San Luis : La APDH dio a conocer los crímenes que se le imputan a cada procesado

Crímenes de lesa humanidad

San Luis (Pelr) 18-06-12. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos dio a conocer el listado completo de las personas a las que les fue ordenado su procesamiento y detención y la/s causas donde se los acusa. También puso en conocimiento de la sociedad qué rol cumplía cada uno en el aparato represor puesto en marcha durante la dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983.

Según informó el organismo defensor de los DDHH la Cámara Federal de Mendoza, integrada por Carlos Alfredo Parra, Hugo C. Echegaray y Alejandro Waldo Piña, ordenó el día 12 de junio pasado, la detención en prisión efectiva de los siguientes represores procesados en el segundo juicio por delitos de lesa humanidad:

Ricardo Alfredo Rossi (teniente, Ejército): procesado por su participación en torturas y tormentos a, por lo menos, 5 ex detenidos políticos.

Pedro Armando Gil Puebla (oficial principal de la Policía de la Provincia, departamental La Toma): procesado por su participación en el asesinato de Graciela Fiochetti y las torturas a Víctor Fernández.

Luis Mario Calderón (oficial ayudante de la Policía provincial): procesado por las torturas cometidas a, por lo menos, 8 ex presos políticos; el asesinato de Graciela Fiochetti y la desaparición de Santana Alcaraz.

Rafael Enrique Leyes (oficial principal de la Policía de San Luis, Dpto. de Informaciones): procesado por torturas y tormentos en contra de, por lo menos, 5 ex presos políticos.

Vicente Ernesto Moreno Recalde (médico anatomopatólogo, se desempeñó en la División Criminalística): procesado por su participación en torturas y tormentos a, por lo menos, 5 ex presos políticos y en el asesinato de Graciela Fiochetti.

Omar Lucero (sub oficial, Policía de San Luis. Dpto. de Investigaciones): procesados por torturas y tormentos a, por lo menos, 5 ex detenidos políticos.

Juan Amador Garro (cabo de la Policía provincial): procesado por su participación en torturas y tormentos a, por lo menos, 11 ex detenidos políticos; involucrado en las desapariciones de Rafael Roberto García, Pedro Valentín Ledesma, Santana Alcaráz y el asesinato de Graciela Fiochetti.

Jorge Félix Natel (agente de la Policía provincial. Dpto. de Investigaciones): procesado por las torturas y tormentos en perjuicio de, al menos, 7 ex presos políticos.

Enrique Manuel Ortuvia Salinas (oficial de la Policía provincial): procesado por su participación en el asesinato de Raúl Sebastián Cobos, la desaparición de Pedro Valentín Ledesma y torturas y tormentos a, por lo menos, dos ex presos políticos.

Higinio Rafael Robles (perteneciente a la V Brigada Aérea): procesado por el asesinato de Dante Bodo en Villa Mercedes.

Marcelo Eduardo González Moure (teniente de Ejército): procesado por tormentos infligidos en perjuicio de al menos 2 ex presos políticos.

Armando Nicolás Martínez (subteniente del GADA 141): procesado por su participación en la desaparición de Pedro Valentín Ledesma, el asesinato de Raúl Sebastián Cobos y las torturas a Juan Cruz Sarmiento.

Oscar Guillermo Rossello (oficial principal, Policía Federal): procesado por las torturas a, por lo menos, 5 ex detenidos políticos.

Celso Juan Angel Borzalino (oficial de la Policía Federal): procesado por las torturas y tormentos en perjuicio de a, al menos, 7 ex presos políticos.

Horacio Angel Dana (teniente primero de Ejército): procesado por las torturas y tormentos en perjuicio de Víctor Fernández y el asesinato de Graciela Fiochetti.

