Simone apareció en la lista del Batallón 601 que publicó el ANM.A Oscar Simone, denunciado por presunta colaboración con la dictadura, lo mandaron a trabajar al archivo de la Secretaría de Transporte. El Gobierno lo sumarió, pero quedó sobreseído. Otro funcionario sospechado sigue trabajando en Rentas.
El cuestionado funcionario de la Secretaría de Transporte Oscar Alfredo Simone continúa trabajando en el Gobierno provincial, a pesar de las acusaciones que pesan en su contra. De acuerdo con las denuncias públicas y penales, habría sido cómplice del aparato represivo durante la última dictadura.
El caso salió a la luz en agosto de 2010, después de una publicación de Veintitrés donde se ventilaban los nombres de quienes integraron el batallón 601, y se actualizó en mayo de 2011, a través de una lista del Archivo Nacional de la Memoria (ANM). En el medio, Simone pasó a ocupar un cargo de segunda línea dentro de Transporte: lo escondieron.
En aquel momento, el director de Vías y Medios de Transporte, Diego Martínez Palau (ahora titular de la nueva secretaría del área), señaló que el Ministerio de Infraestructura (Vías y Medios dependía de esa cartera) había iniciado un sumario contra Simone, y condicionó su continuidad a los resultados de esa investigación interna.
Martínez Palau explicó a MDZ que en la investigación no se encontraron causas para sancionar a Simone y que, por lo tanto, el funcionario continúa trabajando dentro de Transporte. Sin embargo, lejos de estar a cargo de la Inspección General -cargo que ocupó durante la gestión de Celso Jaque-, fue enviado al archivo que funciona en la ex bodega Giol.
Martínez Palau remarcó que a raíz de los resultados del sumario, no tiene elementos para remover a Simone. Sin embargo, aclaró que la suerte del funcionario dependerá también de los resultados de la investigación que se desarrolla en la Justicia Federal, a partir de una denuncia del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos (MEDH).
Efectivamente, la titular del MEDH, Elba Morales, recordó que el organismo presentó una denuncia en los Tribunales Federales contra Simone, a fines de 2010, y analizó sobre las acusaciones en su contra: "No está sospechado de ser un simple buchón, sino de ser agente y empleado de la dictadura".
La presentación penal involucra a Simone en la desaparición de Roberto Blanco (1 de abril de 1976), quien también trabajaba en Transporte. En ese sentido, el MEDH solicitó a la Justicia Federal que profundice la investigación para determinar la eventual participación del actual empleado de la Secretaría de Transporte.
Osvaldo Montesino continúa trabajando en Rentas
Junto con las acusaciones contra Simone, los organismos de Derechos Humanos apuntaron a Osvaldo Montesino, cuyo nombre también apareció tras la desclasificación de documentos que ordenó la presidenta Cristina Fernández. Se trata de un inspector de la Dirección General de Rentas (DGR) que hasta el día de hoy continúa trabajando en San Rafael.
Montesino era compañero de trabajo de Aldo Faggetti, quien desapareció en 1976. Justamente, esto le permitió al actual trabajador de la DGR salir ileso judicialmente del asesinato de Faggetti, ya que la nómina de Personal Civil de Inteligencia (PCI) indica que trabajó desde 1979. Sin embargo, continúan las sospechas en su contra.
"Él se sentaba al lado de mi viejo, en el mismo escritorio. Mi viejo le contaba todo, entre otras cosas, que militaba. Es demasiada casualidad que después a Montesino se le despertara la vocación por ser personal de inteligencia de la dictadura", subrayó Javier Faggetti, hijo de Aldo Faggetti y militante de la agrupación HIJOS de San Rafael.
El Batallón 601 de Campo de Mayo era el centro de información más importante que manejaba la dictadura. A pesar de ser un centro de inteligencia de las Fuerzas Armadas, muchos civiles aportaron información. De hecho, los documentos desclasificados del Batallón dieron cuenta de la colaboración de 3.952 civiles y apenas 345 militares.
La nómina fue elaborada por el Archivo Nacional de la Memoria.
