...Justicia lenta suele no ser justicia

En Derechos Humanos, avances notorios y demoras preocupantes
Argentina ostenta un historial en derechos humanos reconocido en el mundo. Hubo y hay muchos juicios a los responsables del terrorismo de Estado. Sin embargo, justicia lenta suele no ser justicia.
Emilio Marin

Como en tantos otros temas, la nota depende de los valores propios del país, pero también de la comparación con la experiencia de otros. Así hay que evaluar la marcha de Argentina en derechos humanos: por sus méritos, teniendo en cuenta sus límites, y en cotejo con lo actuado en la región.
Hay que recordar que en Chile prácticamente todos los crímenes cometidos por el pinochetismo quedaron impunes por la negociación con los políticos de la Concertación y los socios civiles de Renovación Nacional y la UDI, la derecha del actual mandatario. Hubo algunas excepciones como las condenas al general Contreras y en otras causas.

 
En Uruguay fracasó recientemente el proyecto de ley para anular la ley de Caducidad y poder juzgar violaciones a los derechos humanos. Tampoco los charrúas han podido demoler el muro de impunidad, aunque abrieron brechas.
Lo más triste ocurre en Brasil, donde ni Lula ni Dilma Rousseff después tuvieron el coraje de enfrentarse con los altos mandos de las Fuerzas Armadas y crear al menos una Comisión de la Verdad. Nada. Brasil ganó cinco campeonatos mundiales de Fútbol, pero en DD HH se fue al descenso.

Por eso hay que valorar aún más la cosecha argentina, que se incrementó a partir de agosto de 2003, cuando -bajo la presidencia de Néstor Kirchner- el Congreso anuló las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, de 1986 y 1987.
Esa decisión política, madurada por el gobierno pero impulsada desde muchos años atrás por los organismos humanitarios y movimientos populares, significó un punto de inflexión. Se retomaba lo bueno que había aportado el regreso de la democracia y el primer tiempo de Raúl Alfonsín, con el informe de la Conadep y el juicio a las tres primeras Juntas Militares.
Hasta ahora se han celebrado numerosos juicios orales y públicos, con todas las garantías de defensa para los imputados por crímenes de lesa humanidad. Y hubo muchas condenas, aunque también algunos sobreseimientos y libertades (que por supuesto los defensores de la represión ilegal ocultan, en tanto inflan las cifras de las condenas).
A estar por la información proporcionada por la Procuración General de la Nación, por medio de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos, hoy se sustancian juicios en Capital, Paraná, Mar del Plata, Rosario, Bahía Blanca y San Juan. De aquí a octubre próximo está previsto que se inicien otros en Tucumán y Mendoza, que tienen como procesado al general Luciano B. Menéndez. Este ostenta el dudoso récord de seis condenas a perpetua en otros tantos juicios de Córdoba y Tucumán.

Los apoyos de la dictadura.
En aquellos procesos, hubo unos cuantos condenados, además del mencionado militar que supo liderar las violaciones a los derechos humanos en el Tercer Cuerpo de Ejército, con jurisdicción en diez provincias.
El total de condenados según la página de la Procuración alcanza a 187, pero la estadística del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), actualizada a julio de este año, lo eleva a 231. Es una cifra importante y se engrosará cuando concluyan las audiencias de los ocho juicios que restan hasta fin de año. No hay otro país que pueda ofrecer una currícula similar.
El diario vocero de la Sociedad Rural y la Bolsa de Comercio, defensor de la dictadura militar-cívica, en su editorial del domingo 21 de agosto ha criticado esta política de derechos humanos. Afirmó: "de esta forma, se ha llevado a prisión a más de 1000 miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, mientras esta misma justicia no ha alcanzado a los terroristas que estas fuerzas combatieron".

