El Cóndor anidó en el consulado uruguayo

Embajada. Funciona actualmente en el barrio de recoleta. Mujica quiere venderla.

El diputado uruguayo Luis Puig denunció en la Justicia de su país que en la embajada de Uruguay en Buenos Aires funcionó, a mediados de los años ’70, un centro clandestino de detención. Aportó imágenes de tres celdas ubicadas en el subsuelo del edificio.

El Cóndor desplegó sus alas en los lugares más diversos del continente. El plan represivo coordinado por las dictaduras del Cono Sur llevó al paroxismo la eliminación de sus adversarios políticos. Así se entiende el dato que esta semana dio a conocer un diputado del Frente Amplio: el edificio de la Embajada y el Consulado de Uruguay en Buenos Aires habría funcionado como centro clandestino de detención. Así lo denunció Luis Puig ante la Justicia penal de su país: dijo que a través de los testimonios de uruguayos residentes en la Argentina tomó conocimiento de la existencia de tres celdas en el subsuelo del edificio, propiedad del Estado uruguayo, que fueron construidas entre los años 1974 y 1975.
Puig es parte del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), que integra el Frente Amplio gobernante en Uruguay. Presentó la denuncia ante el juez penal Pedro Salazar, en el marco de la causa “Rodríguez Larreta y otros”, relacionada con secuestros y desapariciones de uruguayos en la Argentina. Adelantó que podría formular una denuncia similar ante la Justicia argentina sobre la existencia de un “celdario en el subsuelo del edificio expresamente construido en esos años” para el consulado uruguayo, en avenida Las Heras y Ayacucho. “Hace un mes, residentes uruguayos en Argentina nos comunicaron la existencia de esa cárcel que funcionó entre el ’74 y el ’75. Me trasladé a Buenos Aires y pude comprobar que en el primer subsuelo del edificio hay tres celdas, a las que saqué fotos”. Y agregó: “Los testimonios dicen además que en esa época militares entraban y salían constantemente del edificio sin que se supiera el motivo aparente”.

El canciller de Uruguay, Luis Almagro, ya recibió la información de la denuncia y prometió una investigación administrativa. “Con todas las pruebas que presentamos, ahora estamos a la espera de la citación del juez”, dijo Puig. El legislador describió lo que vio: “Hay tres celdas con rejas de acero y el recinto también tiene puertas de acero”. Y aseguró que la existencia de esa prisión ilegal “era un secreto a voces” en ámbitos de la diplomacia uruguaya.
A mediados de los años ’70, la dictadura instalada en Uruguay había lanzado ya fuertes operaciones represivas contra opositores, con la cooperación de fuerzas militares y policiales de otros países de la región. “Aunque en la Argentina todavía no había dictadura, sí había uruguayos secuestrados y luego fusilados en Uruguay, en el marco del Plan Cóndor”. Puig mencionó el caso de los Fusilados de Soca: cinco militantes tupamaros detenidos-desaparecidos en Buenos Aires el 8 de noviembre de 1974, trasladados ilegalmente a su país y asesinados en la localidad uruguaya de Soca el 20 de diciembre del mismo año. “Siempre existió la duda sobre dónde estaban los detenidos-desaparecidos uruguayos antes de que los represores argentinos y uruguayos utilizaran con ese fin el centro clandestino conocido como Automotores Orletti”. Orletti fue la sede argentina del Cóndor. Por ese taller –hoy sitio de memoria– pasaron cientos de detenidos desaparecidos, muchos de ellos uruguayos.
El diputado destacó que de comprobarse que efectivamente hubo un centro de detención ilegal en el recinto diplomático, un local que depende de la Cancillería uruguaya, quedaría plasmado una vez más el conocimiento que tenía el ministro de Relaciones Exteriores de la época, Juan Carlos Blanco, de los crímenes que cometía el gobierno. “Tenía un centro de detención ilegal en una embajada al tiempo que daba instrucciones a los diplomáticos uruguayos para que negaran la existencia de desaparecidos”, declaró Puig a la agencia EFE.
Juan Carlos Blanco, de 77 años, se encuentra en prisión desde 2006 por varios casos de violaciones a los derechos humanos. Uno de esos casos es el de la maestra Elena Quinteros, que fuera secuestrada en 1976 en los jardines de la Embajada de Venezuela en Montevideo. Ese incidente derivó en la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países hasta la restauración democrática en Uruguay, en 1985. Blanco también fue condenado por los asesinatos del entonces senador uruguayo Zelmar Michelini y del presidente de la Cámara de Diputados del país Héctor Gutiérrez Ruiz, ocurridos en mayo de 1976 en Buenos Aires.

