La causa por la desaparición del soldado Papetti no avanza. El juez Seró debe resolver una requisitoria fiscal de diciembre. La hermana de la víctima manifestó su preocupación por el estancamiento
En sus manos. El juez Seró debe resolver sobre las nuevas detenciones de acusados por delitos de lesa humanidad. En sus manos. El juez Seró debe resolver sobre las nuevas detenciones de acusados por delitos de lesa humanidad.
Alfredo Hoffman
Una requisitoria de llamado a indagatoria y detención de tres represores de la dictadura espera una definición desde hace ocho meses. Se trata de la causa por la desaparición del soldado Jorge Emilio Papetti, que permanece trabada en el Juzgado Federal de Paraná y que ahora está en manos en forma interina de Pablo Seró, magistrado de Concepción del Uruguay.
En el Juzgado de calle 25 de Mayo de la capital entrerriana se viene haciendo cada vez más común el estancamiento de investigaciones por delitos de lesa humanidad, debido a planteos dilatorios de los acusados. Es así que la megacausa Área Paraná se hundió en una serie de recusaciones que ya fue denunciada públicamente por la abogada de la organización Hijos Regional Paraná, Florencia Amore, en Diario UNO.
El caso de Papetti, también debido a recusaciones, terminó interinamente en manos del juez Federal de Concepción, quien demora la resolución del pedido de los fiscales José Ignacio Candioti y Mario Silva. Ese pedido fue realizado originalmente en diciembre de 2011 y reiterado antes de la feria judicial de julio. Hasta ahora no hay respuestas de Seró, quien dejó trascender que necesitaba tiempo para estudiar el expediente.
Jorge Papetti fue secuestrado el 16 de marzo de 1977 mientras realizaba el servicio militar obligatorio en el Regimiento de Concordia, cuyo responsable era el entonces coronel Naldo Miguel Dasso. Fue trasladado a Paraná junto a otros detenidos, alojado en el Batallón de Comunicaciones y luego en la Unidad Penal 1, donde habría muerto durante una sesión de tortura. En aquel tiempo, la explicación de Dasso fue que en el trayecto de Concordia a Paraná, el muchacho pidió permiso para ir al baño en Villaguay y se escapó. La familia nunca creyó esta versión.
La investigación se reabrió con la caída de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, pero primero debió atravesar un proceso de indefiniciones sobre qué Juzgado Federal era competente: Concepción del Uruguay o Paraná. Finalmente se resolvió que debía tramitarse en la capital entrerriana, porque fue allí donde se tuvo contacto con el soldado por última vez.
Fue por ese motivo que el caso no se incluyó en el juicio que tiene como principal imputado a Albano Harguindeguy por los delitos de lesa humanidad cometidos en el Área Concordia, que se realiza actualmente. De todos modos, María Ema Papetti, hermana de Jorge, declaró en ese debate como testigo el 6 de junio. El peso de su testimonio fue tal que los miembros del Tribunal Oral Federal interrogaron a los fiscales sobre el estado de la causa. Candioti dijo, entonces, que desde diciembre estaban pedidas las indagatorias y detenciones de tres personas cuyos nombres no podía revelar. Luego de la declaración de María Ema, los fiscales solicitaron a Seró que pidiera al TOF la remisión de una copia de ese valioso testimonio. El juez hizo lugar y recibió el material y lo agregó a la causa. Antes de la feria, la requisitoria del ministerio público fue reiterada, con el argumento de que ya existe un cúmulo de pruebas más que suficientes para determinar las responsabilidades penales.
Dilaciones
En diálogo con UNO, María Ema Papetti manifestó su preocupación con la demora en el avance de la investigación de la desaparición de su hermano y de otras violaciones a los derechos humanos. “Se ha esperado tantos años y es incomprensible que la Cámara siga aceptando las recusaciones. Desde el sentido común, uno dice que tiene que haber algún punto en que digan ‘basta, señores’; porque en nuestra causa no ha habido tantas recusaciones, pero en Área Paraná ya pasaron cinco jueces”, remarcó. Luego recordó que la causa de su hermano ya atravesó por varias dilaciones, desde que el juez de Concepción del Uruguay se declaró incompetente y pasó a Paraná, hasta la actual demora en el llamado a indagatorias y detenciones.
Según indicó, no tiene dudas de que los acusados solo buscan obstaculizar el avance de la Justicia. “Ellos quieren dilatar, dilatar, dilatar y que se vayan muriendo, por un lado las familias y por otro lado ellos mismos conservando su impunidad”, sostuvo.
