miércoles, 17 de junio de 2020

Audiencias suspendidas y audiencias en video conferencias

11/06/2020 - TUCUMÁN
Por problemas de conexión, posponen para el jueves 18 juicio por delitos de lesa humanidad
Los 26 imputados pertenecen a la Policía de Tucumán, el Ejército y la Gendarmería Nacional. Están acusados de cometer 336 violaciones a los derechos humanos durante el inicio del Operativo Independencia y la dictadura posterior.


31/05/2020 - SAN MARTÍN
Continúan por medios electrónicos dos juicios de lesa humanidad
Los juicios son por la desaparición de obreros de la automotriz Mercedes Benz y la causa "Arsenal Naval de Zárate y otros centros clandestinos del circuito Zárate-Campana".

27/05/2020 - POR VIDEOCONFERENCIA
Con cuatro testimonios, se reanudó el juicio de la megacausa de Campo de Mayo
El Tribunal Oral Federal de San Martín reanudó las audiencias del juicio de lesa humanidad, con declaraciones referidas al caso de la "caída de los ferroviarios", que investiga desapariciones y apropiaciones de niños nacidos en cautiverio.

Empiezan las dúplicas y réplicas. 

21/05/2020 - ENTRE RÍOS
Causa Área Paraná II: condenaron desde 5 años de prisión hasta perpetua a ocho represores
La jueza federal Beatriz Estela Aranguren determinó que los crímenes de los que se los acusaba son "delitos de lesa humanidad, ocurridos en el contexto histórico del Terrorismo de Estado que asoló al país en el segundo genocidio entre 1975 y 1983", y además ordenó iniciar nuevas causas.

domingo, 14 de julio de 2019

Tribunal italiano condena a cadena perpetua a militares uruguayos por el Plan Cóndor

MONTEVIDEO  — Un tribunal en Roma condenó en segunda instancia a militares uruguayos por su responsabilidad en el Plan Cóndor, la coordinación represiva de las últimas dictaduras del Cono Sur de América, informó la exdirectora de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de Uruguay, Mirtha Guianze.

"Histórico; tribunal en Roma condenó en segunda instancia a 14 militares uruguayos, absueltos en primera instancia, entre ellos [Jorge Nestor] Troccoli, cadena perpetua; los fundamentos se leerán en 90 días", publicó Guianze en la red social Twitter.

El Plan Cóndor fue el mecanismo de coordinación de varias dictaduras sudamericanas en los años 70 y 80 para capturar, detener y asesinar a opositores.

El Tribunal de Apelación de Roma condenó este 8 de julio a prisión perpetua a un total de 24 militares y autoridades de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay por la desaparición y muerte de una veintena de italianos en el marco del Plan Cóndor.

Entre los sentenciados se encuentran 14 uruguayos, entre ellos Jorge Nestor Tróccoli, Ricardo Eliseo Chávez, Pedro Mato Narbondo, José Ricardo Arab, José 'Nino' Gavazzo y Juan Carlos Larcebeau.

Tróccoli es el único presente en el proceso, ya que se encuentra en Italia desde 2007.
El tribunal cambió así la sentencia en primera instancia de 2017, en la que se dictaron ocho cadenas perpetuas y 19 imputados fueron absueltos por prescripción de los delitos.

El 18 de marzo pasado, la Fiscalía de Roma pidió volver a evaluar las sentencias en primera instancia y condenar a cadena perpetua a los 24 acusados.

El proceso en el tribunal romano llevaba 20 años. 

viernes, 5 de julio de 2019

"Mi padre fue el obstetra de la maternidad clandestina de Campo de Mayo y no lo perdono"

ERIKA LEDERER

"Mi padre fue el obstetra de la maternidad clandestina de Campo de Mayo y no lo perdono"
Desde un grupo de Facebook convoca a los hijos de represores a juntarse: "La consigna es reunirnos para aportar datos, contar historias que a otros les sirvan. Reunirnos para sanar porque no hay noción de los daños que aún se siguen produciendo".

Por Guillermo Lipis

Erika Lederer, la hija del segundo jefe de la maternidad clandestina de Campo de Mayo, nunca se reconcilió con su padre y luego de la marcha del 2x1 contra la acordada de la Corte Suprema de Justicia, se propuso "reunir a los hijos de los genocidas que jamás avalamos sus delitos, a los que gritamos en sus caras la palabra asesino y Memoria, Verdad y Justicia".

El nombre de Ricardo Lederer surgió en los casos de apropiación de bebés en la maternidad clandestina de Campo de Mayo, juzgados bajo la caratula "Riveros, Santiago Omar y otros por privación ilegal de la libertad, tormentos, homicidio, etc.", en la que se determinó que "en ese centro clandestino también fueron detenidas-desaparecidas decenas de mujeres embarazadas".

En el contexto de esta causa, la enfermera Lorena Josefa Tasca informó que le tocó "intervenir en tres casos de mujeres no registradas: uno en epidemiología, otro en la cárcel de Campo de Mayo, y otro fue un parto" y señaló al doctor (capitán) Ricardo Lederer como "el segundo jefe militar de Obstetricia". Pero Erika recordó que "también estuvo involucrado en los vuelos de la muerte" cuando tiraban detenidos-desaparecidos al Río de la Plata, y se sumó a los 'carapintadas'.

A pesar de estos hechos, el capitán Lederer vivió en libertad hasta que el pasado le cobró la factura: Se suicidó de un tiro en la boca a pocas horas de haberse difundido la restitución de identidad del nieto recuperado 106, Pablo Javier Gaona Miranda -en agosto de 2012- cuando se supo que con su firma avaló la identidad falsa con la que fue entregado a sus apropiadores, con un mes de vida, luego de un operativo en el que secuestraron a sus padres biológicos, María Rosa Miranda y Ricardo Gaona Paiva.

-T (Télam): ¿Odia a su padre?
-EL (Erika Lederer): No lo perdono, no sé si lo odio. También me preguntaron si lo quería, pero no me hago esa pregunta… No tuve odio, tuve tristeza porque quise que cambiara…

Dos días después de la marcha contra la decisión de la Corte, en la convocatoria contra el 2 x1, Erika escribió en su Facebook: "Pienso en voz alta: Los hijos de genocidas que no avalamos jamás sus delitos, esos que gritamos en sus caras la palabra asesino y Memoria, Verdad y Justicia, por pocos que seamos, podríamos juntarnos, para aportar datos que hagan a la construcción de la memoria colectiva".

"Aún con la panza revuelta por los recuerdos y los ojos con ganas de seguir llorando, se me cruzó esa idea por la cabeza y el corazón. Juntarnos para hilvanar la historia, para producir dato, dejar testimonio y ayudar a que se sepa. Me ofrecí a gestarlo y a darle forma casi como una necesidad".

-T: ¿Qué eco está teniendo su propuesta?
-EL: La expectativa es que se vaya sumando gente para generar relatos de estas historias que dejaron huella. Y para eso hay una página de Facebook en la que vamos encontrándonos. Se llama Historias Desobedientes y con Faltas de Ortografía ).
Nos va a servir para reconstruir nuestros relatos, rellenar algunas lagunas y lograr historias habitables. Nos vamos juntando de a poco. Es muy loco no haber tenido conexión antes. Lo primero que dije es que no voy a perder un minuto en discusiones que ya no doy porque la queja no sirve de nada. La consigna es reunirnos para aportar datos, contar historias que a otros les sirvan. Reunirnos para sanar porque no hay noción de los daños que aún se siguen produciendo.
También destaco que no nos ponemos en pie de igualdad con los hijos de desaparecidos. En todo caso estamos al servicio, pero no nos sentimos con voz.

