Dicen que van a acelerar los juicios y suspenden juicio por delitos de lesa humanidad en La Rioja

Se trata del caso que investiga el asesinato de los religiosos Carlos Murias y Gabriel Longueville durante la última dictadura militar. La medida la tomó la Justicia Federal local, desde donde se informó que “se suspende sin fecha fija”, debido a la falta de magistrados para tomar la causa. El inicio del juicio estaba previsto para marzo.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja decidió “suspender sin fecha fija” la audiencia oral y pública prevista para el próximo 15 de Marzo, que debía investigar delitos de Lesa Humanidad y esclarecer el asesinato de los sacerdotes Carlos Murias y Gabriel Longueville, cometidos durante la última dictadura militar.

El Tribunal decidió mediante un decreto “suspender sin fecha fija” la audiencia oral y pública por el delito de Lesa Humanidad ya que a la fecha éste “no se encuentra conformado debido a la recusación interpuesta por el Defensor Público Oficial Carlos Caceres, defensor de Benjamín Menendez, respecto del mismo”.

Otro de los motivos de la suspensión de la audiencia es que tampoco fueron resueltos “los planteos de nulidad interpuestos por el defensor del ex Vicecomodoro Luis Estrella y el ex comisario Domingo Vera Enrique Leiva y Sebastián Chiavassa respectivamente en contra del decreto que fijaba la fecha de audiencia para el próximo 15 de marzo del corriente año”.

Las recusaciones se encuentran a la espera de su resolución en la Cámara Nacional de Casación Penal.

El tribunal actualmente está integrado únicamente por el Juez de Cámara José Camilo Quiroga Uriburu (Presidente) debido a la jubilación de su par Sergio Grimaux y la renuncia de Alberto Aragone para desempeñarse como Defensor Oficial en el Tribunal Oral de la provincia de Salta.

La causa es la número 361-E-2.009 caratulada como “Estrella, Luis Fernando y otros Homicidio Calificado Reiterado, Privación Ilegítima de la Libertad seguida de muerte y Tormentos” y tenía como subrogantes a los jueces Carlos Lascano y Jaime Diaz Gavier del Tribunal Oral Federal 1 y 2 de Córdoba respectivamente.

Los hechos ocurrieron el 18 de julio de 1976 cuando un grupo de hombres, supuestamente pertenecientes a la policia provincial, buscaron a los sacerdotes quienes pertenecían a la orden sacerdotal del ex obispo provincial Enrique Angelelli, en el lugar de residencia y posteriormente en las afueras de la ciudad de Chamical los asesinaron de varios disparos tras haberlos atados de manos y tapados los ojos.

La causa consta actualmente de 26 cuerpos principales y 25 incidentes y estban citados más de cien testigos ya que algunos fallecieron y a otros no se los pudo localizar debido a que no viven mas en los domicilios denunciados en esa época.

Entre los testigos se encuentran el Secretario de Derechos Humanos de la Nación Eduardo Luis Duhalde, la actual senadora nacional Teresita Luna, el padre de ésta Balbino Luna (ex policia), el ex Jefe de la Policia provincial Felix Portugal, el ex Intendente de Chamical Elias Hemmes, el diputado provincial y ex sacerdote de Chamical Delfor Brizuela, el actual Fiscal General de la provincia Hugo Montivero, Carlos Ruckauf, Juan Bautista Jofre, entre otros.

Las partes actuantes son el Fiscal General Subrogante Dario Illanes, la querella por parte de la hermana de Carlos Murias a cargo de las letradas Viviana y Maria Reinoso, Adriana Mercado Luna y Graciela Herrera y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia en tanto que los abogados defensores son Enrique Leiva (Estrella), Sebastian Chiavassa (Vera) y el Defensor Público Oficial Carlos Cáceres (Menendez).

Los integrantes del Tribunal, fueron recusados por el Defensor Público Oficial Carlos Cáceres con la adhesión del abogado Sebastián Chiavassa, para lo cual se conformó un nuevo tribunal integrado por los magistrados Carlos Ochoa y Vicente Muscará del Tribunal 1 y Jose María Perez Villalobo Tribunal Oral 2 quien se xcusó de actuar siendo reemplazado por Abel Sanchez Torres perteneciente a la Cámara Apelaciones, todos de la ciudad de Córdoba.

