HIJOS pidió la renuncia de la Secretaria de Derechos Humanos de La Plata

La Regional La Plata se solidarizó con los trabajadores agredidos el viernes y criticó la gestión de la Madre de Plaza de Mayo Sara Derotier de Cobacho “y todo su gabinete”.

La Agrupación HIJOS Regional La Plata exigió “la renuncia inmediata de Sara Derotier de Cobacho y todo su gabinete”, luego de que una patota agrediera el viernes a seis trabajadores. Denuncian, además, la falta de compromiso con la dependencia con los juicios por delitos de lesa humanidad.

En un comunicado de prensa, la agrupación repudió “la agresión que sufrieron seis compañeros trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires en manos de un grupo de matones paraestatales que responden a la actual gestión del organismo”.

La funcionaria provincial cuestionada dijo que los trabajadores “protestan porque les cerré los 'kioscos'” pero los integrantes de HIJOS le respondieron con una dura crítica y advirtieron que lo denunciado por los empleados provinciales “no es un hecho aislado, sino que se inserta en un contexto de constante persecución a los trabajadores, sumado al sistemático vaciamiento de las políticas públicas”.

Además, mientras que Cobacho afirmó que tiene “un deber moral y compromisos asumidos, sobre todo con los juicios, porque ahí están los asesinos de mis hijos y mis nietos”, los HIJOS dijeron que “La Secretaría es querellante en causas de delitos de lesa humanidad y no aporta abogados en las causas, solo se destinan recursos y presupuesto al sostenimiento de las políticas conservadoras de Scioli y Casal. En este intercambio de favores, la Secretaría mira para un costado a las constantes denuncias que acercan las personas privadas de su libertad que son sometidas a los delitos que aun son moneda corriente en cárceles y comisarías y que responden a la pervivencia de prácticas del Terrorismo de Estado en el sistema penitenciario y de seguridad”.

Sobre la agresión sufrida por los empleados el viernes, afirmaron que “estas nefastas prácticas, con el fin de asustar y acallar a los trabajares y sus reclamos, nos recuerdan a los grupos parapoliciales que actuaron en tiempos que nos queremos que se repitan nunca más”.

El comunicado cierra contundente: “desde el espacio de HIJOS Regional La Plata , acompañamos a los trabajadores y su lucha porque somos parte de ellos”.

Nora Cortiñas: "Hacerle una nota a Videla es de un periodismo facista"

Genocida Videla confirma los crímenes

Declaraciones del dictador Jorge Rafael Videla, condenado a perpetua, a una revista española. Habla de los crímenes de lesa humanidad, los que no se pueden investigar en España. 

 
La voz del represor que confirma sus crímenes

El máximo responsable de la última dictadura militar habló con la revista española Cambio 16. Dijo que recibió la colaboración de la Iglesia y el empresariado. Justificó el golpe, la represión y se consideró víctima de “la venganza”.

Desde su celda en el penal de Campo de Mayo, Jorge Rafael Videla dio un largo reportaje a la revista española Cambio 16, a la que dijo que durante la dictadura tuvo “una relación excelente” con la Iglesia, que los empresarios “también colaboraron”, que días antes de tomar el poder Ricardo Balbín les preguntaba, ansioso, cuándo se iban a decidir, que los decretos de Italo Argentino Luder les habían dado “licencia para matar”, y que, a fin de cuentas, si hoy en la Argentina hay militares presos por los crímenes cometidos en aquellos años es  “un espíritu de absoluta revancha”.  Tras su reivindicación de la dictadura, Videla denunció que el problema que tiene hoy el país es que falta República: “Las instituciones están muertas, paralizadas, mucho peor que en la época de María Estela Martínez de Perón”.

El represor está desde octubre de 2008 en la Unidad 34 del Servicio Penitenciario Federal, la antigua cárcel militar ahora a cargo del Ministerio de Justicia y destinada a los procesados y condenados por crímenes de lesa humanidad. En aquella fecha, hace ya más de tres años, Videla perdió el beneficio de la prisión domiciliaria a raíz de un pedido que hizo un grupo de querellantes en la causa por el plan sistemático de robo de bebés. Hasta entonces había logrado cumplir sus detenciones en dependencias militares o en su casa.