"Por pocos que seamos, podemos juntarnos para aportar datos que hagan a la construcción de la memoria colectiva", afirmó Erika a Télam -en esta entrevista exclusiva- y ratificó su propuesta que comenzó a tomar forma luego de la marcha del 10 de mayo y la publicación de la entrevista que la revista Anfibia le hiciera a la hija del genocida Miguel Etchecolatz.

-T: ¿Reconoce algún punto de inflexión en el que perdió la esperanza de entenderte con él?
-EL: ¿Cuándo perdí la esperanza de que se arrepienta…? Puedo indicar tres momentos diferentes. El primero fue cuando me di cuenta que los militares eran impiadosos a la hora de generar violencia sobre los cuerpos: En una oportunidad mi viejo le puso una pistola en la cabeza a mi mamá delante mío cuando yo tenía 15 años. Ahí entendí que era capaz de hacer cualquier cosa. El segundo fue a mis 24 años, cuando realizó una requisa de mi habitación. Yo no estaba en casa y entró a revisar mi pieza y tiró todo. Revolvió hasta encontrar unos periódicos que había dejado escondidos en la biblioteca. A los pocos días decidí irme de mi casa. Y otro, por ejemplo, fue cuando vino a ver a mis hijos antes de suicidarse. Poco antes le había mandado un mensaje de texto y le escribí 'Memoria, Verdad y Justicia'. Cuando llegó le pregunté si pensaba arrepentirse y me dijo que no. Creo que cuando visitó a los chicos ya le rondaba la idea del suicidio porque luego me llamó para decirme que me quería, no hablábamos muy seguido.

Le había mandado un mensaje de texto y le escribí 'Memoria, Verdad y Justicia'. Cuando llegó le pregunté si pensaba arrepentirse y me dijo que no”

-T: ¿Qué recuerdos tiene del vínculo con tu padre?
-EL: Uff… que estaba loco, de hecho le decían 'El loco'. Mi viejo era bipolar y muy violento, sobre todo conmigo porque siempre lo interpelé, era la oveja negra de la familia. Su violencia dependía del día a día y yo lo detectaba mirándolo a los ojos. Podía ser extremadamente feroz y de golpe muy cariñoso. Vivíamos en un campo minado todo el tiempo.

-T: ¿Cuándo se dio cuenta a qué se dedicaba en verdad?
-EL: Alrededor de tercer grado, 8 años, recuerdo que apareció una nota en Página/12 en la que mi papá defendió a Camps, de quien era íntimo amigo e iba a visitar a la cárcel hasta que se murió. En ese momento empezaron a decirme que no hablara de esas cosas en el colegio y no entendía por qué. Esto me sembró una duda de las buenas y me dio mucha vergüenza. Recuerdo que al mismo tiempo dejé de creer en Papá Noel. Pero mi viejo, que tenía un sadismo especial, ya había trabajado como forense de la Policía Bonaerense. Recuerdo que comíamos con fotos de muertos sobre la mesa.

-T: ¿Reconoce algún aspecto suyo en su propia forma de actuar o su personalidad?
-EL: Me considero temeraria, no tengo miedo (como él), y eso me ayudó a enfrentarlo. Fui educada con valores de mierda, pero uno de ellos me fue muy útil: la gallardía. Lo peor que se puede hacer para defender una idea es no tener coraje.

-T: ¿Pensó en cambiarse el apellido como la hija de Etchecolatz?
-EL: No. Mi apellido no es tan conocido, pero además decidí hacerme cargo de la mierda que me tocó. En una época me daba vergüenza decirlo, nos constituimos a partir de la subjetividad; y desde ahí podemos construir otra cosa. Por eso es que me consideran una traidora, un hecho que hasta hoy tiene efectos en mi vida. Familias como la mía tuvieron que vivir disociadas entre los afectos y la razón porque había que seguir conviviendo y mirarse a los ojos. Pero cuando se rompió el pacto de silencio se destrozaron los vínculos y las sanciones del clan fueron encarnizadas. En mi caso, por ejemplo, mi hermano no me da pelota, y con mi madre me llevo muy mal porque creo que tuvo una ignorancia dolosa; sabía lo que pasaba pero se hizo la boluda.

viernes, 31 de mayo de 2019

La causa Contraofensiva y los vuelos de la muerte

“4000 fueron tirados vivos al mar”

El ex cabo Nelson González dio detalles sobre la represión a los militantes montoneros en Campo de Mayo. El fusilamiento de Frías y Zucker.

Se desarrolla el jucio oral de la causa conocida como Contraofensiva.


En el marco de la llamada causa Contraofensiva, que investiga delitos de lesa humanidad cometidos por la última dictadura cívico-militar en los años 1979 y 1980, el último martes el ex militar Nelson Ramón González declaró como testigo y aportó información clave sobre los vuelos de la muerte y el mecanismo de secuestros, torturas y desapariciones puesto en marcha por el Ejército desde su accionar en Campo de Mayo. Además, brindó detalles sobre el fusilamiento de Federico Frías, de Marcos “Pato” Zucker –hijo del actor Marcos Zucker– y de otras dos personas que aún no fueron identificadas. “El testimonio de González es muy importante, porque pone en la escena judicial algo que no había sido judicializado hasta el momento y, al mismo tiempo, contribuye a entender el nervio central de la represión en toda la Argentina”, consideró Pablo Llonto, abogado querellante en el juicio.

Por videoconferencia desde Neuquén, González declaró ante el Tribunal Oral Federal 4 de San Martín, integrado por los jueces Esteban Rodríguez Eggers, Alejandro De Korvez y Matías Alejandro Mancini. Durante el primer tramo de su relato, confirmó que tuvo como destino Campo de Mayo para el momento de la Contraofensiva, el nombre con el que se llamó al regreso de un grupo de militantes montoneros al país entre 1979 y 1980. En seguida, contó que los fusilamientos de los militantes secuestrados Zucker y Frías sucedieron en la zona del polígono de tiro del predio, y que de ellos participaron algunos jefes del Ejército. Consultado sobre qué habían hecho los militares tras los fusilamientos, González soltó: “Con todo respeto por los familiares, los quemaron ahí con cubiertas. Lo reconoció Taborda, que era el encargado de sección”. 

Además, el ex cabo de Caballería agregó que por Campo de Mayo “pasaron unas cuatro mil personas que luego fueron arrojadas vivas al mar”. Según precisó González, los vuelos de la muerte salían de la Compañía de Aviación: “Era sabido en todo Campo de Mayo. Ahí estaban los aviones Fiat y los vuelos salían de ahí. En todos lados se comentaba”, completó.

“González habló, según dijo, porque le pesa en la conciencia haber formado parte de un Ejército en el que él no quería estar. Su testimonio fue muy valiente, muy transparente y muy veraz”, observó Llonto, en diálogo con PáginaI12. El abogado destacó la importancia del relato de González, quien “explicó claramente que había un grupo de ocho oficiales permanentes, con un sistema de rotación por el cual se nutría de otra gente que provenía de distintos lugares de Campo de Mayo”, principalmente, de los centros clandestinos de detención que funcionaron allí, conocidos como La Escuelita y Los Tordos. Además, el testigo señaló que funcionaban “con comisiones rotativas de dos meses, bajo el comando de la patota y de los grupos de inteligencia, sobre todo del Batallón de Inteligencia 601”.