Posteriormente, Chiavassa recusó a Sanchez Torres y tras hacérsele lugar se designó por parte de la Cámara de Casación Penal al juez Luis Martinez de la Cámara deApelaciones de Cordoba quien también fué recusado al igual que su reemplazante Ignacio Velez Funes del Tribunal Oral 1 de Córdoba interponiendo finalmente un reurso de Casación que aún no fué resuelto por la Cámara.

Este será el segundo juicio por delitos de Lesa Humanidad que se desarrollará en la provincia ya que el primero se realizó en Agosto de 2010 donde se condenó al ex sargento José Rodriguez a veinte años de prisión por el homicidio del soldado Roberto Villafañe.

El vecino que nadie defiende

Ahora, la intendenta de Funesm se suma al repudio a Warfi Herrera. 

Mónica Tomei manifestó su preocupación por la prisión domiciliaria que cumple el ex jefe de la policía de Santiago del Estero. "Una persona involucrada en delitos de lesa humanidad debe permanecer en cárcel común", dijo la mandataria.

La catarata de repudios por la presencia del ex jefe de la policía de Santiago del Estero durante la última dictadura militar, Ramón Warfi Herrera, en la ciudad de Funes, no se detiene. La propia intendenta Mónica Tomei manifestó su preocupación por el estatus del represor, quien cumple arresto domiciliario en Monteagudo 2186 del barrio Villa del Sol, en el norte de la vecina localidad. "Nos parece que una persona involucrada en delitos de lesa humanidad debe cumplir su pena en una cárcel común", afirmó la mandataria, quien adelantó que hoy mismo ingresarán en el Concejo Deliberante un proyecto para declarar persona no grata a Warfi Herrera. La Intendencia solicitará al Tribunal que entiende en la causa "la detención en cárcel común además del traslado al territorio de su competencia".

Al mismo tiempo, el secretario de Gobierno de Funes, Gonzalo Miranda Aguiar, se comunicó ayer con el fiscal federal de Santiago del Estero, Gustavo Gimena, que se opuso al beneficio otorgado a Warfi Herrera. El funcionario municipal lo llamó para profundizar sobre la información que causó conmoción en Funes. Anteayer, la vecinal de la zona 5, a la que pertenece el barrio Villa del Sol, y el concejal del Frente para la Victoria Mauro Míguez hicieron público su repudio a la presencia del represor. Ayer fue la propia intendenta quien manifestó su rechazo a la presencia del represor.

Warfi Herrera fue jefe de la policía de Santiago del Estero entre 1977 y 1979, y fue uno de los máximos responsables del terrorismo de estado en aquella provincia. Durante dos años estuvo prófugo, ya que informó un domicilio falso a la justicia, pero el 16 de diciembre pasado fue detenido en su casa de Funes. A los pocos días lo trasladaron a Santiago del Estero, donde fue indagado por el juez Guillermo Molinari, que el 29 de diciembre lo procesó por privación ilegítima de la libertad, tormentos y desaparición forzada de persona en catorce casos. No llegó a estar dos meses detenido en la provincia del norte, ya que el 17 de febrero un tribunal integrado por Pedro Ibáñez, Gabriel Casas y Carlos Jiménez Montilla (el último votó en disidencia) le otorgó la prisión domiciliaria en su domicilio --donde se mantuvo prófugo--, por problemas de salud que arguyó la defensa del represor. Después del carnaval, Warfi Herrera volvió a su casa, que tiene parque y piscina. El repudio de los organismos de derechos humanos de Santiago del Estero no se hizo esperar. La presidenta de la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia, Cristina Torres, apeló a la "solidaridad" del pueblo santafesino para impedir que el represor vuelva a eludir la acción judicial.