Testimonio clave sobre la desaparición de Papetti
Por el testimonio de un compañero de cautiverio, se presume que Papetti falleció a causa de los tormentos y los maltratos que sufrió, estando detenido en la cárcel de Paraná. Ese testigo, a quien el juez Gustavo Zonis escuchó por videoconferencia en octubre de 2010, indicó que pudo ver al joven desaparecido cuando ambos todavía estaba detenidos ilegalmente en Concordia y le llamó la atención su tos persistente. Lo vio “muy deteriorado, con el pecho hundido, los ojos vendados y tosiendo permanentemente en una forma muy fea”. Luego de eso, ya no lo pudo ver, porque permaneció encapuchado, pero en todo momento lo escuchaba toser de la misma forma. Así fue en los calabozos de Comunicaciones. Luego, en la Unidad Familiar de la UP 1, cuando esperaba el turno para ser torturado, volvió a oír la tos hasta que de pronto no la escuchó más. Entonces pudo percibir estertores, golpes en el pecho, insultos y la intervención de alguien a quien le decían “doctor”. El testigo presume que Papetti falleció en ese momento. El testimonio es sumamente valioso para la investigación que se lleva adelante.
Policías al banquillo por apremios
El subsecretario de Derechos Humanos de Entre Ríos, Julián Froidevaux, mantuvo un encuentro con Aníbal Lafourcade, el fiscal concordiense que lleva adelante la investigación en una causa por apremios ilegales que el jueves 23 comenzará su etapa oral. Tras interiorizarse del caso, el funcionario le manifestó su apoyo y acompañamiento, como así también el del delegado de la dependencia en esa ciudad, Rubén Bonelli, quien ya ha intervenido en casos similares.
El debate oral y público en el que serán juzgados Mariano Jesús Moreno y Sebastián Zárate por el delito de allanamiento, apremios ilegales y vejación comenzará el 23 de agosto. La víctima es Víctor Benítez, en cuyo domicilio los funcionarios policiales habrían ingresado sin orden judicial el 19 de junio de 2011, siendo luego esposado, golpeado y trasladado a la comisaría en presencia de testigos.
Moreno y Zárate están aún en funciones. A este último se lo menciona como uno de los presuntos policías concordienses que habrían golpeado semanas atrás a menores a la salida de un boliche, hecho que oportunamente fuera denunciado por la madre de uno de los jóvenes ante la delegación local de la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Justicia.
Más casos
Cada vez hay más denuncias por apremios ilegales contra funcionarios policiales entrerrianos. Todos los casos están bajo investigación judicial. Los últimos hechos que salieron a luz sucedieron en Rosario del Tala, Urdinarrian y Concordia por citar algunos de los hechos que pusieron en alerta a los organismos de Derechos Humanos.
En sus manos. El juez Seró debe resolver sobre las nuevas detenciones de acusados por delitos de lesa humanidad. En sus manos. El juez Seró debe resolver sobre las nuevas detenciones de acusados por delitos de lesa humanidad.
Alfredo Hoffman
Una requisitoria de llamado a indagatoria y detención de tres represores de la dictadura espera una definición desde hace ocho meses. Se trata de la causa por la desaparición del soldado Jorge Emilio Papetti, que permanece trabada en el Juzgado Federal de Paraná y que ahora está en manos en forma interina de Pablo Seró, magistrado de Concepción del Uruguay.
En el Juzgado de calle 25 de Mayo de la capital entrerriana se viene haciendo cada vez más común el estancamiento de investigaciones por delitos de lesa humanidad, debido a planteos dilatorios de los acusados. Es así que la megacausa Área Paraná se hundió en una serie de recusaciones que ya fue denunciada públicamente por la abogada de la organización Hijos Regional Paraná, Florencia Amore, en Diario UNO.
El caso de Papetti, también debido a recusaciones, terminó interinamente en manos del juez Federal de Concepción, quien demora la resolución del pedido de los fiscales José Ignacio Candioti y Mario Silva. Ese pedido fue realizado originalmente en diciembre de 2011 y reiterado antes de la feria judicial de julio. Hasta ahora no hay respuestas de Seró, quien dejó trascender que necesitaba tiempo para estudiar el expediente.
Jorge Papetti fue secuestrado el 16 de marzo de 1977 mientras realizaba el servicio militar obligatorio en el Regimiento de Concordia, cuyo responsable era el entonces coronel Naldo Miguel Dasso. Fue trasladado a Paraná junto a otros detenidos, alojado en el Batallón de Comunicaciones y luego en la Unidad Penal 1, donde habría muerto durante una sesión de tortura. En aquel tiempo, la explicación de Dasso fue que en el trayecto de Concordia a Paraná, el muchacho pidió permiso para ir al baño en Villaguay y se escapó. La familia nunca creyó esta versión.
La investigación se reabrió con la caída de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, pero primero debió atravesar un proceso de indefiniciones sobre qué Juzgado Federal era competente: Concepción del Uruguay o Paraná. Finalmente se resolvió que debía tramitarse en la capital entrerriana, porque fue allí donde se tuvo contacto con el soldado por última vez.
