jueves, 21 de noviembre de 2013

Acusan a dos agentes del Ejército - Batallón 601- por el secuestro de un estudiante

Uno se llama Carlos Enrique Bernadou, y tiene 60 años; el otro, Juan Manuel Bernasconi, y acaba de cumplir 61. El primero mereció cierta mala prensa a finales de los '90 al ser procesado –sin consecuencias condenatorias– en la llamada "causa de los ñoquis" del Concejo Deliberante, del cual él era funcionario. Semejante contratiempo no lo privó de ocupar en 2010 la vicepresidencia del Comité Capital del radicalismo, ni de ejercer en la actualidad un alto cargo en la Secretaría de Planificación del Consejo de la Magistratura porteño. Bernasconi, en cambio, posee una trayectoria menos pública; vive en Quilmes, es padre de un ex candidato a edil por el massismo y sus quehaceres actuales son de índole comercial. Entre ellos, sin embargo, hay un denominador común: ambos integraron durante la última dictadura las filas del temible Batallón 601 de Inteligencia. Y, además, se los relaciona con la desaparición del estudiante Ricardo Emilio Riobó. Esto último se desprende de una querella que acaba de presentar el abogado Pablo Enrique Barbuto, en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ante el juez federal Ariel Lijo. Se trata de una denuncia que, entre otras aristas, pone al descubierto una trama que merece ser reconstruida: la ofensiva del terrorismo de Estado contra alumnos y docentes de la Universidad del Salvador.
 
LAS AULAS DE JESÚS. A principios de la década del '70, la Universidad del Salvador supo ser una suerte de refugio para estudiantes que, por su militancia, no tenían cabida en la UBA en virtud de la intervención dispuesta por la dictadura del general Lanusse. Tanto es así que, ya en el período previo a la primavera camporista, se desarrollaba en sus aulas un profuso activismo, a través de diversas agrupaciones que se disputaban el control de los Centros de Estudiantes de las distintas facultades.
En la de Ciencias Jurídicas, la Juventud Universitaria Peronista (JUP) –bajo el sello de Bases Peronistas del Salvador (BAPS) y la Juventud Radical (JR) –bajo el sello de la Juventud Universitaria Radical del Salvador (JURS)– se alternaban en la conducción política del alumnado. Los comicios de 1972 habían favorecido a la agrupación peronista y las elecciones de 1974 fueron para los radicales, hasta 1975, cuando la JUP, en alianza con otros grupos, volvió a ganarle a la JR. En aquella ocasión, Riobó –al que sus compañeros llamaban "Manolito"– resultó electo como delegado ante el Consejo Superior de la Universidad. Por su parte, en la lista derrotada resaltaba la figura de un entusiasta dirigente, cuyo apodo era "Pecos". A los 23 años, este presumía ser un sólido cuadro político; era amplio y razonable en sus criterios, ejercía un gran liderazgo entre sus correligionarios y solía confraternizar con militantes de otras corrientes, entre los que estaba Riobó, con quien cultivó una amistad.
En 1974, la Universidad del Salvador protagonizaría un giro institucional, cuando el jefe máximo de los jesuitas, Pedro Arrupe, le ordenó al joven y promisorio consultor provincial de la Compañía, el padre Jorge Bergoglio, transferir aquella casa de estudios a manos laicas. A tal efecto, el actual Papa Francisco depositó su confianza en dos hombres que pertenecían a la organización peronista de derecha Guardia de Hierro: Francisco Piñón, (a) "Cacho", quien pasó a ser rector, y Walter Romero, que fungió desde entonces como un operador de la Universidad en la sombra. Tres años después, esas autoridades académicas le concedieron el doctorado Honoris Causa al almirante Emilio Massera.
Por entonces, pese a los niveles represivos de la dictadura, aún existía cierto activismo en sus aulas, al punto de que radicales y peronistas continuaban en pugna por el manejo del Centro de Estudiantes. Sin embargo, el terrorismo de Estado no se privaría de dar allí una serie de golpes planificados a la perfección. Como si sus hacedores contaran con valiosa información obtenida por fuera de los gabinetes de tortura. En resumidas cuentas, unos 20 alumnos y profesores de la Universidad del Salvador caerían en el agujero negro del exterminio (ver recuadro). En la facultad de Ciencias Jurídicas integran esa nómina el docente Daniel Antokoletz, además de los estudiantes José Luis Casariego, Cristina Turbay y Ricardo Emilio Riobó.
Este último fue secuestrado durante la madrugada del 23 de mayo de 1978 en la casa de sus padres –situada en la calle San Benito 973, de la localidad de Turdera, partido de Lomas de Zamora– por una patota que se identificó como personal policial. El militante de la JUP fue llevado descalzo y con una capucha en la cabeza. Los represores se robaron muebles, electrodomésticos y ropa. Incluso, la de "Chaco"; tal era el apodo del mejor amigo de la víctima, quien solía pernoctar allí.
Chaco y Ricardo se conocían de niños. Ambos habían cursado los estudios secundarios en el colegio San Jorge, de Turdera. En la adolescencia habían sido inseparables y, en el hogar de los Riobó, ese muchacho era como de la familia. En 1977, Chaco trabajaba de chofer en el sindicato junto con su padre. Y dos días antes del secuestro de Ricardo, él había dormido en la casa de su amigo. Desde entonces, nadie en el barrio supo más de él.
El tal Chaco no era otro que Juan Manuel Bernasconi.
Y "Pecos" era Carlos Enrique Bernadou.
 