"El fiscal nos comunicó su preocupación, porque no existen antecedentes de una decisión de dar arresto domiciliario fuera de la jurisdicción del proceso penal. Por eso nos hemos puesto a su disposición", afirmó Miranda Aguiar, quien relató que ayer fueron al domicilio del represor para constatar que se cumpla el arresto domiciliario, y confirmaron la presencia de un móvil de la Policía Federal, con un agente de civil para garantizar que Warfi Herrera no se mueva de su casa. Al mismo tiempo, el Ejecutivo municipal enviará hoy un mensaje al Concejo, que sesionará a partir del próximo 7, para declarar al represor como persona no grata. "Vamos a remitir toda esta documentación al Tribunal Oral de Santiago del Estero para que sepan cuál es la posición de Funes", agregó el funcionario.

La noticia de la presencia de Warfi Herrera en el jardín de la provincia cayó como una bomba entre la ciudadanía, que desconocían la presencia del represor. "Desde el municipio queremos dejar bien clara la postura de nuestra gestión, que va a ser la misma del Concejo y de la comunidad en general", expresó Miranda Aguiar. En Funes, una comisión Multipartidaria se viene reuniendo para conmemorar, por primera vez en esa localidad, el 24 de marzo con un acto público.

Declaran persona non grata a Warfi Herrera en el barrio donde cumple prisión domiciliaria

No quieren un represor cerca

La Asociación Vecinal de la zona 5 de la vecina localidad, a la que pertenece el barrio Villa del Sol, repudió que el ex jefe de la policía santiagueña durante la última dictadura esté cumpliendo prisión domiciliaria en ese lugar.

La noticia publicada el lunes por Rosario/12 causó conmoción en el barrio Villa del Sol de Funes. La mayoría de los vecinos desconocía que Ramón Warfi Herrera, el habitante de Monteagudo 2186, era un represor procesado por delitos de lesa humanidad en Santiago del Estero, donde fue jefe de la policía entre 1977 y 1979. Los primeros en reaccionar fueron los integrantes de la Comisión Directiva de la Asociación Vecinal de la zona 5, que declaró persona no grata al represor y exigió que se retire "inmediatamente" del barrio. "Semejante individuo debería estar alojado con los otros represores de la dictadura", dice el comunicado de urgencia que emitió la vecinal. "Lamentamos la decisión del Tribunal y no compartimos semejante privilegio para alguien que no lo merece desde ningún punto de vista", agregan. También el concejal del Frente para la Victoria, Mauro Míguez, llevará el tema al Concejo el próximo 7 de marzo, cuando se inicien las sesiones del cuerpo deliberativo de la vecina ciudad, donde por primera vez una Multipartidaria organiza un acto para conmemorar el golpe del 24 de marzo.

"La posición del bloque del Frente para la Victoria es que el Concejo saque una resolución de repudio de la presencia de Herrera en la ciudad", adelantó Míguez, quien manifestó la sorpresa por la vuelta del represor al barrio, apenas dos meses después de su detención, el 16 de diciembre pasado.

Warfi Herrera estuvo prófugo durante dos años, ya que dio una dirección falsa a la justicia de Santiago del Estero. Está acusado de privación ilegal de la libertad, torturas, homicidio calificado y desaparición forzada de personas en diez casos. A fines de diciembre, el juez Guillermo Molinari lo procesó, y el 17 de febrero, un Tribunal integrado por Pedro Ibáñez, Gabriel Casas y Carlos Jiménez Montilla le otorgó la prisión domiciliaria por cuestiones de salud. El fiscal Gustavo Gimena se opuso al beneficio, pero la semana pasada el represor volvió a su casa de Funes. Incluso, la presidenta de la Asociación por Memoria, Verdad y Justicia de Santiago del Estero, Cristina Torres, cuestionó que los magistrados hayan ido más allá del pedido de la defensa, que era la domiciliaria en aquella provincia. "Sin embargo, se la concedieron en la provincia de Santa Fe, donde estuvo prófugo", se indignó la militante de derechos humanos quien convocó el "sentido de solidaridad" de la ciudadanía santafesina. La magnitud de su actuación en el terrorismo de estado santiagueño se comprende si se tiene en cuenta que fue el jefe de Musa Azar, el temible ex jefe de inteligencia de esa provincia.