Dejando de lado su continua campaña a favor de considerar lo sucedido como obra de "dos demonios" a los que habría que tratar como tales -o sea a Rodolfo Walsh igual que al almirante Emilio Massera-, cabe acotar que la cifra mencionada es inexacta. En este como en tantos temas, "Gaceta Ganadera" multiplica o divide, suma o resta, según le convenga.
La información de la Procuración y el CELS coinciden en que los procesados con prisión preventiva son 427 y los que no tienen prisión preventiva, son 344. Si se suman los efectivamente detenidos, 427, más los 231 condenados tras los juicios, la cifra de presos es de 658. Ojalá fueran 1.000, por ahora son 658.
Que sobre 771 procesados, haya 344 en libertad, o sea sin prisión preventiva, ilustra que varios tribunales son demasiado flexibles con quienes han atentado contra la vida y la dignidad humana. No son procesados por robar una gallina...
La mayoría de la sociedad está de acuerdo con la idea de Memoria, Verdad y Justicia, más concretamente con seguir adelante con los juicios contra el terrorismo de Estado. ¿Pruebas? Una es la cantidad mayor de gente que acude a cada marcha del 24 de marzo a repudiar el golpe y el genocidio, a defender la democracia.

Otra prueba es que el Congreso de la Nación aprobó por unanimidad una resolución declarando que los mencionados juicios son una política de Estado. Obviamente que los legisladores de Mauricio Macri, Eduardo Duhalde y otras bancadas minoritarias estarán buscando la forma de que eso se pueda derogar, como la ley de medios y otras buenas medidas del gobierno de CFK.
En cambio el pasquín rural insiste en que hay que cortarla con los juicios y la condena histórica al bando genocida. En su mencionado editorial, buscando salvar al único demonio, reclamó: "la reconciliación y la pacificación interior son una condición esencial, para lo cual es menester que en el poder político se abra un período de serena reflexión". La videlista Cecilia Pando no lo hubiera expresado mejor. Quizás el cardenal Bergoglio sí.

Límites de la lentitud.
Los apologistas del terrorismo de Estado, ahora con la piel de cordero de la "reconciliación", difunden la idea de que los juicios están todos amañados para que se condene a inocentes. En los tribunales de Avenida Comodoro Py correría sangre a raudales.
No es así. Hubo 15 absueltos, se beneficiaron con falta de mérito otros 105, fueron sobreseídos 46 y otros 18 represores zafaron de los juicios por la declaración de "incapacidad", entre ellos Massera. Esto indica que a los procesados no les cayó un huracán revanchista que los privara del derecho a la defensa. Hubo debates, debida valoración de la prueba, testigos, argumentación jurídica, etc, y las condenas o sobreseimientos que correspondieron.
Las audiencias no se hicieron en un santiamén. Por caso, el juicio por los delitos cometidos en El Vesubio duró desde febrero de 2010 hasta julio de 2011, un año y medio. Esto sin contar el tiempo que le insumió al juez Daniel Rafecas la instrucción de la causa.
En realidad, mal que le pese a la "tribuna de doctrina" del Proceso, la crítica que podría hacerse a estos juicios es que llegan demasiado tarde; en el caso del Vesubio entre 33 y 34 años de demora pues algunos delitos datan de 1977 y otros del año siguiente.

La morosidad tuvo muchísimo que ver con el largo período en que las investigaciones judiciales se paralizaron con las leyes del perdón y los indultos. También con las chicanas de los defensores de los represores, que subieron y bajaron toda la escalera judicial más de una vez. Por supuesto que para esa obstrucción contaron con la participación activa de magistrados como Alfredo Bisordi, presidente hasta 2007 de la Cámara de Casación Penal; de fiscales como Juan M. Romero Victorica, que recientemente se acogió a un oportunísimo retiro bien remunerado luego de la denuncia de la nieta recuperada Victoria Montenegro; y de jueces y camaristas como los mendocinos Luis Miret y Otilio Romano, suspendidos por el Consejo de la Magistratura. En esas trabas puestas a la justicia también debe mensurarse lo actuado por los medios de (desin) información, que en los últimos tiempos trataron de desnaturalizar el reclamo de Abuelas por el caso Noble y silenciar la apropiación de Papel Prensa usufructuando el secuestro y la tortura.

 
Pero que la justicia es lenta, es lenta. Un dato lo corrobora sin lugar a dudas. Como ya se dijo, los represores condenados son hasta hoy 231, pero resulta que por otro lado hubo 276 procesados que murieron de viejos y otros 4 antes de condena, a los que deben sumarse 39 prófugos. Quiere decir que hay 319 ya acusados de terrorismo de Estado que por una u otra vía zafaron de su cita con la justicia y las respectivas condenas. 

Murieron los represores y murieron muchos de los familiares y sobrevivientes del genocidio que pedían justicia. Así no va.