Oscar Alfredo Simone aparece en la lista de informantes civiles del Archivo Nacional de la Memoria, órgano que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Su nombre figura en la página 80 del documento, junto con su DNI.
Martínez Palau remarcó que a raíz de los resultados del sumario, no tiene elementos para remover a Simone. Sin embargo, aclaró que la suerte del funcionario dependerá también de los resultados de la investigación que se desarrolla en la Justicia Federal, a partir de una denuncia del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos (MEDH).
Efectivamente, la titular del MEDH, Elba Morales, recordó que el organismo presentó una denuncia en los Tribunales Federales contra Simone, a fines de 2010, y analizó sobre las acusaciones en su contra: "No está sospechado de ser un simple buchón, sino de ser agente y empleado de la dictadura".
La presentación penal involucra a Simone en la desaparición de Roberto Blanco (1 de abril de 1976), quien también trabajaba en Transporte. En ese sentido, el MEDH solicitó a la Justicia Federal que profundice la investigación para determinar la eventual participación del actual empleado de la Secretaría de Transporte.
Osvaldo Montesino continúa trabajando en Rentas
Junto con las acusaciones contra Simone, los organismos de Derechos Humanos apuntaron a Osvaldo Montesino, cuyo nombre también apareció tras la desclasificación de documentos que ordenó la presidenta Cristina Fernández. Se trata de un inspector de la Dirección General de Rentas (DGR) que hasta el día de hoy continúa trabajando en San Rafael.
Montesino era compañero de trabajo de Aldo Faggetti, quien desapareció en 1976. Justamente, esto le permitió al actual trabajador de la DGR salir ileso judicialmente del asesinato de Faggetti, ya que la nómina de Personal Civil de Inteligencia (PCI) indica que trabajó desde 1979. Sin embargo, continúan las sospechas en su contra.
"Él se sentaba al lado de mi viejo, en el mismo escritorio. Mi viejo le contaba todo, entre otras cosas, que militaba. Es demasiada casualidad que después a Montesino se le despertara la vocación por ser personal de inteligencia de la dictadura", subrayó Javier Faggetti, hijo de Aldo Faggetti y militante de la agrupación HIJOS de San Rafael.
El Batallón 601 de Campo de Mayo era el centro de información más importante que manejaba la dictadura. A pesar de ser un centro de inteligencia de las Fuerzas Armadas, muchos civiles aportaron información. De hecho, los documentos desclasificados del Batallón dieron cuenta de la colaboración de 3.952 civiles y apenas 345 militares.
La nómina fue elaborada por el Archivo Nacional de la Memoria.
Oscar Alfredo Simone aparece en la lista de informantes civiles del Archivo Nacional de la Memoria, órgano que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Su nombre figura en la página 80 del documento, junto con su DNI.
Fue tema central de debate a mediados del año pasado: a comienzos de agosto, la revista Veintitrés publicó una lista de informantes civiles de la dictadura donde apareció el, por entonces, coordinador de la Inspección General de Vías y Medios de Transporte, Oscar Alfredo Simone. Sorpresivamente, el "acusado" sugirió que se trataba de otra persona y el tema quedó en "stand by".
Sin embargo, en el sitio oficial del Archivo Nacional de la Memoria (ANM, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación) aparece una nómina del personal civil de Inteligencia que colaboró con la dictadura donde se observa el nombre del funcionario junto con su DNI.
Ante este nuevo material, el ministro de Gobierno de la provincia, Félix González, instruyó a la directora de Derechos Humanos, María José Ubaldini, para que se acelere el sumario que inició interinamente el Ministerio de Infraestructura contra Simone. Ubaldini también preside la Comisión Provincial de la Memoria, encargada de suministrar información al Archivo Nacional de la Memoria.
El ANM fue creado en 2003 tras la asunción de Néstor Kirchner. Un año más tarde, el 25 de mayo de 2004, el expresidente decidió que el organismo funcione en el viejo edificio de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma). El Archivo, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos, elaboró un listado de víctimas de desaparición forzada y una nómina del personal civil de Inteligencia en la dictadura.
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