La Tablada : Día 15 del juicio por los desaparecidos de La Tablada

Día 15 Juicio por los desaparecidos de La Tablada

En una nueva audiencia del juicio que busca saber qué pasó con José Díaz, uno de los cuatro desaparecidos de La Tablada, le tocó el turno de hablar al responsable de tanta barbarie. El ex General Arrillaga amplió su declaración, envuelto en la férrea voluntad de negar lo innegable y sostener la impunidad que lo acompañó 30 años. Antes de comenzar, el tribunal le consultó si podíamos registrar su testimonio en formato audiovisual, en vivo, a lo que Arrillaga se negó. (Por El Diario del Juicio*)'..........

Defendamos el Hospital El Cruce - Alerta a pesar de las declaraciones de dar marcha en los recortes

DEFENDAMOS EL HOSPITAL EL CRUCE - SI TOCAN A UNO TOCAN A TODOS

(Imagen : Abrazo a El Cruce)

La junta interna de ATE del Hospital GARRAHAN se solidariza con los trabajadores del hospital EL CRUCE porque el mismo corre peligro de cierre ya que su presupuesto ha sido reducido el 40% y se pretende despedir a cientos de trabajadores y abandonar a miles de pacientes. Los gobiernos de Macri y Vidal siguen las órdenes del FMI, y para bajar el déficit fiscal pretenden cerrar escuelas y hospitales, despedir maestros y trabajadores de la salud. No lo vamos a permitir. Nos ponemos a disposición de los compañeros del Cruce, su lucha es nuestra lucha, y les proponemos coordinar la pelea en defensa del hospital público. El 28 estaremos allí, en el abrazo al hospital.

“Unidad, de los trabajadores. Y al que no le gusta, se jode, se jode”.

Nación y Provincia dieron marcha atrás con el recorte en el Hospital El Cruce, de Florencio Varela

Por ahora y por declaraciones, todo indica que es una batalla ganada en contra del ajuste. Pero no es posible bajar los brazos con los gobiernos nacional y provincial, que han hecho de la poda la política de recortes para ofrecer en bandeja al FMI los servicios públicos destartalados para facilitar la privatización de los mismos, con la consiguiente tergiversación de transformar en "clientes" a los "pacientes". 

El hospital, un centro de excelencia, iba a perder casi el 43 por ciento del presupuesto. A la mañana hubo un multitudinario abrazo al que se sumaron vecinos y pacientes. Por la tarde, los ministros de Salud de Nación y Provincia anunciaron que no habrá poda.

Unas sospechas que no se disipan

La declaración de los gendarmes involucrados en la represión que terminó con la muerte de Maldonado

La investigación judicial por la muerte de Santiago Maldonado suma fojas. Una de las gendarmes confirmó la presencia del funcionario Noceti el día de los hechos. Un mapuche reveló otro rastro detectado por uno de los perros.

Por Adriana Meyer

El informe final de la autopsia de Santiago Maldonado aún no fue entregado a las querellas.

El informe final de la autopsia de Santiago Maldonado aún no fue entregado a las querellas. 

La investigación judicial por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado suma fojas y avanza, no con el ritmo ni en el sentido que desearían los familiares del joven mochilero pero tampoco se disiparon, como pretende el Gobierno, las sospechas sobre la Gendarmería y los propios funcionarios de Cambiemos. De hecho, la semana pasada, durante la ronda de declaraciones testimoniales, la gendarme Romina Gisel Voelkli admitió que el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad Pablo Noceti estuvo en el lugar de los hechos. Además, uno de los mapuches que participó del rastrillaje del río Chubut cuando fue encontrado el cuerpo de Santiago afirmó que minuto antes uno de los perros que participaban del operativo detectó un rastro humano en la orilla de enfrente. En tanto, la justicia se dispone a volver al lugar del hallazgo donde quedaron pendientes varias medidas de prueba tales como la toma de muestras de agua y peritajes de agrimensura. 

Recusaron a un camarista

Interrogada en el juzgado federal de Esquel, la gendarme Voelkli dijo que llegó a la Lof en Resistencia de Cushamen en 31 de julio cerca de las 16, que pasó la noche allí “como voluntaria en el cruce de la ruta 15 y la 40 porque estaban con el tema de tirar piedras, problema de los mapuches con los gendarmes”. Miembro del escuadrón 35 de El Bolsón, la testigo participó de la detención sobre la ruta, ya durante la mañana del 1 de agosto, de Soraya Maicoño, Neri Garay y Nicolás Hernández cuando salían del territorio recuperado para informar sobre la represión pero no pudieron hacerlo porque quedaron seis horas allí incomunicados con sus celulares secuestrados. “Se encontró un par de folletos que se reparten en las protestas, como golpes de Estado diría yo, en contra del gobierno por decirlo así”, expresó la gendarme. Preguntada por la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, si mientras hizo ese procedimiento vio al señor Pablo Noceti, respondió que sí. “En un momento sí, no sabía quién era, supuse que era importante porque venía en un vehículo oficial y pasó hacia el otro procedimiento que estaba en la parte de la tranquera, después volvió, bajó del auto y les preguntó si estaban bien y en qué situación estaban los ocupantes del auto (de los mapuches detenido allí sobre la ruta)”, respondió. Agregó que “se enteró de quién era luego por el noticiero donde mostraron su imagen”. 

El gobierno en principio había negado la presencia del funcionario de Patricia Bullrich, luego lo admitió pero dijo que sólo pasó a saludar, hasta que PáginaI12 detectó que estuvo en el lugar cerca del mediodía del 1 de agosto, y volvió a pasar cerca de las seis de la tarde. Los peritajes del celular de Noceti solicitados en la causa hace meses por la Procuración de Violencia Institucional para que sus llamadas sean cruzadas con las de los gendarmes y con las del ex juez del caso, Guido Otranto, son de las tantas medidas que siguen pendientes. Noceti habría dicho en su despacho a los gritos que antes de entregar su teléfono a la justicia prefería romperlo, según publicó el periodista Ricardo Ragendorfer.

Entre las otras tres gendarmes que declararon estuvo Yanina Saldaño, encargada de la toma de imágenes, quien dijo no haber hecho nunca un curso de fotografía, y que la cámara oficial estuvo también en manos del sargento Orlando Yucra, quien sacó fotos al gendarme herido Emmanuel Echazú. “En un momento, cuando una piedra pasa cerca de mi cabeza y por no tener indumentaria de protección dejé de filmar porque me asusté”, fue la explicación de Saldaño sobre las incompletas filmaciones de la Gendarmería. Luego relató que ella también fotografió a Echazú, “que estaba cerca del río”. En coincidencia con los relatos mapuches, Saldaño dijo que el camión Eurocargo estuvo todo el tiempo en el predio, junto a una camioneta blanca, y otra camioneta que ingresaba y salía.

El perro Milo 

El cuerpo de Santiago Maldonado fue encontrado por un buzo de la Prefectura Naval, con la intervención de perros entrenados en la detección de restos cadavéricos que reaccionan ante la presencia de dióxido de carbono en el agua. Mientras los bomberos voluntarios que los acompañaban en aquel rastrillaje se adjudicaron el logro, fuentes de la causa afirmaron que el mérito fue del suboficial Rodolfo Altamirano. Lo que no se sabía, y quedó revelado en la causa es, que poco antes del hallazgo uno de los perros marcó un rastro humano a unos 300 metros de ese lugar. Así lo relató en su declaración testimonial Fernando Jones Huala, una de las personas que acompañó al equipo de 22 prefectos y policías durante el operativo del 17 de octubre en la comunidad mapuche en Resistencia de Cushamen. “Fuimos caminando río abajo y transcurridos 400 0 500 metros aproximadamente, (el bombero Alfredo) Roncoroni se me acercó y me dijo: ‘Fernando, los perros están marcando rastros’”, sostuvo uno de los seis hermanos Jones Huala.

La fiscal María Guadalupe Gómez, que reemplaza a Silvina Avila, le preguntó si sabía qué tipo de rastros seguía el perro. “Al principio, cuando Roncoroni nos explicó cómo íbamos a trabajar, nos dijo que buscaba rastros de personas muertas. Pero en el momento en que me dice que el perro (Milo) estaba marcando un rastro de personas, me dijo que depende de lo que encuentre tiene una forma de marcar qué tipo de olor encuentra. Gómez quiso saber por qué no siguieron el rastro, a lo que Jones Huala respondió: “No sé, el que dirigía el trabajo era Roncoroni”. El lugar de esa marcación fue a unos 300 metros del sitio donde poco después fue encontrado el cuerpo de Maldonado. Tras la declaración de Jones Huala, en un grupo de los investigadores quedó la sospecha de que los perros captaron el olor de Santiago porque su cuerpo pasó por esa zona, lo que habilitaría la posibilidad de que haya sido arrojado río arriba el mismo día que desapareció. 