El juicio de la Contraofensiva fue suspendido dos veces y comenzó, finalmente, el 12 de abril pasado. En él serán juzgados nueve represores por 94 acusaciones por delitos de lesa humanidad y contará con el testimonio de más de 250 testigos. La particularidad de esta causa es que el eje estará puesto, no en los crímenes de lesa humanidad cometidos en centros clandestinos, sino en la estructura de inteligencia que montó el Ejército desde sus operaciones en Campo de Mayo para llevar a cabo un plan ilegal de secuestros a militantes montoneros que vivían en el exilio. “El objetivo, en primer lugar, es apuntarle a la gran estructura, es decir, a la Jefatura II del Estado Mayor del Ejército, al Batallón de Inteligencia 601 y al Destacamento 201 que funcionaba en Campo de Mayo”, explicó Llonto. “Sabemos que la nómina de imputados es bastante pequeña, pero esta causa va a mostrar gran parte del organigrama para entender que la inteligencia no era solo obtener información bajo tortura, sino también hacer contrainteligencia, generar noticias simuladas y hacerlas circular en los medios de comunicación y hacer tareas de infiltración, entre otras”, dijo.

La lista de imputados la integran Raúl Guillermo Pascual Muñoz, ex jefe del departamento de personal del Estado Mayor, y los miembros del Destacamento de Inteligencia 201, Carlos Blas Casuccio, Jorge Eligio Bano, Eduardo Ascheri, Marcelo Cinto Courteaux y Alberto Daniel Sotomayor. Además, incluye a Roberto Dambrossi y Luis Angel Firpo, del Batallón 601, y al ex jefe de la división de Inteligencia Subversiva Terrorista del Departamento Interior de la Jefatura II de Inteligencia del Estado Mayor General del Ejército, Jorge Norberto Apa.

Por último, el abogado destacó que el juicio servirá “para tirar abajo todas las historias malas que tiene la contraofensiva y comenzar a pensarla como una acción muchísimo más amplia que tuvo que ver con la resistencia a la dictadura”. “Esta telaraña gigante de desinformación que cubrió al país durante tanto tiempo se está empezando a descubrir”, aseveró.

Informe: Sibila Gálvez Sánchez.

viernes, 24 de mayo de 2019

Extradición de un ex policía de la junta (Le Parisien)

 
LE PARISIEN : 
Extradición de un ex policía de la junta: "Mario Sandoval debe ser juzgado en Argentina"
Inicio  >  Varios hechos
Flora Genoux, corresponsal en Buenos Aires (Argentina).
24 de mayo de 2019, 8:17 am

De izquierda a derecha, Laura y Beatriz Abriata y Mónica Dittmar, respectivamente la hermana, madre y esposa de Hernán, exigen la extradición de Mario Sandoval por su presunta participación en su desaparición. LP
La familia de Hernán Abriata, quien murió bajo la dictadura argentina, espera con la esperanza de que Mario Sandoval, el oficial de policía que lo arrestó, sea extraditado de Francia para ser juzgado.
Es una luz pálida de otoño que cae en la sala de estar de Beatriz Abriata, 92, en Buenos Aires. Pero cuando menciona la posible extradición del policía sospechoso de estar en el origen de la desaparición de su hijo Hernán, sus ojos se incendian: "¡Si es necesario, lo esperaré en el aeropuerto! El regreso al territorio argentino de Mario Sandoval, ex oficial de policía de la dictadura militar (1976-1983) abriría la posibilidad de un juicio y el epílogo de una lucha de más de cuarenta años.

"Desde el arresto de mi esposo Hernán, no hemos dejado de pedir justicia y la verdad", dijo Mónica Dittmar, quien recuerda que la policía irrumpió en su casa en medio de la noche. noche. La joven pareja había estado casada durante ocho meses y su esposo tenía 25 años. "Mario Sandoval me presentó sus documentos diciendo que era un procedimiento de rutina simple y que sabríamos más al día siguiente", recuerda la joven novia que se ha vuelto sexagenaria desde entonces. La joven pareja abrazó fervientemente los ideales de un joven militante de izquierda en la universidad. "Ambos decidimos estudiar arquitectura para construir un mundo con viviendas dignas y más justicia social. "

"Había un ambiente de miedo"
Deportista, curioso amante de la música y guitarrista, Hernán acude a barrios marginales para ayudar a construir hábitats saludables. "El resto del tiempo, éramos como los jóvenes de nuestra época, escuchábamos rock y los Beatles", sonrió Mónica suavemente. El golpe militar y la persecución de activistas políticos obligan a la joven pareja a vivir en guardia. "Había una atmósfera de miedo, vimos autos militares que giraban en la calle y arrestaban a la gente", recuerda Mónica.

Pero sus precauciones no fueron suficientes: "¿Por qué? Por qué ? ¿Qué hizo mi hijo? ¡Era inocente! ¡Me pone enfermo! "Beatriz que, desde el arresto de Hernán se unió a la ronda de madres en la Place de Mai que aún hoy reclaman la verdad sobre los 30.000 desaparecidos de la dictadura.

Con el regreso a la democracia, en 1983, la familia espera el regreso de Hernán, en vano. "Los cadáveres de desaparecidos aparecieron en las playas, empezamos a comprender", suspira Mónica, quien durante años saltó y corrió tan pronto como vio una nuca de pelo rizado en la calle para descubrir, siempre, una cara que no era. No la de su amada.

Ante la ausencia de cuerpo y justicia, Laura, la hermana menor de los desaparecidos, evoca un luto imposible. "He estado viviendo con una daga en mi corazón por más de 40 años. Hernán está constantemente presente, en mi vida, todos los días en casa paso por delante de su foto y lo saludo. Mónica abunda: "La desaparición de Hernán nos ha destruido a todos, todos hemos sufrido. La extradición de Mario Sandoval sería solo un primer paso, entonces queremos que sea juzgado aquí en Argentina. "

domingo, 17 de marzo de 2019

La Tablada : Día 15 del juicio por los desaparecidos de La Tablada

Día 15 Juicio por los desaparecidos de La Tablada



En una nueva audiencia del juicio que busca saber qué pasó con José Díaz, uno de los cuatro desaparecidos de La Tablada, le tocó el turno de hablar al responsable de tanta barbarie. El ex General Arrillaga amplió su declaración, envuelto en la férrea voluntad de negar lo innegable y sostener la impunidad que lo acompañó 30 años. Antes de comenzar, el tribunal le consultó si podíamos registrar su testimonio en formato audiovisual, en vivo, a lo que Arrillaga se negó. (Por El Diario del Juicio*)'..........

domingo, 11 de noviembre de 2018

Nueva domiciliaria (no efectiva) de Etchecolatz

CRITERIOS ENCONTRADOS

Un fallo del TOF 1 de La Plata convalidó la domiciliaria (no efectiva) que el genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz había obtenido en la causa por el CCD “El Infierno”. La opinión del tribunal platense se contradice con el criterio de Casación y de la Corte Suprema en el tema. Lo que en verdad está en juego es  la transformación de los procesos por crímenes gravísimos e imprescriptibles en una mera formalidad.

Por HIJOS La Plata
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https://juiciobrigadadesanjusto.blogspot.com.ar/

Con idas y vueltas de matriz novelesca la discusión jurídica por el otorgamiento del beneficio de la prisión domiciliaria al genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz está llegando a lugares insospechados.

El 26 de octubre Etchecolatz recibió su cuarta condena a perpetua, esta vez en la causa por los CCD “Puente 12-Brigada Güemes- Comisaría de Monte Grande”. Cuatro días después la Corte Suprema de Justicia convalidó un planteo del Fiscal General ante Casación que había  apelado el otorgamiento de la domiciliaria en la causa llamada “Circuito Camps”, juzgada en 2012. Pero una semana después todo pareció volver atrás. El 7 de noviembre el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, integrado por los jueces Germán Castelli, Alejandro Esmoris y Pablo Vega, hizo lugar a la prisión domiciliaria del genocida en la causa por el CCD de la Brigada de Investigaciones de Lanús con asiento en Avellaneda, conocido como “El Infierno”. En verdad el fallo convalida una decisión ya tomada en el mismo sentido por el tribunal en agosto de 2016, que fue revocada por Casación, pero que los jueces platenses volvieron a revalidar en julio de 2017 tras realizarle obligadamente estudios al genocida a través del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema.