TOPOS AL DESNUDO. Los nombres de ambos, junto a los números de sus documentos y la categoría bajo la cual prestaban servicios en el Batallón 601 salieron a la luz a principios de 2009, luego de que el Archivo Nacional de la Memoria desclasificara la lista completa de todos los agentes civiles que prestaron servicios en dicho organismo entre 1976 y 1983.
A su vez, sus legajos –a los cuales Tiempo Argentino tuvo acceso– son, por demás elocuentes.
"Carlos Enrique Bernadou, DNI 10.703.784, designado el 1º de agosto de 1977 en 'carácter condicional' (por nota del 29 de julio de 1977), con apodo "Claudio Ernesto Bebilacua", quien fuera confirmado en sus funciones de Agente de Seguridad (subcuadro C2, grado IN14) el 31 de agosto de 1978 y realizó asimismo el Curso DGJE 260/78, recibiendo el título de Agente Especial de Contra Inteligencia. Sus avales para ingresar al Batallón 601 fueron el Ministro del Interior de la dictadura Cívico Militar, Albano Harguindeguy, y el ministro de Gobierno de la misma dictadura en Misiones, Luis Alberto Sarmiento, ambos imputados de crímenes de lesa humanidad. Bernadou-Bebilacua desempeñó funciones hasta el 8 de agosto de 1979."
"Juan Manuel Bernasconi, DNI 10.077.548, quien revistó con la especialidad 'Redactor Dactilógrafo' desde el 16 de abril de 1978 (en carácter condicional) designado por resolución firmada por el General de Brigada Alberto Alfredo Valín, a la sazón Jefe II Inteligencia, siendo luego confirmado con fecha 16 de abril de1979 en el Cuadro 'A', Subcuadro A-2, en la Central de Reunión del Batallón de Inteligencia 601 como 'In 16' por resolución firmada por el entonces Subjefe II Inteligencia Coronel Alfredo Sotera. Bernasconi perteneció al Batallón 601 hasta el 1º de marzo de 1998. Su aval ideológico fue el Coronel Médico Emilio García Pérez, quien indicó que tenían una relación de amistad desde el año 1973."
Este diario mantuvo un diálogo telefónico con Bernadou. Al ser preguntado si perteneció al Batallón 601, dijo: "Puede ser."
–¿Confirma, entonces, su pertenencia a ese organismo?
–No lo confirmo ni lo desmiento.
Luego aseguró: entré al Batallón en 1977. Estuve ahí hasta 1979. Yo tenía apenas 24 años. Estaba en vigilancia. O sea, custodiábamos casas de milicos. En la facultad yo no estaba infiltrado. Yo iba a estudiar; además, militaba en el Centro de Estudiantes. Yo estaba en la Juventud Radical…
–¿Cómo convivía esa militancia con su carácter de integrante de una fuerza represiva?
–Mire, nosotros no sabíamos las cosas que realmente pasaban. Estábamos en pelotas.
–¿De qué modo consiguió que el ministro Harguindeguy fuera su aval para ingresar al Batallón 601?
–Por un vecino, el coronel Brand, cuya esposa era hermana de Harguindeguy.
Luego insistió con que su trabajo de inteligencia nada tuvo que ver con su condición de estudiante en la Universidad del Salvador. Para robustecer dicha afirmación, apeló a su presunta amistad con un alumno desaparecido. Este era nada menos que Riobó. "Fui muy amigo de él. Era un pibe macanudo", fueron sus palabras al respecto.
Luego, se interesó en la querella presentada contra él por la Secretaría de Derechos Humanos. Se le dijo, entonces, que esa denuncia giraba en torno de estudiantes desaparecidos.
–¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus nombres? –quiso saber.
–Ricardo Emilio Riobó es uno de ellos.
En ese instante, apenas musitó:
–¡Pucha! ¡Es el que yo conozco!
Luego se oyó el click que dio por finalizada la llamada.  «
 
