garantías y eso consolida el Estado de Derecho”. “La desaparición forzada de personas es un eufemismo porque lo mataron y por eso la pena de 16 años sabe a poco”, admitió.

Procesaron a Carlos Alberto Martínez, jefe de inteligencia del Ejército de la última dictadura

El líder de los espías del dictador Videla

El juez federal Daniel Rafecas lo culpó de delitos de lesa humanidad contra 1194 víctimas. Señaló que “su aporte fue trascendental a los fines de la diagramación del plan de acción a llevar a cabo en el marco de la ‘lucha antisubversiva’”.

El Batallón 601, símbolo de la tarea de Inteligencia del Ejército.

El general de división retirado Carlos Alberto Martínez, ex jefe de Inteligencia del Ejército durante los primeros dos años de la última dictadura, fue procesado ayer por delitos de lesa humanidad contra 1194 víctimas. El juez federal Daniel Rafecas destacó que Martínez fue desde su cargo “el principal asesor del comandante general del Ejército”, léase del dictador Jorge Rafael Videla, y que “su aporte fue trascendental a los fines de la diagramación del plan de acción a llevar a cabo en el marco de la ‘lucha antisubversiva’”. El militar, de 84 años, detenido por primera vez en junio último y ahora procesado con prisión preventiva luego de 34 años de impunidad, seguirá gozando de arresto domiciliario en San Miguel, provincia de Buenos Aires.

Martínez fue procesado por su actuación como titular de la Jefatura II de Inteligencia del Ejército entre el 24 de marzo de 1976 y el 23 de enero de 1978, cuando pasó a comandar la Secretaría de Informaciones del Estado, la SIDE, a la que volvería en los primeros años del menemismo de la mano de Juan Bautista Yofre. Rafecas lo imputó por su actuación en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército, que incluyó los centros clandestinos Banco, Atlético, Olimpo, Vesubio, Superintendencia de Coordinación Federal, Garaje Azopardo, Automotores Orletti, Sheraton, entre otros. El documento judicial que lleva la firma de Albertina Carón, secretaria del juzgado, tiene más de 3500 páginas e incluye el detalle de los delitos sufridos por cada víctima, imputados a Martínez como “partícipe necesario”: 1194 privaciones ilegales de la libertad, 696 tormentos (en tres casos seguidos de muerte) y 151 homicidios. Martínez “realizó un aporte fundamental respecto de los hechos acaecidos en el ámbito del Primer Cuerpo de Ejército, aporte sin el cual seguramente las detenciones, tormentos, homicidios y desapariciones de personas no habrían alcanzado la magnitud y alto grado de lesividad constatado en la presente investigación”, destacó.

El juez responsabilizó a Martínez por operativos ilegales como los registrados en el Hospital Posadas, en la Quinta la Pastoril o Quinta de Moreno, en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Castelar; también lo procesó por siete secuestros ocurridos en Marcos Paz, incluido el del ex intendente Oscar Felipe Sánchez, por los secuestros de profesionales y empleados de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) como Antonio Misetich, entre otros prestigiosos científicos que están desaparecidos; y por el homicidio del coronel Bernardo Alberte, ex edecán de Juan Domingo Perón, a quien un grupo de militares arrojó al vacío desde un sexto piso la madrugada del golpe de Estado.

La responsabilidad de Martínez no sólo surge del cargo que ocupó y de los discursos de la época, sino también de documentación secuestrada durante los allanamientos a la casa donde vive, en España 865, partido de San Miguel y otra propiedad en Muñiz, también en San Miguel. La Justicia encontró allí directivas del funcionamiento de los órganos de inteligencia, un balance de gestión titulado “Experiencias y enseñanzas recogidas en la lucha contra la subversión”, y un cuestionario respondido a máquina en el que Martínez explica que el Batallón 601, que dependía de la Jefatura II a su cargo, le brindaba “apoyo técnico de interrogadores” al Primer Cuerpo de Ejército. Se trataba de “personal adiestrado en técnicas de interrogatorio y con un profundo conocimiento sobre la organización a la que perteneciera el detenido”, puntualizó.

El militar resaltó en otro escrito el rol de los infiltrados durante la dictadura. “La verdadera eficacia de la inteligencia contrasubversiva no se derivó de esos tortuosos (sic) procedimientos denunciados (en referencia a los interrogatorios bajo tormentos), sino de la extremadamente riesgosa tarea de infiltración de las principales organizaciones subversivas que el área de inteligencia de las FF.AA. y de seguridad desarrollaron paciente y estoicamente”, escribió. “No debe ser soslayada la labor llevada a cabo por los agentes infiltrados”, sostuvo Rafecas, y apuntó que “son pocos los registros que se poseen hoy en día acerca del personal infiltrado en las organizaciones de la época”.

Durante los allanamientos también se encontraron documentos sobre la situación de Montoneros y el PRT-ERP en marzo de 1978. Rafecas apuntó que esas pruebas “ponen de manifiesto el conocimiento concreto que tenía Carlos Alberto Martínez, como máximo responsable del aparato de inteligencia y encargado de la conducción del ‘esfuerzo de inteligencia’, de las acciones y resultado de las mismas que eran llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas y de seguridad”. “Así, la información que recaía en la Jefatura II de Inteligencia del Ejército proveniente de los sistemas de inteligencia de todas las Fuerzas Armadas y de seguridad era utilizada por el Comando General del Ejército para trazar la estrategia de desarrollo de la ‘lucha antisubversiva’”, sostuvo el juez.

Confirman la prórroga de prisión preventiva a Videla y Martínez de Hoz

La Cámara Federal porteña confirmó la prórroga de las prisiones preventivas al ex ministro de Economía de la dictadura y aJorge Rafael Videla, en la causa en la que están procesados por el secuestro de los empresarios Miguel y Federico
Gutheim.

El tribunal de apelaciones confirmó la decisión del juzgado federal 10 por entender que se trata de una causa que "tiende a esclarecer crímenes cometidos por agentes estatales en ejercicio de sus funciones en el marco de un aparato de represión clandestino instaurado por las máximas autoridades nacionales, el que contemplaba, deliberadamente, la impunidad de los autores de los hechos ilícitos", según la decisión de la sala I

 Ante la complejidad de la causa, la Cámara avaló la prórroga de la medida tomada para con Martínez de Hoz, quien cumple arresto domiciliario en su departamento del cuatro piso del edificio Kavanagh en el barrio porteño de Retiro.

Videla ya fue condenado este año a 50 años de prisión por el robo de bebés a secuestradas en la última dictadura cívico militar.

Federico y su hijo Miguel Gutheim fueron secuestrados el 5 de noviembre de 1976 y liberados en abril de 1977, período durante el cual los obligaron a mantener reuniones con empresarios de Hong Kong con los que se prentedía firmaran un acuerdo para la exportación de fibra de algodón.

Confirman condenas a los genocidas Bignone, Riveros y Perel Ló

La Sala II de la Cámara Federal de Casación, integrada por los jueces Pedro David, Alejandro Slokar y Mariano Borinsky, resolvió en cuatro causas la confirmación de las condenas impuestas a Reynaldo Benito Antonio Bignone, Santiago Omar Riveros y Santiago Guañabens Perel ló por delitos de lesa humanidad.

El pronunciamiento dio cuenta de la vinculación de Mercedes Benz y personal de esa firma con el secuestro de algunos de sus operarios, ocurrido en la fábrica de la empresa. En ese marco se valoraron entre otros elementos los dichos de Héctor Aníbal Ratto que fue secuestrado de la fábrica Mercedes Benz y declaró que mientras estuvo cautivo la empresa “le daba a su mujer parte de su salario”. Ratto recordó que sus compañeros operarios secuestrados y que trabajaban en la fábrica se encuentran al día de la fecha desaparecidos.