Razón Humanitaria

En su fallo el TOF 1 elude las recomendaciones de Casación, que dijo que la edad no justifica la concesión automática del beneficio y que el reo puede continuar en cárcel común y con la atención médica adecuada. El juez Castelli dramatiza al extremo en su voto al exponer que el genocida de “casi 90 años y graves patologías, crónicas, evolutivas y sin cura, que, a entender, por ejemplo, de los médicos de la unidad podrían dar lugar a un intempestivo desenlace mortal (…) reflejan, de manera descarnada, las muy altas probabilidades de que Etchecolatz fallezca en la cárcel. O, en otras palabras, purgue pena hasta la muerte”. Recordemos que Castelli fue en fallos anteriores el mentor de la “razón humanitaria” para mandar al genocida a su casa.

El voto de Alejandro Esmoris, que intentó aplicar el 2x1 a dos represores de nuestra jurisdicción (pero antes lo había efectivizado en Mar Del Plata), no podía quedarse atrás. Esmoris relativiza prioridades e invierte argumentos para ponderar que no por estar con domiciliaria “el Estado Argentino cae en inobservancia de normativa internacional respecto de la obligación de perseguir, juzgar y castigar adecuadamente toda violación a los derechos humanos”. Luego avanza afirmando que “las particulares condiciones de salud permiten aseverar que su mantención en un establecimiento penitenciario compromete su estado físico”, cuando el informe del Cuerpo Médico Forense dice que está “clínica y hemodinámicamente compensado en su estado de salud física con la medicación instituida”. Finalmente Esmoris sobrevalora un punto del informe que dice que el genocida es “es autoválido parcialmente” y necesita “ayuda de terceras personas para cambios de decúbito y para trasladarse, ya sea en silla de ruedas y/o con la asistencia de un bastón”, con lo cual define sin más que “se trata de una persona minusválida”.

Con diferente criterio, pero sin perder el sentido común, el juez Vega afirmó en su voto en disidencia que “parece más que discutible sostener que (…) el interno en cuestión se encuentre más resguardado y contenido al cuidado de su mujer de 68 años, que en un centro hospitalario que le viene garantizando, incluso, llegar a los 90 años sin mayores complicaciones que las propia de la edad”. El verano pasado Vega visitó al genocida en su domiciliaria de Mar Del Plata y confirmó en persona que no tiene enfermera más que su esposa. Con ello sostuvo el planteo de que “el Estado Argentino no incurre en responsabilidad internacional si mantiene la situación de detención” en cárcel común de Etchecolatz, y que “muy por el contrario, ello más bien le garantiza el derecho a la vida y a la integridad personal, en los términos en que lo exige la jurisprudencia de la Corte IDH”. Si el criterio de liberar a los presos enfermos porque el Estado no les puede garantizar el cuidado médico se generalizara, las cárceles federales estarían vacías. En septiembre pasado un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación reveló la existencia, sólo en el año 2017, de más de 5.320 casos de torturas y malos tratos en las cárceles argentinas, básicamente agresiones físicas, aislamiento, malas condiciones de detención y falta o deficiente asistencia de alimentación y salud. De allí el carácter privilegiado de las decisiones de muchos jueces sobre la situación de los genocidas.

Lo que está en juego

El caso de Etchecolatz es paradigmático en varios sentidos, ya que se encuentra condenado por la apropiación de Carmen Gallo Sanz, en el proceso de 2006, en la causa “Circuito Camps”,  en los homicidios de Marcelo Bettini y Luis Bearzi, en la causa “Favero-Álvarez”, y en la cusa por el CCD “Puente 12 – Güemes-Monte Grande”. Pero además está en juicio en la causa “Brigada de San Justo”, y a la espera del debate en las causas “Pozo de Quilmes”, “Pozo de Banfield”, residual de “Pozo de Arana” y por el secuestro y las torturas al ex diputado provincial del Frejuli Mario Medina. Completan su prontuario la causa que lo tiene imputado en el expediente 7421 en instrucción en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de Lomas de Zamora.
El año pasado el genocida había conseguido el beneficio en la mayoría de las causas en las que está involucrado. Lo hizo tras utilizar una huelga de hambre que empeoró su estado de salud para presionar a los jueces sobre la decisión a tomar. Así en un total de 13 causas obtuvo la domiciliaria en 4 y el cese de prisión preventiva en 6. En el verano de 2018 hizo efectiva la domiciliaria y pasó algunos días en su chalet del Bosque Peralta Ramos, pero tuvo que volver a prisión por acción de la movilización popular, de su propia faena violatoria de las condiciones del beneficio y por el fallo de la Sala 4 de Casación que en marzo de este año revocó la medida diciendo que su estado de salud no le impide permanecer alojado en un establecimiento penitenciario recibiendo la atención y los controles médicos adecuados.

Recordemos que en diciembre pasado el TOF 1 platense le denegó el pedido de libertad condicional a Etchecolatz en la causa que lo condenó a perpetua en 2006, donde según el criterio de sus defensores podía objetivamente acceder a la libertad condicional desde el 28 de noviembre de 2017. En aquella oportunidad el juez Castelli había opinado que ninguna pena que se imponga en el futuro al genocida en causas en las que se encuentra con prisión preventiva podrá ser más grave que la impuesta en esa causa de 2006 a prisión perpetua, lo cual relativiza el sentido de reinserción en la sociedad que conlleva la figura de la libertad condicional. El magistrado había añadido que llegada la condena en otras causas la cuestión debería ser analizada caso por caso “por los tribunales respectivos en el marco de su jurisdicción y competencia”.  Es muy significativo que el mismo tribunal platense que le otorgó los beneficios de domiciliaria y cese de preventiva, y que luego le negó la libertad condicional por acción de causas ajenas a su fuero, ahora insista con la “razón humanitaria” desligándose de la responsabilidad de custodia que tiene sobre los genocidas.

Lo realmente preocupante es el razonamiento del juez Castelli, que el último fallo dice que “Etchecolatz se encuentra cercano a cumplir 21 años en detención y le resta poco más de 4 años para agotar su pena y el presente proceso no añadirá otros tiempos de detención. A esta altura, debemos preguntarnos qué interés puede tener el nombrado en eludir la justicia, frente a dicho favorable panorama penal y, en último caso, constitucional. El suscripto no aprecia ninguno y ello coadyuva a la concesión de la prisión domiciliaria”. ¡21 años de detención! ¡Y a cuatro de agotar su pena! A rigor de verdad, el genocida cumplió 4 años de condena por la sentencia de 23 años del juicio de la Causa 44 de 1986 y fue indultado en 1990. Luego fue detenido en abril de 2001 por la causa Gallo-Sanz y, tras recibir más procesos y condenas, nunca recuperó la libertad total. Ahora pensar que lo de Castelli es sólo un dislate matemático que ni siquiera cierra tomando la fecha inicial de detención de 2001, ya que los 21 años se cumplirían en 2022, nos impide pensar que aquí lo que se juega es el sentido amplio de los procesos contra los genocidas de la última dictadura. Desde HIJOS venimos señalando el otorgamiento masivo de domiciliarias, la decisión de hacer cesar las prisiones preventivas por efecto de la tardanza de la misma justicia, el comienzo de los otorgamientos de libertad condicional por las penas bajas dictadas a algunos represores, y en definitiva, como lo muestra el caso Etchecolatz, la relativización general de la pretensión punitiva que tienen estos procesos.