La muerte pasó por la universidad del salvador
El 14 de mayo de 1976 desaparecían Mónica Mignone y María Marta Vázquez Ocampo, ambas egresadas de la carrera de Psicopedagogía. El 9 de junio de 1976 era secuestrada Edith Mujica, egresada de Ciencias Sociales. El 12 de junio de 1976 fue asesinada Esperanza Cacabelos de Salcedo, de la Facultad de Historia. El 12 de julio de 1976 fue secuestrado Carlos Raúl Pargas Fleitas, estudiante de Medicina. El 4 de agosto de 1976 desaparecieron José Luis Casariego y Cristina Turbay, ambos ex integrantes de la JUP; el 29 de agosto de 1976, desapareció la ex alumna de Ciencias Sociales María del Carmen Sabino Vidal. El 12 de septiembre de 1976 desapareció otra ex estudiante de Psicopedagogía, Nélida Alicia Calzetta Cattoni; el 24 de septiembre de 1976, la estudiante de Letras Laura Susana Di Doménico. El 28 de febrero de 1977 desapareció Graciela Marina González Marelli de Duarte. El 21 de marzo de 1977 desapareció el alumno de Ciencias Sociales Gustavo Enrique Gaona Arambarri. El 14 de marzo de 1978 desapareció el egresado de Derecho Basilio Pablo Surraco, y el 4 de abril de 1978 su hermano, también estudiante de Derecho, Carlos Adolfo Surraco.
El 23 de mayo de 1978 desapareció Ricardo Emilio Riobó. El 8 de agosto de 1978 desapareció la egresada de Psicología Beatriz Leonor Perosio; el 23 de noviembre de 1978, el alumno de Ciencias Sociales Adolfo Nelson Fontanella; y el 12 de agosto de 1979, el también alumno de Ciencias Sociales Juan Carlos Anzorena. Entre los docentes desaperecidos figura Daniel Víctor Antokoletz, desaparecido el 10 de noviembre de 1976, y Ricardo Néstor Tajes García, secuestrado en diciembre de 1978.
por: Ricardo Ragendorfer

jueves, 14 de noviembre de 2013

El rostro actual del represor Alejandro Lawless, que se escapara desde la puerta de Tribunales (¡¿!?)


La orden fue dictada por el juez Norberto Oyarbide, quien ya la comunicó a Interpol. El magistrado está en contacto con el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca para analizar dónde quedará radicado el legajo de búsqueda. "Esta fuga vuelve a mostrar que estos imputados tienen gente que les da el sustento", dijo el fiscal José Nebbia.

El juez federal Norberto Oyarbide ordenó hoy la captura internacional del militar Alejandro Lawless (66 años), procesado por crímenes de lesa humanidad, quien se profugó ayer en el centro porteño cuando era trasladado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria a la Alcaidía de Tribunales.

En esa causa interviene la Fiscalía Federal N°11, a cargo de Gerardo Pollicita.

Según pudo averiguar Fiscales, el juez Oyarbide y sus pares del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca ya tomaron contacto para coordinar quién continuará con la investigación de la evasión, dado que Lawless se encontraba detenido a disposición de los jueces bahienses que se aprestaban a juzgarlo en los próximos meses.

Lawless, que durante la última dictadura revistó en el Batallón de Comunicaciones 181 del V Cuerpo del Ejército, está procesado en dos causas radicadas en el Tribunal Oral, luego de que fueran elevadas a juicio el 24 de abril y el 23 de julio del año pasado, según se desprende de los registros de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

En la primera de ellas se juzgarán las responsabilidades por los crímenes cometidos en el ámbito de la Armada Argentina. Lawless está imputado por seis casis de secuestros y torturas. En tanto que la segunda está dirigida a establecer las responsabilidades de distintos imputados en el marco del V Cuerpo del Ejército, y Lawless está acusado por 30 casos de de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos y por tres homicidios.

Según informó la Unidad Fiscal de Bahía Blanca, durante 1976 y 1977 Lawless fue parte de la plana mayor del Batallón de Comunicaciones 181 y ocupó sucesivamente las jefaturas de la Compañía de Comunicaciones y Comando y de la Sección Arsenales, dependencias que conformaban aquella unidad militar.