El concejo de Funes tiene 6 ediles, de los cuales cinco pertenecen a distintas vertientes del radicalismo en el Frente Progresista Cívico y Social. Sólo uno, Míguez, integra el Frente para la Victoria. "Por lo que sé, esto tomó de sorpresa a muchos vecinos que tuvieron contacto con esta persona y desconocían sus antecedentes", afirmó el edil funense.

"Somos un barrio de gente trabajadora, respetuosa de la autoridad democráticamente constituida. Necesitamos que la policía cuide nuestra seguridad y no que se vea obligada a perder el tiempo con quienes pisotearon la democracia", dice el comunicado de la vecinal zona 5. Consultado por este diario, uno de los integrantes de la comisión directiva, Mario Moreno, admitió que la noticia los tomó por sorpresa, ya que desconocían que Warfi Herrera --propietario de la casa en la que vive-- contaba con semejantes antecedentes delictivos.

El jefe de la policía santiagueña durante la dictadura, está en su casa

 El represor vive en Barrio Villa del Sol
Cobijo para un vecino con prontuario

Después de permanecer prófugo por dos años, el 16 de diciembre Ramón Warfi Herrera fue condenado por desaparición forzada, homicidio calificado y torturas, además de asociación ilícita. Sin embargo, goza de prisión domiciliaria en Funes.

El represor Ramón Warfi Herrera, que fue jefe de policía de Santiago del Estero durante la última dictadura militar desde enero de 1977 hasta 1979, acusado de delitos de lesa humanidad, cumple prisión domiciliaria en su casa del barrio Villa del Sol de Funes desde la semana pasada. La dirección exacta del chalé en el que vive, de techo a dos aguas con frente de ladrillos vistos, es Monteagudo 2186. El Tribunal Federal Oral de Santiago del Estero, integrado por Pedro Ibáñez, Gabriel Casas y Carlos Jiménez Montilla otorgó el beneficio al entender que por razones de salud y por los tratamientos a los que debe ser sometido, no podía continuar en una cárcel. Lo curioso es que Warfi Herrera fue detenido el 16 de diciembre pasado, después de permanecer prófugo durante dos años. El juez Guillermo Molinari lo procesó a fines de diciembre por desaparición forzada, homicidio calificado y torturas en 10 casos, además de asociación ilícita.

El fiscal Gustavo Gimena se opuso a que le permitieran vivir en Funes, pero el Tribunal atendió al pedido de la defensa, ejercida por los abogados Juan José Saín y Osvaldo Fiorino. Para Cristina Torres, presidenta de la Asociación por Memoria, Verdad y Justicia de Santiago del Estero, la decisión tomada por el Tribunal el 17 de febrero pasado es "lamentable, inconcebible y execrable". Como querellante, lamentó que los jueces Ibáñez y Casas --Jiménez Montilla votó en disidencia-- fueran más allá de lo pedido por la defensa, que había planteado una domiciliaria en aquella provincia. "Sin embargo, se la concedieron en la provincia de Santa Fe, donde estuvo prófugo", apuntó Torres. Warfi Herrera fue trasladado en diciembre pasado al Penal Federal de Colonia Pinto, lugar donde se encuentran quienes cumplen prisión por delitos de lesa humanidad en Santiago del Estero, pero sólo estuvo preso dos meses.

La dirigente del organismo que agrupa a familiares de desaparecidos y a ex presos políticos apeló "al sentido de solidaridad de los movimientos de derechos humanos y más que nada al pueblo de la provincia de Santa Fe, en el sentido de que sabemos que las prisiones domiciliarias allá han tenido muchos problemas, porque han sido violadas reiteradamente. Lamentablemente para nosotros hay mucha distancia geográfica. Sin embargo, desde hace 35 años que estamos buscando justicia y como les decimos a ellos en la calle, como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar". La desesperación de los organismos de Santiago del Estero es que Warfi Herrera no demostró nunca, en 35 años, la intención de colaborar con la Justicia, y tenían expectativa del pronto inicio del juicio oral por los delitos de lesa humanidad en los que está imputado. "Les pedimos a los santafesinos que nos acompañen en esa búsqueda, para que se siente en el banquillo de los acusados como todos los otros. Si él no está presente, el juicio no se puede hacer", rogó Torres.