Según la reconstrucción realizada por Agencia Cadena del Sur, los gendarmes que llegaron al río no hicieron mención de Echazú, y tuvieron varias contradicciones entre lo que declararon ante Daniel Barberis, director de Violencia Institucional del Ministerio de Seguridad, y sus dichos en la justicia. No está claro aún cuántas veces disparó al río Darío Zoilán, a quién arrojó las piedras Neri Robledo, por qué hubo dos gendarmes que quisieron meterse al río y recibieron la orden de no hacerlo y qué papel jugó Pablo Escola, segundo jefe del Escuadrón 36 de Esquel, que observaba todo desde la pendiente.

Santiago y Rafael

La semana pasada también declaró el docente Eduardo Pastorini, quien acudió el 1º a solidarizarse por la represión pero negó haber estado el 31. “Salieron dos artículos en el diario Clarín con noticias absolutamente falsas, me indicaban a mí diciendo que era una de las personas que estaba ahí, pero es falso, el 31 fue lunes y estaba cursando en el profesorado”, declaró. 

De las testimoniales sigue participando el abogado Lionel Castro, que en teoría representa a Echazú, pero este gendarme no está formalmente imputado sino que logró ser tomado como parte mediante una presentación espontánea que hizo cuando trascendió que la justicia pretendía establecer el origen de las heridas que recibió aquel día. 

A cuatro meses de la desaparición de Santiago, aunque fue confirmado por los peritos de partes que murió por asfixia por sumersión en el río, por hipotermia, y que su cuerpo no habría salido durante casi 80 días del agua, el informe final de la autopsia aún no fue firmado ni entregado a las querellas. La familia requirió el peritaje de los elementos encontrados en los bolsillos de su pantalón, el juez hizo lugar pero aún no hay resultados.

Los asesinos que “podían no saber”

 La Cámara Federal liberó a ocho policías acusados de crímenes de lesa humanidad

Los jueces Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia confirmaron los procesamientos de los acusados pero señalaron que podían desconocer que estaban cumpliendo una orden ilegal. Se trata de policías que participaron en operativos que terminaron en asesinatos.

Por Alejandra Dandan

(imagen : Los jueces de la Cámara Federal Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia.)

Primero fueron las absoluciones en Catamarca por el regreso de la teoría de los excesos. Luego llegaron las del Operativo Independencia por el “error de prohibición” que exculpó a militares por el decreto de aniquilamiento vigente antes del golpe. Ahora, un fallo de la Sala I de la Cámara Federal integrada por Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia despierta un nuevo estado de alerta. Los mismos jueces que negaron la excarcelación de Julio De Vido ordenaron la libertad de ocho policías de Coordinación Federal y Seguridad Metropolitana procesados por haber cometido los crímenes más aberrantes entre 1976 y 1977. Para hacerlo, cambiaron la jurisprudencia de las causas de lesa humanidad. Uno de los argumentos dice que los policías pudieron no saber que iban a cometer los hechos, una línea que parece alentar la vuelta de la obediencia debida. Y si bien los jueces confirmaron los procesamientos, las excarcelaciones son un mensaje al resto de los juzgados. Entre los liberados está el entonces teniente de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, Alfredo Hugo Vidal, famoso como Poroto Vidal y parte de la banda de Comisarios que a fines de los ‘80 secuestró a Mauricio Macri.

Para construir esta postura, Bruglia y Ballestero trabajaron tres argumentos. 1. Que la mayor parte de los policías no tiene antecedentes en otros casos; 2. que los policías pudieron no saber, porque las comisarías tenían un doble rol: uno legal y otro ilegal y clandestino; y 3. la falta de sistemática: que los tres hechos en análisis podrían ser aislados o salen de lo sistemático del plan criminal de la dictadura que contempló el secuestro, la tortura para obtener información y la desaparición. Y que no tenía como práctica –según los jueces– homicidios a cielo abierto. En sus palabras, “debe destacarse que los presentes casos concluyeron con el homicidio de todos los habitantes de las fincas allanadas, lo que los diferencia de la estrategia que el mentado plan tenía establecida para la lucha antisubversiva, basada en el secuestro y tortura de aquellos rebeldes con la finalidad de extraerle toda la información posible que permitiera nutrir el aparato de inteligencia”. También señalan, sobre la participación de los policías que, “de acuerdo al ‘doble rol’” de las comisarías, “la sola circunstancia de estar destinado en una dependencia legal donde paralelamente funcionó un centro clandestino no es el único aspecto del cual se pueda inferir el aporte de una persona al plan criminal, como así tampoco que su intervención concreta en un procedimiento lo sea en favor de éste”. Y subrayan: “En consecuencia, resultará relevante poder determinar que la participación de cada imputado en los acontecimientos no estuvo enmarcada únicamente en una actividad regular propia de la fuerza, sino que existió un ‘plus’ en cuanto al efectivo conocimiento de la ilegalidad de la orden”.

La causa tramitó en primera instancia en el juzgado de Daniel Rafecas, uno de los jueces más cuidadosos con las imputaciones. Es un análisis de tres hechos descubiertos en una primera investigación sobre los documentos de los Consejos de Guerra. En las tres casas se probó que los disparos provocaron la muerte de todas las víctimas cuando se encontraban indefensas, algunas de las cuales recibieron más de diez disparos y todas fueron fusiladas o rematadas. En los operativos intervinieron dos grupos de la Policía Federal Argentina: un grupo del Departamento de Sumarios -área operativa– de la Superintendencias de Seguridad Federal y otro grupo de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la que dependían las comisarías. Para quienes trabajaron en la causa, la interpretación de Cámara es completamente nueva y muy rara. “Claramente las víctimas eran parte del colectivo que la dictadura había identificado como ‘subversivos’ y para ellos merecían ser objeto de la represión ilegal. Unos eran de Montoneros y otros del ERP”.

La decisión se conoció la semana pasada y generó un alto grado de preocupación entre querellantes. Primero, porque no está controvertida la prueba, dado que los homicidios están probados. Segundo, porque libera a quienes el abogado Pablo Llonto define como imputados de gravísima peligrosidad. Tercero, por el filón de la obediencia debida. En este caso, la resolución dice que no está claro que los policías sabían la entidad del hecho que estaban cometiendo. Pero ocurre poco después de un fallo del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia que en septiembre absolvió a cuatro acusados luego de probar los hechos y declararlos de lesa humanidad pero considerar que los acusados cumplieron órdenes. Por último, este fallo preocupa por los posibles efectos en el cortísimo plazo. Leopoldo Bruglia, además de camarista con poder en ascenso en Comodoro Py, aún integra el Tribunal Oral Federal 5 a cargo del Juicio ESMA III. El megajuicio por los crímenes ocurridos en uno de los centros clandestinos más importantes del país culmina el próximo 29 de noviembre. Allí están en debate las responsabilidades de 54 personas por 798 hechos, y por primera vez se juzga responsabilidades de cinco imputados en los vuelos de la muerte. ¿Qué hubiese pasado en el juicio anterior si este criterio hubiese estado vigente con casos como el crimen de Rodolfo Walsh, asesinado en San Juan y Entre Ríos antes de llegar al centro clandestino? En este caso, los policías de la SM concurrieron a una de las casas luego de una orden emanada del Primer Cuerpo del Ejército. Los problemas no terminan ahí. La ESMA –como las comisarías y otras tantas estructuras operativas de la represión– también mantuvo una doble función en la dictadura. Mientras funcionó como centro clandestino de detención, tortura y exterminio permaneció abierta como escuela para suboficiales de la Armada. Lo mismo sucedió con estructuras de la Armada de las que dependió el abastecimiento de aeronaves. Por eso, todo esto significa que además de los enormes desafíos jurídicos que ya plantea este tramo del juicio por la falta total de sobrevivientes de los vuelos para probar las imputaciones de pilotos y navegantes, la sola invocación a una doble función podría estar anticipando la vocación de buscar todo tipo de argumentos para habilitar una lluvia de libertades o absoluciones.

