sábado, 23 de marzo de 2013

Presentaron Habeas Corpus por decenas de desaparecidos en Buenos Aires y Mendoza






Para mayor información

La medida llevada adelante por abogados vinculados al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia tiene el objetivo de conseguir datos sobre víctimas de la última dictadura que puedan estar en archivos de diferentes reparticiones del Estado.

 Por Gustavo Veiga

No son los primeros hábeas corpus presentados en democracia ni serán los últimos. Familiares, amigos, compañeros y organizaciones de derechos humanos, reunidos en el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, interpusieron ayer ese recurso por decenas de desaparecidos en dos jurisdicciones diferentes: la ciudad de Buenos Aires y Mendoza. Uno de los objetivos que busca esta acción jurídica colectiva es que “se ordene el acceso a los archivos estatales pertinentes que brinden información a la investigación sobre la desaparición de los nombrados”. Ante el Juzgado Nacional en lo Criminal Nº 7 a cargo de Omar Aníbal Peralta, se elevaron veintidós casos y alrededor de un centenar más en la provincia cuyana. En un comunicado conjunto también se exige “la urgente resolución de la Cámara de Casación Penal del hábeas corpus presentado por Nora Cortiñas solicitando la aparición de su hijo Gustavo”, que antecedió a los que se acaban de conocer.

La medida, definida como “jurídica pero también simbólica” por abogados y militantes que acompañaron los hábeas corpus, busca obtener un pronunciamiento del Estado sobre la condición de los desaparecidos, pero, sobre todo, más información de la que se dispuso hasta ahora. “Muestra de esto es que en los juicios contra los genocidas han sido las propias víctimas quienes han procedido a reconstruir la historia, consiguiendo las pruebas, y el Estado no ha permitido, porque no se ha ocupado de la apertura de los archivos, de dar cuenta sobre el estado de detención de los desaparecidos”, señala Memoria, Verdad y Justicia.

La decisión de este espacio fue difundida por la mañana en un bar de la avenida Callao. Enrique Fuckman, de Ex Detenidos Desaparecidos, fue el único orador. Lo acompañaban familiares y compañeros, distintos dirigentes y militantes de partidos políticos de izquierda como el PO, PTS y MST, del movimiento piquetero y de la asociación Liberpueblo, una de cuyas letradas, Verónica Quinteros, ratificó el hábeas corpus en el Juzgado Nº 7 junto a su colega Liliana Alaniz.

Myriam Bregman, abogada en varias causas por violaciones a los derechos humanos, cuestionó la falta de datos que hay sobre los desaparecidos: “Que se abran los archivos del Estado porque, hasta ahora, la única información que se ha ido constatando fue por goteo y en cada uno de los juicios. Un ejemplo: en el de la ESMA, nosotros demostramos que Rodolfo Walsh no estaba desaparecido y que fue asesinado”.

El hábeas corpus sobre el que ahora deberá resolver el juez Peralta se interpuso por Manuel Alberto Guerra, Eugenio Cabib, Luis Alberto Santilli, Gustavo Grassi, Fernando Sánchez, Jorgelina Avalos, Adolfo Chorni, César Antebi Harari, Nora Hochman de Antebi, Mario Podgaetzky, Oscar Di Dio, Juan Alejandro Barry, Susana Mata, Enrique Barry, Luján Susana Papic, Guillermo Pagés Larraya, Beatriz Pagés Larraya, María Asunción Artigas, Alfredo Moyano, María Frañol, José Fernández Alvarez y Silvia Valenzi.

Los familiares alegan en el escrito que “nuestros padres, hermanos y compañeros son víctimas del delito de desaparición forzada desde la fecha de su secuestro y jamás se ha exhibido ninguna orden que dispusiera la privación de sus libertades y la existencia de procesos judiciales en trámite en los cuales se estuviera determinando la responsabilidad penal de personas en relación a la detención y desaparición forzada de algunos de los nombrados...”.