Controlar y eliminar. En esos años gobernaba el país José María Bordaberry. Había ganado las elecciones en 1972, como candidato del Partido Colorado. Un año después disolvió las Cámaras legislativas con la bendición de las fuerzas armadas. Estuvo en su cargo hasta 1976. Después lo echaron. La dictadura duró nueve años más. Bordaberry fue encarcelado a fines de 2006 por diversos delitos de lesa humanidad ocurridos bajo su gobierno dictatorial. Murió un año después, tras las rejas. La dictadura uruguaya no fue tan brutal como la argentina, pero tampoco se quedó atrás. Para imponerse y eliminar toda oposición, las fuerzas armadas recurrieron al terror, el asesinato, la prisión: uno de cada 54 uruguayos pasó durante la dictadura por la cárcel. La tortura también fue un lugar común. Y para ello fueron necesarias las enseñanzas de Dan Anthony Mitrione, un agente de la CIA que adoctrinó a la policía uruguaya. La película Estado de sitio, de Costa-Gavras, se basa en su historia.
Las dictaduras que en los ’70 gobernaban la mayoría de los países de la región necesitaban un armado supra nacional para “controlar” y eliminar a opositores políticos. Así nació el Plan Cóndor, un proyecto criminal de coordinación y enlace entre las fuerzas de seguridad continentales. La idea original había sido del dictador chileno Augusto Pinochet, en el año 1975. Quien primero lo llevó cabo fue Manuel Contreras, jefe de la DINA, la policía secreta del régimen. Luego se fueron sumando los gobiernos militares de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. No faltaron, además, contactos con las fuerzas armadas de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Y el apoyo, por supuesto, de los Estados Unidos.
Estados Unidos no sólo aportó ayuda con armamento, sino a través de la preparación ideológica de los militares de los diferentes países. ¿Cómo? A través de los cursos que se impartían en el Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica, más conocido como Escuela de las Américas. Por allí pasaron, se estima, unos 60 mil militares y policías latinoamericanos. Muchos terminaron siendo dictadores en sus países.
La dictadura uruguaya dejó 38 desaparecidos, según la Comisión para la Paz que funcionó entre 2000 y 2003. Pero en la Argentina se denunciaron otras 182 desapariciones de ciudadanos uruguayos.
El edificio de la Embajada uruguaya en la Argentina se encuentra en el barrio porteño de Recoleta. Recientemente, el gobierno del presidente José Mujica ordenó su venta. Argumentó que apenas tiene utilidad práctica y que es muy caro mantener sus nueve plantas.

Montevideo
Excavaciones por enterramientos clandestinos

La Justicia de Uruguay autorizó que se retomen las excavaciones en un batallón militar en las afueras de Montevideo, en busca de restos de personas desaparecidas durante la última dictadura en ese país (1973-1985). El trámite ante la Justicia había sido cursado por el Poder Ejecutivo después de que la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia obtuviera nuevos datos sobre presuntos enterramientos clandestinos. Los trabajos estarán a cargo de un equipo de antropólogos y arqueólogos contratado por el gobierno. Los restos de varios militantes de izquierda fueron hallados e identificados en los últimos años en el Batallón 14 de Paracaidistas y en otros predios militares como resultado de la remoción de tierras. Durante la última dictadura en Uruguay desaparecieron aproximadamente unas 200 personas. La búsqueda de restos de desaparecidos en el Batallón 14 se enmarca en la investigación abierta por la desaparición de María Claudia García de Gelman, nuera del poeta argentino Juan Gelman, y por la supresión de identidad de la hija de ésta, Macarena Gelman, que le fue arrebatada a su madre al nacer

Por   Raúl Arcomano  -  rarcomano@miradasalsur.com