Entre los liberados, además de Vidal, se encuentran: el oficial Inspector Rafael Oscar Romero, subinspector Daniel Pablo Amarillo, sargento 1° Manuel Luis Ichicovich, los cabos 1ro. Juan Adolfo Ríos y Osvaldo Néstor González, Miguel Olarte y el entonces comisario Inspector Alberto Mattone.

Comunicado de Prensa : Verdad y Justicia por Santiago Maldonado !

COMUNICADO DE PRENSA

Verdad y Justicia por 

Santiago Maldonado!

En el marco del estado de alerta y movilización del Encuentro Memoria Verdad y Justicia, a 3 meses de la desaparición forzada de Santiago y luego del doloroso hallazgo de su cuerpo en el río Chubut, convocamos a todas las organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, de trabajadores , de derechos humanos, y al pueblo en general a movilizarnos en forma conjunta el miércoles 1° de noviembre, en Plaza de Mayo y en todas las plazas del país contra la impunidad y el encubrimiento del gobierno y para exigir verdad y justicia.

ENCUENTRO MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA

24 de octubre DE 2017

Asamblea Pachamama Uruguay : "Todos somos Santiago"

JUEVES 26, HORA 8 AM: UNA PERFORMANCE POR SANTIAGO

En el marco de las sesiones de la Comisión Interamericana de DDHH en Montevideo, donde el jueves participarán altos funcionarios del gobierno argentino y familiares de Santiago Maldonado, realizaremos una performance bajo la consigna "Todes somos Santiago".

Concentraremos en Plaza 1º de mayo, contra Gral. Flores y Agraciada. Vestiremos de negro, con capucha si es posible, y portaremos máscaras con el rostro del compañero asesinado en Chubut. Como las máscaras se están "fabricando" en estas horas, solicitamos a quien desee sumarse nos confirme por privado a efectos de reservarle una.

La idea es que tanto los altos funcionarios del gobierno argentino (que tal vez vienen a Montevideo tranquilos por creer que este es territorio "neutral") como los familiares de Santiago, sepan que la solidaridad y la indignación ante el asesinato del compañero, trascienden fronteras y banderas.

La tierra se defiende y cada compañero es parte de ella!

Asamblea Pachamama Uruguay

Masiva concentración en plaza de Mayo a 2 meses de la desaparición forzada de Santiago Maldonado

 Al cumplirse dos meses de la desaparición forzada de Santiago Maldonado durante la represión del 1º de agosto al Pu Lof Cushamen, que realizó Gendarmería Nacional hacia los integrantes de esta comunidad mapuce, compartimos nota con Sergio su hermano mayor, junto a las imágenes de la multitudinaria concentración en Plaza de Mayo. Reproducimos el comunicado emitido por la familia del joven desaparecido, por el que se movilizan cientos de miles en todo el país y en muchas ciudades del mundo también, bajo la consigna 

¿Dónde está Santiago Maldonado? Por ANRed.

Multitudinaria concentración en Plaza de Mayo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como también en más de 100 plazas de todo el país. En distintos horarios se realizan manifestaciones en otras partes del planeta.

Organizaciones sociales, de derechos humanos y políticas acompañan a la familia de Santiago a dos meses sin respuestas por parte del Estado y el Poder Judicial.

Mientras se llenaba la Plaza de Mayo, la pantalla del escenario reproducía adhesiones de personalidades de distintas ramas artísticas, de derechos humanos y familiares de Santiago.

También se pidió por la libertad de Milagro Sala ante la revocatoria de la prisión domiciliaria, por la libertad del referente wichí Agustín Santillán, detenido en Formosa, y por el lonko mapuce Facundo Jones Huala en Chubut y de todos presos/as políticos/as.

Con la llegada al palco de las Madres de Plaza de Mayo, integrantes de organismos de derechos humanos y los familiares de Santiago (Stella Maris Peloso, la madre visiblemente emocionada), comenzó a sonar la canción que Germán, uno de sus hermanos, le dedicó.

Palabras finales de Sergio Maldonado

Reproducimos comunicado de la Familia

Hoy se cumplen 2 meses de la desaparición forzada de Santiago Maldonado durante el operativo de la Gendarmería Nacional en la Pu Lof de Cushamen, en la Provincia de Chubut.

Agradecemos todas y cada una de las innumerables muestras de solidaridad y el apoyo de todas las personas, que en nuestro país y en el mundo , siguen reclamando día a día por la aparición con vida de Santiago.

El reclamo por la desaparición de Santiago no es un acto político ni partidario: es un grito por uno de los derechos más fundamentales, es algo que nos involucra a todos.

Durante estos sesenta dolorosos días, el Gobierno Nacional no nos ha dado ninguna respuesta sobre la pregunta que millones de personas se hacen: “¿Dónde está Santiago Maldonado?”.

El Ministerio de Seguridad ha desviado la investigación; a través de la Gendarmería ha hecho espionaje de forma ilegal sobre los familiares de Santiago, ha presupuesto hipótesis falsas y sólo ha intentado desprestigiar a Santiago y su Familia. Nunca se trabajó seriamente en investigar a la única fuerza de Seguridad que se encontraba el 1ro de Agosto en el lugar: La Gendarmería Nacional.

Esta actitud del Gobierno no hace más que reforzar la única hipótesis posible: la desaparición forzada de Santiago en manos de Gendarmería Nacional.

Lamentablemente se han perdido dos valiosos meses en la búsqueda de la verdad. 

Por esto exigimos una respuesta urgente del Estado Nacional y la renuncia de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

Seguiremos luchando por el profundo dolor que sentimos.

Aparición con vida de SANTIAGO,

VERDAD Y JUSTICIA POR SANTIAGO.

Transmisión en vivo desde plaza de Mayo:

https://www.facebook.com/AgenciaANRed/videos/1440155886068532

Paso de los Libres: El Intendente Tarabini, ordenó destruir trabajos escolares sobre el terrorismo de Estado

El intendente de Paso de los Libres, Raúl Tarabini, ordenó destruir trabajos que realizaron chicos de 6 a 17 años sobre el terrorismo de Estado

Por Oscar Castelnovo

APL) Esta Agencia puede afirmar de acuerdo a fuentes inobjetables que mantendrá en reserva, que el intendente Tarabini envió a empleados del municipio a destruir y tirar a la basura

Indignación
Al comienzo de la misiva, los compañeros le dicen a Tarabini: “Nos dirigimos a usted para manifestar nuestra profunda indignación ante la violenta situación vivida ayer en horas de la tarde. Después de tener una entrevista con usted y de organizar en forma conjunta la programación por la “Semana de la Memoria” y que nunca se manifestara que la muestra “molestaría” a otras actividades como ser las patronales a desarrollarse el 20 de marzo. Al ingresar al salón nos encontramos con todos los trabajos seleccionados, realizados por más de 100 alumnos de distintas instituciones de la localidad, por niños de 6 a 12 años que trabajaron en sus aulas con cuentos prohibidos por la dictadura y jóvenes de 13 a 17 años que trabajaron con letras de temas musicales prohibidas por la dictadura, en su gran mayoría fueron arruinados y rotos, además de ser tirados como basura”.

Más adelante, la Comisión expresa en el escrito: “Es una forma de ultrajar el trabajo comprometido de niños y jóvenes que estudian los principios fundamentales de la democracia. Empleados municipales manifestaron que fueron retirados en forma violenta porque los mismos “molestaban” a los militares que concurrieron al desayuno de las fiestas patronales de San José, no podemos entender que hombres, que ocupan altos cargos públicos en la sociedad de Paso de los Libres no comulguen con los principios democráticos que tan ejemplarmente representaron nuestros alumnos”.

Repudio
Finalmente, la Comisión indica a Tarabini: “Ante tan grave situación institucional adjuntamos fotografías de los destrozos y notificamos que la misma será suspendida y retirada. Informaremos de la situación a las escuelas que con tanto compromiso trabajaron, pidiendo profundas y vergonzosas disculpas. Como explicar que los trabajos de los niños molestan a militares de la democracia? Estamos enseñando a nuestros niños y jóvenes los principales valores de respeto a los valores democráticos y sus trabajos son tirados a la basura. Profunda contradicción que no queremos permitir y que repudiamos enérgicamente”.

