domingo, 26 de junio de 2016

Informe de la Procuraduría: Hay 537 causas por delitos de lesa humanidad que están activas

Casi la mitad de los detenidos tiene el beneficio de la prisión domiciliaria

Las causas activas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura suman en la actualidad 537, con un total de 2.405 imputados. Se encuentran detenidos, ya cumpliendo condenas o con prisión preventiva, 1.700 procesados, casi la mitad de los cuales tiene el beneficio de la prisión domiciliaria. Así lo informó la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad que encabeza el fiscal general Jorge Auat.
De acuerdo con los datos que publica hoy el sitio web www.fiscales.gob.ar, ya hay 687 condenados y son 856 los procesados, hasta el último 6 de mayo, que fue cuando cerró el informe.

De las 537 causas abiertas, 114 (21 por ciento) fueron elevadas a juicio, otras 249 (47 por ciento) están en instrucción, 162 (30 por ciento) cuentan con sentencia y 12 (2 por ciento) están en juicio oral y público.

A la fecha indicada, los procesos cuentan con 1.070 imputados detenidos: 574 en cárceles, 467 en arresto domiciliario, 8 en hospitales, 7 en dependencias de fuerzas de seguridad y de los 8 restantes no hay datos disponibles.

domingo, 19 de junio de 2016

Dos represores que Intercargo defiende

LA EMPRESA ESTATAL SE NIEGA A SEPARAR A EX MARINOS QUE PARTICIPARON EN GRUPOS DE TAREAS

Como reveló Página/12, Pedro Giromini y Enrique Piaggio fueron designados gerente y subgerente de prevención y seguridad de la operadora de rampas en aeropuertos. Su nombramiento es repudiado por los trabajadores.

  Por Alejandra Dandan

En Aeroparque y Ezeiza hubo protestas contra los nombramientos. 
Intercargo S.A. es la empresa estatal que opera los servicios terrestres de los aeropuertos de todo el país. Página/12 reveló que la nueva gerencia designó como gerente y subgerente de Prevención, Protección y Seguridad a Pedro Eduardo Giromini y Enrique Mauricio Piaggio, dos marinos retirados de la Armada investigados en las causas de lesa humanidad por su accionar durante la última dictadura. La Federación Argentina de Personal Aeroportuario (FAPA) envió una carta de repudio a la dirección de la empresa por los nombramientos. Y hubo agrupaciones que empapelaron Aeroparque y Ezeiza con carteles alusivos: “No queremos represores ni torturadores”, decían. Intercargo S.A. respondió a los trabajadores en una carta en la que respalda la designación de los marinos por su “base a su idoneidad, experiencia y sólidos conocimientos profesionales”, desconoce las investigaciones en curso y dice que Giromini ya había trabajado para Aerolíneas, pero omite que fue despedido durante la gestión de Mariano Recalde. Desde la comisión de Derechos Humanos de Diputados, en tanto, los legisladores del PO presentaron un proyecto de resolución para pedir un repudio del parlamento y la “inmediata remoción” de Giromini y Piaggio.

La nota publicada por este diario en mayo mostró el acta de designación de los dos marinos firmada por el nuevo gerente de Intercargo, el ex Ceo de Techint, Mario Dell’ Acqua. Por otro lado, reeditó información conocida de las causas de lesa humanidad y dio cuenta de los antecedentes que se encuentran en los archivos del Ministerio de Defensa y de Justicia sobre legajos y actuaciones de ambos en las Fuerzas Armadas durante la última dictadura.

De acuerdo a esa información, Piaggio revistó en la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM) de Mar del Plata entre 1976 y 1978, donde funcionó un centro clandestino de detención. En esos años su jefe destacó “su sano espíritu agresivo al servicio de una mentalidad operativa”. Años más tarde, estuvo en otros destinos y elogiado “por haber sido voluntario para participar en operaciones contra la subversión sacrificando momentos de descanso y demostrando gran entusiasmo”. La fiscal del Juicio Oral Base Naval II de Mar del Plata, Mercedes Soiza Reilly, lo señaló como parte de los nuevos nombres descubiertos entre quienes participaron “directamente” de la represión.

Giromini estuvo en Puerto Belgrano y en la Escuela Naval Militar de Río Santiago en Ensenada, donde 40 obreros secuestrados, 9 de los cuales continúan desaparecidos. Giromini revistió ahí entre enero de 1977 y enero de 1978 dentro de la Compañía de Vigilancia y Seguridad, una estructura que contenía a los grupos operativos. El legajo de Giromini también está bajo estudio dado que fue remitido al juzgado 1 de Bahía Blanca en 2008 como manifestó este diario al publicar la noticia.

El 17 de mayo la FAPA envió una carta a Dell’ Acqua recordando que a estos hombres se los acusa de haber participado en la “represión más sanguinaria de la historia argentina”. “Intercargo SA aclara que las personas mencionadas no poseen antecedentes en cuanto a su participación en ningún tipo de delito o accionar contrario a los derechos humanos, aspecto que fue relevado por la empresa al momento de decidir su incorporación”, respondió la compañía a la nota firmada por el secretario de FAPA, Edgardo Llano, sin señalar el origen de los datos que analizaron. “Los señores Giromini y Piaggio han sido incorporados a sus puestos en base a su idoneidad y profesionalismo, contando con vasta experiencia en safety and security aerocomercial en el sector privado”, agregó Intercargo, que “a modo de ejemplo” mencionó que Giromini trabajó como Gerente Corporativo de Prevención, Protección y Seguridad en Aerolíneas Argentinas por más de diez años.