Aún se espera la resolución de prisión efectiva sobre alrededor de 16 represores también procesados en la causa por delitos de lesa humanidad, Nº 466 que acumula todos los hechos de violaciones a los Derechos Humanos ocurridos en la Provincia de San Luis.-

Llegan a Uruguay los restos de Hugo Cacciavillan, miembro del PRT-ERP, ejecutado en 1974

PERMANECIO SEPULTADO COMO NN DURANTE 34 AÑOS

FIN DE UNA HISTORIA TUPAMARA

Un emprendimiento familiar. La reapertura de la causa y la exhumación del cuerpo fueron posibles gracias a la búsqueda de Eduardo Arzuaga (centro), primo del militante fusilado.

Por Martina Noailles

En aquel invierno de 1974, Hugo Cacciavillani ya no era Hugo. Desde hacía años había elegido ser “Vicente” y así había partido desde Uruguay para luchar por una “Latinoamérica más justa”. El 11 de agosto de 1974, a los 22 años, perdió la vida fusilado por el Ejército argentino. Ese día, en los montes catamarqueños, perdió además su identidad. Ya no fue Hugo. Tampoco Vicente. Su cuerpo acribillado esperó 34 años sepultado como NN en un cementerio municipal. Hoy, los restos del militante tupamaro fusilado en la “Masacre de Capilla del Rosario” volverán a Salto, su patria chica. Su tumba recuperará su nombre y también su historia. Las autoridades nacionales uruguayas buscaron hacer la presentación, pero no lo habrían logrado.

Hugo Enrique Cacciavillani Caligari fue uno de los 16 guerrilleros de la mítica Compañía de Monte “Ramón Rosa Jiménez”, asesinados el 11 de agosto de 1974, a un puñado de kilómetros de distancia de la capital de Catamarca. El comando, encabezado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), había planeado ingresar al Regimiento de Tropas Aerotransportadas número 17 para conseguir armamento. La Unidad Militar contaba con una dotación de 800 hombres y un poderoso arsenal.

La acción salió mal.

Los 42 militantes fueron descubiertos mientras cambiaban sus ropas, subidos a un colectivo escolar. Un hombre alertó a la policía y el combate se precipitó. Parte del grupo logró escapar hacia el monte. Otra fue detenida en las inmediaciones de la ciudad. La tercera corrió la peor suerte. Intentó reorganizarse en el paraje Capilla del Rosario pero fue rodeado rápidamente por 300 efectivos del Ejército. Los guerrilleros entregaron sus armas y se rindieron. Sin embargo, horas después fueron fusilados.

En el grupo había dos jóvenes uruguayos, Cacciavillani y Rutilio Betancourt Roth. Ambos eran tupamaros, miembros del Movimiento de Liberación Nacional (MLN) y, en Argentina, integrantes de la Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR), que organizó la acción. “Vicente” había estado preso en 1970 en la cárcel uruguaya de Punta de Rieles y al salir viajó a Chile para sumarse al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Luego del golpe de Estado de Augusto Pinochet contra el presidente Salvador Allende, abandonó el país trasandino y se instaló en Argentina.

“Creemos que antes de ser fusilado estaba viviendo en San Justo con su mamá. Ella había viajado para estar con su hijo y después de la masacre fue detenida en esa casa”, reconstruye 34 años después Eduardo Arzuaga, primo de Hugo Cacciavillani y uno de los familiares que regresó a Salto sus restos.

Nidia Caligari fue víctima del Plan Cóndor. Pasó detenida tres años en los penales de Olmos y Villa Devoto, y en 1977 fue liberada en la ciudad de Colonia del Sacramento (Uruguay) sin documentos. Allí fue secuestrada, llevada a Montevideo y torturada por los militares de la dictadura uruguaya. Finalmente, la mamá de Cacciavillani logró obtener el asilo en Inglaterra, donde vivió hasta 1985.

Eduardo Arzuaga comenzó la búsqueda de verdad y justicia movilizado por la tristeza de su tía Nidia, quien murió hace una década preguntándose dónde estaba el cuerpo de su “negrito”. Un año mayor que su primo, Eduardo había pasado su infancia con Hugo jugando en la casa de sus abuelos maternos. “Era un chiquilín muy querido, de sonrisa fácil y muy solidario. Se había educado en un colegio salesiano y estaba muy vinculado a la idea de la justicia social. Murió en defensa de sus ideales”, se emociona Eduardo.
Treinta años después de la masacre, familiares y organismos de derechos humanos lograron reabrir la causa en Catamarca. Además de investigar sobre los responsables de los fusilamientos de Capilla del Rosario, la Justicia ordenó la exhumación de cinco cuerpos que estaban enterrados en el cementerio municipal y que según se presumía correspondían a los guerrilleros asesinados y luego desaparecidos.