A la vez, a esta Agencia le fue revelado que quien puso en marcha el valiente “Operativo destrucción de trabajos infantiles” fue el secretario privado de Tarabini, Omar Miranda quien cumplió tareas de espionaje desde la SIDE, durante la última dictadura cívico- militar.

los trabajos de una muestra organizada conjuntamente con la Comisión por la Memoria Histórica de Paso de los Libres. La razón fue que miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad concurrieron a un desayuno de honor a San José, patrono de la ciudad, realizado ayer en el mismo salón donde estaba la muestra y se vieron ofuscados con tanta verdad. Las producciones de los chicos y adolescentes están basadas en textos prohibidos durante la dictadura cívico-militar cuyos autores fueron perseguidos..A la vez, a esta Agencia le fue revelado que quien puso en marcha el valiente “Operativo destrucción de trabajos infantiles” fue el secretario privado de Tarabini, Omar Miranda,quien cumplió tareas de espionaje en la SIDE, durante la última Tiranía. Por su parte, la Comisión envió una carta la titular de Ejecutivo municipal que reproducimos más abajo Contacto: Alejandra Mumbach 3772528495.

El sobrino de Von Wernich es el director de DDHH del Servicio Penitenciario Bonaerense

Guillermo Von Wernich, sobrino del ex capellán de la Bonaerense condenado por haber colaborado con la dictadura, ocupa un cargo jerárquico en la estructura penitenciaria.

Un área del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) está presidida por un familiar de un represor de la última dictadura cívico-militar. Se trata de la Dirección de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, que está a cargo de Guillermo Von Wernich, sobrino del ex capellán de la Bonaerense que fue condenado por su participación en crímenes de lesa humanidad.

El sobrino del represor fue designado por Fernando Díaz, el ex jefe del organismo que semanas atrás fue desplazado por el gobierno de María Eugenia Vidal en medio de cuestionamientos de entidades de derechos humanos por las condiciones de tortura y hacinamiento en las cárceles y por su imputación en una causa por corrupción.

Christian Von Wernich, tío de Guillermo es sacerdote y ex capellán de la Policía provincial que en 2007 fue condenado a reclusión perpetua por su participación en casos de privación ilegítima de la libertad, torturas y homicidios en los centros clandestinos de detención del "Circuito Camps", que dependía del ex jefe policial Ramón Camps

La causa penal sobre los bastonazos

El expediente judicial que se abrió por la represión policial contra estudiantes y docentes.

De los documentos judiciales se desprende que el ataque a la comunidad académica de la UBA, el 29 de julio de 1966, fue organizado y dirigido en persona por el general Mario Fonseca, entonces jefe de la Policía Federal. Pese a la denuncia del decano Rolando García y a los testimonios recabados, los acusados fueron sobreseídos.

 Por Guido Lichtman

La lectura de la causa penal iniciada hace cincuenta años con motivo de los incidentes registrados durante la llamada “Noche de los Bastones Largos” permite inferir que la sangrienta represión desplegada por la policía dentro de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires contra estudiantes y profesores formó parte de la “Operación Escarmiento”, urdida por el entonces jefe de la Policía Federal, el general Mario Adolfo Fonseca, una de las personas más influyentes del gobierno dictatorial del general Juan Carlos Onganía.

El viernes 29 de julio de 1966 se había publicado el decreto-ley 16.912 por medio del cual Onganía anulaba el gobierno tripartito de la universidad y subordinaba al Ministerio de Educación de la Nación a las autoridades –rectores y decanos– de las ocho universidades nacionales, a quienes otorgaba 48 horas para aceptar su nombramiento como interventores.

Rolando García, el decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, cuya sede quedaba por entonces en la Manzana de la Luces, decidió rechazar la intimación, al igual que el resto de la comisión directiva.

Ese mismo día, cuando la intervención de la universidad era un secreto a voces, García les dijo a un grupo de estudiantes que lo iban a tener que “sacar a palos” del edificio de Exactas. Y así fue.

Aquella noche, bautizada luego como de Los Bastones Largos, la Guardia de Infantería de la Policía Federal ingresó y reprimió a alumnos y profesores en las facultades de Filosofía y Letras, de Ingeniería, de Arquitectura y, especialmente, de Ciencias Exactas.

En esta última facultad, el operativo contó con cinco carros de asalto, una autobomba y un centenar de agentes de Infantería. Los heridos por los bastonazos policiales fueron más de cien y hubo cerca de 150 estudiantes detenidos que fueron distribuidos en las comisarías 1ª, 2ª, 4ª y 22ª de la Capital Federal.

García, quien esa noche recibió palazos en la cabeza y al cual le fracturaron un dedo, estaba convencido de que el operativo en Exactas había sido liderado por el jefe de la Policía Federal en persona, el general Fonseca.

Días después de la represión, y con el patrocinio del abogado Carlos González Gartland, García se presentó como querellante en la causa penal iniciada a raíz de lo ocurrido en la Facultad de Exactas y acusó a Fonseca y a sus subordinados por los delitos de lesiones graves calificadas en razón de la alevosía y el ensañamiento empleados durante la represión policial.
Los paraguas asesinos

La denuncia tenía pocas probabilidades de prosperar y así se lo habían hecho saber a García diferentes abogados con los que consultó antes de llegar a González Gartland.

Antes de aceptar el pedido, González Gartland le dijo: “Usted está mal de la cabeza. ¿Hacerle un juicio a Fonseca, uno de los cuatro generales que dirigen el país? Usted está loco… pero, peor aún, se ha encontrado con otro loco: vamos a iniciarle juicio a Fonseca”.

La causa se radicó primero en el entonces Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal n° 3, a cargo de Jorge Alberto Aguirre, pero años más tarde pasó al Juzgado Criminal de Instrucción N° 12, de Raúl de los Santos.

Cuando presentaron la querella, González Gartland y García se encontraron con un acta inicial, firmada por el comisario Osvaldo Raúl Zotta, titular de la seccional 2ª, y según la cual el accionar policial parecía salido de un libro de cuentos.

Allí constaba que la policía había ingresado al edificio de Exactas, en Perú 222, porque desde el interior del edificio, que tenía sus puertas cerradas, se arrojaban pedazos de sillas y bancos, y se oían gritos de estudiantes que querían salir de la facultad.

Según el relato policial, al entrar en la casa de estudios y ser recibidos con proyectiles, los agentes no tuvieron más remedio que defenderse de las agresiones y arrojar gases lacrimógenos. En el acta consta que “algunos estudiantes esgrimían paraguas con los que castigaban al personal policial”.

Para el subcomisario Héctor David Marcos, “la defensa policial estaba en un plano de notoria desventaja con respecto a los estudiantes, por cuanto estos conocían las características del teatro del suceso”. Casi como decir que los policías enfrentaban al Vietcong.

De cualquier modo, según surgía del acta, a la policía le llevó tan solo 45 minutos “dominar la situación y restablecer el orden”. Se detuvo a los alumnos que “no cesaban en su actitud belicosa hacia el personal policial” y continuaban entregados a “sus depredaciones en el interior del edificio”.

En el expediente se dejaron asentados los daños supuestamente producidos por los estudiantes: muebles rotos, trozos de vidrio e incluso “un aparato telefónico tipo monofón negro completamente destrozado en su vaquelita (sic) dentro de la oficina de Vedelía” (sic).

Esa noche fueron detenidas más de 150 personas en las comisarías 2ª y 4ª, acusadas por “atentado, resistencia, desobediencia directa a la autoridad, lesiones y daños”.

Si bien unos de los comisarios reconoció que algunos estudiantes y directivos de la facultad presentaban heridas leves, no se pudo explicar “en qué circunstancias y cómo resultaron lesionados”. Por su lado, uno de los agentes afirmó que la punta de su sable se había roto al tener que utilizarla para “contener los golpes que le dirigían los estudiantes”.
Operación Escarmiento

Si la versión oficial obviaba cualquier mención a la represión policial y atribuía las lesiones de los estudiantes a un misterio inexplicable, la querella presentada por García era terminante: acusaba a Fonseca y demás funcionarios policiales por el delito de lesiones graves calificadas por su alevosía y ensañamiento, y en subsidio, del delito de vejaciones y apremios ilegales.

En su denuncia, García explicaba que, terminada la reunión de la comisión directiva que analizaba la situación de la universidad, unos estudiantes le avisaron que fuera del edificio se encontraba la policía, que había dado por megáfono la orden de desalojo, pero el decano no salió porque esperaba la notificación oficial que nunca se produjo.

En su lugar llegaron los gases lacrimógenos que obligaron a los estudiantes y profesores a salir al patio. Allí, las fuerzas policiales, gritando e insultando, les ordenaron salir con los brazos en alto. Según el escrito de García, los policías “semejaban una horda bárbara al asalto de un templo”.