La nota tiene dos datos llamativos. Por un lado, la firma de Dell’ Acqua es distinta a la que apareció en la designación. De acuerdo a fuentes consultadas por este diario, el 20 de mayo el CEO de Intercargo estaba en Estados Unidos y alguién habría firmado en su lugar. Por eso, probablemente la firma está acompañada por un “P/A”. Según una experta en el tema, esto podría dar cuenta de que la empresa le dio tan poca importancia al tema que el nuevo presidente “ni siquiera se ocupó de firmar la nota”.

El otro dato es sobre el pasado de Giromini. El apellido es conocido entre los trabajadores del aeropuerto. Tanto es conocido él, Pedro Eduardo, como su hermano Rodolfo. Los conocen como “los hermanos Giromini”. Hasta 2012, Rodolfo era Jefe de Operaciones de Austral cargo del que fue separado cuando su nombre apareció publicado por su relación de parentesco y de negocios con Jorge Vildoza, segundo del grupo de Tareas de la ESMA, apropiador de Javier Penino Viñas y prófugo de la justicia durante más de veinte años. Cuando la Unidad de Información Financiera (UIF) congeló los bienes asociados a Vildoza, notó que Rodolfo Giromini era socio del marino en American Data y esposo de su hija, Mónica Vildoza. Rodolfo además fue piloto del Ejército entre 1978 y 1983, período durante el cual pasó por el Batallón de Aviación de Campo de Mayo. Luego de la detención de la esposa de Vildoza y del congelamiento de las cuentas de American Data y según fuentes confiables de Aerolíneas Argentinas, la gestión de Mariano Recalde hizo dos movimientos con los hermanos: despidió a Pedro “sin causa” y separó de su cargo a Rodolfo, que aún sigue en la compañía como piloto de Austral. Esos datos que no aparecen entre los antecedentes que menciona la carta de la nueva gestión.

Finalmente, la semana pasada el diputado Pablo López del PO presentó un proyecto de resolución en la Comisión de Derechos Humanos de Diputados en el que pide que la empresa desafecte a los marinos. El proyecto también lleva la firma de los diputados Néstor Pitrolla y Soledad Sosa y plantea el repudio al nombramiento de Giromini y Piaggio “por constituir un atropello a la lucha histórica que vienen llevando adelante las organizaciones de derechos humanos” al “estar denunciados por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar”. Los legisladores del PO también quieren “solicitar a los funcionarios del Estado Nacional que correspondan proceda a la inmediata remoción” y que el “Poder Judicial investigue inmediatamente la participación en los crímenes de lesa humanidad de los denunciados”.

Desde entonces, hubo asambleas y escraches en las paredes de Aeroparque y Ezeiza de parte de trabajadores. También existieron iniciativas de los nucleados en el PTS desde la agrupación el Despegue, que publicó un artículo y distribuyó volantes entre trabajadores y clientes de las líneas aéreas.

jueves, 2 de junio de 2016

EMV y J : Repudiamos el decreto de autogobierno de las FFAA

Las organizaciones del Encuentro Memoria Verdad y Justicia denunciamos el reforzamiento represivo que se oculta detrás del supuesto “reordenamiento administrativo”  del decreto 721 firmado por Macri.

Éste devuelve a las Fuerzas Armadas autonomía para resolver ascensos y bajas, designaciones de personal, traslados, premios, entre otras cuestiones que hasta ahora dependían de Ministerio de Defensa. De esta manera será el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA quien designará a los oficiales y suboficiales del Estado Mayor, a los militares retirados para funciones docentes y a los agentes civiles, a quienes autorizará sus cambios de destino. 

También habilita la incorporación de personal retirado para cumplir “tareas docentes”, cobertura sistemáticamente utilizada para mantener a genocidas dentro de la estructura militar, como fue el caso del contralmirante Roberto Pertusio: acusado desde 2006 por delitos de lesa humanidad, continuó en funciones hasta 2008.

Este decreto sale a la luz tras el discurso pronunciado por Macri en el Día del Ejército. Allí, Macri anunció aumentos de salarios y presupuesto para reequipamiento, pero fundamentalmente reivindicó la participación de las FFAA en el “combate contra el terrorismo internacional”. Es decir, la completa subordinación a las políticas del Departamento de Estado y la DEA norteamericanos y su participación en la seguridad interior. El genocida Cesar Milani, ascendido a jefe del Ejército por el gobierno de Cristina Fernández, aplaudió las palabras de Macri sentado en primera fila.

El decreto de Macri apunta a reforzar la alianza política con la corporación militar, como también lo ensayaron en el pasado otros gobiernos constitucionales ante escenarios de grandes crisis sociales. Hoy, esta alianza tiene la mira puesta en la resistencia popular al ajuste del gobierno nacional y los gobernadores. Lo confirman los sistemáticos ataques policiales y judiciales contra los trabajadores de Tierra del Fuego, Mendoza, Santa Cruz, Santiago del Estero, Jujuy y también en la provincia de Buenos Aires, con la represión a los trabajadores municipales en La Plata y el desalojo de los cortes de ruta de los obreros de Cresta Roja y Mascardi.

Denunciamos el decreto de Macri y también la hipocresía del “control civil” sobre las FFAA, porque éste nunca fue un obstáculo para que siguieran en actividad centenares de responsables de crímenes de lesa humanidad. La prueba está en que un genocida como Milani pudo alcanzar la jefatura del Ejército. En las Fuerzas Armadas todavía revisten miles de oficiales y suboficiales que estuvieron activos durante la dictadura.

Esta política de reforzamiento del Ejército no es rayo en cielo sereno, porque empalma con las leyes anti-terroristas y la participación del Ejército en el “Operativo Escudo Norte” del gobierno anterior.

Cárcel común y efectiva a todos los genocidas por todos los compañeros.
Apertura de los archivos de la dictadura.
Basta de ajuste y represión
Encuentro Memoria Verdad y Justicia