Fue oficial a cargo del centro clandestino donde estuvieron detenidos Jacobo Timerman y Osvaldo Papaleo. Ahora lo juzgan en La Plata.
Intentó reciclarse como empresario del rubro de vigilancia privada. Se vinculó al pseudo sindicato policial, la Asociación Profesional de Policías de la Provincia de Buenos Aires. Y es comentarista de foros policiales donde pide la “radarización del país”. Pero en estos días, Sergio Antonio Verduri debe responder por su pasado ante la Justicia. Y ante la sociedad. Este ex policía nacido el 4 de enero de 1946 está acusado de formar parte de las patotas asesinas del Circuito Camps que funcionó durante el terrorismo de Estado. Desde septiembre del 2011 es juzgado por el Tribunal Oral Nº 1 de La Plata por 32 casos de secuestros, torturas y desapariciones cometidos en el Centro Clandestino de Detención “Puesto Vasco”, que funcionó en la Subcomisaría Don Bosco, en Quilmes. Allí estuvieron detenidos, entre otros, Jacobo Timerman (foto) y Osvaldo Papaleo. Pese a las acusaciones en su contra, goza del arresto domiciliario. En 1987, la Ley de Obediencia Debida lo había dejado libre.
El 29 de septiembre, Verduri dejó cerradas las persianas de madera de su chalet, frente a la discoteca Pinar de Rocha, en La Matanza. Tal vez se refugió en las oficinas de su empresa de seguridad, en Bolívar 260, Ramos Mejía, o en Juan B. Alberdi 2817, Capital. Las organizaciones sociales y de derechos humanos que le realizaron un escrache no lo encontraron. “Verduri participó de las patotas que secuestraban, asesinaban y desaparecían. Fue discípulo de Etchecolatz”, dijo a Veintitrés Esteban Santamaría, de HIJOS zona Oeste, que junto a la delegación de La Plata encabezó la movilización. “Durante la democracia organizó las empresas de seguridad, llenas de milicos represores”, señaló Santamaría y agregó que el escrache también fue contra policías involucrados en el caso Arruga que aún revistan en la fuerza: “Repudiamos la continuidad del aparato represivo que se creó para defender los derechos de las clases dominantes y reventar a los pobres”.
Verduri fue oficial de la Dirección General de Investigaciones en los peores años de la dictadura: 1976 y 1977. Hasta el ’79 estuvo en la Brigada de Investigaciones de Lanús. Según trascendió, se negó a declarar ante la Justicia y se limitó a pedir que lo trasladen más rápidamente desde su casa hasta las audiencias. Adujo sufrir claustrofobia, que le puede provocar taquicardia. Pero Verduri ya había hablado ante la Justicia. En una indagatoria previa al juicio, admitió que en marzo del ’77 fue transferido a la Brigada de Investigaciones de Lanús y en abril se le ordenó prestar funciones en la Subcomisaría de Don Bosco. Según dijo, actuaba como “oficial de guardia, con lo que la función cambiaba para desempeñar la custodia de los detenidos, su alimentación y las cosas normales que suceden en una dependencia policial con detenidos”. Verduri reconoció que en “Puesto Vasco” estaban detenidos Jacobo Timerman y Osvaldo Papaleo, entre otros. En su testimonio ante la Justicia, Papaleo refirió que Verduri era uno de los oficiales a cargo. Fue lo mismo que dijo en 2007 en el juicio a Cristian Von Wernich, en el que declaró Julio López.
Antes de estos contratiempos judiciales, Verduri estaba abocado a la “seguridad”. En diciembre de 2001 fundó la empresa GPS SRL. Tenía experiencia, pero como empleado. De acuerdo con la ANSeS, en septiembre y octubre de 1994, trabajó para Sermarc S.A. En el mismo período estuvo en Este S.A., agencia de investigaciones; lo mismo que entre febrero de 1996 y octubre del año siguiente. Ahora, posee un tres por ciento de las acciones de GPS SRL y figura como “jefe de seguridad”. El resto del paquete accionario está en manos de una mujer de 39 años, que se estima sería su testaferro.
Ante el gobierno porteño, la empresa declaró en 2010 que el director técnico es otro comisario retirado, en este caso de la Federal, Sergio Russo. La empresa tuvo inconvenientes: la Justicia les embargó 32.512,54 pesos. Sin embargo, según datos del Banco Central, Verduri tiene un crédito de 10.300 pesos en el Banco Provincia. Ahora, el frente de su casa quedó manchado con pintura. Y hay restos de fuego en la vereda, por el patrullero de madera que quemaron los manifestantes. Ya nadie puede perderse: la zona quedó repleta de carteles y pintadas señalando que, en esa dirección, vive un represor.
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