El decano se presentó frente a un oficial, a quien le dijo que el despliegue de fuerza era innecesario, pero por toda respuesta obtuvo un garrotazo en la cabeza.

Luego se ordenó a los universitarios colocarse de frente a la pared del patio, mientras “les aplicaban fuertes palazos en la región lumbar, en la espalda, en estado de indefensión”.

Para salir del edificio los obligaron a pasar por el medio de una doble hilera de policías, donde docentes y estudiantes fueron apaleados. García mismo recibió varios golpes en la cabeza y, al querer defenderse con sus manos, un bastonazo le quebró el dedo meñique de su mano derecha.

Ya en el exterior de la facultad, el decano observó que, desde un auto, un hombre impartía órdenes a los policías. Al consultar con uno de los oficiales, éste le comentó que dentro del vehículo estaba “el general de brigada Mario Fonseca, jefe de la Policía Federal”, que estaba a cargo del operativo.

García afirmó que llegó incluso a escuchar el nombre que le habían puesto al procedimiento, Operativo Escarmiento, y que según él había sido “minuciosamente preparado e instrumentado para castigar la pacífica rebeldía de los científicos argentinos”. Más adelante, también sostuvo que el fin del procedimiento era “vejar y apalear al personal docente, auxiliar, directivo y a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales”.

En una entrevista concedida con motivo de los 30 años de la Noche de los Bastones Largos, el decano había especulado con que la “Operación Escarmiento” constituía la venganza de los militares por la “agresión” que habían sufrido el 19 de octubre de 1965, en un acto frente al monumento al general Roca sobre Diagonal Sur y Perú, cuando los estudiantes de Exactas arrojaron monedas de un peso y cincuenta centavos desde la terraza de la facultad contra los funcionarios presentes, entre ellos el general Onganía, por entonces jefe del Ejército.
El amigo americano

Warren Ambrose era un profesor estadounidense del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) que estaba de visita en la Argentina y que se encontraba en la facultad de Exactas la Noche de los Bastones Largos.

A raíz de lo que presenció ese día, escribió una carta que luego fue publicada por el New York Times, en la que criticaba al gobierno de Onganía y en la que pedía a los lectores del diario que enviaran cartas de protesta al gobierno argentino.

Sin necesidad de un traductor, Ambrose declaró en la causa penal, donde explicó que una vez terminada la reunión de la comisión directiva había decidido permanecer en el edificio “para ver qué pasaba”, aunque aclaró que en ningún momento se había comentado la posibilidad de resistir a la intervención policial.

Según el profesor norteamericano, “el personal policial comenzó a golpear a las distintas personas que se encontraban en el lugar, a pesar de que no oponían resistencia”. Una vez en el patio y de cara a la pared, “si alguna persona bajaba los brazos era nuevamente golpeada”.

Ambrose detalló que, al formarse la doble hilera de policías, “se hacía salir a cada uno de los detenidos espaciadamente, de manera que no se acercaran mucho a la persona que iba adelante, de modo de posibilitar a los policías el golpearlos efectivamente”.

En ese pasillo, Ambrose recibió golpes en la cabeza, cintura y espalda, por lo que al momento de su declaración los hematomas eran todavía visibles, tal como consta en el acta judicial.
La sombra de Fonseca

Si bien el general Fonseca nunca fue llamado a declarar, su presencia en las inmediaciones de la Facultad de Exactas fue probada en la causa penal a través de diferentes testimonios.

Así, el comisario Zotta admitió que el jefe de Policía había estado en el lugar en “algún momento de la noche” y presumía que lo había hecho “para enterarse de las novedades”.

Por su parte, el subcomisario Marcos declaró que al salir de la facultad vio un coche particular en la esquina de Perú y Diagonal Sur, donde se encontraba el general Fonseca junto a dos comisarios inspectores que le informaban lo ocurrido.

Uno de esos comisarios, Anzulovic, sostuvo luego que Fonseca sólo había hecho una “pasada” por el lugar cuando la policía ingresaba en la facultad y que había regresado más tarde cuando los universitarios “estaban siendo sacados de la casa y derivados a la comisaría”.

La presencia de Fonseca en los alrededores de Exactas fue corroborada también por dos profesoras de Filosofía y Letras que se encontraban cerca del monumento a Roca en el momento del operativo. Una de ellas, Manuela Amanda Tauber de Albertotti, refirió que un policía le había comentado que era un procedimiento “importante” que era dirigido “personalmente por el señor jefe, el general Fonseca”. Incluso declaró que había visto a Fonseca en la rotonda del monumento, “rodeado de policías que permanentemente lo consultaban” por lo que “era absolutamente evidente que nada se hacía en el lugar sin consulta previa al general Fonseca, quien efectivamente dirigía en forma personal el procedimiento”.

Una colega que estaba a su lado, Noemí Fiorito de Labrune, afirmó en el expediente que un policía les había dicho que el operativo lo dirigía personalmente Fonseca, a quien pudo ver desplazándose dos o tres veces hacia la puerta de la facultad y dar órdenes, por lo cual concluyó que el jefe de Policía “efectivamente dirigía la operación”.

Incluso dos periodistas del diario La Nación que cubrieron el hecho prestaron testimonio en el sentido de que esa noche oyeron que Fonseca había estado en las inmediaciones de la Facultad, aunque no habían podido verlo.
Sobreseimiento provisional

En 1968, dos años después de iniciada la causa, el juez federal Jorge Aguirre resolvió no hacer lugar al pedido de procesamiento de Fonseca y remitir las actuaciones a la Justicia ordinaria.

A criterio del magistrado, en el expediente se presentaban dos versiones de los hechos. Una “policial”, según la cual los agentes se limitaron a repeler la agresión de los estudiantes, y otra “universitaria” en la que se describía la inusitada violencia empleada por las fuerzas del orden.

El juez admitió que, si bien existían elementos para procesar al menos a dos funcionarios policiales (el comisario Zotta y el subcomisario Marcos), no se justificaba la competencia federal del caso por no existir pruebas para procesar al jefe de la Policía.

En la misma resolución desestimó los testimonios de las profesoras de Filosofía que habían declarado haber visto a Fonseca impartiendo órdenes, por considerarlos “meras conjeturas”. Asimismo, consideró que lo manifestado por los periodistas de La Nación acreditaba que Fonseca recién había llegado al lugar cuando el procedimiento ya había terminado.

Es curioso que el magistrado descartara los testimonios directos de las profesoras como “meras conjeturas”, mientras le daba plena validez a la declaración de los periodistas que habían admitido no haber visto a Fonseca.

La resolución fue apelada por García, pero la Cámara Federal confirmó la declaración de incompetencia aunque exhortó al juez a resolver la situación procesal de Fonseca.

Por tal motivo, a las pocas semanas Aguirre declaró el sobreseimiento provisional del jefe de Policía por “ausencia de elementos procesales de juicio y por no resultar suficiente la sola responsabilidad funcional” que le imputara la querella y según la cual Fonseca era culpable por haber actuado por omisión, al no haber impedido que las fuerzas policiales reprimieran violentamente a docentes y estudiantes.

Si bien el sobreseimiento provisional implicaba que Fonseca podía seguir siendo investigado y se contraponía a la opinión del fiscal que había solicitado el sobreseimiento definitivo, en los hechos la resolución del juez implicaba el fin de la causa contra el jefe de la Policía.
A la Justicia ordinaria

La causa pasó al Juzgado Criminal de Instrucción n° 12 para investigar a los demás policías, pero en julio de 1970 el juez decidió sobreseer provisionalmente “la causa” por entender que no se había podido establecer quién había tenido “la iniciativa en la agresión desencadenada” y dado que los hechos se habían desenvuelto “en un clima de total confusión, en recintos de escasa iluminación y con gran número de participantes”.

Así fue cómo la “Operación Escarmiento” del general Fonseca quedó impune mientras centenares de científicos tuvieron que emigrar del país en busca de mejores destinos.

Informe de la Procuraduría: Hay 537 causas por delitos de lesa humanidad que están activas

Casi la mitad de los detenidos tiene el beneficio de la prisión domiciliaria

Las causas activas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura suman en la actualidad 537, con un total de 2.405 imputados. Se encuentran detenidos, ya cumpliendo condenas o con prisión preventiva, 1.700 procesados, casi la mitad de los cuales tiene el beneficio de la prisión domiciliaria. Así lo informó la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad que encabeza el fiscal general Jorge Auat.

