Después de doce años de procedimiento en Francia, la justicia de ese país sentó un nuevo precedente. Para organizaciones de derechos humanos, el juicio francés que condenó a 14 represores chilenos, tiene un valor histórico: “este proceso ha sido la ocasión de establecer, e incluso sancionar, el funcionamiento del sistema represivo creado por la dictadura de Pinochet” que se extendió desde 1973 a 1990.
Las condenas en Francia contra catorce represores de la dictadura militar chilena incluyen cargos como complicidad en detención, secuestro o arresto arbitrario con tortura o acto de barbarie.
Todo este proceso comenzó en los días siguientes de que Augusto Pinochet fuera detenido en Londres en 1998. En ese entonces, las familias de nueve ciudadanos franceses, desaparecidos o ejecutados en Chile o Argentina (por hechos imputables a autoridades chilenas) entre 1973 y 1977, interpusieron una querella en Francia.
Las demandas con constitución de parte civil de las familias de Alfonso Chanfreau, de Jean-Yves Claudet, de Georges Klein y de Etienne Pesle son las únicas declaradas admisibles por la justicia francesa porque ha aceptado el carácter de continuo del delito de desaparición forzada, ya que los cuerpos de estas víctimas nunca fueron encontrados.
Después de varios años y con la suma de apoyo desde diversas organizaciones de derechos humanos, finalmente el proceso se desarrolló entre el 8 y 17 de diciembre de 2010 ante la Corte Criminal de París.
Este juicio fue “simbólico”. Después de escuchar diversos testimonios y recibir medios de prueba se condenó a prisión perpetua a los jefes de la DINA, Manuel Contreras y Pedro Espinoza, y a altas penas de cárcel para otros doce ex represores. Entre ellos, Marcelo Luis Moren Brito a 30 años de reclusión, Miguel Krasnoff Martchenko a 30 años y Enrique Lautaro Arancibia Clavel a 25 años.
La delegación de juristas de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), que patrocinó las querellas, estuvo en una Misión Oficial en nuestro país. En esa oportunidad solicitaron a las autoridades chilenas cumplir con las órdenes de detención emitidas por Francia. Uno de los encuentros fue con el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica. También visitaron el Penal Cordillera para notificar a los presos de este fallo condenatorio.
Karine Bonneau, responsable de la Oficina de Justicia Internacional de la FIDH, explicó que no se deben perder las expectativas ante las solicitudes de extradición.
“Milton Juica nos recibió porque la Corte Suprema va a tener que examinar la petición de extradición de los condenados a Paris. Nos contó un poco el proceso general que es más complicado para las personas que están siendo procesadas, pero tampoco es imposible y eso es algo que se tendrá que alegar frente al tribunal”, dijo.
Magdalena Garcés, abogada de derechos humanos, aseguró que lo sucedido en Francia da una lección al sistema judicial chileno.
“Es muy importante el tema de las condenas porque tiene que ver con la gran falencia que tiene la justicia chilena que ha sido la falta de proporcionalidad y lo inadecuado de las sanciones en relación a los graves delitos cometidos. Hay algunos agentes de la cúpula de la DINA que tienen una cantidad de juicios y condenas donde es muy difícil que salgan en libertad como Manuel Contreras Sepúlveda. Sin embargo, hay otros agentes igual de importantes que no han sido juzgados o que han sido condenados con penas remitidas una y otra vez”.
Los acusados, notificados del juicio, se negaron a comparecer a los tribunales franceses y a ser representados. Fueron juzgados en rebeldía, de acuerdo con el procedimiento penal francés.
Según datos rescatados por la Federación y la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, (CODEPU) en la actualidad hay 307 personas con condenas por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura. De éstas sólo 70 están, hoy en día, cumpliendo sus condenas en un centro de detención.
Las condenas en Francia contra catorce represores de la dictadura militar chilena incluyen cargos como complicidad en detención, secuestro o arresto arbitrario con tortura o acto de barbarie.
Todo este proceso comenzó en los días siguientes de que Augusto Pinochet fuera detenido en Londres en 1998. En ese entonces, las familias de nueve ciudadanos franceses, desaparecidos o ejecutados en Chile o Argentina (por hechos imputables a autoridades chilenas) entre 1973 y 1977, interpusieron una querella en Francia.
Las demandas con constitución de parte civil de las familias de Alfonso Chanfreau, de Jean-Yves Claudet, de Georges Klein y de Etienne Pesle son las únicas declaradas admisibles por la justicia francesa porque ha aceptado el carácter de continuo del delito de desaparición forzada, ya que los cuerpos de estas víctimas nunca fueron encontrados.
Después de varios años y con la suma de apoyo desde diversas organizaciones de derechos humanos, finalmente el proceso se desarrolló entre el 8 y 17 de diciembre de 2010 ante la Corte Criminal de París.
Este juicio fue “simbólico”. Después de escuchar diversos testimonios y recibir medios de prueba se condenó a prisión perpetua a los jefes de la DINA, Manuel Contreras y Pedro Espinoza, y a altas penas de cárcel para otros doce ex represores. Entre ellos, Marcelo Luis Moren Brito a 30 años de reclusión, Miguel Krasnoff Martchenko a 30 años y Enrique Lautaro Arancibia Clavel a 25 años.
La delegación de juristas de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), que patrocinó las querellas, estuvo en una Misión Oficial en nuestro país. En esa oportunidad solicitaron a las autoridades chilenas cumplir con las órdenes de detención emitidas por Francia. Uno de los encuentros fue con el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica. También visitaron el Penal Cordillera para notificar a los presos de este fallo condenatorio.
Karine Bonneau, responsable de la Oficina de Justicia Internacional de la FIDH, explicó que no se deben perder las expectativas ante las solicitudes de extradición.
“Milton Juica nos recibió porque la Corte Suprema va a tener que examinar la petición de extradición de los condenados a Paris. Nos contó un poco el proceso general que es más complicado para las personas que están siendo procesadas, pero tampoco es imposible y eso es algo que se tendrá que alegar frente al tribunal”, dijo.
Magdalena Garcés, abogada de derechos humanos, aseguró que lo sucedido en Francia da una lección al sistema judicial chileno.
“Es muy importante el tema de las condenas porque tiene que ver con la gran falencia que tiene la justicia chilena que ha sido la falta de proporcionalidad y lo inadecuado de las sanciones en relación a los graves delitos cometidos. Hay algunos agentes de la cúpula de la DINA que tienen una cantidad de juicios y condenas donde es muy difícil que salgan en libertad como Manuel Contreras Sepúlveda. Sin embargo, hay otros agentes igual de importantes que no han sido juzgados o que han sido condenados con penas remitidas una y otra vez”.
Los acusados, notificados del juicio, se negaron a comparecer a los tribunales franceses y a ser representados. Fueron juzgados en rebeldía, de acuerdo con el procedimiento penal francés.
Según datos rescatados por la Federación y la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, (CODEPU) en la actualidad hay 307 personas con condenas por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura. De éstas sólo 70 están, hoy en día, cumpliendo sus condenas en un centro de detención.
Por Diana Porras
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