También se rescató la importancia del testimonio de la periodista alemana Gabriela Weber quien ratificó la actuación que le cupo a la empresa Mercedes Benz en los hechos y la vinculación de esa firma con las detenciones ilegales llevadas a cabo por personal militar en dependencias de la empresa.

Asimismo el tribunal re cogió los antecedentes de los tribunales de Nüremberg y para la exYugoslavia en relación a que los ataques al derecho de propiedad ocurridos en contextos de conflictos bélicos tutelan la propiedad y prohíben la confiscación y el pillaje y hechos tales como la incautación organizada de propiedades, llevada adelante como parte de la explotación sistemática económica de los territorios ocupados y concluyó que “los atentados contra la propiedad que se juzgaron en esta causa ocurrieron en el marco de ese ataque generalizado y sistemático dirigido contra un grupo de la población de nuestro país”.

La casación también hizo mérito del denominado “Plan del Ejército Contribuyente al Plan de Seguridad Nacional”, del que surgía el amplio marco de discrecionalidad con el que operaron los altos mandos de la fuerzas y el conocimiento de las acciones delictivas desplegadas con la finalidad de “aniquilar el elemento subversivo”. Con especial referencia a es e documento, la Sala II del tribunal casatorio, revocó las absoluciones decididas en la instancia anterior respecto de los delitos de dos hechos de allanamiento ilegal que se le imputan a Riveros y a Bignone.

Asimismo la casación tuvo oportunidad de precisar el concepto de tormentos y revocó también las absoluciones de los militares por ese delito que tuvo por víctima a María Morales Miy, quien al día de la fecha se encuentra desaparecida.

Confirman las condenas a prisión perpetua para Patti y Bignone

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas a prisión perpetua para el ex intendente y el ex dictador Bignone, por el secuestro y asesinato del ex diputado justicialista Diego Muñiz Barreto y del militante Gastón Goncalvez.

La sala II del máximo tribunal penal del país confirmó las condenas dictadas el 14 de abril del año pasado por el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, que dio perpetua a Patti y Bignone y al ex agente de inteligencia del Ejército Martín Rodríguez, y seis años al ex comisario de Escobar Juan Fernando Meneghini, informaron fuentes judiciales.

Con la decisión del máximo tribunal penal del país quedó firme la primera condena recibida en su vida por Patti, dos veces intendente de Escobar, diputado electo impedido de asumir su banca por las denuncias en su contra y ex subcomisario de la Policía Bonaerense.

Patti fue encontrado culpable como "partícipe primario" de la privación ilegal de la libertad y asesinato del militante de la JP Gastón Goncalvez, y del secuestro ilegal del ex diputado nacional Diego Muñiz Barreto, quien murió en un simulacro de accidente en Entre Rios tras haber estado en el centro clandestino de detención de Campo de Mayo.

Patti fue condenado por el secuestro de militantes de la juventud peronista en Escobar, entre ellos de Gastón Goncalvez, por cuyo asesinato fue encontrado partícipe primario; por la privación ilegal de la libertad del ex diputado Muñiz Barreto y su secretario Juan José Fernández,  y también por el secuestro y desaparición de jóvenes estudiantes de la zona, todo apenas concretado el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

Gastón Goncalvez fue secuestrado en marzo de 1976 por el entonces subcomisario de la seccional de Escobar Patti, quien lo trasladó de manera ilegal a un camión celular estacionado en los fondos de la comisaría, donde se lo torturó.

Días después fue fusilado de un balazo en la cabeza junto a otros tres secuestrados n un paraje conocido como "el Cazador", a la vera del río Luján, donde se encontraron los cadáveres que fueron enterrados como NN en el cementerio local.
Los restos de Goncalvez fueron identificados 20 años después por el equipo de Antropología Forense, cuando Patti era intendente de Escobar, para luego ser electo diputado nacional, cargo que se le impidió asumir.

En cuanto al ex diputado Muñiz Barreto, en los alegatos se consideró probado que Patti lo detuvo ilegalmente junto a su entonces secretario ya fallecido Juan Fernández, en una carnicería de Escobar el 16 de febrero de 1977.
Muñiz Barreto tenía 43 años y tres hijos, había sido diputado nacional por el Frente Justicialista por la Liberación Nacional entre 1973 y 74, cuando renunció junto a otros siete diputados.

"Los obligó a ir a la dependencia policial utilizando el automóvil marca Fial 128" que usaba Muñiz Barreto, que quedó semanas en la puerta de la comisaría donde ambos estuvieron secuestrados hasta ser llevados primero a Tigre y de allí al centro clandestino de detención que funcionaba en Campo de Mayo, donde se resolvió asesinarlos", se recordó en los alegatos del juicio.

Patti fue condenado además por la desaparición de otros dos jóvenes militantes de Escobar, cuyos restos no fueron encontrados, los hermanos Luis y Guillermo D Amico.

El luego dos veces intendente de Escobar, frustrado diputado nacional y fundador del PAUFE, actuó como oficial subinspector de Escobar desde el 4 de enero de 1972 y hasta el 7 de marzo de 1977, período en el cual se cometieron los delitos por los que fue juzgado y condenado.

Complicidad civil: citan a declaración indagatoria a cuatro ex directivos de Ford

Los trabajadores fueron torturados en la planta de la empresa.

Por: Gimena Fuertes

Luego de once años de iniciada la causa, los ex directivos de la automotriz Ford deberán prestar declaración indagatoria por el secuestro de los delegados gremiales y las torturas que les fueron aplicadas dentro de la misma planta que aun hoy posee en la localidad de Pacheco.
Los imputados, sospechosos de haber señalado a los delegados para que sean secuestrados, son el entonces presidente y representante legal de la firma Nicolás Courard, el subgerente Pedro Müller, el jefe de personal Guillermo Galarraga y el jefe de seguridad de la planta Héctor Sibilla. Todos ellos están acusados como partícipes necesarios de los delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos, que sufrieron los empleados de la compañía detenidos entre el 24 de marzo y el 20 de agosto de 1976.

Los delegados que fueron secuestrados y torturados son Jorge Enrique Constanzo, Marcelino Víctor Reposi, Luciano Bocco, Luis María Degiusti, Francisco Guillermo Perrotta, Carlos Rosendo Gareis, Hugo Adolfo Núñez, Pedro Norberto Troiani, Juan Carlos Conti, Vicente Ismael Portillo, Carlos Alberto Propato, Rubén Traverso, Ricardo Ávalos, Héctor Subarán, Raimundo Cayetano Robledo o Mirco Robledo, Eduardo Norberto Peluga, Pastor José Murúa, Juan Carlos Ballestero, Adolfo Omar Sánchez, Rubén Manzano, Juan Carlos Amoroso, Carlos Enrique Chitarroni, Fernando Mario Groisman y Roberto Cantelo.
La causa se inició en 2001 y si bien sólo involucraba a responsables militares, el grupo de delegados siempre acusó a los directivos. La investigación judicial comenzó en el juzgado de Daniel Rafecas y luego pasó al departamento judicial de San Martín donde durmió años bajo la tutela del juez subrogante Juan Manuel Yalj y el fiscal Jorge Sica que también llevaba la causa similar de los obreros de la automotriz Mercedez Benz. Desde que la jueza federal de San Martín, Alicia Vence asumió al frente del juzgado, la causa avanzó y ahora los directivos deberán comparecer el 18, 19, 25 y 26 de febrero próximos.