De acuerdo con los datos que publica hoy el sitio web www.fiscales.gob.ar, ya hay 687 condenados y son 856 los procesados, hasta el último 6 de mayo, que fue cuando cerró el informe.

De las 537 causas abiertas, 114 (21 por ciento) fueron elevadas a juicio, otras 249 (47 por ciento) están en instrucción, 162 (30 por ciento) cuentan con sentencia y 12 (2 por ciento) están en juicio oral y público.

A la fecha indicada, los procesos cuentan con 1.070 imputados detenidos: 574 en cárceles, 467 en arresto domiciliario, 8 en hospitales, 7 en dependencias de fuerzas de seguridad y de los 8 restantes no hay datos disponibles.

Dos represores que Intercargo defiende

LA EMPRESA ESTATAL SE NIEGA A SEPARAR A EX MARINOS QUE PARTICIPARON EN GRUPOS DE TAREAS

Como reveló Página/12, Pedro Giromini y Enrique Piaggio fueron designados gerente y subgerente de prevención y seguridad de la operadora de rampas en aeropuertos. Su nombramiento es repudiado por los trabajadores.

  Por Alejandra Dandan

En Aeroparque y Ezeiza hubo protestas contra los nombramientos. 

Intercargo S.A. es la empresa estatal que opera los servicios terrestres de los aeropuertos de todo el país. Página/12 reveló que la nueva gerencia designó como gerente y subgerente de Prevención, Protección y Seguridad a Pedro Eduardo Giromini y Enrique Mauricio Piaggio, dos marinos retirados de la Armada investigados en las causas de lesa humanidad por su accionar durante la última dictadura. La Federación Argentina de Personal Aeroportuario (FAPA) envió una carta de repudio a la dirección de la empresa por los nombramientos. Y hubo agrupaciones que empapelaron Aeroparque y Ezeiza con carteles alusivos: “No queremos represores ni torturadores”, decían. Intercargo S.A. respondió a los trabajadores en una carta en la que respalda la designación de los marinos por su “base a su idoneidad, experiencia y sólidos conocimientos profesionales”, desconoce las investigaciones en curso y dice que Giromini ya había trabajado para Aerolíneas, pero omite que fue despedido durante la gestión de Mariano Recalde. Desde la comisión de Derechos Humanos de Diputados, en tanto, los legisladores del PO presentaron un proyecto de resolución para pedir un repudio del parlamento y la “inmediata remoción” de Giromini y Piaggio.

La nota publicada por este diario en mayo mostró el acta de designación de los dos marinos firmada por el nuevo gerente de Intercargo, el ex Ceo de Techint, Mario Dell’ Acqua. Por otro lado, reeditó información conocida de las causas de lesa humanidad y dio cuenta de los antecedentes que se encuentran en los archivos del Ministerio de Defensa y de Justicia sobre legajos y actuaciones de ambos en las Fuerzas Armadas durante la última dictadura.

De acuerdo a esa información, Piaggio revistó en la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM) de Mar del Plata entre 1976 y 1978, donde funcionó un centro clandestino de detención. En esos años su jefe destacó “su sano espíritu agresivo al servicio de una mentalidad operativa”. Años más tarde, estuvo en otros destinos y elogiado “por haber sido voluntario para participar en operaciones contra la subversión sacrificando momentos de descanso y demostrando gran entusiasmo”. La fiscal del Juicio Oral Base Naval II de Mar del Plata, Mercedes Soiza Reilly, lo señaló como parte de los nuevos nombres descubiertos entre quienes participaron “directamente” de la represión.

Giromini estuvo en Puerto Belgrano y en la Escuela Naval Militar de Río Santiago en Ensenada, donde 40 obreros secuestrados, 9 de los cuales continúan desaparecidos. Giromini revistió ahí entre enero de 1977 y enero de 1978 dentro de la Compañía de Vigilancia y Seguridad, una estructura que contenía a los grupos operativos. El legajo de Giromini también está bajo estudio dado que fue remitido al juzgado 1 de Bahía Blanca en 2008 como manifestó este diario al publicar la noticia.

El 17 de mayo la FAPA envió una carta a Dell’ Acqua recordando que a estos hombres se los acusa de haber participado en la “represión más sanguinaria de la historia argentina”. “Intercargo SA aclara que las personas mencionadas no poseen antecedentes en cuanto a su participación en ningún tipo de delito o accionar contrario a los derechos humanos, aspecto que fue relevado por la empresa al momento de decidir su incorporación”, respondió la compañía a la nota firmada por el secretario de FAPA, Edgardo Llano, sin señalar el origen de los datos que analizaron. “Los señores Giromini y Piaggio han sido incorporados a sus puestos en base a su idoneidad y profesionalismo, contando con vasta experiencia en safety and security aerocomercial en el sector privado”, agregó Intercargo, que “a modo de ejemplo” mencionó que Giromini trabajó como Gerente Corporativo de Prevención, Protección y Seguridad en Aerolíneas Argentinas por más de diez años.

La nota tiene dos datos llamativos. Por un lado, la firma de Dell’ Acqua es distinta a la que apareció en la designación. De acuerdo a fuentes consultadas por este diario, el 20 de mayo el CEO de Intercargo estaba en Estados Unidos y alguién habría firmado en su lugar. Por eso, probablemente la firma está acompañada por un “P/A”. Según una experta en el tema, esto podría dar cuenta de que la empresa le dio tan poca importancia al tema que el nuevo presidente “ni siquiera se ocupó de firmar la nota”.

El otro dato es sobre el pasado de Giromini. El apellido es conocido entre los trabajadores del aeropuerto. Tanto es conocido él, Pedro Eduardo, como su hermano Rodolfo. Los conocen como “los hermanos Giromini”. Hasta 2012, Rodolfo era Jefe de Operaciones de Austral cargo del que fue separado cuando su nombre apareció publicado por su relación de parentesco y de negocios con Jorge Vildoza, segundo del grupo de Tareas de la ESMA, apropiador de Javier Penino Viñas y prófugo de la justicia durante más de veinte años. Cuando la Unidad de Información Financiera (UIF) congeló los bienes asociados a Vildoza, notó que Rodolfo Giromini era socio del marino en American Data y esposo de su hija, Mónica Vildoza. Rodolfo además fue piloto del Ejército entre 1978 y 1983, período durante el cual pasó por el Batallón de Aviación de Campo de Mayo. Luego de la detención de la esposa de Vildoza y del congelamiento de las cuentas de American Data y según fuentes confiables de Aerolíneas Argentinas, la gestión de Mariano Recalde hizo dos movimientos con los hermanos: despidió a Pedro “sin causa” y separó de su cargo a Rodolfo, que aún sigue en la compañía como piloto de Austral. Esos datos que no aparecen entre los antecedentes que menciona la carta de la nueva gestión.

Finalmente, la semana pasada el diputado Pablo López del PO presentó un proyecto de resolución en la Comisión de Derechos Humanos de Diputados en el que pide que la empresa desafecte a los marinos. El proyecto también lleva la firma de los diputados Néstor Pitrolla y Soledad Sosa y plantea el repudio al nombramiento de Giromini y Piaggio “por constituir un atropello a la lucha histórica que vienen llevando adelante las organizaciones de derechos humanos” al “estar denunciados por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar”. Los legisladores del PO también quieren “solicitar a los funcionarios del Estado Nacional que correspondan proceda a la inmediata remoción” y que el “Poder Judicial investigue inmediatamente la participación en los crímenes de lesa humanidad de los denunciados”.

Desde entonces, hubo asambleas y escraches en las paredes de Aeroparque y Ezeiza de parte de trabajadores. También existieron iniciativas de los nucleados en el PTS desde la agrupación el Despegue, que publicó un artículo y distribuyó volantes entre trabajadores y clientes de las líneas aéreas.

EMV y J : Repudiamos el decreto de autogobierno de las FFAA

Las organizaciones del Encuentro Memoria Verdad y Justicia denunciamos el reforzamiento represivo que se oculta detrás del supuesto “reordenamiento administrativo”  del decreto 721 firmado por Macri.

Éste devuelve a las Fuerzas Armadas autonomía para resolver ascensos y bajas, designaciones de personal, traslados, premios, entre otras cuestiones que hasta ahora dependían de Ministerio de Defensa. De esta manera será el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA quien designará a los oficiales y suboficiales del Estado Mayor, a los militares retirados para funciones docentes y a los agentes civiles, a quienes autorizará sus cambios de destino. 