El año pasado, el Equipo Argentino de Antropología Forense logró identificar a dos de los cinco cuerpos. Eran el de Betancourt Roth y el del santiagueño Alberto Rosales Sánchez. En septiembre, los estudios reconocieron a Cacciavillani. Dos semanas atrás, la familia viajó a Catamarca para recuperarlo y llevarlo de regreso a Salto.

“Fue tremendamente emocionante. Tomamos contacto con personas que estuvieron con él, nos contaron que habían entablado una especial amistad. Ahora es necesario justicia porque los represores están libres. Es la única manera de cerrar un capítulo histórico”, señala Eduardo, mientras organiza la ceremonia que hoy por la mañana acompañará el entierro en el cementerio de Salto, junto a la tumba de su mamá. Su familia y sus compañeros eligieron para ese instante la letra de una canción, la “Milonga del Fusilado”: “No me pregunten quién soy, ni si me habían conocido, los sueños que había querido, crecerán aunque no estoy”.

Un expediente, dos imputados, ningún detenido

El expediente reabierto en diciembre de 2004 sólo tiene dos imputados y ningún detenido. El juez federal Ricardo Moreno consideró que la Masacre de Capilla del Rosario es un delito de lesa humanidad –y en consecuencia imprescriptible–, e imputó como responsables al ex capitán Eduardo Carrizo Salvadores y al ex subteniente Mario Nakagama. Los militares todavía no fueron indagados pero todo indica que quedarán detenidos luego de declarar, ya que según los testimonios de la causa ellos fueron dos de los asesinos.

Los organismos defensores de derechos humanos lograron averiguar que Carrizo Salvadores vive en San Salvador de Jujuy y que ejerce como abogado defensor de represores procesados por crímenes contra la humanidad en esa provincia. En plena democracia fue nombrado jefe de la policía de Catamarca por el ex gobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Fellner. Una feroz represión contra trabajadores desocupados, que causó dos muertos, lo obligó a renunciar en 2003. De Nakagama sólo se sabe que la dirección postal registrada en el juzgado –la misma a la que se le envían las notificaciones judiciales– es Paseo Colón 250, Edificio Libertador, sede del Ejército.

San Luis : Ordenaron detener a 5 militares y 10 expolicías por delitos de lesa humanidad

Así lo dispuso la Cámara Federal de Mendoza, por delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia de San Luis durante la última dictadura militar.

El abogado querellante Pablo Salinas confirmó que ya hay siete detenidos.

Un tribunal ordenó la detención de cinco militares retirados y diez expolicías por delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia de San Luis durante la última dictadura militar (1976-1983), confirmaron hoy fuentes judiciales.

Al menos siete de los acusados fueron apresados, mientras que se espera la detención del resto en las próximas horas, explicó el abogado querellante Pablo Salinas, representante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Argentina.

La Cámara Federal de la provincia de Mendoza, que también tiene jurisdicción sobre la vecina San Luis, dictó las órdenes de detención y confirmó los procesamientos de los 15 imputados, que quedaron a la espera del juicio oral, añadió el letrado.

A los imputados se les acusa por 21 casos de secuestros y torturas, además de los asesinatos de once personas en distintos hechos ocurridos durante la dictadura, que dejó un saldo de 30.000 desaparecidos, según coinciden el Gobierno y organismos humanitarios.

Los expolicías Rafael Leyes, Vicente Moreno Recalde, Pedro Gil Puebla, Luis Mario Calderón, Rubén Omar Lucero, Juan Garro y Jorge Natel ya fueron detenidos.