En la entrevista publicada por Cambio 16 se ocupó de remarcar que el golpe del 24 de marzo de 1976 tuvo apoyos civiles. “Había ‘vacío de poder, parálisis institucional y riesgo de una anarquía’, y frente a este estado de cosas el clamor ciudadano, con sus dirigentes a la cabeza, pidiendo la intervención de las Fuerzas Armadas”.

El dictador aseguró que mientras fue presidente de facto tuvo una buena relación con el empresariado y la Iglesia Católica. “Los empresarios colaboraron y cooperaron con nosotros. Nuestro ministro de Economía de entonces, Alfredo Martínez de Hoz, era un hombre conocido de la comunidad de empresarios de Argentina y había un buen entendimiento y contacto”, definió. En cuanto a la Iglesia, sostuvo que tuvo una relación “excelente, muy cordial, sincera y abierta”.

“No olvide que incluso teníamos a los capellanes castrenses asistiéndonos y nunca se rompió esta relación de colaboración y amistad. El presidente de la Conferencia Episcopal, cardenal (Raúl) Primatesta, a quien yo había conocido tiempo atrás en Córdoba, tenía fama de progresista, o sea proclive a la izquierda de entonces, pero cuando ocupó su cargo y yo era presidente del país teníamos una relación impecable.”
De Perón a Balbín

A las figuras políticas de la época, Juan Domingo Perón y Ricardo Balbín, les dedicó frases mordaces. Así, definió a Isabelita como “una buena alumna de Perón, ya que desde el punto de vista ideológico se situaba en la extrema derecha del peronismo”. Y de Balbín repitió que fue uno de los que golpearon las puertas de los cuarteles.

En ese contexto, Videla agregó que el terrorismo de Estado no fue una decisión tomada por las Fuerzas Armadas a espaldas de la dirigencia política, sino que tuvo el aval tácito de los radicales y el apoyo explícito del peronismo en el poder, ya que –prosiguió– el entonces presidente provisional Italo Argentino Luder convocó a los jefes de las Fuerzas Armadas (él lo era del Ejército), les pidió un plan a seguir “frente a las acciones terroristas”, aprobó la más dura de sus propuestas y luego firmó el decretos para “aniquilarlas”.

“Los decretos de Luder nos dieron todo el poder y competencias para desarrollar nuestro trabajo e incluso excedían lo que habíamos pedido; Luder, prácticamente, nos había dado una licencia para matar, y se lo digo claramente. La realidad es que los decretos de octubre de 1975 nos dan esa licencia para matar que ya he dicho y casi no hubiera sido necesario dar el golpe de Estado. El golpe de Estado viene dado por otras razones que ya expliqué antes, como el desgobierno y la anarquía.”

El dictador sostuvo que él y otros represores están presos, entonces, por puro “espíritu de venganza”. “Alfonsín cumplió a su manera (...) Menem también, a su forma, cumplió con los indultos. Así llegamos al matrimonio Kirchner, que vuelve a retrotraer todo este asunto a la década de los setenta, y vienen a cobrarse lo que no pudieron cobrarse en esa década”.

“Lo hacen con un espíritu de absoluta revancha, con el complejo, y ésta es una opinión personal, y con el agravante de quien pudiendo hacerlo no lo hizo en su momento. Estos señores eran burócratas que repartían panfletos y no mataron ni una mosca entonces. Y eso les da vergüenza, claro, y quisieron exagerar la nota de persecusión para sacar patente de corso, de malos de una película en la que no estaban.”

La conclusión de Videla, que en un tramo de la entrevista blanqueó que él hubiera querido que “el Proceso dejara su descendencia”, es de antología. “Hoy la República está desaparecida”, declaró el dictador, porque “no tiene Justicia”. “Las instituciones están muertas, paralizadas, mucho peor que en la época de María Estela Martínez de Perón.”

Videla pide la libertad condicional a la Justicia (¿¿??)

Su abogado, Rodríguez Varela, que fuera Decano de la Facultad de Derecho, impuesto por la dictadura de Lanusse, confeccionaba listas donde fichaba a estudiantes judíos, rojos.... Y concurria armado a la facultad.