También habilita la incorporación de personal retirado para cumplir “tareas docentes”, cobertura sistemáticamente utilizada para mantener a genocidas dentro de la estructura militar, como fue el caso del contralmirante Roberto Pertusio: acusado desde 2006 por delitos de lesa humanidad, continuó en funciones hasta 2008.

Este decreto sale a la luz tras el discurso pronunciado por Macri en el Día del Ejército. Allí, Macri anunció aumentos de salarios y presupuesto para reequipamiento, pero fundamentalmente reivindicó la participación de las FFAA en el “combate contra el terrorismo internacional”. Es decir, la completa subordinación a las políticas del Departamento de Estado y la DEA norteamericanos y su participación en la seguridad interior. El genocida Cesar Milani, ascendido a jefe del Ejército por el gobierno de Cristina Fernández, aplaudió las palabras de Macri sentado en primera fila.

El decreto de Macri apunta a reforzar la alianza política con la corporación militar, como también lo ensayaron en el pasado otros gobiernos constitucionales ante escenarios de grandes crisis sociales. Hoy, esta alianza tiene la mira puesta en la resistencia popular al ajuste del gobierno nacional y los gobernadores. Lo confirman los sistemáticos ataques policiales y judiciales contra los trabajadores de Tierra del Fuego, Mendoza, Santa Cruz, Santiago del Estero, Jujuy y también en la provincia de Buenos Aires, con la represión a los trabajadores municipales en La Plata y el desalojo de los cortes de ruta de los obreros de Cresta Roja y Mascardi.

Denunciamos el decreto de Macri y también la hipocresía del “control civil” sobre las FFAA, porque éste nunca fue un obstáculo para que siguieran en actividad centenares de responsables de crímenes de lesa humanidad. La prueba está en que un genocida como Milani pudo alcanzar la jefatura del Ejército. En las Fuerzas Armadas todavía revisten miles de oficiales y suboficiales que estuvieron activos durante la dictadura.

Esta política de reforzamiento del Ejército no es rayo en cielo sereno, porque empalma con las leyes anti-terroristas y la participación del Ejército en el “Operativo Escudo Norte” del gobierno anterior.

Cárcel común y efectiva a todos los genocidas por todos los compañeros.

Apertura de los archivos de la dictadura.

Basta de ajuste y represión

Encuentro Memoria Verdad y Justicia

Miles de uruguayos marcharon en silencio, como desde hace 21 años, por conocer el destino de 200 desaparecidos por verdad y justicia

En esta oportunidad la consigna fue: “Ellos en Nosotros – Contra la Impunidad de Ayer y de Hoy – Verdad y Justicia”.

La “Marcha del Silencio” vence generaciones, el olvido, y las amenazas. Desde 1996 se realiza con el único propósito de conocer el destino de los 196 uruguayos detenidos desaparecidos en dictadura, por verdad y justicia. Este año coincidió, además, con los 40 años de la muerte de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y los militantes de izquierda Rosario Barredo y Williams Whitelaw, la desaparición de Manuel Liberoff, de los 22 militantes de izquierda traídos de Argentina en el Segundo Vuelo de la Muerte, y el secuestro y desaparición de la maestra Elena Quinteros

Como cada 20 de mayo, la procesión fue extensa, silenciosa, pero combativa. Reclamó conocer el paradero de los desparecidos, saber la verdad y aplicar la justicia sobre quienes cometieron delitos de lesa humanidad.

La tradicional “Marcha del Silencio” coincidió este año con los 40 años de la muerte de los ex legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y los militantes de izquierda Rosario Barredo y Williams Whitelaw, asesinados por el terrorismo de Estado uruguayo – argentino en el año 1976, en el marco de la Operación Cóndor de coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur.

Se enmarcó también en los 40 años de la desaparición de Manuel Liberoff, los 40 años de la desaparición de 22 militantes de izquierda que fueron traídos de Argentina en el conocido como Segundo Vuelo de la Muerte, y los 40 años del secuestro y desaparición de la maestra Elena Quinteros de la embajada de Venezuela.

Asimismo, se cumplen 45 años de la desaparición de Abel Adán Ayala Álvez, estudiante de Medicina y funcionario en Sanidad Policial, quien fuera la primera víctima del Escuadrón de la Muerte, aún en democracia.

En esta oportunidad la consigna fue: “Ellos en Nosotros – Contra la Impunidad de Ayer y de Hoy – Verdad y Justicia”.

También se realizaron marchas y concentraciones en Paris, Buenos Aires y Santiago de Chile, y en el interior en: Pirápolis, Maldonado, Rivera, Florida, San José, Paysandú, Mercedes, Tacuarembó, Melo, Rocha, Salto, Juan Lacaze, Carmelo, Treinta y Tres, Minas, Flores, Fray Bentos y Artigas, aseguraron los organizadores.

“La lucha será siempre contra la impunidad de los crímenes del terrorismo de Estado y su ocultamiento hasta el presente”, asegura la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.

Integrantes de dicha organización cuestionaron que “la investigación sobre el robo de los discos duros y la amenaza a los antropólogos del Grupo de Antropología Forense aún no muestra avances”.

“A la impunidad de los delitos de lesa humanidad cometidos en el pasado, amparada por los sucesivos gobiernos desde la salida de la dictadura, puede llegar a sumarse la impunidad sobre estos ataques en el presente, que hieren profundamente el estado de derecho”, aseguran.

Indican que “el silencio cómplice de las Fuerzas Armadas y su falta de reconocimiento sincero de lo horroroso de sus crímenes habla de cómo continúan formando a las nuevas generaciones de militares y los descalifica totalmente como presuntos educadores en valores de nuestra juventud”, indica la organización”.

La dictadura argentina blanqueó dinero en España

Documentos guardados en la Audiencia Nacional describen la conexión española con la red que manejaba los fondos robados a sus víctimas. El régimen de Videla montó varias empresas en este país y registró cuentas en distintos bancos de Europa, donde guardó grandes cantidades de dinero. Un agente argentino consiguió entrar en España con un millón de dólares.

Represores de la dictadura argentina utilizaron cuentas 'off shore' para ocultar bienes de desaparecidos

DANILO ALBIN - @danialri

BILBAO.- Conrado Gómez era un prestigioso abogado de Mendoza, una ciudad del oeste argentino. En enero de 1977, un comando de la dictadura de Jorge Rafael Videla entró a su despacho y se lo llevó para siempre. Antes de robarle la vida, los represores se encargaron de quitarle todos y cada uno de sus bienes, entre los que figuraban 15 caballos de carrera. El dinero, al igual que en otros tantos casos, habría sido blanqueado a través de empresas y cuentas bancarias en el exterior. Un negocio tan repugnante como suculento en el que España, según ha podido comprobar Público, también tuvo un rol protagónico. 

El país que había dejado Franco no era estrictamente un paraíso fiscal, pero tampoco hacía falta: tal como reveló este periódico en octubre de 2014, tanto el gobierno de Adolfo Suárez como el de Felipe González mantuvieron todo tipo de contactos con la dictadura argentina, amparados por el Rey Juan Carlos y por una amplia gama de banqueros y empresarios locales. De esta manera, España se convirtió en uno de los lugares preferidos de Videla para montar operativos de seguridad, controlar a los refugiados… y hacer negocios.

Público ha tenido acceso a una gran cantidad de documentos provenientes de la causa que el juez Baltasar Garzón tramitó a finales de los noventa contra el régimen argentino, al que acusaba de haber cometido crímenes contra la humanidad. Entre esos papeles –que hoy continúan guardados en la Audiencia Nacional- figuran distintos testimonios que revelan la trama de lavado de dinero que montó la dictadura, siempre con un mismo objetivo: sacar del país de lo que habían robado a sus víctimas, de manera que los fondos estuviesen bajo llave en un lugar lejano y seguro. Si el régimen caía, el negocio debía sobrevivir. 

En uno de los documentos obtenidos por este periódico figura la declaración de Norberto Bermúdez, un periodista de origen argentino que había investigado las operaciones financieras de la dictadura. El 18 de julio de 1997, Bermúdez presentó un escrito al juez Garzón con distintos datos sobre esta trama. “En orden al contenido de mi exposición, reitero mi solicitud de que la presente sea declarada SECRETA”, reza en el primer párrafo. 