Fue por ese motivo que el caso no se incluyó en el juicio que tiene como principal imputado a Albano Harguindeguy por los delitos de lesa humanidad cometidos en el Área Concordia, que se realiza actualmente. De todos modos, María Ema Papetti, hermana de Jorge, declaró en ese debate como testigo el 6 de junio. El peso de su testimonio fue tal que los miembros del Tribunal Oral Federal interrogaron a los fiscales sobre el estado de la causa. Candioti dijo, entonces, que desde diciembre estaban pedidas las indagatorias y detenciones de tres personas cuyos nombres no podía revelar. Luego de la declaración de María Ema, los fiscales solicitaron a Seró que pidiera al TOF la remisión de una copia de ese valioso testimonio. El juez hizo lugar y recibió el material y lo agregó a la causa. Antes de la feria, la requisitoria del ministerio público fue reiterada, con el argumento de que ya existe un cúmulo de pruebas más que suficientes para determinar las responsabilidades penales.
Dilaciones
En diálogo con UNO, María Ema Papetti manifestó su preocupación con la demora en el avance de la investigación de la desaparición de su hermano y de otras violaciones a los derechos humanos. “Se ha esperado tantos años y es incomprensible que la Cámara siga aceptando las recusaciones. Desde el sentido común, uno dice que tiene que haber algún punto en que digan ‘basta, señores’; porque en nuestra causa no ha habido tantas recusaciones, pero en Área Paraná ya pasaron cinco jueces”, remarcó. Luego recordó que la causa de su hermano ya atravesó por varias dilaciones, desde que el juez de Concepción del Uruguay se declaró incompetente y pasó a Paraná, hasta la actual demora en el llamado a indagatorias y detenciones.
Según indicó, no tiene dudas de que los acusados solo buscan obstaculizar el avance de la Justicia. “Ellos quieren dilatar, dilatar, dilatar y que se vayan muriendo, por un lado las familias y por otro lado ellos mismos conservando su impunidad”, sostuvo.
Testimonio clave sobre la desaparición de Papetti
Por el testimonio de un compañero de cautiverio, se presume que Papetti falleció a causa de los tormentos y los maltratos que sufrió, estando detenido en la cárcel de Paraná. Ese testigo, a quien el juez Gustavo Zonis escuchó por videoconferencia en octubre de 2010, indicó que pudo ver al joven desaparecido cuando ambos todavía estaba detenidos ilegalmente en Concordia y le llamó la atención su tos persistente. Lo vio “muy deteriorado, con el pecho hundido, los ojos vendados y tosiendo permanentemente en una forma muy fea”. Luego de eso, ya no lo pudo ver, porque permaneció encapuchado, pero en todo momento lo escuchaba toser de la misma forma. Así fue en los calabozos de Comunicaciones. Luego, en la Unidad Familiar de la UP 1, cuando esperaba el turno para ser torturado, volvió a oír la tos hasta que de pronto no la escuchó más. Entonces pudo percibir estertores, golpes en el pecho, insultos y la intervención de alguien a quien le decían “doctor”. El testigo presume que Papetti falleció en ese momento. El testimonio es sumamente valioso para la investigación que se lleva adelante.
Policías al banquillo por apremios
El subsecretario de Derechos Humanos de Entre Ríos, Julián Froidevaux, mantuvo un encuentro con Aníbal Lafourcade, el fiscal concordiense que lleva adelante la investigación en una causa por apremios ilegales que el jueves 23 comenzará su etapa oral. Tras interiorizarse del caso, el funcionario le manifestó su apoyo y acompañamiento, como así también el del delegado de la dependencia en esa ciudad, Rubén Bonelli, quien ya ha intervenido en casos similares.
El debate oral y público en el que serán juzgados Mariano Jesús Moreno y Sebastián Zárate por el delito de allanamiento, apremios ilegales y vejación comenzará el 23 de agosto. La víctima es Víctor Benítez, en cuyo domicilio los funcionarios policiales habrían ingresado sin orden judicial el 19 de junio de 2011, siendo luego esposado, golpeado y trasladado a la comisaría en presencia de testigos.
Moreno y Zárate están aún en funciones. A este último se lo menciona como uno de los presuntos policías concordienses que habrían golpeado semanas atrás a menores a la salida de un boliche, hecho que oportunamente fuera denunciado por la madre de uno de los jóvenes ante la delegación local de la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Justicia.
Más casos
Cada vez hay más denuncias por apremios ilegales contra funcionarios policiales entrerrianos. Todos los casos están bajo investigación judicial. Los últimos hechos que salieron a luz sucedieron en Rosario del Tala, Urdinarrian y Concordia por citar algunos de los hechos que pusieron en alerta a los organismos de Derechos Humanos.
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