“La liberación anticipada de una persona condenada por crímenes de lesa humanidad con fundamentos contrarios a estándares internacionales constituye un agravio a las víctimas”, destaca un comunicado de la ONU.
Un grupo de expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en derechos humanos pidió este viernes a la Corte Suprema de Justicia de Argentina reconocer la gravedad extrema de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar de 1976 a 1983 y la necesidad de que los responsables cumplan las condenas adecuadas por sus acciones.
Un grupo de expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en derechos humanos pidió este viernes a la Corte Suprema de Justicia de Argentina reconocer la gravedad extrema de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar de 1976 a 1983 y la necesidad de que los responsables cumplan las condenas adecuadas por sus acciones.
La exhortación se produce cuando la Corte Suprema considera un nuevo fallo en torno al beneficio de una ley conocida como 2x1, que otorgaba la posibilidad de que los sentenciados por atrocidades accedan a un código más benigno de cómputo de años en prisión que les permitiría una liberación anticipada.
“La liberación anticipada de una persona condenada por crímenes de lesa humanidad con fundamentos contrarios a estándares internacionales constituye un agravio a las víctimas”, sostiene la misiva.
Los expertos aseveraron que reducir la severidad de las penas impuestas viola los principios que exigen la proporcionalidad de las sanciones y podría generar una situación de impunidad de hecho.
“No sólo porque estos delitos son particularmente graves, sino también porque esta decisión ocurre en un contexto donde la lucha contra la impunidad ha sido larga y difícil, y que no sólo en Argentina sino globalmente, está lejos de ser ganada”, concluyeron los expertos.
En datos aportados por la Argentina a la ONU en marzo de 2017, eran 2780 las personas imputadas por crímenes de lesa humanidad, de las cuales 750 estaban condenadas, 794 procesadas (inculpadas), 45 prófugos, y 467 fallecidos. De los 1044 que permanecían detenidas, 518 han pasado al régimen de “prisión domiciliaria” por razones de salud o por haber cumplido 70 años, como habilita la ley 26.472, mientras que solo 187 de los 750 condenados tienen condena firme.
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