Este "letrado" habla de violaciones a los "derechos" de su representado

El ex dictador realizó una presentación para que se le conceda ese beneficio sobre la condena que la Cámara Federal le dictó en 1985 en el "Juicio a los Comandantes". Además, reclamó que se le extienda al resto de sus procesos judiciales

Según la presentación de su abogado, Alberto Rodríguez Varela, el primer presidente del último régimen de facto lleva 20 años de prisión efectiva, que configura un total de más de 32 años de acuerdo a un cálculo que contempla la aplicación de la regla del "dos por uno".

El escrito sostiene que Videla ya fue juzgado por los crímenes de lesa humanidad que se le atribuyen y que los nuevos procesos que se están debatiendo violarían el principio que indica que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito.

Según el cálculo del abogado defensor, Videla lleva preso 32 años y siete meses por la denominada "Causa 13", el juicio a los principales jerarcas de la dictadura, llevado a cabo en 1985.

Descontando los lapsos de libertad tras los indultos dictados por Carlos Menem a principios de los 90 y otros procesos incidentales, Videla habría -según la interpretación de su defensa- transcurrido en prisión el tiempo suficiente para plantear su libertad condicional.

Además, subrayó el abogado Rodríguez Varela, el ex dictador reúne otras condiciones que lo harían pasible del beneficio excarcelatorio.

"No es imaginable que ningún tribunal imparcial deniegue la libertad condicional", ya que se trata de un hombre de 86 años, con "conducta irreprochable" en la cárcel, según la calificación del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Videla está alojado en el Instituto Penal Federal de Campo de Mayo, Unidad 34 del SPF, y su abogado consideró que "no es razonable recurrir a pretextos para demorar la libertad condicional". La decisión deberá ser adoptada en plenario por las dos salas de la Cámara Federal, explicaron fuentes judiciales.

El exdictador permaneció en la comodidad de su casa hasta que en 2005 se derogaron definitivamente las leyes que les habían permitido la impunidad y en 2008 fue trasladado a una cárcel militar, en la que permanece desde entonces

San Juan: Reanudan juicio con 7 represores prófugos

El Tribunal Oral Federal de San Juan (TOF) reanudará mañana las audiencias del Juicio Oral y Público que se le sigue en San Juan a cinco represores por delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia durante la última dictadura militar, y en el que hay aún siete prófugos.

Durante la primera audiencia del año, se espera que los jueces reciban un informe del secretario de Derechos Humanos de la provincia, Hugo Zalazar, señalando las identificaciones de las 62 personas desaparecidas en San Juan y los más de 10 centros clandestinos de detención que funcionaron.

Oficialmente se supo que sólo Carlos Graffigna y Hugo Zalazar, que ya declararon, harían un reconocimiento fotográfico tanto de víctimas como de militares que actuaron en aquellos años de plomo en la provincia, y que prestaría su declaración el poeta José Casas, autor de un libro escrito en torno a la represión en San Juan, lo que lo transforma en un testigo del contexto en que vivían los sanjuaninos en aquella época.

Pero la mayor expectativa está centrada en que el inicio de la segunda parte del proceso judicial y, prácticamente, el agotamiento de la lista de testigos de contexto, se abre la probabilidad de que los imputados empiecen a declarar para defenderse.

Previamente, sólo el teniente Jorge Olivera realizó una declaración parcial acerca del caso de la modelo franco argentina Marie Anne Erize y el resto de los imputados se mantuvo en silencio hasta ahora, lo que no implica que persistan en esa actitud a lo largo de todo el proceso, ya que les asiste el derecho de defenderse cuando lo consideren necesario, e incluso pueden ampliar sus declaraciones.

Desde el tribunal que integran los jueces Héctor Cortés, Raúl Fourcade y Alejandro Piña se espera que el proceso no termine más allá del mes de abril, y por eso entienden que es probable que antes de que empiecen los testigos de parte, los imputados se hagan escuchar.