Pese a las graves imputaciones en su contra, la oposición de los fiscales bahienses y los antecedentes evasivos, Lawlees estuvo hasta ayer excarcelado. Aunque su detención había sido ordenada a fines de 2009, recién se pudo dar con él diez meses después, en agosto de 2010, cuando se presentó voluntariamente ante el juez federal de esa ciudad, Santiago Martínez. A los pocos días, sin embargo, el magistrado lo benefició con la excarcelación, de la que gozó hasta ayer durante más de tres años.

Lawless fue detenido ayer por la PSA cuando se presentó a una comisaría de la Policía Federal a la que, por disposición judicial, debía acudir regularmente. La decisión de detenerlo fue adoptada el 5 de noviembre por el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca en la causa por los crímenes de la Armada, luego de que la Cámara de Casación le anulara la decisión de mantener la excarcelación en la causa relativa al V Cuerpo del Ejército. La Cámara de Casación le ordenó al TOCF dictar una nueva resolución debidamente fundada (ver documentos adjuntos).

Según informaron desde la Unidad Fiscal de Bahía Blanca, la fuga del militar ocurrió en la vereda de los tribunales, cuando uno de los dos policías se bajó para realizar un trámite, mientras que Lawless, que no estaba esposado y había quedado con otro custodio y con la puerta abierta del móvil que lo trasladaba, salió corriendo por la calle Lavalle y tomó Talcahuano con dirección hacia Corrientes. Según la versión bajo investigación, los dos policías lo siguieron, pero lo perdieron de vista en la Avenida 9 de Julio.

"Pensemos en lo que sienten en estos casos los familiares y los sobrevivientes. Esta fuga vuelve a mostrar que estos imputados tienen apoyo, gente que les da el sustento. Éste es el sexto prófugo en Bahía. Y el resto, lleva mucho tiempo profugado. Hay que tener plata y logística para ser prófugo. Evidentemente, hay sectores de poder que los apañan", reflexionó el fiscal de Bahía Blanca, José Nebbia.

miércoles, 13 de noviembre de 2013

A 11 años de la Masacre : victoria colectiva , estación ex Avellaneda : Desde hoy: “Darío Santillán y Maximiliano Kosteki”.


11 años después del 26 de junio de 2002, del despliegue represivo de cuatro fuerzas de seguridad en conjunto ordenado por el gobierno de Eduardo Duhalde conocido como la Masacre de Avellaneda, el Congreso aprobó el cambio de nombre de la estación ferroviaria Avellaneda, donde fueron asesinados nuestros compañeros, por el de “Darío Santillán y Maximiliano Kosteki”.
Los familiares de Darío, sus amigos y sus compañeros de militancia agrupados en el Frente Popular Darío Santillán expresamos nuestra alegría porque esta iniciativa parlamentaria que impulsamos desde el 2006 tenga sus frutos. Consideramos que de esta manera  la memoria popular, la dignidad, los valores de la juventud militante que dio la vida por mejores condiciones para nuestro pueblo, son reconocidas de alguna manera.

Consideramos que el cambio de nombre de Avellaneda por “Darío Santillán y Maximiliano Kosteki” es un hecho histórico, ya que la estación donde murieron nuestros compañeros lleva el nombre de los valores que tenemos que tener siempre presentes, llevará el nombre de dos luchadores populares que fueron asesinados en el lugar en una movilización masiva que fue reprimida brutalmente por el gobierno de Duhalde. Darío y Maxi son ejemplo de la juventud comprometida, que con su lucha y su entrega marcaron a miles de hombres y mujeres jóvenes y adultos de nuestro pueblo.

Con la designación oficial del nombre de la Estación como “Darío Santillán y Maximiliano Kosteki” se ratifica lo que hace once años los movimientos populares venimos expresando como pueblo.

El pueblo ya decidió que la estación Avellaneda se llame Darío y Maxi, lo ratifica todos los días y puede verse en el lugar con la diversidad de expresiones allí presentes que hacen alusión a estos dos luchadores. Hoy el Congreso Nacional ratifica lo que ya decidió el pueblo.

Darío y Maxi viven en cada persona que sigue luchando por sus derechos, que se organiza para luchar y transformar la sociedad en la que vive, pensando en el provecho de 40 millones que habitamos este país. Viven en la bloquera donde trabaja su hermano y en el Polo Textil construido por sus compañeros de militancia en la estación donde fueron asesinados, y que ahora llevará sus nombres.

A 11 años de la Masacre de Avellaneda:

¡Darío y Maxi viven en cada lucha cotidiana, de los trabajadorxs y de todo el pueblo, contra las injusticias!