En su rechazo a la domiciliaria, el fiscal Gimena argumentó que el grupo de tareas integrado por Musa Azar, Garbi, López Veloso (sólo por citar a quienes ya se encuentran condenados a perpetua por delitos declarados imprescriptibles por la Justicia argentina) actuaban bajo la responsabilidad del hoy beneficiado, quien luego de ser jefe de la Policía en la provincia prestó servicios, a partir del año 1979, en el Comando del II Cuerpo de Ejército en Rosario. Con posterioridad pasa a revistar en la Escuela de Inteligencia con sede en la provincia de Santa Fe. Desde 1971 y con el grado de Capitán es ya un oficial de la Inteligencia Militar, habiendo realizado cursos en Estados Unidos y Venezuela, entre otros. Es así que en 1982 llega a desempeñarse como sub-director de la Escuela de Inteligencia Militar a cargo del "Programa de Recuperación de Subversivos Procesados".

Desde la Asociación por la Memoria, Verdad y Justicia plantean que la resolución "tomada por el tribunal presidido por Pedro Ibáñez (quien se desempeñó como funcionario judicial durante el juarismo y fue acusado de ordenar el espionaje a las Madres del Dolor a fines de los 90), no hace sino confirmar su decisión de trabajar por la continuidad de la impunidad de los genocidas, a contrapelo de la decisión de los poderes del Estado y de la sociedad argentina, que declararon el juzgamiento y la condena de estos delitos de interés prioritario para la Nación".

Como antecedentes, plantean que "estos mismos funcionarios son los que concedieron el beneficio de la excarcelación al represor ex policía Roberto Díaz que luego de ser excarcelado se profugó, situación que se mantiene hasta el presente. Sería demasiado ingenuo pensar que el imputado Warfi Herrera no adopte la misma conducta que Díaz, sobre todo teniendo en cuenta que la legislación argentina prohíbe el juicio en ausencia de los imputados".

La rata que se escapó: el ex juez en ¡¡libertad vigilada!!

Arrestado, pero sólo por unas horas

La Justicia chilena inició el proceso de extradición contra el ex magistrado. Lo llevaron a tribunales y le dieron un “arresto nocturno”. Está acusado por su participación en violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado.

El descanso del ex juez Otilio Romano en las coquetas playas chilenas de Reñaca fue interrumpido por un momento ayer. Al mediodía, efectivos de Interpol le informaron que estaba detenido y lo llevaron a declarar a tribunales, pero luego le concedieron un “arresto domiciliario nocturno”, es decir que el ex magistrado sólo está obligado a quedarse en su casa por la noche. Romano, procesado por su participación en delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, podrá seguir de vacaciones, aunque el trámite realizado ayer dio inicio a su proceso de extradición, que podría demorar unos meses.

“Es una vergüenza que la Justicia chilena no haya tenido en cuenta la conducta anterior de Romano, que ya se fugó, y la gravedad de las acusaciones que se le imputan”, dijo a Página/12 Pablo Salinas, abogado del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y querellante en la causa en la que está implicado el ex camarista mendocino.

Romano fue arrestado ayer al mediodía por orden del juez de la Corte Suprema de Chile Adalís Oyarzún, quien había pedido al gobierno argentino un resumen de los cargos que se le imputaban al ex magistrado y al Ministerio de Interior de su país un informe sobre el estado del trámite de refugio político iniciado por el ex hombre fuerte de la Justicia mendocina. Luego de su detención, Romano fue interrogado por otro magistrado, Sergio Moñoz, quien después de escucharlo le concedió el beneficio de quedar “arrestado” sólo durante la noche.

El ex juez se escapó a Chile a fines de agosto del año pasado, un día antes de que lo suspendiera el Consejo de la Magistratura por haber actuado en complicidad con el terrorismo de Estado. Luego fue destituido. “No le cabe a este cuerpo colegiado un mínimo atisbo de duda para decidir que el doctor Otilio Irineo Roque Romano no merece continuar en el ejercicio de la magistratura por no tener las condiciones morales para ostentar tan alto honor”, fue la conclusión del jury de enjuiciamiento. El cruce de la frontera y el fin de su juicio político hicieron que el juez Walter Bento solicitara su captura internacional, luego de considerarlo prófugo. La foto del ex camarista mendocino figuró en la página de Interpol junto a los criminales más buscados.