El proceso que se reanuda mañana en el edificio del rectorado de la Universidad Nacional de San Juan, involucra a los militares Jorge Olivera, Benito Martel, Antonio Lazo, Daniel Gómez y Horacio Nieto y tiene a siete militares prófugos, que son el teniente Carlos Malatto exiliado en Italia y los oficiales y suboficiales Eduardo Vic, Jorge Paez, Eduardo Cardozo, José Del Torchio y Gustavo De Marchi, así como al ex jefe de la Policía de San Juan, Juan Carlos Coronel.

En el juicio también estaba imputado el general Luciano Benjamín Menéndez, que cumple las penas de prisión perpetua en Córdoba, pero fue apartado del caso, por razones de salud.

Se demora el juicio por el crimen de Ferreyra

El juicio oral por el asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra y las heridas de bala que recibieron otras tres personas durante una protesta de empleados tercerizados del ex Ferrocarril Roca demorará su comienzo, hasta ayer previsto para el próximo lunes 20. Así lo decidió el Tribunal Oral en lo Criminal 21, que pospuso sin fecha tentativa el inicio del proceso, debido a que a la acusación del gremialista ferroviario José Pedraza y otros nueve detenidos imputados por el crimen se sumó la de siete oficiales de la Policía Federal, señalados por liberar la zona de Barracas donde se produjo el crimen. Como la prueba acusatoria contra los efectivos no está completa, se deberá esperar hasta tanto esa etapa esté resuelta. Según explicaron fuentes judiciales, el asesinato del joven y la actuación de la Policía son partes de “un solo hecho” que debe ser juzgado en un único proceso.

La medida fue dictada por los jueces Diego Barrotaveña, Carlos Bossi y Horacio Dias, quienes ordenaron “imprimir prioridad en su tramitación” a la prueba contra los policías para no demorar demasiado el proceso. Las fuentes vaticinaron que la presentación de evidencia y su análisis por parte de la Fiscalía tardará alrededor de un mes. Luego, el Tribunal decidirá cuáles aceptará, para luego fijar una nueva fecha de inicio. No obstante, los plazos podrían postergarse aún más si las partes objetan la decisión del Tribunal de unir ambas causas.

Los jueces tomaron la determinación luego de que, en diciembre pasado, la jueza Susana Wilma López elevara el segundo tramo de la investigación por la muerte de Ferreyra y las graves heridas de bala que recibieron Elsa Rodríguez, Pablo Pintos y Nelson Aguirre. Esa parte del estudio liderado por López apuntaba a la responsabilidad por las víctimas de siete oficiales de la Policía Federal, acusados de liberar la zona del hecho y no proceder a la detención de los señalados de efectuar los disparos, ni a la búsqueda de pruebas.

Si finalmente las partes aceptan la unificación, Pedraza y otros nueve imputados estarán acompañados de los policías acusados en la segunda etapa de la investigación. Hugo Lompizano, ex comisario y ex titular de la Superintendencia Metropolitana de la Federal; Jorge Raúl Ferreyra, ex comisario de la División Roca; Luis Alberto Echevarría, segundo de Lompizano; Gastón Conti, principal de la Dirección General de Operaciones; Rolando Garay, subcomisario de la comisaría 30ª; Luis Mansilla, comisario inspector jefe del Departamento de Control de Líneas, y David Villalba, agente de la División Exteriores de Video, se encuentran en libertad y se les imputa el delito de abandono de persona agravado seguido de muerte y agravado por daño a la salud, en el que está incluido el incumplimiento de los deberes de funcionario público, que tiene una pena de hasta 15 años de prisión.

Cárcel común a Guglielminetti

La Cámara Federal porteña confirmó la detención en una cárcel común del ex agente civil de Inteligencia del Batallón 601 condenado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar Raúl Antonio Guglielminetti, rechazando un pedido de arresto domiciliario. La defensa de Guglielminetti había pedido la detención en su domicilio con los argumentos de que tiene más de 70 años –edad que las leyes establecen para reclamar ese beneficio– y que su esposa tiene a cargo la crianza de sus tres nietos menores de edad, ya que su hija y su yerno murieron. 