Etchecolatz fue condenado en el primer juicio iniciado tras la anulación de las leyes de impunidad, donde fue desaparecido por segunda vez Jorge Julio López y donde todas las sospechas apuntan al propio Etchecolatz. Esa ambigüedad de justicia a medias con más impunidad atraviesa todo el proceso de los juicios a los genocidas en el país. Por eso decimos que esta situación debería hacer reflexionar sobre el peligro real que enfrenta la ejecución de condena en este tipo de procesos por crímenes gravísimos e imprescriptibles: ser una mera formalidad. Por ahora el símbolo de la represión de la Policía bonaerense en dictadura seguirá preso, pero no está dicha la última palabra.

martes, 2 de octubre de 2018

Más de la mitad de los detenidos por lesa humanidad tiene prisión domiciliaria

El dato surge de un nuevo informe de la Procuraduría sobre Crímenes contra la Humanidad. Allí se indica que en la Argentina hay 3.007 imputados por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico-militar, 36 están prófugos, 1.209 libres, y que de los 1.052 que se encuentran detenidos 602 cuentan con el beneficio del arresto domiciliario. A partir de esto se concluye que alrededor de 2.000 genocidas con causa judicial están fuera de la cárcel.

Entre los beneficios solicitados, se registra que más de 100 genocidas pidieron ser beneficiados con el 2×1 y otros con la excarcelación al cumplir los dos tercios de la condena. 
El informe sostiene que a más de 40 años de la dictadura genocida, todavía hay 275 causas en etapa de instrucción (previo a llegar a juicio). En tanto, desde el año 2006 hasta la actualidad, el Poder Judicial condenó a 867 personas por delitos de lesa humanidad, incluyendo a uniformados y civiles. Además de los imputados todavía no juzgados, hay otros culpables que todavía no fueron identificados y siguen impunes.

jueves, 28 de junio de 2018

Defendamos el Hospital El Cruce - Alerta a pesar de las declaraciones de dar marcha en los recortes

DEFENDAMOS EL HOSPITAL EL CRUCE - SI TOCAN A UNO TOCAN A TODOS
(Imagen : Abrazo a El Cruce)

La junta interna de ATE del Hospital GARRAHAN se solidariza con los trabajadores del hospital EL CRUCE porque el mismo corre peligro de cierre ya que su presupuesto ha sido reducido el 40% y se pretende despedir a cientos de trabajadores y abandonar a miles de pacientes. Los gobiernos de Macri y Vidal siguen las órdenes del FMI, y para bajar el déficit fiscal pretenden cerrar escuelas y hospitales, despedir maestros y trabajadores de la salud. No lo vamos a permitir. Nos ponemos a disposición de los compañeros del Cruce, su lucha es nuestra lucha, y les proponemos coordinar la pelea en defensa del hospital público. El 28 estaremos allí, en el abrazo al hospital.

“Unidad, de los trabajadores. Y al que no le gusta, se jode, se jode”.
Nación y Provincia dieron marcha atrás con el recorte en el Hospital El Cruce, de Florencio Varela
Por ahora y por declaraciones, todo indica que es una batalla ganada en contra del ajuste. Pero no es posible bajar los brazos con los gobiernos nacional y provincial, que han hecho de la poda la política de recortes para ofrecer en bandeja al FMI los servicios públicos destartalados para facilitar la privatización de los mismos, con la consiguiente tergiversación de transformar en "clientes" a los "pacientes". 

El hospital, un centro de excelencia, iba a perder casi el 43 por ciento del presupuesto. A la mañana hubo un multitudinario abrazo al que se sumaron vecinos y pacientes. Por la tarde, los ministros de Salud de Nación y Provincia anunciaron que no habrá poda.

martes, 12 de junio de 2018

Gobierno y justicia responsables salud Facundo Jones Huala

HACEMOS RESPONSABLES A LA JUSTICIA FEDERAL Y AL GOBIERNO NACIONAL

POR LA SALUD DEL LONKO FACUNDO JONES HUALA

Desde el día 4 de Junio el Lonko Facundo Jones Huala inició una huelga de hambre reclamando por la vulneración de sus derechos y ante la posible detención de su hermano Fausto Jones y de Lautaro González.

La extrema medida tomada por el Lonko, a pesar de la gravedad que implica y el importante deterioro de su salud, es silenciada y ocultada por los grandes medios afines al gobierno nacional y a su política genocida hacia el pueblo mapuche.

A casi 10 meses de ocurrida la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, en circunstancias en que la Gendarmería bajo órdenes directas de la ministra Patricia Bullrich, reprimía ilegalmente a los integrantes del Loft en Resistencia de Cushamen cuando pedían por la libertad del Lonko Jones Huala y a casi 6 de que la Prefectura Naval Argentina, también por órdenes directas de la Ministra, asesinaba de un balazo por la espalda a Rafael Nahuel no hay un solo preso por ninguna de las dos causas. Sin embargo, lejos de esclarecer nada, el gobierno nacional y la justicia se encaminan a encarcelar a los jóvenes que bajaron de la montaña el cuerpo de Rafita.

Facundo se encuentra detenido en Esquel esperando que la Corte Suprema se expida sobre su extradición a Chile, desde el penal pidió un permiso de salida para participar de la ceremonia tradicional mapuche por la llegada del Solsticio de Invierno que le fue negada. lo que implica el desconocimiento a la autoridad como Lonko para su pueblo.

Exigimos:

*LIBERTAD Y NO EXTRADICIÓN AL LONKO FACUNDO JONES HUALA

*JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS RESPONSABLES POLÍTICOS Y MATERIALES DE LOS ASESINATOS A SANTIAGO MALDONADO Y RAFAEL NAHUEL.

* BASTA DE ASESINAR Y PERSEGUIR A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

*FUERA PATRICIA BULLRICH

ASOCIACION DE EX DETENIDOS DESAPARECIDOS

Contra la represión y el montaje militar : Solidaridad con Garganta Poderosa

La AEDD junto a otros organismos de Derechos Humanos venimos denunciando desde hace años la criminalización de la pobreza, la tortura a los pibes de todas las barriadas populares, y la impunidad del gatillo fácil
Hoy repudiamos enérgicamente la operación mediática que el día 7 de junio realizó el Ministerio de Seguridad contra la Garganta Poderosa.
En todas las barriadas crece la pobreza, y la muerte de los pibes por gatillo fácil. La Garganta Poderosa es una organización de resistencia a estas formas de disciplinamiento y terror social, que deja al descubierto la realidad. En respuesta a que los compañeros lograron llevar a juicio a seis prefectos que sometieron a torturas a Iván Navarro y Ezequiel Villanueva en la villa 21-24 la prefectura, el 26 de mayo, tomó por asalto la casa del fotógrafo de La Garganta, abusaron de su novia y balearon la casa de Ivan Navarro. Gracias a la movilización y la denuncia estos hechos fueron denunciados, repudiados y el lunes las fuerzas de seguridad tuvieron que liberar a los compañeros que apresaron.
Pero el Gobierno Nacional no está dispuesto a retroceder ni en su represión, ni en su campaña fascista contra todas las organizaciones que se oponen a su programa de miseria y hambre, por eso por intermedio de su nefasta Ministra Bullrich el último jueves, montó una conferencia de prensa intentando desacreditar a los compañeros y a varios periodistas presentes, usando un video recortado que daría vergüenza ajena si no fuera por la intenciones fascistas que lo acompañan . Esa Conferencia de Prensa no ha sido otra cosa que un intento de intimidación a todas las organizaciones populares y a todos aquellos que levantan su voz para denunciar las violaciones del poder.
Por todo esto:
Exigimos el retiro inmediato de la Prefectura del lugar. La fuerza que ha sido denunciada por torturar a dos jóvenes no puede permanecer en ese lugar sus efectivos sólo buscan intimidar a los posibles testigos en el juicio por torturas a Iván y Ezequiel y tomar revancha contra quienes denunciaron su accionar.
Nos solidarizamos con los compañeros de La Garganta.
Ni un pibe pobre más torturado y perseguido por las fuerzas de seguridad!!!!!
Fuera Bulrich!!!
ASOCIACION DE EX DETENIDOS DESAPARECIDOS

lunes, 4 de junio de 2018

Uruguay : Eduardo Ferro, coronel (r) prófugo en España

La Asociación de Madres y Familiares adhiere en su totalidad al comunicado emitido por IELSUR referente al aplazamiento de  la entrega del Cnel. (r) Eduardo Ferro “ya que “no fue ubicado encontrándose actualmente en busca y con captura a nivel nacional” en España circunstancia que fue comunicada a la Justicia Uruguaya”, según informa el referido comunicado, que adjuntamos.