De acuerdo a su investigación, uno de los personajes clave de esta red de blanqueo fue el agente de inteligencia argentino Raúl Antonio Guglielminetti, quien actualmente se encuentra preso en Buenos Aires por su participación en innumerables secuestros y asesinatos. A finales de los años setenta y principios de los ochenta, este represor viajó en varias ocasiones a España. Incluso tuvo una cuenta bancaria en el Banco de Londres de España y “sacó una tarjeta Diners y la extensión para su señora”. Este extremo había sido reconocido por el propio Guglielminetti en abril de 1987, cuando tuvo que declarar ante la jueza argentina María Servini de Cubría –ahora a cargo del juicio que se sigue en Buenos Aires contra los crímenes del franquismo-.

A finales de los años setenta y principios de los ochenta, este represor viajó en varias ocasiones a España

Según consta en la declaración de Bermúdez, la magistrada argentina “también interrogó a Guglielminetti acerca de su ingreso a territorio español portando en su poder la cantidad de un millón de dólares americanos”. El ex agente del Batallón 601 de Inteligencia “manifestó que el maletín fue exhibido a las autoridades aduaneras españolas, quienes vieron el dinero pero no lo contaron”. Aseguró además que ese millón de dólares “fue un favor que le hizo a una persona de su amistad, de quien no quiere dar nombre, aunque manifestó que era brasileño y tenía empresas en su país y en España”. 

Guglielminetti también había informado a la jueza sobre sus viajes a Andorra “por una necesidad de mover dinero de España”. En concreto, el represor “depósito 200 o 300 mil dólares para que la filial de La Caixa de ese principado lo girara a la central de Madrid”. “En otro tramo de su declaración, Guglielminetti afirma haberse trasladado ‘a Puerto Alcudia, cerca de Palma de Mallorca’ y que ‘a España viajó en dos oportunidades o tres’. En este sentido, resultan sintomáticos los viajes de Guglielminetti a Andorra y Mallorca, dos de las presuntas rutas utilizadas por los militares argentinos para hacer circular importantes sumas de dinero expoliadas a las víctimas de la represión ilegal durante la dictadura”, señaló el periodista Norberto Bermúdez en el documento presentado a Garzón.

Entre Baleares y Canarias

La vía de Mallorca en la ruta del lavado de dinero aparece en otros documentos de la Audiencia Nacional. Según relató el mencionado testigo en otra de sus declaraciones, “en agosto de 1983 la Federación de Vigilantes Jurados denunció la existencia de un presunto tráfico de divisas que se venía produciendo en la aduana de Palma de Mallorca”. Según esa denuncia, una conocida empresa de seguridad española “ingresaba al mediodía en la aduana de Palma las sacas con moneda extranjera procedentes de la península y las llevaba a su sede”. “Una hora después del cierre de la aduana”, esa misma compañía “embarcaba dichas sacas en un vuelo que partía del aeropuerto de Palma de Mallorca rumbo a Suiza”. “Dicha denuncia –señala Bermúdez- nunca se investigó”. 

El testigo aportó datos sobre cómo funcionaba esta red: “uno de los mecanismos presuntamente utilizados consistía en que una persona, portadora de una cantidad determinada de dinero en metálico, abordaba en Buenos Aires el vuelo 995 de Iberia con destino a Madrid, y escala en Las Palmas de Gran Canaria. En esta última ciudad, el pasajero entregaba el dinero a representantes de una empresa de transportes de caudales y seguridad y más tarde proseguía su ruta con destino a Madrid”. 

A continuación, el dinero era transportado por una empresa de seguridad española “vía aérea hacia Barcelona o bien hacia Palma de Mallorca”. “Si los fondos eran remitidos al archipiélago balear, se seguía el procedimiento descripto precedentemente por el que, presuntamente, se sacaba el dinero rumbo a Suiza de forma ilegal. Si en cambio las sacas llegaban desde Canarias a Barcelona, desde esta ciudad eran transportadas por tierra hasta Andorra, desde donde, por transferencia electrónica, el dinero era ingresado en Suiza, siempre en cuentas bancarias predeterminadas”, aclaró.

Las empresas del blanqueo

La elección del territorio español para realizar estas operaciones no fue casual. A lo largo del periodo en el que detentó el poder, el régimen argentino montó una red de empresas a este lado del océano. “Una serie de sociedades mercantiles españolas habrían participado presuntamente en el traslado, manipulación, ocultación y posterior blanqueo de parte de fondos que previamente habían sido incautados por los militares argentinos a algunas de sus víctimas, a quienes mantenían ilegalmente detenidas”, señaló Bermúdez en otra de sus declaraciones. 

Los nombres de algunas de esas compañías figuran en los archivos de la Audiencia Nacional. Por ejemplo, el periodista citó el caso de AFHA S.A., “con domicilio original en Gran Vía 22, 3º derecha, Madrid”, aunque posteriormente se trasladó “a la Avenida del Cardenal Herrera Oria” de esa ciudad. “Esta empresa se constituyó con varias subsidiarias, según su actividad comercial específica: AFHA Agraria, AFHA Inmobiliaria, AFHA Construcciones y AFHA Publicidad (…) Su presidente, al ser constituida, fue D. Amadeo Francisco Juncadella, secundado por su hermano, el comodoro de la Fuerza Aérea Argentina en la reserva Enrique Juncadella y el vicealmirante de la Armada argentina en la reserva Oscar Antonio Montes”, un conocido torturador ya fallecido que en octubre de 2011 fue condenado a prisión perpetua. “En nuestro país, los responsables de AFHA fueron Alberto L. Yaryora y el capitán de fragata de la Armada Argentina en la reserva, Enrique Aldao”, precisó el testigo en su declaración.

Su presidente fue D. Amadeo Francisco Juncadella (...) un conocido torturador ya fallecido que en octubre de 2011 fue condenado a prisión perpetua

La empresa AFHA estuvo a cargo de una operación de gran importancia: “el reciclaje de cinco mil seiscientos cincuenta millones de dólares americanos procedentes del vaciamiento económico de la sociedad estatal argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), que desaparecieron de dicha empresa durante la gestión como interventor de la misma del general Carlos Guillermo Suárez Mason”. “Dichos fondos fueron convertidos en nuestro país en moneda corriente de países como Bolivia, Paraguay y Brasil, y posteriormente colocados en grupos financieros de dichos países. Tanto los depositarios como los beneficiarios de tales inversiones son, todavía, desconocidos”, apuntó Bermúdez.

El asunto no termina ahí. Según consta en otro tramo de su declaración, “existen evidencias de que esta sociedad también habría intervenido en negociaciones para la compra de armamento a la empresa española Explosivos Río Tinto, entre las que figuró una operación de compra de torpedos para la Armada argentina, iniciada por el almirante (Armando) Lambruschini y continuada por AFHA”.

Investigación de la Policía

Con estas denuncias de fondo, la Policía Nacional elaboró un amplio informe sobre “la creación de numerosas empresas para ocultar importantes sumas de dinero provenientes de la apropiación ilegal de bienes o dinero”. En un documento fechado el 14 de febrero de 1997, los agentes a cargo de la investigación aportaron datos mercantiles de AFHA y de otras ocho empresas que fueron relacionadas con militares y civiles cómplices que se habían instalado en España. También aparecen los datos del empresario argentino José Lata Liste, propietario de la conocida discoteca Mau –que llegó a tener locales en Madrid y Marbella-, y de otros argentinos –entre los que figura Héctor Sayago, un periodista que trabajó en RTVE- que colaboraban habitualmente con la dictadura. 

En ese marco, la justicia española obtuvo datos sobre seis cuentas bancarias a nombre de represores argentinos en Suiza. Así lo confirmó a Público el propio Norberto Bermúdez, quien actualmente vive en Argentina. En conversación telefónica con este periódico, el periodista ratificó el contenido de las declaraciones que ofreció en 1997 al juez Garzón. 

A esto se suman las declaraciones de Leandro Sánchez Reisse, otro agente de Inteligencia de Buenos Aires que participó activamente en la trama de lavado de dinero y que fue detenido en 1995 en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), donde residía desde hacía años. Entre 1976 y 1983, Sánchez Reisse “blanqueó para los militares argentinos unos 3700 millones de dólares, producto de secuestros extorsivos, bienes incautados ilegalmente a las víctimas de la represión, etc.”, puede leerse en uno de los documentos que hoy duermen en la Audiencia Nacional. 

Dichos fondos habrían sido colocados en entidades bancarias de Estados Unidos, Italia y Suiza, “presumiblemente en oficinas ubicadas en los cantones de Ginebra, Laussane y Zurich”. En tal sentido, documentos que obran en poder de Público confirman que el Ministerio de Relaciones Exteriores de la dictadura de Videla tenía una cuenta bancaria en el país helvético.