El abogado de los trabajadores, Tomás Ojeda Quintana, aseguró a Tiempo Argentino que "es impresionante el caudal probatorio de esta causa". "Está claro la complicidad material, y también está probado que el motivo fue el interés comercial de la empresa, ya que estaba Ford acelerando su línea de producción y la comisión interna era una molestia, de hecho, no desapareció ningún otro trabajador", explicó el abogado.

Pedro Troiani trabajaba en la planta de montaje, y fue elegido delegado. "El 27 de marzo el Ejército que tenía sede en Campo de Mayo invadió la fábrica con camiones, tanquetas, helicópteros, y ese mismo día se llevaron a cuatro compañeros delegados, y así empezamos a caer unos 25 en total, estabas en la línea de trabajo y te llevaban al quincho, ahí nos torturaban con golpes y submarinos secos, y además la empresa te mandaba a tu casa un telegrama diciendo que faltábamos sin aviso."

Otra de las víctimas, Carlos Propato, era primer oficial de pintura y está contento con el llamado a indagatoria de quienes lo señalaron. "Es un paso muy importante, no sólo para nosotros sino para todo el movimiento obrero del país. Fuimos torturados dentro del mismo lugar del trabajo, a mí no me chuparon de la calle, me sacaron de mi puesto de trabajo y me torturaron el quincho de la planta, después estuvimos desaparecidos en la comisaría primera de Tigre hasta que nos pasaron a Devoto bajo el Poder Ejecutivo Nacional", recordó.

Investigación sobre la complicidad de Ford en crímenes contra la humanidad

Indagatorias para empresarios

La jueza Alicia Vence citó a cuatro ex directivos para febrero por su “eventual participación” en los secuestros y tormentos que sufrieron 25 ex delegados de la planta de Pacheco después del golpe de 1976.

 Por Alejandra Dandan

La jueza federal de San Martín Alicia Vence puso fecha a la indagatoria de cuatro ex directivos de Ford Motors Argentina por lo que de momento evalúa como una “eventual participación” en los secuestros y tormentos que sufrieron 25 ex delegados de la planta de Pacheco después del golpe de 1976. Entre los ex directivos están Pedro Müller, ex gerente de manufactura al que los obreros recuerdan por el rol de “capanga” dentro de la planta, y Héctor Francisco Sibilla, un militar retirado del Ejército que fue jefe de Seguridad en la Ford, ascendió luego de los secuestros y tiempo después fue contratado por la embajada de Estados Unidos en seguridad hasta que se jubiló en 2004. La Justicia examina el modo en el que las instalaciones de la Ford se usaron como centros transitorios de detención ilegal, pero en esta causa en particular se investiga el encuadre legal que debería darse a las denuncias por el modo en el que los nombres de los delegados –únicos detenidos desaparecidos de la empresa– llegaron a manos de las fuerzas de seguridad.

“Para nosotros es un logro infernal”, lanzó Carlos Propatto apenas escuchó la noticia mientras cambiaba un repuesto del coche al rayo del sol. “Tengo ahora 65 años y cuando yo estaba en la empresa ellos ya eran grandes, yo me estaba preguntando si la Justicia esperaba que se mueran para que caduque la causa. Esto es muy, muy importante para las nuevas generaciones, para que no se use al obrero y se lo descarte.” Pedro Troiani, en plena jornada de trabajo, recibió un llamado de su esposa. “Nosotros venimos en lucha desde que volvió la democracia, pidiendo justicia y no se daba, después suspendieron todos los juicios, hoy para mí esto es emocionante, a nosotros la empresa nos entregó, porque los militares ¿qué sabían de nosotros? Hubo mucha gente civil que golpeó las puertas a los militares para que saquen de encima el sindicalismo, por eso esto fue un golpe cívico-militar, cuando pasaron unos días hubo mil despidos en la fábrica, sacaron a los que estaban contaminados con plomo, a los enfermos del corazón, a los faltadores y a la gente que molestaba a los capataces.”

Los llamados a indagatoria alcanzaron también a Nicolás Enrique Courard, que fue presidente y representante legal de la compañía Ford Motor Argentina SA, y a Guillermo Galárraga, que estuvo a cargo de la gerencia de Relaciones Industriales. Los cuatro acusados deberán presentarse en tribunales entre el 18 y el 26 de febrero. Si bien hasta ahora el encuadre legal es por presunta participación, para la querella esa figura no está clara. Una de las características de esta causa es la colaboración material, por ejemplo la cesión de espacios internos como el quincho que se usó para secuestrar y torturar a los delegados levantados adentro de la planta. Otro eje es que a los delegados se los secuestró en sus lugares de trabajo. Casos como el de Carlos Propatto son un ejemplo. Entonces era delegado de la sección de pintura y en abril de 1976 lo pasearon dentro de la fábrica atado con alambres. “Yo era primer oficial de pintura, les dije en un momento: ‘Dejame ir a buscar los documentos’, pero me dijeron: ‘Donde vas, no vas a necesitar documentos’”, antes de darle una feroz golpiza envuelto en una bolsa de nylon en la que no se ahogó porque sus compañeros, secuestrados con él en un sector de la planta, le hicieron un agujero para salvarlo.

El eje que estructura todos estos casos es el de las listas: el modo en que los nombres de los delegados llegaron a manos de las fuerzas de seguridad. El abogado Tomás Ojea Quintana, representante de los obreros, recuerda sobre este punto que hay pruebas desde el comienzo de la causa. Menciona por ejemplo una entrevista entre Arcelia Luján de Portillo, la esposa de un secuestrado, y el teniente coronel Antonio Francisco Molinari, en la que él le dijo: “Señora, no me moleste más”, y le dijo que la Ford le había dado la lista con el logo y el nombre de todos los delegados. O el caso de la detención de Francisco Guillermo Perrotta, delegado de la parte administrativa, a quien fueron a buscar a su casa. “¿Con qué fueron a buscarlo?”, dice Ojea Quintana. “Con el carnet de la empresa.”

Esta articulación, que alienta la hipótesis del énfasis puesto por la compañía para sacarse de encima a delegados, subdelegados y referentes de la fábrica, es el eje de la denuncia. Ojea Quintana señala: “En la participación criminal existen distintos niveles de autoría, todavía no confirmamos nosotros si son partícipes secundarios o coautores porque para nosotros la dirección de la empresa pergeñó esto”.

A lo largo de la causa, el expediente sumó informes periciales de tipo históricos, económicos y sociales hechos por, entre otros, académicos y universidades. El expediente, que estuvo paralizado y estancado durante años, avanzó a partir del ingreso de Vence al juzgado. Una de las medidas mas importantes que tomó fue una inspección a la planta, un pedido que la querella hacía desde hace tres años. “Nos llevó a reconocer los lugares donde estuvimos secuestrados y fue emocionante después de tanto tiempo ir a Ford, de donde salimos como salimos, y reconocer lugares como el quincho”, señala Troiani.

Entre los antecedentes de esta decisión puede leerse el procesamiento en Jujuy de Carlos Pedro Blaquier. Pero en el juzgado dicen que si bien este nuevo tipo de registro jurídico pudo actuar como contexto de lectura, explican que lo que valen finalmente son los hechos y las pruebas. En ese sentido, la jueza, en la resolución, aclara que el pedido de indagatoria se hizo en el marco de una causa en la que ya fueron procesadas autoridades militares, como Santiago Omar Riveros.

Quince días atrás, los delegados se reunieron con Vence para preguntarle por la causa, sobre todo después de ver que expedientes como Jujuy, que empezó más tarde, estaba muy avanzados. Un dato a tener en cuenta es que así como el fiscal federal Federico Delgado en el primer tramo de la causa alentó pruebas, como los pedidos de pericias de académicos e investigadores, el fiscal de San Martín Jorge Sica nunca hizo nada, en una línea de conducta cuestionada por los organismos de derechos humanos que impulsan reclamos de justicia en ese lugar.