El Cnel (r) Eduardo Ferro, uno de los más relevantes representantes del Terrorismo de Estado en nuestro país, se fuga a España para no enfrentar las acusaciones de la Justicia uruguaya sobre la desaparición de Oscar Tassino, y sobre varios secuestros. Ante el pedido de extradición librado por la justicia, es detenido en setiembre de 2017 en ese país, y en mayo de este año, España resuelve su extradición a Uruguay.

Interpol no pudo cumplir con esa orden, porque “no lo encuentra” ni en la cárcel ni en ningún lado.

Repudiamos indignados este gravísimo hecho, que obviamente no pudo ejecutar solo, y exigimos a las autoridades competentes de nuestro país actuar con la premura y firmeza que este lamentable hecho requiere. Asimismo, exigir al Reino de España la investigación rápida y profunda de los mismos, ubicar al prófugo Eduardo Ferro y que se concrete su extradición.

¡Basta ya de impunidad!
Verdad, Memoria, Justicia y Nunca Más Terrorismo de Estado.

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
_________________________________________________________________________
IELSUR a la opinión pública.

Nuestra institución ha tomado conocimiento que Interpol España informó a su par en Uruguay que debía aplazarse la entrega del Cnel. (r) Ferro ya que “no fue ubicado encontrándose actualmente en busca y con captura a nivel nacional” en España circunstancia que fue comunicada a la Justicia Uruguaya.

Ante tal situación IELSUR expresa su más enérgico repudio e indignación y exige a las autoridades competentes en nuestro país que reclamen al Reino de España la más seria investigación de los hechos por los cuales Ferro no es “encontrado” y que sea detenido a efectos de ser extraditado.

En mérito a lo anterior reclama el más pronto y eficiente cumplimiento de la entrega que fuera ordenada por el Consejo de Ministros de España el día 11 de mayo del corriente año.

La trascendencia y gravedad de tal situación ha quedado de manifiesto y se han decretado por parte del Juzgado Penal de 27° Turno de Montevideo medidas urgentes tendientes a ubicar al prófugo y que España cumpla con la entrega.

El proceso de extradición debe culminar a efectos de que Ferro sea juzgado por los crímenes que cometió por los tribunales de la República Oriental del Uruguay.

Es investigado entre otras causas por la desaparición de Oscar Tassino, secuestro y torturas de Lilian Celiberti y Universindo Rodríguez. Estos hechos no hacen más que confirmar su culpabilidad en los crímenes de lesa humanidad por los que se lo investiga.

jueves, 17 de mayo de 2018

La familia de Santiago Maldonado pide la Recusación de la Fiscal

16 de mayo de 2018. En el día de la fecha se presentó el pedido de Recusación de la Fiscal Ávila y de Rafaela Ricono (esposa del Juez Guido Otranto) al mismo tiempo que solicitamos que se informe en detalle sobre la destrucción de las escuchas solicitadas por el Dr. Lleral.

La violencia desplegada por la señora Silvia Avila contra el señor Sergio Maldonado y su señora Andrea Antico desde los primeros días de la desaparición de su hermano Santiago fue de una magnitud solo igualable a la desplegada por el Dr. Otranto. Entre otras actitudes, por ejemplo, se verificó cuando públicamente justificó su negativa a atenderlos en su público despacho alegando de que “eran violentos”. Ahora sabemos que cuando finalmente los atendió era porque había solicitado la intervención telefónica del teléfono personal de Sergio. La representante del Ministerio Fiscal que debía encabezar la búsqueda de Santiago y determinar los responsables de su desaparición, escuchaba las conversaciones de su hermano.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos sostuvo al momento de recusar a la señora Avila, que era dudoso de cuál era su interés: garantizar las condiciones para que declaren los testigos que estuvieron y/o conocieron los hechos protagonizados por Gendarmería Nacional en los que desapareció Santiago el 1 de agosto de 2017, o, por el contrario, imputar y condenar a éstos en defensa de Gendarmería proceso en la que ella es fiscal en causa 8144/2017. Ahora no quedan dudas que cuál ha sido y es su interés: defender a Gendarmería Nacional utilizando, incluso, el proceso de habeas corpus a favor de Santiago para investigar y perseguir a los testigos y al propio Sergio Maldonado.

La falta de ética de la señora fiscal Dra. Avila se plasma además, en contar como su secretaria a la esposa del Dr. Guido Otranto, es decir, el juez federal a cargo del juzgado en el que ella debe ejercer su función de controlar la legalidad de las actuaciones. La señora Rafaela Ricono, secretaria de la Fiscalía Federal de Esquel, intervino activamente en estas actuaciones y también en la causa 8144/2017, que continúa a cargo del Dr. Otranto

martes, 5 de diciembre de 2017

El gobierno impulsa dar domiciliarias a 110 genocidas

la retaguardia




No hay descanso para la lucha por Memoria Verdad y Justicia. Apenas terminada la lectura del veredicto en el juicio más grande de la historia judicial y política del país, el tercer tramo de ESMA, La Retaguardia accedió a un listado de 110 genocidas mayores de 70 años que el Servicio Penitenciario Federal sugiere enviar a sus casas con tobilleras electrónicas. Entre ellos están el Tigre Acosta (chacal de la ESMA), Miguel Etchecolatz (sospechado de la segunda desaparición de Jorge Julio López), Héctor Vergez (asesino serial en La Perla, Córdoba) y el cura Christian Von Wernich (genocida que oficia misas en Marcos Paz), entre otros condenados en todo el país. Ahora deberá resolver cada juzgado. (Por Fernando Tebele para La Retaguardia)