En tanto, la justicia libró órdenes a distintas ciudades por la detención de los militares retirados Marcelo González Moure, Ricardo Alfredo Rossi, Horacio Ángel Dana, Higinio Rafael Robles y Armando Nicolás Martínez, y de los expolicías Enrique Manuel Ortuvia Salinas, Celso Juan Ángel Borzalino y de Oscar Guillermo Rossello.

Cuatro represores presos, desde 2009 condenados y en la calle

Cuatro represores donde deben estar

Son los militares Teófilo Saa, Humberto Lobaiza, Felipe José Alespeite y Bernardo Menéndez. Fueron detenidos luego de que la Cámara de Casación Penal revocara la sentencia del TOF5 por la cual habían quedado en libertad.

 Por Irina Hauser

Desde la mañana y hasta el anochecer, cuatro hombres, ancianos, estuvieron instalados primero en un pasillo y luego en oficinas del Tribunal Oral Federal Nº 5 (TOF5), en el sexto piso de Comodoro Py. Habían sido jefes de área durante la última dictadura y después de enfrentar un juicio por crímenes de lesa humanidad en 2009 salieron caminando libremente: tres de ellos absueltos, el cuarto condenado pero excarcelado. Ayer, sin embargo, ya no pudieron volver a sus casas y terminaron presos en el penal de Ezeiza. Lo dispuso el mismo tribunal que los había juzgado –con otra composición–, aunque fue como consecuencia casi inevitable de un fallo de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal que esta semana revocó sus absoluciones. A los ex jefes del Regimiento Patricios Humberto Lobaiza, Teófilo Saa y Felipe José Alespeite les impuso hasta 25 años de prisión y confirmó la prisión perpetua para Bernardo Menéndez, ex jefe del Grupo Artillería de Defensa Aérea 101. También ratificó la condena del general Jorge Olivera Róvere, detenido por otra causa. Apenas notificado de este cambio de escenario, el fiscal Félix Crous pidió las capturas.

Los militares condenados intentaron impedir lo que parecía el desenlace más probable con planteos de recusación, que no tuvieron eco. Dos de los jueces del TOF5, Adriana Paliotti y Oscar Hergott, hicieron lugar al pedido del fiscal Crous y revocaron la libertad que beneficiaba a los ex jefes que actuaron en el ámbito del Primer Cuerpo de Ejército. Evaluaron que existe “riesgo procesal”, como la posibilidad de fuga, más aún tratándose de personas que tuvieron mucho poder durante la última dictadura. Se apoyaron, además, en antecedentes de otros juicios (como el de los crímenes en el centro clandestino El Vesubio, que llevó adelante el TOF4) y en los lineamientos de la Corte Suprema que apuntan a restringir las excarcelaciones en casos de delitos de lesa humanidad. El tercer juez, Daniel Obligado, votó en disidencia, a favor de dejar a los represores libres hasta que haya sentencia firme. Es el único de los integrantes actuales del tribunal que participó en el juicio de 2009, que culminó con más absueltos que condenados.

Aquel juicio duró cerca de un año y abarcó 242 privaciones ilegales de la libertad, torturas y seis homicidios cometidos al amparo del terrorismo de Estado en la ciudad de Buenos Aires. Incluyó casos como el asesinato del uruguayo Zelmar Michelini, los secuestros de María Fernanda Martínez Suárez (sobrina de Mirtha Legrand) y su esposo; el de Carmen Lapacó (Madre de Plaza de Mayo y una de las fundadoras del CELS), el escritor Haroldo Conti y Marcelo Gelman (hijo del poeta Juan Gelman).

Olivera Róvere encabezaba la llamada subzona Capital Federal y era mano derecha de Carlos Suárez Mason, jefe del Primer Cuerpo. Por debajo estaban los jefes de área, quienes daban instrucciones para que actuaran los grupos de tareas y manejaban la liberación de zonas en coordinación con la Policía Federal. El TOF5 –que durante las audiencias componían, además de Obligado, Ricardo Farías y Guillermo Gordo– sostuvo que las responsabilidades llegaban hasta los jefes de subzona. Fue una sentencia que marcó un retroceso en el proceso de justicia por los crímenes dictatoriales. Pero la Sala IV de Casación sostuvo que “la exorbitante gravedad de los hechos” “no posibilita alejarse en demasía de los márgenes del máximo de la escala aplicable”.

