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 No hay descanso para la lucha por Memoria Verdad y Justicia. Apenas terminada la lectura del veredicto en el juicio más grande de la historia judicial y política del país, el tercer tramo de ESMA, La Retaguardia accedió a un listado de 110 genocidas mayores de 70 años que el Servicio Penitenciario Federal sugiere enviar a sus casas con tobilleras electrónicas. Entre ellos están el Tigre Acosta (chacal de la ESMA), Miguel Etchecolatz (sospechado de la segunda desaparición de Jorge Julio López), Héctor Vergez (asesino serial en La Perla, Córdoba) y el cura Christian Von Wernich (genocida que oficia misas en Marcos Paz), entre otros condenados en todo el país. Ahora deberá resolver cada juzgado. (Por Fernando Tebele para La Retaguardia) El 3 de noviembre publicamos una nota acerca del informe de la Procuraduría de crímenes contra la humanidad que dirige Jorge Auat. Allí queda expuesto que del total de 1064 personas presas por delitos de lesa humanidad, más de la mitad, 533, ya estaban en prisión domiciliaria a fines de octubre. Todo indica que, en silencio y a cuentagotas, la idea de que los genocidas no estuvieran en cárceles comunes se fue llevando adelante. Ahora parece que la intención es abrir la canilla. La Retaguardia accedió a varios listados en los que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) sugiere a juzgados de todo el país que incluyan en un plan de acceso a libertad morigerada con el uso de tobilleras electrónicas a 1499 personas, entre ellas 110 genocidas. La excusa es garantista, esa palabra que tan poco les gusta. El año pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (¿o habrá que decir, en este caso, de La Nación?) dictó, el 27 de diciembre de 2016, la acordada Nº43.Citamos un tramo: "Requerir del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que tenga bien implementar medidas concretas en el marco de sus competencias para dar solución Ia situación de las unidades carcelarias, lo que tiene directo impacto en el Centro de Detención Judicial". Traducimos al lenguaje cotidiano: es la respuesta de la Corte a un reclamo, realizado entre otros por la Procuvin (Procuraduría contra la Violencia Institucional), para mejorar las condiciones de detención en la Unidad 28 (Centro de Detención Judicial, ubicada dentro del palacio de justicia), donde la Procuvin constató el 2 de septiembre de 2013 "las condiciones infrahumanas" en las que se encuentran las personas detenidas allí. Incluso su titular en aquel momento, Abel Córdoba, dijo que lo que vio le recordaba a los testimonios que había escuchado de personas secuestradas durante el genocidio, ya que fue fiscal en causas de lesa humanidad en Bahía Blanca. El SPF respondió que esa situación de detenciones prolongadas en un lugar que debería ser de tránsito hasta que los presos declaren, tiene que ver con el hacinamiento en las unidades penitenciarias. Entonces recomienda utilizar el recurso de las indagatorias vía videoconferencia para evitar los traslados, y aprovecha para reforzar la idea del uso de la tobillera electrónica, como manera de descomprimir la grave situación de hacinamiento de los presos comunes. En la acordada citada, la CSJN intima al (SPF) a resolver el problema de la Unidad 28. En una nota enviada a cada tribunal, el SPF recomienda una solución súper progresista: "Por lo que, en respuesta al requerimiento efectuado, esta instancia cumple en informar que de acuerdo con las disposiciones del 'Protocolo para la asignación prioritaria del dispositivo electrónico de control (tobillera eleótrónica)' desde esta Instancia se le hizo saber mediante atenta Nota de estilo a los jueces naturales, sobre los internos que reunirían las condiciones requeridas para su incorporación al citado protocolo". Es decir, sugiere liberar de las penosas condiciones de detención a casi 1500 personas. Hasta aquí, maravilloso; solo cabría preguntar por qué tardaron tanto. Pero al recorrer las listas, todo toma otra dimensión. En los listados hay 7 mujeres embarazadas, 25 internas alojadas con sus hijas/os, 357 mujeres con hijos/as de hasta 10 años, 82 internos con discapacidades, 2 con patologías terminales, 3 con pronóstico reservado, 974 internos que cumplieron el requisito temporal para acceder a la libertad condicional, 49 internos comunes mayores de 70 años y los 110 internos de lesa humanidad mayores de 70 años, cuya lista publicamos. Es una decisión acertada, un avance enorme para el resto de los presos y presas comunes, pero no para genocidas multivioladores y asesinos seriales.  