Reapertura de la causa del servicio Gerardo Martínez

El juez Rafecas procesa a 7 represores por participar en 19 asesinatos

“Los traslados no eran otra cosa que homicidios”

El magistrado dio por probados los asesinatos no sólo de las personas cuyos restos fueron identificados, sino también de otras nueve que permanecen desaparecidas, pero los testimonios de sobrevivientes las ubican en un “traslado”.

 Por Victoria Ginzberg

El 6 de diciembre de 1978 más de veinte prisioneros de El Olimpo fueron llamados por los guardias por el número y la letra que los identificaba adentro de ese lugar. Les ordenaron hacer una fila y sacarse parte de la ropa. Les aplicaron un supuesto “tranquilizante” y los subieron a un camión, que luego los llevaría a un avión. Les habían dicho que iban a viajar al sur, a un penal o a una “granja de recuperación”. Pero fueron asesinados, tirados al mar en un “vuelo de la muerte”. Los cuerpos de diez de ellos fueron hallados en 2007, habían aparecido en la costa en la segunda quincena de diciembre de 1978 y luego fueron enterrados como NN. El juez federal Daniel Rafecas amplió el procesamiento de siete represores y, en una decisión que implica un avance en la causa, les imputó los homicidios de 19 personas que fueron sacadas de ese centro clandestino ese 6 de diciembre de 1978. La otra novedad del fallo es que da por probados los asesinatos no sólo de las personas cuyos restos fueron identificados, sino de otras nueve que permanecen desaparecidas.

Rafecas tiene a su cargo la causa en la que se investigan los delitos cometidos en el Primer Cuerpo del Ejército. En esta resolución –dictada en el marco de los crímenes de los centros Atlético-Banco y Olimpo (ABO), que tuvieron una continuidad funcional– analiza la práctica del “traslado” como forma de simular el exterminio físico de seres humanos en forma sistemática durante el terrorismo de Estado. Esta nueva línea de investigación, que era reclamada por los fiscales y abogados de las víctimas, ya se implementó en algunos juzgados del interior del país, pero no en los grandes juicios de la Ciudad de Buenos Aires. El procesamiento por homicidio permite obtener condenas a prisión perpetua en los juicios orales. Si los casos son considerados sólo como privaciones ilegales de la libertad y torturas, las penas son menores y por lo tanto los represores cumplen uno de los objetivos por los que eligieron ese método para matar: ocultar las pruebas y garantizar la impunidad de su delito. Por ese motivo, la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado que dirigen Jorge Auat y Pablo Parenti había elaborado un documento en el que fundamentaba jurídicamente la posibilidad de acreditar el homicidio sin el cuerpo de la víctima.

El magistrado señala en su fallo que la desaparición tiene como antecedente el decreto sancionado por el régimen nazi el 7 de diciembre de 1941, conocido como Decreto Noche y Niebla, que habilitaba a la Gestapo a secuestrar y conducir a territorio alemán a todos aquellos considerados peligrosos o enemigos del régimen, donde debían ser alojados en condición de N. N. (por las siglas del decreto) en campos de concentración. Según el historiador Efraim Zadoff, citado por Rafecas, esta orden establecía que todos los que no fueran objeto de ajusticiamiento o pena de muerte sumaria e inmediata por parte de las fuerzas de seguridad “... serían deportados a Alemania, donde desaparecerían sin dejar rastros en campos de concentración o cárceles”. Ante el Tribunal de Nuremberg, el jerarca nazi que firmó el decreto, el mariscal Wilhelm Keitel, buscó justificarse en las órdenes impartidas por Hitler y la invocación del siguiente argumento: “... una intimidación efectiva y duradera sólo se logra por penas de muerte o por medidas que mantengan a los familiares y a la población en la incertidumbre sobre la suerte del reo”.

“Los ‘traslados’ –señala Rafecas– no eran otra cosa que el homicidio, y el garantizar la desaparición del cuerpo de la víctima; las circunstancias narradas y las pruebas acumuladas al presente proceso han dado cuenta de que los mismos no eran otra cosa que un eufemismo, y que encubrían el seguro homicidio de las víctimas.”

A partir de los testimonios de sobrevivientes de El Olimpo y del trabajo del juez Horacio Cattani, de la Cámara Federal, y del Equipo Argentino de Antropología Forense, que permitió la identificación de diez víctimas, Rafecas considera probado que “el 6 de diciembre de 1978 un grupo de más de veinte personas que permanecían ilegalmente cautivas en El Olimpo fueron sacadas de allí, en un ‘traslado’ que significó su asesinato mediante premeditación y alevosía.”

El juez agrega que hay suficientes elementos acumulados para tener por acreditado que hay nueve personas “que integraron el traslado del 6 de diciembre de 1978 y de las cuales no se ha hallado o identificado el cuerpo, que han sido víctimas de homicidio, en las mismas circunstancias de tiempo, modo y lugar en que lo fueron las diez víctimas identificadas”. Así, Rafecas procesó a los represores Juan Carlos Mario Chacra, Pedro Santiago Godoy, Eduardo Angel Cruz, Juan Miguel Méndez, Oscar Izzi, Héctor Horacio Marc y Alfredo Omar Feito como partícipes de 19 asesinatos, aunque no fueron, que se sepa, los autores materiales de los mismos. Citó para ello, el fallo del Tribunal Oral que juzgó crímenes de ABO: “Todos (los acusados) estuvieron a cargo de la custodia y tormento de las víctimas, asegurando su permanencia en la sede del circuito vigente, y llevando adelante las tareas necesarias para que se dieran las condiciones de detención de este centro. Fue así posible que, en fecha 6 de diciembre de ese año, estuvieran en condiciones de que, luego de la preparación que tuvo lugar dentro del sitio, fueran muertas fuera de él (...) Al ser autores de las privaciones ilegítimas de la libertad que implicaron la posibilidad cierta a los ofendidos de ser ‘trasladados’ con destino final muerte, han efectuado, concurrentemente el aporte objetivo imprescindible al hecho de homicidio”.

El Cóndor anidó en el consulado uruguayo

Embajada. Funciona actualmente en el barrio de recoleta. Mujica quiere venderla.

El diputado uruguayo Luis Puig denunció en la Justicia de su país que en la embajada de Uruguay en Buenos Aires funcionó, a mediados de los años ’70, un centro clandestino de detención. Aportó imágenes de tres celdas ubicadas en el subsuelo del edificio.

El Cóndor desplegó sus alas en los lugares más diversos del continente. El plan represivo coordinado por las dictaduras del Cono Sur llevó al paroxismo la eliminación de sus adversarios políticos. Así se entiende el dato que esta semana dio a conocer un diputado del Frente Amplio: el edificio de la Embajada y el Consulado de Uruguay en Buenos Aires habría funcionado como centro clandestino de detención. Así lo denunció Luis Puig ante la Justicia penal de su país: dijo que a través de los testimonios de uruguayos residentes en la Argentina tomó conocimiento de la existencia de tres celdas en el subsuelo del edificio, propiedad del Estado uruguayo, que fueron construidas entre los años 1974 y 1975.
Puig es parte del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), que integra el Frente Amplio gobernante en Uruguay. Presentó la denuncia ante el juez penal Pedro Salazar, en el marco de la causa “Rodríguez Larreta y otros”, relacionada con secuestros y desapariciones de uruguayos en la Argentina. Adelantó que podría formular una denuncia similar ante la Justicia argentina sobre la existencia de un “celdario en el subsuelo del edificio expresamente construido en esos años” para el consulado uruguayo, en avenida Las Heras y Ayacucho. “Hace un mes, residentes uruguayos en Argentina nos comunicaron la existencia de esa cárcel que funcionó entre el ’74 y el ’75. Me trasladé a Buenos Aires y pude comprobar que en el primer subsuelo del edificio hay tres celdas, a las que saqué fotos”. Y agregó: “Los testimonios dicen además que en esa época militares entraban y salían constantemente del edificio sin que se supiera el motivo aparente”.