¡Seguimos exigiendo juicio y castigo a los responsables!
MULTIPLICAMOS SU EJEMPLO

CONTINUAMOS SU LUCHA

martes, 12 de noviembre de 2013

Un represor que no llegó a Tribunales: Alejandro Lawless se fugó cuando era trasladado

El teniente coronel retirado Lawless está procesado por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca. Fue detenido ayer a la mañana y horas más tarde logró bajarse del vehículo en el que lo llevaban y se escapó corriendo por Lavalle.

 Por Diego Martínez

El teniente coronel retirado Alejandro Lawless, procesado por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca, se fugó ayer mientras la Policía de Seguridad Aeroportuaria lo trasladaba a la alcaidía de tribunales de Lavalle y Talcahuano. El represor de 66 años, que había estado prófugo en 2010, acababa de ser detenido por orden del Tribunal Oral Federal bahiense luego de reiterados pedidos del Ministerio Público para evitar que llegara a juicio en libertad. El episodio se produjo a poco más de tres meses desde que Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, condenados por delitos de lesa humanidad en San Juan, se fugaron del Hospital Militar Cosme Argerich. Con Lawless son cinco los militares prófugos acusados por su actuación en el terrorismo de Estado en Bahía Blanca.

El represor fue detenido por la mañana y trasladado a la unidad de la PSA en el Aeroparque Jorge Newbery. Desde allí la camioneta de la PSA partió hacia Tribunales. Si bien no hubo información oficial, los datos que trascendieron indican que Lawless no estaba esposado, que logró bajarse del vehículo y que se escapó corriendo por Lavalle. Consumada la fuga, la PSA dispuso el desplazamiento de tres oficiales responsables del operativo y efectuó la denuncia para que los investigue la Dirección de Control Policial, órgano de auditoría externo de la fuerza.

Durante la dictadura, Lawless estuvo destinado en el Batallón de Comunicaciones 181, del que dependían tres pelotones abocados a la “lucha contra la subversión”. Días antes del golpe fue designado jefe de la Compañía de Comunicaciones y Comando, que brindó “apoyo técnico en la búsqueda, escucha y radiolocalización de las bandas HF y VHF” de quienes luego eran secuestrados, según consta en su procesamiento. “En ocasiones en que el subteniente Lawless quedaba a cargo de la guardia de personas privadas de libertad, se acercaba a las víctimas con actitud de conquista sobre las prisioneras”, apuntó el juez Alcindo Alvarez Canale.

La primera orden de captura en su contra, pedida por el fiscal Abel Córdoba, la libró Alvarez Canale en septiembre de 2009. Entonces Lawless decidió esconderse, mientras su abogado Mauricio Gutiérrez, ex auditor del Cuerpo V, presentaba pedidos de eximición de prisión. En febrero de 2010, el Ministerio de Justicia dispuso una recompensa de 100 mil pesos para capturarlo, pero siguió prófugo otros seis meses, hasta el 2 de agosto de ese año, cuando se presentó espontáneamente en el juzgado. Allí le tomaron declaración y tres días después, a pesar de haber burlado al Estado durante casi un año, el juez subrogante Santiago Martínez lo excarceló con una caución de 200 mil pesos. Los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani, reemplazantes de Córdoba, insistieron para que se le revoque el beneficio. El tribunal que integran José Triputti, Martín Bava y Jorge Ferro rechazó el pedido, pero cuando la Cámara de Casación aceptó el recurso de apelación de los fiscales ordenó la detención de Lawless, que encomendó a la PSA.

El más antiguo de los prófugos bahienses es el coronel Aldo Alvarez, ex jefe de inteligencia del Cuerpo V y dueño de la agencia de investigaciones Alsina SRL hasta que la Justicia comenzó a investigarlo. El capitán Miguel Angel García Moreno se benefició con la excarcelación que le obsequió el juez Gustavo Duprat y cuando el TOF ordenó su detención para juzgarlo ya había abandonado su piso de Belgrano. El mismo método aplicó el coronel Carlos Arroyo, que también estaba procesado pero libre y se esfumó ante la inminencia del segundo juicio oral, actualmente en curso, mientras el Ministerio Público reclamaba sin suerte que se le revocara la excarcelación. El cuarto prófugo es el marino Ricardo Joaquín Molina. Lawless es el segundo represor bahiense que se fuga de las narices de una fuerza de seguridad: Julián Corres se escapó en 2008 de la delegación local de la Policía Federal, fue recapturado y murió antes del juicio.