El 3 de noviembre publicamos una nota acerca del informe de la Procuraduría de crímenes contra la humanidad que dirige Jorge Auat. Allí queda expuesto que del total de 1064 personas presas por delitos de lesa humanidad, más de la mitad, 533, ya estaban en prisión domiciliaria a fines de octubre. Todo indica que, en silencio y a cuentagotas, la idea de que los genocidas no estuvieran en cárceles comunes se fue llevando adelante. Ahora parece que la intención es abrir la canilla.
La Retaguardia accedió a varios listados en los que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) sugiere a juzgados de todo el país que incluyan en un plan de acceso a libertad morigerada con el uso de tobilleras electrónicas a 1499 personas, entre ellas 110 genocidas.
La excusa es garantista, esa palabra que tan poco les gusta. El año pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (¿o habrá que decir, en este caso, de La Nación?) dictó, el 27 de diciembre de 2016, la acordada Nº43.Citamos un tramo: "Requerir del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que tenga bien implementar medidas concretas en el marco de sus competencias para dar solución Ia situación de las unidades carcelarias, lo que tiene directo impacto en el Centro de Detención Judicial". Traducimos al lenguaje cotidiano: es la respuesta de la Corte a un reclamo, realizado entre otros por la Procuvin (Procuraduría contra la Violencia Institucional), para mejorar las condiciones de detención en la Unidad 28 (Centro de Detención Judicial, ubicada dentro del palacio de justicia), donde la Procuvin constató el 2 de septiembre de 2013 "las condiciones infrahumanas" en las que se encuentran las personas detenidas allí. Incluso su titular en aquel momento, Abel Córdoba, dijo que lo que vio le recordaba a los testimonios que había escuchado de personas secuestradas durante el genocidio, ya que fue fiscal en causas de lesa humanidad en Bahía Blanca. El SPF respondió que esa situación de detenciones prolongadas en un lugar que debería ser de tránsito hasta que los presos declaren, tiene que ver con el hacinamiento en las unidades penitenciarias. Entonces recomienda utilizar el recurso de las indagatorias vía videoconferencia para evitar los traslados, y aprovecha para reforzar la idea del uso de la tobillera electrónica, como manera de descomprimir la grave situación de hacinamiento de los presos comunes.
En la acordada citada, la CSJN intima al (SPF) a resolver el problema de la Unidad 28. En una nota enviada a cada tribunal, el SPF recomienda una solución súper progresista: "Por lo que, en respuesta al requerimiento efectuado, esta instancia cumple en informar que de acuerdo con las disposiciones del 'Protocolo para la asignación prioritaria del dispositivo electrónico de control (tobillera eleótrónica)' desde esta Instancia se le hizo saber mediante atenta Nota de estilo a los jueces naturales, sobre los internos que reunirían las condiciones requeridas para su incorporación al citado protocolo". Es decir, sugiere liberar de las penosas condiciones de detención a casi 1500 personas. Hasta aquí, maravilloso; solo cabría preguntar por qué tardaron tanto. Pero al recorrer las listas, todo toma otra dimensión.
En los listados hay 7 mujeres embarazadas, 25 internas alojadas con sus hijas/os, 357 mujeres con hijos/as de hasta 10 años, 82 internos con discapacidades, 2 con patologías terminales, 3 con pronóstico reservado, 974 internos que cumplieron el requisito temporal para acceder a la libertad condicional, 49 internos comunes mayores de 70 años y los 110 internos de lesa humanidad mayores de 70 años, cuya lista publicamos. Es una decisión acertada, un avance enorme para el resto de los presos y presas comunes, pero no para genocidas multivioladores y asesinos seriales.



Tobilleras para todos y todas (sobre todo para genocidas)

Más allá de que seguramente alguien está haciendo un gran negocio proveyendo las tobilleras electrónicas, no es tendencioso pensar que el objetivo central de la movida sea meter a los genocidas en el paquete garantista. Tomemos para el caso unas declaraciones del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, realizadas a partir de la filtración de un video en el que Elisa Carrió dice que habría que revisar los juicios. El 30 de octubre, 11 días antes de que el SPF remita las sugerencias a los juzgados, en diálogo con Ernesto Tenenbaum y Gustavo Grabia en Radio Con Vos, Garavano dijo: "Desmiento que haya un proyecto de alcance general para revisar los juicios. Sí tenemos un problema de personas muy mayores en cárceles donde nosotros creemos que podría funcionar con una prisión domiciliaria. La prisión domiciliaria está funcionando muy bien con dispositivos electrónicos que van en los tobillos de las personas. Acá se está usando muy poco este dispositivo que en otros países funciona muy bien. (...) Ya le presentamos esto a la Corte y a una comisión que dirige el juez Gustavo Hornos". El camarista Hornos dirige una comisión de cárceles. Allí aparece al desnudo la estrategia oficial. La preocupación no son los presos comunes sino los genocidas, que no están en situaciones de hacinamiento porque tienen pabellones especiales. Todas las fuentes judiciales que consultó La Retaguardia para esta nota, han coincidido en ese punto central: los genocidas no están hacinados en las cárceles; la población común, sí. Por lo tanto no habría razón alguna para que los manden a sus casas con tobilleras bajo ese pretexto. En todo caso, y de paso vale que lo aclaremos, es una noticia más que positiva para las otras personas, ya que la idea de la tobillera electrónica parece ser un gran recurso para garantizar lo que el Patronato de Liberados, a cargo de monitorear las prisiones morigeradas, en general ha hecho mal. Pero la necesidad urgente de Garavano expresa una razón, más que humana o de derecho, política: el gobierno niega que quiera terminar los juicios, pero aun si fuera cierto que no pretende colocarles un punto final, quiere a los genocidas fuera de la cárcel, en sus casas, como bien explicó el ministro.



La excusa de ser justos

En la misma entrevista le preguntaron si que sean delitos de lesa humanidad anula el acceso al benficio. Garavano respondió con contundencia: "No, para nada. es un beneficio del régimen penitenciario que establece el código penal. En Argentina, por lesa humanidad, se agregó una doctrina judicial al código penal que en caso de lesa humanidad se agregó el tema de salud como requisito como si fueran dos requisitos juntos. El año pasado se extendió el beneficio de domiciliaria a todo el país. Hasta acá se aplicaba en Buenos Aires y era un tratamiento VIP, tipo Jinkis", dijo, en alusión a la familia de empresarios incluidos en el FIFAgate. Le sugieren que para la sociedad no es lo mismo un delincuente común que Etchecolatz y él responde: "Permítanme. Yo no tengo ninguna simpatía (se supone que por Etchecolatz) y resuelve cada juez, pero es muy complicado que el derecho penal se aplique por nombres. No importa que hayan cometido los delitos más aberrantes". Todo indica que el gobierno quiere aplicar un plan para descomprimir el problema de las cárceles para poder meter a los genocidas en el combo. El ministro tira una explicación que hasta parece justa: no puede aplicarse el código penal por nombres. Más allá de que parecería ser precisamente lo que está haciendo la justicia ahora (focalizar en causas contra funcionarios/as del gobierno anterior), por sentido común, sí deberían aplicarse (o no) algunos derechos del codigo penal según la gravedad del delito. No es lo mismo una mujer embarazada, incluso si hubiera matado a una persona, que el Tigre Jorge Eduardo Acosta, que comandó la ESMA, el Auschwitz argentino, por el que pasaron cerca de 5000 personas. La domiciliaria es un beneficio al que se puede acceder, pero no es una obligación de los juzgados concederlo. Y eso queda más que claro porque en algunos casos se aplicó y en otros se rechazó, según la mirada de cada juez/a.
Al cierre de esta nota, las querellas de la megacausa ESMA se estarían notificando de que todas las personas que recibieron penas bajas en el veredicto de la semana pasada, se irían a sus casas con sus tobilleras puestas.
Es probable que el gobierno no haga nada para obstaculizar la continuidad de los juicios, pero si avala que un genocida como Acosta, que acaba de recibir la semana pasada su segunda condena a prisión perpetua, se vaya a su casa, les estará quitando una parte importante de su valor simbólico y real. Hasta el mismo SPF diferencia a los genocidas mayores de 70 años de los presos comunes. Lo pone en esos términos: presos comunes y de lesa humanidad. Son dos listados diferentes. No son lo mismo. Para nadie. Para el gobierno tampoco. Quizá justamente por eso algunos funcionarios los quieren en sus casas.

Unas sospechas que no se disipan

La declaración de los gendarmes involucrados en la represión que terminó con la muerte de Maldonado
La investigación judicial por la muerte de Santiago Maldonado suma fojas. Una de las gendarmes confirmó la presencia del funcionario Noceti el día de los hechos. Un mapuche reveló otro rastro detectado por uno de los perros.

Por Adriana Meyer

El informe final de la autopsia de Santiago Maldonado aún no fue entregado a las querellas.
El informe final de la autopsia de Santiago Maldonado aún no fue entregado a las querellas. 