El canciller de Uruguay, Luis Almagro, ya recibió la información de la denuncia y prometió una investigación administrativa. “Con todas las pruebas que presentamos, ahora estamos a la espera de la citación del juez”, dijo Puig. El legislador describió lo que vio: “Hay tres celdas con rejas de acero y el recinto también tiene puertas de acero”. Y aseguró que la existencia de esa prisión ilegal “era un secreto a voces” en ámbitos de la diplomacia uruguaya.
A mediados de los años ’70, la dictadura instalada en Uruguay había lanzado ya fuertes operaciones represivas contra opositores, con la cooperación de fuerzas militares y policiales de otros países de la región. “Aunque en la Argentina todavía no había dictadura, sí había uruguayos secuestrados y luego fusilados en Uruguay, en el marco del Plan Cóndor”. Puig mencionó el caso de los Fusilados de Soca: cinco militantes tupamaros detenidos-desaparecidos en Buenos Aires el 8 de noviembre de 1974, trasladados ilegalmente a su país y asesinados en la localidad uruguaya de Soca el 20 de diciembre del mismo año. “Siempre existió la duda sobre dónde estaban los detenidos-desaparecidos uruguayos antes de que los represores argentinos y uruguayos utilizaran con ese fin el centro clandestino conocido como Automotores Orletti”. Orletti fue la sede argentina del Cóndor. Por ese taller –hoy sitio de memoria– pasaron cientos de detenidos desaparecidos, muchos de ellos uruguayos.
El diputado destacó que de comprobarse que efectivamente hubo un centro de detención ilegal en el recinto diplomático, un local que depende de la Cancillería uruguaya, quedaría plasmado una vez más el conocimiento que tenía el ministro de Relaciones Exteriores de la época, Juan Carlos Blanco, de los crímenes que cometía el gobierno. “Tenía un centro de detención ilegal en una embajada al tiempo que daba instrucciones a los diplomáticos uruguayos para que negaran la existencia de desaparecidos”, declaró Puig a la agencia EFE.
Juan Carlos Blanco, de 77 años, se encuentra en prisión desde 2006 por varios casos de violaciones a los derechos humanos. Uno de esos casos es el de la maestra Elena Quinteros, que fuera secuestrada en 1976 en los jardines de la Embajada de Venezuela en Montevideo. Ese incidente derivó en la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países hasta la restauración democrática en Uruguay, en 1985. Blanco también fue condenado por los asesinatos del entonces senador uruguayo Zelmar Michelini y del presidente de la Cámara de Diputados del país Héctor Gutiérrez Ruiz, ocurridos en mayo de 1976 en Buenos Aires.

Controlar y eliminar. En esos años gobernaba el país José María Bordaberry. Había ganado las elecciones en 1972, como candidato del Partido Colorado. Un año después disolvió las Cámaras legislativas con la bendición de las fuerzas armadas. Estuvo en su cargo hasta 1976. Después lo echaron. La dictadura duró nueve años más. Bordaberry fue encarcelado a fines de 2006 por diversos delitos de lesa humanidad ocurridos bajo su gobierno dictatorial. Murió un año después, tras las rejas. La dictadura uruguaya no fue tan brutal como la argentina, pero tampoco se quedó atrás. Para imponerse y eliminar toda oposición, las fuerzas armadas recurrieron al terror, el asesinato, la prisión: uno de cada 54 uruguayos pasó durante la dictadura por la cárcel. La tortura también fue un lugar común. Y para ello fueron necesarias las enseñanzas de Dan Anthony Mitrione, un agente de la CIA que adoctrinó a la policía uruguaya. La película Estado de sitio, de Costa-Gavras, se basa en su historia.
Las dictaduras que en los ’70 gobernaban la mayoría de los países de la región necesitaban un armado supra nacional para “controlar” y eliminar a opositores políticos. Así nació el Plan Cóndor, un proyecto criminal de coordinación y enlace entre las fuerzas de seguridad continentales. La idea original había sido del dictador chileno Augusto Pinochet, en el año 1975. Quien primero lo llevó cabo fue Manuel Contreras, jefe de la DINA, la policía secreta del régimen. Luego se fueron sumando los gobiernos militares de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. No faltaron, además, contactos con las fuerzas armadas de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Y el apoyo, por supuesto, de los Estados Unidos.
Estados Unidos no sólo aportó ayuda con armamento, sino a través de la preparación ideológica de los militares de los diferentes países. ¿Cómo? A través de los cursos que se impartían en el Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica, más conocido como Escuela de las Américas. Por allí pasaron, se estima, unos 60 mil militares y policías latinoamericanos. Muchos terminaron siendo dictadores en sus países.
La dictadura uruguaya dejó 38 desaparecidos, según la Comisión para la Paz que funcionó entre 2000 y 2003. Pero en la Argentina se denunciaron otras 182 desapariciones de ciudadanos uruguayos.
El edificio de la Embajada uruguaya en la Argentina se encuentra en el barrio porteño de Recoleta. Recientemente, el gobierno del presidente José Mujica ordenó su venta. Argumentó que apenas tiene utilidad práctica y que es muy caro mantener sus nueve plantas.

Montevideo
Excavaciones por enterramientos clandestinos

La Justicia de Uruguay autorizó que se retomen las excavaciones en un batallón militar en las afueras de Montevideo, en busca de restos de personas desaparecidas durante la última dictadura en ese país (1973-1985). El trámite ante la Justicia había sido cursado por el Poder Ejecutivo después de que la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia obtuviera nuevos datos sobre presuntos enterramientos clandestinos. Los trabajos estarán a cargo de un equipo de antropólogos y arqueólogos contratado por el gobierno. Los restos de varios militantes de izquierda fueron hallados e identificados en los últimos años en el Batallón 14 de Paracaidistas y en otros predios militares como resultado de la remoción de tierras. Durante la última dictadura en Uruguay desaparecieron aproximadamente unas 200 personas. La búsqueda de restos de desaparecidos en el Batallón 14 se enmarca en la investigación abierta por la desaparición de María Claudia García de Gelman, nuera del poeta argentino Juan Gelman, y por la supresión de identidad de la hija de ésta, Macarena Gelman, que le fue arrebatada a su madre al nacer

Por   Raúl Arcomano  -  rarcomano@miradasalsur.com

Vandalismo en la plazoleta Rodolfo Walsh

En Santa Fe el 8N empezó mal. Durante la madrugada se registraron actos de vandalismo en la plazoleta Rodolfo Walsh, el mural que recuerda al periodista asesinado por la dictadura.

Fue inaugurado el 7 de junio y apenas cinco meses más tarde apareció pintarrajeado con aerosol. 
También destruyeron la placa de la plazoleta Rodolfo Walsh, que se había colocado allí en homenaje al periodista y escritor  a 35 años de su asesinato, el 25 de marzo.

“Es llamativo que justo hoy, un día de fuerte contenido político, algunos sectores protagonicen este tipo de hechos intimidatorios que expresan intolerancia y un ataque a los valores democráticos”, señalaron desde la Asociación de Prensa de Santa Fe.

