El máximo tribunal trasandino rehusó modificar la prisión preventiva nocturna de la que goza el ex juez mendocino. Argumentos y debate
La Corte Suprema de Chile desestimó ayer la petición de la Embajada de Argentina para que el ex juez mendocino Otilio Romano cumpla un régimen de prisión preventiva total y no sólo el arresto nocturno del que goza desde el pasado 24 de febrero cuando fue detenido por Interpol en el vecino país.
La Sala Penal II del máximo Tribunal trasandino resolvió por tres votos contra dos rechazar el pedido argentino y mantener la detención del ex juez sólo de 22 a 6, mientras se extienda el trámite de extradición por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar.
En representación de la Argentina asistió a la audiencia el abogado chileno Sebastián Dalpozo, quien reclamó modificar el régimen de detención de Romano debido al “evidente peligro de fuga” que implica la prisión preventiva parcial que cumple el ex camarista. Esta modalidad de detención se prolonga desde el 24 de febrero, cuando fue apresado por Interpol luego de que se oficializara el pedido de extradición en su contra por delitos de lesa humanidad.
El defensor de Romano, el abogado Claudio Feller, se manifestó ayer satisfecho con la resolución del máximo tribunal chileno y reiteró que “los cargos que se le imputan en Argentina son artificialmente elaborados por la justicia de ese país. Él hizo todo lo que se podía hacer en el contexto de la cruenta dictadura militar que había en Argentina.” Con esos argumentos, el ex juez pretende obtener el asilo político en el país trasandino por considerarse perseguido en la Argentina y así librarse de los cargos que pesan sobre él en el país.
La Corte Suprema de Chile desestimó ayer la petición de la Embajada de Argentina para que el ex juez mendocino Otilio Romano cumpla un régimen de prisión preventiva total y no sólo el arresto nocturno del que goza desde el pasado 24 de febrero cuando fue detenido por Interpol en el vecino país.
La Sala Penal II del máximo Tribunal trasandino resolvió por tres votos contra dos rechazar el pedido argentino y mantener la detención del ex juez sólo de 22 a 6, mientras se extienda el trámite de extradición por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar.
En representación de la Argentina asistió a la audiencia el abogado chileno Sebastián Dalpozo, quien reclamó modificar el régimen de detención de Romano debido al “evidente peligro de fuga” que implica la prisión preventiva parcial que cumple el ex camarista. Esta modalidad de detención se prolonga desde el 24 de febrero, cuando fue apresado por Interpol luego de que se oficializara el pedido de extradición en su contra por delitos de lesa humanidad.
El defensor de Romano, el abogado Claudio Feller, se manifestó ayer satisfecho con la resolución del máximo tribunal chileno y reiteró que “los cargos que se le imputan en Argentina son artificialmente elaborados por la justicia de ese país. Él hizo todo lo que se podía hacer en el contexto de la cruenta dictadura militar que había en Argentina.” Con esos argumentos, el ex juez pretende obtener el asilo político en el país trasandino por considerarse perseguido en la Argentina y así librarse de los cargos que pesan sobre él en el país.
Junto a los ex camaristas Luis Miret y Julio Petra, Romano fue símbolo de la justicia cómplice de la última dictadura y una traba al avance de las causas por delitos de lesa humanidad.
Imputado por la justicia de Mendoza por más de 100 delitos de lesa humanidad cuando era fiscal federal de esa provincia, Romano fue destituido de su cargo el 15 de diciembre de 2011 por un Jurado de Enjuiciamiento. Lo consideraron responsable por no haber denunciado ni investigado violaciones a los Derechos Humanos de las que tomó conocimiento como funcionario judicial durante la dictadura. Según la Cámara de Mendoza, la tarea del entonces fiscal “era ‘no hacer’, no iniciar investigaciones, no atribuir ningún delito a ningún funcionario militar o policial, no citar a declarar a nadie que pudiera dar datos para individualizar a los responsables.” De esa manera, garantizó una “zona liberada jurisdiccional”.
Un día antes de ser suspendido por el Consejo de la Magistratura, el entonces camarista de Mendoza escapó a Chile, donde solicitó refugio político y consiguió un visado de permanencia por ocho meses.
En septiembre, fue declarado prófugo por la justicia argentina al no presentarse a la citación judicial que terminó en su destitución y, finalmente, el juez federal mendocino Walter Bento pidió su captura internacional, la que se concretó el 24 de febrero en la localidad chilena de Reñaca. La decisión de la Corte chilena se da a pocos días de que la presidenta Cristina Fernández visite el país trasandino para reunirse con su par Sebastián Piñera, el próximo jueves.
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