En tanto, Romano pidió asilo en Chile y consiguió ocho meses de visa. La decisión de interrogarlo ayer y el hecho de que quedara en estado de semilibertad dio comienzo a su trámite de extradición. Será el presidente chileno, Sebastián Piñera, quien tenga la última palabra para definir si el ex juez vuelve preso a la Argentina para ser juzgado por su rol durante el terrorismo de Estado.

Romano está procesado como partícipe primario en 103 delitos de lesa humanidad, que van desde secuestros, torturas, allanamientos ilegales y robo de bienes hasta el archivo de la causa por la apropiación de una hija de desaparecidos que impulsó invocando las leyes de impunidad (pese a que no eran aplicables a ese delito). Durante la última dictadura fue fiscal y juez subrogante y se le adjudican conductas como no haber denunciado o investigado evidentes violaciones a los derechos humanos de las que habría tenido conocimiento por los detenidos o por visitas a los centros de detención como el D2 –el del Departamento de Policía de Mendoza– y la U9 de La Plata, e incluso haberse basado en testimonios obtenidos bajo tortura para promover causas por la llamada “ley antisubversiva”, de los tiempos de la Triple A. Luz Faingold fue detenida a los 17 años en 1975 y llevada a una cárcel de adultos donde funcionó un centro clandestino y donde fue torturada y atacada sexualmente mientras Romano se negaba a restituirla a sus padres. La mujer relató que el entonces fiscal pasó a verla por el calabozo.

El actual camarista también está procesado por la apropiación de bienes de Alicia Morales de Galamba, a quien le saquearon la casa tras su secuestro. Cuando su abogado defensor pidió un informe a la Octava Brigada sobre dónde se encontraban los bienes, Romano se opuso –cuenta el abogado Salinas– con el argumento de que “si giraban ese informe convertirían al tribunal en una oficina de objetos perdidos”. “Tampoco investigó las torturas a Morales de Galamba”, agregó.

Fidel Bustelo denunció que Romano interrogó a su padre, Angel Bustelo, mientras éste se encontraba detenido en un centro clandestino en La Plata, durante la dictadura. En el marco de ese interrogatorio, Romano mostró su supuesta confusión entre un testamento escrito en ídish por un cliente de Angel Bustelo con una prueba de su supuesta “conexión soviética con la guerrilla”. “De nada
sirvió que mi viejo le explicara que se trataba de un testamento en ídish de un cliente del estudio al que le estaba haciendo una sucesión. No había forma de explicarle que no era ruso”, explicó Fidel Bustelo.

Rechazan excarcelación de José Pedraza, preso por el asesinato de Mariano Ferreyra

A la espera del juicio tras las rejas

El líder de la Unión Ferroviaria fue detenido un año atrás, acusado de haber instigado la muerte de Ferreyra en medio de un ataque a trabajadores tercerizados. La resolución de Casación alcanza también a otros detenidos.

 Por Irina Hauser

El día en que el titular de la Unión Ferroviaria (UF), José Pedraza, cumplía un año detenido por el asesinato de Mariano Ferreyra, la Cámara de Casación Penal rechazó su pedido para ser excarcelado, por lo que todo indica que llegará preso al juicio oral. En el fallo, uno de los jueces especificó que existe riesgo de que entorpezca la acción de la Justicia, según pudo confirmar Página/12. La situación del líder ferroviario se había convertido en centro de especulaciones que lo daban por liberado ya antes de Año Nuevo, alimentadas por movilizaciones recurrentes frente a los tribunales federales de simpatizantes de la lista verde del gremio, con sus gorritos y banderas, las mismas identificaciones que se veían en Barracas el día que una patota del gremio mató a Mariano e hirió a balazos a Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos durante una protesta de trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca en octubre de 2010.