Dos nuevas capturas concretadas: un capitán de la Armada y un policía de Santa Fe

Se trata de Aristóbulo Nicanor Moreira y de José Scilabra

Dos acusados de delitos de Lesa Humanidad cometidos durante la última dictadura militar y que estaban prófugos, el capitán de fragata (R) Aristóbulo Nicanor Moreira y el ex servicio de inteligencia de la Policía de Santa Fe José Scilabra, fueron detenidos hoy por la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Moreira, de 66 años y ex capitán de Fragata de la Armada, fue detenido en su domicilio de la calle Ricardo Gutiérrez al 3000, en el barrio porteño de Villa del Parque, informó el Ministerio de Seguridad. El detenido fue trasladado hasta la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva (U.O.S.P.) Metropolitana, donde se le realizó la correspondiente revisación médica, extracción de fichas dactiloscópicas y muestras de imágenes fotográficas, quedando alojado en calidad de "detenido comunicado", a la espera de la disposición conjunta de los tribunales intervinientes.

Moreira se retiró de las Fuerzas Armadas en 1992 y el último cargo que ocupó fue el de Jefe de Misión Militar, cargo que desempeñó en Angola. Interviene el Juzgado Federal N° 1 de Bahía Blanca, a cargo del juez Eduardo Tentoni, y la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Mario Fernández Moreno.

En otro procedimiento, la Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo a José Scilabra, personal civil de inteligencia de la Policía de Santa Fe, implicado en la causa “Guerrieri” por los delitos de sustracción de bebés y sustitución de identidades durante la última dictadura. Scilabra fue detenido en su domicilio de la calle Isla Soledad al 1000 de la ciudad de Río Gallegos, Santa Cruz. Interviene el Juzgado Federal N° 4 de Rosario a cargo de Carlos Vera Barros.

Lesa humanidad: condenaron a ex funcionario platense

Se trata de Gustavo Vitón, ex director de Control Urbano, a quien le dieron 8 años por su actuación en un centro clandestino de detención de Cipolletti.

Gustavo Vitón, ex director de Control Urbano en La Plata, fue condenado a 8 años de prisión por su accionar en tiempos de dictadura en centros clandestinos de detención de Neuquén y el alto valle de Río Negro. La sentencia se dio a conocer este lunes e incluyó a 13 represores, mientras que hubo ocho absoluciones, en su mayoría de policías rionegrinos.

En el caso de Vitón, su responsabilidad está dada por haber sido interventor militar de la comisaría de Cipolletti, la cual, según se determinó en el juicio, operó como centro clandestino.
Tanto las querellas, la fiscalía y las organizaciones de derechos humanos (como las Madres de Plaza de Mayo y la APDH) manifestaron su descontento con las condenas, aludieron a la poca independencia de la justicia y aseguraron que continuarán con la lucha en las calles. “Esta no es la justicia que queremos“, aseguraron Noemí Labrune, Inés Ragni y Lolín Rigoni. Las agrupaciones, familiares, víctimas y testigos que se acercaron a escuchar el veredicto marcharon hasta el centro en reclamo de justicia.

El juicio fue llevado adelante por el Tribunal Oral Federal de Neuquén y alcanzó a 24 acusados (de los cuales 13 fueron condenados).

La audiencia se puso en marcha minutos antes de las 10 en los tribunales ubicados en calle Carlos H Rodríguez Nº 46 de la capital neuquina con la presencia de 20 imputados.
Vitón, que estuvo presente en la sala, es un militar retirado de 64 años que a finales de la década del 90 fue designado al frente de la oficina de transito de la Municipalidad de La Plata por el entonces intendente Julio Alak.

Esa fue su última excursión en la función pública. Fue separado del cargo luego de que ese mismo año la agrupación HIJOS La Plata realizara un escrache en su casa de avenida 60 y 23. Antes, durante el gobierno de Eduardo Duhalde, en 1996 y 1997 se había desempeñado como gerente de operaciones de la Zona Franca de La Plata.

Según la causa que se ventiló en Neuquén, el por entonces teniente primero Gustavo Vitón estaba a cargo la Compañía “A” del Batallón de Ingeniero de Construcciones 181 en 1976 y tras el golpe de estado del 24 de marzo se le asignó la Jefatura del Área 5.2.1, con asiento en la comisaría 24 de la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro.

Esa seccional, según indica la acusación fiscal, “fue utilizada como centro de detención y tortura durante los primeros meses posteriores al golpe de estado”, y se utilizó antes de la instalación del centro La Escuelita en territorio del Ejército.

Entre otros hechos se lo acusó al ex funcionario platense de comandar un operativo conjunto con la Policía para secuestrar en su propia casa durante una semana a Silvia Noemí Barco quien se encontraba embarazada y a sus dos hijos menores, mientras esperaba la llegada de su marido Norberto Osvaldo Blanco, a quien al término de ese lapso se presentó en la Comisaría de Cipolletti y fue entregado a otro grupo represivo.

En el mismo expediente se precisó que “dos o tres días después del 24 de marzo efectivos militares y policiales allanaron la vivienda de Raúl Sotto en Cipolletti, quien al día siguiente fue detenido en su lugar de trabajo en el Hospital de esa ciudad”.

Tras ser interrogado por la Policía Federal Argentina (PFA) de Neuquén, fue liberado, pero a la semana siguiente lo detuvo la policía provincial de Río Negro y lo llevó “a la Comisaría de Cipolletti, dependencia en la que pudo ver a efectivos militares y donde fue víctima de la aplicación de tormentos psíquicos y físicos”. En esa seccional permaneció hasta el 3 de abril de 1976 cuando fue trasladado a la PFA neuquina. Fue liberado de la Unidad Nº9 del Servicio Penitenciario Federal, ubicada en pleno centro de la ciudad de Neuquén, seis días más tarde.

En el expediente de acusación que comprende a Vitón, también figura el secuestro de Oscar Dionisio Contreras, detenido en su casa de Cipolletti pocos días después del golpe. En la causa se explica que a la víctima “la llevaron a la Comisaría de esa ciudad, lugar en el cual le fueron aplicados tormentos psíquicos y físicos y sometido a interrogatorios, habiendo recuperado su libertad a la semana aproximadamente desde la misma seccional”.

“En tanto –sigue el expediente- , el 28 de marzo de 1976 en horas de la noche, efectivos militares y policiales privaron ilegalmente de la libertad a Ricardo Novero habiendo ingresado violentamente a su domicilio sito en la ciudad de Cipolletti y a quien condujeron a la Comisaría de esa ciudad, donde le aplicaron tormentos físicos y psíquicos, habiendo sido interrogado y sacado de esa comisaría en algunas ocasiones, habiendo permanecido detenido aproximadamente durante dos meses”.

Vitón también está acusado de participar de una serie de operativos conjuntos del Ejército y las Policías Federa y de las provincias de Río Negro y Neuquén realizados entre el 9 y el 14 de junio de 1976, en el que fueron detenidas unas 34 personas.

El territorio. El juicio conocido como “La Escuelita II”, es el segundo por crímenes de lesa humanidad que se realizó en Neuquén. El primer juicio por los delitos ocurridos durante la dictadura militar en el Alto Valle ventiló en 2008 la situación de 17 detenidos – desaparecidos que fueron torturados en ese centro clandestino y condenó a 8 militares.

En este segundo tramo, la investigación judicial planteó como centros de tortura a la comisaría de Cipolletti, la de Cutral Co, la sede de la policía Federal en la ciudad de Neuquén, el centro “La Escuelita”-en los fondos del Batallón- y en algunos casos oficinas de la U 9.

El fiscal y el juez federal de primera instancia vincularon a los 24 militares (sólo 13 fueron condenados) y policías imputados en la causa con delitos cometidos en perjuicio de 39 personas, 6 de las cuales están desaparecidas.