Tobilleras para todos y todas (sobre todo para genocidas) Más allá de que seguramente alguien está haciendo un gran negocio proveyendo las tobilleras electrónicas, no es tendencioso pensar que el objetivo central de la movida sea meter a los genocidas en el paquete garantista. Tomemos para el caso unas declaraciones del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, realizadas a partir de la filtración de un video en el que Elisa Carrió dice que habría que revisar los juicios. El 30 de octubre, 11 días antes de que el SPF remita las sugerencias a los juzgados, en diálogo con Ernesto Tenenbaum y Gustavo Grabia en Radio Con Vos, Garavano dijo: "Desmiento que haya un proyecto de alcance general para revisar los juicios. Sí tenemos un problema de personas muy mayores en cárceles donde nosotros creemos que podría funcionar con una prisión domiciliaria. La prisión domiciliaria está funcionando muy bien con dispositivos electrónicos que van en los tobillos de las personas. Acá se está usando muy poco este dispositivo que en otros países funciona muy bien. (...) Ya le presentamos esto a la Corte y a una comisión que dirige el juez Gustavo Hornos". El camarista Hornos dirige una comisión de cárceles. Allí aparece al desnudo la estrategia oficial. La preocupación no son los presos comunes sino los genocidas, que no están en situaciones de hacinamiento porque tienen pabellones especiales. Todas las fuentes judiciales que consultó La Retaguardia para esta nota, han coincidido en ese punto central: los genocidas no están hacinados en las cárceles; la población común, sí. Por lo tanto no habría razón alguna para que los manden a sus casas con tobilleras bajo ese pretexto. En todo caso, y de paso vale que lo aclaremos, es una noticia más que positiva para las otras personas, ya que la idea de la tobillera electrónica parece ser un gran recurso para garantizar lo que el Patronato de Liberados, a cargo de monitorear las prisiones morigeradas, en general ha hecho mal. Pero la necesidad urgente de Garavano expresa una razón, más que humana o de derecho, política: el gobierno niega que quiera terminar los juicios, pero aun si fuera cierto que no pretende colocarles un punto final, quiere a los genocidas fuera de la cárcel, en sus casas, como bien explicó el ministro.  La excusa de ser justos En la misma entrevista le preguntaron si que sean delitos de lesa humanidad anula el acceso al benficio. Garavano respondió con contundencia: "No, para nada. es un beneficio del régimen penitenciario que establece el código penal. En Argentina, por lesa humanidad, se agregó una doctrina judicial al código penal que en caso de lesa humanidad se agregó el tema de salud como requisito como si fueran dos requisitos juntos. El año pasado se extendió el beneficio de domiciliaria a todo el país. Hasta acá se aplicaba en Buenos Aires y era un tratamiento VIP, tipo Jinkis", dijo, en alusión a la familia de empresarios incluidos en el FIFAgate. Le sugieren que para la sociedad no es lo mismo un delincuente común que Etchecolatz y él responde: "Permítanme. Yo no tengo ninguna simpatía (se supone que por Etchecolatz) y resuelve cada juez, pero es muy complicado que el derecho penal se aplique por nombres. No importa que hayan cometido los delitos más aberrantes". Todo indica que el gobierno quiere aplicar un plan para descomprimir el problema de las cárceles para poder meter a los genocidas en el combo. El ministro tira una explicación que hasta parece justa: no puede aplicarse el código penal por nombres. Más allá de que parecería ser precisamente lo que está haciendo la justicia ahora (focalizar en causas contra funcionarios/as del gobierno anterior), por sentido común, sí deberían aplicarse (o no) algunos derechos del codigo penal según la gravedad del delito. No es lo mismo una mujer embarazada, incluso si hubiera matado a una persona, que el Tigre Jorge Eduardo Acosta, que comandó la ESMA, el Auschwitz argentino, por el que pasaron cerca de 5000 personas. La domiciliaria es un beneficio al que se puede acceder, pero no es una obligación de los juzgados concederlo. Y eso queda más que claro porque en algunos casos se aplicó y en otros se rechazó, según la mirada de cada juez/a. Al cierre de esta nota, las querellas de la megacausa ESMA se estarían notificando de que todas las personas que recibieron penas bajas en el veredicto de la semana pasada, se irían a sus casas con sus tobilleras puestas. Es probable que el gobierno no haga nada para obstaculizar la continuidad de los juicios, pero si avala que un genocida como Acosta, que acaba de recibir la semana pasada su segunda condena a prisión perpetua, se vaya a su casa, les estará quitando una parte importante de su valor simbólico y real. Hasta el mismo SPF diferencia a los genocidas mayores de 70 años de los presos comunes. Lo pone en esos términos: presos comunes y de lesa humanidad. Son dos listados diferentes. No son lo mismo. Para nadie. Para el gobierno tampoco. Quizá justamente por eso algunos funcionarios los quieren en sus casas. |
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