A Lobaiza, que fue jefe del Regimiento de Infantería Patricios, Casación lo encontró culpable de 45 hechos y lo condenó a la pena máximo, de 25 años de prisión. A Saa, que tuvo el mismo cargo, le imputaron 16 hechos y le tocó una pena de 22 años de prisión, lo mismo que a Alespeite, segundo jefe del Regimiento Patricios. La resolución confirmó, además, las condenas a prisión perpetua de Olivera Róvere y de Menéndez. Este último, al estar libre, aprovechó para oficiar de abogado del represor fallecido Rubén Visuara. Anoche eran trasladados a la cárcel de Ezeiza.

San Fernando: hallan restos humanos que podrían ser de desaparecidos

Fueron hallados dentro de tambores enterrados en una cantera cercana al aeropuerto. Los huesos datarían de más de 30 años, por lo que no descartan que puedan pertenecer a víctimas de la última dictadura militar.

 
Restos óseos pertenecientes a cinco personas fueron hallados dentro de igual cantidad de tambores rellenos de cemento en una catera ubicada sobre la calle Miguel Cané, a metros de la ruta 202 y del aeropuerto de San Fernando, en ese partido del norte del conurbano. Datarían, según los investigadores, de alrededor de tres décadas, por lo que no se descarta que sean víctimas de la dictadura.

El secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Guido Carlotto, viajó hacia San Fernando para conocer detalles del hallazgo y poner a disposición de los peritos el programa Investigación y Memoria, área de la dependencia a su cargo que entiende en casos relacionados con la última dictadura militar.

Según las fuentes policiales, los tambores de 200 litros utilizados habitualmente para cargar aceite fueron descubiertos el lunes por la noche por un chico que se hallaba en el lugar cazando pajaritos y dio aviso a la comisaría de Virreyes, con jurisdicción en esa zona.

Los tanques estaban semienterrados y contenían cal y concreto en la parte superior y se percibía un fuerte olor a podrido, dijo un investigador.

Los policías que llegaron al descampado preservaron el lugar y se dio aviso a la Policía Científica, que comenzó a analizar su contenido.

En principio, un jefe policial confirmó que el primer tambor hallado "ya fue remitido a La Plata y el contenido fue analizado por expertos del Cuerpo de Antropología Forense" de la provincia.

Los primeros análisis determinaron que se trataría de restos humanos de antigua data, aclaró el investigador, quien explicó que por la antigüedad, no se descarta que puedan llegar a pertenecer a víctimas de la dictadura militar.

Una fuente de la investigación confirmó que los restos humanos de uno de los tambores se corresponden a una persona de sexo masculino de unos 30 años.

En el lugar continuaban trabajando esta mañana efectivos de la DDI de San Isidro y de la Policía Científica, bajo la supervisión del fiscal de San Fernando, Luis Angelini.

La Corte ratificó la cárcel para Videla

El máximo tribunal rechazó por "inadmisible" el recurso extraordinario interpuesto por la defensa del represor para que se le levante la prisión preventiva dictada en el marco de la causa que lo acusa de ser responsable del "delito de secuestro extorsivo reiterado" contra los empresarios textiles Federico Guillermo y Miguel Ernesto Gutheim, durante la última dictadura cívico-militar.

La medida fue tomada en sintonía con el fallo que negó la excarcelación del exministro del Interior de la dictadura, Albano Harguindeguy, que también está procesado en esa causa.

En una resolución de sólo cuatro líneas, los ministros Ricardo Lorenzetti, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Eugenio Zaffaroni consideraron que el recurso presentado por el abogado Alberto Rodríguez Varela, defensor particular de Jorge Rafael Videla, era improcedente y que el reo debía continuar alojado en la prisión de Campo de Mayo, donde purga por causas que lo acusan de ser responsable de, al menos, 700 desapariciones probadas