"Primatesta y Aramburu fueron cómplices de la dictadura", dijo el ex sacerdote Delfor Brizuela

Al declarar en la causa por el asesinato de los curas Murias y Longeville
 

La Rioja.-El diputado provincial y ex sacerdote Delfor Brizuela afirmó que los ex cardenales Juan Carlos Aramburu y Raúl Primatesta "fueron cómplices de la dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983" y agregó que monseñor Adolfo Tortolo y monseñor Victorio Bonamín directamente "entregaron gente a los militares". Brizuela declaró como testigo en la causa que se investiga los asesinatos de los sacerdotes Carlos Murias y Gabriel Longueville ocurrido el 18 de julio de 1976 en la ciudad de Chamical, por los que están siendo juzgados los represores Luis Fernando Estrella y Domingo Benito Vera.
"Primatesta junto con Aramburu fueron cómplices de la última dictadura militar en nuestro país, pero lo de Primatesta fue un silencio cómplice, aunque diría que más cómplice que silencio", sostuvo Brizuela.

Precisó que "el caso de Monseñor Adolfo Tortolo y Victorio Bonamín fue peor porque directamente entregaban gente a los militares que estaban a cargo de gobernar el país, en una época en la cual las persecuciones a los sacerdotes, especialmente a los de la pastoral de Enrique Angelelli, eran permanentes".

"El mensaje del obispo Angelelli era un mensaje de liberación, y él y los sacerdotes Longeville y Murias eran
considerados peligrosos enemigos del régimen y del ser nacional, una conceptualización qué se hacía en esos tiempos. Recuerdo que les decían 'los apatriados'", recordó.

Brizuela comentó que "la noticia que le llegó al Papa es que acá había una iglesia ecléctica que no se adaptaba a las reglas".

Periodista denunció amenazas de exmilitar acusado de delitos de lesa humanidad

El reportero del Diario de Cuyo, de San Juan, que cubre el juicio contra siete exmilitares, aseguró que fue amenazado por Gustavo De Marchi.
 
Un periodista de San Juan denunció haber sido amenazado por un exmilitar que está siendo juzgado por delitos de lesa humanidad, con quien dialogó en un baño de los tribunales.

El periodista del Diario de Cuyo Claudio Leiva, que cubre el juicio contra siete exmilitares, aseguró que fue amenazado por Gustavo Ramón De Marchi, acusado de torturas y tormentos seguidos de muerte en cuatro causas que se sustancian en el Tribunal Oral Federal de San Juan desde principio de año.

"Esto no es una amenaza, pero escribí bien, vos tenés familia y en algún momento voy a salir", le dijo De Marchi, según la denuncia, publicada hoy por el matutino en el que trabaja Leiva.

El periodista precisó que la conversación con el imputado se produjo al final de la audiencia de ayer dentro de un baño ubicado al costado de la sala del Tribunal Oral donde se lleva adelante el juicio.

Fue hasta allí, dijo el trabajador de prensa, por pedido de otro de los acusados, Jorge Alberto Olivera, quien le solicitó que siguiera a De Marchi.

Qué habría ocurrido. Una vez que ingresó a los sanitarios, Leiva y De Marchi quedaron solos, sin la custodia policial que debía acompañar al acusado, afirmó el periodista.

En una nota publicada hoy, el Diario de Cuyo interpretó que De Marchi habría intentado "presionar al periodista para que publicara dos escritos que había presentado ante el Tribunal Oral".

Se trata de una solicitud para revocar el patrocinio de la defensora oficial y otro para "oponerse a la incorporación por lectura de testimonios al proceso".

"De Marchi me dijo que venía de una familia de militares honorables y que tiene un primo que también está acusado de los mismos delitos que él", relató hoy Leiva, en declaraciones a Radio Colón de esta capital.

Entonces, De Marchi colocó su mano derecha "sobre mi hombro y, con una leve presión, me dijo ˜esto no es una amenaza pero escribí bien, vos tenés familia, en algún momento voy a salir˜", recordó.

"Fue una situación desagradable, tensa. Nunca había dialogado con los acusados, no es algo habitual para la prensa", relató. Entonces, mientras estaban en el baño, ingresó un agente de la policía federal y De Marchi le dijo "estamos hablando", a lo que el policía respondió que debían trasladarlo al Penal provincial, donde cumple prisión, y el exmilitar le contestó: "ya voy a ir", según relató el periodista.

El periodista presentó la denuncia ante el fiscal general Matías Bermejo.

La muerte aliada de la impunidad, no detendrá la causa de Harguindeguy

El juicio oral por la megacausa por delitos de lesa humanidad cometidos en las ciudades entrerrianas de Concordia, Concepción del Uruguay y Colón, cuyo principal imputado era el ex ministro del Interior de la dictadura, Albano Harguindeguy, quien murió anoche impune, continuará mañana con la última audiencia testimonial.

Según el cronograma fijado por el tribunal oral federal de Paraná antes de la muerte del ex represor, para mañana está prevista la última audiencia testimonial de la "megacausa Harguindeguy".

El miércoles 7 de noviembre, los jueces realizarán una inspección ocular al Escuadrón de Exploración de Caballería de Tanques 2 y a la Unidad penal Nº 2, ambos de Gualeguaychú.

Los alegatos de la querella tendrán lugar el 28 y 29 de noviembre, los del ministerio público fiscal el 5 y 6 de diciembre y los de la defensa el 12 de ese mismo mes.

El juicio, que se inició el 21 de marzo pasado, es el primero que tuvo a Harguindeguy en el banquillo de los acusados, aunque ahora deberá dictarse el sobreseimiento del imputado por extinción de la acción penal debido a su fallecimiento.

La abogada querellante, María Isabel Caccioppoli, reconoció hoy que el proceso contra el ex hombre fuerte de la última dictadura militar "logró reunir pruebas que hubieran sido suficientes para condenarlo a prisión perpetua".

"Tengo un doble sentimiento de sorpresa porque no pensaba que su problema de salud iba a tener este desenlace y de angustia por las víctimas, que han esperado tantos años para llegar a un sentencia, agregó la abogada.

Harguindeguy seguía el debate desde el Consejo de la Magistratura de la ciudad de Buenos Aires, pero en los últimos días no participó de las audiencias debido a que estaba internado por una neumonía.

Según Cacciopoli, durante el debate "quedó claro que (Harguindeguy) era uno de los principales responsables" de los delitos de lesa humanidad registrados en el oriente entrerriano, porque "la patota de la Policía Federal organizada por (el prófugo José Darío) Mazzaferri y Julio Rodríguez fue directamente dirigida por el Ministerio del Interior".

El abogado querellante, Rubén Pagliotto, también lamentó que Harguindeguy sea el segundo de los acusados en quedar afuera del debate", luego del apartamiento que recibió el ex comandante del 2do. cuerpo de ejército de Rosario, general Ramón Genaro Díaz Bessone, debido a problemas de salud derivados de un reciente ACV.

La coordinadora del Registro Único de la Verdad de Entre Ríos, María Luz Piérola, reconoció tener "mucha bronca" por el faleciminto de Harguindeguy, "porque son 40 años de impunidad y queda el sinsabor de que no llegó al ámbito de la sentencia".

"Fueron muchos años de juntar pequeños datos para llegar a esta instancia y que estos tipos se vayan muriendo en total impunidad da el sinsabor de la angustia", completó.