La investigación judicial por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado suma fojas y avanza, no con el ritmo ni en el sentido que desearían los familiares del joven mochilero pero tampoco se disiparon, como pretende el Gobierno, las sospechas sobre la Gendarmería y los propios funcionarios de Cambiemos. De hecho, la semana pasada, durante la ronda de declaraciones testimoniales, la gendarme Romina Gisel Voelkli admitió que el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad Pablo Noceti estuvo en el lugar de los hechos. Además, uno de los mapuches que participó del rastrillaje del río Chubut cuando fue encontrado el cuerpo de Santiago afirmó que minuto antes uno de los perros que participaban del operativo detectó un rastro humano en la orilla de enfrente. En tanto, la justicia se dispone a volver al lugar del hallazgo donde quedaron pendientes varias medidas de prueba tales como la toma de muestras de agua y peritajes de agrimensura. 

Recusaron a un camarista

Interrogada en el juzgado federal de Esquel, la gendarme Voelkli dijo que llegó a la Lof en Resistencia de Cushamen en 31 de julio cerca de las 16, que pasó la noche allí “como voluntaria en el cruce de la ruta 15 y la 40 porque estaban con el tema de tirar piedras, problema de los mapuches con los gendarmes”. Miembro del escuadrón 35 de El Bolsón, la testigo participó de la detención sobre la ruta, ya durante la mañana del 1 de agosto, de Soraya Maicoño, Neri Garay y Nicolás Hernández cuando salían del territorio recuperado para informar sobre la represión pero no pudieron hacerlo porque quedaron seis horas allí incomunicados con sus celulares secuestrados. “Se encontró un par de folletos que se reparten en las protestas, como golpes de Estado diría yo, en contra del gobierno por decirlo así”, expresó la gendarme. Preguntada por la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, si mientras hizo ese procedimiento vio al señor Pablo Noceti, respondió que sí. “En un momento sí, no sabía quién era, supuse que era importante porque venía en un vehículo oficial y pasó hacia el otro procedimiento que estaba en la parte de la tranquera, después volvió, bajó del auto y les preguntó si estaban bien y en qué situación estaban los ocupantes del auto (de los mapuches detenido allí sobre la ruta)”, respondió. Agregó que “se enteró de quién era luego por el noticiero donde mostraron su imagen”. 

El gobierno en principio había negado la presencia del funcionario de Patricia Bullrich, luego lo admitió pero dijo que sólo pasó a saludar, hasta que PáginaI12 detectó que estuvo en el lugar cerca del mediodía del 1 de agosto, y volvió a pasar cerca de las seis de la tarde. Los peritajes del celular de Noceti solicitados en la causa hace meses por la Procuración de Violencia Institucional para que sus llamadas sean cruzadas con las de los gendarmes y con las del ex juez del caso, Guido Otranto, son de las tantas medidas que siguen pendientes. Noceti habría dicho en su despacho a los gritos que antes de entregar su teléfono a la justicia prefería romperlo, según publicó el periodista Ricardo Ragendorfer.

Entre las otras tres gendarmes que declararon estuvo Yanina Saldaño, encargada de la toma de imágenes, quien dijo no haber hecho nunca un curso de fotografía, y que la cámara oficial estuvo también en manos del sargento Orlando Yucra, quien sacó fotos al gendarme herido Emmanuel Echazú. “En un momento, cuando una piedra pasa cerca de mi cabeza y por no tener indumentaria de protección dejé de filmar porque me asusté”, fue la explicación de Saldaño sobre las incompletas filmaciones de la Gendarmería. Luego relató que ella también fotografió a Echazú, “que estaba cerca del río”. En coincidencia con los relatos mapuches, Saldaño dijo que el camión Eurocargo estuvo todo el tiempo en el predio, junto a una camioneta blanca, y otra camioneta que ingresaba y salía.

El perro Milo 
El cuerpo de Santiago Maldonado fue encontrado por un buzo de la Prefectura Naval, con la intervención de perros entrenados en la detección de restos cadavéricos que reaccionan ante la presencia de dióxido de carbono en el agua. Mientras los bomberos voluntarios que los acompañaban en aquel rastrillaje se adjudicaron el logro, fuentes de la causa afirmaron que el mérito fue del suboficial Rodolfo Altamirano. Lo que no se sabía, y quedó revelado en la causa es, que poco antes del hallazgo uno de los perros marcó un rastro humano a unos 300 metros de ese lugar. Así lo relató en su declaración testimonial Fernando Jones Huala, una de las personas que acompañó al equipo de 22 prefectos y policías durante el operativo del 17 de octubre en la comunidad mapuche en Resistencia de Cushamen. “Fuimos caminando río abajo y transcurridos 400 0 500 metros aproximadamente, (el bombero Alfredo) Roncoroni se me acercó y me dijo: ‘Fernando, los perros están marcando rastros’”, sostuvo uno de los seis hermanos Jones Huala.

La fiscal María Guadalupe Gómez, que reemplaza a Silvina Avila, le preguntó si sabía qué tipo de rastros seguía el perro. “Al principio, cuando Roncoroni nos explicó cómo íbamos a trabajar, nos dijo que buscaba rastros de personas muertas. Pero en el momento en que me dice que el perro (Milo) estaba marcando un rastro de personas, me dijo que depende de lo que encuentre tiene una forma de marcar qué tipo de olor encuentra. Gómez quiso saber por qué no siguieron el rastro, a lo que Jones Huala respondió: “No sé, el que dirigía el trabajo era Roncoroni”. El lugar de esa marcación fue a unos 300 metros del sitio donde poco después fue encontrado el cuerpo de Maldonado. Tras la declaración de Jones Huala, en un grupo de los investigadores quedó la sospecha de que los perros captaron el olor de Santiago porque su cuerpo pasó por esa zona, lo que habilitaría la posibilidad de que haya sido arrojado río arriba el mismo día que desapareció. 

Según la reconstrucción realizada por Agencia Cadena del Sur, los gendarmes que llegaron al río no hicieron mención de Echazú, y tuvieron varias contradicciones entre lo que declararon ante Daniel Barberis, director de Violencia Institucional del Ministerio de Seguridad, y sus dichos en la justicia. No está claro aún cuántas veces disparó al río Darío Zoilán, a quién arrojó las piedras Neri Robledo, por qué hubo dos gendarmes que quisieron meterse al río y recibieron la orden de no hacerlo y qué papel jugó Pablo Escola, segundo jefe del Escuadrón 36 de Esquel, que observaba todo desde la pendiente.

Santiago y Rafael
La semana pasada también declaró el docente Eduardo Pastorini, quien acudió el 1º a solidarizarse por la represión pero negó haber estado el 31. “Salieron dos artículos en el diario Clarín con noticias absolutamente falsas, me indicaban a mí diciendo que era una de las personas que estaba ahí, pero es falso, el 31 fue lunes y estaba cursando en el profesorado”, declaró. 

De las testimoniales sigue participando el abogado Lionel Castro, que en teoría representa a Echazú, pero este gendarme no está formalmente imputado sino que logró ser tomado como parte mediante una presentación espontánea que hizo cuando trascendió que la justicia pretendía establecer el origen de las heridas que recibió aquel día. 

A cuatro meses de la desaparición de Santiago, aunque fue confirmado por los peritos de partes que murió por asfixia por sumersión en el río, por hipotermia, y que su cuerpo no habría salido durante casi 80 días del agua, el informe final de la autopsia aún no fue firmado ni entregado a las querellas. La familia requirió el peritaje de los elementos encontrados en los bolsillos de su pantalón, el juez hizo lugar pero aún no hay resultados.