El hábeas corpus alcanza a la pareja integrada por Juan Alejandro Barry y Susana Beatriz Mata, desaparecidos el 15 de diciembre de 1977 en el departamento de Canelones, Uruguay. La hija del matrimonio, Alejandrina Barry, fue apropiada por militares argentinos y de aquel país vecino. En septiembre de 2010, su historia tuvo gran repercusión porque la joven denunció a Editorial Atlántida. Cuando quedó huérfana, apenas tenía tres años y el grupo mediático la presentó en un artículo como una víctima de sus propios padres. “Si querían que los odiara por abandonarme, consiguieron lo contrario. Empecé un largo camino para conocer e investigar lo que había pasado en los ’70, por qué peleó esa generación”, dijo en diferentes entrevistas.

miércoles, 13 de marzo de 2013

Uruguay: Jueza cita a militares por delitos de la dictadura y sigue adelante

A partir de esta semana declararán indagados por una denuncia por abusos sexuales a 28 mujeres

La jueza penal Julia Staricco seguirá adelante con las investigaciones sobre delitos cometidos durante la dictadura (1973-1985) y dispuso a partir de hoy la citación de militares. A pesar del fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que declaró inconstitucional la ley interpretativa de la Caducidad y adujo que se trata de delitos comunes –no de delitos de lesa humanidad– y que esos delitos prescribieron, la magistrada entendió que no está inhibida de seguir actuando.

Consultada por El Observador, la jueza confirmó la decisión y explicó que la sentencia de la SCJ “rige para el caso concreto y en esta denuncia ninguno de los denunciados presentó recurso de inconstitucionalidad”.

El caso fue presentado el año pasado por el abogado y exjuez Federico Álvarez Petraglia en representación de 28 mujeres que denunciaron violaciones y abusos a mujeres que fueron detenidas en centros clandestinos durante la dictadura.

El primer militar que deberá declarar hoy es Julio Litovsky, quien tenía un cargo de jerarquía en el Regimiento de Caballería Nº 9. Mañana está citado a declarar Héctor Lascano, el jueves 14 será el turno de Asencio Lucero, el viernes 15 de Orosmán Pereyra y el 2 de abril de Ariel Ubillos. En abril también están citados a declarar tres militares ya procesados por estas causas y presos en la cárcel militar de Domingo Arena:  Jorge Silveira (el 1° de abril), José Nino Gavazzo (el 3) y Gilberto Vázquez (el 4). Pero los denunciados son más de 100 militares y policías que cumplían funciones en distintos regimientos militares donde fueron cometidos los delitos, según consta en la denuncia a la que accedió El Observador. Entre esos centros figuran el Regimiento de Caballería Nº 9, el Regimiento de Caballería Nº 4, La Tablada, la cárcel del Pueblo, el Regimiento de Artillería Nº 1, el cuartel La Paloma, el Batallón de Ingenieros Nº 1, Regimiento de Infantería Nº 1, el cuartel de Paso de los Toros, el Batallón de Infantería Nº 5 de Mercedes, Policía de Investigaciones de Mercedes, la cárcel de Paso de los Toros, la Jefatura de Policía de Salto, el cuartel de Infantería Nº 7, el penal de Punta de Rieles, el hospital Militar y la Jefatura de Policía de Montevideo.

La jueza Staricco admitió que es probable que los indagados presenten recursos de inconstitucionalidad, lo que podría interrumpir las citaciones. Si eso ocurre, la jueza deberá enviar el expediente a la SCJ. Pero si no lo hacen, adelantó que seguirá adelante.

Con respecto a los argumentos esgrimidos por la SCJ en la sentencia conocida el 22 de febrero sobre la prescripción de los delitos, Staricco dijo que “oportunamente se valorarán” al tener que dictar sentencia pero no quiso adelantar su posición. El fallo de la Corte no impide a los jueces seguir con las investigaciones, pero determina que al tratarse de delitos comunes estos prescribieron. De acuerdo con esa posición, si algún juez procesara militares, estos podrán apelar y si el caso llega a la Suprema Corte de Justicia es previsible que la corporación ordene el archivo de las causas.

Esta jueza tiene además otros dos presumarios en los que indaga a militares por torturas a hombres, por las que también prevé citaciones. En ninguna de ellas fue interpuesto el recurso de inconstitucionalidad.

Además, la magistrada estimó que tras la denuncia presentada por 28 mujeres se formarán varios presumarios. La jueza explicó que si los separa se podrá avanzar más rápido en la indagatoria y se evitará que si se presentan recursos deba suspenderse la indagatoria.

Delitos menos graves que homicidio

Si los homicidios cometidos durante la dictadura prescribieron en noviembre de 2011, los delitos denunciados en este expediente prescribieron antes, pues la violación y atentado violento al pudor tienen penas menores al homicidio. Por lo tanto, la única manera de juzgar militares por estos hechos es considerar a los delitos como de lesa humanidad, como plantea la denuncia a cargo de la jueza Julia Staricco.
Según sostiene la denuncia a la que accedió El Observador, se trató de “un plan sistemático orquestado por quienes detentaban el poder en forma ilegítima cuya finalidad era la destrucción física, moral y psicológica de las detenidas con particular énfasis en su condición de mujeres”.