El Estado argentino demandado por mantener juez de la dictadura

"Está probado que fue parte activa del plan criminal de la dictadura" denunció 

Familiares demandó al Estado ante la CIDH a causa de la "escandalosa impunidad" del juez Hooft

(Por Juan Salinas).- La Asociación de Familiares de Detenidos-desaparecidos y víctimas del Terrorismo de Estado anunció hoy en rueda de prensa que se vio obligada a demandar al Estado nacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su calidad de garante que "debe responder por las violaciones que se dan a los derechos humanos en las provincias" ante la "escandalosa impunidad" de la que se viene beneficiando el juez bonaerense Pedro Francisco Hoof."Hooft no es sólo un magistrado que omitió dar curso a habeas corpus y fue cómplice pasivo de la dictadura: fue parte activa de su plan criminal y tendría que estar preso, pero ni siquiera fue suspendido y sigue ejerciendo", sintetizó el abogado Eduardo Salerno, que puntualizó que la denuncia ante la CIDH se presentó el lunes pasado.

En efecto, a pesar de estar sometido desde hace más de seis años a un Jury de Enjuciamiento por "su archicomprobada participación en delitos de lesa humanidad" durante la dictadura, Hooft continua ejerciendo como magistrado en sus pagos de Mar del Plata, como si nada.

"Hijo de un nazi holandés refugiado en la Argentina, Pedro Hooft fue hecho juez por la dictadura, en 1976. Los familiares de los secuestrados en la Noche de las Corbatas, de 1977, lo acusaron de actuar por omisión o por complicidad directa con la privación de la libertad y el asesinato de las víctimas, todos ellos abogados", escribió el periodista Matín Granovsky, que fue presidente de Télam.

Carlos Fernando Díaz, por Familiares, Salerno y el abogado  César Raúl Sivo ­-acaso el mayor experto en las trapisondas del paradójicamente hiperprolijo  Hooft- ofrecieron una rueda de prensa en la sede del organismo, en  la calle Riobamba frente al anexo de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

"Hooft es un símbolo de la impunidad de los civiles que participaron activamente en el genocidio y debe ser destituido de inmediato", dijo Díaz.

Por su parte Salerno se refirió a "la paradoja" de tener que demandar al Estado Nacional, con cuya política de Derechos Humanos acuerda, a causa de la "protección corporativa inaceptable" de la que goza Hooft por parte de la justicia bonaerense. Y es que, explicó, en su artículo 2º el Pacto de San José de Costa Rica responsabiliza a los estados nacionales de garantizar su cumplimento en todo su territorio.

"Esperemos que esta situación se enderece ya sea por parte de la Suprema Corte de Buenos Aires, cosa que no creo que vaya a suceder, o bien por las medidas que pueda adoptar el gobierno nacional a través del Ministerio de Justicia", agregó.

Hooft se benefició del pedido de un recurso federal por parte de la Suprema Corte bonaerense firmado por el juez Héctor Negri, pedido que la Corte Suprema de la Nación "ya dictaminó que fue elevado sin revisar mínimamente si cumplía los requisitos" para ello, siguió diciendo Salerno, "una artimaña que le permitió ganar tres años y ocho meses" en una estrategia que, agregó, resulta evidente que consiste en "matar a la causa por inanición".

Las causas, de acuerdo al comunicado, son las siguientes: "A nivel de la Provincia de Buenos Aires, por incumplimiento de la Constitución; a nivel de la Suprema Corte de la Nación, por la ignorancia que cometió y comete la Corte de la Provincia con su despacho que data de hace 11 meses; y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la falta de justicia en esta causa".

A su turno, César Sivo dijo que Hooft es "un camaleón" que logro mimetizarse en democracia ycuya obra maestra ha sido la formación de una Asociación Argentina de Bioética, de la que es presidente. "Le sirve para tapar el hecho archicomprobado de que iba habitualmente a los centros clandestinos de detención, y qaue cuando se comprobó que había interrogado  a detenidos-desaparecidos en la comisaría 4ª de Mar del Plata, y que allí pedía que le dieran la lista de los prisioneros no registrados, apenas atinó a justificarse diciendo que otros jueces también lo hacían."

Sivo recordó que está probado que Hooft tenía una estrecha relación con Eduardo Cincotta, uno de los jefes de la banda ultrafascista "de niños bien" (Salerno dixit) llamada Concentración Nacionalista Universitaria (CNU), que debutó matando a la estudiante Silvia Filler y que se convirtió en 1974 en una de las patas del terrorismo paraestatal llamado genéricanente " de la Triple A".

A través de Cincotta, Hooft tuvo relación directa, ya en tiempos de la dictadura, como en el ccd llamado La Cacha, establecido en un terreno de la Radio Provincia y utilizado por la Fuerza Aérea, Gendarmertía, la Policía bonaerense y la patota de la CNU, con base en la Universidad Nacional de Mar del Plata, ccd que acaso se haya caracterizado por la violación sistemática de los detenidos desaparecidos,  según investigadores de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

César Sivo recordó que Hooft intervino personalmente para que fueron liberados dos de los detenidos en la redada conocida como "La noche de los corbatas" -con lo que les salvó la vida-  y que previamente a ello tuvo una reuniòn con el jefe de la policía bonaerense, el general Ramón Camps.

Uno de los rescatados de una muerte segura fue obligado a mentir frente a los perioditas que había sido secuestrado por Montonerosx.

Recordó también Sivo que Hooft solía reunirse en la Catedral con un sacerdote de apellido Pérez, quien confeccionaba listas de familiares de los detenidos-desaparecidos, listas que eran entregadas a Camps y al Primer Cuerpo de Ejército, comandado por el general Carlos Guillerno Suárez Mason.

Y que luego de sufrir un ataque a balazos a su domicilio a comienzos de diciembre de 1976, virtualmente se mudó a la Base Naval de Mar del Plata, que albergaba entonces un ccd.

Sivo dijo que está probado que Hooft se prestaba gustoso a montajes como el del supuesto descubrimiento de  una fábrica de explosivos del Partido Comunista Marxista-Leninista para justificar el blanqueo de algunos dirigentes de dicho partido, secuestrados en dicha base,  la mayor parte de los cuales fue seguidamente asesinada.

También se refirió a la estrecha relación que tuvo con el entonces mayor Pedro Alberto Barda, jefe del subzona 15 (Mar del Plata) a efectos represivo, y a su habilidad para mimetizarse al crea una "Comisión de Bioética! que le permitió blanquearse en democracia.

"Hoof es un campeón en ganar tiempo", dijo Salerno, y dio el ejemplo de sus hábiles alegaciones acerca de que los fallos que lo perjudican o bien son "cosa juzgada o bien infringen el Pacto de San Nicolás de los Arroyos", lo que obliga a extensas revisiones. tiempo.

Díaz recordó en nombre de Familiares que la Corte Suprema de la Nación determinó el pasado 20 de diciembre que la Corte Suprema bonaerense debe producir una nueva decisión y que desde entonces pasaron diez meses.

Y añadió que estando claro el objetivo de Hooft de llegar a jubilarse sin ser juzgado para alegar que la causa que se le sigue ha devenido abstracta, se han visto obligados a denunciar al Estado nacional ante la CIDH por "violación a los artículos 2, 8.1 y 25 del Pacto de San José de Costa Rica.

Por último, el Dr. Salerno puntualizó que si bien ha conseguido dilatar mucho la causa, cada vez que la justicia se ha pronunciado en temas de fondo ha sido contra las pretensiones de Hooft,y que a los escépticos que no creen que Hooft pueda ir a la cárcel vale la pena recordar que lo mismo se dijo del fiscal Gustavo Demarchi, jefe de la CNU en Mar del Plata que se había refugiado en Estados Unidos, fue ubicado, encarcelado y extraditado.

"Contra todos los pronósticos, es muy poco probable que Demarchi vaya a salir pronto en libertad", remató.