Pedraza fue detenido un año atrás en su departamento de las torres El Faro de Puerto Madero, acusado de haber instigado el accionar violento del grupo de choque que mató a Ferreyra en medio de un ataque a los tercerizados y organizaciones sociales que los apoyaban en sus reclamos. Quedó comprometido por entrecruzamientos telefónicos que lo rozaban, por escuchas y por su propio vínculo con las empresas tercerizadas –en especial con la Cooperativa Unión de Trabajadores del Mercosur– cuyo sistema de precarización laboral tanto Mariano como quienes participaban de aquella protesta cuestionaban. La jueza de primera instancia, Wilma López, sostuvo de hecho que tuvo un móvil político y económico.

La magistrada y la Sala I de la Cámara de Crimen le habían negado la posibilidad de esperar el juicio en libertad no sólo por la gravedad de los hechos, sino por las amenazas sufridas por testigos y porque Pedraza quedó también envuelto en una trama de presuntos sobornos (o intentos) a jueces de la propia Casación para conseguir la libertad de los matones de la UF detenidos e intentar quedar él mismo desvinculado del homicidio. De hecho está citado a indagatoria ya que aparece en conversaciones telefónicas que lo mostrarían detrás de la maniobra.

La Sala III de la Cámara de Casación, integrada para este caso específico por Mariano Borinsky, Raúl Madueño y Liliana Catucci, volvió a negarle la excarcelación en la misma línea. La resolución fue firmada ayer y alcanza también a otros detenidos: los delegados Pablo Díaz y Jorge González, el portero de los talleres de Remedios de Escalada Juan Carlos Pérez, el picaboletos Guillermo Uño y el empleado Salvador Pipito. En su voto, Borinsky reforzó en el caso de Pedraza el argumento de que podría entorpecer el devenir de la causa, que espera el juicio oral con algunas medidas y pericias en trámite. Los otros jueces dijeron que nada había cambiado en el caso como para liberar a los sospechosos.

Junto con Pedraza, están detenidos y próximos a ser juzgados Juan Carlos “Gallego” Fernández y ocho hombres que participaron en el ataque. El juicio iba a empezar justo ayer, pero días atrás quedó postergado porque el Tribunal Oral Criminal 21 finalmente resolvió, a pedido de las querellas –que representan a la mamá de Ferreyra y a los heridos– unificar el proceso contra Pedraza y la patota con el juicio a los siete policías acusados de haber liberado la zona para que ocurriera el homicidio. Para que el juicio pueda finalmente tener una fecha cierta, todavía falta que Casación resuelva la situación de los policías. Los cálculos más optimistas dicen que si hay una definición en breve quizá finalmente estén todos en el banquillo dentro de unos dos meses. Está por verse. La participación en un homicidio, directa o por instigación, prevé hasta prisión perpetua.

Concedieron la prisión domiciliaria a Warfi Herrera

El Tribunal Oral Federal en función de Cámara de Apelaciones conformado por Pedro Ibáñez, Gabriel Casas y Carlos Jiménez Montilla otorgó la prisión domiciliaria al ex jefe de policía santiagueña durante la dictadura, Ramón Warfi Herrera, al entender que por razones de salud y por los tratamientos a los que debe ser sometido, no podía continuar en una cárcel.
Así lo resolvió ayer en la audiencia de apelación, en la que se concedió la petición realizada por la defensa de Herrera que está imputado por homicidio calificado y asociación ilícita por hechos que se investigan en el marco del Grupo Tres de Derechos Humanos, crímenes cometidos durante el proceso militar.

 
Desde el Ministerio Público Fiscal, Gustavo Gimena había manifestado su rechazo al planteo de la defensa. En principio, el TOF denegó el pedido de excarcelación, pero luego determinó que debido a que el acusado padece de hipertensión arterial y cáncer de próstata, continúe su reclusión en el domicilio, pero con custodia y limitaciones en cuanto a las visitas.
Los defensores de Herrera, Juan José Saín y Osvaldo Fiorino, indicaron que el ex jefe policial será trasladado a su domicilio en Funes, localidad de Santa Fe, donde a fines de diciembre pasado fue capturado por Gendarmería (estaba prófugo y se ofrecía por él una recompensa de $ 100 mil). Los organismos de DD.HH. que manifestaron su rechazo al fallo y expresaron temor de que Herrera se fugue nuevamente.