La Cámara confirmó el fallo del juez federal Daniel Rafecas, que había rechazado el planteo de Guglielminetti, detenido en Marcos Paz. “Las concretas condiciones ponderadas demuestran que Raúl Guglielminetti, frente a los eventos cuya comisión se le reprochan y al escenario histórico y formal en el que éstos se enmarcan, de momento no pueda acceder al beneficio cuya concesión ha solicitado”, sostuvieron los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero.

El ex agente de Inteligencia Raúl Guglielminetti fue condenado a veinte años de prisión por los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención conocido como Automotores Orletti durante la dictadura.

Guglielminetti, reconocido por algunas de sus víctimas cuando luego de la dictadura se desempeñó en la custodia del por entonces presidente Raúl Alfonsín, fue condenado por 25 secuestros y 21 de aplicación de torturas.

Automotores Orletti fue el centro clandestino de detención por el que pasaron las víctimas del llamado Plan Cóndor un acuerdo entre las dictaduras del Cono Sur para colaborar en la represión ilegal de la guerrilla en la región.

Negocios compartidos en Colón

El espía de la SIDE durante el proceso militar, Raúl Guglielminetti tenía lucrativos negocios en nuestra ciudad. El testaferro era un colonense perteneciente a la derecha nacionalista. El negocio pasaba por la venta de combustibles. Las venidas del ex agente de inteligencia y Eduardo Ruffo, no eran tan esporádicas.

Raúl Guglielmineti, y Anibal Gordón miembro del SIDE (Ejercito) se conocía dentro y fuera de Colón. Lo producido por sus tropelías como asalto de bancos o secuestros, era invertido en la ciudad.
En un campo alquilado a un colonense en frente a la Escuela Salesiana de Ferré, Gordón sembraba maíz escoba, en tanto Guglielmineti se dedicaba a la venta de gas-oil y naftas. Estas actividades en el orden local era compartida con los delitos de Lesa Humanidad que cometían.
La historia cierra, debido a que a partir de 1975, en la zona hubo miembros de la Triple A y que se encubría a través de trabajadores del Ministerio de Bienestar Social.

Como producían el dinero

En un mediodía templado de invierno, dos jóvenes, bien vestidos, llegan en un auto Torino al Destacamento Policial de la localidad de Arroyo Dulce (cerca de Salto), ubicado sobre la calle Gowland, a menos de una cuadra de los terrenos de la estación del ferrocarril. Logran sorprender y secuestrar al oficial a cargo Juan Carlos Bianchi y se lo llevan como rehén. Son las 13.25, cuando entran al Banco de Crédito Rural. El oficial de custodia atina a usar su arma, pero sabe que es mejor replegarse. Al grito de "esto es un asalto", los atracadores le piden al cajero, Osvaldo Colel, que abra el tesoro
.
Los desconocidos toman el dinero, encierran a empleados, clientes y personal de seguridad en el archivo y salen a la calle. En total suman diez minutos de acción. Con una pistola calibre 45 disparan a las gomas de un Torino, un Falcon y una Fiat multi- carga para evitar que los sigan. Como tomándose un tiempo dentro de la línea de vértigo, detienen el colectivo de la empresa de transporte de pasajeros "El Águila", que hace el trayecto Pergamino-Salto, suben y le quitan la llave de contacto.

Revisan al pasaje, no roban nada: sólo constatan que ninguno lleve armas. Suben a un auto y escapan por caminos de tierra. A unos pocos kilómetros abandonan el vehículo y huyen en avión (el mismo que la banda utilizaba en Colón y el campo de Ferré)

Horas después, en el banco se realiza el arqueo de caja: la suma sustraída apenas supera el millón y medio de pesos viejos, cifra muy inferior a la que se guardaba. Erróneamente, las primeras noticias difundidas por algunos medios de comunicación arriesgan una cantidad cercana a los 10 millones.

La banda de Gordón había asaltado el banco.
En este sentido, la casa de la calle 47 en cercanías de 12, Gordon lo compró con lo producido del robo
No se sabe si en el campo alquilado a un colonense en Ferré y donde llegaban en avión a igual que al Aeroclub de Colón se juntaban con Acosta, Rufo y Guglielminetti.